César Augusto Lerena*
Foto: Rafael Wollann, 2 de abril de 1982
Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más fácil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y, afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina, que suponer, que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con una reconocida historia marítima y, frente al resto de las potencias, aceptaría sin más, abandonar las islas. Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y la falta de armamento suficiente para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder (materialmente hablando) que aquel 14 de junio de 1982; pero, la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino, nos llevó —por el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la diplomacia y los legisladores— a perder gran parte del Atlántico Sur: un 52% de la Zona Económica Exclusiva está invadida por el Reino Unido.
Algunos argentinos dicen que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta, que sí, que —mal que nos pese— nos colonizaron los británicos, los mismos que se quedaron con Malvinas en 1833 y tienen a tiro de misil la Patagonia y la Antártida.
Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (o, mejor dicho, los orientales y españoles) a los ingleses de las 140 manzanas que tenían ocupadas en Buenos Aires, comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia o intereses de los ciudadanos informados. Nosotros podemos ser amigos del “simpático” Mark Kent, incluso hacerlo de Racing, porque a los ingleses nos une la tradición futbolera e hípica, pero, tenemos memoria.
“De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud”, diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados, al iniciarse el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía que, dos meses después, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” entre el Reino Unido y las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado que luego repetiría Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriendo la conducción económica y financiera a los británicos y ello no impidió que, entre 1857 y 1955, más de 2 millones de españoles emigraran a Argentina, en su gran mayoría gallegos, de ahí la forma genérica con la que solíamos nombrar a quienes fueron un importante motor del desarrollo nacional incipiente.
En ese Tratado se estableció una “Perpetua Amistad”, pero no frenó a los británicos que, en forma oscura y traidora, invadieran Malvinas en 1833 y acordaran con los gobiernos de turno una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso, más que las que pudieran recibir las empresas argentinas. Políticas que se ratificaron en el Tratado Roca-Runciman suscripto en Londres el 1º de mayo de 1933 y en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y, 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado Acuerdo de Madrid, y en el “Tratado de Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184. Frente a todo ello, la primera y segunda invasión inglesa quedaron como un cuento de Heidi.
El Dr. Julio C. González (Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, 1998), a quién aprovecho para rendirle mi más justo reconocimiento, por ser el primero que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y en “El Informador Público” (1993), desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana estos ruines tratados y quien oportunamente entendió que “el vocablo ‘declaración’ es inapropiado e improcedente, ya que, cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es ‘Tratado’, y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación”. Una Declaración, en tal caso debiera ser dejada sin efecto con otra Declaración.
El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional. Tratados que terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos y, la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth) a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos. Un país colonizado, que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Espacios que no tienen en cuenta, los 400 mil km2 de conservación —FOCZ— acordados por Cavallo en 1990; los km2 de plataforma continental argentina que no fueron tratadas por la Comisión de Límites en la ONU y los km2 referidos a la Antártida Argentina.
La inducción británica es tal, que parece que ningún gobierno, a costa de ser calificado “de cabotaje”, se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y, hayan transcurrido treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él, para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.
Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de “Espacios Marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción —modestamente— nos opusimos sin éxito, con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que habilitaron al Reino Unido considerarse —ilegalmente— como un país ribereño en Malvinas y, promover, la constitución de las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino, motivo por el cual, insistimos desde hace años en el Congreso que no debe ratificarse el Acuerdo de Nueva York y, por el contrario, derogar la Ley 25.290 del 13 de julio de 2000. Del mismo modo de no aprobar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur, con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) ni en altamar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000).
Casi todos hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que solo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas o en las discusiones políticas inconducentes.
Para iniciar las negociaciones que derivarían en las “Declaraciones de Madrid”, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar las tratativas con el Encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: “le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas”. A lo que García del Solar respondió: “…El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ” (Clarín, Cardozo Oscar Raúl, 2da. Sección, pág. 10, 29/3/92). Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha de US$ 28.168 millones, un valor comercial final del orden de los US$ 169 mil millones, motivo por el cual, los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo (US$ 100.000) y, como veremos, el control militar británico lejos de reducirse se amplió. La intervención de García del Solar en las Declaraciones de Madrid opacó —lamentablemente— su trabajo en la redacción de la Res. de la O.N.U. 2065/65, considerada un documento fundamental en el reconocimiento de la soberanía nacional.
Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar “la fórmula inglesa del paraguas”, con la cual, ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significase reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista: en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas a su alrededor. Hoy, invaden y explotan las Islas y doscientas millas marinas (438.000 km2); crearon una reserva de 1.070.000 km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur); establecieron unilateralmente y sin queja alguna un área GAP (1.900 km2) donde se concentran grandes contingentes de calamar; reivindican derechos sobre la plataforma continental (1.430.367 km2) y la Antártida Argentina (965.597 km2).
Quiebran todas las Res. de la O.N.U. 31/49; 1514/60; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73 y, nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.
Las Declaraciones de Madrid dejaron sin efecto la Zona de Protección Militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”, y otros, que, de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y, a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas); es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de Defensa Nacional y autodeterminación, en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos, frente, a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene solo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?
Establecieron también, ambos gobiernos, un Acuerdo de Cooperación a través de una “Comisión Conjunta de Pesca” donde intercambiasen información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos; aún a sabiendas que el Reino Unido no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP aporta sus científicos y buques para hacerlo. Todo ello les permitió a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y en el área donde el ilegal británico en Malvinas otorga licencias pesqueras a empresas extranjeras. Una “colaboración de funcionarios argentinos al desarrollo económico de las Islas y la consolidación británica en las islas”.
La Cancillería actual “suspendió” las investigaciones conjuntas, aunque, debería dejar sin efecto el Acuerdo de Pesca y el llamado Pacto de Foradori-Duncan firmado en 2016 por la Canciller Susana Malcorra y ratificado por Jorge Faurie, que ratificó de hecho el Tratado de Madrid, propiciando “el desarrollo conjunto de Malvinas” y aprobaron vuelos semanales a San Pablo (Brasil). Declaraciones que deben caerse y con ella, también los vuelos a Santiago. Aquella ciudad y ésta que le abren la puerta a la exportación de los productos pesqueros de Malvinas al mundo, cambio de tripulaciones, intercambios de insumos, etc. que adquieren especial significación a partir del Brexit.
Una sostenida “colaboración unilateral de Argentina” que nunca tuvo contrapartida británica y sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.
No es casual que los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del área meridional del Atlántico Sur y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico y están prohibidas —entre otras— todas las medidas de carácter militar, donde interesa preservar el Continente Antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.
Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable, en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.
También se acordó comenzar las negociaciones de promoción y protección de las inversiones inglesas en la Argentina y de nuestro país en Gran Bretaña, esta última, de aplicación imposible, pero destinada a dar la sensación de un acuerdo equitativo, donde se estableció, que los inversionistas tendrían la libre disponibilidad de sus bienes; se les otorgaba la condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaba por las eventuales pérdidas; no se podría expropiar o nacionalizar a las empresas británicas; se les garantizaba la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias a los países de origen; el sometimiento de las controversias a los Tribunales Internacionales y al CIADI; pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de Ultramar.
Con la autorización escrita (2009) de Caloi (1/12/1990).
Casi nadie está exento de responsabilidades. El fallecido Canciller Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (Mensaje Nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González “fue redactado por el Foreign Office” (Ob. cit pág. 129).
A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martinez de Perón y adujo que “el país está al borde de la disolución nacional”» con una deuda externa de US$ 7.800 millones y, hoy debemos más de US$ 300 mil millones.
¿Diplomáticos o funcionarios probritánicos? No necesariamente. Política, estrategia, educación y resultados probritánicos. Nuestros maestros debieran enseñar a sus alumnos, que en 1806 en las “Invasiones Inglesas” no los echamos a los ingleses con aceite, al contrario, ellos se dieron cuenta y volvieron, porque en este gran país, hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos pareciera que seguimos sin darnos cuenta de ello. Mientras tanto, Malvinas, son como el unicornio azul, son nuestras y las queremos.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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