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LA OCUPACIÓN EXTRANJERA DEL ATLÁNTICO SUR Y LA PESCA ILEGAL, SOSTEN DE LOS BRITÁNICOS EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

El 16 y 17 de agosto de 1989 “se reunieron a solas” en New York el embajador inglés Crispín Tickell y Lucio García del Solar para retomar las conversaciones sobre los Acuerdos de Madrid que había iniciado Caputo. Nuestro representante era un acreditado diplomático argentino que tuvo una destacada participación al momento de dictarse la Res. 2065 de las Naciones Unidas, uno de los instrumentos en los que basa su eterno reclamo a invitar a dialogar al Reino Unido la Cancillería Argentina.

El ex embajador Horacio Solari, uno de los principales gestores del trabajo sobre la reivindicación de la Plataforma Continental extendida, al respecto de estas reuniones a solas, decía: “La confidencialidad y ritualidad excesivas facilitan, frecuentemente, prácticas reñidas con el bien común o el interés general” (“Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”, BA, 29/01/2004).

Pero la reunión no fue “técnicamente a solas”, ya que el diálogo estaba siendo grabado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina (Oscar Raúl Cardozo, Clarín, pág. 3:4, 17/08/89 y pág. 10, 29/03/92) y seguramente la británica. El ex embajador retirado de origen radical García del Solar, convocado por Menem al efecto, ese día cometió uno de los más grandes errores de la diplomacia argentina al no tener en cuenta “la pesca” en las negociaciones; luego, Cavallo llevó a las primeras negociaciones como experto (¿?) en pesca a su amigo Aldo Dadone. Este error se volvió a cometer al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1995, aunque se trató de salvar con el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543, que como sabemos tiene un valor relativo. Este error se reitera sin solución de continuidad desde hace 40 años y, en nuestros días, el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman, persisten en él.

El embajador inglés le dijo en aquel día de 1989 al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que, en el presente, existe en la práctica una FICZ (NdA: una zona de conservación o exclusión para los argentinos de pescar dentro de las 150 millas marinas alrededor de Malvinas). No le pedimos al gobierno argentino diga nada en público. Simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ; la zona de protección militar es anacrónica».

El Canciller Domingo Cavallo vendió en Buenos Aires la reunión como extremadamente positiva y, al respecto, diría: «Nadie puede venir otro día y decir que esta reunión representó alguna clase de concesión», pero la desgravación de la SIDE puso de manifiesto, que si la hubo.

El planteo de mínima del habilidoso Tickell fue ganador y se terminó llevando todo. Era absolutamente improbable que la Argentina aceptara la ocupación de un amplio territorio marítimo de “Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ), que era la posición de “máxima”; pero García del Solar, ansioso, que creía que «la reanudación de las relaciones diplomáticas no debería demorarse mucho más allá del primer encuentro» le sirvió en bandeja la de “máxima” cuando manifestó que la Argentina no solicitaría el levantamiento de la FICZ, pero que tampoco “se aceptaría la existencia de esa zona”: el que calla otorga, el Reino Unido siguió pescando e impidiendo la pesca argentina en el área. Leído el informe de la SIDE, García del Solar “tomó nota” y, jugó como si en el “truco” tuviese un par de cuatros y de pie (eran las pocas cartas que tenía) y, no disimuló lo suficiente y, el británico Tickell rápidamente se dio cuenta de ello.

Nos preguntamos ¿qué hubiera pasado, si los Generales San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas, Arenales, O’Higgins y tantos otros, se hubieran limitado a “tomar nota” frente al avance de los realistas? Nosotros ya en esos años nos opusimos a ese ruinoso acuerdo y tuvimos fuertes enfrentamientos con Cavallo, que jugaba de campeón en la clase política argentina (Véase Carta Abierta publicada en el Diario La Capital de Mar del Plata, 20/02/1991 y César Lerena: “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio”, pág. 278:279, 2009).

Para confirmar el grave error de Lucio García del Solar, continuado, agravado y ampliado en la actualidad por los citados Carmona y Liberman y, por supuesto, por la Cancillería —que incluso tiene un delegado en el Consejo Federal Pesquero— bastaría tener en cuenta la afirmación del propio británico responsable del área pesquera de los isleños en Malvinas: «Sin la pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas(John Barton, Penguin News, 2012).

Pero hoy es posible mostrar un escenario peor. Recordemos.

En 1982 teníamos ocupados 11.410 km2 y tres millas marinas alrededor de Malvinas, hoy tenemos explotados, ocupados o en disputa con el Reino Unido 5.497.178 Km2; a saber: 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular argentino; 1.430.367 km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 km2 de la Antártida y su mar.

En el Atlántico Sur potencias extranjeras se llevan o descartan 1.405.000 toneladas anuales, de las cuales 325.000 toneladas se extraen del área de Malvinas con buques españoles o de esta nacionalidad asociados con británicos y buques coreanos, taiwaneses y de otras nacionalidades. Ello significa en un cálculo optimista (al valor FOB) que la Argentina ha perdido en estos 40 años la suma de 151.200 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones de dólares se han extraído de Malvinas. Esto último sólo significó la pérdida laboral para la Argentina de 10 mil empleos y que 3 millones de niños y adolescentes no recibieran una ración diaria de proteína de la mejor calidad todos los días durante todo el año todos los años hasta hoy. Mientras el PB de los isleños ronda en los 97.893 US$/per cápita/año, el de Argentina 8.579 US$ (2020) y el de La Quiaca, que está a la misma distancia de Buenos Aires que las Malvinas, no supera los 2.500 US$ (2020).

500 buques extranjeros chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, etc. invaden el Atlántico Sur y se apropian de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ante la más absoluta pasividad diplomática y de la autoridad de aplicación argentina. No es solo una cuestión biológica que depreda el ecosistema que debe ser tratado en forma integral y en conjunto (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), sino de soberanía política, económica, alimentaria, ambiental y social que se está violando, ante la pasividad de los funcionarios.

España “la llamada madre patria” que reconoce los derechos soberanos en Malvinas, es el principal socio de los británicos en Malvinas; el que canaliza el comercio en la Unión Europea para que los productos de este origen no paguen aranceles de importación, mientras que a las empresas argentinas se les aplica barreras paraarancelarias de los productos con valor agregado.

Mientras esto ocurre, nos anoticiamos del otorgamiento de licencias otorgadas para la pesca de merluza negra (24.000 US$/tonelada, FOB, 2028) por el Reino Unido en el área meridional del Atlántico Sur argentino y en el área Antártida, para contraponerse a una supuesta pesca rusa, en una actitud reiterada de los británicos de violar los espacios marítimos argentinos y los espacios sujetos a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) y las normas de la Comisión para la Conservación de esos recursos (CCAMLR), que genera una gran tensión internacional en la región y la propia intervención de Estados Unidos en el tema (Perfil, 23/06/2002).

La falta de atención de la Cancillería Argentina a la “Zona de Paz y Cooperación” acordada por todos los países de África occidental y América oriental del Atlántico Sur, es tal, que Togo y Gabón, ambas ex colonias francesas acaban de ingresar al Commonwealth (SAEEG, 25/06/20229).

Se agrega a ello nuestra relación en el MERCOSUR. Los periódicos aterrizajes en Brasil haciendo escala en vuelo desde y hacia Malvinas de aviones de la fuerza área británica; al igual que en Chile y Uruguay y el sostenido apoyo que le da el puerto de Montevideo a los buques procedentes de alta mar y Malvinas donde realizan PESCA ILEGAL, facilitando su armado, logística, transbordos, cambios de tripulación, comercio de mercaderías, etc. ante la pasividad de los funcionarios que se limitan a reclamar. ¿Se tratará de que la empresa concesionada MONTECON es de capitales chilenos y canadienses? o de que la Secretaría de Malvinas no ha buscado los acuerdos necesarios con la República hermana de Uruguay para terminar con el incumplimiento de los “apoyos teóricos” que éste y otros países de Suramérica declaran.

Desde 1998 cuando se dictó la Ley Federal de Pesca Nº 24.922 y a partir de la actualización de las sanciones a la PESCA ILEGAL de la Ley 26.386 (2008) y la Ley 27.564 (a pocos días de cumplirse dos años) NUNCA SE APLICÓ UNA SANCIÓN A LOS BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS QUE PESCAN EN MALVINAS SIN HABILITACIÓN ARGENTINA.

Y por supuesto que se podría hacerse mucho más que pasarse dando la Secretaría de Malvinas “Conferencias, Reclamos, Agradecimientos y Declamaciones” (CRAD), y la desatención de la Subsecretaría de Pesca en estos temas.

Por ejemplo, derogar los Acuerdos de Madrid, el Pacto de Foradori-Duncan y llevar varias acciones adelante referidas a la emergencia pesquera y a la protección de los recursos naturales en Malvinas. La Argentina no puede convalidar estos Acuerdos, que estarían demostrando un aparente diálogo entre las partes.

Elaborar una estrategia que se supone debería estar en manos del Consejo Nacional de Malvinas que coordina Carmona, que no ha hecho otra cosa, que proponer vuelos humanitarios (rechazados por el Reino Unido); propiciar al autoconvocado Marcelo Kohen a la Corte Internacional de Justicia, precisamente a quién propuso en 2018 un referéndum a los británicos para determinar su nacionalidad (etc.) y poner recientemente en ridículo al Presidente Fernández, ante la pretensión de condicionar al primer ministro inglés, en una situación de extrema debilidad y sin una demostración cierta de la posición dice sostener, mientras mantiene vigente la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de la inversiones británicas en Argentina”. Para llegar a esto, la Secretaría de Malvinas, debió hacer muchos deberes previos.

Combatir la PESCA ILEGAL en Malvinas (que le asegura la sustentabilidad económica) y, para ello, entre otras medidas, cumplir con el Artículo 47º de la Ley 24.922 que establece: «La carga de productos pesqueros que se halle a bordo de un buque pesquero de pabellón extranjero que se encuentre en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con permiso o autorización expresa expedido por la Autoridad de Aplicación, se presume que han sido capturadas en dichos espacios», que los podría dejar incurso a ambos funcionarios en incumplimiento de sus deberes, al igual que al no sancionar a los buques que pescan en Malvinas.

Iniciar las políticas diplomáticas a nivel de Latinoamérica respecto a la protección de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE de los Estados ribereños, que son motivo de depredación del ecosistema y competencia desleal en el mercado internacional a la par de permitirle al Reino Unido consolidarse en Malvinas.

También, unificar una política en el Atlántico Sur mercante, portuaria, naval, de investigación y desarrollo y propiciar e incentivar la pesca en alta mar por parte de buques nacionales e impedir el acceso de calamar a Malvinas y, por supuesto, coordinar con el Ministerio de Defensa la dotación de una fuerza disuasiva y de control en el área austral argentina.

Y otra decena de importantes acciones que por razones de espacio omito, pero sobre las que me he referido en decena de artículos anteriores.

Reitero: cuando se trata de cuestiones que afectan la soberanía nacional y el bienestar del conjunto de los argentinos, no interesan las cuestiones partidarias o sectoriales: “a los amigos se los acompaña hasta el cementerio, no se entierra uno con ellos”. En frente, están las grandes potencias que vienen por nuestras proteínas y nuestros espacios marinos e insulares desatendidos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

LOS OTROS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. PRIMERA PARTE: HISTORIA Y PRESENCIA

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Pete Linforth en Pixabay 

El tema que analizaré en esta contribución es la presencia de otros partidos políticos en la República Popular China y el papel que desempeñaron en la lucha por la liberación de Japón y contra la dictadura del Kuomintang (KMT).

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) es un órgano del Departamento Central del Frente Unido. Sigue siendo una organización clave en el desarrollo de la cooperación multipartidista a través del liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) y un importante foro de discusión pública para promover la democracia de acuerdo con las características chinas.

En la víspera del 1° de mayo de 1948, el Comité Central del PCCh hizo un llamado a convocar otra Conferencia después del fracaso de la anterior. De hecho, el 10 de octubre de 1945, tras la derrota de Japón, Mao Zedong (1893-1976) y Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek, 1887-1975) habían acordado la reconstrucción del país y la convocatoria de una Conferencia política consultiva. Se inauguró el 10 de enero de 1946 con la participación de siete delegados del PCCh, nueve del Kuomintang, nueve de la Liga Democrática, cinco del Partido de la Juventud china y nueve independientes. Después de llegar a un acuerdo del 25 de febrero de 1946, la Conferencia se estancó en julio cuando Jiang Jieshi lanzó una ofensiva a gran escala contra los territorios comunistas con 218 brigadas: el verdadero comienzo de la guerra civil. En diciembre de 1947, sin embargo, Mao anunció que 640.000 soldados nacionalistas habían sido asesinados o heridos y más de un millón habían depuesto las armas.

El llamado del 30 de abril de 1948 fue apreciado e inmediatamente repetido por los partidos democráticos, las organizaciones populares, las personalidades sin movimiento y los chinos en el extranjero. El 5 de mayo, los líderes de los diversos partidos democráticos (incluidos Li Jishen (1885-1959) y He Xiangning (1879-1972) del Comité Revolucionario del KMT (el primero era su presidente); Shen Junru (1875-1963) y Zhang Bojun (1895-1969) de la dirección de la Liga Democrática; Ma Xulun (1885-1970) y Wang Shao’ao (1888-1970) de la Asociación China para la Promoción de la Democracia; Chen Qiyou (1892-1970) del Partido de la Justicia de China; Peng Zemin (1877-1956) del Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores de China; Li Zhangda (1890-1953) de la Asociación de Salvación Nacional; Cai Tingkai (1892-1968) del Comité para la Promoción de la Democracia del KMT; y Tan Pingshan (1886-1956) de la Federación de Camaradas Sanminzhuyi (los Tres Principios del Pueblo); así como Guo Moruo (1892-1978), una persona sin afiliación partidista) envió un telegrama conjunto desde Hong Kong al CPCCC, a Mao Zedong y a toda la nación apoyando el llamado de los comunistas. Mientras tanto, la Asociación para la Promoción de la Democracia y la Sociedad Jiu San (3 de septiembre), que habían establecido su sede en áreas bajo el gobierno del Kuomintang, celebraron reuniones secretas de sus Comités Centrales para dar la bienvenida al documento del PCCh. Mao Dun (1896-1981), Hu Yuzhi (1896-1986), Liu Yazi (1887-1958), Zhu Yunshan (1887-1981) y 120 demócratas emitieron un comunicado conjunto expresando su comprensión de la posición del PCCh.

Además, 55 líderes de partidos democráticos y personajes sin afiliaciones partidistas emitieron comentarios conjuntos sobre la situación política en China, declarando: “Durante la Guerra Popular de Liberación, estamos dispuestos a contribuir y cooperar en la planificación de programas bajo el liderazgo del PCCh, con la esperanza de promover el rápido éxito de la Revolución Democrática Popular China para el próximo establecimiento de un Nueva China libre, pacífica y feliz”.

La Conferencia celebró su primera sesión plenaria en Beijing del 21 al 30 de septiembre de 1949, con un total de 622 representantes enviados por el PCCh; partidos democráticos; personalidades independientes; organizaciones de masas y regionales; el Ejército Popular de Liberación; minorías étnicas; chinos en el extranjero; demócratas patriotas; y grupos religiosos. La primera sesión ejerció las funciones de una Asamblea parlamentaria, legislativa y constitucional de pleno derecho del naciente Estado hasta 1954, cuando se eligió la primera Asamblea Popular Nacional.

El CPCCC aprobó la Constitución Provisional (Programa Común del CPCCC), la Ley Orgánica del CPCCC y la Ley Orgánica del Gobierno Popular Central. Eligió Beijing como la capital del país; adoptó la bandera roja de cinco estrellas (Wu Xing Hong Qi) como bandera nacional y la Marcha de los Voluntarios (Yiyongjun Jinxingqu) como himno nacional; y optó por el calendario gregoriano. En la sesión se eligió al Comité Nacional (CN) del CPCCC y al Consejo Central del Gobierno Popular. El 1° de octubre, por boca de Mao, presidente de la NC, proclamó la República Popular.

Vale la pena señalar que los tres vicepresidentes de NC no eran del PCCh: Song Qingling (1893-1981), viuda del Padre de la República, Sun Zhongshan (Sun Yat-sen, 1866-1925), y presidenta honoraria del Comité Revolucionario del KMT; Li Jishen y Zhang Lan (1872-1955), presidente de la Liga Democrática. Los diputados del PCCh fueron Zhu De (1886-1976), Liu Shaoqi (1898-1969) y Gao Gang (1905-54). Además de dichas personalidades, muchos ministerios y oficinas fueron confiados a miembros de otros partidos e independientes. No se trataba simplemente de actos formales o simbólicos, ya que el gobierno de la Nueva China necesitaba expertos, hombres y mujeres que también hubieran luchado contra Japón y la dictadura del Kuomintang. Incluyeron un gran número de los principales académicos y expertos técnicos de China. Shen Junru, un jurista de renombre internacional, fue elegido para la Presidencia del Tribunal Popular Supremo, la institución legal más alta de la República Popular China. Muchos científicos que habían obtenido sus títulos en Europa y los Estados Unidos de América, y vivían en el extranjero, fueron invitados a regresar para reconstruir el país.

Poco después de su fundación, los partidos democráticos desarrollaron relaciones de cooperación con el PCCh en diferentes niveles, y tales relaciones avanzaron continuamente en su lucha conjunta contra la agresión imperialista. Después del incidente del 18 de septiembre de 1931, las tropas japonesas ocuparon todo el noreste de China, provocando una crisis nacional sin precedentes. El PCCh presentó rápidamente la propuesta de crear el Frente Unido Nacional Antijaponés, que fue acompañada por respuestas entusiastas de los partidos democráticos existentes y varios grupos sociales. El PCCh y los partidos independientes trabajaron en estrecha colaboración en la resistencia contra la agresión japonesa y por la unidad y el progreso del país. El 7 de julio de 1937, las tropas japonesas atacaron el puente Lugou (puente de Marco Polo) en las afueras de Beijing, y los defensores chinos se defendieron rápidamente. El incidente de Lugou marcó el comienzo de la agresión total de Japón contra China, y de la Guerra China de Resistencia contra ese país.

Durante la guerra, los partidos democráticos y personas de todos los ámbitos de la sociedad apoyaron la posición del PCCh de «Sí a la resistencia, No a la rendición; Sí a la unidad, No a la separación; Sí a la democracia, No al gobierno autocrático”, instando al Kuomintang a implementar reformas políticas, a establecer un gobierno de coalición, a garantizar los derechos de los ciudadanos y a mejorar las condiciones de vida de las personas.

Después de la victoria sobre Japón en 1945, el PCCh propuso la paz, la democracia y la unidad como los tres principios generales para la reconstrucción nacional. Esos principios reflejan los deseos comunes de los partidos democráticos y los independientes de diversos ámbitos de la sociedad en el país. Durante la segunda guerra civil, los partidos democráticos se pusieron públicamente del lado del PCCh y rompieron con el Kuomintang.

Después de la fundación de la República Popular China, el PCCh continuó adhiriéndose a la política de “coexistencia a largo plazo, supervisión mutua, trato sincero entre sí y compartir el bienestar y la aflicción” con los partidos democráticos. Gozan y siguen gozando de plenos derechos y libertad de actividad reconocidos por la Constitución. Desde 1950, los partidos democráticos han participado concienzudamente en consultas sobre cuestiones importantes relativas al país y a la gestión de los asuntos del Estado. Han alentado a sus miembros y personas asociadas a participar en todos los campos de trabajo; y han aportado importantes contribuciones al socialismo con características chinas. Muchos de los principales representantes de los partidos democráticos han sido elegidos diputados a la Asamblea Popular Nacional (APN) y son miembros del CPCCC en todos los niveles. Además, muchos de ellos ocupan puestos de liderazgo en comités permanentes de la APN, comisiones de la CPCCC, gobiernos regionales y económicos, culturales, comisiones de la CPCCC, gobiernos regionales y ministerios económicos, culturales, de educación, ciencia y tecnología a todos los niveles. Los partidos democráticos han crecido en número de miembros, a través de organizaciones principales y locales establecidas en la mayoría de las provincias del país, en municipios directamente bajo el gobierno central, en regiones autónomas y en diferentes áreas urbanas grandes y medianas.

Los partidos democráticos cooperan con el PCCh en la gestión política y administrativa del Estado, tal como lo hizo en Italia la antigua coalición de cuatro o cinco partidos alineada bajo el “liderazgo correcto” de los demócratas cristianos. En el momento en que los gobiernos unipartidistas del Partido Demócrata Cristiano nombraron a todos los ministros del mismo partido, los gobiernos nacionales de la República Popular China confiaron responsabilidades a algunos ministros de grupos políticos distintos del PCCh. Después de todo, el componente de clase de los partidos democráticos chinos reflejaba y sigue reflejando el de los partidos socialdemócratas, socialistas, republicanos y liberales italianos: clase media alta nacional, pequeña burguesía en ciudades grandes y medianas, intelectuales y otros tipos de ciudadanos (patriotas en China y buscadores de oportunidades en Italia).

Los ocho partidos democráticos reconocidos en China son los siguientes:

Comité Revolucionario del Kuomintang chino (Zhongguo Guomindang Gemingweiyuanhui)

Después del inicio de la Guerra de Resistencia contra Japón en 1937, los miembros democráticos del Kuomintang apoyaron al Frente Unido Nacional Antijaponés promovido por el PCCh y participaron en actividades patrióticas. A partir de 1943, dos facciones del Kuomintang planearon crear la Federación de Camaradas Sanminzhuyi (los Tres Principios del Pueblo) y la Asociación KMT para la Promoción de la Democracia (APD), respectivamente, para llevar a cabo mejor las acciones contra los japoneses. El Sanminzhuyi celebró su primer Congreso Nacional en Chongqing en el otoño de 1945, y el Kuomintang APD en Guangzhou en la primavera de 1946. Cada uno de ellos redactó sus propios programas políticos, estatutos y constituciones, y declaró formalmente su propio establecimiento. A fines de 1947, las dos organizaciones se unieron con otros elementos democráticos del Kuomintang y celebraron la primera Conferencia en Xianggang, que declaró formalmente el establecimiento del Comité Revolucionario del Kuomintang Chino (RCCK) el 1° de enero de 1948. En la segunda Conferencia en noviembre de 1949, a la que asistieron personalidades independientes, el movimiento operó como un solo partido político. El RCCK está compuesto principalmente por antiguos miembros del KMT y por aquellos que tenían vínculos históricos con el propio KMT, incluido un grupo de empleados que trabajan en organizaciones gubernamentales, así como intelectuales en los campos de la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación y la medicina (tiene 101.865 miembros).

Liga Democrática de China (Zhongguo Minzhu Tongmeng)

El predecesor de la Liga Democrática de China (CDL) fue la Liga China de Organizaciones Políticas Democráticas (CLDPO), fundada el 19 de marzo de 1941 y que consiste en el Partido de la Juventud de China, el Partido Nacionalsocialista, el Comité de Acción Chino para la Liberación Nacional (más tarde renombrado Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores Chinos), la Comunidad Educativa Profesional China, la Asociación de Construcción Rural y algunos independientes. El CLDPO celebró un Congreso nacional en Chongqing en septiembre de 1944 y decidió convertirse en un partido, reemplazando la membresía del grupo con la membresía personal y cambiando su nombre a Liga Democrática de China (CDL). Después de la Guerra de Resistencia contra Japón, el CDL insistió en oponerse al gobierno autocrático del Kuomintang y exigir democracia. En octubre de 1947, la administración del Kuomintang declaró que la CDL era una “organización ilegal” y la obligó a disolverse. En enero de 1948, la CDL celebró la tercera sesión plenaria del primer CC en Hong Kong, y establecer una sede nacional provisional. La reunión declaró que el CDL cooperaría con el PCCh para luchar por el pleno logro de una sociedad democrática, pacífica e independiente y una Nueva China unida (tiene aproximadamente 230.000 miembros).

Asociación Nacional Democrática de Construcción de China (Zhongguo Minzhu Jianguo Hui)

La Asociación fue fundada el 16 de diciembre de 1945 por varios industriales y empresarios pertenecientes a la burguesía nacional, así como por algunos intelectuales que estuvieron estrechamente involucrados en la fabricación y el comercio durante la guerra de resistencia contra Japón. En ese momento, se reunieron y sostuvieron conversaciones informales sobre temas de actualidad. En diciembre de 1945, la Asociación fue fundada en Chongqing. Está compuesto principalmente por industriales y empresarios nacionales, así como expertos en la materia (aproximadamente 100.000 miembros).

Asociación China para la Promoción de la Democracia (Zhongguo Minzhu Cujinhui)

Fundada en Shanghai el 12 de diciembre de 1945, sus miembros originales eran principalmente intelectuales en los campos de la cultura, la educación, la edición y la ciencia (como todavía lo son hoy en día). Vivieron en la ciudad antes mencionada durante el período de la Guerra de Resistencia. El objetivo de la Asociación es “llevar a cabo el espíritu democrático e impulsar la realización de la política democrática en China” (tiene aproximadamente 100.000 miembros).

Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores Chinos (Zhongguo Nonggong Minzhudang)

El predecesor del Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores Chinos fue el Comité de Acción Provisional del Kuomintang o “Tercer Partido”, fundado en noviembre de 1927 en Shanghai por Deng Yanda (1895-1931), un conocido líder izquierdista del Kuomintang, y por otros camaradas (Deng fue fusilado por Jiang Jieshi en 1931). En 1933 el Comité de Acción Provisional del Kuomintang fue uno de los protagonistas de la rebelión de Fujian. En noviembre de 1935, el Comité cambió su nombre a Comité de Acción Chino para la Liberación Nacional. Como se vio anteriormente, participó en el establecimiento de la Liga China de Organizaciones Políticas Democráticas en 1941. En febrero de 1947, pasó a llamarse Partido Democrático De los Campesinos y Trabajadores Chinos. La mayoría de sus miembros son intelectuales en los campos de la medicina, la ciencia, la tecnología, la cultura y la educación (aproximadamente 90.000 miembros).

Partido de la Justicia de China (Zhongguo Zhigongdang)

El Partido de la Justicia de China (CJP) deriva de la fraternidad Hung Society Zhigong Hall, con sede en San Francisco y compuesta por chinos en el extranjero. Dicha organización fue uno de los partidarios decisivos de los esfuerzos revolucionarios de Sun Zhongshan para derrocar a la dinastía Qing [Ch’ing] de Manchuria.

El partido fue fundado en octubre de 1925 en la ciudad estadounidense antes mencionada y dirigido por Chen Jiongming (1878-1933) y Tang Jiyao (1833-1927), dos antiguos señores de la guerra del Kuomintang que se habían pasado a la oposición. Su primer programa fue el federalismo y la democracia pluralista. El CJP trasladó su sede a Hong Kong en 1931 durante los trabajos del Segundo Congreso. Después de la invasión coetánea de Manchuria por parte de Japón, comenzó a participar en propaganda antijaponesa y boicots y se dedicó a movilizar a las grandes multitudes de expatriados chinos para apoyar activamente la causa china. El CJP fue casi aniquilado durante la ocupación japonesa de Hong Kong. El CJP se desplazó hacia la izquierda en su tercer Congreso en mayo de 1947: condenó al Kuomintang por fomentar la guerra civil y perpetuar el gobierno autocrático. La sede se trasladó de Hong Kong a Guangzhou en 1950, y luego a Beijing en 1953.

Sus miembros son principalmente chinos devueltos al extranjero y sus familiares, así como expertos, académicos y figuras prominentes con vínculos y relaciones en el extranjero (aproximadamente 20,000 miembros).

Sociedad “3 de septiembre” (Jiusan Xueshe)

Continuando con el espíritu del Movimiento del 4 de mayo de “democracia y ciencia” y adhiriéndose a los objetivos de unirse para resistir la agresión japonesa y luchar por la democracia, un grupo de intelectuales progresistas organizó el “Foro sobre Democracia y Ciencia” en Chongqing a fines de 1944. Más tarde, en conmemoración de la victoria de la Guerra de Resistencia contra Japón y las potencias del Eje el 3 de septiembre de 1945, adoptó el nombre de Sociedad Jiu San (Jiusan significa exactamente “3 de septiembre”).

El 4 de mayo de 1946, la Sociedad “3 de Septiembre” se estableció oficialmente. Sus miembros son principalmente intelectuales en los campos de la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura y la medicina (aproximadamente 100.000 miembros).

Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán (Taiwan Minzhu Zizhi Tongmeng)

La Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán fue establecida en Hong Kong en noviembre de 1947 por Xie Xuehong. Ella había sido una de las organizadoras del levantamiento en febrero de 1947 contra la presencia del ejército del Kuomintang en la isla, que fue reprimida con una masacre de la población nativa que resultó en 30.000 muertes. De hecho, la mayoría de sus fundadores son demócratas patrióticos originarios de Taiwán. Su objetivo es luchar contra la agresión imperialista y todos los regímenes que apoyan la separación de Taiwán del continente; oponerse al gobierno reaccionario del Kuomintang y promover el establecimiento de una dictadura democrática popular.

Sus miembros son personas que son de, o tienen raíces familiares, en Taiwán, pero actualmente viven en el continente de China (aproximadamente 2.100 miembros).

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO SOBRE LA PESCA ILEGAL DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS EN MALVINAS Y ALTA MAR (PARTE I)

César Augusto Lerena*

¿Qué hacen a nivel nacional estos funcionarios responsables? Nada.

El subsecretario de Pesca Carlos Liberman y el secretario de Malvinas de la Cancillería Guillermo Carmona no entienden que la PESCA ILEGAL por parte de buques extranjeros en Malvinas y en el Atlántico Sudoccidental atenta contra el desarrollo y la generación de empleo en el litoral marítimo argentino y consolida la ocupación británica en Malvinas, y en más de 1,6 millones de km2 del territorio marítimo explotado por el Reino Unido.

Digámoslo con todas las letras: no son 11.410 km2 de Malvinas los ocupados por el Reino Unido. Está invadido el territorio marítimo argentino en un equivalente al 52% del Zona Económica Exclusiva y extranjerizado el Atlántico Sudoccidental que debería estar administrado por la Argentina y Uruguay, en su condición de Estados ribereños (FAO 41 Sub-Áreas 2.3.; 3.1. y 3.2.).

En varias entregas sintetizaremos el trabajo que presentaremos varios expertos de Latinoamérica bajo el título La demanda de los Estados ribereños de Latinoamérica sobre la Pesca Ilegal y el dominio de los recursos migratorios originarios de la ZEE”, donde se dejan de manifiesto los derechos que le asisten a los Estados ribereños y que han sido desatendidos —en el caso de Argentina— por los citados funcionarios, incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos por falta de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, varias normas de la FAO y las leyes nacionales 24.543, 24.608, 24.922, 26.386 y 27.564.

Se entiende como PESCA ILEGAL y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella que se realiza voluntaria y/o libremente, sin cumplir total o parcialmente con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control independiente y/o si se capturan en alta mar sin acuerdo previo a aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o viceversa o, se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminando el medio ambiente (César Lerena, Ob. Cit. 2022). Más de cincuenta irregularidades detalladas en el referido trabajo se tipifican como PESCA ILEGAL y todas ellas ocurren en alta mar del Atlántico Sudoccidental y varias de ellas en la ZEE Argentina.

La denominación PESCA ILEGAL es autosuficiente para definir por sí misma las acciones depredadoras de las actividades pesqueras, por lo que a nuestro entender denominarla pesca “ilegal, no declarada, no registrada” (INDNR) minimiza las acciones y contribuye a la confusión general, ya que podríamos agregar a estas una serie interminable de adjetivos. La ejecución de todas o alguna de las prácticas depredadoras o que coadyuvan éstas no son otra cosa que ejecutar una PESCA ILEGAL, de mayor o menor gravedad respecto a sus efectos negativos en cuanto a la sostenibilidad de las especies, la contaminación del medio marino o al daño económico-social de los Estados en desarrollo.

El Plan de Acción Internacional (PAI) de la FAO (2001) elaborado como un instrumento en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable, es una norma que, entre otras cosas refiere (3.3.2), que se realiza PESCA INDNR cuando: «en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional», es decir, el caso de la pesca que se realiza en el área de Malvinas sin control de Argentina y, en alta mar en el Atlántico Sudoccidental, al pescar sin control alguno por parte del Estado de origen y sin acuerdo con el Estado ribereño (Argentina) sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, razón por la cual y pese a la “libertad de pesca” indicada en la CONVEMAR, debe tipificarse de PESCA ILEGAL (avanzaremos en ello en futuros artículos).

Todo ello se ratifica en el Programa 21 de la FAO (1992) donde también se hace hincapié en «la ordenación de la pesca de altura» y donde se precisa que es en ese ámbito donde «se plantean los problemas de la pesca incontrolada». En síntesis, en este Programa se deja en claro, que la cuestión se centra en ordenar a los Estados de pabellón que pescan a distancia en alta mar.

En alta mar es muy poco representativa la pesca de los Estados ribereños no desarrollados y el 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur, quienes del total de 37 millones de horas de pesca ocupan aproximadamente 25 millones. El problema entonces no lo ocasiona y mantiene toda la actividad pesquera internacional, sino que lo generan solo cinco Estados para lo cual casi todos los países del mundo se reunieron para aprobar una Convención que produjo regulaciones pesqueras imperfectas para todos los Estados —muy especialmente a los Estados ribereños no desarrollados— a lo que se agregó el Acuerdo de Nueva York que se excede irregularmente a lo ya regulado en la CONVEMAR. En realidad, más que promover una Convención, unos 160 países le deberían estar diciendo a estos cinco países y a otros cuatro o cinco (Rusia, el Reino Unido, Noruega, Portugal, etc.) “paren de pescar a distancia” (¡!) y acuerden con los Estados ribereños para hacerse de las proteínas que necesitan.

Mientras esto ocurre, pese a los resquicios que tiene la legislación internacional y las exigencias que a los funcionarios argentinos le impone la legislación vigente en la Argentina, éstos no han hecho absolutamente nada para revertir la expoliación de los recursos nacionales por parte de buques extranjeros, tanto en Malvinas, como sobre los recursos migratorios de la ZEE Argentina en alta mar. Y ello es grave, no solo por daño biológico, ambiental, económico, laboral y social que le ocasiona al país, sino porque esa presencia extranjera incontrolada favorece la ocupación británica en Malvinas y consolida la economía de los isleños.

¿Qué hacen a nivel nacional estos funcionarios responsables? Nada. Ni siquiera aplican la legislación nacional vigente para sancionar la pesca ilegal en Malvinas. ¿Qué hacen a nivel internacional por defender los intereses nacionales? Nada. El secretario de Malvinas manifiesta que las políticas más relevantes de esa dependencia son «persistir en el reclamo; consolidar los consensos internos y amplificar los apoyos; mostrar seriedad y solidez y aprovechar el contexto internacional» (Proyecto Sur, 08/04/2022) repitiendo el grave error cometido por el embajador Lucio García del Solar el 16/17 de agosto de 1989, prolegómeno de los Acuerdos de Madrid que consolidan la posición británica en Malvinas y, que este secretario entiende que “no es tan sencillo desarticular” (PS, 08/04/2022). El mismo error y los mismos efectos 33 años después. ¿Y el subsecretario de Pesca? En 2008 se presentó un “Plan de Acción Nacional”, que es un enunciado teórico de obligaciones que ya se encuentran en las leyes y los manuales de las reparticiones públicas, sin ningún efecto práctico. Un inservible texto que, a la luz de los hechos, ya ha demostrado su inutilidad para eliminar o reducir la PESCA ILEGAL, ya que no contiene, ni una sola acción concreta destinada a modificar la depredación brutal que realizan los buques extranjeros en el área de Malvinas y en alta mar. Y, lo que es peor, este funcionario entiende, que la pesca de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar no es pesca ilegal. Nada bueno hay que esperar: Si se erra en el diagnóstico no se puede prescribir un buen tratamiento y es de imaginar el peor de los pronósticos.

La Argentina y el mundo van perdiendo la lucha contra la PESCA ILEGAL y ello se debe a una legislación que plantea un ordenamiento erróneo (CONVEMAR, Acuerdo de Nueva York y otros), que ya observó parcialmente la Argentina en 1995 y que los principales países y comunidades (China, la Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Taiwán, etc.) que deberían liderar el cuidado del ambiente marino y los recursos pesqueros subsidian la pesca a distancia y no penalizan a quienes no acuerdan con los Estados ribereños para regular la pesca en alta mar en condiciones equitativas y sostenibles. Al respecto, la FAO estima que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, en una competencia desleal con quienes pescan cumplen las normas nacionales e internacionales.

Cuando en el Atlántico Sudoccidental los buques extranjeros sin control extraen todos los años un volumen estimado en las 750.000 toneladas de productos pesqueros en alta mar originarios de la ZEE Argentina y 250.000 toneladas del área de Malvinas ocupada en forma prepotente por el Reino Unido y violando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, queda absolutamente evidente que la política de los organismos multilaterales ha fracasado y por cierto, la de los organismos competentes (Cancillería y Malvinas; Agricultura, Ganadería y Pesca; Defensa y Seguridad) de la Argentina también, aunque veamos algunos avances en esta última área, pese a un presupuesto muy por debajo de la media regional.

La Argentina, desde hace 50 años, sufre esta captura por parte de buques extranjeros en el área de Malvinas y de las especies que desde la ZEE migran hasta la alta mar, causándole un perjuicio gravísimo al ecosistema ya que con licencia o no británica se extraen del Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales, por un valor estimado entre los 2.600 y 4.000 millones de dólares de materias primas brutas; pero, también, impidiendo el desarrollo económico, laboral y social del país y, muy especialmente de los pueblos del litoral bonaerense y patagónico, constituyéndose —como trataremos en un futuro artículo— en un atentado a la seguridad.

No alcanza que el gobernador de Tierra del Fuego anuncie acciones legales contra la pesca ilegal en Malvinas, donde si no se hace una acción conjunta con la Nación, biológica y territorialmente analizada, se corre un alto riesgo de profundizar el problema.

Cuando se trata de cuestiones que afectan la soberanía nacional y el bienestar del conjunto de los argentinos, no interesan las cuestiones partidarias o sectoriales: “a los amigos se los acompaña hasta el cementerio, no se entierra uno con ellos”. En frente, están las grandes potencias que vienen por nuestras proteínas y nuestros espacios marinos e insulares desatendidos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación- Autor de 28 libros, el último “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio”.