Según el geógrafo inglés Sir Halford John Mackinder (1861-1947), las grandes guerras —y hemos tenido muchas a lo largo de los últimos siglos— han sido causadas por el crecimiento desigual de las naciones. Tal cosa no se debe en su totalidad al mayor genio o energía de algunas comunidades en comparación con las demás; en gran medida resulta de la inequitativa distribución del suelo que se ocupa y de lo que podría llamarse “oportunidad estratégica” de unos sobre otros a lo largo de la historia de las civilizaciones (Ideales Democráticos y Realidad, 1919).
Piénsese en cuán diferente hubiera sido el destino de los trece estados originales que formaron los Estados Unidos de América si el país se hubiera fundado en otro lugar y con otra gente. Partir en 1776 desde una excelente ubicación y contar con una buena dirigencia permitió a las 13 ex colonias británicas pasar a ser 50 estados y adueñarse de más de medio continente en un lapso de solo 120 años.
EEUU siguió ganando espacio hasta convertirse en potencia bioceánica con legítimas pretensiones de poder mundial, ya insinuada desde fines del siglo XIX tras su victoria ante España. La nación que fundó George Washington tuvo una enorme ventaja dadas las ubérrimas condiciones del espacio ocupado y ganado, la excelencia de su élite y la abundancia de recursos naturales que sus logros territoriales le proporcionaron.
No existe en la dura arena geopolítica mundial “igualdad de oportunidades” entre naciones. Algunas nacen bien, otras nacen mal, algunas se fortalecen y superan desventajas mientras otras se ahogan —por incompetencia— en sus desventajas o por no saber aprovechar sus pocas ventajas. Al contrario, los pueblos fuertes procuran conseguir de terceros débiles lo que les falta, a veces con resultados positivos, otras con fracasos. Históricamente, se puede inclusive cuantificar la desaparición de estados absorbidos o aniquilados por estados que tuvieron mejores posibilidades y supieron sacar provecho de lo que tenían. Todo dependerá al final de las condiciones objetivas de cada cual, pero también en grado sumo de la calidad y continuidad de sus conductores.
No es cuestión de ser superior o inferior, malo o bueno, de aquí o de allí, sino de quién es capaz de aprovechar su oportunidad en materia de terreno útil y proyección en el tiempo, además de la capacidad de la élite y del valor prioritario que ésta le asigne al lugar que ocupa su pueblo para defenderlo o ampliarlo, esto último si puede y si así le conviene.
Los países que valoran el espacio y preservan recursos siempre tendrán buenas chances. Los que no reconocen ni el valor del espacio ni la necesidad de proteger sus propias materias primas, terminan en el cementerio de las naciones o se transforman en estados frágiles, en un triste yunque de estados martillo más previsores y con mayor capacidad estratégica.
Malvinas 1982-2022. Una Gesta Heroica y 40 años de entrega. Pesca, la moneda de cambio», un libro de César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca
A la venta en la Librería Hernández (Av. Corrientes 1436 CABA)
Malvinas 1982-2022. Una Gesta Heroica y 40 años de entrega. Pesca, la moneda de cambio es un libro que describe lo ocurrido en los últimos 40 años en el Atlántico Sur, Malvinas y Pesca. Describe y cuestiona muchos de los hechos y efectúa propuestas de gobierno.
El autor entiende que la Argentina es un PAÍS MARÍTIMO e INSULAR. La superficie terrestre de nuestro país alcanza a 2.791.810 Km2, sin incluir la Antártida. Con una costa de 6.816 km según estudios del CONICET, una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 3.146.345 km2 y los archipiélagos de Malvinas que ocupan 11.410 km2 y el resto de las islas 8.597 Km2, sin incluir la Isla Grande Tierra del Fuego y los 965.597 km2 de la Antártida Argentina y las aguas correspondientes.
De esos espacios marítimos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte invade 1.639.900 km2, es decir el 52% de la ZEE Argentina. Sumando a ello que los británicos disputan a Argentina 1.430.367 km2 de la plataforma continental y también la Antártida. Se concluye que los británicos pretenden quedarse con un territorio equivalente a la Argentina de La Quiaca a Ushuaia.
La Argentina rodeada por los ríos Paraná y Paraguay, junto al Río Uruguay, que cuenta con 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), con más 290 km del Río de la Plata hasta el Atlántico, donde el mantenimiento está concesionado y, en su mayoría navegan buques extranjeros y, el comercio de granos en manos de unas pocas empresas extranjeras. El Atlántico Sur no solo está ocupado, sino que explotan sus recursos, buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. extraen un millón de recursos pesqueros originarios de Argentina valuados en cuatro mil millones de dólares por año, el doble de las exportaciones pesqueras nacionales. En Malvinas se capturan 250 mil toneladas por año valuadas en mil millones de dólares. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989, el Reino Unido, a través de licencias ilegales, la suma de 32 mil millones de dólares.
El autor observa que mientras ello ocurre, gran parte de los argentinos están desinformados y creen que solo tenemos ocupadas Malvinas. Los aciertos en estos 40 años son escasos y los desaciertos múltiples, respecto al camino hacia la recuperación de la soberanía en Malvinas y a los otros espacios insulares, marítimos, la plataforma continental y la Antártida Argentina.
El Derecho Internacional Público, aunque delicado para mencionar los asuntos de Estados, es preciso y categórico para explicitar los desenvolvimientos de reclamos o pleitos interestatales. Igualmente, la normativa internacional se manifiesta muy concreta ante un evento que requiera atender un asunto contencioso, para lograr alcanzar las soluciones.
Lo anterior queda condicionado a lo siguiente: siempre y cuando las partes conflictuadas expresen manifiesta e inequívocamente las disposiciones a resolver el hecho litigioso.
Veámoslo así, en nuestro caso particular por la zona del Esequibo. Lo voy a decir directamente.
Si continuamos con la dejadez frente a lo que nos corresponde histórica y jurídicamente; si no nos pronunciamos a tiempo contra lo que aún se viene perpetrando, que vulnera nuestros intereses soberanos; si damos muestras de indiferencias, en vez de formular las denuncias oportunas y contundentes; o permitir que los gobiernos guyaneses sigan dando concesiones a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de los vastos recursos que tiene la Guayana Esequiba, no solo en el territorio, sino en su proyección atlántica. Entonces, sépase que todas estas omisiones, desatenciones y desintereses conspiran contra nosotros en los reclamos que desde hace más de un siglo hemos hecho de esa zona; porque, nuestra conducta displicente se puede llegar a interpretar como desistimiento de nuestra causa.
Los silencios oficializados se pagan caros. Tales quietudes las conocemos como Aquiescencias. Las mencionadas actitudes estatales (o por lo menos, la de algunos funcionarios (in)competentes) conforman incomprensivas permisividades.
Resulta inaceptable que quienes deben reaccionar y protestar se quedan inermes (en poses pusilánimes) ante decisiones arbitrarias, hechos agresivos u ofensivos del Estado guyanés frente a Venezuela.
Entre nosotros los Esequibistas viene aflorando una común y compartida inquietud, que se manifiesta en interrogantes del tipo: por qué quienes tienen las competencias en materia de Relaciones Exteriores —particularmente en lo atinente a la Guayana Esequiba— no convocan a las mejores capacidades de compatriotas, densamente formados, para diseñar las expeditas estrategias, y comenzar a discernir nuestros escritos de alegaciones de Hecho y de Derecho, que debe nutrir al Memorial de Contestación de la demanda, que nos interpuso la excolonia británica, en la Corte Internacional de Justicia.
Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un asunto de Estado que debe concitar la unidad nacional, haya tanta opacidad por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.
Abramos los ojos y analicemos que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.
Sabemos que ya el caso se encuentra en proceso jurídico en la CIJ; sin embargo, el gobierno actual de la excolonia británica continúa entregando concesiones, a diestra y siniestra, a las empresas transnacionales para que se instalen en la Zona de Reclamación y en su correspondiente proyección marítima.
Cada semana, se incorpora a este festín voraz una empresa diferente por la concesión otorgada desde el gobierno de Irfaan Ali; con la finalidad de emprender labores de explotación ilegal y abusiva, de nuestros recursos, contrariando el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966
De todos es sabido que Guyana está citada para el 08 de marzo del próximo año, para que insista o desista jurídicamente del recurso ya interpuesto contra nuestro país; y ratifique o retire la pretensión procesal que contiene en su petitorio.
Prestemos atención a lo siguiente. La interposición de acciones en nuestra contra, que es bastante, la conocemos en su totalidad. La hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.
Guyana pide en su pretensión procesal que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza. En otras palabras, aspiran que Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada, con base en los hechos que narra en su escrito.
Orgullosos de nuestra venezolanidad proclamamos que no hay nada que temer; porque lo que Guyana está pidiendo ante el Alto Tribunal de La Haya es rebatible y desmontable. El objeto de la demanda no tiene el menor asidero. La contra Parte no posee el menor documento que los respalde.
Los coagentes del gobierno guyanés, para esta controversia, tienen más de un año instalados en La Haya, sede de la CIJ; con honorarios carísimos y logística a todo dar; gastos sufragados por las empresas transnacionales que se encuentran esquilmando nuestros recursos.
Ese equipo, que litiga en la CIJ, está integrado por: Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE.UU en La Haya; además, Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y Shridath Ramphal (guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.
Ese equipo no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en muchas ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justo Título traslaticio; además poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, políticos, geográficos y morales.
Nuestra sugerencia —una vez más— a la Cancillería venezolana es para que estructure nuestro equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos muy dignos y experimentados profesionales del derecho, historia, sociología, antropología, geografía etc. suficientemente conocedores de la controversia por la Guayana Esequiba, prestos a representar a Venezuela. Entonces convoquen y habiliten —oficialmente— nuestro equipo que el país quiere conocer. Equipo que con legítima disposición patriótica nos defenderá en marzo del 2023.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
