César Augusto Lerena*
Juan Bosch, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, en las jornadas para fortalecer las medidas de reducción de la captura incidental en las pesquerías. Foto: Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Cuando en las recientes Jornadas sobre “selectividad y reducción de pesca incidental” realizadas en el INIDEP escuchamos decir que ”es un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo” (Revista PescaPuerto.com.ar, 20/9/19), pensamos que se trataba del representante de la ONG —“Ni un solo niño con hambre”— o de otra preocupada por el medio ambiente o, tal vez de un militante opositor del gobierno, pero no, era el mismísimo Subsecretario de Pesca Juan Bosch quien formulaba estos dichos, como si no hubiese sido el más alto funcionario del sector que, después de casi cuatro años y a pocos días de finalizar su mandato, se daba cuenta que era un escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía ser, junto al Consejo Federal Pesquero, el principal responsable de este escándalo.
Empecemos por decir que, es muy probable, a la mayoría de estos funcionarios les alcancen las prohibiciones de la Ley 25.188 de Ética Pública (sus art. 13º y 15º), ya que han mantenido (¿o mantendrían?) vínculos directos con empresas o cámaras empresarias hasta el mismo momento de su asunción y, desempeñándose “ad honorem”, no se sabe cómo se mantienen (salvo los funcionarios en provincias). Tal es el caso del citado Juan Bosch, que hasta su asunción fue abogado de la empresa Vieyra; el técnico químico Oscar Fortunato, quien a pocos días de representar al Poder Ejecutivo Nacional era presidente del Consejo de Empresas de Pesca, entidad que agrupa a cuatro empresas que se disputan las primeras posiciones en las exportaciones pesqueras. También el recurrente Lisandro Belarmini, pariente y empleado de Moscuzza y, otros, como el representante de Santa Cruz, Carlos Liberman, quien ha votado reiteradamente decisiones que perjudican el interés pesquero en general y muy especialmente los de su provincia, como surge de las actas del CFP y del escaso desarrollo pesquero de esa provincia en los últimos quince años, sino fuese por la presencia del imprevisible langostino. Además, algunos de los miembros de esta provincia representarían el interés de ”empresas con vínculos en Malvinas, tal es el caso de Ricardo Patterson, Leonardo Álvarez y Alexis Quintana” (La Tecla, Mar del Plata, 21/09/2019).
A la asunción de los nuevos funcionarios el 10 de diciembre, le cabrá a un juez determinar si a esos agentes públicos les cabe alguna sanción y, si sus resoluciones carecerían de valor.
Mientras tanto, la incapacidad es alarmante por parte de quien preside el CFP (el Subsecretario Bosch) o representa al Ejecutivo Nacional en este cuerpo (Fortunato), ya que han incumplido, en primer lugar, con las previsiones previstas en la Ley de Pesca 24.922 y con el mensaje político de su propio mandante, el presidente Macri, quien al iniciar su mandato expresó: ”para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio”.
A nuestro entender, estos funcionarios, en los últimos cuatro años, han tenido al menos veinticinco desvíos e incumplimientos de sus deberes:
Asuntos Nacionales
1) No se eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y que la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.
2) No se evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.
3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.
4) No se eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.
5) No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo y evitar la caída del empleo actual, con motivo —entre otros— del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino, desatendiendo la pesca de peces.
6) No se aumentó el valor agregado de las exportaciones en los últimos cuatro años, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado.
7) No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, que se limitó al mero registro. Se aumentó el esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.
8) No se aumentó el consumo nacional de pescado que está entre los más bajos del mundo y, por tal motivo, no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.
9) Se promovió la concentración pesquera y en la actualidad unos diez grupos empresarios concentran el 50% del total de las exportaciones y unas cuatro empresas el 40% de las cuotas de merluza.
10) No se aseguró la diversidad de la explotación y en el año 2018 se capturaron 50 mil toneladas menos de pescados que en 2015 y 130 mil toneladas menos que en 2008. Si a eso le agregamos que el 60% del valor de las exportaciones tienen origen en el langostino, una eventual caída de precio o de la captura de esta especie llevaría al sector a una crisis sin precedentes.
11) No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones una Unidad Económica Pesquera para garantizar su sustentabilidad económica y social.
12) No se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo.
13) Se mantiene una política sin federalizar sobre la explotación de los recursos originarios, desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.
14) No se llevó una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, operando en la actualidad 240 que están obsoletos y, a consecuencia de ello, se produjeron naufragios con la muerte de sus tripulantes. Se promovió la construcción de embarcaciones pesqueras, de investigación, petroleros, etc., fuera del país en lugar de propiciar la construcción en astilleros nacionales.
15) No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el caso del puerto de Mar del Plata, donde se encuentran 53 buques abandonados.
16) No se promovió la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.
17) No se le dio autonomía a la investigación pesquera y por el contrario se intervino el INIDEP.
18) No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.
Asuntos Internacionales
19) No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones y triplicar la mano de obra.
20) No se llevó adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.
21) Se transfirió conocimiento a los británicos en el área austral del Atlántico Sur y dentro de la zona de exclusión de Malvinas.
22) No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal británica pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur.
23) No se concretaron nuevos acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.
24) Se promovió el Acuerdo de Nueva York y del Atún originando la regionalización del Atlántico Sur y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques de bandera y el Reino Unido en Malvinas.
25) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo y certificaciones de otros países descalificaron a productos argentinos, como el langostino.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja este gobierno nacional y los próximos 365 días posteriores a la asunción de las nuevas autoridades serán vitales para revertir esta situación y contribuir al desarrollo nacional desde esta actividad a la generación de divisas, valor agregado, empleo y radicación industrial.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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