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ESPAÑA ¿LA MADRE PATRIA? 200 AÑOS LLEVÁNDOSE LOS RECURSOS

César Augusto Lerena*

Hacia fines de 1700 España traía negros al Caribe y al Virreinato y se llevaba las mercaderías baratas, producto de la mano de obra esclava que ella proveía. Es decir, nos canjeaba negros destinados a producir materias primas de escaso valor agregado que luego cambiaba por los esclavos. Los esclavos eran el 40% del comercio. Se entendía, éramos una colonia. Hoy, en el 2020, aunque tengamos astilleros, España nos fabrica y vende barcos pesqueros y, sus empresas pesqueras nos extraen ilegalmente nuestros recursos originarios del Mar Argentino, mientras que a nuestras exportaciones les cobra derechos. Apiolémonos, ya no somos Colonia ¿o sí?

Cuando Carlos IV de España se anoticia de una posible invasión inglesa a Buenos Aires, informado de que no tiene con qué defender el Virreinato, los orientales (no chinos, sino los de la Banda Oriental), españoles, criollos y un importante número de esclavos y libertos echan a los británicos en 1806 y 1807. ¿Echan? Bueno, es un decir.

Ahora ¿a quién llamamos hoy, para echar a los británicos y españoles? ¿A los mismos orientales que les prestan los puertos para que hagan la logística de sus buques? Dejaremos para otro día a “nuestros amigos los chinos” para sobrevivir pero, tranquilos, ya nos ocuparemos.

Yo creo que los “Acuerdos de Madrid”, acuerdos firmados en la Madre Patria con la Madre Putativa, nos han enajenado en el sentido más amplio. Sintetizaré un poco la historia, para que entendamos que nada es casual.

En 1713 también en Madrid, España e Inglaterra firman el Tratado de Asiento de Negros, la importación de negros y el Navío de Permiso. Las producciones de Europa se compensan con materias primas y cueros del Virreinato y, junto con el tráfico permitido, surge el ilegal de contrabando de géneros, alcoholes y esclavos. En los años de escasez y hambre en España, la creciente proletarización, el aumento de conflictos con Francia, la aprobación del “Reglamento y los Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias” y, con el fin de impulsar la agricultura, España autoriza el comercio con las colonias que favorece —especialmente— a los españoles productores, mayoristas y exportadores. Ya en 1787, en el comercio de cueros a Europa se utilizan los mismos barcos que traen esclavos de África a Montevideo y de ahí a Buenos Aires, Potosí, Paraguay y Valparaíso, y luego son llevados al Alto Perú y, por el Real Permiso de España, se autoriza a la Compañía de Filipinas la introducción en barcos ingleses con bandera española y dos años después y renovada en 1791, con el objeto de aumentar la mano de obra esclava, se autoriza a los españoles y extranjeros a comercializar negros libres de impuestos.

Nos dice la investigadora española Alicia Laspra Rodríguez en su trabajo “La intervención británica en España durante la guerra de la independencia: ayuda material y diplomática” que, desde 1808 y hasta 1815, España recibió de Inglaterra casi 10 millones de libras esterlinas y cientos de millones de esa misma moneda en armamento, pertrechos y suministros bélicos de todo tipo; una ayuda británica a fondo perdido para que la acompañase en su pelea con Francia ¿Tendrá alguna asociación con la Revolución de Mayo de 1810 y la declaración de independencia en 1816? ¿Qué motivo llevó a la pérfida falange de Albión a incidir sobre la Asamblea del XIII para eliminar del himno nacional argentino a aquellas estrofas antiespañolas? pues moderar la autonomía de toda colonia española, aliada en su guerra con Napoleón, aunque bien sabemos hubo apoyo subrepticio.

El contrabando en el Río de la Plata es muy importante en 1808, pero se incrementa en forma notoria por los buques británicos al año siguiente, entre otras cosas, por el Tratado de tarifas preferenciales con España, luego de “libre comercio” y al Tratado que firma el Príncipe Regente de Brasil con Gran Bretaña, todo bajo pretexto de dar salida a los frutos de América y proveerla de víveres y demás efectos europeos (¡!). Nada que no ocurra hoy, como hemos visto.

Y cerraremos esta síntesis. Es conocida la ruptura del embargo mundial a España por parte del Gral. Perón que ayudó a los españoles a alimentarse. Un amigo de Vigo me recordó agradecido que mientras Argentina recibía a su padre como si fuera un nativo, en Francia que no aceptaba la emigración masiva recluía a los refugiados españoles en virtuales campos de concentración. La Argentina recibió más de dos millones de españoles emigrantes (por razones económicas), exiliados (por razones políticas) y refugiados (por guerras) entre 1860 y 1950, intelectuales y analfabetos; instruidos y sin oficio, de todas las políticas (carlistas, progresistas, republicanos, anarquistas, comunistas, liberales y franquistas). Y en la pesca fueron pioneros junto a una mayoría italiana en la actividad de Argentina. En 1990, mientras España tenía gran parte de su flota parada, por obra del Acuerdo Pesquero con la Unión Europea, los empresarios españoles apoyados por la Unión Europea. colocaron en forma muy favorable sus buques en la Argentina, asociados a empresarios nacionales. Hoy varias son empresas de capital español y ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas. Empresas que sufren el riesgo país, la inflación, el costo interno y generan empleo. Algunas de ellas, adquiridas por capitales americanos y otras que manifiestan estar en serias dificultades económicas.

Dicho esto, ¿por qué desde hace años los buques españoles no radicados en la Argentina pescan en forma ilegal e impune en el Atlántico Sur? Todos, por las razones, ya indicadas en mis artículos anteriores realizan pesca INDNR (no declarada no registrada) ¿Por qué las empresas españolas pescan en la ZEE Argentina ocupada ilegalmente por el Reino Unido? ¿Por qué pescan recursos migratorios argentinos en contravención con toda la legislación argentina y, sus declaraciones en el artículo 2º y otros de la CONVEMAR? ¿Por qué las empresas españolas son las primeras licenciatarias británicas en Malvinas y han formado joint ventures con empresas de las islas, por lo que pescan con bandera española y de Malvinas? ¿Por qué propician la construcción de un importante puerto pesquero en Malvinas consolidando a quienes les ocupan Gibraltar? ¿Por qué destinan sólo el 3% de sus buques arrastreros a aguas comunitarias y el 97% lo destinan a caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques de gran porte (80 de ellos palangreros) y, efectúan el 58% de sus capturas? Pesca que se realiza en forma no selectiva y sin control alguno. ¿Por qué se resisten los empresarios españoles a colocar cámaras a bordo? ¿Por qué los empresarios españoles están preocupados por la dificultad de hacer relevos de los tripulantes en Uruguay? ¿Por qué los empresarios pesqueros españoles, a pesar de aumentar el consumo interno de pescado están solicitando nuevos subsidios? ¿Por qué el sector pesquero español tiene gran preocupación frente al Brexit si solo pesca unas 9.000 toneladas en aguas británicas del total de las 922.564 toneladas que dicen que captura? Y ¿por qué esas empresas españolas no se acogen al mismo régimen que las empresas españolas radicadas en la Argentina?

Las noticias de estos últimos días nos indican —ya nos hemos referido— a unos cien buques aparentemente chinos (dos de ellos y uno portugués capturado) dentro de la ZEE Argentina (chocolate por la noticia hace 50 años que lo hacen). Todos bien lejos del área de exclusión impuesta por el Reino Unido. Otro día ampliaremos sobre los chinos, pero, hoy tengo cierta impresión que se estaría aplicando la política del tero “poniendo los huevos en un lado y cantando en otro”.

No perdamos de vista: es clara la sociedad de ayer y de hoy de España y el Reino Unido. Y no nos engañemos es una sociedad política, estratégica y económica. Nosotros sostenemos que hay que americanizar el Atlántico y el Reino Unido lo internacionaliza.

En el día de ayer el Diario La Nación publicó en tapa y a dos páginas “Pesca ilegal. Los Piratas del Siglo XXI. Se llevan U$S 1.000 millones del mar argentino”. Empiezo por decir que, con los propios números de la periodista Ana Belén Ehuletche los dólares son más, aunque, teniendo en cuenta las estimaciones de captura de la FAO y nuestras propias exportaciones los millones de dólares alcanzarían a los U$S 2.600 millones anuales, al menos. Aunque se podría estar desestimando la captura de las especies migratorias fuera de la ZEE o dentro del área de exclusión de Malvinas o el GAP, en tal caso los mil millones dentro del resto de la ZEE ya sería gravísimo y demostrativo de la más absoluta falta de control de las fuerzas militares y de seguridad argentinas.

Llama la atención, también, que el artículo se centra en la pesca clandestina china y solo el titular del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata Walter Castro —tal vez con más olfato político— refiere a aquellas empresas españolas, que asociadas con argentinas, “depredaron la merluza y, por ello, 30.000 trabajadores perdieron su empleo”. Aquí se inició el antecedente inédito de que el Estado se debiera hacer cargo de dar planes, a los que hasta ese entonces eran trabajadores, aunque, como es obvio, no existiera la pandemia del COVID-19 ni gripe que se le pareciese.

Ya nos hemos referido varias veces a las muchas de las herramientas disponibles para recuperar soberanía. Supone aplicar una Administración sostenible de un “Estado Marítimo” (Ribereño para CONVEMAR), aplicando la Constitución Nacional, la legislación internacional y nacional en defensa de nuestros derechos sobre los recursos originarios y, de ninguna manera acordar mediante un Tratado Internacional o Pacto Mundial de las Naciones Unidas para un Océano Sostenible o Acuerdo de Nueva York en el que intervendrán los principales depredadores del mar argentino: el Reino Unido, España y China. Todos Estados Ribereños en sus países, pero en el Atlántico Sur Estados de Bandera.

Tal vez, como el 22 de mayo de 1810 que obligó a Cisneros a realizar un Cabildo Abierto. Habría que comenzar a pensar que la Administración soberana del Mar Argentino no se delega, se ejerce, con diplomacia, aplicando la ley y un plan estratégico.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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CAMBIO E INSTITUCIONALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA LATINOAMERICANOS: BREVE REPASO

Fabricio Rauber Lema*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Introducción

En noviembre de 2015, una serie de ataques terroristas perpetrados en París dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos. Según reportes policiales, sujetos armados con fusiles de asalto y explosivos generaron tiroteos “en los distritos 10 y 11 de la capital, además de provocar varias detonaciones cerca del Estadio de Francia”[1]. El punto más grave donde el ataque tuvo lugar fue en la sala de conciertos Bataclan, en la que murieron más de 80 personas. François Hollande, entonces Presidente de Francia, declaró el estado de emergencia en toda la República y el cierre de fronteras.

Meses después, una comisión estatal encargada de investigar el ataque y la respuesta que dieron los organismos estatales al mismo —de la que formaron parte los diputados Georges Fenech y Sébastien Pietrasanta—, afirmó que hubo “varios fallos en la gestión global de la amenaza terrorista (…) destacando la ausencia de preparación de Francia frente a este tipo de acciones”[2]. Del informe presentado se derivaba como parte primordial la reforma del servicio de inteligencia francés; entre las 39 propuestas emitidas para luchar contra el terrorismo —asunto sobre el que se centró la atención del debate político y público—, cuenta Fernández), estaba la creación de una agencia nacional de inteligencia y la fusión de tres entidades de élite (GIGN, RAID y BRI)[3]. A la falta de coordinación entre entidades del ramo y la presunta incapacidad para detectar la amenaza y su naturaleza, se le atribuyó una directa denominación como fallo de inteligencia.

La no articulación entre miembros de un determinado sistema de Inteligencia o la no identificación de una amenaza a tiempo supone serias consecuencias que, como en el caso descrito y uno de los escenarios más catastróficos, puede incluso costar vidas de ciudadanos y ciudadanas. Lejos de la idealización de la actividad de inteligencia y contrainteligencia implantada por el séptimo arte, donde los agentes transitan entre país y país, a bordo de lujosos automóviles y accionando sofisticadas armas que podrían fácilmente encajar en la ciencia ficción, la actividad de inteligencia y contrainteligencia supone tareas mucho más profundas de operaciones y análisis para la obtención de datos e información en busca de seguridad y oportunidades para el Estado y su ciudadanía. Es una actividad que, como otras, ha mutado a fin de ajustarse a las características y necesidades que la sociedad actual demanda y que, para el caso de los países latinoamericanos, supuso un encuadre dentro de conflictos ajenos que causaron serias heridas sociales y desconfianza colectiva. Hoy, sin haber superado aún tal bache por completo, se tienen en frente amenazas para la región que son objeto de una intervención colectiva y estratégica. 

Primeras prácticas

Luis Darío Buitrago explica que la inteligencia es una actividad cuya práctica se remonta a siglos atrás y ha fungido como una herramienta para el “desarrollo de los pueblos”[4]. Relata que en China se tienen los primeros registros sobre el empleo de espías. En el siglo XIX a.C., el rey Shao-K’ang envío a un colaborador para que vigile al asesino de su padre, mientras él reunía lo necesario para implantar la dinastía Xia. Tiempo después, Yi Yin, el que sería el primer espía reconocido, trabajó como agente encubierto para la dinastía Shang, y tuvo un papel preponderante en las campañas para derrotar a los Xia[5]. Yi Yin pasó como consejero del emperador Chieh y, gracias a su trabajo y jornadas junto a la autoridad, hizo un perfil sobre cómo era éste, lo que permitió, según cuenta Buitrago, realizar operaciones psicológicas sobre él.

En otro ámbito, continúa Buitrago, el primer desertor reconocido en la historia china fue Tai Kung, quien había sido espía para los Shang y se puso a servicio de la dinastía Zhou, a quienes informó sobre la organización, poderío militar, debilidades y fortalezas de los primeros. Con los datos entre manos, los Zhou pudieron “sorprender a los Shang en la batalla decisiva que terminó por derrocarlos”[6] (Sanz 2012, 05).

Durante la segunda guerra púnica, añade Buitrago, los comandantes romanos empleaban espías, colaboradores, embajadores y otros recursos para obtener datos e información que les permitiera conocer acerca de las actividades de los pueblos y combatientes cartagineses. Durante la Segunda Guerra Púnica, tales datos fueron fundamentales para interceptar dos ejércitos al mando de Asdrúbal Barca.

Así como se tenían actividades para la obtención de datos en el terreno, otras tareas como la recolección de imágenes resultaban estratégicas para conocer las capacidades y distribución del oponente. De acuerdo con la raíz misma de la actividad de inteligencia, en el seno militar se desarrollaron medios tecnológicos para obtener dichos datos que apoyaban la planificación de operaciones.

La primera vez que se utilizan medios aéreos para la obtención de imágenes estratégicas es en la batalla de Fleurus, en 1794, donde el Cuerpo Aerostático Francés de la Primera República usó un globo retenido por cuerdas, l’Entreprenant, para ganar un punto de observación que sería determinante en el transcurso de la batalla.[7]

Desde sus inicios, la inteligencia y la contrainteligencia vieron en su naturaleza el empleo militar fundamentalmente. Sin embargo, explica Andrew Rathmell, dicha actividad tuvo un proceso de evolución tardío, como “profesión y proceso moderno” [8] respecto del momento histórico en el que la sociedad se ubicaba. En el periodo temprano de la llamada modernidad, la inteligencia era un asunto militar y diplomático ad hoc. En dicha época, los servicios de inteligencia eran informales y, en muchos pasajes, una tarea personal. La actividad se fue formalizando tras el establecimiento de embajadas desde el siglo XVII y la evolución de las relaciones internacionales. La inteligencia militar inició un proceso de estructuración moderna “durante la era napoleónica a medida que en que la naturaleza de la guerra cambiaba y los requerimientos para información de uso militar útil se incrementaron”[9] [10].

A finales del siglo XIX, en medio de latentes conflictos bélicos y una habitual coyuntura beligerante, las potencias de entonces comenzaron a integrar la inteligencia y la contrainteligencia en las funciones del mundo militar, y la acreditación de agregados se normalizó. Conforme al avance de la tecnología, tanto desde lo industrial cuyas aplicaciones se dirigían a la cotidianidad ciudadana y empresarial, y a aquella de fines militares, fungieron como una oportunidad para que la inteligencia tomara un rol más sólido, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, esa necesidad y papel relevante que tomó, dio paso para que los medios técnicos y tecnológicos también experimentasen un avance para la recolección de datos y su difusión. Por un lado, la inteligencia y la contrainteligencia se ubicaron como actividades fundamentales para el conocimiento del entorno y de la naturaleza del oponente y también se cimentaron las bases de ésta como una entidad estructurada, organizativa y con procesos propios.

El periodo entreguerras, continúa Rathmell, detuvo la institucionalización en marcha. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un enorme avance debido a la escalada mundial de las necesidades de datos e información y el alcance de las operaciones. Allí, los consumidores de inteligencia y de contrainteligencia ya no fueron solamente las instancias militares —a las que naturalmente correspondía— sino también a las políticas. En otra instancia, y quizá no como un objetivo primigenio, la coalición contra Alemania y Japón dio como producto una comunidad de inteligencia, anclada en la estructura del Reino Unido y de los Estados Unidos.

Las estructuras de inteligencia de la Guerra Fría que surgieron en las décadas de 1940 y 1950 profundizaron y ampliaron esta institucionalización de la inteligencia. Por primera vez, la inteligencia desarrolló las características de un proceso y una profesión verdaderamente modernos. Curiosamente, el surgimiento de la inteligencia “moderna” tuvo lugar en una era en que la modernidad misma comenzaba a ser desafiada en las esferas artística e intelectual.[11]

Luego del cese de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de inteligencia conformada había implementado una estructura burocrática permanente, con responsabilidades determinadas y procesos de producción establecidos. Las nuevas necesidades de información, esta vez en el marco de la Guerra Fría, ya no tenían que ver con un conflicto abierto, sino en la confrontación de dos bloques ideológicamente opuestos y que planteaban ordenamientos sociales divergentes. Tres características de la Guerra Fría proporcionaron a los servicios de inteligencia su modelo de funcionamiento y objetivos, según Andrew Rathmell:

    1. Escalada de la amenaza percibida: ideología y aniquilación nuclear.
    2. Naturaleza militarizada del objetivo: recolección de indicadores técnicos, científicos y económicos sobre el oponente.
    3. Previsibilidad del contexto geopolítico: el enfoque de las tareas apuntaba al monitoreo de las actividades militares y estratégicas de la Unión Soviética.

Dentro de tal escenario, la inteligencia y la contrainteligencia operaban con blancos específicos cuyo tratamiento obligaba, en la mayoría de ocasiones, al empleo de técnicas clandestinas que profundizaron la separación entre el servicio, la sociedad y los intereses de ésta.

Nuevo sentido

El fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética supusieron el posicionamiento de un modelo económico con claros roles para el Estado y el sector privado, de donde derivaban percepciones de mundo y organización social, la preponderancia de una ideología hegemónica y, entre otras cosas, la superación de anteriores objetivos para las actividades de inteligencia. Frente a la ausencia del bloque antagónico y la amenaza que implicaba, apunta nuevamente Rathmell, surgieron múltiples críticas que demandaban la reforma de los servicios de inteligencia y los blancos de tratamiento sobre los que ubicaban su atención, sobre todo en un momento donde la revolución de la información dotaba de necesidades y herramientas nuevas y se avizoraba el surgimiento de amenazas transnacionales.

Sherman Kent, analista de Inteligencia y director de la Office of National Estimates (ONE), una prestigiosa dependencia de la CIA, fue quien tras publicar su célebre texto Strategic Intelligence for American World Policy, inauguró una novedosa visión de la inteligencia donde ésta se vuelve estratégica para el análisis de los fenómenos, riesgos y amenazas.

El inicio de una era de información ha permitido cambios dramáticos que abarcan el fin del comunismo, el inicio del «estado de mercado», con las transformaciones que lo acompañan en los roles del Gobierno y de actores privados, el surgimiento de Estados emergentes y la proliferación de actores no estatales. La inteligencia ahora tiene muchos objetivos, no uno; muchos consumidores, no sólo unos pocos; y vastas cantidades de información que es en gran medida poco confiable, no una escasez de información que proviene principalmente de satélites o espías y, por lo tanto, se considera precisa.[12]

El nuevo estadio de la inteligencia, denominada estratégica, no se ceñía a la identificación de aquellos posibles factores que constituyen lo antagónico, sino a un estudio y análisis del fenómeno donde se ubican los objetivos planteados, sus amenazas y las oportunidades que se pueden desprender de él. Es una tarea que busca minorar el aspecto reactivo y profundizar lo prospectivo. Don Macdowell[13], explica que para que la inteligencia estratégica tenga el éxito deseado, está sujeta a dos aspectos:

    1. Convencimiento al aparado directivo sobre la necesidad de un buen análisis para una alcanzar una buena planificación.
    2. Capacitación adecuada y amplia a los responsables de realizar el análisis, para que comprendan lo que implica la aplicación de sus habilidades y conocimientos en cuestiones estratégicas.

La actividad en Sudamérica

La inteligencia y contrainteligencia en nuestra región ha estado ligada en el imaginario social, y con justa razón, a tareas clandestinas, encubiertas y, principalmente, de persecución. En su germen, los servicios apuntaban hacia el tratado de objetivos a nivel interno, que luego se alinearon a la lucha contra una ideología determinada durante la Guerra Fría. Gómez de la Torre Rotta explica que el inicio formal de la actividad en América del Sur se ubica en mediados de los años cuarenta[14]. Entonces, Argentina creó la Coordinadora de Informaciones del Estado (CIDE) y Brasil, de su lado, el Servicio Nacional de Informaciones y Contra-informaciones (SFICI). En 1947, el PRI crea en México la Dirección Federal de Seguridad (DFS). El ejercicio de dichas entidades les alineó más a una verdadera policía política.

Ya en medio de la Guerra Fría, en Colombia se creó, en 1953, el SIC-DAS. En 1960, durante el gobierno de Manuel Prado, en Perú nació el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

La revolución cubana, como principal evento de la región, se ancló en el mapa mundial del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En países de Sudamérica la disputa entre ambos bloques se alineó a la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida por el país del norte, y que buscaba combatir la diseminación y avance del comunismo. A la luz de los hechos surgen —o se reforma—, por ejemplo, en Brasil el Servicio Nacional de Informaciones (1964); en Venezuela, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (1969); la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Informaciones, en Chile; la Dirección Nacional de Inteligencia, en Ecuador o la Agencia Nacional de Servicios Especiales, de El Salvador.

En el otro frente, entidades inspiradas en la doctrina y tareas de inteligencia de la URSS tuvieron su germen en instituciones como la Dirección General de Inteligencia cubana, y luego, con apoyo de la isla, la Dirección General de Seguridad del Estado en Nicaragua.

Durante dicha época, la inteligencia y la contrainteligencia en los países de la región estaba orientada hacia la seguridad interna, donde se buscaba un enemigo ideológico, los mecanismos para contrarrestarle y sus posibles efectos subversivos que se deriven, dentro de un campo de acción caracterizado por la falta de control y límites a las operaciones. José Manuel Ugarte afirma que en aquel momento las características de la inteligencia estaban alineadas a la “doctrina de seguridad continental y fronteras ideológicas de contrainsurgencia (…)”.

La actividad de inteligencia de la época tuvo caracteres comunes, aplicables en menor grado al caso costarricense: competencias muy amplias, orientadas fundamentalmente al ámbito interno, derivadas de conceptos de seguridad de gran amplitud (…) analizaba la propia sociedad, buscando allí al enemigo ideológico (…).  El objeto fundamental de tal actividad era el de detectar en la propia sociedad el enemigo u oponente de carácter subversivo, para lo cual se entendía necesario, como se sostenía a la época, conocer el acontecer de toda la sociedad. Esa orientación hacia la propia sociedad, sin límites de ninguna naturaleza, constituyó –con algunas excepciones- la característica más saliente de la actividad de inteligencia latinoamericana durante la Guerra Fría, que influiría en cierto grado en las características de tal actividad durante épocas posteriores.[15]

El fin del conflicto Este-Oeste, así como generó debate acerca de los objetivos sobre los que debería enfocarse la inteligencia en los Estados Unidos, acarreó análoga reflexión para los servicios en el sur del continente. El interés político que conllevaba el control y manejo de los servicios, capitalizado por la experiencia dejada sobre la población, fue uno de los primeros motores que llevaron a la democratización de éstos, como apunta Gómez de la Torre Rotta[16], y encuadrarlo en el estado de derecho. El proceso de institucionalización de la inteligencia y contrainteligencia en la región inició a través de la expedición de normativas que buscaban definir la actividad, y fijarle límites y contrapesos. Años después, tales cambios se acrecentaron frente a la proliferación de nuevas amenazas y a los cambios geopolíticos mundiales que afectaron, en la medida correspondiente, a la región[17]. En este sentido, se pueden mencionar los siguientes ejemplos:

País[18]

Año Normativa Detalle
Argentina 1991 Ley N°24.059, de Seguridad Interior Instauró el primer órgano de control legislativo para inteligencia y de seguridad interior en Latinoamérica. Creó una Comisión Bicameral de Fiscalización de Seguridad Interior e Inteligencia. La Ley fue modificada por la N° 25.520 (2001) y la N° 27.126 (2015).
Brasil 1999 Ley N°9.883 Creó el Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN) y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
Venezuela 2000 Ley del Sistema Nacional de Inteligencia Junto a la de 2000, en 2008 la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia fue el segundo intento por aprobar un marco normativo en dicha materia. Según críticos de la época, el proyecto incluía aspectos que menoscababan los derechos individuales.

En 2010, el Decreto N° 7.453 convirtió a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), bajo control del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

Perú 2001 Ley N° 27.479 Sustituida por la ley N° 28.664 (2006) y luego modificada por el Decreto Legislativo N° 1141 (2012).
Chile 2004 Ley N° 19.974 Fue creada la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y reemplazó a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
México 2005 Ley de Seguridad Nacional Dentro del marco normativo de incluyeron aspectos sobre Inteligencia.
Guatemala 2005 Ley 71 y Ley 18 Sobre la Dirección Nacional de Inteligencia Civil  (71) y el Marco del Sistema Nacional de Seguridad, donde se abordan normas para la función de inteligencia.
Ecuador 2009 Ley de Seguridad Pública y del Estado Creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN). En diciembre de 2018, el Decreto Ejecutivo N° 526 eliminó la entidad tras ser ésta objeto de críticas y reparos a las acciones que llevó a cabo, y dio paso al Centro de Inteligencia Estratégica.
Nicaragua 2010 Ley N° 750, Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua Creó el Sistema Nacional de Seguridad Democrática, donde a la Dirección de Información para la Defensa se le dio funciones de Secretaría Ejecutiva. Fue reemplazada, en 2015, por la N° 919, la Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua.
Bolivia 2010 Varios proyectos legislativos acerca de Defensa y Seguridad Algunos de las propuestas trataban sobre el Sistema de Inteligencia del Estado Plurinacional, donde se planteaba la creación de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional, que estaría fiscalizada por una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Colombia 2011 Ley Estatuaria N° 1.621 En 2011 se suprimió, mediante Decreto N° 4.057, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tras serios cuestionamientos sobre sus actividades, asimismo, se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, a través del Decreto N° 4.179.
Paraguay 2014 Ley N° 5.241 Creó el Sistema Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Depende directamente del Presidente de la República.

Pese a que los marcos normativos, que suponen un avance no menor para la institucionalización de la inteligencia y de la contrainteligencia en la región, el proceso ha trascurrido —quizá— no a la brevedad esperada, y en medio de cuestionamientos y críticas hacia algunos servicios por alejarse de su misión esperada y convertirse en herramientas coyunturales con determinados fines políticos. Por la naturaleza de la actividad, y el poder que conlleva su manejo frente a la capacidad de los sistemas para estudiar el entorno social y sus componentes, resulta imperioso claros márgenes normativos para sus acciones.

(…) el proceso de institucionalización de inteligencia en América Latina tuvo un trasfondo marcado por la guerra fría, y hoy en día es característico que las estructuras tengan como eje de acción la seguridad interior y la defensa nacional. Además de los cambios de paradigma (…) aun [sic] siguen presentes las prácticas del enemigo interno (…).[19]

Consideraciones finales

El escenario actual que viven los países en el continente no precisa de una visión sobre los objetivos de inteligencia tradicionales. Las amenazas y conflictos híbridos, cuyas expresiones se pueden manifestar de forma simultánea en diversos ámbitos como el legal, cibernético, económico, político, comunicacional y mediático, y que en su naturaleza combinan elementos de diversos fenómenos con la participación de actores no estatales y en formas multimodales, según apunta Mariano Bartolomé[20], arrojan necesidades de análisis y tratamiento diversas para el estudio de los fenómenos, sus participantes, efectos e, incluso, las oportunidades para el Estado que puedan identificarse. Dichos fenómenos modifican las relaciones sociales entre ciudadanos y desde los sujetos hacia el Poder, y alteran conceptos clásicos como el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado —planteado por Weber—, que moviliza la actividad a diferentes dimensiones y sujetas a respuestas transdisciplinares. Un ejemplo de ello es el narcotráfico.

La institucionalización de la Inteligencia y de la Contrainteligencia en Latinoamérica requiere de un fortalecimiento orgánico que permita tener entidades sólidas con claros márgenes de acción y de personal altamente calificado, no sólo en las áreas del conocimiento que les corresponde, sino en cuanto a ética, sentido de pertenencia y servicio a la ciudadanía, principal beneficiario de los logros que puedan alcanzarse. Por otro lado, y con un papel preponderante, es necesario fomentar la Cultura de Inteligencia en la población, de modo tal que permita superar los imaginarios negativos asociados al campo y que posicionen la necesidad e importancia de la Inteligencia fundamentalmente para la seguridad del Estado y su ciudadanía, pero también como un elemento adicional de desarrollo de las naciones.

 

Referencias

Bartolomé, Mariano. “Amenazas y conflictos híbridos: características distintivas, evolución en el tiempo y manifestaciones preponderantes”. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudio de Seguridad. No.25, 2019, p. 8-23.

Buitrago, Luis Darío. “El paradigma de la Inteligencia en el Estado democrático de Derecho”. Nuevos paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE), Lima, Perú, 2013, p. 27-44.

Carlos Yárnoz. “Más de 120 muertos en los atentados de París”. El País (España), 14/11/2015, <https://elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447449607_131675.html>.

Fernández, Sophie. “Fallos de inteligencia en los atentados de París”. La Voz de Galicia, 06/07/2016, <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/07/06/fallos-inteligencia-atentados-paris/0003_201607G6P19992.htm>.

García Pérez, Heiner. “Servicios de inteligencia en América Latina, una visión comparada de la inteligencia estratégica: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú”. Tesis. Bogotá: Universidad del Rosario, septiembre de 2018.

Gómez de la Torre Rotta, Andrés. “Servicios de Inteligencia y democracia en América del Sur: ¿Hacia una segunda generación de reformas normativas?” Agenda Internacional, 2009, p. 119-130.

Mcdowell, Don. Strategic Intelligence: A handbook for Practitioners, Managers, and Users. Maryland: The Scarecrow Press, 2009.

Rathmell, Andrew. «Towards postmodern Intelligence .» Intelligence and National Security, 2010, p. 87-104.

Sanz, Antonio. Historia de la inteligencia China: de Sun-tzu a la ciberguerra. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012.

Treverton, Gregory. Reshaping national intelligence for an age of information. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Ugarte, José. “Actividades de Inteligencia en América Latina: características, fortalezas, debilidadades, perspectivas de futuro”. Política y Estrategia. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2016, p. 37-74.

Walburga, Wisheu. “Debate sobre la historicidad de la dinastía Xia y sus capitales: ¿fue Wangchenggang la capital de Yu?”. Estudios de Asia y de África, vol. 30, núm. 3 (98). Septiembre de 1995. https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/1587/1587.

 

* Estudios en periodismo, Política Pública, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); e Inteligencia. Analista de política pública y temas relacionados a Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad.

Referencias

[1] Carlos Yárnoz. “Más de 120 muertos en los atentados de París”. El País (España), 14/11/2015,  <https://elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447449607_131675.html>, [consulta: 16/02/2020].

[2] Fernández, Sophie. “Fallos de inteligencia en los atentados de París”. La Voz de Galicia, 06/07/2016. <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2016/07/06/fallos-inteligencia-atentados-paris/0003_201607G6P19992.htm>, [consulta: 16/02/2020].

[3] Ídem.

[4] Buitrago, Luis Darío. “El paradigma de la Inteligencia en el Estado democrático de Derecho”. Nuevos paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE), Lima, Perú, 2013, p. 28.

[5] En algunos espacios también llamada Hsia, es la dinastía más antigua en la historia de China. Sobre ella, tan sólo existen referencias literarias aunque, como explica Wisheu Walburga (1995), los relatos sobre su origen, existencia, obras y demás fueron puestas en duda debido a la falta de evidencia arqueológica que la respalde. Para  Gu Jiegang  -añade Walburga- de acuerdo a la tesis de la estratificación, dicha época fue modelada según las necesidades políticas de periodos concretos. Algunos hallazgos, como el complejo Erlitou, dan cuenta de asentamientos organizados con divisiones administrativas pero, hasta el momento, no son concluyentes para esbozar un entramado de sucesión dinástica.

[6] Sanz, Antonio. Historia de la inteligencia China: de Sun-tzu a la ciberguerra. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012, p. 5.

[7] Buitrago, Luis Darío. Op. cit., p. 30.

[8] Rathmell, Andrew. “Towards postmodern Intelligence”.  Intelligence and National Security, 2010, p. 90.

[9] Traducción del autor.

[10] Ídem.

[11] Rathmell, Andrew. Op. cit., p. 90, (traducción del autor).

[12] Treverton, Gregory. Reshaping national intelligence for an age of information. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 6 (traducción del autor).

[13] Mcdowell, Don. Strategic Intelligence: A handbook for Practitioners, Managers, and Users. Maryland: The Scarecrow Press, 2009.

[14] Gómez de la Torre Rotta, Andrés. “Servicios de Inteligencia y democracia en América del Sur: ¿Hacia una segunda generación de reformas normativas?” Agenda Internacional, 2009, p. 119-130.

[15] Ugarte, José. “Actividades de Inteligencia en América Latina: características, fortalezas, debilidadades, perspectivas de futuro”. Política y Estrategia. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2016, p. 44.

[16] Gómez de la Torre Rotta, Andrés. Op. cit.

[17] Uno de los eventos más relevantes que dio paso al cambio de paradigma en la Inteligencia fue el ataque a las Torres Gemelas, en los EE.UU. A partir de ello, el fenómeno del terrorismo fue entendido como una amenaza diferente que conjugaba factores y motivaciones diversas y actores no estatales.

[18] Elaboración propia, con base a Ugarte (2016) y Gómez de la Torre Rotta (2009).

[19] García Pérez, Heiner. “Servicios de inteligencia en América Latina, una visión comparada de la inteligencia estratégica: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú”. Tesis. Bogotá: Universidad del Rosario, septiembre de 2018.

[20] Bartolomé, Mariano. “Amenazas y conflictos híbridos: características distintivas, evolución en el tiempo y manifestaciones preponderantes”. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudio de Seguridad. No.25, 2019, p. 8-23.

LA DEFENSA NACIONAL DEL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

Foto Gaceta Marinera, https://gacetamarinera.com.ar

El Atlántico Sur Argentino está siendo internacionalizado, como Medio Oriente con el petróleo. Dos países —el Reino Unido y China— con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y España, que es el principal socio del Renio Unido en Malvinas y destino principal de los recursos pesqueros argentinos capturados con licencias ilegales. En algún momento también Rusia e inversionistas americanos haciéndose de las principales empresas pesqueras. Las grandes potencias vienen por nuestros recursos naturales, algunas de ellas, —asombrosamente— mantienen con nosotros una relación de amistad y comercio y otras lo hacen desnacionalizando la industria nacional o apropiándose de los recursos nacionales por la fuerza o por presión frente a nuestra debilidad comercial. No es la guerra tradicional, son las formas de dominación modernas.

Los buques nacionales son amenazados de ser embestidos por buques extranjeros para desalentarlos en la pesca de altura. Se trata de una confrontación marítima para hacerse de los recursos, como si tuviesen “patentes de corso”, mientras la defensa argentina y la Subsecretaría de Pesca están ausentes, pese a la mayor presencia extranjera en la región, provocándonos un daño inconmensurable a nuestra soberanía política, económica y alimentaria. ¿Quién no entiende que la primera defensa del territorio continental nacional es el mar argentino y no el litoral terrestre? Bastaría con ver las fuerzas navales de Estados Unidos, China, Rusia y del Reino Unido desplegadas en el mundo para entenderlo. El sistema vertical que impera en las fuerzas militares y en la cancillería nos priva de un debate amplio sobre el daño de no tener controlado el Atlántico.

Con en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) se denominó a los países con mar “Estados Ribereños”. Cuando en 1995 se ratificó por Ley 24.543 en la Argentina, yo, modestamente —ante la mirada absorta de oficialistas y opositores— puse reparos, pero nunca entendieron que el mar, es parte de nuestro territorio y que más allá de las 200 millas se prolonga hasta el fin de la plataforma continental. La palabra “Ribera” del latín riparĭa, deriva de ripa (orilla) y al igual que “Litoral”, es la franja de tierra que está junto al mar (o río)” y no alcanza a definir a “el mar formando parte íntegra e indivisible del territorio nacional continental hasta las 200 millas marinas y, más allá de estas, sobre su lecho y subsuelo hasta límite exterior de la Plataforma Continental Argentina” y que el Código Civil y Comercial de la Nación refiere a la línea de ribera (Art. 235) como la “porción de las tierras que las mareas bañan y desocupan ordinariamente durante las más altas y más bajas mareas…” y desde el punto de vista literario Rodrigo Costoya (“El enigma de Colón”, 2019) nos cuenta: “…la mujer de Pinto seguía en la Ribera, mirando fijamente el mar”.

La Argentina, más que un “Estado Ribereño” debe tipificarse como un “Estado Marítimo”, más aún cuando la Argentina cuenta con una superficie continental de 2.791.810 Km2 mientras que el territorio marítimo argentino dentro de las 200 millas alcanza a los 3.146.345 km2 y más allá de ellas la Plataforma Continental Argentina asciende a los 1.784.000 km2 (firmes 351.633 km2), a lo que habría que sumar los 965.597 Km2 de la Antártida Argentina, la parte correspondiente de los 20.237.000 Km2 del Océano Antártico que se encuentra comprendido en el marco del Tratado Antártico y los 30.212 km2 del Río de la Plata (Mar Dulce, Juan Díaz de Solís, 1516), cuya navegación y explotación se acordó con Uruguay; a lo que debemos agregar el extenso litoral argentino de 6.816 km de costa según los últimos estudios del CONICET. La Argentina es —sin duda alguna— un Estado Marítimo, por lo que nos agravia aún más nuestra identidad, el tener ocupados y explotados por el Reino Unido de Gran Bretaña, 1.639.900 km2 de territorio marítimo e insular nacional.

Una invasión y explotación de nuestros recursos, en abierta violación a la Res. ONU 31/49, con la pretensión ilegal de acogerse a lo reglado para los “Estados Ribereños”, sobre lo cual, la propia directora ilegal de Recursos Naturales de Malvinas Dra. Andrea Clausen convalidó nuestra titularidad sobre los recursos al manifestar que “…la zona en que se ha denunciado todas estas capturas ilegales es muy al norte de la ZEE de Falklands. Y, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa, la verdad es que las Falklands han tenido una zafra…”, pese a lo cual la Argentina no ha hecho nada sobre los recursos migratorios y nos surgen varios interrogantes:

¿No le llama la atención a nuestras autoridades que buques chinos pesquen lejos del área bajo control británico rica en recursos? ¿No es sorprendente que en 40 años solo se detuvieron 80 buques extranjeros, con una presencia en esos años en el Atlántico Sur de 12.000 buques ilegales?

¿No es irregular que el Consejo Federal Pesquero (CFP) y el Subsecretario de Pesca, siendo los Administradores del Recurso, a pesar de ingresar al mar argentino 100 buques extranjeros no se hayan reunido para tratar esta invasión y, nunca el CFP haya actuado para impedir la pesca ilegal, violando su deber de funcionarios públicos? La asignación del Fondo Nacional Pesquero lo dice todo: Según Actas del CFP 4 y 5 (12/3/20), de los saldos de 2019 y de los existentes en 2020 se asignaron para la administración el 75,7% de los fondos ($ 30.451.957) y para patrullaje y control un 24,3% ($ 7.400.000), dejando claro el interés de controlar y malgastar los fondos públicos, porque es sabido que los gastos administrativos no deben alcanzar entre el 17% y el 30% de los operativos.

La ocupación del mar argentino y la explotación de nuestros recursos es gravísima. Lo hacen dentro de la ZEE y la plataforma nacional (buques con licencia ilegal británica y, plataformas petroleras dentro del área de Malvinas); extracción de nuestros recursos pesqueros dentro de la ZZE y fuera de ella a especies migratorios que la funcionaria británica reconoce como de la misma biomasa (de dominio Nacional) y lo que resulta aún más insólito y, sobre lo que el Estado Nacional ha permanecido indiferente desde 1994 a la fecha, es el establecimiento del Reino Unido al noroeste de las islas, por fuera de la zona de exclusión pesquera ilegalmente impuesta por este Reino (FICZ) y dentro de la ZEE Argentina, de un Área “GAP” de 1.400 Km2, para proteger importantes capturas de calamar. El GAP es un espacio 7 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires (203 km2), casi 3 veces el tamaño de la isla de los Estados (534 km2) o algo más de 3,5 veces lo que miden las islas Picton (105 km2), Nueva (120 km2) y Lennox (171,5 km2) que carecen del valor económico que el GAP y que casi nos llevan a una guerra contra Chile. Cualquier ciudadano podría ver en alguno de los localizadores disponibles la concentración de buques extranjeros a la pesca del calamar en ese punto para confirmar la ocupación británica de nuestro territorio.

Ante el conocimiento de la invasión de buques chinos al mar argentino, la Armada el 6 de mayo sumó al control al destructor ARA Argentina con un helicóptero Fennec para agregar al patrullero oceánico ARA Bouchard P51 y al guarda-costa GC-27 Prefecto Fique de la Prefectura Naval y alistó un avión naval antisubmarino Tracker.

Recordemos que la ZEE Argentina tiene 3.146.345 km2, por lo que este aparente refuerzo, como dijo un amigo (JCP), es como calentar el océano con una pava de agua caliente” y, al pasar, recordemos también, que tanto las patrulleras oceánicas francesas (¿con nuestras finanzas, recibirá la Armada las tres faltantes?), como los guardacostas españoles, que podrían haberse construido en la Argentina, si fuésemos un país que promoviésemos nuestra defensa y la industria nacional.

Con las fuerzas disponibles, los buques extranjeros seguirán pescando y escapándose, como lo han hecho en los últimos 40 años. Las cuestiones inherentes a la defensa nacional, de eso se trataría frente a la ocupación y explotación extranjera en el Atlántico Sur, deben estar en manos de la Armada Argentina apoyadas con la Prefectura Naval si fuera necesario, ocupándose o empezando a ocuparse esta, de las cuestiones contravencionales de los buques nacionales, ya que resulta muy llamativo, por ejemplo, que no haya sanciones derivadas de las 300 mil toneladas/año que se descartan de recursos o que salgan a la pesca buques que terminan en trágicos naufragios.

Para que el control —en principio— disuasivo sea efectivo, los recursos militares anunciados no alcanzan. La Armada Argentina debería disponer al menos de cinco buques clase Gowind similares al Bouchard con cañones de 40 mm (hay otros países que tienen patrullas con piezas de 76 mm), y dos ametralladoras manuales de 12,7 mm, de modo que puedan actuar en forma efectiva si el buque ilegal intentara escapar y, efectuar el relevo correspondiente sin desatender la zona de conflicto. Las naves equipadas con helicópteros bimotor polivalentes ligeros artillados del tipo AS 555 Fennec 2. A ello, hay que agregar unos cuatro aviones de vigilancia naval P-3 Orion o S-2 Tracker. Por supuesto que esto supone además dotar a la Armada del presupuesto necesario para las operaciones y mantenimiento, ya que es conocido los efectos de la desinversión y falta de mantenimiento que llevan a que, en Puerto Belgrano, haya varias corbetas fuera de servicio.

Accesoriamente a ello, pero muy importante, se deberían quintuplicar las multas y actualizarlas por el precio del gasoil, si las ilegales son chinas, siendo estatales, expulsar las empresas radicadas de origen estatal en el país, al igual que las españolas si tienen relación societaria; y la flota congeladora nacional debiera ir a pescar con apoyo militar, en las condiciones subsidiadas ya explicadas en mi artículo “El Atlántico Sur Argentino ocupado por Britania, España y China”, fuera de las 200 millas y, muy especialmente en el GAP y el área adyacente a la de exclusión británica; iniciar contactos con empresarios españoles y chinos, con la intervención necesaria del sector empresario nacional y comenzar el proceso de denuncia de los Acuerdos de Madrid, por el que la pérfida falange de Albión tiene en sus manos el control del Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y el 60º S (altura de las islas Orcadas).

Cumpliéndose el 207º aniversario de la aprobación del Himno Nacional, tal vez sea el momento de plantear reincorporar a éste la estrofa: “se levanta a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación” y otras, sacadas de nuestra Canción Patria a sugerencia de Inglaterra, para recordarles a los argentinos, el espíritu original con el que se construyó nuestra Nación.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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