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ARGENTINA, PESCA ILEGAL

LA DEMANDA COLECTIVA CONTRA LAS EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS

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César Augusto Lerena*

El Ministro de Relaciones Exteriores Quirno citó al Embajador de España a la Cancillería Argentina y le dijo: “Señor Estimado Embajador de la ‘Madre Patria’”, sus barcos están pescando ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habitación de Autoridad de Aplicación Argentina y, en atención a ello y, teniendo en cuenta que la Reina Isabel II el 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia argentina y, con ello la soberanía de Malvinas, por el principio “uti possidetis iuris” (“como poseéis de derecho”), intimo a su gobierno, para que dentro de un plazo perentorio de 24 horas, ordene a las empresas pesqueras gallegas retirar todos sus buques de nuestro territorio marítimo e insular y, de perseverar en esta apropiación ilegal, le informamos que procederemos a iniciar todas las acciones legales e igualmente a retirarle todos los permisos de pesca a las empresas nacionales de capital español radicadas en la Argentina continental”. No, nada de ello ocurrió, es pura ficción.

Desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero teniendo en cuenta la violación por parte de los buques españoles de la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y, con una perseverancia encomiable, año tras año sancionó a todos los buques que pescan en Malvinas y la deuda acumulada de estas empresas gallegas es de tal magnitud que alcanza a varios miles de millones de dólares; deuda que podría llevarlas a la quiebra. No, nada de esto ocurrió. Nunca, en 37 años, se inició un mínimo sumario. Es pura ficción.

En numerosos artículos semanales y algunos libros publicados; conferencias, entrevistas e informaciones a través de las redes denunciamos esta pesca ilegal en Malvinas (y también en alta mar), debido a ello, las empresas nacionales, las extranjeras y sus Cámaras nos convocaron para que fundamentemos nuestras denuncias y los gobiernos por su parte, quisieron conocer con qué herramientas la Argentina podía dar fin a este flagelo. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción.

Hay entre 350 y 500 buques extranjeros que pescan “ilegalmente” los recursos migratorios argentinos originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina o de los recursos asociados. Aquí sí, la Autoridad de Aplicación se ocupó y ejecutó un minucioso plan para erradicar esta pesca que se apropia de nuestros recursos y empobrece a nuestros pueblos. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción. 

Mientras tanto, el gobierno ilegal en Malvinas dice en su página (Falklandislands Government) que “la gestión pesquera transformó la economía de las Islas Malvinas. Los ingresos del Gobierno de las Islas Malvinas (GIM) aumentaron un 500%, asegurando la autosuficiencia en todos los ámbitos y la pesca representa el 40% del PIB (creemos que más y estamos analizando ello). “Si comes calamares en el sur de Europa, ¡hay aproximadamente un 50% de probabilidades de que sean calamares de las Malvinas!”. Y para ello, los gallegos y Vigo, son una pieza fundamental.

¿Y nosotros? agotados de esperar, nos preguntamos ―como argentinos― que si la Fundación Agustina Lerena que integramos, con Personería Jurídica, creada en 2002 en homenaje a nuestra amada Agustina, una Entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto de llevar adelante acciones relativas al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la defensa del consumidor. Asociados técnicamente al Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y con miembros en la Fundación con una dilatada experiencia en materia pesquera no asumía como Organización No Gubernamental la defensa del interés colectivo no parecía que alguien se ocuparía de trabajar en esta causa nacional que afecta el ambiente; depreda el recurso pesquero y defrauda al consumidor; pero además, violenta la soberanía nacional, impide el desarrollo regional y muy especialmente a la estratégica Tierra del Fuego (léase TdFAeIAS), su asentamiento poblacional y la radicación de industrias en territorios desfavorables y genera de empleo.

Nos preguntamos también: ¿por qué tratándose el pesquero un recurso del Estado Nacional y de las provincias del litoral marítimo ―según la ley vigente― qué política de inequidad lleva el gobierno nacional para que solo se desembarquen en Ushuaia unas 25 mil toneladas anuales de las capturas, es decir, un 3 % del total de los desembarcos nacionales? o ¿por qué no se compensan en favor de esa Provincia -al menos con una parte sustancial- las 250.000 toneladas anuales que se pescan ilegalmente en Malvinas? Y a qué se debe que Río Grande no tenga un puerto estratégico de cara al Atlántico Sur, vital para contrastar con las importantes inversiones que los isleños realizan en Malvinas con los ingresos que le generan nuestros recursos pesqueros, con el objeto para apropiarse de la parte meridional de ese océano, facilitar el tránsito de los grandes buques de carga por el estrecho de Magallanes (ahora Malvinas-Punta Arenas), dar logística a la pesca, etc. y, por cierto, porqué el gobierno no tiene una defensa disuasiva moderna en esa área austral.

Si bien la Fundación, por diversas fuentes recabadas, tiene información detallada de las capturas en Malvinas desde 1976, ha tomado ―al menos por el momento― la información indubitable de las estadísticas pesqueras del ilegal “Falklands Islands Government Fisheries Department” desde año 1989 a 2025 inclusive de la captura de los buques de bandera española o la de los españoles asociados a los isleños británicos que pescan con la bandera ilegal “Falklands” extrayendo en Malvinas 4.101.131 toneladas de productos pesqueros argentinos, violando las Leyes 20.645, 22.584, 24.216, 24.543, 24.922, 25.263, 26.386, 27.564, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Resoluciones 1514, 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas, entre otras, que se explicitan en la DEMANDA de la Fundación, haciendo reserva de presentar en breve una segunda DEMANDA contra las empresas coreanas, taiwanesas y de Vuanatu que pescan igualmente en forma ilegal en las aguas argentinas de Malvinas y avanzar de igual modo, contra todos los proveedores y empresas de logística (combustibles, transportes, agencias marítimas, etc.) en Argentina (incluso Malvinas) que, en muchos casos, tienen relación con los países vecinos.

Por todas estas razones y con innumerables pruebas indubitables y una investigación que le demandó dos años, la FUNDACIÓN AGUSTINA LERENA, el pasado 09/10/2026 ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, AeIAS) a cargo de la S.S. la Sra. Jueza Dra. Mariel E. BORRUTO, Secretaría N° 2 (Fundación Agustina Lerena c/Pesquera Moradiña SL y otros s/Amparo Colectivo, Expte. FCR 16446/2026) y con el patrocinio del Dr. Eduardo Salvador Barcesat, DEMANDÓ a las empresas españolas, británicas, isleñas británicas y argentinas (estas últimas por aplicación del artículo 27 bis de la Ley 24.922). por la particular situación de España respecto a la Argentina, que se explicita en la demanda y, si bien el entramado empresario es de alta complejidad y en la DEMANDA alcanzan al momento, a unas ochenta personas físicas y jurídicas, seguidamente suministramos un listado parcial del total de los Demandados por la Fundación:

1) EMPRESAS PESQUERAS GALLEGAS: a) Armadora Nores SL / Pesquerías Nores Marín – Marín (España); b) Armadora Pereira SA – Vigo (España) ; c) Chymar SA / Grupo Touza – Vigo (España); d) Copemar SA – Vigo (España); e) Lafonia Sea Foods SL y Frigoríficos del Morrazo – Vigo/Cangas (España); f) Marfrío SA – Marín (España); g) Pescapuerta SA – Vigo (España); h) Pesmar / Pesquerías Marinenses (Grupo Safío) – Marín (España); i) Pesquera Moradiña SL – Cangas/Vigo (España); j) Pesquera Vaqueiro SL / Pesca Baqueiro SA – Vigo (España); k) Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vigo (España) y l) WOFCO (Worldwide Fishing Company SL) – Moaña (España).

2) JOINT VENTURES EMPRESAS PESQUERAS HISPANO-ISLEÑAS DE MALVINAS (FALKLANDS): a) Argos Group Ltd + Armadora Pereira – Vehículos: Orion Fishing Company Ltd / Jupiter Fishing. (Puerto Argentino-Stanley); b) Beauchene Fishing + Copemar (con participación de Marfrío) – Vehículo: South Atlantic Squid Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); c) Fortuna Ltd + Pescapuerta + Astilleros Nodosa + Marfrío – Vehículo: Petrel Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); d) Fortuna Ltd + Pescapuerta – Vehículo: Beagle Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); e) RBC Ltd Red Back Consultants Ltd + Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vehículo mixto citado: Kalamar Ltd.; f) Seaview Ltd + Lafonia Sea Foods / Moradiña / Frigoríficos del Morrazo / WOFCO – Vehículo: Polar Seafish Ltd / Polar Limited (Lafonia). (Puerto Argentino-Stanley); g) Southern Cross Ltd + Chymar / Grupo Touza – Vehículo: Golden Touza Ltd (GTL). (Puerto Argentino-Stanley).

3) EMPRESAS PESQUERAS NACIONALES QUE TENDRÍAN VÍNCULO CON EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Bricel SA (Puerto Madryn/Buenos Aires); b) Estrella Patagónica SA (EPSA) (Puerto Madryn); c) Conarpesa (Buenos Aires)

4) EMPRESAS NACIONALES QUE INTEGRAN LA “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA” (ACEMIX) JUNTO A EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE PESCAN EN MALVINAS: a) IBERCONSA de Argentina S.A.; b) Pesquera Santa Cruz S.A.; c) Pesquera Deseado S.A.; d) El Marisco S.A.; e) Pesquera Ceres S.A.; f) PESANTAR S.A./NEWSAN-PROFAND; g) Ulises Castagnaro; h) Vieira Argentina S.A.

  1. BANCOS ESPAÑOLES QUE FINANCIAN A EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: 1) ABANCA – (Galicia; España); b) Banco Santander – (Cantabria; España; Argentina); c) CaixaBank – (Valencia, España); d) Banco Sabadell (Cataluña, España)
  2. ASTILLEROS ESPAÑOLES RECIBEN SUBSIDIOS ESTATALES PARA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUYEN BUQUES QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Nodosa Shipyard / Nodosa SL (Marín, Galicia, España); b) Astilleros Armón SA (Navia, Asturias, España); c) Freire Shipyard (Vigo, Galicia, España)
  3. ENTIDADES DE SEGUROS ESPAÑOLAS E INGLESAS QUE ASEGURAN LAS OPERACIONES DE CAPTURA ILEGAL DE LOS BUQUES QUE PESCAN EN MALVINAS: a) Mutua de Vigo (Vigo, España); b) MAPFRE Global Risks (Madrid, España); c) Lloyd’s Syndicate / Lloyd’s Insurance Company SA (origen británico) (Madrid, España)
  4. COMERCIALIZADORAS O PROVEEDORES: a) Pescar-polaris. La filial comercializadora Pescar-Polaris; b) JOSMAR – FoodTech Solutions; c) Bureau Veritas. En este rubro se ampliará en la demanda, porque la fundación ha detectado más de 50 proveedores; prestadores de servicios y otros que estarían violando el artículo 27 bis de la Ley 24.922.

Además, se promueve la quita de la habilitación nacional para operar en la República Argentina a aquellas empresas nacionales de capital argentino o extranjero que hayan violado el artículo 27 bis de la Ley 24.922 reformada por la Ley 26.386, conforme el artículo 28° de aquella.

La DEMANDA se efectúa por una suma de entre US$ 12.351.208.847 a US$ 26.464.994.702, según se cotice el precio de las capturas al valor FOB o MAYORISTA, más actualizaciones y costas y lo que pudiera resultar por la falta de pago de derechos aduaneros, derechos de captura, derechos de exportación, impuestos a las ganancias y al valor agregado, pago de las rentas y tasas de inspección nacionales y las que pudiera indicar la Provincia de Tierra del Fuego, etc. por las especies pesqueras capturadas ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia, provocando un gravísimo daño al medio ambiente; a la sostenibilidad de las especies; a los consumidores; a la soberanía política, económica y alimentaria de la Argentina y al desarrollo del litoral marítimo argentino, su población, su desarrollo industrial y a la generación de empleo.

La Fundación ha solicitado a la Sra. Jueza Federal que:

  1. a) Se establezca como objeto procesal de la causa, la recomposición y/o resarcimiento del daño ambiental colectivo material, moral y punitivo; todo ello, conforme al desarrollo del escrito.
  2. b) Se disponga inaudita parte la medida cautelar peticionada mientras se sustancia la Demanda.
  3. c) Se promueva la caducidad de los buques nacionales que violen el art. 27 bis de la Ley 24.922, conforme el artículo 28°.
  4. d) Se fije la composición de la clase por “toda la comunidad argentina”.

En síntesis, los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no pueden pescar sin habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni las igualmente argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863 y el Acuerdo con la CEE en 1994 con la Argentina y otra decena de elementos probatorios de la ilegal que se detallan en la demanda.

Todo tiene un límite: Cayetano Santos Godino, conocido como “el Petiso Orejudo”, siendo un asesino serial, sus compañeros lo mataron en 1944 en cárcel de Ushuaia por estrangular un gato. Los argentinos, si bien somos tolerantes; no nos toquen a Malvinas; porque son argentinas y, como al unicornio azul, son nuestras y las queremos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

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ACTIVIDAD PESQUERA, ARGENTINA, Pesca

PESCA. FUNCIONARIOS INEPTOS Y EMPRESARIOS SIN ESTRATEGIA

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César Augusto Lerena*

El gobierno lleva adelante una política de desindustrialización y un proyecto aperturista; frente a ello, el sector empresario pesquero continúa con una política gremial atomizada, dubitativa y vetusta que aplica un modelo extractivo y exportador de escaso valor, muy lejos del resto de las exportaciones de recursos naturales. La pesca es una actividad desconocida y desvalorizada por funcionarios y consumidores. Mientras Coca-Cola sigue promoviendo sus productos, las bondades de la pesca no existen o solo tienen difusión nacional las noticias negativas.

La evidencia más antigua de la pesca se acaba de descubrir en grabados de redes y pescados de unos 15.800 años a orillas del Rin. Es decir, el período Paleolítico Superior, donde se manifiesta que la explotación de esta especie, no solo era una cuestión de subsistencia, sino que tenía un significado cultural y simbólico; sin embargo, se agotará en el Atlántico Suroccidental, si los gobiernos, empresarios y gremios, no modifican el modelo político, productivo y gremial-empresario imperante en Argentina desde la década del 60.

¿Los empresarios se habrán enterado que las reglas cambiaron? No tienen políticas de revalorización de la actividad; no avanzan sobre el manejo efectivo de la actividad y siguen con métodos predigitales frente a políticas cognitivas y de irrupción de las redes sociales.

El Consejo Federal Pesquero no es federal ni concentra el poder de la decisión. El subsecretario de Pesca carece de poder. Ha sido y es parte del problema. Ello diluye el ámbito de negociación, en especial cuando los representantes de las provincias no han siendo capaces de diseñar una estrategia común. Su poder parece delegado a un cuerpo que carece de tal atributo y solo es el mascarón de proa formalizando decisiones tomadas fuera de ese ámbito.     

El poder sectorial y la fragmentación empresaria. La multiplicidad de Cámaras y alguna Asociación por fuera de ellas, debilita el poder del sector. La “Intercámaras” parece suscribiendo el interés de todos ―parece una alianza electoral― pero, ello no alcanza ya que no logra expresar un verdadero poder de la actividad. Juntar Cámaras para suscribir una nota defensiva o recorrer despachos no agrega potencia a la voz ni mucho menos muestra la importancia del sector que requiere de un proyecto que esté por delante de las iniciativas gubernamentales que desconocen las particularidades del sector y, sobre todo, necesita de una evolución empresaria efectiva que pueda ser ponderada y no cuestionada. Cualquier funcionario desinformado califica a este sector como “mafioso que explota el recurso pesquero en forma gratuita”, mientras el sector sigue aferrado a un proyecto pre-industrial iniciado hace sesenta años, fácilmente atacable. No se cambia esta imagen con la botadura de un importante buque, con la construcción de una planta industrial o con fotos de empresarios reunidos en una feria internacional. Es “cartón pintado”, por el que se invierten miles de dólares para que luego un Subsecretario “que nunca pagó un salario” establezca la política pesquera, a la par de decir, que si fuera por él ya se hubieran adjudicado las cuotas de pesca. Pasamos de “El estado soy yo” de Luis XIV en 1655 a funcionarios que no representan el poder político ni a las empresas. Es poco serio por parte de los gobernantes, pero también de los empresarios y las provincias que no parecieran entender que de una buena administración de este recurso dependen los pueblos, las industrias, los trabajadores y proveedores y, la custodia soberana argentina de territorios muy vulnerables de la República.

Las empresas integradas en Cámaras están divididas por tipos de buques, por especies, por plantas exportadoras, por su radicación y tipo de proceso, por un conjunto de empresas que consideran que se agrupan asociadas porque entienden que son las que mayor volumen producen y exportan y, otras empresas que han formado nuevas cámaras por diferencias de distinto tipo entre empresas. A ello se agregan empresas que no están asociadas y a la intervención individual de algunos empresarios que circunstancialmente por vínculos personales están cerca del gobierno de turno.   

Ello lleva a debates con conclusiones parciales, retaceadas y a asociaciones coyunturales y transitorias frente al conflicto y no a la necesidad de elaborar una estrategia permanente que contemple el interés de todos. Aquí no aplica el “río revuelto ganancia de pescadores”, sino por el contrario el gobierno se refriega las manos al pie de los muelles, ya que esta política empresaria es errónea, claramente negativa frente a un gobierno que fragmenta (divide y reinarás) y no analiza detalles sino los números finales, muchos de los cuales, será tarde evaluarlos luego de cuatro años de gestión.     

La pesca ilegal extranjera. No se escucha a un solo empresario referirse a la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios o asociados en alta mar o en Malvinas, pese a que esa pesca afecta la economía, al ecosistema y necesariamente la pesca en la ZEE. No hay un solo plan gubernamental ni empresario para promover la pesca nacional en alta mar, eliminando subsidios, pago de derechos y acciones defensivas para contrarrestar la pesca subsidiada a distancia. Pareciera que los empresarios simplemente aceptan las reglas de juego que les impone el gobierno de turno y, aplican la reiterada consigna que ha estado vigente hasta ahora; aunque el “no hagan olas” no esté funcionando.

El libre acceso de buques extranjeros, las licitaciones, la vigencia y aumento de las cuotas de captura. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus que extranjerizaría el mar argentino, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Federico Sturzenegger, el cerebro y ministro desregulador insiste en mencionar al sector pesquero argentino como un ámbito mafioso. Calificativo que mucha gente concuerda y que ya sostenía hace 35 años atrás el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá (F.S. “Peronismo, Pampa y Peligro” p. 109-115, Ariel, 2018). El calificativo no ayuda, aunque también hay sectores prebendarios del Estado y empresarios de otros rubros que se los ve mal en la Argentina y no se los destrata, como diría Mirtha Legrand.   

Abrir el mar argentino a flotas extranjeras o colocar derechos a la captura sin analizar costos, retenciones, precios de comercialización; rentabilidad, etc., puede tener el mismo efecto: dificultar la sustentabilidad de las empresas nacionales y ceder las capturas a buques extranjeros que para hacerse de las proteínas pescan a pérdida o usan la actividad por razones geopolíticas. El aumento de los derechos de extracción (DUE) de 0,15 a 3,5 (Roberto Garrone, Punto Noticias, 17/11/24) es una muestra. Ello contrasta con los desproporcionados fondos aplicados a la administración (Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal Pesquero y la Nación) en relación a cualquier actividad productiva.

Las cuotas y autorizaciones están en manos de funcionarios en tránsito, sin la voz de quienes invierten, contratan personal y generan riqueza. Digamos, que el manejo oficial de la administración pesquera está en poder de burócratas y, los pescadores profesionales y los históricos usan procedimientos que, durante décadas les sirvió (y evito decir cuáles eran), pero que hoy son absolutamente ineficaces. El sector empresario pesquero no parece darse por enterado.

Los años de vigencia de las cuotas debieran ser proporcionales a las inversiones realizadas y especialmente de aquellas a realizar. Podrían ser 15 años, si el análisis del proyecto de cada empresa lo amerita; pero, llevar a un año la vigencia, carece de toda seriedad y estaría demostrando que el gobierno no conoce los pormenores de la actividad o que está pensando llevar adelante un proceso licitatorio, sobre el que ya nos hemos expresado.

Las exportaciones, la acuicultura y la generación de empleo. El sector pesquero dirige su producción a la exportación, aunque no tenga una representación importante en el complejo exportador argentino en el que solo alcanza el 2,5% de las exportaciones totales (INDEC, primer semestre 2024), donde se destacan con el 73,7% los langostinos y calamares y un 24,4% los pescados blancos. Exportaciones muy por debajo de sus vecinos Brasil, Chile, Perú, etc. Y, mientras que en la producción total mundial pesquera la acuicultura y maricultura alcanzan al 50%, en la Argentina están por debajo del 2%. De esto no se habla y debería ser una política prioritaria argentina para triplicar las exportaciones y la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.     

El hábito alimentario y el consumo interno. El 90% de la producción argentina se exporta y pese a que el gobierno debe administrar el recurso, nada hace para redireccionar una cuota-parte al consumo interno. Mientras los médicos nutricionistas y cardiólogos entienden que para mejorar la dieta el pescado debería consumirse tres veces por semana, la Subsecretaría de Pesca insólitamente promueve consumir pescado los días 19 de cada mes (Resolución 42/19). En un país donde los consumidores no conocen las bondades del pescado no puede esperarse que los funcionarios lleven políticas activas que acrediten el valor de esta industria. En la Argentina hay consumo per cápita anual de 4,8 Kg. Es el país con más bajo consumo en Suramérica que llega a un promedio de 9,8 Kg. Salvo algunos casos puntuales los empresarios no prestan atención al mercado local. Ni siquiera en las ciudades portuarias y pesqueras el consumo es mayor. Los programas sociales no tienen contemplado este alimento, pese a su alta calidad proteica y de grasas insaturadas y, la compra de los consumidores del pescado es reactiva ya que no está contemplada dentro de las compras programadas del hogar. Gobierno y empresarios son responsables de esto y, ello también, hace a la imagen del sector.

La reforma de la ley 24.922. La ley nació en 1998 y tuvo su rol en esos años. Después de 28 años de su sanción, en una actividad en discusión en el mundo pesquero, es insólito que no haya tenido cambios en cuestiones que se sufren: la integración del Consejo Federal Pesquero; la falta de jerarquía de la Autoridad de Aplicación; el otorgamiento de cuotas; el sostén económico de la administración, la investigación y el control y un centenar de temas que proyecten una actividad moderna para los próximos treinta años. El temor empresario es reverencial a alguna modificación que pudiese cambiar las reglas de juego estos años. Los empresarios no parecen darse cuenta que el cambio es irremediable y, cuanto más aporten intelectualmente, menor será el riesgo que los funcionarios de turno contribuyan con su desconocimiento. El Santos de Pelé impuso la estrategia de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”.       

La aplicación de multas. Su aplicación y sobre todo las de alto monto, muestran la incapacidad del gobierno de llevar una política de preventiva. Las últimas parecen destinadas a mostrar un cambio sancionatorio y no a llevar una administración ordenada. Todo el proceso es observable: desde la inspección hasta la sanción. Hay denuncias sobre incumplimientos graves y, otras recientes, que refieren a actos de persecución. Las multas no reparan los daños.

La soberanía y política poblacional. La pesca es una actividad central en la defensa de la soberanía marítima y en los amplios espacios de la Patagonia. La pesca ha servido para poblar e industrializar ese importante territorio nacional con baja densidad población. Más de 500 buques pesqueros habilitados son custodios del extenso territorio marítimo. El sector empresario no ha sabido darle valor y proyectar nacionalmente este hecho trascendente. Los gobiernos provinciales del litoral patagónico como hemos visto en estos días a cambio de unas monedas han planteado el absurdo de liberar sus puertos para dar apoyo a los buques que pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios.       

Manual Belgrano en el siglo XIX decía “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”. Los empresarios pesqueros no han sabido darle valor estratégico, económico, social, alimentario y sanitario a la pesca.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado – Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

 

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ARGENTINA, Pesca

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

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César Augusto Lerena*

Disculpen si somos algo escatológicos en este escrito. Se dice que la corrupción mata; pero en la pesca también da olor putrefacto; afecta la imagen de la actividad, a las ciudades y pueblos productores; daña a toda la gente que trabaja en el rubro y a todos los empresarios por igual, aun a aquellos que se esfuerzan por comercializar productos de calidad y se ajustan a los procedimientos legales. La corrupción desalienta los hábitos de los consumidores ya que, con una baja cultura alimentaria, asocian este producto altamente perecedero con los cuestionables métodos que algunos utilizarían para hacerse de él. Finalmente, el silencio de los funcionarios ante denuncias de coimas, termina confirmando que si el río suena agua trae y ésta es un gran lodazal.        

Suele considerarse a la pesca como un sector mafioso y los últimos hechos referidos a supuestas coimas para renovar las cuotas de captura no hacen más que acrecentar esta idea, tirándole un balde de materia fecal a toda la actividad sin excepción.   

El retrato original es de vieja data. Tiene su inicio en el pésimo concepto que tenían todas las actividades portuarias y las que usaban cuchillo para sus labores: los cuchilleros, la faena clandestina, la matanza y cuereado en catres en mataderos, las tareas a bordo donde hay casos donde realizan tareas de trabajo esclavo, los oficios portuarios y el fileteado en ambientes clandestinos y deplorables. Además, la gente recuerda el origen siciliano de la mafia italiana; la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa y en la pesca los inmigrantes provinieron de estas regiones: aunque muchos respetables, pagan por pecadores.     

También los gallegos, que agregaron lo suyo, al robarse los recursos argentinos en Malvinas y duele.

Ahora, desde hace 50 años la responsabilidad de mantener una execrable imagen es exclusiva de las empresas y empresarios argentinos o extranjeros radicados en la Argentina. Los alcanza a todos por igual. ¿Es cierto entonces que la pesca es mafiosa? Es de las preguntas referidas al sector que más hemos recibido en casi cincuenta años de vínculo con la actividad.

Cuando escuchamos hablar de coimas, no podemos ser hipócritas; era vox pópuli que los permisos de pesca se vendían en escribanías cuando la pesca era «olímpica» y luego esta situación se blanqueó con la sanción de la Ley 24.922 al establecerse el otorgamiento de las «Cuotas Individuales Transferibles de Captura» (CITC) y, aunque «Los negocios» con plata negra no son una cuestión nueva, lo difícil es probarlos.

Nosotros colaboramos con la redacción del artículo 1º de la ley 24.922, pero los demás artículos fueron elaborados por varios empresarios pesqueros y un dirigente gremial, desnaturalizando el referido artículo 1º. Un recurso del Estado no debería ser transferido y mucho menos alquilarse los buques a terceros para que estos hagan uso de cuotas y/o autorizaciones. Se ha transformado una actividad productiva en inmobiliaria.

Parece una concesión pero en los hechos es una privatización transitoria ―de bajo costo― de los recursos del Estado y ahora, frente al vencimiento de las cuotas otorgadas, mantener las mismas condiciones para el período 2025-2040 con las que se les adjudicó la concesión por quince (15) años de 2009 a 2024 resulta insólito. ¿Cuál sería el nuevo aporte, aparte del pago de los derechos de captura, para hacerse acreedor de este nuevo período? Gran parte del crecimiento de las empresas deriva de la concesión a vencer en 2024.

Lo hemos dicho, las cuotas y autorizaciones de pesca tienen más valor que el mejor buque. Frente a la duda que se instala a partir del plan original de Sturzenegger de extranjerizar la pesca y la posterior denuncia concreta de los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias. ¿Porque no habría que creer que frente a la renovación por 15 años de las cuotas de pesca no haya existido un intento de coima de algún intermediario oficioso? Más aún cuando los funcionarios y el gobierno guardan silencio.

Suponiendo que las cuotas estaban siendo manejadas por «carmelitas descalzas» y toda la cuestión de la cometa de 15 millones de dólares la habrían inventado un ex subsecretario de pesca empleado de una tradicional pesquera y un gerente de una empresa de capital extranjero, ambos marplatenses ―como se dice en los ambientes portuarios― para lograr que todo siga como está, cuestión que todas las cámaras y gremios corrieron presurosos a solicitar (ver Actas del CFP 10, 12 y 14/24) y luego respaldar públicamente los buenos oficios del Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de Pesca.

Ambos hechos resultan cuestionables: la existencia de un eventual pedido de coima que no ha quedado debidamente aclarado y el cierre en pocos meses del proceso de adjudicación de las cuotas.

Un proceso racional y cristalino de adjudicación de nuevas cuotas ―no de renovación como se pretende instalar― debería haber hecho un llamado público a eventuales interesados y la conformación de una comisión ad-hoc de profesionales y técnicos de distintas disciplinas (pesqueras, navieras, económicas, industriales, jurídicas, etc.) que tengan en cuenta lo siguiente:

1) Dictamen previo si las cuotas y/o autorizaciones que la empresa tienen validez suficiente, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Pesca confrontados con la auditoría de la Universidad de Buenos Aires (2002, Expte. S01 N° 0178755/2002 e informe del 21/8/2003).

2) Dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en los art. 7º, 9º, 26º y 27º de la Ley 24.922.

3) Garantizar que el otorgamiento de cuotas no se considere una «concentración indeseable» en relación con las especies que se cuotifican y el resto de las empresas pesqueras interesadas.

4) Se establezca una «Unidad Económica Pesquera» de modo que la cuota a otorgar garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas, de modo de evitar la posterior transferencia de cuotas por imposibilidad de sostener la actividad o solicitar cuota al solo efecto de transferir luego las cuotas a terceros.

5) Se incorporen buques con alta tecnología relativa a la eficiencia pesquera; reducción de la huella de carbono; que cuenten con sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco y que apliquen sistemas de pesca selectiva.

6) Que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; que se realice un mayor aprovechamiento de los residuos y no produzcan descartes en el mar.

7) Nuevas inversiones en acuicultura y/o maricultura; la industrialización del producto en tierra, emprendimientos portuarios, mejora tecnológica, desarrollo logístico destinado al mercado interno, etc.

8) Presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresas.

9) Guarden relación con las descargas en los puertos y su industrialización en los territorios provinciales.

10) El tiempo de vencimiento de la concesión determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica.

Complementariamente, se establezca un porcentual de capturas a los nuevos emprendimientos e inversiones de empresas nacionales que deseen incorporarse a la actividad que no tengan relación de ninguna naturaleza con empresas actualmente concesionarias.

Al mismo, cabe aclarar que las cuotas de captura están referidas exclusivamente a las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra, polaca y vieira. Pero las concesiones deberían alcanzar también al langostino, calamar y otras especies que son de igual o mayor importancia que las citadas.

Volviendo a las denuncias de corrupción a la hora de adjudicarse las cuotas de captura de varias especies por parte del Consejo Federal Pesquero. El gobierno y los mencionados deben dar las suficientes explicaciones y le recordamos a la Justicia algunas de las empresas y personas mencionados por los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias (08/09/2024) se cite a declarar a todos los funcionarios del Consejo Federal Pesquero; al Subsecretario de Pesca López Cazorla; a las empresas «Iberconsa» (Platinum Equity/Juan P Basavilbaso), «Moscuzza», «Solimeno» (Antonio Solimeno), «Argenova», «Arbumasa», «San Isidro», «Newsan» y «Estrella Patagónica»; a Santiago Caputo (Asesor del Presidente); Lule Menem; Karina Milei; Juan Pazo (delegado de Ministro Caputo); Sergio Iraeta (Secretario de AGyp); Federico Sturzenegger; Marcelo González (ex Gerente de Estremar), Miguel Bustamante; Eduardo Boiero (CAPECA); Fernando Rivera (CAIPA); Lisandro Belarmini (Moscuzza); Agustín Ocampo (Glaciar Pesquera); Jorge Frías (Capitanes de Pesca); Cristina Ledesma (SOIP) y la Embajada de Estados Unidos.

Hubiese o no solicitud o pago de coimas, participar en reuniones fuera del ámbito oficial de parte de empresarios pesqueros o la discusión del monto, así fuese U$S 1, 100 o U$S 1.000, todo parece muy irregular. Los cálculos los efectúa la Revista Puerto y la sensación del sector empresario la indica Punto Noticias: «Otra vez estamos en el ojo de la tormenta», lamentó un empresario. «No sé para que se prestan a estas maniobras si siempre terminal mal». De estos comentarios podría inferirse que no ha sido la primera vez y tal vez no sea la última. Tal vez fue desproporcionado el monto, los valores exigidos podrían haber estado por encima de los valores habituales del mercado (en negro). Es una hipótesis probable.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

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