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HAY NAVEGACIÓN NO PACÍFICA, PESCA ILEGAL Y PUERTOS COMPLICES. EN TODO ELLO ESTÁ MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR.

César Augusto Lerena*

 

Nada está hecho, mientras quede algo por hacer (Romain Rolland). Ni la cooperación ni la seducción provocará la devolución británica de Malvinas. No se trata de la “libre determinación de los pueblos” (véase Chagos). El Reino Unido no entregará las islas, porque se trata de una cuestión territorial (en relación con la Antártida), económica y estratégica, con relación a su historia de proyección marítima, que se profundizará a partir del Brexit. La Argentina debe actuar, entre otras políticas activas, con relación a los recursos que migran a Malvinas, la economía y sustentabilidad de las islas, el transporte y las comunicaciones. Con las políticas que han llevado hasta hoy, tampoco se desalentará la pesca ilegal. Aquí un proyecto concreto.

Desde hace décadas vengo aportando ideas, leyes, decretos y resoluciones con el objeto de revalorizar desde el punto de vista soberano, económico, social y ambiental el Atlántico Sur y minimizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros migratorios por parte de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva del área de Malvinas, fuera de ella y en la Alta Mar. Hoy presento un Proyecto de Decreto de Control de la Navegación No Pacífica, el Tránsito en la Zona Económica Exclusiva y la Pesca Ilegal.

Además de las incapacidades que uno pueda tener, promover políticas nacionales en la Argentina no es sencillo. Vivimos en un país colonizado. No solo porque los recursos agrarios, petroleros, gasíferos, energéticos, mineros, pesqueros, navieros, etc. están en manos extranjeras, sino, lo más grave, es de orden cultural. Los argentinos que compraron la globalización de entonces tampoco entienden hoy el proteccionismo en Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Reino Unido de Gran Bretaña.

Mientras en el mundo llevan adelante políticas activas en defensa propia —que podemos o no compartir—, la Argentina y los argentinos no pasamos del diagnóstico de situación y seguimos exportando commodities como en la época de la colonia, regalando nuestros recursos y la mano de obra a los países más desarrollados, mientras el INIDEC (julio de 2020) nos indica que la pobreza alcanzó el 44% y la indigencia el 10%; del mismo modo, que transferimos conocimiento y recursos económicos cuando nuestros profesionales e investigadores formados en la Universidad Pública y gratuita prestan sus invalorables servicios a los países más tecnificados, industrializados y desarrollados del mundo.

Nos cansamos de escuchar a los analistas políticos y económicos, a los periodistas y a los gobernantes diciéndonos qué pasó y qué está pasando y la política, como nos dice en estos días un controvertido ex funcionario —con bastante más claridad que otros— es saber qué va a pasar y qué hacer para adelantarnos a los hechos y, si es posible, generarlos en beneficio del país.

Aun así, podría hacer un largo enunciado de hechos que están ocurriendo; yo me he ocupado en forma reiterada de ello en la esperanza de que a alguien se le caiga una idea. También, como dije, elaboré proyectos concretos relativos al Atlántico Sur, Malvinas y Pesca que puse a disposición de los funcionarios; proyectos que, por supuesto, responden a una política nacional que me inspira y que, si bien pueden ser perfectibles, no al punto de cumplir con la cita de Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.

En la Pesca y en su relación con Malvinas, enunciaré los “TRES CUCOS” que paralizan y debieran asustar a la Argentina: a) Vienen los chinos —y también los españoles, coreanos y taiwaneses— con 300 a 500 buques pesqueros a explotar nuestros recursos en forma ilegal en el Atlántico Sur (lo hacen desde hace 50 años con más o menos buques); b) los británicos asociados a los españoles se consolidan en Malvinas y c) los puertos de Uruguay prestan la logística a todos los buques ilegales (los que operan en Malvinas también lo son) que extraen nuestros recursos migratorios dentro o fuera de la Zona Económica Exclusiva; servicios, por los que la República hermana del Uruguay percibe unos trescientos millones de dólares; monto, que podrían superar largamente los Orientales con un buen acuerdo de pesca con los argentinos (Véase Protocolo Adicional “Mercado Común Pesquero” del MERCOSUR, 2019, del autor).

A los que sostienen que la pesca en la Alta Mar es libre y que nada se puede hacer al respecto, que no hay forma de controlar la pesca ilegal (INDNR) ni evitar que los puertos de Uruguay dejen de prestar servicios a los buques extranjeros que pescan ilegalmente, les digo que, a mí entender, hay herramientas posibles, en la medida que haya voluntad política de modificar la situación que quita nuestros recursos económicos y biológicos, el trabajo a los argentinos y mantiene a la Argentina con una soberanía empobrecida y declamada. Somos los campeones morales. Nos falta un coach para conseguir lo mejor de nosotros mismos.

Seré concreto, porque el tema da para largo, EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL HAY NAVEGACIÓN QUE NO ES PACÍFICA; SE REALIZA UNA MASIVA PESCA ILEGAL Y HAY PUERTOS COMPLICES. A no ser, que no se considere piratería, la pesca ilegal realizada con buques con o sin licencia británica dentro o fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina; que no se considere pesca ilegal y depredatoria la que se realiza sin control alguno sobre los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina vulnerando el ecosistema, comprometiendo las poblaciones pesqueras del Estado ribereño y haciendo insostenibles las especies o que se niegue que en los puertos de la República Oriental del Uruguay no se presta apoyo a las embarcaciones extranjeras que pescan en Malvinas o que, provenientes del Atlántico Sur, no están en condiciones de certificar el origen o la trazabilidad de sus capturas. Y yo revisaría también, sí desde embarcaciones argentinas y/o desde puertos argentinos no se les está prestando algún tipo de apoyo directo o indirecto a los buques que pescan ilegalmente o sirven de ayuda a estos.

La piratería no solo es una práctica de los piratas y corsarios del siglo XVI al XVIII; ni solo la existente desde principios de 1990 en las costas de Somalia; sino también, debe considerarse como tal, la captura ilegal (INDNR) de peces que realizan buques de Estados de Bandera (extranjeros), sin control de ningún tipo de estos bienes (semovientes); apropiándose de ellos sin límite (Art. 88º, 100º y 101º inc. ii de la CONVEMAR), sin adoptar las medidas de cooperación, conservación y administración de los recursos vivos (Art. 117º, 118º de la CONVEMAR) y sin determinarse las capturas permisibles y de conservación, ni teniendo en cuenta la interdependencia o las asociaciones de las especies, el esfuerzo de pesca, etc. (Preámbulo y Art. 119º de la CONVEMAR).

Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal (INDNR) y reducir el uso de puertos por embarcaciones que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas sugiero la sanción del siguiente Decreto del Poder Ejecutivo Nacional: 

 

PROYECTO DE DECRETO DE CONTROL DE LA NAVEGACIÓN NO PACÍFICA. EL TRÁNSITO EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA Y LA PESCA ILEGAL. 

VISTO la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, las Leyes Nros. 20.094; 20.645; 21.024; 23.968 modificada por la Ley 27.557; Leyes Nros. 24.543; 24.922; 26.386; 26.569; el Decreto 256/2010, la Resolución Nº 407/07 de la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y, las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

CONSIDERANDO,

Que por el artículo 41º de la Constitución Nacional “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Que el Decreto 256/2010 debe ajustarse en un todo a la Ley 24.543 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), muy especialmente a los derechos de administración de los Estados ribereños, a la no discriminación y, a la ejecución del artículo 2º que refiere a los recursos migratorios;

Que la Argentina tiene ocupado en forma ilegítima por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) una parte importante de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina y el Archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y los espacios marítimos correspondientes;

Que el Reino Unido mantiene su negativa a dar cumplimiento a las Resoluciones 1514 (XV), 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Que persiste el incumplimiento británico de la disposición de no innovar, establecida en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se manifiesta en sucesivos avances por parte del Reino Unido en la ocupación territorial marítima existente a 1982 y la explotación ilegal creciente de los recursos naturales;

Que la persistencia de dicha ocupación se traduce en una controversia de soberanía que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos internacionales.

Que el Gobierno Argentino ha protestado enérgica y reiteradamente ante el Reino Unido y los Organismos Multilaterales por la realización de actos unilaterales británicos relacionados con los territorios insulares y espacios marítimos que son ocupados por el Reino Unido;

Que la Argentina ha puesto en conocimiento de las empresas vinculadas con las ilegítimas actividades propiciadas por el Reino Unido y de los Gobiernos de los países en que dichas empresas tienen su sede, tanto su posición como su protesta;

Que, en este escenario, es importante recordar la vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional por la cual la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional, lo que constituye un objetivo permanente e irrenunciable;

Que por Ley 21.024 se declaró de interés nacional el estudio de las posibilidades que ofrecen las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina que corresponde a las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que, por la Ley 26.569 se reguló la autorización la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos sometidos a la jurisdicción nacional;

Que, del mismo modo, la Res. 407/07 de la Secretaría de Energía, busca preservar los recursos no renovables ubicados en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo en la Plataforma Continental Argentina (en adelante PCA) de toda exploración y explotación por parte de terceros que no cuenten con permisos emitidos por las autoridades nacionales competentes;

Que, respecto a la PCA, la CONVEMAR, aprobada por Ley 24.543 y ratificada el 1º de diciembre de 1995, reconoce a la Argentina como Estado ribereño los derechos soberanos sobre la exploración y la explotación sobre el fondo del mar, donde se incluye la explotación hidrocarburífera (petróleo y gas) y mineral (hierro, zinc y otros de uso industrial estratégico, como nódulos polimetálicos de manganeso, costras de cobalto o sulfuros) y las especies vivas sedentarias (langostas, mejillones, vieiras, etc.);

Que por la Ley 26.386 se reguló la autorización la explotación de recursos vivos marinos en espacios marítimos sometidos a la jurisdicción nacional;

Que en el artículo 4º la Ley 24.922 se establece que son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y en la PCA, a partir de las doce (12) millas y, que “en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina;

Que en el artículo 5º la Ley 24.922 incisos a) y d) se establece “la regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional”, y “…en la zona adyacente a la ZEE respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE”;

Que con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el artículo 22º la Ley 24.922 estableció “organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la ZEE Argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE” y, con este fin, la Argentina debe acordar las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos con los Estados de Bandera que deseen pescar esas poblaciones en la mencionada área adyacente;

Que en la Argentina por el Art. 23º de la Ley 24.922, para el ejercicio de la actividad pesquera en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional debe contarse con la habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación y los buques de pabellón nacional deben disponer de “Permiso de pesca de gran altura para ejercer la pesca comercial sobre el talud continental, fuera de la ZEE, Alta Mar o con licencia en aguas de terceros países”, lo cual es un evidente ejercicio de derechos soberanos, pero también una discriminación, respecto en favor de los buques extranjeros que pescan en iguales espacios;

Que por el Art. 33º de la Ley 24.922 la Autoridad de Aplicación “podrá decidir la instalación de artefactos en los buques para efectuar el seguimiento satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y mantener dichos artefactos en perfecto estado de funcionamiento…”;

Que por Decreto Supremo 016/2020 del 11 de septiembre de 2020 el Gobierno de la República de Perú estableció la obligatoriedad de que los barcos de bandera extranjera deben contar con sistemas satelitales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

Que por la Ley 27.557 se modificó la Ley 23.998 de Espacios Marítimos y, se establecieron los nuevos límites externos de la PCA, por lo cual, el Estado nacional debe asegurar la explotación y conservación de los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo;

Que en los artículos 32º, 89º y 92º de la Ley 20.094 se establece que la navegación en aguas de jurisdicción nacional debe ser regulada por la autoridad marítima, quien, a tal efecto, dicta las reglas de gobierno, pudiendo limitar o prohibir, por razones de seguridad pública, el tránsito o la permanencia de buques en determinadas zonas de las aguas navegables de jurisdicción nacional, como así también, prohibir la navegación en los puertos y en sus canales de acceso, y la entrada y salida de buques cuando medien razones de orden público;

Que, con motivo de la ocupación británica de los espacios marítimos argentinos se realiza una pesca ilegal no declarada no reglamentada (INDNR) por parte de buques extranjeros que capturan los recursos pesqueros argentinos dentro de la ZEE Argentina y más allá de las 200 millas en la Alta Mar los recursos migratorios originados en la ZEE Argentina y también sobre las especies sedentarias que viven en el fondo submarino de la PCA.

Que ello, a razón de un promedio de capturas en el área de Malvinas de 250.000 toneladas año, ha significado una extracción de recursos argentinos por un valor aproximado a los dólares estadounidenses veintiocho mil millones (US$ 28.000.000.000) desde el año 1976 al 2020, generando una usurpación del Reino Unido de recursos que son sustanciales para la supervivencia de los pueblos pesqueros del litoral marítimo argentino, contrario a lo previsto en la CONVEMAR;

Que tanto en la ZEE Argentina, como más allá de las 200 millas en la Alta Mar, se encuentran especies de dominio de la Argentina, especies migratorias, originadas en la ZEE Argentina o sedentarias que viven en el fondo submarino de la PCA y, que buques extranjeros capturan ilegalmente, contraviniendo lo normado en la CONVEMAR, cuyo control resulta muy arduo debido a la extensión, tanto de la ZEE Argentina como de la PCA, dificultando asegurar la sostenibilidad de las especies, evitar la depredación y la contaminación del medio marino;

Que al depositar la Argentina la ratificación de la CONVEMAR mediante la Ley 24.543 en su art. 2º formuló que: c) “La Argentina (…) teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, considera, que de acuerdo con las disposiciones de la CONVEMAR, cuando, la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la Alta Mar e, independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la CONVEMAR sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin.

Que, del mismo modo, en el inciso e) indicó que “…El gobierno argentino acepta las normas sobre prevención de la contaminación marina contenidas en la parte XII de la CONVEMAR, pero, considera que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la adopción de ese instrumento internacional, es preciso complementar y reforzar las disposiciones para prevenir, controlar y minimizar los efectos de la contaminación del mar por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas…”;

Que la contaminación del mar por sustancias nocivas indicada en la CONVEMAR debe, en el sentido más amplio, alcanzar a los descartes en la Alta Mar de especies capturadas y luego devueltas al mar porque no alcanzan interés comercial por su tamaño o tipo; prácticas que se encuentran prohibidas por la Ley 24.922, pero que están fuera de la capacidad de control argentino en el área de Malvinas o más allá de las 200 millas;

Que en el Preámbulo de la CONVEMAR los firmantes están “Conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”, es decir, que independientemente de las Partes, Secciones y Artículos en los que se ha divida la CONVEMAR, los temas que la integran no puede tratarse ni considerarse por separado sino por el contrario “en su conjunto”, porque el Ecosistema es biológicamente invisible, en donde la afectación de una parte afecta a la sostenibilidad de todos los recursos existentes en el Atlántico Sur. Cuestión relevante a la hora de asegurar el dominio y los derechos argentinos sobre los recursos migratorios del mar territorial, la ZEE Argentina, la Alta Mar y la PCA, sea dentro o fuera de la ZEE, que debe acompañar al tratamiento e interpretación de toda y cada una de las partes de la CONVEMAR.

Que en la CONVEMAR se establecen una serie de requisitos respecto del derecho de paso inocente, de la libertad de pesca en la Alta Mar, las obligaciones de los Estados de Bandera y Ribereños, de modo de asegurar la sostenibilidad de los recursos y los derechos de los Estados en el Mar y su Plataforma Continental;

Que la CONVEMAR, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, entiende, que los recursos deben utilizarse en forma pacífica, equitativa y eficiente y, debe proteger, preservar el medio marino y, conservar sus recursos vivos; cuestión, que no es posible esperar sino se hace en forma integral, teniendo en cuenta “los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”;

Que el paso inocente en el mar territorial (Art. 17) debe ser rápido e ininterrumpido (Art. 18) que, se considera que ese paso no es inocente (Art. 19, g, i, l) si se embarcan o desembarcan productos en contravención de las leyes del Estado ribereño; si provocan contaminación intencional y grave; si se pesca o se realiza cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso;

Que el Estado ribereño podrá dictar leyes y reglamentos (Art. 21, inc. 1, a, d, e y 2 y 4) respecto al paso inocente por el mar territorial, respecto a la seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo; la conservación de los recursos vivos del mar; la prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca; la preservación de su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la contaminación de éste; etc., en especial cuando se propician el uso de medios o equipos internacionalmente aceptados y recomendados y, en atención a que los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso inocente deben observar las leyes y reglamentos de los Estados Ribereños;

Que en ningún caso se busca trasgredir los deberes del Estado Ribereño (Art. 24º inc. 1) respecto a no dificultar el paso inocente de buques extranjeros ni discriminar de hecho o de derecho contra los buques de un Estado determinado o contra los buques que transporten mercancías hacia o desde un Estado determinado o por cuenta de éste, sino asegurar que el paso sea inocente y no un transporte de productos capturados o extraídos en forma ilegal en el Atlántico Sudoccidental y, por lo tanto, cumplir, con los derechos de protección del Estado ribereño (Art. 25º 1) y tomar las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente;

Que conforme el Art. 28º inc. 3 el Estado ribereño puede tomar, de conformidad con sus leyes, medidas de ejecución y medidas cautelares en materia civil, en relación con un buque extranjero que se detenga en su mar territorial o pase por él procedente de sus aguas interiores.

Que según el Art 56º inc. 1; 58º inc. 3; 61º; 62º en la ZEE, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de administración, investigación, conservación, exploración y explotación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar y, “en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la ZEE en virtud de la Convección, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención…” y que, en las medidas que se tomen, deben tenerse en cuenta las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y, teniendo en cuenta “…las modalidades de la pesca (…) la interdependencia de las poblaciones (…) sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes…”.

Que de acuerdo con el art. 62º la Autoridad de Aplicación puede “determinar la información que deban proporcionar los buques pesqueros (…) incluidos (…) informes sobre la posición de los buques…”.

Que en el art. 63º y 64º se establece que «cuando tanto en la ZEE como en un área más allá de ésta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán (…) acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente» y, que cuando “el Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies (…) cooperarán con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la ZEE.

Que en el Art. 68º, 69º y 73º relativo a las especies sedentarias y respecto a los derechos sin litoral se establece que los Estados tendrán en cuenta, entre otras cosas la necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño y éste, “en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la ZEE, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención…”.

Que conforme los Art. 76º, 77º y 81º, la Argentina, como Estado Ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales, sean estos minerales, petroleros, gasíferos y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias.

Que de acuerdo con el Art. 78 los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes, con la salvedad, que los derechos y libertades de los demás Estados en estos espacios en la Alta Mar -como bien refiere la CONVEMAR- pueden ser limitados por parte de los Estados Ribereños, cuando se trate de una “injerencia justificada” ante la existencia de una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) por parte de buques de bandera, depredando los recursos migratorios originarios de la ZEE del Estado ribereño; injerencia que encuentra fundamento en el Preámbulo de la CONVEMAR que indica que “los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto” ya que el Ecosistema es biológicamente invisible y, la afectación de una parte afecta a la sostenibilidad de todos los recursos existentes en el Atlántico Sur; más aún, cuando el Art. 86º al referirse a las disposiciones de Alta Mar precisa, que “no implica limitación alguna de las libertades de que gozan todos los Estados en la ZEE de conformidad con el Art. 58º”; libertades, que alcanzan y obligan a los Estados Ribereños a establecer reglas relativas a la explotación de los recursos migratorios dentro de la ZEE para asegurar que estos no se verán afectados por la explotación sin control y depredatoria en la Alta Mar, para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en un ecosistema único que no reconoce zonificaciones o delimitaciones arbitrarias que no responden a los ciclos biológicos naturales de las especies;

Que, la libertad en la Alta Mar de todos los Estados referida en el Art. 87º, no es una libertad irrestricta, sino que debe ser ejercida ”teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en el ejercicio de su propia libertad en la alta mar…” y ello, no podría ser de otra manera, porqué utilizar redes inapropiadas, descartar especies o residuos, capturar especies migratorias provenientes de la ZEE o asociadas a estas, es depredar al conjunto del ecosistema y poner en riesgo los recursos y la actividad de los pescadores que viven de estos, capturados en el mar territorial o la ZEE;

Que, al capturar o extraer recursos en la Alta Mar, la ZEE, la Zona Contigua o el Mar Territorial debe realizarse en forma legal, siendo inadmisible la Pesca INDNR, por lo cual, no puede considerarse la exploración o explotación realizada en la Alta Mar en forma INDNR como de “navegación pacífica” (Art. 88º, 90º) y, por el contrario, deben considerarse actos de piratería (Art. 100º a 107º);

Que pese a que al Art. 89º indica que “ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía”, es necesario destacar la preeminencia en la administración de los recursos migratorios en la Alta Mar por parte de los Estados Ribereños por sobre los de Bandera, por lo ya dicho y porque, de otro modo, no estaría garantizada la sostenibilidad del recurso en la ZEE ni en la Alta Mar que describen los artículos precedentemente citados. Además, de que el art. 86º de la CONVEMAR refiere a que la “Alta Mar” aplica “a todas las partes del mar…”, no pudiendo considerarse “una parte” de este a los peces semovientes migratorios originarios de la ZEE Argentina, ya que “parte” es un “elemento, fracción o cantidad que resulta de dividir un todo» y, obviamente, los peces no son parte del mar, sino que están o viven en este;

Que entre los deberes del Estado de Bandera establecidos en el Art. 94º, en relación con sus buques, es el de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar, las condiciones de navegabilidad, la utilización de señales, etc.;

Que si bien en los Art. 116º, 117º y 118º todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la Alta Mar y la obligación de conservar los recursos, ello, está sujeto a «los derechos y deberes, así como los intereses de los Estados ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo 2 del Art. 63º y en los Art. 64º a 67º» (116º b);

Que por el Art. 119º deben conservarse los recursos vivos de la alta mar y, entre otras medidas, los Estados tendrán en cuenta “las necesidades especiales de los Estados en desarrollo” y “los efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas” que pueden afectar la sostenibilidad del ecosistema, entre ellos los recursos migratorios de la ZEE;

Que por los Art. 192º a 196º, 201º, 204º, 208º, 209º y 211º los Estados tienen derecho a explotar los recursos, pero, la obligación de proteger y preservar el medio marino y tomar todas las medidas necesarias “para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen en forma tal que no causen perjuicios por contaminación a otros Estados y su medio ambiente…” y, entre las medidas que se tomen (…) “las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies…” no transferir “daños o peligros de un área a otra…” o utilizar tecnologías que contaminen el medio marino. Al mismo tiempo que los Estados deben “aplicar prácticas y procedimientos recomendados, destinados a prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino”; “vigilar las actividades” y los Estados ribereños respecto a las leyes, reglamentos y medidas que se apliquen a buques extranjeros no serán menos eficaces que las reglas, estándares y prácticas y procedimientos recomendados, de carácter internacional;

Que según el Art. 218º “cuando un buque se encuentre voluntariamente en un puerto (…) un Estado podrá realizar investigaciones y, si las pruebas lo justifican, iniciar procedimientos respecto de cualquier descarga procedente de ese buque, realizada fuera de las aguas interiores, el mar territorial o la ZEE de dicho Estado, en violación de las reglas y estándares internacionales…”;

Que conforme al Art. 227º al ejercer sus derechos “…los Estados no discriminarán (…) contra los buques de ningún otro Estado”;

Que por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscripto en la Argentina y la República Oriental del Uruguay y aprobado por la Ley 20.645 sancionada el 31 de enero de 1974, ambos países se decidieron a “sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” y, en sus artículos 3º al 6º, 48º, 50º, 54º, 76º, 78º se establecen objetivos del Tratado relativos a la conservación y preservación de los recursos vivos y sobre la prevención del cuidado del medio marino, y los mecanismos de colaboración entre los países;

Que, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hacer uso de la facultad de avocación, en virtud de la relevancia que reviste la materia de que se trata;

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 41º, el 99º, incisos 1 y 2 y, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º. Todo buque o artefacto naval de cualquier bandera que se proponga transitar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Atlántico Sudoccidental en las partes correspondientes de la República Argentina en el Área FAO 41 (FAO IV-2001): 2.3. Sub-Área Platense; 3.1. Sub-Área Patagonia Norte y 3.2. Sub-Área Patagonia Sur y en el Área FAO 48 (FAO III-2001) 48.1. Sub-Área Península Antártica, 48.2. Sub-Área Islas Orcadas del Sur, 48.3. Sub-Área Islas Georgias del Sur, 48.4. Sub-Área Islas Sándwich del Sur y 48.5. Sub-Área Mar de Weddel deberá solicitar una autorización previa expedida por la Autoridad competente de la Argentina.

Artículo 2º. Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar en el área indicada en el artículo 1º del presente deberá estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital, traducido al idioma español, cuando corresponda, accesible al control de la República Argentina y activo en los últimos ciento ochenta (180) días anteriores a la solicitud de autorización referida en el artículo 1º del presente y mantenerse igualmente activo durante todo el tiempo que demande el tránsito.

Artículo 3º. Estarán exceptuados de solicitar autorización los buques que cuenten permisos de pesca, cuotas o autorizaciones de captura otorgados por las autoridades competentes de la República Argentina y aquellos de bandera uruguaya que, con motivo del Tratado del Río de la Plata, puedan operar en la denominada Zona Común de Pesca.

Artículo 4º. La Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte, dictarán en el término de sesenta (60) días la norma reglamentaria que resulte necesaria a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, quienes la mantendrán actualizada y suministrarán el apoyo material y humano necesario para el cumplimiento de los objetivos. Para tal efecto podrán recurrir al auxilio de expertos, Veteranos de Guerra y otros profesionales que puedan aportar a una mejor reglamentación.

Artículo 5º. Determínese que la Autoridad de Aplicación del presente Decreto será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la intervención necesaria de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto.

Artículo 6º. Instrúyase al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, para que por intermedio del Señor Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y del Señor Embajador de la República Argentina en la República Oriental del Uruguay interese al gobierno de este país en el dictado de una norma similar destinada a su cumplimiento en la parte correspondiente a esa República del Área FAO 41, 2.3. Sub-Área Platense.

Artículo 7º. Los buques o artefactos navales que transgredan lo previsto en el artículo 1º se harán pasibles a las penalidades previstas en las leyes 24.922 y 25.470, las que serán aplicadas por la Autoridad de Aplicación indicada en el artículo 5º.

Artículo 8º. Derógase el Decreto 256/2010.

Artículo 9º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la mar (Manual Belgrano). 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

Copyright ©2020

 

UN ESCENARIO NADA PACIFICO

Enrique R. Martínez Díaz*

La región de mayor dinamismo económico a nivel planetario es, desde hace varios años, la parte oriental u este de Asia, bañada por el océano Pacífico, el espacio marítimo mayor del planeta y del cual también es ribereño un país tan importante como Estados Unidos de América (EE.UU), la principal potencia imperialista a nivel global, así como varios de los países de los continentes americanos; igualmente, aun, cuando no tienen costas en dicho océano, algunas potencias europeas (Francia y el Reino Unido) aún conservan territorios, posesiones o colonias en el sinnúmero de islas y atolones que conforman la Oceanía (y además en el Océano Indico).

Por su consistente crecimiento económico en las últimas décadas y su incrementada actividad a nivel regional y global, la República Popular China (RPCH) se ha convertido en el motor impulsor del crecimiento económico regional, constituyendo además el principal “partenaire” comercial de los países del área, incluyendo naciones tan importantes como Japón (tercera economía a nivel mundial), la República de Corea (11no), Australia (13ro) y las naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Igualmente la RPCH es un importante socio comercial de EE.UU.; de acuerdo con los datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative), el comercio de bienes y servicios de EE.UU. con China totalizó un estimado de $ 737.1 mil millones en 2018. Las exportaciones estadounidenses fueron de $ 179.3 mil millones; las importaciones fueron de $ 557.9 mil millones. El déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. con China fue de $ 378.6 mil millones en 2018. La RPCH es el principal exportador hacia EE.UU. y el tercer importador de bienes y servicios provenientes de EE.UU. Todo esto a pesar de la llamada guerra comercial realizada por la actual administración asentada en la Casa Blanca.

No obstante, este desarrollo e interrelación económica no ha conllevado a que la situación actual en la región de Asia y Oceanía, o del Indo-Pacífico[1], como la han rebautizado los norteamericanos, será todo lo “pacífica” que debiera ser, según el nombre del gigantesco océano que baña las costas de la mayoría de los países ubicados en esa región.

Ante todo, EE.UU. mantiene un interés especial en dicha región, con amplios antecedentes históricos. El estudio de recientes documentos confirma la atención principal que asigna Washington a la región Indo-Pacífico, empezando por un artículo denominado “America´s Pacific Century”, que apareció en la revista Foreign Policy de noviembre de 2011, escrito por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que hablaba del llamado Pivot hacia la región de la política estadounidense. Posteriormente este enfoque recibió la denominación de Rebalance y estuvo enmarcado en dos documentos estratégicos de la administración Obama: la Strategic Guidance (Lineamientos Estratégicos) del Departamento de Defensa (DOD) del año 2012, y la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2015. En ambos documentos se puntualizaba la intención de concentrar los esfuerzos políticos, económicos y militares de EE.UU. hacia la región del Pacífico, incluyendo cambiar la proporción de fuerzas militares norteamericanas destacadas en esa región, pasando del 50% que se tenía hasta entonces en la correlación Atlántico-Pacífico, a una proporción del 60% de los principales medios de combate, especialmente aeronavales.

Subsiguientemente, la actual administración norteamericana, aun cuando ha evitado utilizar la denominación de Rebalance, ha continuado concentrando su accionar en la región, a la que ha rebautizado como INDO-PACIFICO (lo cual incluyó el cambio de denominación del Comando Unificado que responde por esa área, que cambió su nombre de U.S. PACIFIC COMMAND por U.S. INDO-PACIFIC COMMAND); esto se confirmó tanto en su actividad política (por ejemplo, en febrero de 2017 el entonces Secretario del DOD, James N. Mattis, en su primera visita al exterior se dirigió a Japón y Corea del Sur, no a los países de la OTAN), como en sus principales documentos estratégicos: la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2017, la Estrategia de Defensa Nacional de 2018; los diferentes reportes del Director Nacional de Inteligencia, de los Comités del Congreso, etc; la participación en importantes eventos en la región, como el Foro Regional de la ASEAN y el Diálogo Shangri-lá, y confirmado con la emisión de documentos más recientes del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado:

  • el Reporte de la Estrategia Indo-Pacifico (INDO-PACIFIC STRATEGY REPORT), emitida en 2019;
  • y un documento denominado Un Indo Pacífico libre y Abierto, avanzando una visión compartida (A Free and Open Indo Pacific, Advancing a Shared Vision) presentado por el Secretario de Estado Mr. Michael Pompeo en Noviembre de 2019.

En estos documentos se ratifica, a nuestro criterio, que independientemente de que EE.UU. como principal potencia imperialista a nivel global tiene intereses en todo el planeta e incluso más allá, como es el espacio exterior, es en la actualidad en la región que ellos denominan Indo-Pacífico donde concentran y continuarán concentrando sus intereses estratégicos y sus principales contingentes militares, pues allí se encuentra el país que consideran su principal rival a nivel global, la RPCH, la cual además tiene importantes lazos con otro adversario principal, la Federación de Rusia.

En la Estrategia Indo Pacífico se exponen cuatro principios que según la parte norteamericana son los que este país persigue en esa región:

  1. Respeto por la soberanía e independencia de todas las naciones;
  2. Resolución pacífica de controversias;
  3. Comercio libre, justo y recíproco basado en inversión abierta, acuerdos transparentes y conectividad; y,
  4. Adherencia a las reglas y normas internacionales, incluidas las de libertad de navegación y sobrevuelo.

El lenguaje empleado por los autores de los diferentes documentos no parece a nuestro juicio concordar con la real conducta de EE.UU. en esa región, teniendo en cuenta la histórica tendencia a la intervención y al empleo de la fuerza militar por ese país, la actual política proteccionista en el plano económico del gobierno de Mr. Trump, su rechazo a los tratados internacionales, etc.

Reiteradamente hacen intentos de comparar las supuestas políticas “abiertas” de EE.UU. con acciones de otros países, aludiendo claramente a la República Popular China (RPCH), a la que dedican especial atención, calificándola de poder revisionista; aunque destacan el avance económico de esa nación, critican que este país, de acuerdo con sus criterios, tiene una conducta internacional más “asertiva” o creadora de fricciones “en la búsqueda de un conjunto más amplio de intereses políticos, económicos y de seguridad”.

En varios documentos se acusa a la RPCH de socavar el sistema internacional desde dentro explotando sus beneficios mientras que simultáneamente erosiona los valores y principios del orden basado en reglas (reglas a las que el propio presidente norteamericano renuncia cuando afecta lo que considera sus intereses); de aplicar políticas represivas en la región de Xingiang contra la minoría musulmana; también plantean que la violación de las normas internacionales por parte de China se extiende además al exterior, incluyendo actividades de espionaje (algo que al parecer la CIA y otras agencias estadounidenses no hacen; pueden preguntarle a la Canciller alemana), robos cibernéticos dirigidos a la propiedad intelectual y la información comercial y tecnológica confidencial de proveedores de servicios.

Hacen referencia a la militarización de objetivos en el mar Meridional de China y realización de acciones violentas en las disputas marítimas en ese mar; igualmente acusan a la RPCH de realizar patrullajes y maniobras militares en las cercanías de Taiwán; hacen una importante referencia al desarrollo militar de la RPCH, señalando que “busca la hegemonía regional del Indo-Pacífico en el corto plazo y, en última instancia, la preeminencia mundial en el largo plazo”. Se refieren a las inversiones chinas en una amplia gama de programas militares, diseñados para mejorar la proyección de poderío: fuerzas nucleares; operaciones complejas en el ciberespacio, el espacio y las operaciones de guerra electrónica; capacidades de limitación de acceso/denegación de área (A2/AD), incluidos los dominios aéreo y marítimo.

A todo esto podemos sumarle las recientes declaraciones del Secretario de Estado Michael “Mike” Pompeo, el 23 de julio de 2020, en un evento realizado en Yorba Linda, California, en el Museo y Fundación Presidencial Richard Nixon, en el cual se refirió a la “China Comunista y el Futuro del Mundo Libre”, con un lenguaje extremadamente confrontacional y acusatorio respecto al país asiático, que algunos ya califican como un llamado a una nueva Guerra Fría.

Respecto a Rusia, a la que califican en algunos documentos como “actor maligno revitalizado”, consideran que su influencia en la región Indo Pacífico continúa aumentando a través de la difusión nacional y la modernización militar, tanto en sus fuerzas convencionales como en sus fuerzas estratégicas, y las ventas de armamento rusas en la región.

Destacan la colaboración de la RPCH y Rusia en los ámbitos diplomático, económico y de seguridad, y que estas naciones frecuentemente se oponen conjuntamente a medidas patrocinadas por EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU. Destacan que: “En general, comparten una preferencia por un orden mundial multipolar en el que Estados Unidos es más débil y menos influyente”.

En varios documentos catalogan como desafíos o amenazas transnacionales, que afectan la región de Indo-Pacífico, los siguientes: el terrorismo; comercio de armas ilícitas; tráfico de drogas, humanos y vida silvestre; la piratería; patógenos peligrosos, la proliferación de armas y los desastres naturales. Respecto a fenómenos naturales, señalan que amén de ser una región propensa a los terremotos y volcanes como parte del Anillo de Fuego del Pacífico, la región del Indo-Pacífico sufre regularmente desastres naturales como monzones, huracanes e inundaciones, terremotos y actividad volcánica, así como las consecuencias negativas del cambio climático (es llamativo que señalen esto, siendo el gobierno de los EE.UU. y su actual presidente un constante denegador del Cambio Climático).

En estos documentos se plantea que su Estrategia para el Indo-Pacífico está en conexión con sus intereses expresados en la ESN de 2017, y que la región tiene tanto valor global como regional, especialmente por su importancia estratégica y económica.

A partir de las misiones previstas para las Fuerzas Armadas de EE.UU. en diferentes documentos, valoran como fundamental su poder militar para mantener la posición de “liderazgo” (término que generalmente utilizan) o hegemonía a nivel global, y en los diferentes teatros de operaciones, como es el caso del Indo-Pacífico.

EE.UU. establece categorías en sus asociaciones regionales, de acuerdo con el grado de comprometimiento de cada país con sus objetivos y políticas; estas son:

  • Alianzas: Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Tailandia.
  • Asociaciones: Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda y Mongolia.
  • Asociación Principal de Defensa: India.
  • Asociaciones Emergentes: Sri Lanka, las Maldivas, Bangladesh y Nepal.
  • Relaciones de Seguridad con socios del Sudeste Asiático: Vietnam, Indonesia y Malasia.
  • Compromisos de seguridad: Brunei, Laos y Camboya.
  • También se refieren a compromisos con las Islas del Pacífico.
  • Además hacen referencia al papel de aliados extrarregionales que operan eventualmente en la región, como el Reino Unido, Francia y Canadá.

Destacan también la importancia de organizaciones subregionales, como la ASEAN y la participación de EE.UU. en el Foro Regional de esa organización (generalmente debate problemas de seguridad): así como sobre la participación de EE.UU. en la Cumbre de Asia Oriental (EAS), presidida por el jefe rotatorio de la ASEAN.

Respecto a las fuerzas militares de su país desplegadas en el Indo-Pacífico (ellos denomina esto Posture, postura); basan esta acción en una de las dos concepciones estratégicas militares norteamericanas principales, que es la llamada Presencia Avanzada (Forward Presence)[2]. De acuerdo con el Reporte de la Estrategia Indo Pacífico, el USINDOPACOM cuenta actualmente con más de 2.000 aviones, 200 buques y submarinos y más de 370.000 soldados, marineros, infantes de marina, aviadores, civiles del Departamento de Defensa y contratistas asignados dentro de su área de responsabilidad. La mayor concentración de fuerzas estadounidenses en la región se encuentra en Japón y la República de Corea (RC).

Además de todas estas cuestiones, es importante significar que EE.UU. está involucrado directamente en dos de los más importantes conflictos que afectan a la región asiática: Afganistán y la península Coreana.

AFGANISTÁN. Tras los ataques del 11 de setiembre de 2001, el gobierno de EE.UU. culpó al gobierno de Afganistán de apoyar y dar refugio a Osama Bin Laden y su organización Al Qaeda (es curioso que a muchos les cuesta recordar que precisamente en Afganistán los norteamericanos apoyaron a los llamados “luchadores por la libertad” o muyahidines contra las fuerzas soviéticas; aquellos polvos trajeron estos lodos). En octubre de ese mismo año 2001 las fuerzas militares norteamericanas y sus aliados invadieron y ocuparon esa nación de Asia. Comenzaba así la guerra más larga que ha librado EE.UU., pues ya se acerca a los 19 años de duración. Miles de millones de dólares han sido invertidos, pero no se ha logrado ni la reconstrucción del país, ni el cese de la guerra, ni mejoras palpables en la vida de la población: hay millones de refugiados afganos en países vecinos; de acuerdo con el más reciente reporte de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA por sus siglas en inglés), entre enero y junio de 2020, 1282 civiles afganos murieron y 2176 resultaron heridos como consecuencia del conflicto.

Solo en algo hubo una transformación importante como consecuencia de la ocupación norteamericana: Afganistán se ha convertido en el mayor productor y exportador de heroína del mundo, y las tropas norteamericanas y de sus aliados no han podido evitarlo (¿o se benefician de ello?).

En meses recientes se hizo público que el gobierno de los EE.UU. había llegado a un acuerdo con el movimiento Talibán para poner fin al conflicto en ese país y retirar las tropas norteamericanas y de la OTAN desplegadas en la nación centroasiática desde 2001. Aun cuando se conocía que existían conversaciones, el anuncio se consideró un tanto sorpresivo y no han faltado los que acusan que este acuerdo tiene un objetivo electoral por parte de Mr. Donald John Trump (como casi todo lo que hace ese señor).

En tanto, la situación en el país centroasiático sigue siendo complicada; continúan los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los talibanes, como, por ejemplo, la ocurrida el 3 de marzo de 2020, en el cual fallecieron 19 militares afganos; esto motivó un golpe aéreo de respuesta por la parte norteamericana. En tanto, la parte talibana expresó que su compromiso era de reducir las acciones, no de un cese al fuego, que, entre paréntesis, es lo exigido por el gobierno de Kabul. Para quien escribe estas líneas no parece que existan por parte de ese movimiento una intención real de deponer las armas, sino de buscar una posición de fuerza que le dé ventajas en las futuras conversaciones.

Los críticos al gobierno norteamericano, que incluyen algunos académicos destacados, señalan que no puede considerarse al movimiento Talibán como un interlocutor fiable, que tal acuerdo puede interpretarse como la aceptación de la derrota por parte de Washington, amén de un esfuerzo del presidente Trump para demostrar que está cumpliendo sus promesas electorales de 2016, envuelto como está en la campaña para las elecciones del 3 de noviembre de 2020.

La situación actual en Afganistán no parece clara tras la firma de los acuerdos del 29 de febrero de 2020 y será necesario esperar para ver si realmente las partes cumplen sus compromisos y se logran resultados positivos. Esto es deseable para una nación que lleva decenios de guerras y conflictos, y precisa de una paz estable y duradera para labrar un futuro mejor para sus ciudadanos.

PENÍNSULA DE COREA. El conflicto en la península coreana ha sido uno de los más largos en la historia contemporánea; tras la declaración del Armisticio del 27 de julio de 1953 (del cual han transcurrido 67 años), los intentos por lograr un Tratado de Paz han sido rechazados por la parte estadounidense de forma reiterada y con diferentes argumentaciones.

Tras una etapa en la que aparentemente hubo relativa distensión, tras varios encuentros entre el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-Un, y el Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald J. Trump; y también entre los dirigentes de la RPDC y la República de Corea, en los que se dieron algunos pasos de reducción de tensiones las partes, la situación ha vuelto al parecer a encarrilarse a una nueva etapa confrontativa.

El gobierno de la RPDC basa su política en el concepto de que la defensa nacional es lo fundamental y, por lo tanto, su accionar tanto interno como externo, tiene este precepto como pilar para toda acción. La RPDC se convirtió en un Estado nuclear a partir de 2006 . No obstante, las grandes potencias, principalmente EE.UU. y sus aliados, no quieren reconocer ese status[3]. Lo cierto es que dispone de un número no precisado de dichas armas nucleares: el más reciente reporte del SIPRI (2020), plantea un estimado de entre 20 y 30 armas nucleares en poder de la RPDC[4].

Ante todo, pese a que algunos ejercicios militares entre EE.UU. y la RC no se hayan realizado, la presencia militar  de EE.UU. en la región se ha mantenido, e, independientemente de alguno que otro discurso de Trump amenazando con reducir las tropas de EE.UU. en la península, eso no se corresponde con los principales documentos doctrinales norteamericanos, en los cuales se plantea con claridad que la región planetaria más importante para EE.UU. en estos momentos es lo que ellos denominan Indo-Pacífico, que consideran que deben reforzar su presencia en la misma, y que dentro de sus aliados la República de Corea tiene un puesto importante.

Además obvian el hecho de que las sanciones aplicadas a la RPDC no se han reducido y que el país continúa enfrentando una situación económica muy compleja y que, lógicamente, ante la constante presión ha continuado reforzando en la medida de sus posibilidades las capacidades defensivas.

Si el gobierno norteamericano tuviera reales intenciones de estabilizar la situación en la península coreana, debiera iniciar un proceso encaminado a lograr un tratado de paz justo, equilibrado y que realmente permita eliminar el peligro de guerra.

Otro aspecto que debe considerar es la experiencia histórica de que los gobiernos norteamericanos utilizan un procedimiento para las conversaciones: generalmente emplean la táctica de ofrecer ventajas, condicionando las mismas a determinadas concesiones de la otra parte; una vez que la parte contraria satisface las solicitudes norteamericanas, entonces la parte estadounidense plantea que tales concesiones son insuficientes, y hacen nuevas exigencias antes de cumplir ellos con lo supuestamente acordado. Un ejemplo claro fueron las negociaciones entre la extinta URSS y los EE.UU., en la época en que Gorbachov era primer secretario del PCUS; el mismo hizo constantes concesiones sin que Reagan o Bush padre reciprocaran; el resultado es conocido.

Lo cierto es que en la actualidad, la situación en la Península coreana no parece encaminarse a una solución a corto plazo, e incluso los dirigentes de la RPDC han rechazado nuevas conversaciones; la voladura de la oficina de enlace intercoreana en Kaesong el 16 de  Junio de 2020 es una señal bastante clara.

MAR MERIDIONAL DE CHINA. Además de estos dos conflictos, que al parecer no se resolverán en un futuro próximo, el gobierno norteamericano, mediante el reciente envío de agrupaciones navales, incluyendo dos portaaviones de propulsión nuclear en cada caso, y expresado en recientes declaraciones del Secretario de Estado, Mr. Pompeo, ha vuelto a traer a la palestra la situación en el Mar Meridional (o Sur) de China. Se trata de un corredor fundamental del trasiego comercial para todos los países de la región (que abarca, sobre todo, el Medio Oriente, el Índico y Asia-Pacífico). Más de 60 mil buques circulan por el Estrecho de Malaca hacia el Este de Asia y el Océano Pacífico (o en sentido contrario, hacia la rica Europa) atravesando el Mar Meridional de China (el doble de los que pasan por el canal de Suez y el triple de los cruzan por Panamá); aproximadamente el 30% del comercio mundial y el 50% de productos del petróleo (cerca de 15-17 millones de barriles), viajan desde el golfo Pérsico, pasan por el Estrecho y llegan a Japón, Corea del Sur, China, etc,  para asegurar una parte importante de sus suministros energéticos. Esta es, por cierto, la vía marítima más corta que conduce a Asia Oriental, y está privilegiada también por abundantes reservas de petróleo, peces y otros valiosos productos del mar.

Es conocido que sucesivos gobiernos de Estados Unidos han esbozado en diferentes documentos, fundamentalmente en las llamadas “Estrategias de Seguridad Nacional”, determinadas concepciones respecto a ciertas áreas o dominios, incluidos los denominados Bienes Globales Comunes, donde incluyen como tales las rutas aéreas y marítimas internacionales. Lo interesante es que el gobierno norteamericano, se atribuye la responsabilidad de velar por estos espacios o dominios, y amenazan con actuar, junto a aliados y socios, ó independientemente, contra aquellos que, según sus criterios, afecten sus intereses en tales dominios.

Siendo conocido que el gobierno norteamericano representa, ante todo, los intereses de las grandes empresas transnacionales (incluso, y casi siempre, por encima de los del propio pueblo de esa nación), resulta extremadamente sospechosa tal actitud; poco se beneficiará el 99% de la población del planeta de ese interés del gobierno norteamericano, que, como es conocido, desconoce las potestades de las instituciones internacionales cuando lo cree necesario (recordar cuando el presidente George W. Bush ordenó invadir Irak en 2003, desoyendo los informes de instituciones de la ONU que afirmaban la no existencia de armas de destrucción masiva en el país medio-oriental; después, cuando las susodichas armas no aparecieron, ni siquiera se disculpó el “imperator” residente en Washington). Si a esto sumamos que actualmente ocupa ese puesto en la Casa Blanca alguien con una “enorme experiencia” internacional como Mr. Donald J. Trump, la situación es mucho peor.

Al respecto, el día 13 de julio de 2020, el Secretario de Estado de los EE.UU., Mr. Michael Pompeo declaró: Hoy estamos fortaleciendo la política estadounidense en una parte vital y contenciosa de esa región: el Mar Meridional de China. Estamos dejando en claro: las afirmaciones de Beijing sobre los recursos en alta mar en la mayor parte del Mar Meridional de China son completamente ilegales, como lo es su campaña de intimidación para controlarlos.

La importancia de la zona y las consideraciones sobre el alcance territorial de su seguridad nacional explican el interés conflictivo y excluyente de China por el mar Meridional, que considera parte de su soberanía e integridad territorial, y cubre áreas de mar, cielo y una serie de islas actualmente en litigio. Ello colisiona con los avances concretos y reclamos territoriales en el área por otros países vecinos, que contraponen lo que también consideran sus intereses nacionales. Es de considerar que la realización de acciones militares en el mar Meridional de China no solo afectaría a los países ribereños, sino que sería perjudicial para Japón, Corea del Sur y la propia R.P.China, ya que provocaría que el tráfico marítimo hacia y desde esos países tuviera que desviarse, aumentando el número de singladuras en las travesías de los buques mercantes y por consecuencia, elevando el coste de los fletes a las cargas comerciales. Esto pudiera significar gastos adicionales por miles de millones de dólares, que también afectaría a los países del resto del mundo que comercian por esa vía.

EE.UU. a pesar de no ser parte de la CONVEMAR, saludó el resultado del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje del Tribunal Internacional de la Haya el 12 de julio de 2016, favorable a Filipinas en su reclamación contra la R.P.CH.

EE.UU. además, mantiene desplegados en Singapur varios buques de guerra, los llamados Buques de Combate de Litoral, bajo el pretexto de combatir la piratería en la zona, y apoyar a esa ciudad-estado en su seguridad marítima.

La Marina de Guerra de EE.UU. ha estado realizando sistemáticamente las llamadas Operaciones de Libertad de Navegación (Freedom of Navegation Operation, FONOP)[5] en el mar Meridional de China, en las cuales participan agrupaciones aeronavales, declarando que lo hacen con el fin de garantizar la seguridad de la navegación; recientemente Japón también ha enviado buques de guerra a participar en dichas operaciones. En varias ocasiones, buques de guerra norteamericanos, participando en tales operaciones, se han aproximado a menos de las 12 millas náuticas de algunas de esas islas en disputa, dentro de lo que se establece como mar territorial por la CONVEMAR, y han sido interceptados por buques chinos. La parte norteamericana se ha escudado en la concepción del llamado “paso inocente”, que según la aludida convención permite a cualquier buque navegar en aguas bajo la jurisdicción de otro estado en tránsito a otro lugar; lo que sucede es que si el susodicho buque está realizando una “Operación (FONOP)”, no puede considerarse como “paso inocente”, si tenemos en cuenta lo que se plantea en el Diccionario de Términos Militares y Asociados del DOD respecto a lo que es una “operación”[6] y lo que establece la CONVEMAR como requisito para el “paso inocente”[7].

EE.UU. se ha pronunciado asimismo contra la construcción de islas artificiales en los archipiélagos en disputa, en particular por el carácter militar de la mayor parte de las instalaciones. Hay también reportes acerca de afectaciones a los bancos de coral en muchas de las islas, lo que perjudica la ecología de la zona.

Pero no creemos que sea precisamente EE.UU. el más indicado para mediar en este conflicto, y que la mejor solución sea enviar constantemente buques de guerra a merodear la zona, ya que hasta ahora, las diferentes disputas y ocupación de islas no han interferido en la navegación en la región, y las naciones ribereñas se encuentran negociando para establecer un Código de Conducta en el mar Meridional de China.

La región de Asia Pacífico también es escenario de otros conflictos de importancia, entre los que queremos destacar:

  • El diferendo por las islas Kuriles entre el Estado de Japón y la Federación de Rusia.
  • Existe un diferendo entre el estado de Japón, la República Popular China, y Taiwán, respecto a la soberanía de un pequeño archipiélago ubicado en el mar del Este de China, denominado en japonés Sensaku-shoto; por los chinos Diaoyu, y por parte taiwanesa Diaoyutai, (en inglés se conocen como Pinnacle), un total de 8 islas, islotes y peñascos cuya extensión total es de 7 km2. Las aguas circundantes tienen excelentes reservas de pesca y se ha confirmado la presencia de depósitos de hidrocarburos.
  • Existe un importante diferendo entre Japón y la República de Corea (RC) por la soberanía de las islas llamadas Dokdo (son conocidas en Japón como Takeshima y que también son conocidas como rocas de Liancourt ó rocas de Hornet), que constituyen el escollo más importante en las relaciones de japoneses y surcoreanos.
  • Diferendo por la isla Tshushima, bajo soberanía japonesa, es reclamada por la RC, que la llama Daemado; en 1949, durante las negociaciones conocidas como SCAP, no fue aceptada la reclamación coreana, quedando esta isla como parte del Japón; no obstante, la parte coreana sigue reclamando esta isla.
  • Existen controversias fronterizas entre China y la India en dos sectores diferentes, uno cercano a la región de Cachemira (en la zona conocida como el Valle de Galwan, en el Estado de Ladakh, escenario de recientes choques entre fuerzas militares), área también conocida como Aksai Chin, donde existe una llamada Línea de Control Actual (LAC), la cual no está debidamente delimitada y ha sido fuente de enfrentamientos; y en la región este, en la provincia india de Arunachal Pradesh conocida como Distrito Noroeste, en una zona entre Bután y el Tíbet.
  • En la propia región de Cachemira, existe una disputa de larga data entre India y Pakistán. El origen del conflicto está íntimamente relacionado con el pasado colonial, y es consecuencia de las políticas de las potencias imperialistas, especialmente el Reino Unido.

Desde 1948 se han sucedido una importante cantidad de conflictos, incluyendo cuatro guerras entre las dos naciones del Sur de Asia. Recientes decisiones de la India de establecer una nueva estructura de gobierno en la región de Cachemira y Ladakh han reanimado las tensiones.

  • Existe un importante conflicto en Myanmar, que también afecta a la vecina Bangla Desh, motivado por la represión a una minoría de fe musulmana, denominada Rohingya, dentro de un país mayoritariamente budista.
  • TAIWÁN. Para la República Popular China, el principal problema que afecta su seguridad nacional es el diferendo con Taiwán. En repetidas ocasiones, el gobierno chino ha reiterado su posición respecto a que considera a esta isla como una provincia de China y una parte inalienable de su territorio, que su actividad respecto a la misma está encaminada a la reunificación, preferiblemente pacífica, pero que está dispuesta a dar cualquier paso si esta isla se declara como un país independiente.

Por su parte, los sucesivos gobiernos en esa isla han mantenido una política encaminada a mantener su independencia, sin llegar a un conflicto directo con la RPCH, y continuando su estrecha relación con EE.UU., que le suministra armamento y tiene una denominada Ley de Relaciones con Taiwán, que establece su apoyo a los gobiernos de la misma.

De acuerdo con diferentes fuentes, en la RPCH hay organizaciones separatistas en dos regiones, en el Tibet y en la Región Autónoma de los Uigur de Xinjiang.

El Tibet tiene status de Región Autónoma, con una extensión de 1,220 millón km2; está situada en las estribaciones de los Himalayas, y es una de las regiones más despobladas de China. Antes de la revolución existía un estado teocrático-feudal, históricamente vasallo del gobierno chino, gobernado por el llamado Dalai Lama, que es, según las creencias del llamado budismo tibetano una reencarnación de Buda. En 1950 el Ejército Popular de Liberación estableció el control sobre el Tibet, designándose esta como una Región Especial. El Dalai Lama mantuvo sus funciones religiosas, pero el poder político se ejerció por el gobierno central.

Tras una revuelta en 1959, en marzo de ese año el Dalai Lama, sus adjuntos y familia emigraron a la región de Assam en la India, y declararon que no reconocerían la soberanía china sobre este territorio. El mismo ha sido apoyado por las potencias occidentales, pero carece de poder real, aunque funciona un llamado “Gobierno del Tibet en el Exilio”.

En la región de Xinjiang, con una extensión de 1,600 millón kms2, cuenta con 16,5 millones de habitantes, la mitad de los cuales son minorías (uigures 42%, kazajos 6,2% y kirguís 1%); la etnia uigur, de origen turkestano, profesa la religión musulmana; las otras etnias practican diferentes religiones, incluido el budismo. Esta es una región con grandes extensiones semidesérticas, y una de las regiones más atrasadas de la RPCH. De acuerdo a documentos oficiales chinos, en los últimos años se ha hecho importantes inversiones en la región.

En el mismo existe un fuerte movimiento separatista, que incluye organizaciones que han sido catalogadas de terroristas por la RPCH e incluso por los EE.UU. Una de estas organizaciones es el denominado Partido Islámico de Alá del Turquestán Oriental, conocido también como Partido Islámico del Turquestán Oriental o Movimiento Islámico del Turquestán Oriental.

En Hong Kong, y con menos peso en Macao (dos regiones de la RPCH reincorporadas después de haber sido colonias inglesa y portuguesa respectivamente, y donde se aplica la política de “un país, dos sistemas”) ha habido algunos signos de intranquilidad, que han sido controlados por las autoridades chinas, pero no dejan de ser problemas de cierta importancia, acentuado por las recientes protestas en Hong Kong.

Conclusiones

Valorando los hechos más recientes y la postura de confrontación asumida por EE.UU. respecto a la RPCH y su decisión de incrementar su presencia en la región que ellos denominan Indo-Pacífico, además de los diferendos entre las principales naciones del área y los problemas internos de la mayoría de esas naciones, consideramos que el escenario en la región bañada por el océano Pacífico está lejos de hacer honor al nombre asignado a dicha extensión marítima por Vasco Núñez de Balboa en 1513.

 

* Centro de Investigaciones de Política Internacional, Cuba. Especialista en Problemas de Seguridad. Miembro del Equipo de Asia y Oceanía del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Master en Historia Contemporánea. Profesor Auxiliar.

 

Referencias

[1] Como deben conocer nuestros lectores, EE.UU. tiene dividido el planeta, el espacio exterior y el ciberespacio en Áreas de Responsabilidad de los llamados Comandos Unificados (y es el único país que lo hace público).

[2] El otro concepto es el llamado Power Proyection, Proyección de Poderío, que es la capacidad de sus FF.AA. de mover rápidamente hacia un Teatro de Operaciones de las fuerzas necesarias para obtener la victoria en una guerra.

[3] Al igual que a otras naciones, como India y Pakistán, que adquirieron dichas armas después de firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968.

[4] SIPRI Yearbook 2020, Summary.

[5] Freedom of navigation operations: Operations conducted to protect United States navigation, overflight, and related interests on, under, and over the seas. (JP 3-0). Operaciones de libertad de navegación: operaciones realizadas para proteger la  navegación de Estados Unidos, el sobrevuelo y los intereses relacionados en, bajo y sobre los mares. (JP 3-0).

[6] Operation. 1. A sequence of tactical actions with a common purpose or unifying theme.(JP 1) 2. A military action or the carrying out of a strategic, operational, tactical, service, training, or administrative military mission. (JP 3-0).

Operación. 1. Una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o un tema unificador. (JP 1) 2. Una acción militar o la realización de una misión militar estratégica, operativa, táctica, de servicio, entrenamiento o administrativa. (JP 3-0).

[7] Ver Artículo 19 Significado de paso inocente, de la CONVEMAR. (https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf).

 

Bibliografia

Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America, Doha, Qatar, 29 February 2020. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].

Allen John R. , Riedel Bruce , O’Hanlon Michael E. , Felbab-Brown Vanda , and Afzal Madiha. Around the halls: Brookings experts discuss the implications of the US-Taliban agreement The Brookings Institution, Washington DC  Thursday, March 5, 2020. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/ around-the-halls-brookings-experts-discuss-the-implications-of-the-us-taliban-agreement/>. [Consulta: Mayo, 2020].

Blanc, Jarret. Afghanistan’s Election Disputes Reflect Its Constitution’s Flaws Carnegie Endowment For International Peace, Washington DC, March 12, 2020. <https://carnegieendowment.org/2020/03/12/afghanistan-s-election-disputes-reflect-its-constitution-s-flaws-pub-81274>. [Consulta: Julio, 2020].

Chung Min Lee, Kathryn Botto. Korea Net Assessment 2020: Politicized Security and Unchanging Strategic Realities. Carnegie Endowment for International Peace. Washington DC, March 18, 2020. <https://carnegieendowment.org/2020/03/18/korea-net-assessment-2020-politicized-security-and-unchanging-strategic-realities-pub-81230>. [Consulta: Julio, 2020].

Clinton, Hillary. America’s Pacific Century. Foreign Policy, Washington, October 11, 2011, <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>. [Consulta: Marzo, 2020].

Craig Whitlock, Leslie Shapiro, Armand Emamdjomeh. The Afghanistan Papers. A secret history of the war.  The Washington Post, December 9, 2019. <https://www.washingtonpost.com/graphics /2019/investigations/afghanistan-papers/ documents-database/>. [Consulta: Enero, 2020].

Department of Defense. INDO-PACIFIC STRATEGY REPORT. Washington June 1, 2019. <https://media.defense.gov/2019/May/31/2002139210/-1/-1/1/DOD_INDO_PACIFIC_ STRATEGY_ REPORT_JUNE_2019.PDF>. [Consulta: Julio, 2020].

Department of Defense Summary of the 2018 National Defense Strategy Washington, January 2018. <https://www.defense.gov/ Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>. [Consulta: Febrero, 2020].

Ford, William. The SIGAR Called Congress to Action, But How Will It Respond? The Lawfare Institute, Washington DC, January 21, 2020 <https://www.lawfareblog.com/sigar-called-congress-action-how-will-it-respond>. [Consulta: Julio, 2020].

Global Commons. Division of Law Enforcement and Conventions, United Nations Environment Programme. <http://www.unep.org/delc/Default.aspx>. [Consulta: Julio, 2020]

Joint Chief of Staff. DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Washington DC, June 2020 (https://www.jcs.mil/ Portals/ 36/ Documents /Doctrine/pubs/dictionary.pdf>. [Consulta: Junio, 2020].

Organización Marítima Internacional. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, 10 Diciembre de 1982. <www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].

Office of the United States Trade Representative. Washington, 2020. <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>. [Consulta: Julio, 2020].

Pompeo, Michael R. U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea Press Statement. Washington, July 13. 2020. <https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/>. [Consulta: Julio, 2020].

______________ Communist China and the Free World’s Future THE RICHARD NIXON PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM, Yorba Linda, California, July 23, 2020 <https://ge.Usembassy .gov/communist- china -and-the-free-worlds-future-july-23/>. [Consulta: Julio, 2020].

Seldin, Jeff. Top US Commander Doubts Afghan Taliban Commitment to Peace, Alexandria, Virginia, March 12, 2020. <https://www.voanews.com/south-central-asia/top-us-commander-doubts-afghan-taliban-commitment-peace>. [Consulta: Julio, 2020].

The White House. The National Security Strategy of the United States of America.Washington, December 2017. <https://www. whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].

The White House.The National Security Strategy of the United States of America 2015 .Washington. February, 2015 <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf>. [consulta: Julio, 2020].

The White House. Sustaining U.S. Global Leadership : Priorities to 21st Century Defense. Defense Strategic Guidance 2012. Washington, January 2. 2012. <www.defense.gov/news/Defense_ Strategic_ Guidance.pdf>. [consulta: Julio, 2020].

UNAMA. Afghanistan Protection Of Civilians In Armed Conflict Midyear Report: 1 January — 30 June 2020. UNO, July 21, 2020. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-.pdf>. [consulta: Julio, 2020]

 

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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (3ª PARTE) CUANDO LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL NO SE MANEJA DESDE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Ya vimos que la ONG OPRAS propicia “evitar la pesca ilegal”, propósito muy loable, pero, sinceramente, en 50 años de participar activamente y, sobre todo de observar distintos proyectos pesqueros de funcionarios y empresarios, no recuerdo haber visto que, ninguno de los engendros propiciados, alcanzase semejante nivel de absurdo.

Varios proyectos, se fundaron en Salvar a la Patria. Un argumento difícil de oponer y, no obstante, lo hicimos. Así, entraron al mar argentino los buques soviéticos para que pesquen en la zona de exclusión de Malvinas y nunca lo hicieron. Lo mismo, con la Unión Europea, cambiaron figuritas, bajo pretexto, de modernizar la flota y capturar las especies excedentarias (que no se habían determinado previamente), para regularizar la situación de Argentina con Europa post guerra de Malvinas. Tampoco pescaron en el área invadida por el Reino Unido y ocasionaron la más importante depredación que puso en grave peligro el stock de merluza y provocó una desocupación inédita. En las autorizaciones de pesca extranjera o “charteos” que, por razones de síntesis no voy a detallar, los reducidos procesos obligatorios en tierra se transformaron en meras comisiones empresarias y, los cánones, muchas veces, se establecieron por debajo de los internacionales.

Pero, como en el tango de Homero Manzi, respecto a este acuerdo entre la ONG OPRAS (Argentina) y las Cámaras Españolas y Argentinas”No habrá ninguno igual, no habrá ninguno”.

Lo de “Argentina”, es pura teoría, porque las empresas a la que pertenecen los directivos de OPRAS son 71,5% extranjeras y el 28,5% nacionales y respecto a las Cámaras CAPECA y CAPA sus directivos representan empresas en un 80% extranjeras y 20% nacionales. Por supuesto, el 100% de las empresas que integran las Cámaras Españolas, son españolas. Se agrava, aún más, porque muchos de los directivos de aquellas son solo gerentes que reciben órdenes de los propietarios. Las cuotas transferibles y esta composición, hace que la política pesquera argentina se maneje desde el exterior. ¿Con esta integración societaria, mayoritariamente extranjera, OPRAS y estas Cámaras van a establecer o promover la política nacional sobre la explotación y sostenibilidad de los recursos migratorios argentinos y asociados, junto a Cámaras españolas? Y luego OPRAS ¿con esta composición extranjera participará en la administración de los recursos migratorios del Estado ribereño argentino como propone entre sus objetivos?

¿Quiénes son las Cámaras Argentinas? Sellos de goma. El poder se está armando afuera. Hay hombres de paja en los representantes privados y los funcionarios públicos (ya explicaré en detalle).

Esto suena al otorgamiento de una Patente de Corso: ayudan al Estado a hacer lo que este no puede (ver opinión del director de OPRAS sobre los gobiernos). ¿El Estado Español admitiría que empresas extranjeras le indiquen, en su carácter de país ribereño, cómo administrar sus recursos migratorios? Yo creo que los funcionarios nacionales no… o sí. Me puedo equivocar, como nos equivocamos por décadas los argentinos sobre el proceder de la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación. El propio director Ejecutivo de OPRAS lo remarca y él, de esto sabe.

Nada personal, pero ¿cómo se compadece el pensamiento conservacionista del presidente de OPRAS (un ex director de la quebrada Harengus, en su momento asociada con la China National Fisheries) de establecer un “Área de Pesca Regulada”? (en la que el Estado ribereño está obligado a regular sobre sus recursos migratorios) con su oposición a las “Áreas Marítimas Protegidas”, por afectar los intereses de la empresa que preside: “… Cuanto nos afecta es difícil decir… (sic). Por otra parte, si durante tantos años operamos en el lugar…”.

Ahora, seamos generosos, alguien podría decirme que estoy prejuzgando, incluso, que los extranjeros podrían administrar mejor nuestros recursos y que, por ejemplo, el 5 de diciembre de 2018, el Congreso aprobó la creación del Parque Nacional Iberá y, la donación para ese efecto, de 160 mil hectáreas de la fundación de Doug and Kris Tompkins. La diferencia de los Tompkins es que donaron tierras para preservarlas y estas empresas en su mayoría extranjeras acuerdan para explotarlo a su favor. ¿Y cuál es el aporte de las empresas españolas que pescan en el área de Malvinas y más allá de las 200 millas de la ZEE? ¿Y el de las cámaras españolas? (En breve me referiré y, muy especialmente a un personaje). Estas y las empresas están subvencionadas. Por ejemplo, el MAPyA les acaba de adjudicar 4,3 millones y la UE 500 millones de Euros extras, en las tres primeras anualidades. Nada parecido a la carga impositiva que sufren las empresas argentinas.

Instalada la “pesca ilegal” en los medios, se instala la necesidad de resolverla (yo mismo escribí numerosos artículos sobre la pesca ilegal) y aparece OPRAS y el Acuerdo. Ahora: una nota de tapa, dos páginas y una editorial en La Nación; artículos diversos colocados con una única pluma en varias páginas; la “modernización del formato” de las páginas de CAPECA (2018), PESCA CONCIENCIA (2019) OPRAS, CAPA y HEMISFERIOS (2020) por una misma empresa creativa: “Ambiente Comunicaciones & Simón Digital” que, por “casualidad”, lleva la idéntica denominación de “Ambiente Comunicación” del director del programa radial FM de Gustavo Rachid, denominado también, por otra rara casualidad “entre amigos”.

Pero esto, podría parecer un detalle menor (…), obra de la casualidad. Lo que sí demuestra, es la fuerte voluntad de llevar adelante este acuerdo, es el corto plazo desde la creación de OPRAS en 2018; un Acuerdo Privado de Cooperación para la Pesca Sustentable con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI) el 3 de diciembre de 2019; la concreción del documento el 27 de abril de 2020, hasta la firma del Acuerdo con las Cámaras Españolas ANAMER y CEPESCA el 2 de junio de 2020 y entre tanto —como dije— se produjo una estrategia mediática.

Hasta Brasil todo bien, suma a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) Resolución ONU 41/11 que firmaron todos los países con ZEE en el Atlántico Sur, de modo de avanzar para que los Estados de Bandera se ajusten a la administración de los recursos migratorios y asociados de los Estados Ribereños, no profundizando la intervención de países extraños en el Atlántico Sur.

Este Acuerdo no indica detalle alguno … pero preserva Malvinas para los británicos y … los españoles y propicia las OROP. El fin de la administración del Estado Ribereño en el sur.

En primer lugar, así planteado, viola la Constitución Nacional y el art. 27 bis de la Ley 24.922 reformado por la Ley 26.386. En segundo lugar, para que el Estado ribereño ordene la explotación de los recursos migratorios en la Alta Mar que están siendo depredados, mi opinión es que el gobierno debería iniciar primero acuerdos con las empresas chinas y no las españolas, por razones de resguardo que no fundamentaré aquí. Ahora, si se avanzase con las empresas españolas en una segunda instancia, habría que hacerlo a través de un acuerdo tan serio como irreprochable y no una nueva entrega del patrimonio nacional y del Atlántico Sur. El que debiera contemplar: a) los españoles no deberían constituir sociedades pesqueras mixtas ni de otro tipo en el área de Malvinas; b) de seguir pescando en la zona de exclusión británica deberían ajustarse a las normas de administración argentinas y pagando los derechos de captura o por el contrario, no pescar en esa área; c) no adquirir en España productos pesqueros de origen en esa área; d) ingresar a la UE libre de aranceles los productos argentinos; d) solicitar habilitación de Argentina para pescar las especies migratorias o asociadas más allá de 200 millas de la ZEE Argentina y no utilizar para ello redes de arrastre hasta establecer la Captura Máxima Sostenible en el área; e) colaborar con el gobierno de Argentina en el acuerdo de pesca con buques de otras nacionalidades más allá de las 200 millas.

Todo lo contrario a lo previsto en el Acuerdo de OPRAS que establece no capturar en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas, cuidando el interés británico y español, cuando dice: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic), atentando contra lo dispuesto en la cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional, donde: “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…y, conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

La ONG OPRAS ni las Cámaras nacionales desconocen que las empresas españolas constituyen joint venture con británicos en Malvinas y usufructúan licencias con bandera española o británica otorgadas ilegalmente (Res. ONU 31/49). Entre 1989-2019 se capturaron con licencias en el área de Malvinas 7.633.000 toneladas de pescados y calamares argentinos por un valor de U$S 19.845.800.000, de los cuales “en un año típico, las dos especies de calamar representan el 75% de todas las capturas”. En lo que va de 2020 en esa área se han pescado 115.741 toneladas de los cuales el 80% son calamares. Poco menos de las 125 mil toneladas que las empresas argentinas pescaron en igual período el todo el Atlántico Sur. Al respecto, dice el Departamento de Recursos Naturales en Malvinas: “Si usted come calamares en el sur de Europa ¡tiene un 50% de probabilidades de que sea de Falklands!”. (ampliaré sobre las capturas españolas).

También es cierto, que nunca habrá Acuerdo, sin el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y el VB del responsable de área de la Cancillería. Tengo muy presente el rol de Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie y sus secretarios, desde la fórmula del paraguas; pasando por las relaciones carnes y el remover todos los obstáculos … de las Islas Malvinas” del Pacto Foradori-Duncan.

Pero, semejante engendro de Acuerdo se ve rematado por dos artículos que se difunden en varios medios y en el portal de CEPA: “El Atlántico Sudoccidental, Zona Libre para la Pesca Ilegal” y “Los calamares de nuestros mares: el caso del Illex argentinus” con expresiones inadmisibles y deleznables para nuestra soberanía, el pueblo argentino, los veteranos de guerra y nuestros muertos:

“…el Atlántico Sur no empieza ni termina en Malvinas…”. (Gustavo Rachid)

“…la Argentina se ve afectada por esta irracional actividad de explotación irregular … son los tres países ribereños y sus recursos…” (G. Rachid)

“…No es biológicamente viable que la pesca ilegal en la región continúe…con la complicidad del silencio gubernamental y del ambiguo secretismo oficial … con evidente desprecio a las normas internacionales y a la legislación del estado ribereño…” (Eduardo Pucci).

“…la tradicional y ecléctica acción política utiliza la ignorancia pública (NdA: Ignorancia Colectiva refiere CAPECA en el art. de Rachid del 3 de marzo)…». (E. Pucci, G. Rachid)

Hace una propuesta de “…establecer un Área de Pesca Regulada en una franja adyacente a las ZEE de 150 millas …” (Pucci) discriminando los países que intervendrían o no (¿Se entiende?).

“…este importante recurso (el calamar) es compartido y explotado por varios Estados y encuentra su mayor abundancia en el Océano Atlántico Sur que corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…”. Publicado en PescaconCiencia y reproducido por CAPA (PCC-C). La Argentina es una sola. No hay límites con Malvinas.

Llama varias veces “…Falklands a las Malvinas…”. (PCC-C).

“…al ser un recurso compartido entre varios Estados, ninguno posee el dominio absoluto del mismo…”. (PCC-C). El dominio es argentino, independientemente que lo explote el R.U.

“…la mayor fuente de ingresos (de las islas) es la venta de licencias a buques del Lejano Oriente y España. El Illex argentinus es la mitad de las capturas…». (PCC-C).

“…el calamar es parte de un único ecosistema del que dependen merluza y anchoíta. La pesquería principal del Illex se compone en un 95% de un solo Stock Patagónico Sur…”. (PCC-C).

Distorsiona la realidad cuando dice que “…los españoles capturan un 2.54%…”. (PCC-C). No coincide con el hecho de que España es el destino principal de la captura del calamar argentino del área de Malvinas. Y con la preocupación actual de los ocupantes de Malvinas por el Brexit, de que origen se considerarán las capturas de Malvinas a partir de éste.

Pondera “…la acción de la Comisión Conjunta de Pesca de 1986 a 2005…». (PCC-C).

“…dice que la Argentina entendió…su naturaleza compartida” (PCC-C). El autor, no conoce que la Res. de la ONU 31/49 indicó al Reino Unido no innovar sobre el territorio ocupado en 1982.

Propicia la OROP cuando dice que “…cualquier esfuerzo de gestión futuro deberá estar orientado al multilateralismo, involucrando en su gestión a todos los Estados con interés en la pesquería” (PCC-C) y, sin más. (Pucci). Al referir a las OROP trata a las Islas Falklands como un país costero (PCC-C). Considera “…a las Falkland un Estado costero…”. (PCC-C). ¡Gravísimo!

Efectúa un ordenamiento distinto al de la CONVEMAR, llamando Naciones Pesqueras de Aguas Distantes, relevantes a China, España, Taiwán y Corea del Sur y España, dejando en claro quiénes explotan mayoritariamente nuestros recursos y agrega otros no relevantes (PCC-C).

Ya estamos más cerca del dueño del chancho.

Ante la ausencia de manifestación contraria a este Acuerdo del Subsecretario y el Consejo Federal Pesquero, reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? y ¿quien ejercerá el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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