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ARGENTINA

REPRESENTACIÓN VERSUS LOBBY DEL SECTOR RURAL

26 enero, 2024 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

¿Por qué los saqueadores proceden sin resistencia por parte de los saqueados?

Esta semana me alcanzaron estos números de Luis Villa:

¿Qué dice el INDEC?

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_09_23312BB213E9.pdf

Negar la importancia del sector agropecuario argentino, que va desde millones de toneladas de cereales y oleaginosas al millón y medio de dólares que exporta un productor formoseño de piel de yacarés (exporta a fabricantes de botas texanas en EEUU, y en Europa a Fendi y Ferragamo), es de ignorantes o malandras.

Negar la importancia del sector industrial ligado al agro (MOA según nomenclatura del INDEC), recibe las mismas calificaciones.

Ahora bien, el tema no es lo que hacen “los otros”, sino los propios.

El sector agropecuario y el sector agroindustrial en la política argentina

Las élites que gobiernan a la Argentina en las últimas décadas tienen un plan económico que se puede resumir como “vivamos todos del campo”.

En el mismo los funcionarios ―gobierno tras gobierno― diseñan formas de extraer riqueza del sector agropecuario para trasladarla a otros sectores de la economía, preferentemente a los bolsillos de los implicados.

Es así como se diseñan distintas formas de escamotear lo que a otros pertenece (tarea 1) y luego cómo repartirse el botín obtenido entre los que manejan la cosa (tarea 2).

Bajo esa óptica, entonces, uno debe entender, por ejemplo, a las LELIQs (pasivos remunerados del BCRA). El estado le quita riqueza a los productores agropecuarios (leche, arroz, maíz, maní, aceitunas, cebollas, limón, piel de yacaré) y luego la distribuye entre los distintos “empresarios” que ayudaron a los políticos a llegar a donde están y luego le sostienen la gobernabilidad, entre otras cosas, mediante el manejo de la prensa. En el caso de los intereses de LELIQs, es una forma por la cual la banca se apodera de parte del botín. Las LELIQs son solamente una forma. Podrían ser subsidios o cualquier otra.

Podemos decir lo mismo con, por ejemplo, “los industriales” (grupo por demás heterogéneo), en particular, pero no únicamente, con el sector automotriz. El gobierno paga(ba) ―roba(ba)― ilegalmente la mitad del valor de las exportaciones mediante manipulación del tipo de cambio (50% principios gobierno de Alberto Fernández, 66% sobre el final) y luego eso lo reparte entre distintos sectores favorecidos por el gobierno. En la administración AF tuvimos las mayores exportaciones de la historia de nuestro país, U$D 88.446 millones, 2022. De ese monto el gobierno se quedó con el 50% vía el BCRA (*). El BCRA cobró un impuesto del 50% no legislado. ¿Qué hizo con ese dinero? Les vendió dólares a mitad de precio a los amigos. Por ejemplo, a las terminales automotrices (que ensamblan productos importados), a los ensambladores de motos, licuadoras, o PC (Tierra del Fuego) y a los que se dibujaron “deudas” con el exterior. La lista es larga.

Más allá de que pueda haber o no algún manejo turbio por parte de un funcionario para darle a A o a B la “autorización” de comprar dólares a mitad de precio, eso no es lo importante. Ver si hay o no sobornos en la forma en que se reparte un botín es sacar la vista del problema principal: el saqueo organizado e institucionalizado por parte de empresas y particulares a un conjunto de conciudadanos, instrumentado por funcionarios públicos.

El sistema en sí es criminal. Que un organismo público (el BCRA) le quite la mitad del precio a alguien que produce un bien y lo haga sin ley que lo respalde y que no sólo no reciba ninguna condena judicial sino que el procedimiento sea sostenido muy orondo por funcionarios y propagandistas (mal llamados “periodistas”) por prensa escrita, televisiva o radial: eso es criminal. Con innumerables cómplices, además.

Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los saqueadores proceden sin resistencia por parte de los saqueados? Tomo el caso del tipo de cambio porque implica miles de millones de dólares por año ―un negocio más grande que el tráfico de drogas, armas o trata de blancas― por lo obsceno.

Podríamos hacer el mismo análisis con impuestos, tasas o formalidades incomprensibles (**).

La cadena afecta a los productores, pero también a las economías provinciales, incluidos los fiscos provinciales.

Quitar el 50% del valor de venta de un bien mediante diferencial de cambio, afecta la rentabilidad de la familia o empresa. Es un 50% menos de ingresos y una estructura de rentabilidad totalmente diferente.

Economía es SIEMPRE microeconomía.

Eso puede tener dos consecuencias: una caída de la rentabilidad, por lo tanto una caída del impuesto a las ganancias, incluido lo que va a las provincias, o peor aún, que una actividad que de otra manera sería rentable, se vuelve lo contrario y por lo tanto, se deja de producir; verdadera razón por la cual el “campo” argentino no crece. Mientras Rusia, Brasil, Uruguay y Paraguay aumentan año a año su producción, Argentina permanece estancada. Básicamente por las genialidades de los gobernantes que operan bajo la lógica de “vivamos todos del campo”.

Dicho de otra manera, los U$D 44.223 millones de dólares que le esquilmó el BCRA a quienes producen bienes de exportación (la mitad de los U$D 88.446 millones exportados durante 2022), se retrajo en su totalidad de la base de liquidación de ganancias. Esto es, se liquidaron menos impuestos a las ganancias por el 35% de U$D 44.223 millones: U$D 15.478 millones. Ganó el BCRA (el gobierno federal), perdieron los fiscos provinciales y los particulares.

A las provincias les toca un poco menos de la mitad de la recaudación del impuesto a las ganancias (el resto del impuesto queda en el gobierno federal). O sea, el BCRA le robó una parte a los productores y otra a los fiscos provinciales. Más o menos U$D 28.744 millones a los productores (lo que les hubiera quedado si no tenían diferencial de tipo de cambio pero sí tenían que pagar ganancias) y un poco menos de U$D 7.739 millones a repartir en las provincias (el dinero de ganancias que se hubieran repartido las provincias si no existiera el diferencial de tipo de cambio) (***).

**¿Lobby o representación?**

Y acá me pregunto, ¿por qué los que deben defenderse no se defienden? ¿Por qué los saqueados no usan todas las herramientas a su disposición para evitar ser víctimas de un abuso oprobioso que tiene a todo el país sumergido ―innecesariamente― en la miseria? Evitar este atropello por parte de los grupos de poder que sostienen y refuerzan y defienden el sistema “vivamos todos del campo” forma parte del principio natural de autopreservación. Es un principio consagrado por la Constitución e incluso por el Código Penal: actuar en defensa propia.

Defender los propios intereses está garantizado por la Constitución: derechos de asociación y de peticionar a las autoridades. El artículo 1° de nuestra Constitución establece que nosotros somos una República representativa por lo cual tenemos derecho a representar y ser representados.

Además, existe la posibilidad de acudir a la Justicia: ¿Que a uno le quiten el 50% del valor de venta de un bien, sin un impuesto? ¿Confiscar un bien ―la divisa― a precio vil sin ley previa? Son juicios que se ganan. Sin embargo, los perjudicados no accionaron.

¿Entonces?

Esta semana fue al canal de TV IP el ex secretario de Producción De Mendiguren, donde disertó sobre todos los errores del gobierno actual (que lleva un mes) y todos los aciertos del propio. De Mendiguren es corresponsable de una de las peores gestiones económicas de nuestro país, que se caracteriza por haber sufrido gestiones económicas horribles. Fue, desde siempre, el gran propulsor político de Sergio Massa y, debemos reconocer, es un extraordinario lobbista. Tremendamente eficiente en la defensa de los intereses económicos de sus representados.

¿Qué nos dice su aparición? Que tienen el suficiente poder para hacerse llamar por TV y continuar la defensa del sistema que nos fundió y generó que en Argentina haya millones de pobres, mientras De Mendiguren y sus representados se hacen cada vez más ricos. Pero dejemos la indignación de lado. Saquemos la mano de las perlas. De Mendiguren su trabajo lo hace bien. Lo hace muy bien.

¿Y por casa cómo andamos?

Y acá quiero ir al excelente artículo, un ensayo en verdad, de Germán Masserdotti:

LA REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DEL SECTOR RURAL ARGENTINO

Él sostiene que hay tres formas de representación y las desarrolla en detalle:

“A) El poder como representante de la sociedad…

B) La representación de la sociedad ante el poder...

C) La representación en el poder….

Si un sector ―como el agropecuario y agroindustrial― es responsable de generar casi ⅕ del PBI de un país, casi ¼ del trabajo, ⅕ de los ingresos fiscales (legítimos; no incluyo acá lo robado por el BCRA) y ⅔ de las exportaciones, entonces debería tener una representación en ambas cámaras nacionales (Senado y Diputados) en una proporción entre ⅕ y ⅔.

Frente al DNU y el proyecto de ley presentados por el flamante PE, diversos sectores de intereses plantearon ante la justicia y ante el Poder Legislativo su oposición ―con o sin razón―; se movieron y lo hicieron. Los gobernadores patagónicos rápidamente se nuclearon en la defensa de lo que creen son sus intereses petroleros. Con eficiencia presentaron sus planteos. Y acá no hablo de que sea justo o no, simplemente remarco su profesionalismo en defensa de sus intereses. Hasta el sector pesquero (responsable de exportar entre mil y dos mil millones de dólares al año) rápidamente encontró un vocero en cabeza del intendente de Mar del Plata.

Mientras, el sector rural, que produce y exporta varias veces más que el petrolero y ciertamente decenas de veces más que el pesquero, gira sin rumbo.

Tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, casi no tiene gente en el ejecutivo, no tiene jueces (el Deep State argentino, sí). No tiene. Por eso siempre es el pato de la boda.

Como ya he remarcado varias veces, los productores deben integrar los cuerpos colegiados: concejos deliberantes, legislaturas provincias, Congreso Nacional. ¿En qué proporción? El objetivo debería ser el de la importancia económica y social del lugar, ya sea el concejo deliberante de Goya, la legislatura del Chaco o el Congreso Nacional.

Un mínimo de 51 diputados y 14 senadores y un máximo de 171 diputados y 48 senadores a nivel nacional. En cada comarca, tendrán que hacer las cuentas. No sólo no hay ley que lo impida sino que es el sistema diseñado en la Constitución. Si no lo hacen, es por falta de voluntad.

Lejos están del mínimo. Peor aún si se lo compara con sectores relevantes pero de menor volumen como el petrolero, minero, la banca o las farmacéuticas.

Santa Cruz acaba de votar un gobernador que proviene del sector petrolero. Neuquén desde hace décadas envía senadores que defienden su actividad principal: el petróleo. Es lo que debe ser. Cada uno debería defender lo suyo. Es, como dije, un derecho inalienable.

Defender el campo no es solamente abogar por un sector patronal y un sindicato: es federalismo, forma de vida, tradición y ocupación del territorio.

El interior del país, el país federal, demostró su voluntad y peso en las últimas elecciones presidenciales.

Ahora queda que los productores rurales miren, aprendan y ejecuten (****).

El 2025 está cerca.

Y recuerden: defender los intereses propios no es deshonroso, es el derecho que nos asiste a cada uno de nosotros, garantizado por varios artículos de nuestra Constitución Nacional.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

(*) La cifra es un poco menor porque algunos sectores estuvieron exentos de tener que liquidar las divisas a mitad de precio.

(**) En menor medida, es tan abuso el asesinato arbitrario de cientos de miles aves ―bajo la excusa de un nunca demostrado “brote” de gripe aviar― durante el 2022 por parte del SENASA, sin consecuencias aún para las autoridades responsables, como el diferencial del tipo de cambio o los derechos de exportación o la ausencia de ajuste por inflación en los balances base de la liquidación del impuesto a las ganancias.

(***) El 39% de ese dinero corresponde a la Provincia de Buenos Aires. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué el gobernador de Buenos Aires no protestó en estos últimos cuatro años.

(****) Este razonamiento es válido para los productores rurales, los enfermeros del Posadas o los policías de la Provincia de Entre Ríos.

Lectura Relacionadas

La representación en el congreso nacional del sector rural argentino

Por Germán Masserdotti (@GermanMasser)

https://restaurarg.blogspot.com/2021/04/la-representacion-en-el-congreso.html

La participación del campo en la vida pública argentina

Por Iris Speroni

https://iris-speroni.blogspot.com/2020/03/la-participacion-del-campo-en-la-vida.html

Sobre la diferencia de tipo de cambio:

El tamaño del botín (1º semestre 2020):

https://restaurarg.blogspot.com/2021/02/el-tamano-del-botin.html

Zanahoria (2020)

https://restaurarg.blogspot.com/2021/06/zanahoria.html

El botín del BCRA 2021 provincia por provincia

https://restaurarg.blogspot.com/2022/04/el-botin-del-bcra-provincia-por.html

2022: el año que no estuvimos en peligro

https://restaurarg.blogspot.com/2023/02/2022-el-ano-que-no-estuvimos-en-peligro.html

Por región:

Cuyo

https://restaurarg.blogspot.com/2021/04/cuyo.html

Mesopotamia

https://restaurarg.blogspot.com/2021/11/mesopotamia.html

Exportaciones NOA

https://restaurarg.blogspot.com/2021/03/exportaciones-noa.html

Región pampeana

https://restaurarg.blogspot.com/2021/02/region-pampeana.html

Federales vs unitarios:

Rebelión interior

https://restaurarg.blogspot.com/2023/11/rebelion-interior.html

* Artículo publicado el 20/01/2023, https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/representacion-versus-lobby-del-sector.html.

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ARGENTINA, NARCOTRÁFICO

LAS FF.AA. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

21 abril, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Revista Tiempo GNA*

Un ajedrez sólo para idóneos.

La tentación de mover fichas equivocadas para ganar un partido de ajedrez suele ocasionar se pierda el mismo. Algunas grandes derrotas se debieron porque los que deciden estaban más compenetrados en ideologías que en ideas prácticas y la ideología no siempre va de la mano de adecuadas decisiones estratégicas. Los EE.UU. tiene un gran problema con el narcotráfico, pero no involucra sus FF AA en esa lucha”.

El aspecto legal

Es sabido que es un error emplear medios militares en tareas de seguridad interior sin un adecuado respaldo legal emanado del congreso que permita organizar las fuerzas y dar seguridad a las tropas militares para operaciones para las que no son idóneas.

Al no existir marco jurídico para que las FF.AA. combatan al narcotráfico y tampoco existe en el Código de Justicia Militar, cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles donde nadie entiende que significa empeñar tropas en un combate.

Es decir, los militares están indefensos ante cualquier acusación legal y lo saben muy bien. De ocurrir, los ministros que dieron las órdenes también deberían responder ante los jueces.

Ser juzgado por el Código Penal; horroriza a los militares porque éste no contempla acciones de guerra.

Si no existe un marco legal serio sin influencias ideológicas de izquierda, el error implicará, juicios y prisión a miliares que cumplieron órdenes.

En la historia argentina, hay sobrados ejemplos y por desagradables experiencias, los militares evitarán ese tipo de combate atípico. A ello se agrega qué, las tareas policiales no les gustan, no tienen el equipamiento necesario, tampoco están preparados, desconocen todas las modalidades delictivas y pueden ser engañados. A ello hay que agregar por décadas que desde el propio Estado sufrieron distintas humillaciones que afectaron su moral y carecen de un adecuado presupuesto, es decir no están en su mejor momento. Se puede revertir el daño, pero se necesitará tiempo y dinero y ninguna de esas cosas hay. La frontera norte es una madeja de traficantes de drogas, tratantes de personas, inmigrantes ilegales, contrabandistas, espías internacionales y prófugos peligrosos. Es fácil entender que los militares no son idóneos para su captura. Por más que se promulgue una legislación adecuada que los cubra, el riesgo que cometan equivocaciones y/o se corrompan en la nueva lucha contra las drogas es cuestión de tiempo. Las organizaciones criminales tienen infinita capacidad económica para seducir, los militares tienen muy bajos sueldos y al no tener experiencia podrían ser contaminados rápidamente. De ello pueden dar testimonio autoridades de otros países, donde hubo generales arrestados.

El apoyo logístico

El apoyo logístico que puedan hacer las FF AA es muy importante. La idea sería que faciliten a las FFSS, vehículos, botes, visores nocturnos, radares, aviones, helicópteros, carpas, cocinas móviles, edificios para albergar detenidos, etc. Dar dicho apoyo sin que los militares realicen detenciones, se entiende bien. Pero ¿cómo deberían actuar si un camión militar llegara a ser emboscado por narcos-guerrilleros? Eso ya ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Podrán hacer uso del derecho a la legítima defensa? Es muy fácil culparlos luego de “exceso en el cumplimiento del deber”. Esto recién empieza y con toda seguridad, los efectivos del Ejército que acompañen pacíficamente a las FFSS se expondrán a posibles enfrentamientos con narcoterroristas y al ser militares con otra formación, cuando haya un tiroteo, no se detendrán mucho en pensar en los DD.HH. No lo harán adrede, sino que es un reflejo instintivo en un guerrero.

Los militares actuales aprendieron la lección del pasado y aunque existan leyes que les permitan actuar en tareas policiales, harán todo lo posible para no involucrarse. No sea que, con algún cambio de gobierno, 10 años después sean juzgados por cumplir “órdenes ilegales” y es un secreto a voces que piensan así.

Seguramente tarde o temprano habrá una escalada contra el narco-terrorismo y el apoyo logístico que tienen como misión pasará a otro nivel. Necesariamente habrán operaciones conjuntas que deberían ser bajo un mando único, pero por doctrinas distintas vendrían roces con las FFSS y todo se complicaría.

Variante importante

Tal vez lo más necesario, es que unidades de ingenieros del Ejército destruyan pasos no habilitados de la frontera por donde ingresan el narcotráfico y extranjeros indeseables.

En los casi 9.700 km de límite terrestre, se calcula que deben existir unos 840 pasos clandestinos, que son sendas casi invisibles, que por la complejidad topográfica no pueden ser controlados eficazmente. Algunos como los que hay en la cordillera de los Andes, eran usados por habitantes ancestrales, y ni siquiera figuran en las cartas topográficas y de su existencia sólo unos pocos pueden dar testimonio. Es decir, del total tal vez un 10% no se sabría su ubicación con certeza. En la Argentina habría unas 1.500 pistas clandestinas donde aterrizan aviones con drogas y por año son detectados 400 vuelos narcos que no pueden ser interceptados. En Colombia con explosivos y topadoras esas pistas son destruidas y aquí habría una nueva misión de apoyo para el Ejército. Necesariamente para ello se necesita una ley que contemple lo expresado.

Riesgo operacional

La frontera con otro país no es lo mismo que el límite entre dos provincias y no se necesita mucho esfuerzo para crear un problema internacional. Por razones de buena vecindad entre países, ni siquiera fracciones menores del Ejército tendrían que estar en las fronteras: no es lo mismo que un soldado en un tiroteo fortuito mate a un contrabandista que que lo haga un gendarme; la repercusión diplomática en el primer caso será muy distinta.

Leyes adecuadas, inteligencia, presupuesto y capacitación

Independientemente del cambio jurídico, para la lucha contra el narcotráfico las FF.AA., necesitarán:

- una capacitación concreta de aquellos efectivos seleccionados para ser empleados,
- equipamiento adecuado • presupuesto suficiente.

Nada de ello sería eficaz si no se dispone también de un componente de inteligencia que sea específico, unificado y permanente para esa misión. Pues para las redes transnacionales del delito las fronteras no son un obstáculo, poseen suficiente capacidad financiera para corromper y si los comandos no están informados la organización de nada valdrá.

Experiencia en otros países

Ya se mencionó que los EE.UU. no tienen tropas afectadas contra el narcotráfico. En Argentina en una situación excepcional en forma muy restringida con grupos de elite y con una adecuada legislación, podrían participar las FF.AA. Para ello unidades exclusivas deberán capacitarse pues han sido formados para otro tipo de conflictos y su mentalidad es muy diferente. Colombia no emplea masivamente fuerzas militares sin un entrenamiento previo adecuado al combate del narcotráfico, ello fue clave para forzar a las FARC a firmar la paz. El ejército del Perú también se sumó a esa idea con el denominado “Batallón Contraterrorista 312”. Hay otros casos. Es decir, es necesario formar unidades pequeñas altamente especializadas para un combate atípico. Esta podría ser la solución si las fuerzas de seguridad estuvieran en serias dificultades. Pero hay que tener presente que, en casi todos los países, la guerra contra antinarcóticos ha fallado por años y a su vez, ha sido perjudicial para los propios militares. Su inexperiencia en temas policiales eleva la corrupción entre sus miembros. El combate dura años y en ese lapso los militares se agotan y sobrevine la desmoralización entre sus cuadros. La defensa nacional contra otra nación deja de tener vigencia y el país se debilita.

La Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea es un caso distinto porque no puede atacar objetivos narcos en tierra ni derribar aviones furtivos que ingresan de otros países. Es decir, por su actividad no muere nadie. Su misión de apoyo en el “Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional”, tiene un valor inestimable interceptando aviones narcos.

La GNA y la PNA

Siempre fueron la primera línea de protección en zonas limítrofes. Para casos importantes el “Escuadrón Alacrán” y la “Agrupación Albatros”, respectivamente son elementos altamente capacitados para la lucha contra el narcotráfico, pero vemos a estos especialistas custodiando villas de emergencia, alejados por meses de sus familias que dejaron a casi 1.000 km, lo que afecta su moral.

Si llegaran a regresar a la frontera, se moverían felices como el pez en el agua y cumplirían mejor con un elevado espíritu de cuerpo. Siempre ocurrió así.

Conclusión

La seguridad nacional no es de izquierda ni de derecha, si no se sabe diferenciar cuales son los problemas, difícilmente se pueda dar con la justa solución. Cualquiera sea la medida que se elija con aprobación del congreso, demandará al menos 20 años para que se perfeccione. Se necesitará mucho tiempo para ganar una guerra que recién empieza.

Precisamos de una lógica hipótesis de conflicto que imagine futuras complicaciones bélicas y leyes adecuadas para no terminar como México o Colombia.

La Defensa Nacional y la Seguridad, constituyen piezas de un partido de ajedrez político, que no es para amateurs y no hay que equivocarse al mover las fichas.

Documento Episcopal Argentina referido al narcotráfico. 8 noviembre 2013.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”

Artículo publicado originariamente por la Revista Tiempo GNA 77.

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ARGENTINA

FALLOS Y FALLIDOS

8 diciembre, 2022 SAEEG Deja un comentario

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Santiago González*

Como el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial no escapa a la corruptela que socava las instituciones de la República

Pudo haber sido un momento bisagra en la salud de la República, una de esas instancias en que la sociedad restaña su dignidad lastimada y se pone de pie para enfrentar la fuente del daño. Como en su momento lo fue el juicio a las juntas: más allá de los episodios concretos examinados en ese tribunal, lo que la sociedad civil esperaba de una sanción ejemplar era poner fin a la continua intromisión del estamento militar en la vida política, perturbada una y otra vez en su desarrollo normal y natural. Del juicio a Cristina Kirchner, tal como fue presentado a la opinión pública, la sociedad esperaba un “nunca más” a la corruptela que socava la vida nacional desde que la democracia recuperó la formalidad de sus instituciones.

Esas expectativas, lamentablemente, se vieron frustradas. El fallo dictado por el tribunal que examinó el caso parece más orientado a sostener en el corto plazo el titular Cristina condenada, habilitando al mismo tiempo su posterior sobreseimiento, que a imponer una sanción ejemplar contra las prácticas corruptas. Al descartar la figura de la asociación ilícita, el fallo desbarata el esqueleto mismo de la acusación de los fiscales (que de inmediato prometieron apelarlo por esa razón), y al absolver a Julio de Vido, eslabón indispensable en la cadena de responsabilidades que se pretende elevar hasta la viuda de Kirchner, obsequia un argumento decisivo a las esperables acciones de sus defensores en las instancias superiores.

Visto el inexplicable crecimiento patrimonial de la familia Kirchner, y el de sus amigos y presuntos testaferros, la familia Báez, y considerando la abrumadora información periodística sobre los mecanismos de recaudación, acumulación y lavado, el público no duda de que aquí hubo una asociación ilícita más o menos parecida a lo que describieron los fiscales Luciani y Mola. El problema es que la cabeza de esa asociación ilícita no fue Cristina sino Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner está muerto. A Cristina no le cabe la acusación de administración fraudulenta, por la que fue condenada, porque nunca administró nada, sino, en todo caso, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado mientras fue senadora o presidente lo que necesariamente debía ser de su conocimiento.

El procesamiento de la ex presidente estuvo mal planteado desde un principio, porque su propósito no era judicial sino político. Contra lo que suele decirse, la causa que condujo a la condena de Cristina Kirchner no es la que en 2008 inició Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, De Vido y Lázaro Báez más o menos sobre el mismo asunto, y para su pesar recaída en el juzgado de Julián Ercolini, quien (eran otros tiempos) acababa de sobreseer a Néstor en una causa por enriquecimiento ilícito. La causa cuyo veredicto se conoció esta semana se abrió en 2016 a partir de una denuncia del funcionario macrista Javier Iguacel, fue instruida casualmente por el mismo juez Ercolini con la asistencia de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y apuntó directamente contra la ex presidente. La causa iniciada por Carrió apuntaba a combatir la corrupción, la que abrió Iguacel se proponía destruir políticamente a la ex presidente. Son dos cosas distintas.

El tribunal oral federal que juzgó a Cristina sintió la presión política y mediática que le exigía producir un fallo condenatorio y aparentemente no supo, no pudo o no quiso resistir esa presión. Pronunció su condena, pero salomónicamente también abrió espacios para una eventual absolución de la acusada en alguna instancia superior. Dicho de otro modo, satisfizo el propósito político de la causa, pero no cerró el camino a la justicia. Es claro que ésta no es una lectura jurídica sino periodística y provisoria de una sentencia cuyos fundamentos, por otra parte, el tribunal inexplicablemente decidió hacer públicos sólo dentro de tres meses. Una minuta adjunta al fallo entregado a la prensa no aportó datos o argumentos que permitieran modificar esta lectura. Y esta lectura no permite ilusionarse con ninguna regeneración moral de la República.

Resulta imposible separar el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner del episodio de los excursionistas de Lago Escondido, no sólo porque salieron al conocimiento público casi simultáneamente, o porque la propia vicepresidente los vinculó al hablar después de conocido el fallo, sino porque los elencos involucrados son parecidos —jueces, operadores mediáticos, empresarios, funcionarios macristas, espías— e incluso hay apellidos como Ercolini o Mahíques que se repiten en uno y otro asunto. Ambos redondean una imagen deplorable de la justicia argentina, que se agrega a la imagen deplorable de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, para completar el retrato más desalentador de toda nuestra historia republicana. Para donde se mire hay incompetencia o corrupción.

Esta mal que encumbrados dirigentes del mayor grupo de medios y comunicación de la Argentina inviten a jueces y funcionarios públicos a participar de excursiones con todos los gastos pagos y está mal que jueces y funcionarios acepten esas invitaciones; está peor que esos jueces y funcionarios acepten invitaciones de personas o grupos sobre los que han tomado en el pasado, o eventualmente podrían tomar en el futuro, decisiones capaces de incidir en los intereses de esas personas o grupos; y está mucho peor en este caso que la excursión haya sido a la propiedad de un extranjero que la adquirió en condiciones irregulares y que fue sobreseído al respecto justamente por uno de los jueces invitados al paseo.

Todo eso está mal desde la ética más elemental, más allá de que en uno u otro caso se haya cometido un delito tipificado por los códigos. Y por encima de todo lo que está mal, y de lo que está muy mal, y de lo que está peor, y de lo que constituye un delito, están escandalosamente mal las maniobras realizadas por la banda de turistas para encubrir todo lo que hicieron mal a sabiendas, analizando a tal fin todas las opciones de falsificación documental, amenazas físicas, extorsiones y engaños. E igualmente escandalosamente mal están los esfuerzos de la grandes empresas de medios para ocultar todo, o restarle importancia, o justificarlo invocando “amenazas a la intimidad” de los excursionistas.

La vicepresidente le prestó un gran servicio al país al exponer, de manera conceptualmente ordenada, la serie de conversaciones en que los turistas debaten la manera de zafar del problema en el que se metieron. Si no lo hubiera hecho, los medios lo habrían ocultado y no habría sido posible el conocimiento público de esas conversaciones, la arrogante seguridad que transmiten los interlocutores. Después de más de medio siglo de ejercer el periodismo en este bendito país debo decir que el tono de esas charlas me resulta extremadamente familiar: así es como habla el poder fáctico en la Argentina, así es como expresa sus complicidades, así es como se percibe por encima de la ley, aun cuando muchas veces se encuentre burdamente fuera de la ley.

Las conversaciones en las que los viajeros invitados por un grupo corporativo a vacacionar en la estancia de un extranjero indeseable discuten la manera de borrar las huellas de su mala conducta traen, con todo, una buena noticia para los ciudadanos: el poder le tiene miedo a los periodistas. Con las empresas de medios saben entenderse, pero los periodistas, individualmente considerados, siguen siendo un enigma para el poder, una rueda loca que no acaban de centrar en su eje. Ese temor se advierte en los términos generalmente despectivos y condescendientes con los que los contertulios se refieren a periodistas de los grandes medios, a quienes conocen por sus nombres, probablemente tratan con frecuencia y sobre los que tienen opiniones formadas (hasta dónde parece, bastante equivocadas).

Según una regla endosada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, un periodista debe contar con al menos tres fuentes que corroboren un dato antes de tomarlo como cierto. Esto quiere decir que un juez, un empresario y un político, entre whisky y whisky, durante una excursión por los lagos del sur, pueden construir una verdad periodística. A los poderosos les encantaría vivir en un mundo cuyas redacciones estuvieran pobladas de Cerrutis, repetidores políticamente correctos de relatos prefabricados. Los mismos que se sienten capaces de “hacer cagar” a un funcionario público, se muestran inquietos sobre lo que alguien pueda escribir acerca de ellos. Para estas personas, acostumbradas a llevarse las instituciones por delante, una computadora cualquiera en manos de un periodista incontrolable es un arma temible.

El público no imagina las trampas y presiones que un periodista debe sortear antes de escribir una noticia cuyo equilibrio lo satisfaga en principio a él mismo. Me refiero, por supuesto, a los profesionales, no a los periodistas militantes de cualquier tendencia obsesionados por acomodar los datos a un preconcepto ideológico. Esas trampas y presiones pueden venir de las fuentes, como lo revelan los diálogos entre los pasajeros de Lago Escondido, pero también de los propietarios de los medios para los que los periodistas trabajan. El público tiende a identificar a los periodistas con su medio, y viceversa, pero son cosas distintas: no fueron los periodistas de La Nación quienes escribieron en ese diario una defensa de lo indefendible, ni fueron los periodistas de Clarín quienes propusieron elaborar “una notita” para amenizarle la vida al jefe de la Policía Aeroportuaria.

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

Artículo publicado el 08/12/2022 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/

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