Archivo de la etiqueta: Prefectura Naval Argentina

LA NEGRA PUDRICIÓN DE LA MERLUZA

César Augusto Lerena*

La detención casual del buque Tai An capturando y procesando ilegalmente “Merluza Negra” es solo la punta del iceberg de la falta de control y transparencia en la Administración Pesquera. No hay regulación ni control adecuado de las especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar; tampoco en las aguas argentinas de la ZEE o en la explotación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas. La cuestión no se limita a una violación de la ley del empresario chino Liu Zhijiang, titular de la empresa PRODESUR SA, que le indicó al capitán de su barco que pescase Merluza Negra sin disponer de cuota y además capturar y procesar un 55% de juveniles; es decir, ejemplares de menos de 90 cm que no han alcanzado la primera madurez sexual para reproducirse, cuando tienen unos 9/10 años (peces marinos de Argentina, INIDEP, 1999) y asegurar a perpetuidad la sostenibilidad de esta especie y de las que intervienen en su cadena alimentaria en el ecosistema.

Este no es un hecho aislado, es solo un “caso testigo” del descontrol que impera en la pesca y, son muchos los responsables anteriores y actuales, en el campo privado y público.

La política. La Ley 24.922 (1998) está vetusta; propicia el extractivismo, no promueve una administración sostenible y sustentable al no regular sus tres ejes principales: la investigación, la conservación (control) y la distribución equitativa, ni se afecta a éstos los recursos económicos derivados de los derechos de captura. Además no se ha llevado adelante ninguna acción respecto a la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. ¿Cómo puede otorgar el Consejo Federal Pesquero (CFP) permisos para pescar en la ZEE a empresas del Estado chino mientras buques igualmente del Estado chino pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar? Y, ¿cómo el CFP admite la radicación en la Argentina de empresas de capital español mientras otras de la misma nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas? El CFP debe reformularse para asegurar un manejo cristalino y equitativo de los recursos. Modificarse y modernizar la ley.

Sin embargo, no confundamos, el proyecto de modificar la ley por parte del actual gobierno hubiese agravado el descontrol de la actividad a partir de extranjerizar la explotación de los recursos en la ZEE; no exigir el desembarco en los puertos nacionales; no requerir ninguna antigüedad a los buques (el buque Tai An tiene 43 años) ni tripulación argentina, lo que hubiera agregado más evasión y trabajo esclavo. Aparecen como responsables quienes han defendido este proyecto que agregaba además de un atraso de 100 años más caos al actual: la Canciller Diana Mondino, el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el Diputado Bertie Benegas Lynch, son aún promotores de la liberación del mar y de la reforma de la Ley Ómnibus. Están ajenos a la preocupación mundial de cuidar la soberanía de sus mares y ríos troncales.

La Autoridad de Aplicación. Son responsables del descontrol todos los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy de Bioeconomía) que delegaron en el Subsecretario de Pesca su condición de Autoridad de Aplicación. Igualmente son responsables los subsecretarios que presiden el Consejo Federal Pesquero (CFP) que demostraron su incapacidad para establecer la política pesquera, conforme establece la ley. En este caso de la pesca ilegal de Merluza Negra, el secretario Fernando Vilella, el subsecretario Juan Antonio López Cazorla y el director de Fiscalización Pesquera Julián Suárez, quienes violaron la ley Pesca (24.922, art. 7º; 17º; 20º; 21º; 23º; 27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º) y en particular el 55º cuando no se exigió el inmediato destino a puerto del buque infractor y, debería confirmarse, si fue Vilella quien ordenó no cumplir la exigencia de la ley; aunque ello no deslindaría la responsabilidad de López Cazorla, quién como presidente del CFP no pudo admitir presión alguna.

El 14 de septiembre de 2023 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciaba pomposamente: “El Certificado de Trazabilidad de Transacciones Comerciales y el Parte Final de Producción a bordo de Merluza Negra (Disp SSPyA 186/2022) permitirá consolidar internacionalmente las exportaciones desde nuestro país” y, continuaba “la Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de gobernanza y administración pesquera. Ha sido reconocida a nivel internacional por Chile, Japón y la Unión Europea”. ¡Alicia en el País de las Maravillas! con un descarte del 30% (INIDEP, FAO, AGN), prohibidos en Argentina en 1998 y en la Unión Europea en 2004 no pueden admitirse más. Mucho marketing y una Administración poco transparente y eficaz y un empresariado que no está a la altura del mundo moderno que exige el cuidado del medio marino y la pesca.

La Cancillería. No encontramos ninguna razón para que un representante de este Ministerio integre en forma permanente el CFP; diplomáticos que, en todo caso, debieran intervenir en cuestiones vinculadas a las explotaciones pesqueras en las aguas de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en los espacios marinos relacionados a la Convención de los recursos vivos marítimos antárticos. Flojos de papeles en estas materias.

La Canciller Diana Mondino y la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, al igual que los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el CFP, deberían explicar porque no aplican la Ley 24.922 y 27.564 y sancionan a los buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos que pescan ilegalmente en Malvinas los recursos pesqueros argentinos comprometiendo la sostenibilidad de todo el ecosistema. No se puede garantizar sostenibilidad de los recursos en la ZEE sino se acciona sobre estos buques y se han llevado, a un promedio de 250.000 toneladas por año, unas 11.750.000 por un valor estimado en 47 mil millones de dólares.

Ahora, no se entiende por qué la Canciller Mondino habría designado, además de Coordinador del Ministerio de Relaciones, representante ante el CFP (un asiento habitualmente ocupado por diplomáticos) a quien sería su sobrino político Pablo Ferrara, un abogado que carece de todo conocimiento marítimo y pesquero, quien habría sido quien presionó al referido director Suárez. Sobre esto nos formulamos las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario de menor jerarquía de Cancillería impedir por sí la acción de un Secretario de Estado como Vilella o fue una orden de la Canciller? ¿Cuál sería la motivación para impedir el método de control de un buque pesquero que se presumía que estaba realizando pesca ilegal? ¿Hay algún vínculo entre la pesca ilegal que realizaba el buque Tai An con la pesca igualmente ilegal de esta especie que realizan sus nacionales chinos en alta mar y con otros buques en Malvinas? ¿Forma parte de la política de liberar el mar?

Economía. Dos nombres de Toto Caputo suenan para integrar el CFP. En otro momento no hubiese sido mejor noticia que Economía se interese por la pesca. Hoy es distinto. Ya no importa si saben o no de la materia, la cuestión pareciera ser desregular el mar y, ¿el sector? mandando notas o visitando diputados. Atrasan.

La empresa Prodesur y las empresas. No somos ingenuos. Al margen del gravísimo daño del ecosistema que una empresa provoca si captura sin cuota Merluza Negra y el daño económico que le podría provocar este hecho a quienes sí disponen de cuota para pescarla, hay una cuestión de intereses: 3.700 toneladas anuales otorgadas a tres empresas nacionales de capital extranjero Argenova, Estremar y Pesantar, un negocio de entre 70 y 90 millones/año. No es frecuente que empresas pesqueras concesionarias denuncien a otras, por aquello de que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La detección de irregularidades debiera estar en manos del gobierno; pero, no obstante, las empresas y las Cámaras empresarias debieran promover y contribuir en la regulación y con sistemas, que den mayores garantías de sostenibilidad, sustentabilidad, equidad y transparencia al conjunto de la actividad. Por ejemplo, es fácil evaluar, que 5 toneladas de Merluza Negra son más valiosas que 50 toneladas de Surimi, para lo que estaba autorizado el buque Tai An; por lo cual la captura de Merluza Negra, más que pesca incidental es una pesca objetivo. ¿A quién se le pasa por alto esto?

El portal de Prodesur dice: «el buque captura y procesa especies como Merluza Negra…haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos». Es obvio que la captura de Merluza Negra era una pesca objetivo y no incidental, salvo para la Autoridad de Aplicación y el resto de las empresas.

Por otro lado, porqué las Cámaras no le exigen al gobierno que vea si hay buques en la Argentina con doble registro que les evita pagar derechos de importación, por ej. China o porqué hay empresas de nacionalidad china y otras que facturan por debajo del valor internacional. La autogestión, los planes HACCP, las Certificaciones, son un marketing caro que nos genera dependencia. Ellos nos dirán quién exporta y a qué precio.

Los gremios. No pueden seguir admitiéndose pagos en negro ni “coparticipaciones” que distorsionan en favor de unos pocos los salarios de los trabajadores y oscurecen costos y utilidades empresarias en la actividad.

La Prefectura Naval Argentina. ¿Quién se ocupa de la seguridad en el mar? El portal de esta Institución indica: “Autoridad Marítima; cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; protección ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y sanitaria”. ¿Dónde estaba la PNA para preservar el medio marino y la sostenibilidad de las especies cuando el buque Tai An pescaba ilegalmente Merluza Negra? Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideran a la pesca ilegal desde 2014 un problema de seguridad nacional y, la pesca argentina, ya tiene antecedentes de narcotráfico, en 1988 la operación langostino (600Kg de cocaína); en 2005 pez blanco (500Kg); en 2006 merluza blanca (387Kg); en 2013 langostino (110Kg); en 2015 calamar (49Kg). Si la prefectura no puede controlar la pesca ilegal dentro de la ZEE, a los transbordos y en la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas evitando la pesca de arrastre de fondo por parte de buques extranjeros, hay que transformarla en una fuerza capaz de hacerlo. Hoy no lo hace ―por más spots de TV― y, el caso testigo “Merluza Negra” se muestra su ineficiencia e ineficacia.

Los observadores e inspectores. ¿Dónde estaban o a quién respondían? No es posible pescar 163 toneladas de Merluza Negra en un solo lance. ¿No sabían estos funcionarios que el buque no tenía cuota y que se capturaban juveniles? ¿Tal vez confundían la especie o no estaban capacitados? En los ambientes portuarios se dice que “el sistema funciona de otra forma”, como suele ocurrir en la inspección de un local, pero en el mar.

SENASA, AFIP y Aduana. El día que se crucen los partes de pesca, se inspeccionen a “cara de perro” los desembarques y no haya sustituciones o las balanzas estén desequilibradas, los transportes, los ingresos a las plantas procesadoras o los transbordos, se controlen en serio los stocks de cámaras, se analicen los rendimientos de productos terminados a bordo y en tierra, las materias primas que circulan por plantas fasoneras y cooperativas, los consumos internos y la exportación y, todos los productos circulen certificados, las estadísticas serán otras. En este caso, de la Merluza Negra, pero también importante es la relación merluza común-langostino; SENASA ya debería estar coordinando un operativo conjunto de los tres organismos para verificar las toneladas de Merluza Negra que están depositadas en las Cámaras Frigoríficas y cuántas de éstas tienen una talla superior a 90 cm.

A SENASA y a las delegaciones de la Subsecretaría de Pesca habría que agregarle que su descrédito y la falta de confianza internacional en estos organismos genera la dependencia del país en certificadoras extranjeras.

El pescado se pudre por la cabeza. Todo está por hacerse, que sea antes que se lo lleven otros.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar

NAVEGACIÓN NO PACÍFICA, PESCA ILEGAL, PUERTOS CÓMPLICES Y GOBIERNO AUSENTE

César Augusto Lerena*

Según nos informa el Diario La Nación (05/09/2023) el buque carguero frigorífico de bandera panameña “Frio Marathon” llegó a Mar del Plata, proveniente de Puerto Argentino de Malvinas, donde habría operado desde 2014, sin el permiso de la Autoridad de Aplicación argentina, motivo por el cual la Prefectura inició un sumario «por violar el Decreto 256/10 que establece que todos los buques que se propongan transitar entre los puertos del territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deben solicitar autorización para que el Estado argentino autorice la operatoria». Estimándose, dice el medio, que la sanción podría ser de varios millones de pesos, que como dice “Agenda Malvinas” podrían ser unos pocos dólares.

Desde que rige el citado Decreto, la Prefectura, según la publicación, habría «detectado 683 buques en presunta infracción y sancionado pecuniariamente a 371 de ellos. En paralelo, se ha gestionado la autorización de más de 1.200 permisos para que buques de bandera extranjera recalen en los referidos puertos y, que, buques de 37 banderas, incluso del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), reconocieran indirectamente, mediante este proceso, la soberanía del país sobre nuestras Islas al solicitar autorización a nuestro país».

Hasta aquí la noticia que no precisa cuál es el “monto millonario” que se podría aplicar, ni tampoco las razones por las que sólo se sancionó al 54% de los buques en aparente infracción y, cuál habría sido el monto total de las multas aplicadas y si están firmes y han sido depositadas en favor del Estado. Tampoco se indica si la llegada a Mar del Plata de este buque fue voluntaria o si fue apresado en algún lugar del mar argentino y la Prefectura lo condujo al puerto de Mar del Plata, cuestión que no parece, a juzgar por la foto que hemos tomado del buque, al que se lo ve solo navegando para ingresar a este puerto.

Es curioso que la Prefectura entienda que el permiso de tránsito para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas con destino a puertos de Malvinas o viceversa pueda implicar un reconocimiento indirecto de la soberanía sobre los archipiélagos. En todo caso, lo que está haciendo el Estado Argentino es controlar el tránsito en las aguas de su jurisdicción; control, por cierto, absolutamente insuficiente, ya que se ha limitado a constatar si se ha pedido o no permiso, en lugar de verificar las mercaderías que se transportan; como Gendarmería, la Policía Federal o provincial lo hubiesen hecho a cualquier transporte en una ruta nacional o camino provincial.

Si se hubiese controlado las mercaderías transportadas por los 1.200 buques que obtuvieron permisos seguramente se hubiera constado la presencia de millones de toneladas de pesca ilegal capturada en el área de Malvinas o proveniente de recursos migratorios argentinos originarios de la ZEEA. Del mismo modo, sobre los 683 buques que fueron detectados en presunta infracción. Nada se dice, si del total de 1.883 buques referidos, cuántos pudieron violar la Ley 24.922 y muy especialmente la 26.386 que, en síntesis, prohíbe a las empresas habilitadas por la Autoridad de Aplicación a operar sin autorización de ésta en Malvinas y viceversa o mantener relación directa o indirecta con empresas que operen o hayan operado en Malvinas y, en este sentido, si no se ha efectuado el análisis societario de las empresas que operan en Argentina y las que lo hacen en Malvinas y si existe alguna relación entre ellas (de hecho hay varias publicaciones que lo han denunciado reiteradamente), si se hubiesen otorgado permisos de tránsito se estaría violando la referida Ley 26.386 y la DTP de la Constitución Nacional. En este sentido, sería deseable que Prefectura publique todos los buques que han transitado por las aguas argentinas (incluso, obviamente, el área de Malvinas) desde 2010 y, junto al Consejo Federal Pesquero y su asesoría legal, determinen si alguna empresa radicada en la Argentina violó y continúa violando la Ley 26.386.

Por cierto, las políticas que se llevan adelante no desalientan la pesca ilegal y menos actúan para cumplir la Disposición Transitorio Primera de la Constitución Nacional. En las aguas argentinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEEA hay navegación no pacífica, pesca ilegal, puertos cómplices y un gobierno ausente y, no parece que, hasta el fin de este gobierno, las cosas vayan a cambiar.

No alcanzará con aplicarle una multa millonaria al buque transbordador que no pidió permiso para transitar. El buque pagará el monto que se le indique y al día siguiente seguirá sirviendo a buques extranjeros, efectuando el transbordo en el mar de cientos de miles de toneladas que se capturan ilegalmente. La Prefectura debería, además de verificar si el buque ha pedido o no permiso para transitar, verificar si transita con mercaderías obtenidas ilegalmente. Ello sí, sería ejercer soberanía. En los hechos esta fuerza se ha limitado con poquísimo éxito ―dos buques por año apresados sobre una población anual del orden de los 500 buques en los últimos 40 años― a verificar in fraganti la pesca ilegal, en lugar de inspeccionar la pesca ilegal que se transporta. En el continente, los “ladrones del asfalto”, pocas veces se detectan in fraganti, sino en el control en la circulación de los transportes. A poco de requerir el certificado de origen, la trazabilidad y, si el buque tiene control presencial del Estado de pabellón (y cierro por ahorro administrativo) ninguno de los buques cargados puede demostrar la legalidad de la captura.

El buque “Frio Marathon”, no solo no pidió permiso para transitar y contribuyó al traslado de productos pesqueros ilegales, sino que también, no ha pagado derecho alguno, inclusive los aduaneros, en el caso de la exportación de productos desde el territorio argentino de Malvinas. La colocación de una multa por no pedir autorización, será irrelevante, en relación con el daño ocasionado a la Argentina todos estos años.

Y si se sanciona el tránsito sin permiso, ¿por qué las sucesivas autoridades argentinas, desde 1998 a la fecha, no han sancionado la pesca ilegal en el territorio argentino de Malvinas, como establece la Ley 24.922?

Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal e impedir el uso de puertos por parte de buques que pescan ilegalmente, sugiero la sanción de un Decreto (cuyos fundamentos omito por razones de espacio) que alcance a todo buque o artefacto naval de cualquier bandera (salvo la argentina autorizada) que se proponga transitar en la ZEEA, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Área FAO 41 y 48, quienes deberán solicitar una autorización previa; debiendo analizarse si viola la Ley 26.386 y estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital activo en los últimos noventa (90) días anteriores a la solicitud de autorización y, mantenerse activo durante el tiempo de tránsito; habilitándose al SENASA a intervenir para determinar a bordo el carácter de ilegal o no de las mercaderías, como establece el Decreto 4238/68.

Finalmente, la mayoría de los países, habiendo o no aprobado la Convención del Mar (CONVEMAR) aplican normas penales (Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Alemania, España, Venezuela), o están analizando aplicarlas (Costa Rica, Chile, la Unión Europea), porque han entendido que la erradicación de la pesca ilegal no se ha logrado con normas administrativas y, este caso como otros, requerirían el decomiso del buque y el arresto de los responsables, de otro no se erradicará la pesca ilegal.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

LAS FF.AA. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Revista Tiempo GNA*

Un ajedrez sólo para idóneos.

La tentación de mover fichas equivocadas para ganar un partido de ajedrez suele ocasionar se pierda el mismo. Algunas grandes derrotas se debieron porque los que deciden estaban más compenetrados en ideologías que en ideas prácticas y la ideología no siempre va de la mano de adecuadas decisiones estratégicas. Los EE.UU. tiene un gran problema con el narcotráfico, pero no involucra sus FF AA en esa lucha”.

 

El aspecto legal

Es sabido que es un error emplear medios militares en tareas de seguridad interior sin un adecuado respaldo legal emanado del congreso que permita organizar las fuerzas y dar seguridad a las tropas militares para operaciones para las que no son idóneas.

Al no existir marco jurídico para que las FF.AA. combatan al narcotráfico y tampoco existe en el Código de Justicia Militar, cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles donde nadie entiende que significa empeñar tropas en un combate.

Es decir, los militares están indefensos ante cualquier acusación legal y lo saben muy bien. De ocurrir, los ministros que dieron las órdenes también deberían responder ante los jueces.

Ser juzgado por el Código Penal; horroriza a los militares porque éste no contempla acciones de guerra.

Si no existe un marco legal serio sin influencias ideológicas de izquierda, el error implicará, juicios y prisión a miliares que cumplieron órdenes.

En la historia argentina, hay sobrados ejemplos y por desagradables experiencias, los militares evitarán ese tipo de combate atípico. A ello se agrega qué, las tareas policiales no les gustan, no tienen el equipamiento necesario, tampoco están preparados, desconocen todas las modalidades delictivas y pueden ser engañados. A ello hay que agregar por décadas que desde el propio Estado sufrieron distintas humillaciones que afectaron su moral y carecen de un adecuado presupuesto, es decir no están en su mejor momento. Se puede revertir el daño, pero se necesitará tiempo y dinero y ninguna de esas cosas hay. La frontera norte es una madeja de traficantes de drogas, tratantes de personas, inmigrantes ilegales, contrabandistas, espías internacionales y prófugos peligrosos. Es fácil entender que los militares no son idóneos para su captura. Por más que se promulgue una legislación adecuada que los cubra, el riesgo que cometan equivocaciones y/o se corrompan en la nueva lucha contra las drogas es cuestión de tiempo. Las organizaciones criminales tienen infinita capacidad económica para seducir, los militares tienen muy bajos sueldos y al no tener experiencia podrían ser contaminados rápidamente. De ello pueden dar testimonio autoridades de otros países, donde hubo generales arrestados.

El apoyo logístico

El apoyo logístico que puedan hacer las FF AA es muy importante. La idea sería que faciliten a las FFSS, vehículos, botes, visores nocturnos, radares, aviones, helicópteros, carpas, cocinas móviles, edificios para albergar detenidos, etc. Dar dicho apoyo sin que los militares realicen detenciones, se entiende bien. Pero ¿cómo deberían actuar si un camión militar llegara a ser emboscado por narcos-guerrilleros? Eso ya ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Podrán hacer uso del derecho a la legítima defensa? Es muy fácil culparlos luego de “exceso en el cumplimiento del deber”. Esto recién empieza y con toda seguridad, los efectivos del Ejército que acompañen pacíficamente a las FFSS se expondrán a posibles enfrentamientos con narcoterroristas y al ser militares con otra formación, cuando haya un tiroteo, no se detendrán mucho en pensar en los DD.HH. No lo harán adrede, sino que es un reflejo instintivo en un guerrero.

Los militares actuales aprendieron la lección del pasado y aunque existan leyes que les permitan actuar en tareas policiales, harán todo lo posible para no involucrarse. No sea que, con algún cambio de gobierno, 10 años después sean juzgados por cumplir “órdenes ilegales” y es un secreto a voces que piensan así.

Seguramente tarde o temprano habrá una escalada contra el narco-terrorismo y el apoyo logístico que tienen como misión pasará a otro nivel. Necesariamente habrán operaciones conjuntas que deberían ser bajo un mando único, pero por doctrinas distintas vendrían roces con las FFSS y todo se complicaría.

Variante importante

Tal vez lo más necesario, es que unidades de ingenieros del Ejército destruyan pasos no habilitados de la frontera por donde ingresan el narcotráfico y extranjeros indeseables.

En los casi 9.700 km de límite terrestre, se calcula que deben existir unos 840 pasos clandestinos, que son sendas casi invisibles, que por la complejidad topográfica no pueden ser controlados eficazmente. Algunos como los que hay en la cordillera de los Andes, eran usados por habitantes ancestrales, y ni siquiera figuran en las cartas topográficas y de su existencia sólo unos pocos pueden dar testimonio. Es decir, del total tal vez un 10% no se sabría su ubicación con certeza. En la Argentina habría unas 1.500 pistas clandestinas donde aterrizan aviones con drogas y por año son detectados 400 vuelos narcos que no pueden ser interceptados. En Colombia con explosivos y topadoras esas pistas son destruidas y aquí habría una nueva misión de apoyo para el Ejército. Necesariamente para ello se necesita una ley que contemple lo expresado.

Riesgo operacional

La frontera con otro país no es lo mismo que el límite entre dos provincias y no se necesita mucho esfuerzo para crear un problema internacional. Por razones de buena vecindad entre países, ni siquiera fracciones menores del Ejército tendrían que estar en las fronteras: no es lo mismo que un soldado en un tiroteo fortuito mate a un contrabandista que que lo haga un gendarme; la repercusión diplomática en el primer caso será muy distinta.

Leyes adecuadas, inteligencia, presupuesto y capacitación

Independientemente del cambio jurídico, para la lucha contra el narcotráfico las FF.AA., necesitarán:

    • una capacitación concreta de aquellos efectivos seleccionados para ser empleados,
    • equipamiento adecuado • presupuesto suficiente.

Nada de ello sería eficaz si no se dispone también de un componente de inteligencia que sea específico, unificado y permanente para esa misión. Pues para las redes transnacionales del delito las fronteras no son un obstáculo, poseen suficiente capacidad financiera para corromper y si los comandos no están informados la organización de nada valdrá. 

Experiencia en otros países

Ya se mencionó que los EE.UU. no tienen tropas afectadas contra el narcotráfico. En Argentina en una situación excepcional en forma muy restringida con grupos de elite y con una adecuada legislación, podrían participar las FF.AA. Para ello unidades exclusivas deberán capacitarse pues han sido formados para otro tipo de conflictos y su mentalidad es muy diferente. Colombia no emplea masivamente fuerzas militares sin un entrenamiento previo adecuado al combate del narcotráfico, ello fue clave para forzar a las FARC a firmar la paz. El ejército del Perú también se sumó a esa idea con el denominado “Batallón Contraterrorista 312”. Hay otros casos. Es decir, es necesario formar unidades pequeñas altamente especializadas para un combate atípico. Esta podría ser la solución si las fuerzas de seguridad estuvieran en serias dificultades. Pero hay que tener presente que, en casi todos los países, la guerra contra antinarcóticos ha fallado por años y a su vez, ha sido perjudicial para los propios militares. Su inexperiencia en temas policiales eleva la corrupción entre sus miembros. El combate dura años y en ese lapso los militares se agotan y sobrevine la desmoralización entre sus cuadros. La defensa nacional contra otra nación deja de tener vigencia y el país se debilita.

La Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea es un caso distinto porque no puede atacar objetivos narcos en tierra ni derribar aviones furtivos que ingresan de otros países. Es decir, por su actividad no muere nadie. Su misión de apoyo en el “Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional”, tiene un valor inestimable interceptando aviones narcos.

La GNA y la PNA

Siempre fueron la primera línea de protección en zonas limítrofes. Para casos importantes el “Escuadrón Alacrán” y la “Agrupación Albatros”, respectivamente son elementos altamente capacitados para la lucha contra el narcotráfico, pero vemos a estos especialistas custodiando villas de emergencia, alejados por meses de sus familias que dejaron a casi 1.000 km, lo que afecta su moral.

Si llegaran a regresar a la frontera, se moverían felices como el pez en el agua y cumplirían mejor con un elevado espíritu de cuerpo. Siempre ocurrió así.

Conclusión

La seguridad nacional no es de izquierda ni de derecha, si no se sabe diferenciar cuales son los problemas, difícilmente se pueda dar con la justa solución. Cualquiera sea la medida que se elija con aprobación del congreso, demandará al menos 20 años para que se perfeccione. Se necesitará mucho tiempo para ganar una guerra que recién empieza.

Precisamos de una lógica hipótesis de conflicto que imagine futuras complicaciones bélicas y leyes adecuadas para no terminar como México o Colombia.

La Defensa Nacional y la Seguridad, constituyen piezas de un partido de ajedrez político, que no es para amateurs y no hay que equivocarse al mover las fichas.

Documento Episcopal Argentina referido al narcotráfico. 8 noviembre 2013.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”

 

Artículo publicado originariamente por la Revista Tiempo GNA 77.