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CABO JUAN ADOLFO ROMERO, PRIMER MUERTO EN MANOS DE GUERRILLEROS Y EN DEMOCRACIA

Marcelo Javier de los Reyes*

Jorge José Ricardo Masetti (1929 – 1964) fue un periodista argentino que durante la Revolución Cubana se trasladó a la isla para cubrir ese hecho histórico. Fue el único periodista argentino que cubrió las acciones en Sierra Maestra llevadas a cabo por el Movimiento 26 de Julio y entrevistó a Fidel Castro y a Ernesto “Che” Guevara, lo que le permitió desarrollar una estrecha relación con el «Che». De este modo comenzó su compromiso ideológico con los miembros de esa revolución de izquierda que inmediatamente comenzó a propagarse por buena parte del continente americano en el marco de la Guerra Fría. Como periodista fue fundador de la agencia de noticias Prensa Latina, pero ese compromiso no se limitó exclusivamente a un pensamiento político sino que también se trasladó a la acción.

Así fue como en 1963 Masetti se instaló en la selva de la provincia de Salta ingresando desde Bolivia pero ya bajo el nombre de guerra de «Comandante Segundo». El «Comandante Primero» era el «Che», por lo que el «Ejército Guerrillero del Pueblo» (EGP) que él encabezaba era un primer escalón que prepararía la llegada de Ernesto Guevara para continuar con la revolución en esta región. El EGP reunió aproximadamente unos 50 guerrilleros y otro grupo más reducido que operaba como apoyo logístico. Los rebeldes habían levantado asimismo un campamento enla provincia de Córdoba, en Icho Cruz, el cual fue desmantelado por la policía en marzo de 1964. En ese operativo fueron detenidos siete colaboradores del EGP.

En 1964 los guerrilleros levantaron campamentos en la selva con el objetivo de crear un «foco» en Salta, en el marco de la teoría revolucionaria desarrollada a partir de la experiencia cubana, denominada «foquismo». A partir de la creación de ese foco se procedía a la expansión del proceso revolucionario.

En 1964, en la Argentina, había un gobierno democrático cuyo presidente era el doctor Arturo Umberto Illia, quien llegó a la Casa Rosada tras un proceso electoral en el que el peronismo estuvo proscrito. La realidad política argentina había cambiado desde que los guerrilleros se instalaron en Bolivia para llevar a cabo sus objetivos revolucionarios, pues la asunción de Illia como resultado del voto popular provocó una discusión entre los miembros de la guerrilla, dado que algunos consideraron inapropiado llevar esta acción contra un gobierno democrático. Los rebeldes consideraron seguir con el plan original teniendo en cuenta que para ellos el doctor Illia había llegado al gobierno de manera fraudulenta precisamente por la proscripción del peronismo. Lo que no lograron los guerrilleros lo consiguieron los militares: en 1966 el presidente Illia fue derrocado por un golpe militar.

Los movimientos de los guerrilleros, el intento de captar el interés de los campesinos para su causa y una carta que tuvo como destinatario el doctor Illia, en la que se le solicitaba su renuncia por haber ganado las elecciones de manera fraudulenta, fueron pasos que terminaron exponiéndolos y poniéndolos en la mira de las autoridades argentinas, las que destinaron a la Gendarmería Nacional para detener a los rebeldes.

El primer enfrentamiento entre los miembros del EGP y los efectivos de la Gendarmería se produjo en marzo de 1964, cuando la fuerza llegó a un campamento ubicado en la localidad de La Toma, donde se produjo la detención de cinco personas. Lejos de deponer su objetivo como proponían algunos de sus compañeros, Masetti decidió continuar y ordenó a sus subodinados que se abocaran a la provisión de alimentos.

Una patrulla de la Gendarmería Nacional Argentina al mando del entonces sub alférez Ángel Ricardo Cerúsico, integrante del Escuadrón 20 de Orán, realizaba una exploración en inmediaciones de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el marco del Operativo «Santa Rosa». En cumplimiento de esa misión, el 18 de abril de 1964, el cabo Juan Adolfo Romero fue herido de muerte en combate a orillas del río Piedras, ofrendando heroicamente su vida en defensa y servicio de la Patria. El guerrillero que mató al cabo Romero fue el cubano Hermes Peña («Capitán Hermes»), quien murió metros después al intentar huir del monte.

El periodista y guerrillero Masetti, el «Comandante Segundo», desapareció en la selva en abril de 1964. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los guerrilleros detenidos en los operativos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

Por su parte, el cabo Juan Adolfo Romero fue el primer muerto en manos de guerrilleros en la Argentina y durante un gobierno democrático. Cada 18 de abril, los miembros de la Gendarmería Nacional le rinden un justo homenaje.

El Instituto de Capacitación Especializada de la Gendarmería Nacional Argentina «Cabo Juan Adolfo Romero», en homenaje al valiente gendarme que ofrendó su vida en defensa de la Patria en 1964.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, (2da edición 2024).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

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LAS FF.AA. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Revista Tiempo GNA*

Un ajedrez sólo para idóneos.

La tentación de mover fichas equivocadas para ganar un partido de ajedrez suele ocasionar se pierda el mismo. Algunas grandes derrotas se debieron porque los que deciden estaban más compenetrados en ideologías que en ideas prácticas y la ideología no siempre va de la mano de adecuadas decisiones estratégicas. Los EE.UU. tiene un gran problema con el narcotráfico, pero no involucra sus FF AA en esa lucha”.

 

El aspecto legal

Es sabido que es un error emplear medios militares en tareas de seguridad interior sin un adecuado respaldo legal emanado del congreso que permita organizar las fuerzas y dar seguridad a las tropas militares para operaciones para las que no son idóneas.

Al no existir marco jurídico para que las FF.AA. combatan al narcotráfico y tampoco existe en el Código de Justicia Militar, cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles donde nadie entiende que significa empeñar tropas en un combate.

Es decir, los militares están indefensos ante cualquier acusación legal y lo saben muy bien. De ocurrir, los ministros que dieron las órdenes también deberían responder ante los jueces.

Ser juzgado por el Código Penal; horroriza a los militares porque éste no contempla acciones de guerra.

Si no existe un marco legal serio sin influencias ideológicas de izquierda, el error implicará, juicios y prisión a miliares que cumplieron órdenes.

En la historia argentina, hay sobrados ejemplos y por desagradables experiencias, los militares evitarán ese tipo de combate atípico. A ello se agrega qué, las tareas policiales no les gustan, no tienen el equipamiento necesario, tampoco están preparados, desconocen todas las modalidades delictivas y pueden ser engañados. A ello hay que agregar por décadas que desde el propio Estado sufrieron distintas humillaciones que afectaron su moral y carecen de un adecuado presupuesto, es decir no están en su mejor momento. Se puede revertir el daño, pero se necesitará tiempo y dinero y ninguna de esas cosas hay. La frontera norte es una madeja de traficantes de drogas, tratantes de personas, inmigrantes ilegales, contrabandistas, espías internacionales y prófugos peligrosos. Es fácil entender que los militares no son idóneos para su captura. Por más que se promulgue una legislación adecuada que los cubra, el riesgo que cometan equivocaciones y/o se corrompan en la nueva lucha contra las drogas es cuestión de tiempo. Las organizaciones criminales tienen infinita capacidad económica para seducir, los militares tienen muy bajos sueldos y al no tener experiencia podrían ser contaminados rápidamente. De ello pueden dar testimonio autoridades de otros países, donde hubo generales arrestados.

El apoyo logístico

El apoyo logístico que puedan hacer las FF AA es muy importante. La idea sería que faciliten a las FFSS, vehículos, botes, visores nocturnos, radares, aviones, helicópteros, carpas, cocinas móviles, edificios para albergar detenidos, etc. Dar dicho apoyo sin que los militares realicen detenciones, se entiende bien. Pero ¿cómo deberían actuar si un camión militar llegara a ser emboscado por narcos-guerrilleros? Eso ya ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Podrán hacer uso del derecho a la legítima defensa? Es muy fácil culparlos luego de “exceso en el cumplimiento del deber”. Esto recién empieza y con toda seguridad, los efectivos del Ejército que acompañen pacíficamente a las FFSS se expondrán a posibles enfrentamientos con narcoterroristas y al ser militares con otra formación, cuando haya un tiroteo, no se detendrán mucho en pensar en los DD.HH. No lo harán adrede, sino que es un reflejo instintivo en un guerrero.

Los militares actuales aprendieron la lección del pasado y aunque existan leyes que les permitan actuar en tareas policiales, harán todo lo posible para no involucrarse. No sea que, con algún cambio de gobierno, 10 años después sean juzgados por cumplir “órdenes ilegales” y es un secreto a voces que piensan así.

Seguramente tarde o temprano habrá una escalada contra el narco-terrorismo y el apoyo logístico que tienen como misión pasará a otro nivel. Necesariamente habrán operaciones conjuntas que deberían ser bajo un mando único, pero por doctrinas distintas vendrían roces con las FFSS y todo se complicaría.

Variante importante

Tal vez lo más necesario, es que unidades de ingenieros del Ejército destruyan pasos no habilitados de la frontera por donde ingresan el narcotráfico y extranjeros indeseables.

En los casi 9.700 km de límite terrestre, se calcula que deben existir unos 840 pasos clandestinos, que son sendas casi invisibles, que por la complejidad topográfica no pueden ser controlados eficazmente. Algunos como los que hay en la cordillera de los Andes, eran usados por habitantes ancestrales, y ni siquiera figuran en las cartas topográficas y de su existencia sólo unos pocos pueden dar testimonio. Es decir, del total tal vez un 10% no se sabría su ubicación con certeza. En la Argentina habría unas 1.500 pistas clandestinas donde aterrizan aviones con drogas y por año son detectados 400 vuelos narcos que no pueden ser interceptados. En Colombia con explosivos y topadoras esas pistas son destruidas y aquí habría una nueva misión de apoyo para el Ejército. Necesariamente para ello se necesita una ley que contemple lo expresado.

Riesgo operacional

La frontera con otro país no es lo mismo que el límite entre dos provincias y no se necesita mucho esfuerzo para crear un problema internacional. Por razones de buena vecindad entre países, ni siquiera fracciones menores del Ejército tendrían que estar en las fronteras: no es lo mismo que un soldado en un tiroteo fortuito mate a un contrabandista que que lo haga un gendarme; la repercusión diplomática en el primer caso será muy distinta.

Leyes adecuadas, inteligencia, presupuesto y capacitación

Independientemente del cambio jurídico, para la lucha contra el narcotráfico las FF.AA., necesitarán:

    • una capacitación concreta de aquellos efectivos seleccionados para ser empleados,
    • equipamiento adecuado • presupuesto suficiente.

Nada de ello sería eficaz si no se dispone también de un componente de inteligencia que sea específico, unificado y permanente para esa misión. Pues para las redes transnacionales del delito las fronteras no son un obstáculo, poseen suficiente capacidad financiera para corromper y si los comandos no están informados la organización de nada valdrá. 

Experiencia en otros países

Ya se mencionó que los EE.UU. no tienen tropas afectadas contra el narcotráfico. En Argentina en una situación excepcional en forma muy restringida con grupos de elite y con una adecuada legislación, podrían participar las FF.AA. Para ello unidades exclusivas deberán capacitarse pues han sido formados para otro tipo de conflictos y su mentalidad es muy diferente. Colombia no emplea masivamente fuerzas militares sin un entrenamiento previo adecuado al combate del narcotráfico, ello fue clave para forzar a las FARC a firmar la paz. El ejército del Perú también se sumó a esa idea con el denominado “Batallón Contraterrorista 312”. Hay otros casos. Es decir, es necesario formar unidades pequeñas altamente especializadas para un combate atípico. Esta podría ser la solución si las fuerzas de seguridad estuvieran en serias dificultades. Pero hay que tener presente que, en casi todos los países, la guerra contra antinarcóticos ha fallado por años y a su vez, ha sido perjudicial para los propios militares. Su inexperiencia en temas policiales eleva la corrupción entre sus miembros. El combate dura años y en ese lapso los militares se agotan y sobrevine la desmoralización entre sus cuadros. La defensa nacional contra otra nación deja de tener vigencia y el país se debilita.

La Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea es un caso distinto porque no puede atacar objetivos narcos en tierra ni derribar aviones furtivos que ingresan de otros países. Es decir, por su actividad no muere nadie. Su misión de apoyo en el “Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional”, tiene un valor inestimable interceptando aviones narcos.

La GNA y la PNA

Siempre fueron la primera línea de protección en zonas limítrofes. Para casos importantes el “Escuadrón Alacrán” y la “Agrupación Albatros”, respectivamente son elementos altamente capacitados para la lucha contra el narcotráfico, pero vemos a estos especialistas custodiando villas de emergencia, alejados por meses de sus familias que dejaron a casi 1.000 km, lo que afecta su moral.

Si llegaran a regresar a la frontera, se moverían felices como el pez en el agua y cumplirían mejor con un elevado espíritu de cuerpo. Siempre ocurrió así.

Conclusión

La seguridad nacional no es de izquierda ni de derecha, si no se sabe diferenciar cuales son los problemas, difícilmente se pueda dar con la justa solución. Cualquiera sea la medida que se elija con aprobación del congreso, demandará al menos 20 años para que se perfeccione. Se necesitará mucho tiempo para ganar una guerra que recién empieza.

Precisamos de una lógica hipótesis de conflicto que imagine futuras complicaciones bélicas y leyes adecuadas para no terminar como México o Colombia.

La Defensa Nacional y la Seguridad, constituyen piezas de un partido de ajedrez político, que no es para amateurs y no hay que equivocarse al mover las fichas.

Documento Episcopal Argentina referido al narcotráfico. 8 noviembre 2013.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”

 

Artículo publicado originariamente por la Revista Tiempo GNA 77.

¿DEBEN LAS FFAA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO?

Victoria Villarruel*

Foto: SAEEG

Hace poco la ex ministra de seguridad del ex presidente Macri, ante la acuciante situación que se vive en la narco ciudad de Rosario, expresó la idea de empeñar las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich logró su objetivo, manifestó una posible y contundente solución a un problema que día a día se agiganta y cuyas víctimas dilectas son los jóvenes. Esta propuesta adolece de superficialidad y falta de estudio de la legislación vigente.

Empeñar las FFAA en la lucha contra el narco, no es la mera modificación de la ley de Defensa Nacional. En primer lugar, el narcotráfico es un delito federal, y como tal debe ser perseguido por las fuerzas de seguridad y policías federales y la justicia federal. Es decir, si Rosario es una narco ciudad, es evidente que ni la policía local (en este caso la Policía provincial de Santa Fe), ni las fuerzas federales dan adecuada respuesta. Tampoco lo hacen la justicia federal y los políticos que guían a esas fuerzas.

Ese problema no se arregla enviando a las FFAA, que tienen otra misión y no están concebidas ni formadas para reprimir delitos federales. Para esto la Argentina, con la ausencia de austeridad en el gasto público que la caracteriza tiene nada menos que cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y una fuerza militarmente estructurada, la Gendarmería Nacional. Estas fuerzas que precisamente dependieron de Bullrich cuando ejerció como ministra de seguridad de la Nación.

Hace ya algunos años que la ineficacia policial, la corrupción que promueven las bandas narcos, los recursos casi ilimitados de los que estas disponen y la organización militar que alcanzaron algunas, movió a los EE.UU. a impulsar la idea según la cual los países debían empeñar a las FFAA en la batalla contra el narcotráfico. México lo hizo con el ejército y la marina, y Colombia, dada las características propias de las FARC como organización narco militarizada, empeñó fundamentalmente al ejército. Aún hoy hay militares colombianos encarcelados por la guerra contra las FARC y juicios por lesa humanidad que imputan desde soldados a generales.

El Derecho Internacional Humanitario habilita a las FFAA a intervenir en cuestiones internas de los países, únicamente si el grado de violencia alcanza el nivel de un conflicto armado interno, [art.3 común de las Convenciones de Ginebra] en cuyo caso las FFAA y los oponentes, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades para con la población civil inocente, ajena a las hostilidades. Por tanto, los integrantes de las FFAA pueden tirar a matar, siempre y cuando se trate de una situación de combate, porque el oponente, aunque sea civil, al participar de las hostilidades pierde las protecciones de las que es titular. Empero si las condiciones no son propias de un conflicto armado interno, como ocurre en Rosario, esa misma acción es un homicidio, aunque el muerto se trate de un integrante de una banda narco.

Dicho esto, en el hipotético caso en que las FFAA pudieran intervenir, debería existir un marco jurídico adecuado que reconozca la existencia de un conflicto armado interno.

La solución entonces está en formar y capacitar adecuadamente a las fuerzas federales, proveerles el equipamiento necesario, mantener un estricto control de sus actos, así como un adecuado plan de rotación para evitar el exceso de connivencia con el poder de corromper de los narcos, disponer de una adecuada inteligencia criminal, que es diferente a la inteligencia militar, garantizar un apropiado servicio de justicia, eliminar todo tipo de protección política y eventualmente instaurar un programa de recompensas. Deberá también implementarse medidas contra el síndrome de abstinencia de los consumidores y un efectivo programa nacional contra las adicciones, ya que la problemática es de por sí muy compleja y como tal debe abordarse integralmente.

En fin… es más fácil decir que para controlar el narcotráfico hay que enviar a las FFAA, pero sin un marco jurídico adecuado los civiles que dan las órdenes no responden nunca judicialmente, los uniformados terminan presos y con infinidad de causas penales y los narcos alegarán ser las víctimas de las políticas estatales y finalmente cobraran jugosas indemnizaciones pese al daño que le hacen a la sociedad.

Estamos ya en campaña y algunas propuestas buscan al electorado que se hartó de los políticos y que enojados votarán al que represente mejor ese hastío. Pero antes de proponer una medida efectista aunque poco eficiente, creo que debemos reivindicar, recuperar y potenciar el rol fundamental de las FFAA, aumentar el inexistente presupuesto que damos a la Defensa en nuestro país y blindar de un marco legal a quienes mandamos a poner el cuerpo por todos. Fortalecer y capacitar a las fuerzas federales en su rol originario es el primer paso fundamental para combatir un flagelo que asola nuestro país con creciente virulencia. Los instrumentos ya están creados y creo que dotarlos de los recursos necesarios junto con el apoyo legal y político es la respuesta inmediata que espera la población.

 

* Diputada de la Nación por La Libertad Avanza. Abogada. Presidente del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Secretaria General del Partido Demócrata Nacional. Presidente de CELTYV.

El presente artículo puede ser reproducido libremente.