La nación aimara (Sur Perú, Norte Bolivia, Norte Chile)
RUNASUR (Movimientos Indígenas y sociales – “Patria Grande”)
Objetivo
Creación de una nueva nación con territorios del norte de Argentina, norte de Bolivia, sur del Perú y norte de Chile.
Clasificación del conflicto
Conflicto armado de 5ta generación con fuerte componente de acción psicológica con posterior traslado a Guerra Asimétrica.
Actores
Estado Peruano
Evo Morales y afiliados
Parte pueblo aimara
Otros vectores útiles
Contexto general
El objetivo era crear una sublevación como la Mapuche en Chile y Argentina, la cual llevó varias décadas de preparación.
Informes no confirmados dicen que Evo estuvo enviando población boliviana cercana al MAS (Movimiento al Socialismo) a la zona del lago Titicaca durante los últimos 15 años.
Se cree que los manifestantes están disparando con munición «expansiva», la cual no es usada ni por la Policía Nacional del Perú ni por las Fuerzas Armadas peruanas, y que ese tipo de munición fue contrabandeada al Perú por los «Ponchos Rojos» de Evo Morales.
Los Ponchos Rojos son una milicia de origen aimara cercana a Evo Morales con asiento en la provincia boliviana de Omasuyos y con epicentro en la ciudad de Achacachi, capital de la provincia.
La munición expansiva fue utilizada en levantamientos en Puno y Juliaca y se estima que los «Ponchos Rojos» la ingresaron al Perú debajo de sus ropas.
En el año 2017, y luego de los enfrentamientos con los aimaras, la policía boliviana fue expulsada de Achacachi por varios meses.
En Perú, la población aimara, se encuentra principalmente en el departamento de Puno, Moquegua y Tacna y muchos han migrado a ciudades como Lima, Arequipa y Tacna. En Chile se extiende por el extremo norte como en la ciudad de Arica.
Evo apela a la población indígena aimara que viven en la Meseta del Collao, zona lago Titicaca.
Su intención es desestabilizar la zona de Cusco y de Puno. El financiamiento para el levantamiento proviene desde Bolivia, las armas provienen desde el norte de Bolivia, posiblemente de la ciudad de La Paz.
Es por esto que desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa del Perú continuamente realizan videos de uniformados llamando a la paz social hablando la lengua aimara.
Evo Morales es considerado como persona peligrosa para la seguridad nacional y tiene prohibido el ingreso al Perú.
Debido a la naturaleza del conflicto generado en el sur del Perú, se necesitarán de acciones de comunicación y acción psicológica extensas e intensivas para calmar la situación. La naturaleza del conflicto obliga al Estado peruano a actuar de «buffer» y absorber la mayor cantidad de violencia. La represión con altos niveles de intensidad podría desestabilizar aún más la zona en favor de Evo Morales a niveles peligrosos para la integridad territorial del Perú.
Sería necesario detectar, identificar y neutralizar los canales de información utilizados por Evo y su gente y luego desplegar comunicación/psy ops sobre la población afectada con el objetivo de contrarrestar su accionar.
Así como es de vital importancia detectar e identificar a los líderes claves de cada zona para entablar un diálogo y desarmar protestas.
La única salida que puede considerarse para este conflicto es el de la acción psicológica a gran escala, con participación de figuras artísticas, canales de televisión, etc., con el mensaje de «Traer paz y prosperidad para el Perú».
Evo y su gente hicieron un gran trabajo comunicacional y de preparación psicológica.
Evo viaja a la Argentina para intentar crear una Coordinadora de movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Evo convocó a movimientos cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia y otras organizaciones para ser parte de la Coordinadora.
La “toma de Lima” no tiene intención de ganar territorio, desde el sur hacia el norte, si no de acaparar la atención de medios internacionales, intentar el derrocamiento del gobierno para promover la asamblea constituyente y más adelante provocar la secesión del sur del Perú
El conflicto en Lima puede actuar de “buffer” (“amortiguador de shock”) con el objetivo real que es el sur del Perú. Mientras más se focalice el conflicto en Lima, con más soltura se moverán y actuarán en el sur del Perú.
El sistema de Defensa Nacional, los diversos organismos de Seguridad y el Sistema de Inteligencia Nacional son a la Nación como el sistema inmunológico al cuerpo humano.
El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La función de este sistema es defenderlo de agentes patógenos, es decir, de organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus y las bacterias.
De manera similar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia trabajan con el mismo objetivo aunque cada una de estas instituciones tiene su objetivo.
Este diagnóstico será considerado desde dos puntos:
Institucional
Profesional
La Inteligencia Nacional es definida por la Ley 25.520 como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación». La Ley 27.126, promulgada el 3 de marzo de 2015, considera a la Inteligencia Nacional como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación». Solo un cambio sutil pero importante, pues se han eliminado las «amenazas» respecto de la Ley 25.520. Mientras que la «amenaza» es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado, el «riesgo» sería la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
La Inteligencia es el conocimiento que favorece al decisor en la toma de decisiones, como así también en la reducción de los riesgos. En síntesis, la importancia es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
La Inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
La actividad de Inteligencia, más precisamente la Inteligencia Estratégica, le permite al gobierno nacional comprender los conflictos regionales e internacionales con el objetivo anticipar las respuestas adecuadas a los mismos.
Del mismo modo, la Inteligencia le permite al gobierno tomar las medidas adecuadas para favorecer la inserción de nuestro país en el escenario internacional, tanto en el ámbito diplomático como económico.
A partir de esto se puede afirmar que, desde lo institucional, los organismos de Inteligencia deben estar en condiciones de dar respuestas a estas demandas.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y, conforme a la ley, debería dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye a los demás organismos de Inteligencia del Estado que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad— a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.
En función de ello pueden determinarse las siguientes anomalías que impiden que la Inteligencia Nacional cumpla con sus objetivos:
Los diversos gobiernos nacionales de las últimas décadas han transformado la Inteligencia Nacional en una herramienta para amedrentar jueces, políticos opositores y demás denunciantes a partir de lo que se denominan «carpetazos».
Como consecuencia de ello, los gobiernos nacionales (fundamentalmente los kirchneristas y el de Cambiemos) han realizado un uso perverso de la inteligencia interior pero desatendieron la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica al punto que se puede afirmar que estas áreas están prácticamente desactivadas y sin rumbo. La Inteligencia Exterior ha perdido, virtualmente, contacto con los servicios de otros países, lo que implica una seria gravedad desde el punto de vista del intercambio de información y de la capacitación. Las delegaciones del exterior de la Secretaría de Inteligencia / AFI carecieron de rotación de sus delegados durante más de una década y su número ha sido seriamente reducido, al punto que fueron cerradas delegaciones en los principales países de Europa. Como los gobiernos actúan en este sentido con reciprocidad, varios servicios no destinan agentes a sus embajadas en la Argentina y algunos los han retirado reasignándolos en países de la región. La situación se ha visto sumamente agravada con las filtraciones a los medios de las Actas durante la gestión de la «fiscal interventora» Cristina Caamaño.
Respecto del tema de la capacitación, el sistema ha perdido el rumbo desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), gobierno que el 7 de febrero de 2000 realizó una purga de 1.500 agentes, un hito lamentable que cortó la transferencia de conocimientos. La idea fue apelar a la contratación de «consultoras», lo que pone en evidencia la ignorancia de quienes estaban al frente de la Inteligencia Nacional. Los últimos gobiernos, sin excepción, han puesto al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) a funcionarios inexpertos, al igual que en el resto del organismo, y en la actualidad le ENI tiende más hacia un adoctrinamiento, no hacia una capacitación profesional, impartiendo «cursos de género», «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», etc. En este punto cabe destacar que el máximo responsable de la ENI de la gestión de Cambiemos llegó a manifestar a un medio «vamos a cambiar la cultura del espionaje»: es evidente que desconocía de qué se trata la Inteligencia[1].
Cabe recordar que en febrero de 2015 el gobierno de Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó una AFI debilitada, otorgándole un rol protagónico a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar pero llevando a cabo actividades ilegales, toda vez que esa área no debe, por ley, realizar inteligencia interior. Incluso el presupuesto destinado a ese órgano militar era mayor al que recibía la entonces Secretaría de Inteligencia.
Contrariamente a lo que especifica la Ley, la AFI, como es de conocimiento público, ha sido prácticamente marginada y no dirige el Sistema Nacional de Inteligencia. Aún peor, el proyecto de Ley de Inteligencia presentada al Congreso por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño proponía que ese organismo dejara de ser la cabeza del sistema de Inteligencia. Varias delegaciones del interior han sido eliminadas o reducidas en su operatividad. Vale aquí recordar que la mencionada interventora desactivó la base de Trelew y cedió el edificio al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en una región con graves problemas derivados del problema de la nueva etnia autodenominada «mapuche», con tomas de tierras e incendios de propiedades privadas e iglesias.
Los organismos de inteligencia no mantienen contactos entre sí y, peligrosamente, se aprecia una competencia entre algunos de esos organismos.
Desde lo profesional, desde que asumió el gobierno del Frente para la Victoria, en la entonces Secretaria de Inteligencia se ha procedido a una «purga» de su personal, reduciéndola a su mínima expresión. Cierto es que hasta la creación de la AFI no ingresaron «militantes» y los cargos políticos fueron muy reducidos. Con sus limitaciones, el organismo continuó funcionando pero la «metodología» que se implementó produjo una fuerte desmotivación del personal, por falta de incentivos, bajos salarios y una persecución hacia algunos agentes que fueron destinados a «áreas de castigo». A ello debe sumarse la pérdida del rumbo del organismo lo que se traduce en un sin sentido de la actividad diaria del agente de inteligencia.
Si, debe reconocerse, que durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo se produjo un sustancial aumento de sueldos —el cual finalmente no se completó— pero con ello se favoreció el ingreso de numerosos «militantes» que no calificaban para cumplir con sus funciones.
Se procedió a una reestructuración, con un nuevo organigrama que incrementó notablemente los cargos directivos y eliminó las jefaturas intermedias lo que, al igual que en el ámbito privado, hace inviable cualquier gestión. Aún más grave fue la supresión de un área de «Análisis» cuando ésta es la tarea esencial de un organismo de inteligencia.
La gestión del organismo durante el gobierno del presidente Macri, teniendo la oportunidad de reconstruirlo, siguió la misma línea del gobierno kirchnerista y los cargos directivos fueron ocupados por gente inexperta, entre los cuales se encuentran quienes fueron los máximos responsables del organismo. Además debe mencionarse la incorporación de algunos ex comisarios con antecedentes de sumarios dentro de la propia policía. Es en ese momento que se crearon más delegaciones en el AMBA con una impronta inspirada en una comisaría.
Con respecto al personal, se despidió a los contratados por la gestión de Parrilli y se contrató a un número similar de personal, en su mayoría tampoco calificado para cumplir funciones en un organismo de Inteligencia. Además se contrató más personal con sueldos equivalentes a cargos directivos.
Del mismo modo, debe destacarse que los políticos tienden a confundir Inteligencia con «Seguridad», lo que lleva a una seria distorsión de la actividad.
Asimismo, la gestión del gobierno de Cambiemos continuó marginando al personal de carrera e igualando hacia abajo como lo hizo el gobierno del Frente para la Victoria, el cual desarmó su cuerpo profesional que otrora era considerado «Personal Superior». Desde entonces, numerosos cargos que deberían corresponder a ese cuadro pasó a estar en manos de personal auxiliar, desvirtuando la línea jerárquica y profesional que debe mantener un organismo de estas características. Es como si en las Fuerzas Armadas se colocara a un suboficial por encima de un oficial.
Por otra parte, la gestión política siempre hace uso de la «caja» del organismo con fines políticos, es decir, el uso de sus recursos que no son empleados para mantener la infraestructura y la operatividad del organismo.
En síntesis, hasta la llegada de la Alianza al gobierno, el organismo, a pesar del despido de algunos agentes durante el gobierno de Alfonsín, mantuvo un alto nivel profesional. En la ENI se dictaban cursos tanto destinados a personal de la Argentina como a personal extranjero. El nivel del cuerpo docente y de los cursos aún hoy es reconocido por agentes europeos que asistieron a los mismos en la década de 1990. La formación giraba en torno a inteligencia, al análisis de la información, de los medios de comunicación, a la geopolítica entre otros temas.
Del mismo modo, existía un curso denominado «Curso básico de Inteligencia para funcionarios del Estado» al que asistía personal de diferentes ámbitos, de la Justicia, de lo que hoy es la AFIP, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de diversos organismos. Este curso era fundamental para establecer lazos informales en un agradable ambiente de camaradería.
Esto funcionó, por inercia, hasta aproximadamente el año 2002. En la actualidad nos encontramos con un organismo verdaderamente destruido, con personal que no ha recibido una buena capacitación, con una ENI carente de docentes, pero lo más difícil será reconstruir tanto el organismo como el instituto de formación debido a que durante décadas no se ha considerado la importancia que tiene la transferencia de conocimientos en una actividad cuyos conocimientos se adquieren con la práctica dentro de un servicio. Para hacer un paralelismo, un ingeniero se forma en una universidad pero la experiencia la obtiene en la obra, en un astillero, en una fábrica, según sea su especialidad.
Para completar el calamitoso cuadro en que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional deben mencionarse dos proyectos de ley, uno presentado por la entonces diputada Elisa Carrió —que tenía la intención de cerrar el organismo y crear uno nuevo que coordinara las fuerzas de seguridad y pusiera la mira en el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo— y otro el ya mencionado presentado por la que fuera interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Ambos dan claras muestras del desconocimiento de la actividad de inteligencia o de un intento de seguir destruyendo el sistema inmunológico de la Nación y en esto coinciden quienes se definen a uno y otro lado de la grieta.
La propia Elisa Carrió pidió la eliminación de la AFI en diciembre de 2018[2] y Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, propone nuevamente «crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general». En primer lugar, demuestra su desconocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, de nuevo, se observa la confusión de Seguridad con Inteligencia. Pero lo paradójico es que su crítica se centró en oportunidad de que saliera a la luz el espionaje llevado a cabo por María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, es decir, durante el gobierno de Cambiemos, del cual la Coalición Cívica fue parte. Según la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño, durante su gestión halló una fotografía y un informe de seguimiento a Carrió durante un viaje a Paraguay en 2017, es decir, durante el gobierno de Cambiemos[3].
Los del Frente de Todos apuntan al espionaje durante el gobierno de Macri pero olvidan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió también a un espionaje de consideración tanto de opositores como de allegados, al punto que se difundió que mandó a pinchar 20.000 teléfonos[4]. También el presidente Menem acostumbraba a espiar hasta a sus propios funcionarios.
Para concluir, tampoco se debe confundir «espionaje» con «inteligencia» y no se debe responsabilizar al organismo ni a sus agentes por el uso que le dan los políticos a esa estructura.
Por otro lado, la Ley 25.520 es una ley que puede ser mantenida en vigencia, más aún cuando lo que han presentado últimamente es verdaderamente un adefesio.
Propuestas en materia de Inteligencia
Establecer los Objetivos Nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de Inteligencia, los cuales deberán ser acordes a una agenda de Seguridad Nacional diseñada a los efectos de salvaguardar los intereses de la República
La Inteligencia es un atributo de un Estado y no de un gobierno, por lo que debería volverse a recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con un Secretario con rango de Ministro. Por un lado, se volvería a jerarquizar la actividad de Inteligencia y, por otro, tanto la sociedad como los medios continúan denominando informalmente al organismo como «SIDE».
Dejar inmediatamente sin efecto el Decreto 1.311 y restablecer el organigrama existente hasta la modificación implementada por la gestión de Parrilli y «La Cámpora». Eso reduciría considerablemente las direcciones creadas por el kirchnerismo y el macrismo y restablecería las jefaturas de División y Departamento, cuya desaparición ha hecho ingobernable al organismo.
Reestructurar nuevamente las diferentes áreas de bajo la conducción de un Subsecretario de Inteligencia Estratégica.
Crear, al menos, una delegación en cada Provincia con la finalidad de actuar en coordinación con el Gobierno Provincial, la Policía Provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales existentes en cada Provincia, como así también las unidades de las Fuerzas Armadas.
Crear delegaciones regionales de Inteligencia Estratégica que actuaran con las autoridades respectivas a los efectos de: a) recurrir a la Inteligencia Competitiva a los fines de analizar el mayor aprovechamiento de los recursos económicos regionales en favor de la producción y del empleo; b) analizar los medios de comunicación para favorecer la explotación económica regional y la integración regional y nacional, lo cual favorecerá, asimismo, a fortalecer la Soberanía Nacional.
Otorgarle a la ENI el lugar que le corresponde como máximo instituto de formación de la Inteligencia Nacional, la cual, en coordinación con un equipo idóneo de profesionales deberá reestructurar la forma de reclutamiento del personal, los cursos a dictarse y la carrera profesional, de modo tal que el organismo deje de ser una «agencia de empleo» a disposición del gobierno de turno.
La profesionalización del organismo debería evitar la intromisión del oportunismo político. La Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación pero no de los antojos del Presidente o de funcionarios políticos designados por la máxima magistratura nacional.
Atento a que la intención es dinamizar la inserción de la Argentina en el mundo, el personal de inteligencia exterior deberá gozar de una alta capacitación con el objetivo de que sus miembros puedan ser incorporados circunstancialmente al Servicio Exterior de la Nación para cumplir sus funciones en nuestras representaciones diplomáticas.
Deben reconstruirse con urgencia las áreas de Reunión y Análisis, toda vez que la Inteligencia es el resultado del análisis de la información recolectada.
Por medidas de contrainteligencia, el organismo debe ser relocalizado en un lugar discreto a determinar y alejado de la zona céntrica. De la misma manera la ENI podrá mantener su sede actual a los efectos protocolares pero sería apropiado que cuente con otra sede donde desarrolle sus actividades con la discreción que amerita la profesión.
A los efectos de estimular al personal deberá establecerse una meritocracia que actuará como un filtro natural en la carrera profesional. Se evaluará una recomposición salarial escalonada a los efectos de equiparar al personal con el Servicio Exterior de la Nación o el Poder Judicial y no con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como en la actualidad.
Debería considerarse la incorporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación dentro del organismo de Inteligencia a los efectos de que la misma se beneficie de la información de inteligencia y evitar la duplicación de las actividades.
Finalmente, debería evaluarse la pertinencia de la creación de una Asociación Profesional del Personal Civil de Inteligencia con el propósito de defender los derechos del personal de Inteligencia, promover su jerarquización, su profesionalidad y el federalismo, como base para el desarrollo de una Inteligencia no politizada para la Argentina.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
En su personaje de Saúl Menahem, en la recientemente estrenada serie «Iosi, el espía arrepentido», el actor Alejandro Awada expresa:
Hablar de servicios de inteligencia en Argentina es una contradicción. En un 80% se espían y se cagan entre ellos; un 10% trabaja para algún político así justifica su sueldo y el otro 10% hace guita. No sirven para nada. Ni para encontrar las manos de Perón. Manipulan a su gente con estos cuentos. Necesitan creyentes y un enemigo. […] Reclutan idiotas útiles y cuando llega el momento los descartan.
Bien, no es tan así, o mejor dicho no era tan así. La Inteligencia argentina, más precisamente cuando era la SIDE, supo tener mejores momentos y su Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)[1] es recordada aún por algunos agentes europeos y de la región que cursaron en ella por aquellos años.
Mucho ha cambiado desde esos años en que la ENI era un instituto serio de formación. Las purgas ocasionadas por el gobierno de la Alianza —uno de los tantos engendros políticos creados con fines electorales— y por los sucesivos gobiernos, han ocasionado la partida voluntaria y también forzosa de muchos agentes de carrera. La serie que nos recuerda a Maxwell Smart parece convertirse en realidad, más aún cuando hoy se escucha al nuevo interventor —aquel al que le robaron numerosas armas y hasta un misil cuando era ministro de Defensa— ofrecer elucubraciones personales en una entrevista con respecto al mediático caso del avión venezolano con tripulación iraní y venezolana; expresó que era una «presunción» de él, a la que llegó porque «le da la cuenta porque 5 iraníes y 14 venezolanos» estaban instruyendo a dos tripulaciones… Dejemos de lado lo del avión. Lo que no puede hacer el máximo responsable de la Inteligencia argentina es ir a una entrevista con «presunciones» sino con información de inteligencia, la cual podrá o no compartir públicamente en función del secreto de la investigación. Quizás sea más apropiado que quien ejerza esa función no se exponga mediáticamente.
En un artículo publicado el 26/01/2021 ya me referí a una noticia en la que se informaba de un nuevo proyecto de ley de inteligencia y me permití criticar al que fuera presentado en 2016 por la entonces diputada Elisa Carrió[2]. Actualmente está en el Congreso ese proyecto pergeñado por la «fiscal-interventora» que compite con el de Carrió en términos de dislates.
Luego de que se disolviera la Secretaría de Inteligencia y se creara la AFI en 2015, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) ha acelerado su caída en picada. El funcionario ideólogo de la estructura del organismo y del complejo y retorcido Decreto 1.311 sobre la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, Marcelo Saín[3], quien creó una agencia caracterizada por su macrocefalia que la tornó inoperante, sobre todo al tener más de cincuenta directores sin jefaturas intermedias. Por otra parte, no se contempló la incorporación de un área de «Análisis» en el organigrama de Inteligencia Exterior, cuando el análisis es la actividad esencial de la inteligencia. La administración de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani no modificó esa situación sino que la empeoró al incrementar el número de contratados con sueldos equivalentes a los de directores. Aquí ya se puede apreciar la sangría de los recursos del Estado.
Como si fuera poco el daño hecho al SIN durante los gobiernos kirchneristas, de Macri y del de Alberto Fernández[4], los legisladores pueden empeorar aún más la situación de la Inteligencia Nacional sancionando esta ley presentada por el «equipo» de la «fiscal-interventora». Entre los miembros de ese equipo[5] se encuentra Rafael Bielsa y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
Permítanme hacer una digresión para destacar que Rafael Bielsa fue quien, como embajador en Chile, propuso a la justicia de ese país que el dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el muy aborigen Jones Huala (actualmente prófugo), podía cumplir su libertad condicional en la Argentina. Por su parte el CELS —ONG vinculada a Horacio Verbitsky— cuenta con la prerrogativa de impugnar el ascenso de los militares de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y recibe financiamiento de la Embajada Británica en Buenos Aires, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, de la International Planned Parenthood Federation (ONG que actúa en defensa del acceso al aborto inducido y del libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar), de la Fundación Ford, de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert Argentina (socialdemocracia alemana), de la Fundación Heinrich Böll (vinculada a Die Grünen, el partido de Los Verdes de Alemania), de la Open Society Foundations (George Soros), entre tantas otras organizaciones e instituciones que «se interesan» por la Argentina. También recibe fondos de ministerios de la Argentina como los de Educación y Salud de la Nación.
Algunas fundaciones, embajadas y organismos que financian la actividad del CELS.
Entre la exposición de motivos que se expresan en el proyecto de ley de Inteligencia presentado por el equipo de la «fiscal interventora» se expresa que «ya no se trata solamente de dejar atrás un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muchas veces, ilegal, sino de dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones…»
Si observamos la notoriedad mediática que ha tenido la gestión de la «fiscal interventora», es precisamente todo eso lo que ha caracterizado su pésimo desempeño al frente del SIN. Demás está decir que la interventora durante su gestión ha procedido a violar en más de una oportunidad la ley vigente, como por ejemplo en el caso de la revelación de las actas del organismo.
En función de lo expresado en la exposición de motivos, cabe aclarar que la Inteligencia no es una herramienta «para mejorar la calidad de las decisiones» sino un instrumento esencial «para la toma de decisiones». Si el decisor carece de criterio, de calidad intelectual y de otras virtudes o, simplemente, ignora la información que le proporciona su servicio de Inteligencia (algo habitual en Argentina), éste nada puede hacer, porque solo se limita a poner los informes a disposición del decisor. Como reza el proverbio, Quod natura non dat, Salmantica non præstat.
Para ser más claro, la AFI es el organismo encargado de producir conocimientos acerca de las problemáticas, riesgos y conflictos inscritos dentro de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior en función de la protección de los intereses nacionales. Conducida por el Poder Ejecutivo (más precisamente el Presidente), la AFI formula el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que delinea las actividades del SIN que encabeza la propia AFI. El producto que emana de esta actividad, el análisis de inteligencia, es la producción de conocimiento que sirve de soporte a la toma de decisiones de manera oportuna.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los autores reconocen que la Ley 25.520 tiene muchas virtudes y que «los intentos de reformas parciales, como los realizados en 2015» no tuvieron «la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo”, la intervención aconsejó un cambio profundo de las bases institucionales, que no tire por la borda muchos de los esfuerzos de la legislación anterior». En verdad, si se compara este proyecto de ley con la Ley 25.520, han tirado todo por la popa, para continuar utilizando la terminología marina.
Del mismo modo, expresan que «la idea de comunidad de inteligencia no ha servido para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales, donde policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías en un intercambio sin control y sin finalidades claras». Agregan que la idea de comunidad de inteligencia «ha servido más para la expansión de la ilegalidad que para fortalecer una coordinación virtuosa». Toda esta afirmación ameritaría una extensa e histórica explicación. Trataré de sintetizarla.
Hasta la sanción de la Ley 25.520, el SIN contó con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que articulaba la inteligencia con las Fuerzas de Seguridad y con las Fuerzas Armadas[6]. Ese órgano fue oportunamente desmantelado. Tras los atentados del 11-S, en los Estados Unidos se percataron de que sus agencias de inteligencia no contaban con ningún organismo que los articulara y entonces, a esos efectos, se creó el Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional. Luego fueron creados lo que denominaron «centros de fusión», con el objetivo de promover el intercambio de inteligencia entre las autoridades locales, estatales y federales y coordinar sus actividades.
Este descubrimiento llevado a cabo tras los atentados del 11-S pareció una innovación interesante y digna de recomendación para los países periféricos como la Argentina. Así fue como, durante la gestión de la Arribas – Majdalani al frente de la AFI, vinieron del norte a traer esta modalidad de trabajo. En realidad era lo que hacía la CNI en Argentina hasta su disolución.
Por otro lado, los que nunca entendieron como articular a la Comunidad de Inteligencia fueron los políticos de turno que, en realidad, ni siquiera saben qué es la Inteligencia. O quizás no quieren que se articulen los órganos que conforman el SIN y esto queda claro con este proyecto de ley que propone que la actual AFI no sea más el organismo rector del SIN. Es decir que hace más de veinte años que se eliminó la CNI y ahora se deja a su suerte a cada órgano al eliminar la AFI como cabeza del sistema.
Por otra parte, ese cambio de roles entre policías y agentes de inteligencia al que alude, se remonta a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Es un grave error confundir la Inteligencia con la Seguridad, algo que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. El acento se puso en incrementar el personal de seguridad, con una deficiente formación salvo los pocos casos de jóvenes que habrían pertenecido a alguna fuerza. En paralelo se incentivaba el retiro de los analistas y de los agentes operativos de carrera. La propia ENI estaba bajo la conducción de directivos que con anterioridad habían ejercido cargos en Seguridad. Sin embargo, por la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, lo referente a las cuestiones de Seguridad y a la actividad delictiva le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la que a su vez es parte integrante del SIN.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el organismo ahondó su agonía debido a que se le dieron mayores recursos y mayor presupuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) a cargo del militar predilecto de la presidente, con el cual se sacaban fotos las Madres de Plaza de Mayo. Quizás el único militar que pudo salir indemne de un juicio de lesa humanidad, mientras que otros murieron en prisión o siguen detenidos y procesados inconstitucionalmente por una legislación aplicada con retroactividad y en contradicción con toda la política de derechos humanos de la que se han apropiado retóricamente los gobiernos kirchneristas y de la que participaron asimismo Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido vale recordar que ambos llevaban a dignatarios extranjeros a rendir homenaje ante un «monumento a la memoria sesgada», en el que había nombres de terroristas muertos en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Además, en su conjunto, ese monumento no es más que un homenaje a terroristas que se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República.
Obama y Macri rinden homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria. Foto: Reuters. Fuente: La Nación[7].
En abril de 2015, coherente con esta ideología, un trasnochado ordenó demoler el monumento erigido en conmemoración del Combate de Manchalá, ocurrido «el 28 de mayo de 1975, en pleno ejercicio de un gobierno constitucional, cuando un grupo de suboficiales y soldados conscriptos de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, que realizaban tareas de apoyo en una escuela, fueron atacados y defendieron con coraje su posición»[8].
Quizás pareciera que estas menciones no tengan que ver con las políticas respecto a los organismos de Inteligencia pero, contrariamente a ello, la falsa política de derechos humanos pasó a ser una «política de Estado» aplicada por los diferentes gobiernos, así como la destrucción de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de la Policía Federal Argentina —una consecuencia de la creación de la ineficiente Policía de la Ciudad llevada a cabo por el dúo Larreta-Macri, destruyendo incluso su propia creación, la Policía Metropolitana— y la demolición del SIN.
El mencionado proyecto de ley, precisamente, en su artículo 1º alude «a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a su sanción, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».
«El Presidente de la Nación podrá convocar a un Consejo Interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional» (artículo 3º), “formado por expertos o personas reconocidas por su experiencia en la materia”… ¿Quizás los mismos que redactaron este proyecto?
A pesar de que a veces se han referido a la existencia de un «doble comando», como lo ha manifestado el nuevo interventor al decir «No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI»[9], el proyecto de ley contempla un «doble comando» al crear la figura del «Asesor Nacional de Inteligencia» con rango de ministro (artículo 4º) el que puede ser nombrado y removido directamente por el presidente. Cabe destacar que, según el proyecto, el director de la AFI también será propuesto por el presidente pero con la aprobación del Senado. Es decir que director y Asesor Nacional de Inteligencia son designados por el presidente y ambos con rango de ministro. Su función será «asesorar al presidente en la formulación del Plan Nacional de Inteligencia». Cumpliría el rol de «coordinador» si se crea «alguno de los Consejos Asesores previstos en el artículo 3».
Según el artículo 6º, una de las funciones específicas de la AFI será «Formular el Plan de Inteligencia Nacional, sobre la base de los lineamientos fijados». Es decir que el organismo formulará el PIN pero el Asesor Nacional de Inteligencia asesorará en la formulación del PIN. Parecería haber una duplicación de funciones y si la diferencia está en que uno asesora y el otro escribe bien se podría ahorrar dinero del Estado estableciendo que quien asesore también escriba.
Para determinadas cuestiones, como la celebración de «convenios con organismos de inteligencia o investigación de otros países, o regionales e internacionales, deberá [la AFI] contar con la aprobación del Asesor Nacional de Inteligencia del Poder Ejecutivo» (artículo 6º, inc. 13). Es decir, un «doble comando» con dos funcionarios designados por el Presidente (el Director Nacional con aprobación del Senado) con rangos de ministro en el que uno queda supeditado al otro.
Según informan medios de comunicación, «el gran objetivo que tiene Rossi al frente de la AFI es el de promover la nueva Ley de Inteligencia», que incluye ese «doble comando»[10]. Lo paradójico es que en la exposición de motivos se expresa que «En cuanto a sus autoridades, se debe superar la idea de doble comando de la misma institución» (la cursiva está en el mismo proyecto).
Por otro lado, al referirse a los convenios, el inc. 13 del artículo 6º menciona entre las funciones de la AFI que puede «celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado», lo que ya estaba en la Ley 25.520. ¿Sería correcto que la agencia de Inteligencia celebre convenios con «personas físicas» o «de carácter privado»? ¿Qué contemplan los redactores del proyecto?
Una vez más, en una ley o proyecto de ley de Inteligencia, se insiste en que en ningún caso la AFI podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza…» (artículo 8º, inc. 2). Ya hace años que los científicos han coincidido y expresado en que no existen «razas humanas» sino «diversidad genética en la especie humana». Es decir que un color de piel no indica que pertenezca a una determinada «raza». Ciencia aparte, sigamos con el proyecto de ley.
La gran preocupación, el núcleo de este proyecto, gira en la «protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación» (Título II), lo cual es positivo pero no puede ser que la ley prácticamente se limite a esto y casi nada a la Inteligencia. La Ley 25.520 ya contemplaba este punto pero este proyecto solo establece una serie de contralores (Asesor Nacional; Comisión Bicameral de siete miembros, tres senadores, tres diputados y un presidente; un control judicial ejercido por un colegio de al menos diez jueces federales con jurisdicción en la Capital Federal designados por sorteo público anualmente por el Consejo de la Magistratura; un «Director Nacional de Protección de Datos Personales previsto en la 25.326») que a lo único que apunta es a que la agencia de Inteligencia cuente con numerosos controles externos para que, con certeza, no pueda hacer inteligencia. Queda en evidencia que quienes redactaron el proyecto son personas con formación en Sociología y en Derecho en el mejor de los casos, con una fuerte vocación partidaria pero con un amplio desconocimiento de lo que es la actividad de Inteligencia.
El artículo 26º (Título V) se refiere al Personal y a la capacitación, y aclara que «Los extranjeros podrán ser contratados por decisión directa y fundada del Director Nacional, en el marco de directivas operacionales específicas». Aquí queda abierta una peligrosa “ventana” para la contratación de personas que bien pueden ingresar al organismo para llevar a cabo tareas de infiltración. Aún peor, ciertas fuentes reservadas informan que durante la intervención ya se ha procedido a la incorporación de extranjeros al organismo.
El nuevo interventor ha manifestado «como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño “la profesionalización y la transparencia” de la AFI»[11]. Agregó: «Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo». Precisamente, la intervención lo que menos ha hecho es formar profesionales idóneos a través de la ENI sino más bien a adoctrinar a los cursantes.
Para abreviar el espíritu de este proyecto, en la exposición de motivos se expresa claramente: «Como vemos se trata de establecer una Agencia acotada en cuanto a sus tareas…» Ni más ni menos.
¿Qué podemos esperar de una nueva gestión de gobierno en materia de Inteligencia?
Un artículo publicado el 29/06/2022 por La Nación aborda el tema[12]. El propio artículo expresa que no se trata de una tarea sencilla “para quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión en materia de inteligencia es duramente cuestionada por acciones de espionaje ilegal que son investigadas por la Justicia. No hay un dirigente de la oposición que se atreva a reivindicar la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ambos están procesados en al menos dos expedientes judiciales y su gestión se volvió una mancha venenosa por las acciones concretas de seguimiento contra dirigentes opositores e incluso de su mismo signo político”. Una “mancha venenosa” que también se presentó durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimo que no es necesario recordar el caso pero sí las denuncias que la entonces diputada Elisa Carrió formuló contra Daniel Angelici —al que consideró un operador judicial—, padrino del cuestionado por numerosos medios ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, actualmente funcionario de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La utilización de la SIDE, la SI y la AFI como una herramienta para alinear al Poder Judicial —o al menos a algunos jueces— con el gobierno de turno demuestra que por más que se cambie de nombre al organismo todos los gobiernos democráticos cayeron en el mismo vicio. Ahí están los “sótanos de la democracia” a los que se refieren el «presidente delegado» Alberto Fernández y la «fiscal interventora», la que fue denunciada por filtración de datos sensibles del Sistema de Inteligencia Nacional, entre los cuales había nombres de agentes pertenecientes a la AFI y ex funcionarios del organismo, pero que fue sobreseída por la jueza María Servini de Cubría. Siempre es bueno que exista un juez oficialista para estos casos.
El artículo de La Nación menciona a Carrió —de cuyo proyecto ya hablé, como manifesté al comienzo—, partidaria de eliminar la AFI y de crear un organismo que solo coordine a las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Con respecto a Larreta los periodistas afirman que sus colaboradores lo oyeron decir «yo la desharía». Algunos de sus colaboradores serían partidarios de «profesionalizar» —verbo transitivo utilizado por las diversas gestiones para empeorar la situación de la Inteligencia Nacional— al organismo «para que sea capaz de combatir el crimen organizado y los delitos complejos, como la trata». El artículo de La Nación menciona que otros funcionarios de Larreta pensarían en continuar con el slogan de “la transformación no para” con el objeto de introducir una gran innovación a las que nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de Buenos Aires…
Más centrada parece la propuesta del equipo de Patricia Bullrich, el cual tiene en cuenta que la AFI “debe estar abocada a la producción de inteligencia estratégica”. ¡Brillante!!! Al menos entiende cuál debe ser el objetivo del organismo. Además tendría en claro que el SIN debe tener un espacio para que participen las direcciones de las diversas fuerzas. Un paso quizás para recrear la CNI. Sería algo positivo. Del mismo modo, se menciona que la propuesta apuntaría a “cambiar la Ley [la Ley 25.520] y volver a una ley de inteligencia que saque de la AFI a la investigación criminal y la deje como inteligencia estratégica”. Aquí vemos cómo la Inteligencia terminó convirtiéndose en un “organismo policial”. Se hizo por ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los mismos que después hablan de los “sótanos de la democracia”. Esos son los que pervirtieron al SIN para luego echarle la culpa a los agentes de inteligencia y acusarlos de manejarse independientemente. A propósito, el proyecto de la “fiscal interventora”, en su artículo 10º, dice que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”. Pregúntenle a un ex agente de inteligencia de esta democracia acerca de los padecimientos sufridos si no acataba lo que le ordenaban o sencillamente por considerarlos “conflictivos”[13]. Fin de la digresión.
Perfil, 09/10/2005.
Un punto muy relevante al que se refiere el artículo de La Nación es al reclutamiento de los agentes que tienen pensado en el equipo de Patricia Bullrich, el cual considera que todos los agentes deben pasar por la ENI antes de ingresar al organismo. Esto está en la misma sintonía de lo que he propuesto más de una vez, en que no pueden ingresar agentes que no hayan tenido un largo curso de formación. En este sentido, he propuesto en más de una oportunidad en que la ENI se convierta en una especie de ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) para el servicio de Inteligencia.
Por su parte, dentro de la UCR, Gerardo Morales se opone a eliminar el organismo pero sí proceder a una “cirugía mayor”, mientras que Facundo Manes no se manifestó al respecto.
Miguel Ángel Pichetto le ha dado un lugar de importancia al tema al armar “un área de inteligencia, defensa y seguridad para diseñar planes” coordinada por Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia y quizás el único recordado positivamente por los agentes de carrera.
Algunas reflexiones finales
Como se ha manifestado, la SIDE y sus sucesoras, la SI y la AFI, han sido utilizadas para manipular a ciertos jueces pero durante la SIDE y buena parte de la existencia de la SI el organismo se abocó en primer lugar a producir Inteligencia Estratégica. Las purgas, tanto de la Alianza —que echó en un solo día, el 07/02/2000, a más de 1.000 agentes para dar lugar a las «consultoras»— como de los gobiernos kirchneristas y las invitaciones al retiro realizadas por la gestión Arribas – Majdalani —tentando al personal con interesantes sumas para que se jubilaran— fueron vaciando a la Inteligencia de su personal de carrera, varios de ellos excelentes profesionales que podrían haber formado a las nuevas camadas.
Con respecto a la «intervención», el organismo ha estado «intervenido» desde mucho antes con la intención de cumplir esos vicios de los gobiernos de turno.
La gestión de la «fiscal interventora» terminó de vaciar al organismo y, contrariamente a lo que sucedía hasta su llegada, la dirección de la «intervención» se invirtió: ahora el poder judicial (nada menos que el de «Justicia Legítima») ingresaba al organismo para manipularlo y vaciarlo. La gestión fue claramente ideológica y se dedicó a seguir con las funciones de una fiscalía. No se hizo inteligencia sino que se siguió ideológicamente para buscar toda la documentación que contribuyera a la cuestión de los derechos humanos e, incluso, miembros de movimientos sociales concurrieron para ver las «carpetas» que el organismo podría haber armado sobre ellos.
En verdad, este proyecto de ley realizado por la intervención anterior y que cuenta con el total respaldo del actual interventor no es más que un mamarracho. Solo apunta, como lo dice textualmente la exposición de motivos, a acotar las tareas de la Inteligencia, en verdad, a reducirlas a la nada. En este sentido, podrían coincidir con Carrió o con lo que dicen que dijo Larreta y eliminar la agencia ya que bajo esos parámetros solo servirá para darle empleo a algunos parientes, amigos o afiliados a sus respectivos espacios políticos, o sea, un gasto para el Estado. Más de lo mismo.
Que una ONG como el CELS, financiada por fundaciones extranjeras, por embajadas como las de Estados Unidos, Alemania y nada menos que el Reino Unido, se aboque a organizar nuestra Inteligencia es poner al lobo a cuidar el gallinero. A los efectos de mostrar su papel en los graves problemas internos que afectan a nuestros ciudadanos argentinos de la Patagonia, los siguientes tuits ilustran su postura anti patria.
Tuit del CELS del 13/01/2017, en el que se aprecia al director de Litigio y Defensa del CELS, junto a organizaciones de izquierda, en una reunión en la que no se ve la Bandera Argentina sino la que se atribuyen los autodenominados “mapuches”. En el tuit de abajo se aprecia un total apoyo a este grupo que tiene su sede central en Bristol, el Reino Unido, usurpador de nuestro territorio y de nuestro Atlántico Sur y financiador del CELS.
Por otro lado, estas ONGs, fundaciones, etc., se preocupan por la inteligencia que pueda realizar un servicio del Estado con el objetivo de preservar el estilo de vida de sus ciudadanos, la seguridad de los mismos y la defensa de su integridad territorial pero nada dicen de la recolección de datos personales que hacen los bancos, las tarjetas de crédito y los buscadores como Google —y con modalidades y fines mucho más cuestionables—, que saben mucho más de cada uno de nosotros que un organismo de inteligencia.
Con respecto al reclutamiento, una agencia de Inteligencia no es una agencia de empleo a la que deban entrar por el mero hecho de ser familiares, amigos, afiliados a los movimientos o partidos de los dirigentes políticos de turno. Un servicio de Inteligencia serio «sale a buscar» a los que considere mejores a las universidades, a instituciones académicas u otros ámbitos que podrían considerarse apropiados.
Una reconstrucción del servicio de Inteligencia requiere, primordialmente, poner el acento en el personal, en una verdadera profesionalización del mismo para lo cual habrá que recontratar a ex agentes para formar a los ingresantes y a quienes pueda considerarse que tendrían posibilidad de sobrevivir en el mismo. Esta es una tarea que debe comenzar desde la propia ENI, la que debe ser el filtro previo al ingreso al servicio. Para ello deberá contar con expertos y trabajar en la formación de formadores, así como recurrir a algunos servicios extranjeros en la capacitación, algo que se acostumbra a hacer.
Para un mejor funcionamiento, la ENI debería nuevamente volver a su organigrama con un solo director —no con tres como impuso el organigrama de la AFI— y unos dos jefes de departamento, como supo tener hasta la disolución de la SI en 2015. La orgánica tiene que estar alineada a la misión del organismo y no inventarse direcciones para acomodar a parientes, amigos, pagar favores o incorporar a militantes. Por tanto, esa misma reducción de direcciones debe ser implementada en todo el organismo pero dado que la Inteligencia no puede esperar a la redacción y aprobación de una nueva ley, es menester derogar el decreto 1.311, la Ley 27.126, y modificar la 25.520 para despojarla de todo aquello que implique una actividad en el área de delitos complejos o cuestiones de incumbencia policial.
Quienes ponen la mira en hacer de este organismo un coordinador para las actividades de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, etc., desconocen lo más mínimo de las leyes de Seguridad Interior (que debería pasar a ser nuevamente una ley de Seguridad Nacional) y de Defensa. Dentro del SIN existe la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la responsable de llevar esos temas, por lo que haberle endosado los mismos a la SI y su sucesora la AFI es parte del desconocimiento de nuestro SIN. La SIDE, como la SI o actualmente la AFI debe dedicarse a la Inteligencia Estratégica, la cual precisa de la inteligencia proveniente de la Inteligencia Criminal pero tratándola como “fenómeno” para la elaboración de la Inteligencia Estratégica. Con este mismo objetivo es que debe contar con la inteligencia proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa.
La AFI, o como se considere en llamarla más adelante, debe continuar siendo el organismo rector del SIN para, de esa manera, poder confeccionar la Inteligencia Estratégica, fundamental para la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior de la República Argentina.
Es apropiado recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que deben trabajar para el pueblo que los eligió y que delegó en ellos su poder. En este sentido, les cabe a los funcionarios de mayor jerarquía nombrar a sus subordinados en función de sus méritos y no motivados por vínculos afectivos, familiares o de otro tipo.
No cabe duda que la tarea será titánica dada la degradación y la inoperancia a que han sometido a nuestro SIN. Para ello deberá contarse con verdaderos expertos tanto en inteligencia como en otras temáticas que deberán abordarse al reconstruir el sistema.
Finalmente, luego de los dislates de las últimas gestiones, debe trabajarse sobre otro aspecto sumamente importante: la idoneidad. A partir de ella podrá generarse la credibilidad. Como suelo decirles a mis alumnos, recordando al columnista estadounidense Charley Reese (1937-2013), «La credibilidad, como la virginidad, solo se puede perder una vez y nunca se puede recuperar». Para ello el organismo deberá producir una inteligencia de excelente calidad, volver al secreto —que no al secretismo— para no ventilar cuestiones que puedan afectar la relación con servicios colaterales y jerarquizar la ENI para que se erija nuevamente en un instituto de referencia dentro de la Comunidad de Inteligencia.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) es el instituto superior de formación, capacitación y perfeccionamiento destinado a todas y todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Tiempo atrás dictaba cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región, así como de países africanos y europeos se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia.
[2] Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
[3] Marcelo Saín fue destituido por la Provincia de Santa Fe en 2021 como ministro de Seguridad.
[4] El presidente Alberto Fernández es quien decretó la intervención que debía sanear la AFI y eliminar los “sótanos de la democracia”, saneamiento que implicaría que los políticos dejen de usar los organismos de Inteligencia del Estado en beneficio de los gobiernos de turno. A propósito, es saludable para la República que la ciudadanía diferencie “gobierno” de “Estado”.
“El cuerpo está integrado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, quienes se desempeñan de forma “ad honorem”:
Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).
Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de Provincia de Buenos Aires).
Margarita Trovato (abogada del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Ernesto Chaparro (miembro fundador de la Fundación Vía Libre).
[6] Según el Artículo 25 de la LEY N° 16.970, “Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional”, del 6 de octubre de 1966,
“Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a seguridad nacional:
a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad nacional;
b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional de Seguridad;
c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad nacional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia;
e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado y gobiernos de provincia”.
