Hemos leído en estos días un documento de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería por el que se recomienda a los Periodistas argentinos el tratamiento adecuado de lo que llama “la disputa de soberanía con el Reino Unido” sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Ya opinará la prensa sobre recibir recomendaciones del gobierno para dar un tratamiento adecuado a éste u otros tantos temas que son parte de las relaciones internacionales del país. Nosotros nos ocuparemos de lo que dice y no dice este documento que, según se informa, es parte de la “Agenda 40 Años”.
En contrario a la forma en que se titula esta “Recomendación” de la Secretaría de Malvinas, la Argentina no tiene una disputa de soberanía en Malvinas, sino que tiene un amplísimo territorio marítimo e insular ocupado en forma prepotente por el Reino Unido y la cuestión “a tratar” por los funcionarios del gobierno, es la recuperación de dichos territorios y “el ejercicio pleno de la soberanía” (Filmus, Daniel. Infobae, 10/06/2020). Recordemos que la Nación Argentina «ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional» (Disposición Transitoria Primera C.N. 1994).
Dice este informe “Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, sobreentendiendo que estas últimas, comprenden las Georgias del Sur, Sándwich del Sur y otras; aunque ello, no sea una cuestión menor, ya que el Reino Unido mantiene en éstas una ocupación y administración independiente-ilegal y desde ellas su pretensión de proyección a la Antártida.
A pesar de que la “Recomendación a los Periodistas” de la Secretaría dice: “Una comunicación responsable no debe obviar el territorio en disputa y sus cuantiosos recursos naturales” (sic) este documento omite la invasión, ocupación y explotación del Reino Unido de 1.639.900 km2 de los espacios marinos argentinos, que representan un porcentual equivalente del 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina; la extracción de 250.000 toneladas anuales de especies pesqueras argentinas del área de Malvinas, un equivalente a entre 650 y 1.000 millones de dólares por año y la explotación petrolera offshore. Todo ello, violando la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que deberían haber impedido al Reino Unido avanzar sobre los territorios argentinos ocupados y, que este documento oficial no menciona para conocimiento de todos la prensa y todos argentinos.
Además, de referir erróneamente (¿?) que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) con sede en las Naciones Unidas “recomendó” los 1.782.500 km2 presentados por la Argentina, esa Comisión solo recomendó 351.633 km2 ya que 1.430.367 km2 no fueron tratados por la referida Comisión por entender que estos kilómetros de plataforma se encuentran en disputa con el Reino Unido. Omitió también que los trabajos sobre la plataforma se iniciaron en 1996, no en 2009 que es la fecha de presentación y ello debiera destacarse, porque esta labor se constituyó en una de las pocas políticas de Estado que han llevado adelante todos los gobiernos desde 1996 a 2016.
Por otra parte, llama la atención que no elaborase en pleno esta “Recomendación” el Consejo Nacional de Malvinas y solo tres de sus miembros lo hayan hecho; tanto desde el punto de vista político, como, por que conocemos, la Ley 27.558 aprobada en 2020 requiere que toda aprobación en este Cuerpo debe tomarse por consenso en todos aquellos temas que se difundan a la prensa: «(b) Colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos; (c) Proponer y llevar adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas (…); (d) Realizar acciones destinadas a colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas (…) y (e) Proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Ex Combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares» (sic).
El punto 7 del informe recomienda denominaciones para los isleños y para seudo instituciones británicas que ocupan ilegalmente Malvinas y termina refiriéndose “al conflicto del Atlántico Sur” en lugar de conmemorar el 2 de abril los 40 años de la recuperación de Malvinas, lo que los isleños británicos harán el 14 de junio próximo. En 1982 los británicos ocupaban 11.410 km2 de los archipiélagos más tres millas marinas a su alrededor. Hoy hay una “invasión británica del Atlántico Sur” que ocupa 1.639.900 km2 de territorio marítimo argentino y nos disputan la plataforma continental y la Antártida. ¿No hubiese sido prudente hacer un “copia y pegue” del repudio a la guerra y a la violación de territorial de Ucrania y hacerlo igualmente al Reino Unido respecto a Malvinas? Entendemos, que no se puede construir un “tratamiento mediático de los hechos” (sic) relatando solo antecedentes históricos o jurídicos ¿o no se ha hecho nada más en estos 40 años? Probablemente no. El presidente de la Nación se refirió preocupado días pasados a “la guerra contra inflación” y este documento no cita ni una sola vez “la guerra de Malvinas”, quitándole relevancia a la recuperación de Malvinas y al 2 de abril, que conmemora “el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas”.
Como dijimos (Lerena, César “La Reconquista de Malvinas del 2 de abril de 1982”, 24/01/2022) el gobierno no quiere (y yo tampoco) atribuir esta Reconquista al dictador Galtieri; pero, en este esfuerzo intelectual fallido y autoritario, que se deja de manifiesto en esta “Recomendación a la Prensa” confunde las motivaciones espurias de Galtieri; la falta de oportunidad y de disponibilidad del armamento indispensable; la pésima planificación y conducción de los principales responsables; la incapacidad estratégica y la falta de consentimiento nacional y autorización de los representantes legítimos del pueblo, entre otras razones (que podrían ser detalladas con mayor precisión y amplitud), con la Gesta Heroica de quienes ejecutaron la recuperación de Malvinas y la posterior defensa del territorio nacional, combatiendo y cumpliendo fielmente con el juramento de “seguir constantemente la bandera y defenderla hasta perder la vida”.
Depreciar la Reconquista, es desvalorizar el esfuerzo de los soldados, suboficiales, oficiales, mercantes, civiles y hasta pescadores combatientes y de sus familiares. Es hacer caer en abstracto y devaluar todas las condecoraciones y reconocimientos a los Veteranos de Guerra. Es una sanción que no puede alcanzar a quienes combatieron con honor y su ocultamiento es una condena explícita y una desmalvinización que se cumple hasta nuestros días devaluando a los combatientes que defendieron el espacio argentino con honor y es mantener a la Nación y a los argentinos postrados ante la Infame Falange de Albión; quien no solo utilizó todo su poderío militar durante la guerra, sino que después de ella nos dice y desculturiza poniéndonos de rodillas: “olviden los argentinos las derrotas británicas de 1806, 1807, 1845 y 1982”. Confraternicemos. ¿Porque no nos referimos a las derrotas infringidas por la diplomacia argentina mediante el Pacto de El Pacto Roca-Runciman (1933), los Acuerdos de Madrid (1989/90), el Pacto de Foradori-Duncan (1916) y otros tantos acuerdos infames, algunos de los cuales mantenemos en vigor, al igual que la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas.
Está claro que, según lo dicho, Galtieri y otros generales y almirantes merecen la mayor de las humillaciones, pero ésta no puede trasladarse a los combatientes y al conjunto de los argentinos. ¿Por qué los gobiernos, por sancionar legítimamente y justo rigor a Galtieri, privan a los combatientes de Malvinas y a todos los argentinos de semejante orgullo nacional equiparable —o aún más— a la Reconquista de las 40 manzanas de Buenos Aires ocupadas en 1806 en manos de españoles, orientales y criollos? O la resistencia efímera y adversa de la batalla de la Vuelta de Obligado que en un día terminó en derrota argentina, con 250 muertos y 400 heridos. ¿Los detractores del Brigadier Juan Manual de Rosas deberían entonces rechazar la conmemoración de esta fecha como el día de la Soberanía Nacional? (Ley 20.770).
¿No está acaso en la voluntad popular recuperar la soberanía plena de Malvinas? «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» (C.N., 1994). ¿No se llenó acaso la Plaza de mayo para repudiar a Galtieri y también para festejar la recuperación de Malvinas? Ningún gobierno puede estar en contra de la Constitución Nacional, de la voluntad popular y del honor eterno que merecen nuestros héroes nacionales.
Vaciar de contenido es quitar «Su memoria, junto con la de quienes combatieron en el conflicto con la legítima convicción de defender el interés nacional, merece ser honrada» (de la “Recomendación para Periodistas” Secretaría de Malvinas, 3/2022).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación- Autor de 28 libros, el último “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio”.
Comencemos por rememorar que el soberbio imperio británico apeló a todo tipo de ardid diplomático (extorsiones incluidas) para que se conformara una Comisión Arbitral en 1899, sin la presencia de la representación venezolana.
Dicho jurado, compuesto por ingleses, estadunidenses y un ruso prevaricador, decidió despojarnos de manera vil, descarada y vergonzosa, de la denominada Guayana Esequiba, con el conocido laudo sentencial, concluido en París el 3 de octubre de ese año.
De tal manera que hemos sostenido la referida contención desde hace más de un siglo; ayer, quienes nos antecedieron en esta gesta reivindicadora y hoy quienes enfrentamos esta lucha, en todos los frentes.
Lo hacemos convencidos de que nos asiste la razón; porque, además, tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos (que no admiten prueba en contrario), cartográficos, sociales y políticos.
Estamos dispuestos a continuar, en las instancias que sean necesarias, hasta que se logre hacer justicia a Venezuela por el daño patrimonial territorial que se nos perpetró.
La contraparte en este asunto litigioso sabe que tenemos Justos Títulos, que han sido traslaticios desde que nos constituimos como Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777, por Real Cédula de Carlos III.
No es poca cosa la que queda implícita y abarca el reclamo. Hablamos de una séptima parte de nuestra extensión territorial, con su respectiva proyección atlántica; y de un conglomerado de compatriotas, Esequibanos, con quienes debemos tejernos en absoluta identidad nacional.
Sin embargo, prestemos atención a la estrategia que ha venido jugando la excolonia británica en este asunto.
Guyana, que siempre estuvo rechazando la posibilidad de la figura del Buen oficiante, introdujo una demanda, en el año 2018, contra nuestro país, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Dicha demanda acaba de ser ratificada el 08 de marzo del 2022; pidiendo, en esta ocasión, que se nos sentencie en ausencia.
Aunque jugamos bien, entonces en el inicio del juicio, la carta de la No Comparecencia; debemos ser responsables ante Venezuela, y manifestar que el mandado no está hecho, completamente. Hay que afinar las próximas decisiones jurídicas al respecto. Tenemos una cita pendiente para el 08 de marzo del 2023.
Hago esta seria advertencia: como recurso procesal la No Comparecencia es perfectamente admisible y aplicable conforme al Derecho Internacional Público; pero no basta —eo-ipso— para resolver jurídicamente el pleito.
No obstante, dejamos sentado, ante la opinión pública nacional, que por el solo hecho de habernos decidido por la No Comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de la demanda que interpuso el gobierno guyanés contra Venezuela, todavía no obtenemos la solución definitiva en la controversia, por el área que vilmente nos arrebataron.
La situación se encuentra en condición de imprejuzgada (nada resuelto conforme a derecho); a pesar de lo que la contraparte alude e invoca. Nada de Cosa Juzgada ni laudo arbitral ejecutoriado.
Permanentemente lo hemos expuesto que nuestro país nunca ha aceptado la decisión arbitral que nos despojó de la citada extensión territorial y su consecuente proyección atlántica.
Invocar la No Comparecencia, como lo hizo nuestra delegación, resultó, ciertamente, una postura estratégica inteligente; y evitó que los coagentes de la excolonia británica se salieran con la suya en la celada jurídica tendida.
Es verdad que la No Comparecencia nos da un respiro, pero no aporta un último desenlace en esta histórica contención.
Sin embargo, reconozcamos, con carácter de autocrítica generalizada, que hemos tenido demasiada desidia para mantener altivo el interés en la opinión pública nacional por la Guayana Esequiba.
No exageramos si decimos que hay compatriotas que se pierden en el mapa, y no logran precisar dónde les queda ese inmenso territorio de nuestra geografía que vilmente nos arrebataron.
Asumamos, modestamente, que todo lo hecho hasta ahora parece que resulta poco para tamaño emprendimiento.
Debemos redoblar nuestro tiempo para seguir haciendo más labor de reivindicación venezolanista, por nuestra Guayana Esequiba; dejando a un costado cualquier sesgo ideológico o partidista que intente diferenciarnos en este noble propósito.
Un aspecto bastante significativo y destacable —que no nos intimida— es que ellos están asesorados por abogados con experiencias en controversias entre Estados, y financiados por compañías estadounidenses, canadienses, holandesas, chinas que explotan nuestros recursos petroleros, energéticos, hídricos, mineros, madereros, de flora y fauna en general.
Guyana y su equipo de asesores han jugado, con tenacidad, en los últimos dos años la estrategia jurídica. Poco les han importado las otras alternativas de solución contempladas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y reflejadas en el texto del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, vale decir: la negociación, la mediación, la conciliación; en sí mismas, son vías expeditas y pacíficas para alcanzar una avenencia “práctica y satisfactoria” para ambas partes.
Así también, la delegación guyanesa ha demostrado que está dispuesta a jugársela completa; inclusive hasta con una extraña y tramposa manipulación del propio Estatuto de la Corte, en su artículo 53.
Resalta el hecho con demasiada suspicacia, de que el gobierno guyanés se muestre esperanzado que tal vez están próximos a “una decisión final y vinculante que resuelva esta controversia. Que permita a Guyana y Venezuela desarrollar relaciones como Estados vecinos”.
El párrafo anterior está contenido en la declaración oficial del gobierno de Guyana, una vez que se conoció que la Corte iba a citar a las partes conflictuadas para la fase oral y a la consignación del respectivo memorial de ratificación (para ellos) y de contestación de la demanda (para nosotros).
Siendo así, por lógica deductiva se llega a conocer que Guyana tampoco acredita a la írrita y nula sentencia arbitral como Ejecutoriada o Cosa Juzgada. No está muy segura. Y no lo está porque no tiene el más mínimo documento jurídico, histórico o cartográfico que respalde lo que pide ante la sala sentenciadora de La Haya.
Si la excolonia británica solicita a la Corte —en la interposición del recurso en contra nuestra— que resuelva definitivamente este pleito centenario, es porque admite que tal controversia no ha sido resuelta. Están aceptando que el caso se encuentra imprejuzgado; tal vez, por serios e inexcusables defectos en los requisitos y presupuestos procesales. Así entonces, todavía deben concurrir y aportarse muchos otros elementos, en la oportunidad que sean exigidos por el Alto Tribunal, para que pueda producirse una resolución —ipso juris— en virtud y estricto derecho.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Miembro de la ONG “Mi Mapa de Venezuela”. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.
El USS United States derrota al HMS Macedonian, octubre de 1812. Dominio público.
Hasta muy avanzado el siglo XIX, Estados Unidos otorgó una particular atención al desarrollo del poder naval. Ello se debió a situaciones internas como por ejemplo las guerras de independencia contra el Reino Unido que incluyeron batallas navales. Pero la poca población y la falta de experiencia del gobierno estadounidense priorizaron a la expansión continental sobre la marítima. Bajo el control británico persistía la economía mercantilista y Estados Unidos no controlaba las líneas marítimas para el transporte de abastecimientos. Ello se debió tanto a decisiones gubernamentales como a la debilidad financiera del momento. El contexto internacional se mantenía convulsionado por la Revolución Francesa y las posteriores coaliciones contra Napoleón.
Evolución
Con el arribo de la independencia, lo que quedaba de la Marina Continental del nuevo Estado fue desguazado o vendido. Bajo los artículos de la Confederación, el Gobierno Federal carecía de fondos para adquirir armas de combate. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos creó un nuevo gobierno federal con mayores poderes, que incluyeron la posibilidad de crear y mantener una fuerza naval nacional, otorgándole la responsabilidad de mantener dicha marina a su presidente bajo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y Marina nacionales. De todos modos el país continuaba sin medios económicos para crear una Marina.
Desde que lograron la independencia, los buques mercantes estadounidenses —ya sin la protección de la marina británica—, eran atacados por corsarios en África del Norte, región controlada por jefes militares localizados en Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli que extraían tributo de las naciones acordando no asaltar sus buques. Al respecto Thomas Jefferson en 1786 señalaba a John Adams que si había que comprar la paz era preferible hacerlo sin dilaciones pero que prefería lograrla por medio de la guerra. Justificaba su opinión en razones de justicia y de honor, además de la necesidad de ganar el respeto de Europa —para Thomas Jefferson el pago por protección era un signo de debilidad que causaría más problemas con otras naciones— y proveer al gobierno federal del más seguro de los instrumentos de coerción contra sus propios miembros y alejarlos del uso de lo que pudiera resultar menos seguro….”[1]. Sostenía que el pago de tributo podía ser invertido en la construcción de una flota.
A pesar de sus alegatos, el Congreso no tomó decisiones sobre la creación de una marina hasta 1790-91, cuando la situación en el Mediterráneo escaló y se comenzó a evaluar el costo de crear una fuerza para enfrentar este problema. En ese tiempo el Congreso apoyó la construcción de buques para las flotas mercantes y pesqueras, que pudieran ser usados en caso de guerra y así ahorrar el dinero necesario para construir una fuerza naval. Sin embargo, la influencia federalista se impuso y logró aprobar la construcción de una gran flota, dotada con naves de guerra. Entre 1792 y 1801 Estados Unidos creó una fuerza naval y la burocracia para gobernarla.
Mediante el Acta Naval de 1794 se instituyó la Marina de Estados Unidos con fondos suficientes para la creación de una fuerza naval destinada específicamente a proteger el comercio de la depredación de los corsarios argelinos —es decir la marina como una institución temporaria—. Se decidió la construcción en roble de las fragatas Constitution, United States, Constellation, Congress, President y Chesapeake. Durante su construcción el Dey de Argelia firmó un tratado de paz con Estados Unidos en septiembre 1795. Desaparecido el peligro corsario —cláusula del Acta Naval de 1794— se debió suspender la construcción de los buques excepto los tres primeros debido a la creciente hostilidad en el mar que enfrentaban las naciones neutrales en las guerras napoleónicas, que se extendieron a la actividad comercial. Francia y el Reino Unido intentaron interrumpirse el comercio y los Estados neutrales resultaron afectados. La firma de un tratado Estados Unidos – Reino Unido en 1794 fue considerado por Francia como una violación a los que había firmado previamente con ella. En marzo de 1797 Francia estableció su derecho a abordar buques de Estados Unidos y controlar la lista oficial de su tripulación. La falta de esta lista —hecho frecuente— autorizaba la captura de la nave. Todos los buques fuera de sus puertos estaban en riesgo —bloqueo marítimo—. En mayo de 1798, el presidente Adams ordenó la recuperación de sus buques en poder de Francia y la captura de los de esa bandera involucrados en depredación o con la intención de hacerlo. Esta decisión implicó efectuar maniobras alejadas de las aguas americanas, en las que actuaron las flamantes fragatas.
Estas instrucciones instigaron formalmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia. La marina estadounidense creció logrando 54 buques de diversos tamaños. Se retomó la construcción de las fragatas interrumpidas por el Acta de 1794 y se inició la construcción de otras siete, además de numerosos buques menores y el alquiler de otras que fueron adaptadas como buques de guerra. En febrero de 1801 un tratado con Francia cesó las hostilidades, los gastos navales dejaron de verse como prioritarios y la flota resultó reducida de 33 embarcaciones a 13.
A su arribo a la presidencia, Jefferson solo permitió la existencia de una pequeña flota destinada al Mediterráneo y buques armados con hasta dos cañones para protección de sus propios puertos con fortificaciones donde la población sería parte de su defensa. Su política era estrictamente defensiva. Posiblemente Jefferson adoptó su posición de los franceses, más frugales en contraste con el Reino Unido. Hoy se considera que este aspecto de su gestión fue erróneo y la demostración sería la tensión Estados Unidos – Reino Unido durante su administración.
Los mayores problemas surgieron a partir de 1805. La mayor virulencia de las coaliciones contra Napoleón hizo que el Reino Unido necesitara de Estados Unidos En 1807, el Secretario de la Marina, Robert Smith, estimó que serían necesarios 257 patrulleros para proteger los puertos de Estados Unidos en el Atlántico y Nueva Orleans, de los cuales solo se construyeron 176 que demostraron ser de costoso mantenimiento y —debido a la madera verde utilizada— se destruyeron rápidamente.
Jefferson veía a la Guerra como una extensión de la política pública, como una herramienta. El flamante Estado solo se limitaría a responder a las hostilidades que se le dirigieran. De esta manera justificaba la resistencia armada para preservar los derechos, es decir defensiva y no agresiva. De todos modos si el objetivo es la preservación del Estado o la destrucción del enemigo, entonces el combate debe absorber a todos los miembros de la sociedad. La presentación de argumentos para los dos estilos de guerra vendría luego con Clausewitz, cuya doctrina superó la de Jefferson[2]. Estados Unidos no podía proyectar fuerza militar o política sobre otras naciones.
Por otra parte el objetivo del presidente era no generar deudas que pesaran sobre las generaciones futuras. Jefferson argumentaba que si el país no podía proteger las flotas comerciales, éstas debían resguardarse en los puertos en tiempo de guerra. Las naciones que necesitaran mercaderías estadounidenses serían las encargadas de ir a buscarlas y aceptar la responsabilidad de transportarlas en sus propios buques. Este uso estratégico del control comercial también fracasó. La estrategia marítima ofensiva de esa hora era la regulación de la fuerza comercial estadounidense, implementada en la forma de embargos temporarios a las exportaciones nacionales —el objetivo era proteger a los barcos, marinos y propiedades mercantiles— y de embargos totales a las exportaciones e importaciones británicas como arma ofensiva de persuasión económica[3]. En 1808 falló el embargo.
Con la asunción del presidente James Madison en marzo 1809, poco cambió respecto de la marina. La guerra económica con el Reino Unido se había iniciado con el incidente Chesapeake/Leopard en junio de 1807 y a pesar de que se aproximaba la guerra de 1812 el programa de ampliación comenzó a perder momentum. Hacia 1811 los únicos barcos en construcción habían sido ordenados antes; los existentes —de madera— estaban en su mayoría en descomposición y muchos en uso requerían reparaciones. En 1812 Estados Unidos tenía 17 embarcaciones capaces de aventurarse en el mar, nueve eran fragatas y el resto embarcaciones menores, en tanto la Marina Real contaba con 1048, 117 de ellos fragatas. De todos modos la guerra se planeó por tierra y contra Canadá, abastecedora del Reino Unido. La preparación de estos efectivos dio tiempo a la marina para preparar algunos barcos. El primer año de la guerra arrojó indiscutibles victorias estadounidenses en el mar, en parte debido a que la marina británica también debía controlar la defensa contra Napoleón o proteger su flota comercial. El segundo año el Reino Unido fortaleció el bloqueo de los puertos y el comercio de Estados Unidos, paralizando la economía. La confianza en una estrategia marítima defensiva resultó inadecuada para proteger los intereses estadounidenses.
Continuó luego, como parte del “Destino Manifiesto”, la predominancia de expansión territorial hacia el oeste.
En el siglo XX se consideró que la guerra era tan dañina para los intereses comerciales norteamericanos como una Europa bajo una potencia única que controlara el acceso al comercio continental en detrimento de los Estados Unidos. Ahí surgieron las dos tendencias que se mantienen actualmente:
la adquisición de bases ubicadas en lugares estratégicos o el derecho de permanencia o visitas a otros puertos por buques de guerra norteamericanos (y ahora también la permanencia de aviones y fuerzas terrestres);
rechazo de cualquier intento hegemónico desde el continente euroasiático, etapa que coincidió con las teorías de Sir Halford Mackinder.
La cuestión del continuo acceso a los mercados europeos ayudó a los Estados Unidos a enfrentar la Alemania imperial.
El capítulo Mahan en la Historia de Estados Unidos
Acorde con el momento histórico estadounidense —y en parte construyéndolo— la doctrina de Mahan indicaba que una nación debe tomar medidas en el mar para asegurar su dominio político y militar
Alfred Thayer Mahan, (1840-1914), autor de “La Influencia del Poder Marítimo en la Historia, 1660-1783”, escrito en 1890, destacó la importancia estratégica de una efectiva fuerza naval en las naciones victoriosas a lo largo de la Historia argumentando que el poder naval resulta de la posición geográfica, de los abundantes recursos, del carácter nacional y de un gobierno que lo sostenga. Poseedores de todas estas características, los Estados Unidos, “lo deseen o no (…) deben comenzar a mirar hacia afuera”.
Según Mahan dos razones pueden llevar a desear una fuerza naval:
para su uso pacífico, su primera función es proteger el comercio marítimo de la nación[4];
en el caso de una nación con tendencias agresivas constituye una rama del establecimiento militar y un arma de conquista.
Muchas naciones con este propósito también tienen flotas comerciales que desean ver protegidas. Los buques son la proyección táctica directa del poder naval. Son el elemento de la estrategia naval diseñado para proyectarse desde bases protegidas e infligir daños en sus oponentes. Son armas ofensivas en tanto hacen la guerra a gran distancia de su territorio y defensivas al proteger sus flotas comerciales, líneas de comunicación y puertos. Los puertos y fortificaciones, usualmente considerados con propósitos defensivos son por el contrario ofensivos. Sin ellos las marinas no pueden funcionar y las indispensables líneas de transporte y comunicación interior quedan interrumpidas, frustrando el objetivo ofensivo de mantener el comercio y comunicación. Es responsabilidad del gobierno asegurar que en caso de guerra, las provisiones, hombres y armamentos resulten suficientes para proteger la flota mercante.
Las ideas de Mahan tuvieron otras implicaciones. Su política expansiva requería presidentes poderosos. Convencido de que el mundo estaba dividido en poderes navales (Estados Unidos, Reino Unido, Japón) y poderes continentales (como Rusia), animaba a los primeros a unirse y desafiar a los segundos, especialmente en Asia. Su tesis de que una marina eficaz era el basamento de las mayores potencias del mundo fue recibida con gran interés y ejerció enorme ascendiente en funcionarios clave de Estados Unidos, especialmente en los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt, quienes siguieron sus diseños expansionistas: Hawai; construcción de un canal ístmico (Panamá) para que su flota pudiera rápidamente moverse de un océano a otro; la Guerra Hispano-Americana (marzo-agosto 1898), que permitió a Estados Unidos apoderarse de Puerto Rico y Guam e instalar la base norteamericana en el territorio cubano de la bahía de Guantánamo, así como el control total y directo de Cuba hasta 1902 y de Filipinas —hasta 1946— y la obtención de otros territorios en el Pacifico para bases necesarias destinadas a proteger el comercio.
También influyó Mahan en la construcción de una gran marina. En este caso formada por gigantescos buques de guerra que permitieran victorias decisivas. La marina que en 1882 tenía 90 pequeños buques (38 de ellos de madera), se transformó en la siguiente década en la Gran Flota Blanca que ganó la guerra de 1898 y participó en la Primera Guerra Mundial. Mahan fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial: sus ideas justificaron la carrera armamentista naval del Reino Unido -Alemania (y también la de Japón), si bien estaba convencido que no ocurriría una gran guerra. Su trabajo colaboró en la modificación del tradicional sentimiento anti-naval en la mentalidad estadounidense.
Avances territoriales de Estados Unidos entre 1867 y 1947.
El Informe Stratton
Julius A. Stratton encabezó la Comisión sobre Ciencias, Ingeniería y Recursos del Mar y completó en 1969 —a pedido del presidente Ronald Reagan— el informe “Nuestra Nación y el Mar”[5], que sirvió de base conceptual para la formulación de las estrategias oceánicas aplicadas desde entonces por los Estados Unidos Fue una fuente de inspiración para otros países y contribuyó al notable desarrollo del Derecho del Mar en las décadas siguientes (la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas comenzó a sesionar en 1973). Uno de sus resultados más destacados fue la creación de la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera (NOAA), en 1970, y la adopción de nueva legislación sobre la zona costera, en 1972.
Es interesante destacar algunos conceptos vertidos en el capítulo 1 de este Informe: “debido a que las inestabilidades en la situación mundial no pueden resolverse rápidamente, el poder militar seguirá siendo un factor central en las cuestiones mundiales. Los avances actuales en la tecnología militar submarina otorgan a Estados Unidos un importante rol en las capacidades de defensa y prevención en el océano global. En la medida que los usos del mar se multiplican, la misión de defensa de la marina se complica por la presencia de estructuras, vehículos y hombres. Los problemas resultantes solo pueden ser resueltos mediante una cooperación muy próxima entre los usos civiles y militares del mar”. La Comisión destacó que la participación de la Nación en el uso del mar requiere “una marina capaz de llevar a cabo sus misiones de defensa en cualquier lugar de los océanos, a cualquier profundidad y en cualquier momento”.
De la misma manera que el Informe Stratton encontró dificultades, la III Convención del Derecho del Mar —UNCLOS— también fue testigo de un arduo debate —que había hecho fracasar las dos convenciones previas— entre los países con importantes flotas —como Estados Unidos — que no deseaban la extensión del Mar Territorial a 200 millas. Con elementos para defender sus espacios marítimos, no veían interés en limitar su ingreso en los sectores de otros países que las sustentaban con argumentos económicos. Finalmente esta Conferencia estableció el Mar Territorial en 12 millas y también la Zona Económica Exclusiva (ZEE) con soberanía para los Estados costeros sobre los recursos hasta 200 millas. La Convención entró en vigor en septiembre 1994, sin la ratificación de Estados Unidos.
La última década
El Informe Watkins
Para actualizar el análisis de su relación con el mar, el Congreso de Estados Unidos y el presidente George H. W. Bush encomendaron en 2001 a expertos de alto nivel que conformaran una comisión para identificar mejores estrategias para conservar y utilizar los océanos y sus recursos, formándose la Comisión Estadounidense de Política Oceánica. Presidida por el almirante de marina retirado, James D. Watkins, la comisión inició sus tareas en septiembre de 2001[6]. Como parte de los objetivos, Watkins expresó que “los problemas que enfrentan nuestros océanos y costas son reales, pero también le brindan a esta nación nuevas e interesantes oportunidades para ser buenos gestores de los recursos naturales de este planeta. Debemos aprovechar este momento para hacer cambios significativos y fundamentales no sólo hoy, sino para generaciones futuras”. Las recomendaciones sobre una serie de cuestiones sobre los océanos, incluirán estrategias para una política nacional de los océanos que “mantenga el liderazgo de Estados Unidos en las actividades relacionadas con océanos y costas”.
La Comisión afirma que para influir en la gestión de los océanos en el ámbito mundial, Estados Unidos debe comenzar por promulgar y aplicar políticas ejemplares en el ámbito nacional sin descuidar la acción internacional coordinada. Para ello debe trabajar con otros países y organizaciones internacionales en la elaboración de políticas y mecanismos para mejorar todos los aspectos del manejo de los océanos de otros países.
En particular, se señala que es imperativo que Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), marco jurídico preeminente para tratar las cuestiones internacionales de los océanos[7]. Mientras no lo haga, Estados Unidos no podrá participar directamente en los órganos establecidos al amparo de la Convención, que toman decisiones sobre cuestiones de importancia para todos los países costeros y marinos. Las conclusiones y recomendaciones de la comisión en el sector internacional abarcan mucho más que el Derecho del Mar.
Entre los principios rectores se encuentra que Estados Unidos “actúe en cooperación con otros países en elaborar y poner en práctica una política internacional de los océanos, que refleje las profundas conexiones entre los intereses de Estados Unidos y el océano mundial”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que el presidente Reagan se negó a firmar fue rubricada por el presidente Bush para no dejar en manos de la ONU las riquezas del mar: la Autoridad Internacional del Fondo del Mar (ISA) puede regular 7/10 de la superficie del planeta, establecer impuestos internacionales —atributo de soberanía—[8], tiene el poder para regular la investigación y exploración oceánica así como imponer cuotas de producción de petróleo y minerales en el lecho y subsuelo oceánicos. La ISA tendrá poder para crear una corte internacional y emitir fallos con una jurisdicción mayor que la de la Corte Criminal Internacional —a la que Estados Unidos no pertenece— o la OMC —que le ha creado no pocos problemas—. A varios de los opositores les resulta irritante la cláusula de “un país, un voto”.
Por otra parte se considera peligrosa la firma de un tratado que obligue a compartir información y transferir costosa tecnología con otros Estados. El argumento contrario era ¿por qué es necesario firmar por esos beneficios en un territorio oceánico que ya poseemos y controlamos[9]?
Presencia actual en el “Océano Global”
Durante las últimas décadas Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mundo, tanto en tiempos de paz como de guerra. En consecuencia, Washington ha debido realizar cambios y adaptaciones como en marzo 2004 la retirada de la base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, luego de una presencia de 60 años que sirvió para apoyar los ejercicios navales en las cercanías de la isla de Vieques o el soporte a las Repúblicas Bálticas para su incorporación en la OTAN. Estos son sólo algunos de los cambios en la Reorganización Global que lleva a cabo el Pentágono[10]. El cierre de bases en el país —consideradas innecesarias— guarda relación con nuevas estrategias de emplazamientos en el exterior y con permitir realizar mayores inversiones en armamento de avanzada[11].
El “Informe sobre las Bases” del Departamento de Defensa del año 2003 contiene una lista de 730 bases en más de 50 países que son propiedad del Pentágono o han sido arrendadas por éste y aproximadamente otras 6.000 instalaciones que se encuentran en territorio estadounidense o en sus posesiones.
En la actualidad, una Comisión de Bases de Ultramar trabaja para recomendar al Pentágono operaciones más eficientes en el exterior. El informe final servirá de complemento al trabajo realizado por el panel de Reubicación y Cierre de Bases (BRAC) que está sesionando para analizar las instalaciones militares y recomendar cierres, reubicaciones y permanencias.
Comando Europeo: para misiones operacionales en el área en forma coordinada con otras fuerzas aliadas.
Flota del Pacífico: cubre más del 50% de la superficie planetaria, en los océanos Pacífico, Índico y Ártico. Debe sostener al Comando del Pacífico y proveer fuerzas navales interoperativas, entrenadas y alistadas a esta Flota y a los comandos unificados de Estados Unidos.
Flota de Guam: sostiene a la 7ª Flota y a los numerosos comandos marinos de Guam y Micronesia.
Estación Aeronaval Keflavik, Islandia: base del Comando de la OTAN en esta república. Proveer servicios a las actividades aeronáuticas y de la marina.
Base naval de soporte Nápoles, Italia: Para la región del Mediterráneo que incluye a la 6ª Flota. El Comando está en Capodichino y es asistido desde Nápoles con cuarteles en Bagnoli.
Base Naval Rota, España: entre Gibraltar y el límite con Portugal. Sostiene a la 6ª Flota en misiones de mantenimiento de paz, estabilidad y aprovisionamiento.
Flota Sasebo, Japón: Sostiene a los seis buques estacionados en el lugar, a la Flota del Pacífico. Se ocupa de mantenimiento y aprovisionamiento. El Comando también es sede el Grupo 1 de Anfibios y el Escuadrón 11 de Anfibios, el único permanente de la Marina.
7a Flota: La mayor con 50-60 buques, 350 aviones y 60.000 efectivos. Establecida en 1943, opera en el Pacífico Occidental, Índico y golfo de Arabia.
Estación Naval Sigonella, Italia: Juega un rol vital en sostén de actividades navales en el Mediterráneo.
La nómina de portaviones completa la estructura del poder militar de Estados Unidos. Su función es proyectar poder.
Por último se mencionará que Estados Unidos es parte —importante— de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con ella —a través de ella o por su intermedio— interactúa en numerosos espacios que ya han excedido el espacio oceánico original de la Organización y es parte de escenarios en el Cáucaso y Asia Central.
La existencia de bases de diferente índole distribuidas en todo el mundo, la posibilidad de despliegue rápido aportada por sus numerosos portaviones, el valor y peso de sus aliados, hacen del país una potencia arrolladora cuyo poderío hace difícil un diálogo en igualdad de condiciones.
* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.
Referencias
[1] Thomas Jefferson to John Adams, 11 July 1786. Letters. 855.
[3] Spivak, Burton. Jefferson’s English Crisis: Commerce Embargo and the Republican Revolution. Charlottesville: University Press of Virginia, 1979, p. 105.
[4] Brodie, Bernard. A Layman’s Guide to Naval Strategy. Princeton: Princeton University Press, 1943, p. 16.
[7] El 23 de marzo de 2004, la administración Bush anunció su apoyo a la ratificación de la UNCLOS. El Senado todavía debe someter a voto la ratificación.
[9] Grigg, William Norman. “Sink the Law of the Sea Treaty!” The New American. Marzo 7, 2005 http://www.getusout.org/un/articles/lost.htm [consulta: 29/05/2005]. Es abrumadora la información en Internet sobre la campaña “por el NO”.
[10] Smith, Daniel. “Contar con tropas en el lugar de operaciones. Despliegue militar estadounidense en el mundo”. Red Voltaire, www.reseauvoltaire.net, [consulta: 31/05/2005].
