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BREXIT, PESCA Y MALVINAS. ¡CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA CORRIENTE!

4 julio, 2020 SAEEG 1 comentario

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César Augusto Lerena*

En octubre del 2018 me referí a la nueva oportunidad que se abría a la Argentina frente a la salida del Reino Unido de Gran Bretaña (RU) de la Unión Europea (UE). En el 2009 cuando se ratificó el Tratado de Lisboa, al votarse la aprobación de la Constitución de la Unión Europea, se incluyó como Territorios Británicos de Ultramar a las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y a la Antártida. Qué hizo la Cancillería Argentina en esa oportunidad para evitarlo, lo ignoramos, pero lo cierto, que españoles e italianos (dentro de los que se encontraban millones de argentinos con doble nacionalidad) votaron a favor de ello o simplemente ignoraron que tenían que hacerlo y votar en contra.

Estamos desde el inicio del Brexit frente a una nueva oportunidad y no deberíamos desaprovecharla. En diciembre próximo, el RU se separará definitivamente de la UE y ello provocará distintos escenarios con relación a la Argentina, la Causa Malvinas y la explotación de nuestros recursos en el Atlántico Sur, según lo haga con o sin libre comercio y, con o sin libre acceso a las aguas británicas y a las comunitarias.

En un pasado artículo ¿Quién ejerce el poder en el atlántico sur? puse de manifiesto que el 22 de enero pasado, funcionarios y empresarios del sector pesquero español se reunieron en Madrid, manifestando el interés —acompañado por la European Fisheries Alliance (EUFA)—, de mantener el acuerdo de libre comercio, el mutuo acceso a las aguas, el reparto de las cuotas de pesca y la gestión compartida con el RU; todas cuestiones que han sido reiteradas en cuanto fuero hubiese y, en las que están muy interesados los españoles que pescan tanto en el Atlántico Nordeste como en el Atlántico Sur con licencias ilegales del RU en Malvinas, incluso, como otros europeos, con bandera británica, en ambos Atlánticos.

Está claro que España acompañará la preocupación de los pescadores, ahora, habrá que ver qué interés tiene la UE y, en especial, los principales socios comerciales del RU, como Alemania; los Países Bajos; Francia; Bélgica e Italia, frente a la férrea posición de los activistas del Brexit que entienden que los barcos comunitarios que hoy pescan hasta 6 millas de la costa británica no podrán hacerlo a partir del Brexit dentro de las 200 millas y, en especial, qué tanto acompañará el RU los deseos de los isleños y españoles en Malvinas, cuyos números son poco representativos en los ya poco importantes intercambios económicos con los integrantes del Commonwealth (7%). En este nuevo estado que se avecina es poco o nada lo que pueden aportarle los isleños al déficit comercial del RU.

Una cosa es segura, si no hay libre comercio no habrá mar libre y, otra está en duda, aun con libre comercio puede no haber mar libre.

Las relaciones comerciales entre el RU y la UE cambiarán el 1º de enero de 2021 y, la Revista Española de Economía Marítima Europa Azul al respecto entiende, que la esperanza de concluir un acuerdo de libre comercio es microscópica. Sin acuerdo, pasaremos al régimen de la OMC que implica la construcción de barreras arancelarias y no arancelarias que aumentan el costo del comercio y, que todos los cálculos que, estimaban que el Brexit provocaría una caída de la actividad en el RU de cinco puntos, quedaron de menor cuantía frente a lo provocado por el coronavirus que, en poco más de dos meses, ocasionó una caída del 25% en el PIB británico, con el agravante, que respecto a las cuotas de captura, el sector con un 0,1% dentro de la economía británica, carece de toda relevancia. No es un dato menor a la hora de las negociaciones.

A ello se suma que una de las bases fundamentales del Brexit era la de obtener soberanía plena, por lo cual, todas aquellas cuestiones que no dejen en claro este objetivo, pueden ser una dificultad insalvable, por ejemplo, entre ellas, la de acordar un arreglo sobre la regulación en aguas británicas. En la actualidad los productos pesqueros del RU se exportan a la UE y desde esta al RU, ello podría fácilmente resolverse por parte de Londres y acompañaría a la política nacionalista de su socio Trump.

Al mismo tiempo, los efectos de un Brexit sin acuerdo serían para las importaciones del RU del orden del 0.7 del PIB y para la UE del 0.1, por lo cual, no parecerían ser tan importantes a la hora de acordar sobre otras cuestiones que las partes consideran centrales, aunque ellas, pudieran afectar algún sector en particular, como, por ejemplo, la pesca.

Agrego que, frente al Brexit, sería lógico pensar que el RU profundizará sus negocios con Estados Unidos, a través del TMEC (México y Canadá), China y otros países no Commonwealth, para compensar sus eventuales pérdidas en la UE y mejorar su balanza comercial que durante 2019 fue negativa en 197 mil millones de euros.

¿Qué efectos vinculados con la Argentina podría finalmente provocar el Brexit? Probablemente se debilitaría en la UE la posición británica respecto a Malvinas y, en el caso que no haya un acuerdo de libre comercio, los productos ovinos y los pesqueros capturados en Malvinas, que se exportan en un 95% a la UE, deberían pagar aranceles similares a los productos exportados desde la Argentina continental y podrían aplicarse a las asociación española-británica en Malvinas, si la Argentina opera adecuadamente.

Veamos entonces, qué hacen frente al Brexit los representantes de unas dos mil quinientas personas que habitan en Malvinas, donde, a pesar de que muchos de ellos son trabajadores transitorios, el espíritu isleño los abroquela y organiza. Tienen clara la grave situación económica que podrían atravesar a partir de enero de 2021 si no se acuerda un libre comercio, por eso, trabajan en todos los fueros del RU y de la UE para tratar que, con o sin acuerdo, sus productos ingresen a la UE sin aranceles y ello alcanza a que lo hagan —incluso— con bandera española. Ello se incrementaría por el plan de reducción de capturas en aguas comunitarias.

Fuera de esto, los isleños buscan negocios fuera de Europa y necesitan más vuelos a terceros países, para lo cual, la Argentina les otorgó un vuelo semanal a São Paulo que les abre las puertas al mundo (¡!) y a las relaciones con Brasil; incrementan la relación con Uruguay (stands en feria y otros) que les provee de puertos para asegurar las operaciones de los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur con licencia británica y que es sede, junto con Puerto Arenas, de la naviera inglesa SAAS, cuyo buque portacontenedores hace tráfico comercial cada 14 días a las islas; promueven el turismo; construyen puertos pesqueros en las islas para facilitar sus operaciones y profundizan las relaciones con España a través de la constitución de joint venture.

En este estado de cosas, ¿qué se supone que debería hacer la Argentina para mejorar su situación respecto al control en el Atlántico Sur y, en especial, para cambiar el estatus de Malvinas y para favorecer las exportaciones pesqueras nacionales a la Unión Europea?

Son varios los frentes en los que se debería actuar y todos ellos deberían estar destinados a dificultar o reducir las capturas ilegales en el Atlántico Sur y en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina:

El Canciller y todo el cuerpo diplomático especializado en la UE deberían trabajar para que cualquiera sea el final de los acuerdos con motivo del Brexit, los pretendidos territorios de Ultramar británicos, entre ellos Malvinas, no sean considerados parte en las negociaciones de los Acuerdos y, en consecuencia, todas las capturas que se realicen en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina sean tipificadas originarias del Atlántico Sur, es decir extracomunitarias, independiente de la bandera de los buques que extraigan los recursos y, por lo tanto, sujetos a la aplicación de los mismos aranceles que rijan en la UE para la Argentina y los países no comunitarios.
Se declare finalizada la “Declaración de Madrid” (los llamados Acuerdos de), dando inicio, a una amplia negociación con aprobación del Congreso Nacional que permita a nuestro país avanzar hacia acuerdos equitativos que vislumbren un futuro más promisorio no solo comercial, sino respecto a nuestra soberanía marítima e insular en el Atlántico Sur. Mientras se sustancia, suspender la autorización del vuelo a São Paulo, porque atenta contra la competencia de los productos argentinos en el mundo.
Promover acuerdos estratégicos con China, España y Brasil, todos ellos vinculados con intereses comunes, desalentando la pesca ilegal en la ZEE Argentina, los recursos migratorios en la Alta Mar y muy especialmente la que se realiza con licencias ilegales británicas en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina.
Como parte de los Acuerdos, la Argentina debería otorgar reembolsos a las exportaciones de productos pesqueros a España, para equilibrar el cobro de aranceles a la importación en la UE y desalentar la pesca ilegal española en el Atlántico Sur.
Profundizar y ampliar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo con Uruguay, tanto en lo referente a la política portuaria, de navegación y pesquera, pero también para integrarnos social y económicamente, donde la Argentina, podría compensar las pérdidas que habrían de ocasionarle la efectiva prohibición del uso de puertos a los buques que pescan en Malvinas o clandestinamente dentro de la ZEE Argentina o sus recursos migratorios en la Alta Mar.
Con Chile es necesario iniciar un camino de integración, comenzando con el interés común en el canal de Beagle, la Antártida, los proyectos que permitan el intercambio de bienes y servicios y la navegación y control del Estrecho de Magallanes.
Accesoriamente y, como parte de los eventuales acuerdos con China respecto a la Pesca de Alta Mar, la Subsecretaría de Pesca y la Prefectura Naval deben revisar la efectiva baja del Registro Nacional de Beijing de las matrículas de buques de las empresas de ese origen chino radicadas en la Argentina, de modo de asegurar que, en todos los casos, paguen los derechos de importación correspondiente, hasta el momento que pueda arribarse a un Acuerdo integral sobre la pesca en Alta Mar.

La reciente Declaración en Asunción (por videoconferencia) de los Presidentes del MERCOSUR, además de los Estados Asociados de Bolivia, Chile y Colombia de respaldo al reclamo de Argentina sobre los derechos soberanos de Malvinas, en el marco de la LVI Cumbres de Jefes de Estado, es un paso significativo que nos demuestra, que es posible llevar adelante iniciativas con el apoyo de Suramérica.

Atención: ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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CÓMO ACORDAR LA CAPTURA DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS EN LA ALTA MAR Y REDUCIR LA PESCA ILEGAL

24 junio, 2020 SAEEG 1 comentario

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César Augusto Lerena*

No es posible que la Argentina admita más pesca ilegal en la Alta Mar. Hay que acordar la pesca más allá de las 200 millas, pero no de cualquier manera, ni de mano de operadores extranjeros, para que hagan negocios unos pocos, haya más descontrol y más depredación de la que ya ocurre en la actualidad.

Hacia la década del 70, y aún antes, llegaron decenas de buques extranjeros al Atlántico Sur; luego, el otorgamiento de licencias británicas ilegales en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, promovió el interés por el caladero y, a partir de ello, entre 300 y 500 buques pesqueros extranjeros expolian los recursos migratorios argentinos y los asociados a estos en la Alta Mar, ingresando incluso, dentro de la ZEE Argentina.

Mucho se habla y poco se hace sobre la pesca ilegal. La organización privada OPRAS con ese pretexto se junta con Cámaras españolas y argentinas integradas mayoritariamente por empresas extranjeras. El “Paz y Bien” de Javier Garat de CEPESCA promueve la idea de colocar barcos españoles sobrantes en el Atlántico Sur sin que afecten el interés del Reino Unido (RU) en Malvinas, ni a los españoles que poseen licencias allí. ¿Cómo manejar la pesca ilegal china cuando la Argentina depende en gran medida de China para las compras de porotos, aceite y harina de soja y de otros negocios con ese país? Los acuerdos no son fáciles y requerirá del expertise de hombres que no están en el gobierno, ni podrían estarlo, no es para burócratas la cuestión.

En primer lugar, diré que esa captura ilegal no es inocua, ya que todos los recursos del Atlántico Sur son parte del ecosistema nacional, por lo cual, esta extracción depreda, por cuanto rompe la interrelación entre las especies, es decir su ecología trófica. En segundo lugar, esos buques y sus Estados de Bandera no pueden ignorar que se están apropiando de un recurso migratorio de dominio argentino, originario de su ZEE, independientemente de donde se realiza la captura. En tercer lugar, están desconociendo la obligación de acordar con los Estados Ribereños conforme lo indica la Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y, en cuarto lugar, son materias primas subsidiadas que compiten con los productos nacionales en el mercado internacional.

Los buques chinos, los españoles, los coreanos y de otro origen que pescan en el Atlántico Sur, realizan —en general— pesca ilegal (INDNR). Empezaré por desmitificar la idea de que la pesca en la Alta Mar es libre, sin límites y arbitraria.

La CONVEMAR, ratificada en el país por la Ley 24.543, ya en su Preámbulo manifiesta que los Estados Partes están “…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto” que, reconocen la conveniencia de “…utilizar en forma equitativa y eficiente sus recursos (…) preservar el medio marino y conservar sus recursos vivos”, que “tenga en cuenta (…) en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…”.

Solo por no ajustarse a lo expresado por los Estados Parte en el referido Preámbulo, los buques extranjeros citados, podrían considerarse ilegales cuando capturan los recursos migratorios originarios del país o sus especies asociadas; cuando no acuerdan con la Argentina que, no hay duda, se trata de un país en desarrollo, contrario a lo que ocurre con las potencias que pescan en la Alta Mar o en la ZEE Argentina.

En la Parte V de la CONVEMAR, sus art. 55º y 56º, se detalla el régimen jurídico específico de la ZEE, de acuerdo al cual, se establecen los derechos de soberanía para la exploración y conservación de los recursos naturales y la jurisdicción del Estado ribereño donde éste deberá tener en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y, el art. 58º inc. 3 donde se indica que “…los Estados (de Bandera) tendrán en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados en la Convención…”. A su vez, el art. 61º establece que “el Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos en su ZEE” y “…asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos de su ZEE no se vea amenazada por un exceso de explotación”. Tales medidas “…tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las especies capturadas a niveles que puedan producir el Máximo Rendimiento Sostenible… incluidas las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo y, teniendo en cuenta, la interdependencia de las poblaciones… Al tomar tales medidas el Estado ribereño tendrá en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer tales especies asociadas o dependientes, por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada…”.

Por su parte, en el art. 62º se determina que el Estado Ribereño promoverá “…la utilización óptima de los recursos en la ZEE… Los Estados de Bandera que pesquen en la ZEE deben observar las medidas de conservación y demás condiciones de las leyes del Estado ribereño, entre ellas: el tipo de especies que pueden capturarse y la fijación de las cuotas de captura…las temporadas y áreas de pesca, etc., tipos, tamaño y número de buques que puedan utilizarse; la edad y el tamaño de las especies; la información de captura; los observadores; la descarga, etc.…».
Es decir que la CONVEMAR, establece una serie de obligaciones tanto para los Estados Ribereños como para los de Bandera que capturan en la ZEE y ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible, por lo tanto, la sobrepesca en la ZEE afectará los recursos que migran o están asociados a estos en la Alta Mar, tanto como la sobrepesca en la Alta Mar afectará los recursos de la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera que pescan en la Alta Mar están obligados a acordar la captura con los Estados Ribereños. Cuando por imperio del art. 23º de la Ley 24.922 se otorga permisos de pesca de gran altura a buques de bandera nacional para pescar en la Alta Mar se está cumpliendo con la CONVEMAR, cuestión a la que deben ajustarse también los buques extranjeros. Esto se reafirma en el art. 63º inc. 2 de la CONVEMAR al indicar que “cuando, tanto en la ZEE como en un área más allá de ésta y adyacente a ella, se encuentre la misma población o poblaciones de especies asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente (…) acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente”. Ello se reitera también, en el art. 64º para las especies altamente migratorias y, en este sentido, debiera tenerse en cuenta que, aun no estando descriptos el calamar, la merluza, etc. en el Anexo I de la CONVEMAR como especies “altamente migratorias”, deben tenérselas como tales, ya que de otro modo, no tendrían clasificación alguna en la CONVEMAR, a pesar de cumplir todos los requisitos de las especies altamente migratorias, ya que estos recursos, originarios de la ZEE Argentina migran a la Alta Mar, regresando luego a la jurisdicción del Estado Ribereño sino son capturados en su tránsito por los buques extranjeros que pescan en la Alta Mar. Sería ilógico entender y jurídicamente cuestionable que un recurso migratorio de dominio del Estado Ribereño, por el solo hecho de transponer una línea imaginaria (las 200 millas) cambie de titularidad y sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema.

Teniendo en cuenta ello, el art. 4° de la Ley 24.922 estableció que: “son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental argentina (…). La Argentina, en su condición de Estado Ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella, sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina”», lo que se ratifica en el art. 22º de la ley: “Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado Ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la ZEE Argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina…”, todo ello, ya dicho en 1995 en el art. 2º inc. c) de la CONVEMAR, donde se declara que: “es necesario facilitar la cooperación para evitar la sobrepesca, y permitir controlar las actividades de los buques pesqueros en la Alta Mar (…) teniendo presente que el gobierno argentino considera su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, donde la Argentina como Estado Ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para conservar esas poblaciones o las asociadas y, fuera de ello, el gobierno interpreta que, para cumplir con la CONVEMAR está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias para tal fin”.

Esta facultad, derechos y obligaciones que se establecen en las leyes respecto a los recursos transzonales, migratorios o asociados, es absolutamente entendible, porque, por su naturaleza, muchos recursos migran y es posible que transpongan distintas —líneas imaginarias— que carecen de barreras que impiden el libre egreso y regreso de los recursos pesqueros migratorios.

La Argentina ratificó estos fundamentos, en los art. 4º y 22º de la Ley 24.922, reivindicando sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, ya que su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde realizan gran parte de las principales etapas del ciclo biológico para luego, migrar a la Alta Mar, donde son capturados en gran parte por los buques extranjeros -que en la actualidad carecen de permisos nacionales de pesca- para finalmente regresar a la jurisdicción de Argentina.

Independientemente de lo previsto en el art. 89º de la CONVEMAR, es necesario destacar la preeminencia en la administración de los recursos migratorios en la Alta Mar por parte de los Estados Ribereños por sobre los Estados de Bandera, porque de otro modo no estaría garantizada la sostenibilidad del recurso en la ZEE ni en la Alta Mar. No hay sostenibilidad posible del recurso si el Estado Ribereño no se constituye en administrador del total del Ecosistema (en la ZEE y la Alta Mar), de otro modo ¿qué sentido tendría establecer —como hasta ahora— el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS: la captura máxima que garantice a perpetuidad la especie) en la ZEE Argentina y no hacerlo en la Alta Mar cuando es conocida la migración y la existencia de especies asociadas en ésta? De igual modo, ¿qué sentido tienen las vedas, zonas de reservas o limitaciones a la captura en la ZEE Argentina, si la especie que se preserva en sus etapas de desarrollo vital, luego en su migración a la Alta Mar es depredada sin control, motivo por el cual se daría el absurdo que, el recurso originario del Estado Ribereño (Argentina) transmutaría al traspasar la línea imaginaria de las 200 millas y perdería, en ese tránsito biológico, el dominio originario.

Al respecto la FAO (FIDI) es esclarecedora: “las poblaciones transzonales son fundamentalmente ‘residentes’ de las ZEE que desbordan unas millas hacia alta mar” y, amplía: “actualmente observamos la tendencia a la firma de acuerdos de pesca entre países costeros (NdA: léase Ribereños) y los que pescan en aguas distantes, donde estos últimos, se comprometen a pagar el acceso a los recursos y, el Estado ribereño fija el número de licencias, por ejemplo, en la zona del Pacífico Sur, Seychelles, Mauricio, Marruecos, Senegal, etc. Esta tendencia se interpreta como el reconocimiento de facto de un derecho privilegiado del Estado ribereño (Munro, 1993)”.

Una vez establecido por el Estado Ribereño en todo el ecosistema el Máximo Rendimiento Sostenible y, teniendo en cuenta, que por el art. 69º y 70º de la CONVEMAR los Estados sin litoral tienen derecho a participar equitativamente sobre los excedentes de la ZEE mediante acuerdos bilaterales, se entiende que, en la libertad de pesca “responsable” que tienen en la Altar Mar los Estados de Bandera; estos y los Ribereños están obligados a realizar acuerdos bilaterales en procura de una pesca sostenible, aplicando por analogía, lo previsto en el inc. a) de los art. citados: “La necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño”.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar que refiere el inc. e) del art. 87º y la Parte VII de la CONVEMAR, no es una libertad absoluta, ya que ésta debe enmarcarse en los fundamentos que se explicitan en el Preámbulo de la CONVEMAR, “de cooperación” y, donde “los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto; la utilización equitativa y eficiente de sus recursos; el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos» y, teniendo en cuenta “las necesidades especiales de los países en desarrollo…”, además, que estas libertades “serán ejercidas por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar…» y que, entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran: a) “las obligaciones del Capitán y los oficiales en la prevención, reducción y control de la contaminación marina”; b) tratándose los peces de semovientes los Estados deben combatir la piratería que se apropia de los peces que capturan en forma ilegal (INDNR) y depredadora (art. 100º y 101º inc. ii); c) adoptar las medidas de cooperación, conservación y administración de los recursos vivos (Art. 117º, 118º); d) determinar las capturas permisibles y de conservación, teniendo en cuenta —entre otras— la interdependencia o asociaciones de las especies, el esfuerzo de pesca (Art. 119º);
Fundada la razón, de porqué los Estados de Bandera y los Ribereños deben acordar la captura en la Alta Mar y, este último, constituirse en administrador, además de evitar la creación de la OROP (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero), que dejaría a la Argentina y Uruguay en inferioridad de condiciones para administrar el ecosistema pesquero del Atlántico Sur; estimo necesario, llamar a Concurso para adjudicar las capturas en la Alta Mar y al respecto promuevo:

Llamado a Concurso. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debe constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la Alta Mar y hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la Alta Mar, en base a un pliego de condiciones.
Entendiendo que en la actualidad los buques extranjeros pescan sin control alguno en la Alta Mar y de igual modo lo hacen con licencias ilegales otorgadas por el RU, se tratará de acordar en la mejor forma posible para asegurar la aceptación de las condiciones, salvo que no podrán participar —conforme la ley 26.386— los buques de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
Legislación. Los buques que adhieran al régimen se ajustarán a la legislación argentina y, ello supone —entre otras exigencias— llevar a bordo observadores argentinos, no efectuar trasbordos en la Alta Mar y hacerlo en puertos argentinos, ajustándose a las prohibiciones, infracciones, sanciones y otras cuestiones previstas en la Ley 24.922.
El Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y las cuotas de captura. Las empresas interesadas aceptarán las épocas de pesca y cuotas de captura otorgadas por la Autoridad de Aplicación en función del RMS del ecosistema global establecido por el Instituto Nacional de Investigación (INIDEP).
Derechos e impuestos. Tanto las embarcaciones nacionales como extranjeras habilitadas dispondrán del Permiso correspondiente y no pagarán derecho alguno de captura, ni impuestos internos y de exportación de la Argentina sobre las extracciones efectuadas en la Alta Mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la Alta Mar no pagarán impuesto alguno al gasoil.
La flota naval y aérea de la Armada Argentina en colaboración con la Prefectura Naval asegurará el pleno cumplimiento de la legislación argentina por parte de los buques y, en especial, que los extranjeros no pesquen dentro de la ZZE Argentina, no efectúen transbordos en la Alta Mar, se ajusten a las cuotas otorgadas y no depreden ni contaminen el mar.
La Alta Mar lindera a la Zona Común de Pesca con Uruguay. La Argentina acordará con la República de Uruguay las condiciones de pesca en la Alta Mar lindera a esa Zona.
Bases definitivas del pliego de condiciones. Se omiten algunas cuestiones por razones de reserva y, en la revisión de las presentes cláusulas o el agregado de otras, debiera participar el sector empresario y gremial pesquero, naval y portuario, para asegurar, que las operaciones derivadas de la captura y transporte en Alta Mar no interfieran con las operaciones de los buques pesqueros que capturen en la ZEE Argentina.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la Mar (Manuel Belgrano).

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Argentina, Atlántico Sur

¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (5TA. PARTE) LA CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA A LA ARGENTINA

18 junio, 2020 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

El Canciller Felipe Solá acaba de efectivizar el anuncio del presidente Alberto Fernández de presentar una Ley de aprobación de límites externos de la Plataforma continental Argentina y aumentar las sanciones a la pesca ilegal. Es un hecho auspicio, pero no debiera hacernos perder de vista que la Argentina sufre la CUARTA INVASIÓN BRITÁNICA. En esta ocasión, del ATLANTICO SUR, pero, esta vez, asociada a los españoles, quienes son los primeros licenciatarios en Malvinas y ahora el caballo de Troya profundizando la internacionalización del Atlántico Sur.

En ninguna de las invasiones anteriores los británicos ocuparon tanto territorio nacional: 1.639.900 km², 52% del territorio marítimo y 28% del territorio nacional total; sin incluir, su pretensión sobre la Antártida, la parte meridional del Atlántico Sur y la plataforma continental (ver mapa bicontinental). Por un sinnúmero de cuestiones que detallaré, debo decir, que la Argentina sufre desde hace años la más brutal ocupación extranjera de todos sus tiempos, dejándonos como un país bolivianizado, que podría presentar un futuro impredecible. Al respecto, el reconocido jurista Alberto Spota, decía hacia 1966: “no deberíamos descartar que la Argentina deje de ser triangular, sino hacemos los deberes para evitarlo”.

Hemos visto que detrás de un Acuerdo Pesquero entre Cámaras pesqueras españolas, argentinas y una ignota ONG y, con el pretexto de coordinar la conservación y explotación de los recursos migratorios argentinos, se esconde, un nuevo avance británico en el Atlántico Sur. Bastaría revisar la historia expansionista británica para entender, que no se trata de proteger a tres mil isleños ubicados a 13 mil kms del Reino Unido (RU) en un agreste archipiélago de 11.410 km².

El poderío del RU se asienta en su alianza en la OTAN (a la que coincidentemente con la guerra de Malvinas en España adhirió en 1982), en su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU; en su alianza estratégica con Estados Unidos; en la transformación de Londres en el centro financiero más importante internacional y, entre otras cosas, en el armado del Commonwealth, compuesto por 54 naciones, con 31,5 millones de km²y en diez de las 16 colonias existentes en el mundo. A ello habría que agregarle el poder de la Royal Navy, que, podría considerarse por su potencial, entre las 4 más importantes del mundo, después de Estados Unidos, China y Rusia.

El nuevo escenario internacional, el Brexit, el cambio de ruta del transporte marítimo, etc., obligan al RU a profundizar su estrategia expansionista. En el mapa que más abajo se agrega se puede ver con toda su magnitud, el espacio territorial que ocupa el RU y el área pretendida por sus socios españoles, bajo pretexto de conservar los recurso —con los mismos españoles que tienen largos antecedentes de depredación— un argumento, que ya fue utilizado por los británicos, cuando establecieron el área de protección provisoria (FICZ) alrededor de las islas Malvinas en 1990.

La pretensión de las Cámaras Españolas, con apoyo de algunas Cámaras Argentinas, es crear un Área de Reserva de Pesca Regulada en una franja de 150 millas más allá de la ZEE en Alta Mar, rica en especies migratorias argentinas y asociadas, con una organización OROP que debilitaría la administración de los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) y fortalecería a los Estados de Bandera con capturan con buques subsidiados (España, China, etc.).

(1) Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km². Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;

(2) ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 km², denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);

(3) Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km²;

(4) Espacio establecido y denominado GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 km²;

(5) Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 km²alrededor de las islas Georgias del sur y Sándwich del sur;

(6) Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;

(7) Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 km²que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;

(8) Área de 100.000 km²de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas británicas o con vínculos con Malvinas;

(9) Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km²pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.

Me referiré brevemente (para más detalles el artículo del autor “El Atlántico Sur, Malvinas y Pesca. Aciertos y desaciertos del Gobierno Argentino, 1982-2020” http://saeeg.org/index.php/2020/04/02/el-atlantico-sur-malvinas-pesca-aciertos-desaciertos-del-gobierno-argentino-1982-2020/) sobre las acciones británicas desde la invasión a Malvinas en 1982 y las consecuencias negativas para la Argentina.

En la década del 1980, en el momento de producirse la rendición en Malvinas, el día 14 de junio de 1982 el RU ocupaba el archipiélago Malvinas de 11.410 km²y tres millas marinas a su alrededor. A partir de ello, con el otorgamiento de licencias ilegales del RU, se profundiza la captura extranjera iniciada en la década del 70, acrecentándose la internacionalización del mar argentino, dentro del cual, las empresas extranjeras pescaron desde 1976 a la fecha —con licencias ilegales británicas o sin ellas— 44 millones de toneladas, a un valor estimado en los 2.600 millones de dólares/año, por un valor total de 114 mil millones de dólares. En 1984 la Argentina firmó con Chile el Tratado de Paz y Amistad, sobre el diferendo del canal del Beagle, donde perdió territorio insular y marítimo. En 1986, bajo el pretexto de los Acuerdos de pesca firmados por el Canciller Caputo con la URSS y Bulgaria, el gobernador ilegal británico en Malvinas anunció la creación de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) de 150 millas, en la cual se prohíbe el ingreso de buques argentinos, además de reivindicar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y una Plataforma Continental de 200 millas. En 1989 se firma el “Acuerdo de Madrid”, bajo la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca al RU y aceptando las restricciones militares que consolidaron la ocupación militar y económica británica del Atlántico Sur. Del total de km²que el RU tenía bajo control descarta unos 4.000 km²al sudeste de Malvinas, para ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos (estatus que el RU pretende).

En la década de 1990, en Londres, 1990, se firma el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones”, complementario del Acuerdo de Madrid, convalidado por la Ley 24.184, por el cual, la Argentina le otorga importantes ventajas económicas al RU. El mismo año, el canciller Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al RU el otorgamiento de licencias pesqueras. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allanó al RU la posterior demarcación de una ZEE alrededor de Malvinas, ocupación que, en 1993, amplía alrededor de las Georgias y Sándwich, favoreciendo un mayor control y su proyección con la Antártida. En 1994 el RU establece un área de 1.400 km²al noroeste de las islas, en la ZEE Argentina y por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger las capturas de calamar en favor de sus licenciatarios. En 1995 la Argentina y el RU acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias. En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el RU y en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, esta traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur. En 1999, en Madrid, el secretario de la Cancillería Andrés Cisneros acuerda con el RU combatir a los “buques sin licencias británicas”.

En la década de 2000, se dicta la Ley 25.290 sancionada en el 2000, que aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (no ratificado) sobre la Conservación de especies transzonales y altamente migratorias que pondría en manos de los Estados de Bandera (no ribereños), con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole al RU las puertas en esas organizaciones para intervenir bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Aceptar las OROP sería entregar definitivamente la administración pesquera del Atlántico Sur y el fin de los proyectos de soberanía política y alimentaria. En 2001, en medio de un desacierto incomprensible, el canciller Rodríguez Giavarini invita a coordinar con el RU la presentación ante la Comisión los Límites de la Plataforma Continental. En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, que incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida, como Territorios Británicos de Ultramar que, en 2009, la UE reconoce. ¿Dónde estaban los argentinos con doble ciudadanía española e italiana? En 2008 se dicta la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas la obtención de permisos para pescar en el Atlántico Sur. Ello no impide que algunas empresas violen esta legislación.

En la década de 2010, el RU inicia exploraciones petroleras en Malvinas, precisamente en 2010. Este año, por Decreto del PEN 256, se obliga a los buques desde y hacia Malvinas, solicitar permiso de tránsito a las autoridades nacionales, medida apoyada por los países suramericanos, pese a lo cual, cientos de buques extranjeros reparan, arman y transbordan en puertos uruguayos y en la Alta Mar. El RU crea la “reserva Blue Belt más grande del mundo” con 1.070.000 km²(3 veces más grande que el RU) en jurisdicción argentina, para asegurarse la llegada de peces al área de Malvinas, incluidos 20 mil km² de exclusión, en contra de las prescripciones del CAMELAR (Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos). En el año 2013, por Ley 26.875, el gobierno crea el Área Marítima Protegida “Namuncurá”, que, en todo caso debió limitarse, a que el Consejo Federal Pesquero dicte normas de regulación y evitar que esos recursos migren a Malvinas. En el 2015 el RU anuncia el hallazgo de petróleo en la Cuenca Norte y luego, otorga permisos de explotación. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que sobre el total de 1.782.000 km² presentados, queden firmes 351.633 km²«dejando en suspenso el resto de km²por tratarse de espacios en disputa con el RU”. En el mismo año, se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan (cancilleres Malcorra y Faurie), quienes declaran: “adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur que habían sido suspendidas en 2015 y habilitó un vuelo de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y una vía de acceso al mundo y, con ello, la sobrevivencia de las islas post-Brexit. En ese año la canciller Malcorra manifestó (en medio de su campaña por llegar a ser la secretaría general de la ONU), que “las islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”. En 2018 durante la Cumbre del G20 se firman acuerdos pesqueros con China y Rusia ratificando la política de extranjerización del Atlántico Sur. En 2019 se licita y aprueba a favor de empresas británicas, áreas offshore de explotación petrolera en una zona entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

En la década de 2020. El presidente de la Nación anuncia una nueva política respecto a Malvinas: la creación de una Comisión integrada por opositores y expertos; la delimitación de los espacios según los nuevos límites exteriores de la Plataforma Continental Argentina; la aplicación de mayores sanciones a los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur y, la Cancillería, anuncia gestiones en la Unión Europea para evitar el libre comercio de las materias primas de Malvinas en esa comunidad. En este mismo año el Canciller Solá suspende las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el RU en el Atlántico Sur, ya que la información biológica que le suministraba Argentina facilitaba luego el otorgamiento de licencias británicas.

A lo dicho, debemos agregar, la presencia de entre 300 y 500 buques pesqueros extranjeros, mercantes y buques contenedores de gran porte que, por su tamaño, deberán llegar al Pacífico a través del Pasaje Drake, una zona que no está siendo debidamente coordinada por Chile, frente a la carencia de suficientes medios de la Armada Argentina y la Prefectura Naval para controlar debidamente todo el Atlántico Sur, en una muestra de debilidad de la Argentina.

La región sur (patagónica) es un territorio de explotación primaria de bajo a alto desarrollo, con industrialización moderada, siendo la región con más alto PBI per cápita del país con U$S 12.714, aunque muy por debajo de los 100 mil U$S en Malvinas. Es, con el 6% de la población total, la menos poblada del país y con 3 hab/km² la de menor densidad poblacional, concentrada un 90,1% en los centros urbanos, dejando muy despoblado el ámbito rural. La región es —en general— de baja diversidad productiva, instrumento clave en el diseño de políticas de desarrollo. Con una pobreza del 24,9%, las NBI del 10,8% de la población, un buen índice de desarrollo humano (0,861) y una desocupación del 6%, con el más bajo nivel industrial (13,9%), agropecuario y pesquero (5,8%), construcción (6%) y comercio (6,9%), exportando el 10,8% del total nacional y, finalmente, un dato no menor: tiene una baja representación regional en la Cámara de Diputados de la Nación (36). Todo ello, junto a la radicación de empresas de capital extranjero y extensos territorios en sus manos, nos lleva a ver la necesidad de fortalecer las provincias del litoral marítimo, en razón de tratarse de un área estratégica, a pesar de ser la que más transferencias recibe de la Nación por habitante ($ 41.440).

Y mientras la autoridad ilegal en Malvinas tiene un medio oficial y existe un portal probritánico, en la Argentina —si bien varios medios difunden cuestiones de Malvinas— no hay un medio que promueva la estrategia nacional en esta materia y ello puede deberse a la baja preocupación efectiva de los gobiernos de incorporar a la cultura nacional la cuestión Malvinas. Una prueba de ello es la denuncia que en forma reiterada viene planteando Luciano Moreno Calderón, respecto a que en el reverso del Documento Nacional de Identidad se hayan omitido varias islas y la Antártida Argentina, ignorando la legislación nacional que obliga a usar el mapa bicontinental.

Si bien se han dado pasos para mejorar la situación, entiendo que no alcanzará sino se ejecutan proyectos relevantes para revertir esta ocupación del territorio y explotación de los recursos. Las Olas del Atlántico Sur, esta vez, deben ser gobernadas por la República Argentina.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

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Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales