Archivo de la etiqueta: Pobreza

SALIR DE LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE: EL PLAN DE PAZ Y LAS DECISIONES QUE NUNCA DEBIERON HABERSE ADOPTADO

Alberto Hutschenreuter*

En sus puntos esenciales, el plan de paz de 28 puntos que intenta detener la guerra ruso-ucraniana no ofrece demasiadas sorpresas. Su principal impulsor, el presidente Trump, antes de convertirse en mandatario ya se refirió al esfuerzo que tendría que hacer Ucrania para salir de la confrontación. Más todavía, tras su asunción, en enero pasado, advirtió que Kiev podría sufrir mayores pérdidas territoriales de no aceptar la situación en el terreno.

Lo relativamente novedoso es que hoy Ucrania afronta múltiples debilidades en relación con un año atrás o menos. Consideremos las principales.

En el frente militar, las fuerzas ucranianas no han podido detener el avance de los soldados rusos. Si bien ese impulso ha sido lento y con un costo humano muy alto, a la ventaja que supone para este país la capacidad de reclutamiento (que hoy podría estar disminuyendo), hay que agregar la consolidación de la adaptación de Rusia a la guerra, la producción de la industria militar y el incremento de los ataques con drones, la nueva modalidad de la guerra que, como sostiene George Friedman, está dejando atrás su modo de confrontación militar basado en el concepto de masa, es decir, gran número de tanques, tropas, entre otras capacidades.

Con la pronta llegada del frío y las lluvias, todas las dificultades que afronta Ucrania en el terreno se multiplicarán, particularmente las relacionadas con la logística, pues el avance ruso tras la captura de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico en la zona oriental del Donetsk, podría crear bolsones (la especialidad rusa en batallas) en los que queden más expuestos o directamente atrapados los soldados y equipos ucranianos. En tanto, en la región nororiental, los rusos continúan avanzando hacia las ciudades de Kupiansk y Lyman, las que durante 2022 Ucrania recuperó de Rusia.

En el frente interno de Ucrania, los problemas humanitarios y socioeconómicos se profundizaron como consecuencia del esfuerzo bélico. Los millones de ucranianos que descendieron a la pobreza superan a los millones que abandonaron el país desde 2022. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de febrero de 2025, casi 13 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Ucrania, hay más de 3,6 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania y cerca de 7 millones de ucranianos refugiados y solicitantes de asilo en diferentes partes del mundo.

En el nivel gubernamental, las repetidas situaciones de corrupción han llevado a que en el país exista casi un «estado de corrupción» más que «casos de corrupción». Basta considerar que por la corrupción han tenido que marcharse los ministros de Energía, Justicia y Defensa.

Como bien considera el británico Ian Proud, ex Consejero Económico de la Embajada británica en Moscú, con las elecciones en pausa, en Ucrania existen menos controles y contrapesos constitucionales sobre el poder de los oligarcas que antes de la guerra. Por ello, hay quienes sostienen que poner término a la guerra y cortar el flujo de dinero facilitaría a los próximos dirigentes reorientarse hacia la adhesión a la Unión Europea.

En relación con ello, y específicamente a raíz del escándalo que se produjo como consecuencia de la malversación de fondos y sobornos en la compañía estatal de energía nuclear, no fue casual que el canciller alemán se refiriera recientemente a la creciente preocupación europea sobre la corrupción.

A estas situaciones comprometedoras para Ucrania, hay que considerar también que la concepción estratégica estadounidense en tiempos de Trump guarda propósitos relativos con el «reparto de cargas» entre los socios estratégicos occidentales, es decir, que los europeos asuman sus responsabilidades financieras en materia de defensa y en materia de conflictos intra-continentales; y con la «resignificación de zonas estratégicas» por parte de Washington, es decir, la prioridad de Estados Unidos no se encuentra tanto en la placa geopolítica del este de Europa, salvo en temas geoeconómicos que se extienden al Asia central, sino en las placas de Oriente Medio-área del golfo Pérsico y la del Pacífico-Índico, donde residen cuestiones relativas con negocios, mercados, tecnología, alianzas, neo-contención múltiple a China, entre otras.

El plan de paz sin duda es controvertible, pues se acerca demasiado a un estatuto de capitulación militar y geopolítica que prácticamente deja a Ucrania sin margen de acción.

En un reciente artículo, el especialista estadounidense Thomas Friedman considera el plan como una traición flagrante a los aliados y a los valores de Occidente. Advierte que si finalmente el plan es impuesto a Ucrania, sus impulsores vivirán en la infamia como sucedió con Neville Chamberlain, el primer ministro británico que defendió una política de apaciguamiento, cuyo objetivo era evitar la guerra con la Alemania nazi. Para ello, en la Conferencia de Múnich de 1938, junto con otros dirigentes europeos, se entregó a Hitler una parte del territorio de Checoslovaquia.

Sabemos cómo siguió la historia. Friedman tiene razón, claro. Lo que no dice es que desde que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania fungió como un dique de contención para Francia y Reino Unido, los garantes de la seguridad europea, ante el verdadero peligro para Europa: el comunismo soviético. Cabe preguntarse entonces, ¿valores o intereses? Por demás pertinente resulta aquí la lectura de la obra del historiador británico Ian Kershaw, «Un amigo de Hitler. Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial».

Los 28 puntos del plan de paz son, en gran medida, la respuesta a una decisión que nunca debió haber sido tomada: la de Ucrania cuando, apenas llegado al poder, el presidente Volodímir Zelenski desplegó una política exterior y de defensa que no admitía otras alternativas, esto es, convertir a Ucrania, a todo o nada, en un miembro de la OTAN.

Por supuesto que no se trató de una decisión que nació en el gobierno ucraniano. Se trataba de una política que venía desde hacía mucho tiempo atrás, en gran medida impulsada por las administraciones estadounidenses demócratas, para quienes Rusia nunca dejaría de ser un país geopolíticamente revisionista: del mismo modo que la URSS había sido un actor revolucionario que nunca detendría su lucha a nivel global, el «Estado continuador», Rusia, tarde o temprano volvería a plantear desafíos a Occidente. Porque para aquella fuerza política estadounidense y sectores de lo que en Rusia denominan la «Europa Popper» (en oposición a la «Europa Spengler»), Rusia desconoce la idea y práctica del «pluralismo geopolítico».

Por tanto, e independientemente de quién se encontrara en el poder, contenerla (o neocontenerla) en sus propios lindes era la manera de neutralizar a Rusia. En varias oportunidades la Alianza Atlántica se refirió a la inclusión de Ucrania en su seno. En 2008, uno de los años estratégicos en lo que llevamos del siglo, en la cumbre de la OTAN en Rumania se aprobó una declaración sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia.

Pronto vinieron los hechos que derivaron en la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia (otro momento estratégico), y a partir de entonces comenzó otra de las causas profundas de la guerra en Ucrania: los enfrentamientos, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk, en el este de Ucrania. Esta guerra sigilosa (en territorio europeo) fue casi determinante para que Moscú, cuando finalmente sus demandas relativas con alguna garantía de no ampliación de la Alianza y con la restitución de derechos a la población filo-rusa de Ucrania no fueron respondidas, decidiera poner en marcha lo que denominó «Operación Militar Especial».

Hasta ese momento, la «potencia institucional europea» tuvo la posibilidad de disuadir y persuadir a Ucrania de «bajar» su política de marcha inalterable hacia la OTAN. Pero no solo no lo hizo, sino que ni siquiera propuso algún modelo basado en un congelamiento o moratoria. Mucho menos lo hizo el gobierno demócrata en Estados Unidos (el actor primus inter pares en la OTAN), que en noviembre de 2021 continuó hablando en la misma Kiev sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania. En este sentido, es muy atendible lo que ha dicho estos días el presidente Trump: «la guerra nunca habría ocurrido si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2021».

En suma, la guerra tiene una génesis de cuño geopolítico y su salida necesariamente será en clave geopolítica. Por supuesto que aquí quedan relegados el multilateralismo y los grandes principios del derecho internacional. Pero, en rigor, fueron quedando al margen cuando su lugar fue ocupado por las silenciosos códigos e intereses de una geopolítica occidental que terminó por difuminar la necesaria seguridad indivisible en ese «cinturón de fragmentación» que es Europa del este. Ninguno de los estadistas y especialistas estadounidenses estuvo de acuerdo con la ampliación de la OTAN, desde el propio George Kennan hasta Henry Kissinger, pasando por Brent Scowcroft, Kenneth Waltz, John Mearsheimer, entre otros.

Según la experiencia internacional y la geografía a la que se pertenece, la geopolítica enseña que el mejor modo de ejercer la soberanía es no ponerla a prueba, a menos que el actor dispuesto a hacerlo cuente con la seguridad de que logrará vencer al que dejó más que en claro las consecuencias de ello.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula La Geopolítica nunca se fue, Editorial Almaluz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025.

©2025-saeeg®

 

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA Y LA PARODIA DEL TERRORISTA EN NUEVA YORK

Daniel Alberto Symcha*

En la República Argentina, un consenso político que se mantuvo por más de 40 años desde la recuperación de la Democracia como sistema electoral de gobernantes fue la división entre la Seguridad y la Defensa.

Las Leyes de Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Inteligencia en Argentina (Ley 24.059, Ley 23.554, y Ley 25.520) establecen los marcos legales para la preparación, ejecución y coordinación de las actividades del Estado para garantizar la seguridad y la defensa del país, así como para la obtención y análisis de información de inteligencia para tal fin.

Esta triada legal durante mucho tiempo colaboró para la construcción y sostenimiento del poder civil sobre las Fuerzas de Seguridad (FFSS) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en escenarios políticos y sociales con un alto dinamismo. Nuestro país vivió severas crisis sociales que finalmente se solucionaron por la vía de la institucionalidad democrática.

Los cambios en la hegemonía del poder a nivel mundial, el paso de la bipolaridad a la unipolaridad luego de la caída de la URSS y posteriormente el inicio de la multipolaridad han impactado económica y políticamente, pero la estructura institucional logró mantener su firmeza.

Crisis social y Fuerzas de Seguridad

La crisis social en Argentina detonada en el año 2001 tuvo su correlato en las Fuerzas de Seguridad y las sucesivas purgas en la Policía Bonaerense (la más numerosa del país), la falta de equipamiento, formación y actos de corrupción, sumado a una ausencia de coherencia en la conducción política, llevó a que en el año 2010 se implemente que la Gendarmería, fuerza cuya misión es la protección de fronteras, intervenga en los núcleos urbanos del conurbano bonaerense. Caso similar sucedió con la Prefectura Naval.

El crecimiento de la actividad vinculada al narcotráfico en la ciudad portuaria de Rosario con un notable incremento de la violencia y de la corrupción en las FFSS locales va a llevar a que la Gendarmería y la Prefectura Naval también intervengan en esa región, con mucha actividad pero con pocos resultados estructurales.

Es decir, FFSS militarizadas, preparadas para el control y la defensa de nuestras fronteras fueron destinadas al control y prevención de delitos en el conurbano de las grandes ciudades.

Fuerzas Armadas y lucha contra el narcotráfico

Así como los gobiernos kirchneristas frente a las crisis policiales desplegaron fuerzas de Gendarmería y Prefectura en las urbes, lejos de sus destinos naturales, los gobiernos liberales de Mauricio Macri y de Javier Milei, con Patricia Bullrich como ministra, pugnaron y pugnan por involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico creando marcos legales a tal fin y realizando operaciones psicológicas sobre la población para instalar la necesidad de que, sobre todo el Ejército, intervenga en la lucha contra las drogas.

Las misiones principales de las fuerzas de seguridad son preservar el orden público y la seguridad ciudadana, prevenir y reprimir delitos, garantizar los derechos y bienes de las personas a través de la vigilancia, la investigación, el auxilio a la comunidad y la ejecución de mandatos judiciales[1] y para eso se las entrena a diferencia de las fuerzas militares que tienen por misión repeler ataques externos y son preparadas y entrenadas en la eliminación del enemigo y la destrucción de sus recursos.

La lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, los delitos ambientales, los delitos contra la administración pública, los delitos electorales, la falsificación de moneda, el lavado de activos, la delincuencia organizada, el terrorismo y los delitos de lesa humanidad forman parte del campo de acción de las FFSS Federales y para eso son entrenadas[2]. Además de las capacidades propias para llevar adelante una investigación como pueden ser las áreas de inteligencia criminal de las FFSS, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tiene potestad para desarrollar actividades en el marco de los delitos enunciados y son áreas de su incumbencia directa dentro del marco legal y normativo imperante.

Ni nuevas amenazas ni nuevas estrategias

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en su Concepto Operativo Integrado 2025 dado a conocer en el mes de septiembre del año 2020, cuestiona el enfoque tradicional que se estructuraba para la lucha bélica y el empleo del instrumento militar como parte de la disuasión moderna y plantea un cambio sustancial en la formación de las tropas las cuales deben estar dispuestas y entrenadas para una rápida adaptación a escenarios múltiples y con capacidad de distinguir la importancia y la necesidad de combinar acciones de guerra con operaciones de corte político.

La construcción del poder anglosajón, desarrollado por Gran Bretaña primero y EEUU después, se basa en el engaño, la discordia y las operaciones de conflicto político. Remitámonos, a modo de ejemplo, las acciones del diplomático británico John Brabazon Ponsonby en la guerra Cisplatina de 1825 entre el Río de la Plata y el Imperio de Brasil, donde Argentina pierde los territorios ganados en la guerra e inclusive Uruguay; la primera Guerra del Opio que genera una grave crisis de adicciones y que desencadena una guerra donde China pierde Hong Kong[3]; la Segunda Guerra del opio marcando el inicio de lo que en China se conoce como el «siglo de humillación», debilitando al Imperio Qinglas y dando pie al nacimiento de revoluciones que crearan la República China[4]; las acciones de Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia) en Oriente Medio o la estrategia del Mariscal Gerald Templer con su planteo de «ganar los corazones y las mentes» de la población en la «emergencia malaya» de los años 50. De más estaría citar el caso de las armas de destrucción masiva en Irak.

Pobreza extrema y adicciones, una guerra silenciosa

La pobreza extrema, fruto de políticas económicas falaces, el hambre y las adicciones son un arma de dominio y exterminio, son un método de guerra[5], así como lo es la hambruna creada hoy en Gaza por los bombardeos israelíes sobre población civil[6], o la hambruna de Bengala bajo el dominio británico en 1943 o en Ucrania durante la era soviética en 1931. La pobreza extrema y las adicciones generan una desintegración del corpus básico de una sociedad que la deja expuesta al conflicto permanente, a la destrucción o descomposición de su sistema institucional y por ende queda vulnerable a los intereses extranjeros.

Con la presencia de fuerzas militares estadounidenses formadas en el ideario anglosajón con presencia en Paraguay sobre los puertos del río Pilcomayo y en el Río Paraná con su Cuerpo de Ingenieros, es totalmente entendible la consolidación y el crecimiento exponencial del narcotráfico en Rosario, por ejemplo, ya que los cerca de 30 puertos de la región reciben cargamentos a granel desde el norte donde hay mayor presencia efectiva estadounidense desde 2005[7]. Recordemos que entre 2004 y 2010 comenzaron las primeras disputas a gran escala entre clanes locales por el control de barrios, destacándose la familia Cantero (el clan de «Los Monos»)[8].

Mentime que me gusta, desde lo del Acorazado Maine

Así como instalaron que Ahmed al Sharaa (antes bajo el nombre de Abu Mohammed al Jolani) era un criminal líder terrorista del Frente al Nusra es decir de Al Qaeda en Siria[9] y ahora se reúne en Nueva York con el presidente Francés Macrón y el estadounidense Trump, a quienes sirvió con sus acciones, es una falacia plantear una lucha contra las drogas con fuerzas militares, movilizaciones hacia las fronteras (que sólo ponen en alerta a nuestros vecinos) y una catarata de operaciones psicológicas en redes sociales y medios de comunicación.

El combate al narcotráfico y a la violencia implícita en él, es necesaria combatirla con mejoras en la calidad de vida de nuestra población, educación, férreos controles económicos y financieros y con un Poder Judicial ajustado a Derecho, que responda a los intereses nacionales y no a las presiones de los personajes de turno.

La falta de trabajo y de oportunidades, el bombardeo constante con estímulos y falacias sobre la psiquis de nuestras y nuestros jóvenes desde las unidades políticas sin asiento territorial[10] como son las corporaciones multinacionales, el endeudamiento externo como herramienta generadora de pobreza, de debilitamiento institucional, de alejamiento de los valores institucionales, de ausencia de incitación positiva[11] crean las condiciones para desarrollar acciones tendientes a construir escenarios de vulnerabilidad nacional que sirven para el provecho de intereses vinculados a poderes extranjeros con apetencias sobre nuestro territorio.

 

* Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] «Fuerzas de Seguridad. Determínanse las misiones, funciones y jurisdiciones correspondientes a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Ley N° 18.711». Infoleg, 17/06/1970), https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47243/texact.htm, [consulta: 15/09/2025].

[2] «Mapa del Estado». Dirección de Mapa del Estado, Dirección Nacional de Diseño Organizacional, https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/ministerios/Ministerio-de-Seguridad-Nacional/540/detalle, [consulta: 15/09/2025].

[3] Chavarría, J. A. China y Occidente: de las Guerras del Opio a la Revolución Cultural. Barcelona: Ariel, 2001.

[4] Pérez García, M. «Las guerras del opio y el inicio del siglo de la humillación en China». Revista Universitaria de Historia Militar, Año 2015, vol. 4, número 8, p. 159-178.

[5] Ashour, Y., Abu-Jlambo, A., & Abuzerr, S. « Starvation as a weapon of war in Gaza: violation of international law». The Lancet, 26/05/2025, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01018-9/fulltext, [consulta: 20/09/2025].

[6] «Gaza: cómo el hambre ha sido usada como arma de guerra en la historia y qué dice el derecho internacional». BBC News Mundo, 22/07/2025, https://www.bbc.com/mundo/articles/c05643p2612o, [consulta: 20/09/2025].

[7] Lemos, Federico. «Paraguay: El Ejército norteamericano se instala en América Latina». Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), 15/08/2005, https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/paraguay-el-ejercito-norteamericano-se-instala-en-america-latina, [consulta: 16/09/2025].

[8] «Droga y crímenes mafiosos: La historia de “Los Monos”, la banda que aterroriza a Rosario». Clarín, 23/02/2014, https://www.clarin.com/policiales/historia-monos-banda-aterroriza-rosario_0_B1N4DJow7l.html, [consulta: 20/09/2025].

[9] De la Varga, Pablo. «De Al Qaeda a intervenir en la ONU: la historia del presidente de Siria, por el que EE.UU. ofrecía 10 millones hace menos de un año». ABC Internacional, 25/09/2025, https://www.abc.es/internacional/qaeda-intervenir-onu-historia-presidente-siria-eeuu-20250925193745-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fqaeda-intervenir-onu-historia-presidente-siria-eeuu-20250925193745-nt.html, [consulta: 25/09/2025].

[10] Gullo Omodeo, M. Relaciones Internacionales. Una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Buenos Aires: Biblos, 2018.

[11] Beaufre, A. La apuesta del desorden. Buenos Aires: Américalee, 1971.

 

©2025-saeeg®

 

PESCA ILEGAL Y SEIS MILLONES DE NIÑOS POBRES EN ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en El Economista, 02/08/2023.

 

La salud y la alimentación son un Derecho Constitucional en la Argentina, no una dádiva. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirmó que «toda persona tiene derecho a la alimentación» y, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sostuvo que «el derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».

El alimento es una sustancia que, ingerida, aporta al organismo la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos y la alimentación, como afirmó la FAO y la OMS, debe ser suficiente, inocua y sana. Sin embargo, poco de ello ocurre en la Argentina. Hay pobres e indigentes y si hay indigentes hay hambre, porque estos son quienes no tienen al acceso suficiente a la alimentación que, además, en muchos casos suele ser de baja calidad.

Postergar la alimentación de los sectores más vulnerables, hasta que algún día improbable el presupuesto se encuentre equilibrado, es un delito deleznable que ignora los efectos mórbidos y letales del hambre y la desnutrición. Incorporar como una cláusula de ajuste al hambre, es indigno y ruin.  

La alimentación debiera estar accesible en el hogar de todo el grupo familiar, ya que si bien, la alimentación que se recibe fuera de aquel, contribuye a mejorar la nutrición de los niños y adolescentes en situación de pobreza, marginalidad e indigencia; el alimento en el hogar, amén de satisfacer los requerimientos nutricionales, reúne a todos los integrantes de la familia alrededor de la mesa y, promueve el diálogo y el fortalecimiento del núcleo familiar. La comida en el hogar no se sustituye con comedores, aunque estos sean -en muchos casos- quienes están proveyendo la alimentación de sostén.  

En 2000, en la «Declaración del Milenio» de la Asamblea General de la ONU se expresó, entre otras cosas: «Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y decidimos, asimismo, reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre». Llegó el 2015 y los gobiernos de Argentina no cumplieron y, por el contrario, se aumentó la pobreza. En la década del 70 la pobreza era del 5,7% y a mayo de 2023 es del 46%.

Es falso que la Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Terminemos con esta errónea afirmación, la mayoría de la producción nacional exportable «no se destina al consumo humano directo, ni la soja ni el maíz, se usan para alimentar animales» (Vilella Fernando; director de Agronegocios, Facultad de Agronomía, UBA, 25/11/2019); no obstante, con la producción nacional, según Cispan y Fragan «queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas para alimentar alrededor de 60 millones de habitantes» (Martín Slipczuk, 25/11/2019).

Es decir, los gobernantes no pueden justificar 5.900.000 niños y adolescentes pobres, de los cuales 1.300.000 son indigentes menores de hasta 14 años (Infobae, INDEC, 31/3/2023) que representan el 34,1% de la indigencia total; además, de que las Autoridades no administran adecuadamente otros alimentos que son del Estado Nacional o de las Provincias del litoral marítimo, como es el caso de los recursos pesqueros. Todo ello, pese, a que el 59,3% de los niños y adolescentes reciben alimentos en forma gratuita del Estado, aunque, mayoritariamente harinas y no alimentos proteicos.

Con una información similar al INDEC, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, indica que 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 17 años son pobres, es decir que, promediando con los indigentes, el 74,7% de éstos «no acceden total o parcialmente a la alimentación, educación y salud básica y, por su parte, los indigentes, no alcanzan a ingerir la cantidad mínima de alimentos para cubrir los requerimientos energéticos diarios» (Gabriel Matera, Ámbito, 15/05/2023).

La capacidad física e intelectual de millones de menores está en grave peligro. Deberían estar avergonzados los funcionarios de un país productor de alimentos, dando una muestra acabada de su incapacidad para administrar la producción de alimentos y distribuirla. Lo que suelen llamar «pobreza estructural» no es otra cosa que falta de ideas y administración adecuada para resolver esta indignidad, que ya superó dos generaciones de argentinos. Es una obligación impostergable del Estado Argentino, y de sus dirigentes con mayores posibilidades, en una acción organizada de solidaridad ejemplar, eliminar definitivamente este flagelo que denigra, desnutre, enferma y mata a una parte importante de su población, Gravísima cuando se trata de niños que no alcanzarán su madurez intelectual. 

¿Qué debería hacer el Estado para terminar con la indigencia de niños y adolescentes?, además de optimizar la producción e industrialización de alimentos; mejorar los planes y dar a las tarjetas alimentarias una acción generadora de empleo y nutrición y, no solo de acceso a los alimentos de baja calidad.

El Estado tiene recursos alimentarios propios, como son los pesqueros. La pesca constituye para la humanidad una fuente importante de proteínas, cuya calidad es solo comparable con la leche materna. Además, es una de las actividades de mayor ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora de empleo en regiones inhóspitas del país que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes centros urbanos. Como muy pocas actividades, requiere de gran cantidad de operarias, que realizan tareas de supervisión, fileteado, emprolijado y empaque, donde suelen ser más eficientes que los hombres.

¿Cuántas toneladas de pescado se necesitarían para proveerle una ración diaria de la mejor proteína a seis millones de niños y adolescentes para terminar con la pobreza infantil? 600 mil toneladas de pescado/año, para proveer productos empanados, termoestabilizados, liofilizados, etc.

El Estado argentino puede hacerse de las referidas 600 mil toneladas de pescado si acuerda condiciones equitativas con los Estados de pabellón de los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que explotan en alta mar nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina; se otorgan exenciones impositivas al gasoil, a la captura, aduaneros y otros beneficios de explotación a todas las empresas nacionales que pesquen en alta mar; se deja de descartar (Art. 21 m Ley 24.922) al mar el 30% de las capturas, estableciendo un precio sostén y, se lleva progresivamente a la Acuicultura en la Argentina a niveles compatibles con la producción mundial. Accesoriamente a ello, se cuadruplicaría el empleo registrado en la actividad pesquera y la acuicultura.

La soberanía alimentaria permitirá, mediante la administración adecuada del Atlántico Sudoccidental, recuperar la soberanía marítima y política de la Argentina, donde en las últimas décadas entre 350 y 500 buques extranjeros pescan ilegalmente (INDNR) en alta mar todos los años los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina y, lo hacen en forma ilegal, porque pese a ser la pesca libre en esa zona, los Estados de pabellón a los que pertenecen esos buques no los controlan; no hacen investigaciones para determinar las capturas máximas sostenibles y, afectando el interés de terceros Estados, no hacen acuerdos pesqueros con los Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay).

No puede perderse de vista que la administración del recurso tiene efectos laborales y sociales que superan los daños que cualquier empresa de riesgo pueda asumir; ya que el pesquero se trata de un recurso de propiedad del Estado, que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional, industrial y estratégico, más allá de los efectos económicos que genere. Al respecto de su administración pesquera y su sustentabilidad, José Juste Ruiz considera que el desarrollo persigue tres objetivos esenciales: «a) el objetivo económico que  consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo social y cultural que promueve la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico ocupado de la preservación a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de soporte a la vida de los seres humanos».

Es necesario entonces un nuevo orden en materia de la administración, captura, distribución, industrialización, protección y control de los recursos vivos marinos, para permitir que este recurso contribuya a eliminar la indigencia de niños y adolescentes del país y aumentar el consumo anual de 4,8 kg (Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo, marzo, 2021) a 10 Kg per cápita por año de todos los argentinos, para equiparar -al menos- el consumo promedio anual de Latinoamérica, el Caribe y África, muy lejos aún de los 20 Kg. que consume el mundo; proveyendo de una mejor dieta, salud y trabajo. Somos un Estado Marítimo y deberíamos comenzar a mirar el mar y aprovecharnos de sus capacidades.

«Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte» (El Viejo y el Mar, Ernest Heminway, 1989).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).