Se suele considerar que el fin de la Guerra Fría se produjo cuando los alemanes derrumbaron el Muro de Berlín en 1989 o con la implosión de la Unión Soviética entre 1991 y 1992. Varios hechos previos fueron llevando hacia ese proceso, entre ellos la fundación del movimiento sindical Solidaridad en Polonia, responsable en buena medida de la crisis del sistema en el bloque socialista, crisis que ya acumulaba serias dificultades económicas. Por ese entonces, la suerte de Polonia estaba atada al destino de la Unión Soviética.
Las reformas iniciadas por Yuri Andropov
Moshe Lewin dice que cuando Yuri Andropov —quien fuera jefe de la KGB entre 1967 y 1982— asumió, en noviembre de 1982, tenía la convicción de que “la brecha entre las necesidades crecientes y medios en constante disminución (incluidos los recursos intelectuales de los dirigentes) no hacía más que agrandarse” tanto en términos económicos como políticos[1]. Según Lewin, Yuri Andropov y Alexis Kosyguin sabían que el sistema estaba enfermo pero se precisaba que los dirigentes se convencieran de ello. Habían heredado una Unión Soviética sometida a un serio estancamiento y superada en casi todos los sectores por los Estados Unidos. También imperaba la corrupción que involucraba a altos dirigentes del Partido Comunista.
Andropov consideraba la necesidad de implementar reformas radicales para reconstruir el sistema y dotarlo de vitalidad. Su intención era restaurar la disciplina en el ámbito laboral y reeducar a las elites. Para ello se formaron comisiones, se realizaron purgas en el aparato del partido, procuró mejorar la situación de las ciencias sociales, acelerar el progreso científico y técnico y que las fábricas trabajasen “sobre la base de un completo autofinanciamiento”.
Entre sus objetivos estaba cambiar la “designación” por una verdadera “elección” dentro de las estructuras partidarias y esto conmocionó a los dirigentes. Andropov, que estaba muy enfermo, no tuvo tiempo para las reformas porque murió en 1984 y su sucesor, Constantin Chernenko, comprometido con el viejo esquema no continuó con ellas. Chernenko gobernó durante trece meses y a su muerte fue elegido Mikahil Gorbachov. Pero la situación en Polonia comenzó a tomar otro rumbo el mismo año en que falleció Alexis Kosyguin, quien debió retirarse de su cargo de Presidente del Consejo de Ministros por cuestiones de salud dos meses antes de su fallecimiento, el 18 de diciembre de 1980.
El movimiento Solidaridad emergió en el contexto de la crisis soviética
Cuando Kruschev abandonó el poder en 1964 lo sucedió el ingeniero Leonid Breznev quien estuvo en su cargo hasta su muerte en 1982. Con respecto a la política exterior favoreció la distensión con Occidente y el desarme nuclear. Paralelamente se desarrolló una expansión del imperio soviético, lo que precisó de un incremento del presupuesto de defensa a partir de 1965, permitiéndole a la URSS alcanzar el rango de potencia global, es decir, de poder desplazar su marina de guerra a cualquier parte del planeta. Ya hacia mediados de la década de 1960 el bloque socialista comenzaba a mostrar algunos obstáculos económicos y debía enfrentar dos grandes problemas a vencer: aumentar el número de productos y mejorar su calidad Eso motivó que se pusieran en práctica algunas reformas[2].
Hacia el final de la era Breznev los gastos militares se incrementaron con motivo de la ocupación de Afganistán, lo que implicó un mayor deterioro en una economía estancada, generando hacia 1982 que, por primera vez desde la guerra, los ingresos reales de la población dejaran de aumentar y se paralizara el desarrollo. Esta situación también influyó sobre la moral de la población.
Lo que está claro es que en la Unión Soviética hubo informes de la crisis por la que atravesaba el país, los cuales no trascendieron fuera de sus fronteras y por eso es que la implosión en 1991/92 sorprendió al mundo.
A principios de la década del 70, Polonia (siendo primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco – POUP, Edward Gierek, crítico con la fracción más cercana a Moscú del partido en el gobierno) vivía un período de “prosperidad” gracias a que los créditos extranjeros —más precisamente de Occidente— permitieron que las tiendas estuvieran llenas de mercaderías, se crearan nuevas industrias y que el nivel de vida de los polacos subiera, pero el 25 de junio de 1976 se produjo la primera crisis con los motines en Radom y Ursus, una ola de huelgas y manifestaciones callejeras en las que alrededor de 70.000 u 80.000 personas protestaron en, al menos, 90 lugares de trabajo en 24 provincias polacas. En la víspera el primer ministro Piotr Jaroszewicz había anunciado un aumento drástico en los precios de muchos productos alimenticios —incluyendo carne y pescado en un 69%, un 64% en los lácteos, un 150% el arroz y un 90% el azúcar. El primer ministro introdujo el aumento como un proyecto pero la gente sabía que esto no era así y que la consulta pública anunciada era una ficción[3]. De tal modo que la época próspera llegaba a su fin, la deuda externa crecía, se produjo una caída de los ingresos reales de la población, la que además estaba siendo afectada por un desabastecimiento.
Como producto de esta crisis se incrementaron las huelgas y las protestas de los trabajadores y se creó el Comité de Defensa de los Obreros, (KOR) y otras organizaciones opositoras ilegales y la Iglesia comenzaron a tomar cierto protagonismo canalizando las necesidades sociales más acuciantes. Las protestas se multiplicaron hasta llegar a la huelga general cerrando de esta manera el período de Edward Gierek, quien intentó realizar un cambio potenciando el consumo con el lema de “Construyamos la Segunda Polonia”.
En 1980 se produjo una nueva subida de precios que provocó una fuerte reacción de los trabajadores. Fue el momento en que en Gdansk los obreros crearon un Comité de Huelga Interempresarial pero que no fue respondido por la fuerza desde el gobierno como en los casos anteriores. De esta coyuntura emergió una organización sindical independiente: NSZZ Solidarność (“Solidaridad”), encabezada por Lech Wałęsa. Edward Gierek fue obligado a dimitir y reemplazado primero por Stanislaw Kania y luego, a partir del octubre de 1981, por el general Wojciech Jaruzelski. Cabe recordar que en 1978 el Cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, había sido elegido Papa y que en 1979 realizó su viaje-peregrinación a Polonia como Juan Pablo II, lo que insufló un nuevo aliento a los movimientos de oposición, en especial para “Solidaridad”. La visita de Juan Pablo II fue relevante en dos sentidos: en la renovación religiosa y en el reforzamiento de la conciencia ciudadana de los polacos.
“Solidaridad” se transformó rápidamente en un movimiento social que aglutinó a más de nueve millones de miembros, incluyendo un considerable número de afiliados al mismo partido comunista. Este movimiento sindical no tenía un objetivo político revolucionario, gozaba de un amplio apoyo de fuerzas políticas y sindicales de Occidente así como también de la Iglesia polaca y del Vaticano. Como movimiento social transformó la realidad política de Polonia y también provocó que se reflejaran en él otros movimientos de oposición del bloque comunista. En este contexto no habría sido casual que en 1980 le otorgaran el Premio Nobel de literatura a Czeslaw Milosz, un poeta polaco exiliado.
Por su parte la Unión Soviética presionaba para restablecer el orden en Polonia y como resultado de ello asumió el general Wojciech Jaruzelski quien declaró el estado de guerra (13 de diciembre de 1981) e impuso la ley marcial, que estuvo vigente hasta julio de 1983. El ejército utilizó la fuerza para poner fin a las huelgas, lo que provocó la muerte de varios mineros como consecuencia de la represión, mientras que otros activistas fueron encarcelados o tuvieron que emigrar. Sin embargo la crisis económica continuó y la resistencia social fue incrementándose. Juan Pablo II retornó a Polonia en 1983, en 1987 y en 1991 (en dos oportunidades). Durante su pontificado, Juan Pablo II realizó nueve visitas a Polonia, siendo la última en 2002. Cabe destacar que Lech Wałęsa, líder de “Solidaridad”, recibió el Premio Nobel de la Paz.
Pese a las presiones del gobierno, “Solidaridad” continuó con su lucha publicando boletines y hojas informativas con el respaldo de la Iglesia, logrando en 1988 iniciar las conversaciones con el gobierno y con los representantes del POUP. En el invierno de 1989, como resultado de las negociaciones denominadas de la “Mesa Redonda” se firmó un acuerdo que estableció las elecciones a la Cámara de los Diputados y al Senado.
Las elecciones del 4 de junio de 1989 dieron la victoria a “Solidaridad”. Aunque la Dieta eligió al general Jaruzelski como presidente, el 24 de agosto de 1989 asumió como primer ministro Tadeusz Mazowiecki, quien fue jefe del grupo de consejeros del Comité de Huelga en Gdansk en 1980. El 29 de diciembre de 1989 la Dieta cambió la Constitución y el nombre oficial del Estado. La “República Popular de Polonia” comenzó a denominarse “República de Polonia” conocida como la “III República”.
Año 2000. La bandera de la OTAN junto a la de Polonia en la sede del gobierno en Varsovia. Foto: Marcelo Javier de los Reyes.
Algunas reflexiones finales
Los hechos de Polonia son muy significativos porque fueron el inicio del proceso de desintegración del bloque comunista y el fin del orden impuesto en la conferencia de Yalta. Del mismo modo debe tenerse en cuenta que la transición hacia la democracia pudo realizarse en forma pacífica gracias a que en la Unión Soviética se había producido un cambio generacional en la dirigencia, la cual comenzó a trabajar en un programa de reformas que incluían una apertura política y económica hacia el resto del mundo.
Finalmente, debe destacarse que Solidaridad significó verdaderamente una revolución obrera, pues nació de un sindicato, a diferencia de la Revolución Bolchevique que se vistió con el ropaje de los trabajadores.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Referencias
[1] Citado por Marcelo Javier de los Reyes. “De Gorbachov al espacio postsoviético”. Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), 15/03/2010, <http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2010/de_los_reyes_marcelo_javier_de_gorbachov_al_espacio_postsovietico.pdf>. Moshe Lewin. Le siècle soviétique. Paris: Fayard, 2003, 526 p.
[2] Fikriat Tabeev et al. Planificación del socialismo. Barcelona: Oikos-Tau S.A. Ediciones, 1968, 216 p.
El 7 de mayo se cumplieron veinte años desde que Vladimir Putin llegó a la presidencia de Rusia. Considerando que quien ocupó esa función entre 2008 y 2012 fue un hombre colocado allí por el mismo Putin, quien durante esos cuatro años se desempeñó como primer ministro (con poder), pues la Constitución le impedía ejercer un tercer mandato consecutivo, el hombre de San Petersburgo ha estado al frente del poder de manera prácticamente ininterrumpida durante las dos décadas que lleva el siglo.
Poco a poco, Putin se va acercando a la regularidad rusa en materia de tiempo de liderazgo: entre 25 y 35 años. Recordemos que en el siglo XIX solo cinco zares estuvieron al frente de Rusia, y en el siglo XX, tras la Revolución de Octubre, siete secretarios generales del PCUS gobernaron el país hasta su desaparición en 1991.
De acuerdo con las tendencias, es posible que la Constitución sea próximamente reformada y el presidente ruso quede finalmente habilitado para presentarse en las presidenciales de 2024, cuando tendrá 72 años. A partir de entonces dispondrá de muchos años en el poder, aun considerando un escenario en el que pierda las elecciones en 2030, situación que dependerá del mandatario superar o no “el gran reto ruso”. En el caso que Putin gobierne Rusia hasta 2036, habrá sido el líder que más tiempo estuvo al frente de Rusia desde el siglo XVII, cuando se inició la dinastía de zares Romanov, que se acabó en 1917 con la abdicación de Nicolás II.
Hasta hoy, el presidente Putin ha sido un líder al que podemos considerar un reparador estratégico de Rusia. Y decimos hasta hoy, porque si bien la tendencia indica que continuará así en los próximos años, podrían llegar a suceder hechos que pongan al líder ruso en aprietos. Esos hechos implicarían situaciones de naturaleza externa antes que interna (que también podrían suceder); por caso, si ocurriera que la OTAN finalmente se decidiera por realizar una “fuga hacia delante” e integrara a Ucrania y Georgia a su cobertura político-estratégica, ello implicaría la segunda victoria de Occidente sobre Rusia: mientras la primera fue sobre la Unión Soviética, esta otra victoria sería sobre su “Estado-continuador”, la Federación Rusa, y entrañaría una victoria final.
Entonces, Rusia quedaría en la peor de sus pesadillas geopolíticas: un país rodeado, encerrado y sin profundidad estratégica, dos situaciones que protohistóricamente los zares y los mandatarios soviéticos han logrado evitar, pues ello pondría en juego la propia supervivencia del Estado ruso. Salvando diferencias, una situación así sería el equivalente de una derrota soviética en la guerra contra Alemania. Claro que este último escenario habría sido extremo, pues hubiera supuesto la ocupación del país por parte de otro y el descenso de la población soviética a la condición de vasallaje.
Pero en términos de los nuevos conceptos relativos con la guerra, aquella hipótesis, que sin duda entrañaría un riesgo muy alto para la estabilidad internacional, pues en el menos peor de los casos Ucrania perdería la mitad de su territorio, y en el peor se desataría una confrontación militar entre la OTAN y Rusia con consecuencias impredecibles, habilitaría otras medidas que podrían debilitar sensiblemente a Rusia, por ejemplo, negar demandantes de sus bienes mayores: el gas y el petróleo, algo que se pretende hoy.
Ante tal situación, difícilmente Putin podría mantenerse en el poder: casi correría la misma suerte de Gorbachov. Mientras este líder terminó siendo el responsable del fin de la URSS, aquel sería el responsable del fin de las salvaguardas geopolíticas mayores de Rusia.
Pero se trata de una hipótesis. Es difícil que la OTAN llegue a desafiar a tal punto a la Rusia de Putin. Algo así se podría haber hecho Estados Unidos entre 1945 y 1949, cuando el poder de este país era determinante ante una URSS por entonces sin armas atómicas. Nunca volvió a disponer Occidente de una oportunidad así, ni siquiera en los años ochenta cuando la Unión Soviética no estuvo en condiciones de desafiar el ímpetu estratégico-tecnológico de su rival. Sí volvió a disponer en los años noventa, cuando el poder de Rusia sufrió una muy fuerte contracción.
No olvidemos que Rusia hoy puede transitar problemas económicos en parte estructurales y hasta tal vez su política exterior de proyección de poder se encuentra al límite de su sostenimiento; pero continúa siendo una superpotencia nuclear, una superpotencia en armas convencionales, una superpotencia regional, una superpotencia en la ONU y un actor con capacidades sensibles para provocar situaciones de caos, confusión y división, por ejemplo, en Europa, a través de lo que se denomina “guerra híbrida”.
Estas condiciones Rusia no las perdió nunca; ocurre que durante los años noventa, cuando una “Rusia que no era Rusia” se comportó de una extraña manera en el segmento internacional, particularmente en su relación con Estados Unidos, y el frente interno se derrumbó a niveles que no tenían precedentes, Rusia adquirió tal estado de formalidad como actor mayor en las relaciones internacionales, que el propio presidente Clinton sostuvo que las posibilidades que tenía Rusia de influir en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la ley de gravedad.
La llegada de Putin al poder en el 2000 implicó el inicio de una reversión y reparación estratégica que, salvando las diferencias, recuerda a Estados Unidos con la llegada de Ronald Reagan al poder en 1981. Estados Unidos venía de casi dos décadas de reveses internacionales frente a su principal rival, hasta que en 1979, cuando se produjeron en Irán acontecimientos límites (toma de la embajada norteamericana por los seguidores del régimen islámico), la potencia mayor dijo basta.
A partir de allí, Reagan repotenció la estrategia de reparación que comenzó un poco antes el demócrata James Carter, llevando a la URSS de Gorbachov a una situación estratégica comprometida. De todos modos, si bien es cierto que la presión estadounidense fue un factor importante para doblegar a la URSS, la caída de este gigante se debió más a causas internas que a causas externas, principalmente a los tempranos problemas de productividad.
En alguna medida, Putin ha sido a Rusia lo que Reagan ha sido para Estados Unidos: un presidente que ha puesto de pie al país.
Es cierto que contó con hechos notablemente favorables, pues el precio de sus principales productos de exportación se mantuvo muy alto: ello le permitió la reorganización económica del país, la que no hubiera sido posible si antes no lograba la reorganización política del país, es decir, que el poder político en Rusia habitara en los políticos y no en los hombres de poder económico avasallante, que en los noventa manejaron a discreción el país.
Básicamente, la rápida recuperación permitió a Putin desplegar una política exterior activa que combinó cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, pero también enfrentamiento indirecto cuando la OTAN decidió proseguir su marcha hacia el “bajo vientre” ruso: el Cáucaso. La guerra en 2008 fue el recurso o técnica de ganancia de poder que restringió contundentemente aquella marcha de una Alianza que sin duda había subestimado la condición geopolítica de un poder terrestre real y vital.
Posteriormente, cuando la OTAN consideró que esta jugada de Rusia en el tablero no volvería a repetirse, decidió ir por Ucrania, decisión que implicó para este país de Europa oriental la pérdida de Crimea y la militarización en el este de su territorio, en la región del Donbáss. Es decir, Ucrania acabó siendo la víctima de una decisión occidental que nunca reparó, a pesar de las advertencias de realistas estadounidenses de escala, en la experiencia histórico-geopolítica rusa.
A partir de allí Putin solo supo de un respaldo social que llegó a rozar el 80 por ciento (en las elecciones presidenciales de 2018 fue reelegido con casi el 77 por ciento de los votos). Las cuestiones negativas de cuño socioeconómico, que se manifestaban desde un poco antes de 2014, fueron “apartadas” por ese renacimiento estratégico de Rusia, que inteligentemente el mandatario lo acompañó de la necesaria carga histórico-heroica-religiosa, una baza que siempre llega a la poderosa emotividad y ortodoxia del pueblo ruso; un recurso que el propio Stalin utilizó durante la Gran Guerra Patriótica, suspendiendo la ideología marxista-leninista, para dotar de vigor nacional a los soldados que enfrentaban al invasor alemán.
Es importante destacar que esa baza, que hace de Putin un líder con rasgos más tradicionales que soviéticos, lleva en paralelo una reprobación a Occidente, en el sentido de territorio donde se ha ido afirmando un patrón de entrega a una vida “plena” de consumo e individualismo y cada vez más débil de culto y moral.
Hacia fines de la segunda década del siglo, los reflejos de los años de pujanza económica rusa quedaron atrás y el bajo crecimiento económico comenzaron a afectar la figura de Putin, quien, a pesar de ello y a una legislación muy resistida que elevó la edad jubilatoria de los trabajadores, mantuvo el respaldo social por encima del 55 por ciento.
La intervención en Siria significó que la política exterior había ingresado en un ciclo post-activo, esto es, Rusia se proyectaba más allá de sus zonas adyacentes y lograba ganancias. Pero también ello implicaba un preocupante principio de sobrecarga en los compromisos internacionales de Moscú.
En un trabajo publicado en la revista “Foreign Affairs” en 2018, el especialista Chris Miller describió que el “modelo Putinomics” había comenzado a sufrir un desbalance: de los tres componentes de dicho “modelo”, control político, estabilidad social y eficiencia y ganancias, el último se encontraba cada vez más afectado, pues la capacidad para financiar aquellos segmentos que no formaban parte del segmento estratégico-militar, esto es, salud, educación, consumo, etc., afrontaba crecientes problemas.
En buena medida, reflotaron en la Rusia de Putin aquellas cuestiones que en tiempos de la Unión Soviética terminaron por erosionar la economía: la primacía de una economía de los asuntos militares, según el “modelo Brezhnev”, hizo imposible que la potencia preeminente pudiera competir con su rival e incluso sostenerse a sí misma.
Por ello, el desafío mayor de Putin en los años venideros es evitar que Rusia siga ese camino. Si no lo logra, el mandatario quedará en la historia como “el nuevo zar”, como lo denomina Steven Lee Myers en una interesante biografía, que sacó a los rusos de los terribles años noventa y como el reparador estratégico frente a Occidente, sin duda, pero no como el mandatario que condujo a Rusia a un estatus de actor preeminente cabal, es decir, un país con un papel creciente en todos los segmentos de poder internacional, esto es, el estratégico-militar, por supuesto, pero también el comercial, el tecnológico, el energético, el sanitario, el cultural, el de alianzas estratégicas, etc.
Modernización del propio complejo de las materias primas, que representan un importante porcentaje de los ingresos, y modernización de la economía, es decir, diversificación de la producción, son los retos que necesariamente debe acometer Putin.
Los otros componentes del “modelo Putinomics”, el control político y la estabilidad social, no parecen estar en liza por ahora, sobre todo desde la reciente aprobación de una legislación aprobada por la Duma Estatal que penaliza a personas que cometieron delitos (incluso leves), las que quedan privadas de participar en eventos electorales durante un lapso de cinco años. De este modo, queda obstaculizada la denominada “oposición no deseada”.
En breve, el reto del mandatario será lograr un equilibrio entre compromisos externos y proyección de poder, y transformación interna con mejora del nivel de vida de los rusos (muy deteriorado en los últimos años).
No será fácil, sobre todo considerando las tremendas secuelas que causa y dejará la pandemia del Covid-19 hacia dentro y a nivel internacional. Pero Putin, a pesar de las adversidades, ha logrado hasta hoy ser el mandatario que Rusia necesita. Ha demostrado que ejerce el poder con condiciones de estadista. Le resta demostrar, por sobre todo a sus compatriotas, pues afuera ya lo saben, que es un estadista indubitable. Aparte, una Rusia fuerte hacia dentro será clave para que Rusia sea uno de los polos de poder real en la aún lejana configuración del mundo del siglo XXI.
* Doctor en Relaciones Internacionales. Su último libro se titula “Un mundo extraviado. Apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional contemporáneo”, Editorial Almaluz, 2019.
En 2010 la empresa estatal China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) estableció contacto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina con la intención de examinar la posibilidad de emplazar una estación de apoyo para las misiones chinas de exploración espacial en nuestro país. El acuerdo inicial se concretó y el lugar elegido por los chinos fue Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.
A través de un documento de fecha 21 de diciembre de 2011, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería Argentina, entonces a cargo del ministro Alberto Dojas, elevó las actuaciones del proyecto de acuerdo redactado en castellano, inglés y chino, acerca de la instalación de la estación espacial china a partir del envío, en mayo de 2010, de una misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China. La misión analizó ocho sitios en las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque también tenían en consideración su establecimiento en Chile. Cinco de esos ocho sitios seleccionados por CLTC se encontraban en Neuquén.
Imagen1. Misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China.
Los organismos especializados de ambos países firmaron el “Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en la Provincia del Neuquén, Argentina.
En el marco del “Programa Nacional de Exploración de la Luna y Marte” el gobierno de China firmó un convenio con su par de la República Argentina en el que se acordó la construcción de la primera estación interplanetaria, la cual está siendo emplazada en la localidad de Quintuco, ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, a 7 kilómetros de la Ruta Nacional 40 camino a Chos Malal ─más precisamente entre las localidades de Las Lajas y Chos Malal─ y a 285 kilómetros de Neuquén capital.
Para la CONAE se trata de la “fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncupué”.
El “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” considera las disposiciones del “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China son parte, entre otros acuerdos previos. Este tratado fue aprobado a través de la Ley 17.989 del 4 de diciembre de 1968[1].
Imagen 2. Lugar de emplazamiento
En las consideraciones de este acuerdo se expresa que “el Gobierno de China ha identificado que el territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el que reúne las condiciones más favorables para alojar una estación de espacio lejano, en América del Sur”.
Mediante el mencionado tratado la Argentina ha facilitado la instalación en su territorio de una estación que integrará la red de Telemetría, Seguimiento y Comando de China. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina “se beneficiará con el acceso a un mínimo del diez (10) por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios”.
A los efectos de sentar las bases mínimas del proyecto se firmaron dos instrumentos:
El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CTLC) y la CONAE para establecer las condiciones que rigen la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén, firmado el 20 de julio de 2012, y sus anexos.
El Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la CLTC, la CONAE y la Provincia del Neuquén para establecer las condiciones que rigen la implantación de las mencionadas instalaciones, incluida una antena para investigación del espacio lejano en Neuquén, firmado el 28 de diciembre de 2012 y sus anexos.
Un tercer documento es el acuerdo marco, celebrado el 23 de abril de 2014, entre ambos países, que fue ratificado por el Congreso Nacional a fines de febrero de 2015 y publicado en el Boletín Oficial a comienzos de marzo de 2015. El mismo estipula:
que las instalaciones serán construidas y operadas por China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de Exploración del Espacio Lejano;
que todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el Gobierno de China destinadas a la instalación, así como las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en Argentina gozarán de desgravaciones impositivas (estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos e impuestos nacionales al consumo, I.V.A. incluido.
que el gobierno de China llevará a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de la Argentina, de la Provincia de Neuquén y las disposiciones previstas en los acuerdos de Cooperación Interinstitucional, firmados oportunamente;
por su parte, “el Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente acuerdo de Cooperación”;
con respecto a las cuestiones migratorias, “el Gobierno argentino facilitará la tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en las categorías correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente”:
el acuerdo también contempla el régimen laboral;
en el art. 6º que se titula “Indemnidad”, se estipula que “el Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China mantendrá indemne a Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros, como consecuencia de tales actos u omisiones”;
la solución de las controversias se hará “a través de los canales diplomáticos correspondientes”;
el acuerdo tendrá una vigencia de 50 años pero podría ser extendido mediante negociaciones entre las partes. Para ello, la parte que desee extender el acuerdo deberá notificar a la otra parte con una antelación de, al menos, 3 años previos al vencimiento del mismo. Asimismo, cada una de las partes podrá poner fin al acuerdo “con justa causa, debidamente acreditada”, para lo cual la parte peticionante deberá notificar a la otra parte con al menos 5 años de antelación.
Cabe agregar aquí que por ese entonces la CONAE funcionaba en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del Ingeniero Julio De Vido.
En los planes se preveía que la estación espacial estaría terminada y operativa en 2016.
Especificaciones
La estación de referencia sería la tercera de una red y la primera fuera de territorio de la República Popular de China, sobre un predio de 200 hectáreas cedido en comodato por la Provincia del Neuquén (ver imagen 3).
Imagen 3
La construcción de la base contemplaba una antena de 110 toneladas y 35 metros de diámetro para exploración del espacio profundo (telemetría y tecnología para “seguimientos terrestres, comando y adquisición de datos”), la que se halla en una etapa final de obra, ya que se prevé la inauguración de la misma en los primeros meses de 2017. La antena está destinada al seguimiento de las naves espaciales que China enviará a la Luna y a Marte. Además se preveía la construcción de cuatro edificios. La inversión se ha estimado en US$ 300 millones.
Preocupación en países occidentales
La instalación de esta estación espacial generó, oportunamente, cierta inquietud en los gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea (UE), los cuales se manifestaron en forma reservada.
En febrero de 2015 los responsables del área de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habrían transmitido ese sentimiento a oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Varios diplomáticos europeos habrían hecho lo propio ante la Cancillería Argentina y ante funcionarios del gobierno anterior. Diplomáticos y miembros de la comunidad de inteligencia estaban interesados en conocer los pormenores del acuerdo para saber si el uso de la estación tendría un “uso dual”, es decir civil y militar.
Cuando, oportunamente, se les respondió a los representantes europeos que la UE tenía una estación espacial en Mendoza, marcaron la diferencia de que la europea es manejada por civiles, mientras que la china estará dependiendo del ChinaSatellite Launch and Tracking Control General (CLTC), organismo que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China, cuyo director es el General Zhang Youxia, quien también es director del Science and Technology Committee (STC), responsable de la innovación tecnológica de armamentos, que participa en el programa de modernización de misiles de corto alcance hasta los ICBM (intercontinentales), incluso de aquellos con capacidad para transportar ojivas nucleares.
La preocupación se agravó ante la difusión de que habría dos anexos secretos que sólo obrarían en poder de la CLTC de China y de la CONAE de Argentina. Por su parte el Embajador de China en Argentina, Yang Wanming, siempre negó que la estación espacial vaya a tener un propósito militar.
El Secretario General de la CONAE, Félix Menicocci, oportunamente desmintió que la base tuviese un uso militar en el futuro y afirmó que los objetivos de la estación espacial son “totalmente civiles y no será operada por personal militar”. El funcionario también desmintió la existencia de esos dos anexos secretos[2].
Antecedentes
La instalación de la estación espacial china en territorio argentino cuenta con, al menos, dos antecedentes:
Torre Omega: formó parte del sistema de navegación OMEGA —Omega Navigation System—, destinado a la navegación de muy largo alcance, operando con frecuencias de 10,2, 11,33 y 13,6 KHz. El sistema estaba integrado por ocho estaciones (designadas con las letras A hasta la H) y fue desplegado por la Marina de los Estados Unidos con fines militares. Era un sistema de radiotransmisión global diseñado para localizar la posición de cualquiera de sus barcos o aeronaves a lo largo y a lo ancho del planeta. Su desarrollo fue aprobado en 1968 con tan solo ocho transmisores que operaban con una muy baja frecuencia de cuatro tonos únicos que se repetían cada diez segundos. Cada antena distribuida estratégicamente en distintas partes del mundo, cubría un espacio aproximado de 5.000 kilómetros a la redonda y funcionaba mediante la triangulación de tres posiciones de tres antenas. La estación F fue instalada en Trelew, provincia de Chubut (coordenadas 43º03’13”S 65º11’27”O). El Comando en Jefe de la Armada Argentina, a través de la Dirección General del Material Naval, llamó a licitación pública para la construcción de la Torre Omega en 1973, apareciendo en el Boletín Oficial el 12 de abril de 1973. La torre tenía una altura de 366 metros (más alta que la torre Eiffel) y habría servido para el desplazamiento de los SSBN (submarinos de lanzamiento de misiles balísiticos intercontinentales). La aparición del GPS —Global Positioning System— reemplazó al sistema OMEGA y las torres fueron desactivadas en 1997. La F fue dinamitada el 23 de junio de 1998.
Estación Espacial de la UE: en diciembre de 2012, mediante una videoconferencia, la entonces presidente Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner inauguró la instalación espacial que alberga la antena para el estudio del espacio profundo, denominada “DSA3 Malargüe”. Con este emplazamiento fue completada la red de monitoreo de la Agencia Espacial Europa (ESA) con una inversión de € 45 millones. Las otras dos antenas se encuentran en New Norcia, en Australia, y en Cebreros, en España, finalizadas en 2002 y 2005, respectivamente. El acuerdo para su construcción y explotación fue firmado el 16 de noviembre de 2009 por un período de 50 años y establece que la Argentina brindará sus instalaciones y servicios a cambio de un 10% del tiempo de antena para los proyectos científicos argentinos en el espacio. La antena se encuentra ubicada a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, frente al volcán Malacara, a la vera de la ruta 182. Fue elegida por reunir las mejores condiciones de ubicación por su visibilidad y potencial de propagación de radio. Sus primeras señales de prueba fueron recibidas el 14 de junio de 2012, cuando la sonda Mars Express transmitió datos desde Marte. La DSA3 fue crucial para la misión Rosetta, el aterrizaje del robot Philae en un cometa. Tiene una antena de 35 metros de diámetro.
Algunas cuestiones destacables en torno a la estación espacial
La construcción de la estación espacial fue iniciada antes de que fuera aprobada por el Congreso de la Nación.
El 9 de septiembre de 2014, cuando la obra estaba en los comienzos de su construcción, Jorge Sapag, entonces gobernador de Neuquén, y el Secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffitte, recibieron la visita de una delegación de funcionarios chinos encargados de monitorear los avances de las obras de la antena de comunicaciones aeroespacial y coordinar la importación de los equipos que se instalarían en la base espacial[3].
En esa oportunidad, el gobernador Sapag expresó que se trataba “‘sencillamente de un sistema de comunicación a distancia remota con fines pacíficos y científicos, con el fin de colaborar con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)’[4]. Una obra similar a la que construyó la Agencia Espacial Europea, también en convenio con la CONAE, en la zona de Malargüe, inaugurada a fines de 2012”. Sapag agregó que “vincular estas obras con fines militares es antojadizo y tendencioso, desconociendo lo que significa la tecnología de comunicaciones y a quienes tienen dudas sobre estos temas los invitamos a conocer las obras de Malargüe y las que se están construyendo en nuestra Provincia”[5].
En la versión taquigráfica de la Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, 27ª Sesión Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2014, puede apreciarse que en “Otros Asuntos” ─páginas 4715 y 4716─ figura “Beneficio impositivo para la empresa China Launch and Tracking Control General”.
Imagen 4. Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén
La versión publicada de la sesión de referencia dice que el Legislador Raúl Juan Dobrusin (Instrumento Electoral por la Unidad Popular, UPie) se refiere a que se enteró por el diario Río Negro del 4 de noviembre de 2016, “hoja quince”, del “Beneficio impositivo para los chinos”. El Legislador dice textualmente: “Esta es una vieja historia, parece ser, un convenio que todavía no está aprobado en Nación, sigue en el Congreso Nacional discutiéndose entre CONAE y la empresa estatal que se llama China Launch and Tracking Control General, un convenio que no hemos votado acá en esta Legislatura, cesión de tierras, la gente puede entrar sin necesidad de tener los papeles a cargo”. Agrega, “Nosotros, el convenio entre Neuquén, la CONAE, y esta empresa china, no lo hemos visto”. El Legislador hace mención al artículo 238 del Código Fiscal y añade que está siendo mal utilizado ya “que sólo lo puede hacer el Ejecutivo (la eximición) en caso de emergencia económica”.
La versión de la Sesión Ordinaria dice que el proyecto de la estación espacial “quedó eximido del impuesto a los Sellos mediante un decreto del gobierno provincial”. Agrega que “la norma, que lleva el número 2336/14, fue firmada hace poco más de dos semanas por el gobernador Jorge Sapag y refrendada por los ministros de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza”.
En la misma versión de la Reunión 29 de la Legislatura provincial, bajo el título “Alusión a la empresa china”, la Legisladora Beatriz Isabel Kreitman (Coalición Cívica-ARI) dice que por un pedido de su bloque asistió a la Comisión el Ingeniero Laffitte ─mencionado ut supra─ pero que de ningún modo vieron el convenio. Según la Legisladora, el Ingeniero Laffitte se comprometió a llevar el convenio, no bien lo tuviera, para presentarlo ante la Comisión o la Legislatura pero eso no ocurrió. Añade a lo mencionado por su colega respecto de los beneficios obtenidos por la empresa, que el terreno cedido “tenía un poblador de allí, que generó mucho conflicto, en el cual también hicimos un pedido de informe, hablamos con los pobladores, finalmente, intervino la Dirección de Tierras y no sé cómo habrá terminado el acuerdo, pero esa tierra se le quitó a un poblador”.
Imagen 5.
En este punto cabe destacar que existe una nota de fecha 16 de mayo de 2011, firmada por el Ingeniero Adolfo Luis Italiano ─quien fuera hasta 2003 interventor de la CNC─, Director Provincial de Planificación y Desarrollo de TICs, Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang” (imagen 6), a quien le informa que:
“Uno de los sitios preseleccionados, cercano a la ciudad de Zapala, que dio buenos resultados iniciales, tuvo una fuerte reacción por parte de los pobladores cercanos al mismo, pertenecientes a la Comunidad Gramajo de pueblos originarios,
La manifiesta oposición de los pobladores vecinos, expresada en una serie de reuniones con ellos mantenidas, ha obligado a suspender las evaluaciones del sitio y terminar con los estudios pertinentes, de manera anticipada”.
Imagen 6. Nota del Ingeniero Adolfo Luis Italiano dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang”.
En el punto tercero del tercer artículo del Acuerdo de Cooperación entre ambos gobiernos, el texto dice:
“El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que puedan interferir con las actividades de China, se compromete a informar a ésta con la debida anticipación, así como a explorar soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas”.
Tal redacción parecería reconocer una autoridad extraterritorial extranjera que asumiría atribuciones de autoridad y control sobre territorio soberano de la República Argentina, situación que debería considerarse inadmisible.
En el “Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” entre el CLTC y la CONAE debe destacarse el artículo 15 que en sus dos primeros incisos expresa que “las partes se consultarán mutuamente sobre cuestiones que surjan de la interpretación, aplicación o ejecución” del Acuerdo. En caso de que las autoridades de CLTC o de la CONAE no puedan dirimirlas “se constituirá un comité de arbitraje compuesto por un representante de cada una de las partes, más un tercero designado de mutuo acuerdo”. El punto tercero del mencionado artículo manifiesta que las partes “afrontarán proporcionalmente los gastos que demande dicha designación”, así como que “dicho arbitraje tendrá lugar en Beijing, China, si CONAE fuera la Parte que somete la disputa a arbitraje, y en Buenos Aires, Argentina, si CLTC fuera la que somete la disputa a arbitraje”.
Por su parte la Provincia del Neuquén asume los compromisos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura que permita el funcionamiento de la estación china. A esos efectos autorizó la construcción de una “Torre de Calibración” a 11,5 kilómetros de la estación, en un predio de 10 metros cuadrados; se comprometió a realizar las inversiones necesarias para ampliar la planta transformadora del Ente Nacional Provincial de Energía sita en Las Lajas, dado que la estación requiere de un total de 1.500 KW. Del mismo modo, se comprometió a facilitar un cable de fibra óptica con una banda inicial de 40 Mbits/s y a mantener en buen estado, de forma permanente, la Ruta Provincial Nº 31 que vincula la Ruta Nacional 40 con la estación espacial. Todas estas erogaciones estarán a cargo del Neuquén.
Respecto del uso militar de la estación
En el mes de junio de 2015 salió a la luz una nueva preocupación respecto de que la estación espacial china pudiera tener un uso militar a partir de un documento que, el 26 de mayo de 2016, emitió la Oficina de Información del Consejo de Estado de China referido a la estrategia militar de ese país. El informe de seis capítulos expresa que “la fuerza aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa aérea del territorio tanto en defensa como en ataque” y manifiesta el objetivo de “construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo integral” para la defensa. En ningún momento el informe hace referencia a la estación de Neuquén pero esas líneas habrían llamado la atención de legisladores (Mario Negri de la UCR, Sebastián Velesquén del Frente Renovador, entre otros) y de miembros de las Fuerzas Armadas de la Argentina[6].
El documento sostiene que “el espacio exterior se ha convertido como dominante en la competencia estratégica internacional” y agrega que “los países afectados están desarrollando sus fuerzas e instrumentos espaciales y han aparecido los primeros síntomas de militarización del espacio ultraterrestre. El texto afirma que China “se mantendrá al tanto de la dinámica del espacio exterior, frente a las amenazas de seguridad y los desafíos en ese dominio para asegurar sus activos espaciales y servir a su desarrollo económico y social del país para mantener la seguridad en el espacio ultraterrestre”.
La mención del “espacio exterior” ha encendido la alarma en quienes vinculan a la estación espacial de Neuquén con un propósito militar. Se sabe que China percibe al “espacio aéreo” como una amenaza así como que también ha llevado a cabo un gran esfuerzo en la guerra cibernética. Oportunamente, el jefe de bloque de diputados del actual partido gobernante (PRO), Federico Pinedo, presentó un proyecto de declaración que exigía al gobierno que antes de la habilitación y posesión de la planta “negocie un anexo al acuerdo de la estación espacial con China en donde conste la prohibición de uso de las instalaciones para cualquier aplicación de tipo militar, bajo pena de rescisión automática” del convenio.
Otro elemento que habría dado lugar a la sospecha de la existencia de “cláusulas secretas” en el presente acuerdo es un documento firmado por la Embajadora Susana Ruíz Cerruti, quien estaba a cargo de la Dirección General de Consejería Legal (DICOL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese documento, escrito a comienzos de 2013, la diplomática hace referencia a párrafos que no aparecen en el acuerdo del 23 de abril de 2014, puntualmente en lo que se refiere al otorgamiento a la “República Popular de China, a la oficina General de Control de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites China (CLTC), a sus autoridades y a sus empleados en la construcción y operación de la misma, una serie de privilegios, derechos, facultades, exenciones y garantías de gran amplitud”.
Imagen 7.Consideraciones de la Embajadora Susana Ruíz Cerruti sobre el acuerdo que se evaluaba con CLTC.
En otra parte del dictamen de la Embajadora Ruiz Cerruti se citan artículos y párrafos que no coinciden con el acuerdo de referencia. Por ejemplo el artículo 1º, párrafo 1, en donde se establecerían las exenciones impositivas; el párrafo 2 del mismo artículo en el que se facilitaría “la disponibilidad de la tierra por parte de la Provincia del Neuquén, mediante un comodato de uso durante un período de 50 años, así como carreteras, líneas de comunicación, energía eléctrica y suministro de agua”. Tampoco el artículo 3º, párrafo 2, en donde se menciona que se requiere una consulta previa a CLTC en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que pudieran interferir con sus actividades”.
Imagen 8.
Asimismo se hace referencia al artículo 5º, párrafo 1, incisos (1), (2) y (3) “por los que se establecen exenciones impositivas y se requiere la aprobación de China para expropiar o embargar equipamiento e instalaciones de la estación de espacio lejano”. El dictamen cita el artículo 5º, párrafo 2, inciso (3): “se otorgará a los empleados del CLTC exención judicial por expresiones escritas y orales en su trabajo para la estación de espacio lejano”, como así también el artículo 7º “que establece que ‘[l]a Argentina permitirá la importación libre de impuestos para artículos de subsistencia de empleados de CLTC al territorio argentino de conformidad con la legislación argentina”.
Imagen 9.
De la confrontación del texto del dictamen con el del acuerdo es que se deduce que esos artículos pudieron haber sido eliminados o bien que el dictamen está haciendo referencia a otro acuerdo, que no es al que se ha podido acceder.
Otro punto a observar es cuando la Embajadora Ruiz Cerruti hace mención al artículo 2 en el que se indica que “Cada parte designa a sus respectivas Autoridades Ejecutivas, estableciéndose que ellas firmarán un convenio de implementación por separado para la construcción, operación y gestión de la estación del espacio lejano”, texto que parecería formar parte de acuerdos que no se han hecho públicos.
Imagen 10.
Es necesario destacar que en septiembre de 2014 el ex vicecanciller, embajador Roberto García Moritán manifestó que la construcción de una estación de monitoreo en la Argentina tiene “cierta complejidad geoestratégica”. Agregó que:
“Por las características técnicas de la antena de recepción y los instrumentos operativos, (el observatorio espacial) tendría otros eventuales alcances que le permitiría un uso dual, civil y militar”[7].
Luego remarcó:
“La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes», fundamentó el diplomático. «Estas circunstancias, entre otras, pondrían a la Argentina en teoría en un complejo mapa de riesgos hipotéticos”[8].
Del mismo modo consideró que “no se trata de temas menores ya que la presencia de una estación estratégica de estas características, por sus efectos, hace a la defensa nacional e incluso a orientaciones de política exterior”.
Por su parte, el Senador (UCR) Juan Carlos Marino denunció que en el convenio queda en evidencia que “la Argentina perderá soberanía con China” toda vez que “el personal estará bajo las leyes de ese país y el lugar que ocupe la estación en Neuquén quedará bajo control del gobierno chino”[9]. También expresó sus inquietudes el senador de UNEN Fernando «Pino» Solanas, quien señaló que «hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre algo tan sensible como entregar cientos de hectáreas de una provincia limítrofe con otro Estado, a un tercer Estado por medio siglo para actividades en las que la Argentina se beneficiará de forma ínfima»[10].
El 7 de septiembre de 2014 el Diputado Nacional Alberto Asseff presentó un pedido de informes al Ejecutivo haciendo alusión a “la letra chica” del Acuerdo o a los anexos reservados, para lo cual también se basó en los dichos de los Senadores Marino, Solanas y en las expresiones del Embajador García Moritán.
En febrero de 2015, en un texto publicado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), titulado “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”, Gustavo Lahoud y Claudio Lozano formulan serias críticas a los acuerdos que posibilitaron la construcción de la estación espacial china[11].
Cuestiones laborales y demoras en las obras
Durante las obras se han presentado numerosos conflictos laborales lo que produjo una demora en las mismas debido a que los chinos no contemplan que las jornadas laborales sean de 8 horas, tampoco el descanso de fin de semana.
En febrero de 2015, trabajadores neuquinos frenaron la obra en reclamo de mejores condiciones laborales y solicitaron que se contrate personal local. Asimismo denunciaron amenazas del sindicato UOCRA para que levanten la huelga[12]. Los trabajadores habían tomado el predio de Bajada del Agrio, en Quintuco, y dejaron de realizar tareas hasta que la empresa constructora a cargo de la obra, Esuco S.A —subcontratada por la compañia estatal China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC)—, resolviese las demandas del personal.
Hacia junio de 2015 la conflictividad laboral se había incrementado debido a que la contratista de la obra despidió a unos 100 trabajadores en dos meses[13]. En esa ocasión la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no dejó entrar a los trabajadores. Según la firma, los 43 despidos en mayo de ese año obedecieron a problemas de comportamiento y ausentismo y los otros 54 restantes, en junio, porque su labor ya no es necesaria debido al avance de la obra. Según los operarios, restaba el 60% de la obra para terminar por lo que no consideran que el personal no fuera necesario.
Para ese entonces la obra, que debería estar finalizada en 2016, se encontraba al 40% de su ejecución. Debido a los conflictos gremiales, no se concluirá durante el año en curso sino recién en 2017.
Según información que no se ha podido corroborar, en la obra se encuentran trabajando afiliados del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción), sindicato opuesto a la UOCRA (también a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y cuyo Secretario General es Víctor Grosi.
Se difundió información acerca de la construcción de una nueva base china en San Juan
Algunos medios han reproducido una información difundida por Perfil acerca de que existiría un proyecto para la construcción de una nueva base espacial china en la provincia de San Juan.
Este proyecto habría sido mantenido hasta el presente en estricta reserva y se sabe que es gestionado por un área militar del gobierno chino. Debido a que la tecnología utilizada en la base china para el control de operaciones espaciales podría permitir un “uso dual”, el gobierno argentino estaría preocupado por su aplicación. Tal tecnología podría ser utilizada para monitorear la llegada del primer astronauta chino a la Luna así como también para controlar el curso de misiles balísticos intercontinentales nucleares chinos o de un tercer país[14].
En julio de 2016 se informó que mientras la provincia de San Juan sigue esperando la no objeción de Susana Malcorra, había circulado la versión de que si se sigue dilatando la autorización nacional para instalar el radiotelescopio chino en Calingasta, podría cambiarse su emplazamiento y ser instalado en las cercanías del Observatorio Cerro Tololo, en Chile, zona que reúne las mismas condiciones geográficas que El Leoncito.
En el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan habría preocupación al respecto ya que este proyecto se remonta al 2004, año en el que el entonces rector, Benjamín Kuchen, firmó el convenio con la Academia Nacional de Ciencias de China y, seguidamente, el gobierno de la provincia sumó su adhesión.
El radiotelescopio del denominado del proyecto CART (Chinese-Argentine Radio-Telescope) es similar a una antena parabólica, tiene un diámetro cercano a los 40 metros y una vez instalado entre el Casleo y el Observatorio Félix Aguilar sería visible desde varios kilómetros a la redonda. Según se informó, el presupuesto está íntegramente a cargo de China, incluso el desembolso inicial de US$ 1,5 millón para la base de hormigón con sus respectivas adecuaciones de infraestructura que frenó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.
La comunidad académica está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida una “no objeción” al proyecto del radiotelescopio. Ese documento permitirá destrabar el proceso.
Cabe agregar que la Canciller Susana Malcorra viajó a China en mayo de 2016 con el objetivo de preparar el viaje del Presidente Mauricio Macri a ese país, para ultimar los detalles de su participación en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en septiembre.
Por su parte, ha trascendido que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, Lino Barañao, se ha desentendido del tema del radiotelescopio, situación que es percibida en San Juan como una “reorientación” política del ex Ministro de Cristina Fernández de Kirchner, como miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri.
Ante estas indefiniciones, los chinos estarían en tratativas con el Observatorio Cerro Tololo de Chile.
Imagen 11.Ubicación del Observatorio Astronómico El Leoncito, en la provincia de San Juan, Argentina, y del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile.
Imagen 12. Valle del Elqui. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, Chile.
Los tratados con China
Ante la situación generada por esta información, la canciller Susana Malcorra habría solicitado la asistencia a otros organismos del gobierno. El gobierno de Macri desea rever los tratados bilaterales firmados por el gobierno precedente y durante la primera reunión que el propio presidente mantuvo con su par chino, Xi Jinping, se comprometieron a trabajar para confirmar esos acuerdos.
La Argentina y China han celebrado otros tratados de cooperación además de los referidos a las mencionadas bases:
Centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Estarán localizadas en el cauce del río Santa Cruz y hasta 2010 se las denominaba “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron rebautizadas con los nombres de los que fueran los gobernadores de Santa Cruz. El 18 de julio de 2014 se firmó el contrato de financiamiento de las mismas por US$ 4.714 millones de dólares, que estaría a cargo de los bancos chinos Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited. Desde el punto de vista ecológico, estas centrales son el objetivo de serias críticas. En el Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más antigua organización ambiental del mundo, en los primeros días de septiembre de 2016, en Hawaii, fue presentada una moción para que se suspendan estas obras hidroeléctricas hasta tanto se garantice que no afectará a las poblaciones de macá tobiano, un ave que se encuentra en estado crítico de extinción y que fue descubierta en 1974. Se encuentra en la lista roja de la UICN. La moción pide que se realicen estudios de impacto ambiental ya que esta ave pasa todos los inviernos en la desembocadura del río Santa Cruz, donde se zambulle para buscar su alimento, que se verá alterado con las obras.
Energía nuclear. En noviembre de 2015 se firmaron los acuerdos destinados a la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, una inversión total de US$ 14.000 millones de los que China aportará el 85% del financiamiento. Los contratos fueron firmados en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrolló en Antalya, Turquía. En su visita a China, en SET16, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mantuvo una reunión con representantes de la empresa China National Nuclear Corporation CNNC), con la que fueron suscritos acuerdos para la construcción de las dos centrales nucleares.
Proyectos en energía eólica y solar. A desarrollarse en Jujuy, La Rioja, San Juan.
Proyecto de acueducto. En Entre Ríos.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también firmó acuerdos en materia de Defensa. El entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi consideró a China “socio estratégico” y destacó un acuerdo con Norinco, empresa que fabrica los blindados, para la compra y transferencia de tecnología con el proyecto de instalar una planta en la Argentina. Cabe recordar que el 18 de julio de 2014 ambos gobiernos elevaron la relación a la categoría de Asociación Estratégica Integral.
Algunas consideraciones finales
Al momento de considerar el tema de la estación espacial en la Provincia del Neuquén, debe tenerse en cuenta que China ha desarrollado varias bases ─algunas de uso dual─ localizadas principalmente sobre el mar de China y el océano Índico, para garantizar su abastecimiento de materias primas así como su política expansionista. Esas bases ─que se han denominado “collar de perlas”─ serían las siguientes:
Hong Kong, que posee el tercer centro financiero del mundo, un puerto y una terminal petrolera;
Sanya, en la isla Hainan de China, con una base aérea y una base de submarinos nucleares, en cavernas bajo las rocas, protegidos de la detección de los satélites espías;
isla Woody (islas Paracel, reclamadas por China, Vietnam y Taiwán), en donde hay un puerto y una base aérea y se desarrollan proyectos turísticos;
islas Spratly (reclamadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, en las que se realizan prospecciones gasíferas y petroleras, además de exploraciones submarinas;
Sihanoukville (Campong Som) y Ream (Camboya), donde se realiza la ampliación de puertos, acceso naval;
el istmo de Kra (Tailandia), proyecto de corredor estratégico (autopista, ferrocarril, oleoducto, canal marítimo);
islas Coco, en el mar de Andamán, área perteneciente a Myanmar desde finales del siglo XIX pero que han sido revalorizadas geopolíticamente a partir de los noventa con la supuesta presencia militar china en dichas islas;
Kyaoukyu, también perteneciente a Myanmar, con un puerto, una terminal petrolera y un proyecto de corredor estratégico para China, que incluye un oleoducto, ferrocarril y carretera;
Chittagong, territorio de Bangladesh, donde China patrocinó el desarrollo del mayor puerto de ese país a cambio de emplazar una amplia estructura para el transporte de contenedores;
Hambantota, en Sri Lanka, donde Beijing invirtió millones de dólares en la construcción de un puerto próximo a la costa de la India a cambio de ayuda para liberar a Sri Lanka del terrorismo tamil;
Marao, en las islas Maldivas, en donde se realizan exploraciones marinas y se proyecta la construcción de una base militar;
Gwadar, Pakistán, donde China construyó un puerto a sólo 180 millas náuticas del estrecho de Ormuz y que originó una protesta por parte de la India;
un puerto en Sudán del Norte, con una terminal petrolera, un corredor estratégico que incluye un oleoducto y una base de inteligencia;
Sittwe, en Myanmar, donde China construye un oleoducto que transportará petróleo de Sittwe a Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, y que constituye otro punto del conflicto potencial entre China e India.
Imagen 13. El denominado «collar de perlas chino».
En febrero de 2016 el Ministerio de Defensa de China confirmó oficialmente que dio comienzo a la construcción de lo que ha calificado como “instalaciones de apoyo” en Djibouti. Las autoridades chinas alegan razones logísticas ya que facilitaría el mantenimiento de sus buques destinados a combatir la piratería en el golfo de Adén, así como en Índico, en el mar Arábigo y en el mar Rojo.
Esta infraestructura está desarrollada y planificada estratégicamente en función de las necesidades de China pero también ante un conflicto que pudiera desencadenarse en el mediano y largo plazo. En función del mismo es que China está construyendo una isla artificial cerca de Filipinas, donde los Estados Unidos tienen la base Subic, en la bahía homónima en la isla Luzón. En la actualidad, el gobierno de Washington se apresta para retomar su presencia en bases de Filipinas.
En este contexto ─en el que además deben destacarse las tensiones por las disputas del mar de China, el refuerzo de la capacidad militar de Estados Unidos en el Pacífico y las explosiones nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte─ la apertura de una base espacial que podría tener un uso dual debería haber sido considerada con mayor detenimiento.
El acercamiento a China y los numerosos acuerdos que se firmaron con ese país fueron pergeñados por los ministros de Planificación Federal y de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Axel Kicillof, quienes viajaron en varias ocasiones a ese país y recibieron a empresarios chinos en Argentina. Estos ministros fueron quienes celebraron los acuerdos para la construcción de las represas en Santa Cruz, para la construcción de las centrales nucleares y los acuerdos con la petrolera china Sinopec, entre otros. Cabe recordar asimismo que Economía consiguió un “swap” del país asiático que fue ampliado en agosto de 2015 con un refuerzo equivalente a US$ 2.000 millones para evitar que cayeran las reservas.
Toda esta suma de acuerdos con un solo e importante actor como China significaría una seria limitación para la Argentina, habida cuenta de la dependencia que se impone a la Nación en términos económicos y contractuales.
Asimismo, debe considerarse que el organismo que llevó adelante el acuerdo con China para la construcción de la estación espacial, la CONAE, precisamente era una dependencia del Ministerio de Planificación Federal, a cargo del Ingeniero De Vido.
En el caso puntual de la estación espacial de Neuquén, en lo que se refiere a los supuestos anexos secretos no se ha podido confirmar si efectivamente existen o si se llevó a cabo una modificación en el proyecto de los acuerdos.
Al momento de que el acuerdo fuera ratificado por el Congreso Nacional, la estación espacial estaba en un avanzado proceso de construcción, pues las obras comenzaron en marzo de 2013, casi dos años antes. Por su parte, la Legislatura de la Provincia del Neuquén no accedió al supuesto acuerdo, con lo cual no convalidó el tratado.
Por otro lado, la Provincia del Neuquén debió ceder 200 hectáreas a China, emprender una erogación de consideración para ofrecerle cierta infraestructura a la base espacial china sin recibir nada a cambio. La situación de la República Argentina es similar, amén de que debe resignar su soberanía en parte de su territorio.
En este sentido, un punto a considerar es que los científicos argentinos pueden acceder al uso del 10% del tiempo de la estación, como mínimo, cuando así lo dispusieran, pero el acuerdo entre la CONAE y CLTC, establece que la Argentina podrá usar la antena para investigaciones propias pero mediante la solicitud de un permiso escrito a CLTC con, al menos, tres meses de anticipación. Este punto es por demás absurdo. Asimismo establece que ese tiempo de ninguna manera es acumulable a través de los años.
Imagen 14.
Respecto a la finalización del acuerdo, el convenio habla de que si se decidiera concluir el acuerdo deberá hacerse mediante “un preaviso por escrito” de “al menos 5 años previos a la fecha en que se pretende terminar el acuerdo”, es decir un 10% del tiempo total de la concesión. Para la Argentina eso significa un serio riesgo para su seguridad nacional, habida cuenta que se trata de un territorio cedido a una potencia extranjera y sobre el cual no podrá ejercer su soberanía.
Más allá que la canciller Susana Malcorra haya logrado un compromiso de parte de las autoridades chinas de que no se llevará a cabo actividad militar en la estación espacial, ninguna autoridad argentina tendrá acceso a lo que se haga dentro de la misma y debiera considerar como “inquietante” que para que los científicos argentinos accedan a la estación deba realizarse un pedido por escrito con, al menos, tres de meses de antelación.
En tal sentido, se percibe que la afirmación de que China respetará la legislación y la normativa argentina así como la neuquina, resultaría a simple vista relativo ya que la República Argentina ha cedido 200 hectáreas bajo la cláusula de extraterritorialidad, al igual que si se tratase de una embajada.
Probablemente, si se decidiese cancelar el acuerdo, el momento más oportuno sería antes de la finalización de las obras, lo que supondría asumir el costo de la decisión.
El proyecto de referencia no sólo afecta los planes espaciales de ambos países sino que también complica los planes económicos del actual gobierno argentino debido a que dentro del paquete de acuerdos heredado existirían varios proyectos de inversión de utilidad para reactivar la economía.
China es el “principal inversor” de la Argentina. Los proyectos de inversión de ese país en Argentina alcanzan los US$ 25.000 millones. En este sentido, debe mencionarse que en oportunidad de la participación del presidente Macri en la Cumbre del G20 mantuvo reuniones con empresarios de ese país ─Jack Ma (dueño de Alibaba, sitio de comercio minorista global), el presidente de Sany (maneja el 64% del mercado mundial de volcadoras de cemento), el titular de Power China, la mayor compañía productora de electricidad de China), con representantes de la empresa contratista de las dos hidroeléctricas proyectadas para Santa Cruz y con los de Huawei, la tercera productora de teléfonos celulares del mundo con una creciente presencia en Argentina y con su planta de América del Sur en nuestro país─, lo que pone en evidencia la intención de lograr mayores inversiones chinas en Argentina. No obstante, debe considerarse que una gran dependencia económica respecto de un único actor limita la toma de decisiones políticas y soberanas.
La relación bilateral con China constituye un capítulo delicado debido a que el actual gobierno requiere oxígeno para poder desarrollar su programa económico de la manera menos cruenta. China está en condiciones de llevar a cabo inversiones millonarias, con tasas razonables y de manera más sencilla pues para ello se operaría con empresas estatales chinas involucradas en los proyectos energéticos.
* Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).
