Hemos escuchado cualquier cantidad de opiniones, propuestas y conjeturas luego de la determinación sentencial de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en cuya dispositiva se asume con jurisdicción y competencia para conocer fondo y forma del caso controversial, suficientemente conocido, del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899.
El Alto Tribunal desestimó los otros tres elementos —que detallo de seguidas— los cuales se encontraban contenidos en la Pretensión Procesal del recurso interpuesto por Guyana: retirada del ejército venezolano de toda el área este de la Isla de Anacoco. Además, en el escrito, los coagentes de la Contraparte pedían que se impusiera una medida a Venezuela para que deje de “hostilizar” a las (39) empresas transnacionales que han estado esquilmando los incuantificables recursos de la Zona en Reclamación y su proyección atlántica; operaciones que efectúan en contravención al Acuerdo de Ginebra de 1966. Así también, habían solicitado que la citada Autoridad internacional acordara restricciones a nuestro país, para que no “obstaculice” a la excolonia británica ninguno de sus proyectos económicos; aunque pretenden desarrollarlo en la zona objeto del litigio.
La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de derecho, dejó sentado que esas “menudencias” se podían resolver por otras vías pacíficas, y no en ese Tribunal.
La CIJ consideró que su tarea jurisdiccional, en adelante, se circunscribirá a solicitar a las Partes a que presenten sus respectivos alegatos en cuanto a la eficacia jurídica del Laudo.
Nos están invitando (obligando) a mostrar y demostrar, con Comparecencia plena de nuestra representación, cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 —poco menos que un adefesio jurídico, producto de añagazas y tratativas tramposas— nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.
Quienes hemos estudiado este asunto por años sostenemos, de muchas maneras, que el mencionado Laudo es desmontable. Pero, estamos contestes que nos encontramos nada más y nada menos que ante un insalvable dilema.
La disyunción se planteará y sostendrá en estos términos: hasta dónde puede llegar a ser considerado el citado centenario documento con “carácter válido y vinculante”.
Podrá la delegación guyanesa convencer que la decisión arbitral de 1899 ha sido ejecutoriada por Venezuela, y recibir —eo ipso— la impronta de Cosa Juzgada, con los respectivos soportes impeditivos de impugnaciones. Por eso les digo, no es poca cosa tal desafío.
Estamos muñidos de los Justos Títulos, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica, cartográfica de Venezuela. No hay nada que temer; dado que los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas, empecinamientos de malcriadez. Son legajos iuris et de iure.
Expresamos absoluta coincidencia con quienes han expuesto que las sentencias de la Corte deben ser acatadas, inclusive así el veredicto no haya sido del todo favorable para alguna de las Partes en la controversia. Lo decimos más claro aún, con el artículo (60) del Estatuto de la Corte: “el fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”. Vamos a prepararnos por lo que vendrá muy pronto.
Si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió, qué nos queda entonces, sino apertrecharnos con nuestros recursos históricos para exponerlos con justeza en la debida ocasión ante la entidad juzgadora.
Invitamos a nuestra Cancillería para que haga la debida examinación de los hechos y todo lo que consecuentemente devino a partir del 18 de este mes en La Haya.
¿Por qué lo manifestamos, casi como clamor generalizado escuchado en muchas partes?
Veamos: es verdad que nuestro país había invocado siempre el Acto procesal de No Comparecencia; por cuanto, no le reconocíamos Jurisdicción a la Corte, como instancia idónea para dirimir la controversia; y menos conocer forma y fondo de este asunto, pero la realidad ha cambiado inmensamente, tras la sentencia que estamos comentando.
Frente al panorama que nos anuncian (y acecha) hay que actuar con inteligencia.
Prestemos atención a lo siguiente: cumplida la etapa preliminar y habiéndose evaluado la primera decisión de la Corte, por rara que nos haya parecido, nos corresponde reflexionar lo que debemos hacer en las fases sucesivas, siempre como Política de Estado.
Los propósitos en la Política Exterior de Venezuela, por la reclamación de la Guayana Esequiba tienen que seguir con seriedad y al amparo de una iniciativa con las características que describen la fortaleza de una diplomacia abierta, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública. Que la gente participe y dé sus consideraciones; por eso me atrevo a proponer que se someta a referendo consultivo ante el país (artículo 71 de la Constitución Nacional) la posible comparecencia de nuestros agentes en las próximas sesiones de la Corte Internacional de Justicia; considerando que es una materia de especial trascendencia para la vida y futuro de la nación.
A partir de un referendo consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente y dirá si está de acuerdo que vayamos a la sede del Alto Tribunal donde se dirime nuestra contención y hagamos las alegaciones que nos asisten.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
Mongolia es un país de Asia Central, independiente desde 1921 del dominio chino. Este estado mediterráneo se encuentra estratégicamente ubicado entre la frontera sino-rusa; tiene 1.564.000 kilómetros cuadrados de superficie, con poco más de tres millones de habitantes. La Mongolia relativamente atrasada de hoy poco tiene que ver con la del lejano pasado, cuando sus jinetes —liderados al inicio de su epopeya por el legendario Gengis Khan (1162-1226)— llegaron a formar el mayor imperio terrestre de la historia, ocupando luego Rusia y Ucrania por trescientos años, además de dominar en China, Persia y otras regiones euroasiáticas. Los mongoles llegaron inclusive hasta las puertas de Europa occidental en sus feroces arremetidas.
Nómadas y con la infinita estepa por delante, los mongoles aprendieron a utilizar el caballo no solamente como medio de transporte sino como formidable elemento bélico. Perfeccionaron el estribo para poder sostenerse firmemente en el corcel y desde sus monturas apuntaban letalmente al enemigo con sus arcos y flechas. Para la época, era una combinación mortal; asimismo, un desarrollo tecnológico sorprendente e imparable.
El nombre auténtico de Gengis Khan era Temudjin (“el acero más fino”). Sus victorias lograron que le otorguen el título principesco de Gengis Khan, algo así como “el emperador de todos los hombres”. Con este apelativo pasó a la historia. Gengis Khan era extremadamente despiadado, aunque algunos historiadores afirman que luego de vencer a sus enemigos ocasionalmente tenía un poco de tolerancia hacia los sobrevivientes.
Según fuentes históricas confiables Gengis Khan inventó la base de lo que hoy son los modernos misiles, es decir, proyectiles autopropulsados y dirigidos hacia blancos determinados. Se cuenta que cuando el guerrero mongol inició la invasión del imperio chino (1211) debió tomar previamente varias ciudades amuralladas para proseguir su marcha. En una de esas localidades —que ya venía soportando por largo tiempo el asedio— Gengis prometió levantar el sitio si le entregaban 1.000 gatos y 10.000 golondrinas. Ante la posibilidad de lograr clemencia y salvar vidas, las autoridades le brindaron lo que pedía. Pues bien, una vez en poder de lo solicitado, el Khan ordenó que se aten antorchas encendidas en las colas de gatos y golondrinas, soltándolos luego de tan malvada acción. Los pobres animalitos, despavoridos, doloridos e incendiados, salieron disparados (literalmente) como cohetes y retornaron por instinto a su lugar de origen: los gatos corriendo, las golondrinas volando. Los desventurados animales llevaron fuego por tierra y aire al pueblo sitiado; lo destruyeron casi por completo. Luego entró el ejército de Gengis Khan para completar la tarea, matando a los escasos sobrevivientes. Con tal lección de terror y crueldad suprema, el camino hacia la conquista total de China quedó expedito.
El ejemplo de estos primeros misiles vivos no fue desaprovechado en la historia de los conflictos. Desde entonces hasta nuestros días se han ido perfeccionando mecanismos de bombardeo a distancia por tierra y por aire, culminando en nuestros días con sofisticados sistemas electrónicos de guía para ser usados por misiles de diversa naturaleza.
Gengis Khan es hasta ahora una de las figuras militares más importantes de la historia, pero el imperio que creó apenas le sobrevivió, unido, por unos cuantos años. Aunque ya divididos, los mongoles aún siguieron por un tiempo con sus conquistas. A partir del siglo XIV, al no haber sido capaces de crear una estructura política sólida, el dominio mongol colapsó progresivamente. Y así, durante varios siglos posteriores, los conquistadores de otrora pasaron a ser los conquistados.
En 1942 fue editado el libro Mar y Tierra[1] del politólogo, jurista y filósofo político alemán Carl Schmitt (1888 – 1985), en el que se refiere a las dos bestias de la Biblia, a Leviatán y a Behemot —la del mar y la de la tierra—, para ejemplificar la puja entre el poder naval y el poder terrestre, denominados respectivamente talasocracia y telurocracia.
Thalassa (θάλασα) proviene del griego y significa “mar”. Como bien explica el profesor Luis Dallanegra Pedraza,
Cuando uno utiliza el término “política”, se está haciendo referencia a la “toma de decisiones”. “Talasopolítica” tiene que ver, no sólo con el estudio sobre el mar, sino y fundamentalmente, con las decisiones que se toman respecto de él, sus recursos, su ámbito como medio de comunicación, como espacio vital.[2]
Agrega que la Talasopolítica es una rama de la Geopolítica, pero se trata de una disciplina de gran relevancia ya que tiene por objeto de estudio los océanos, que abarcan más de las dos terceras partes del planeta.
El almirante chileno Jorge Martínez Busch (1936 – 2011), quien fue Comandante en jefe de la Armada de Chile entre 1990 y 1997 y, senador institucional, entre los años 1998 y 2006, en 1990 introdujo el término “Oceanopolítica” en ocasión de la inauguración del ciclo del Mes del Mar, al desarrollar el tema “Ocupación efectiva de nuestro Mar. La tarea de esta generación”[3]. El propio almirante Martínez Busch explica:
En aquella oportunidad sostuve que la respuesta nacional al desafío oceánico debía surgir de una apreciación de este orden, fundada en la necesidad de establecer qué acciones pueden ser efectuadas para que el espacio oceánico que está frente a nuestras costas constituya un ámbito de desarrollo y crecimiento para el Estado.[4]
Es de destacar en este párrafo que le compete al Estado la responsabilidad de llevar adelante esas acciones que permitan convertir ese espacio en un “ámbito de desarrollo y crecimiento”.
El marino estadounidense Alfred Thayler Mahan (1840 – 1914), autor de Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”[5] —obra publicada en 1890—, es quien vislumbró la importancia del mar para su país y trazó los objetivos políticos que llevaron a los Estados Unidos a lanzarse al dominio de los mares, que hasta ese momento se encontraba en poder del Reino Unido.
Hacia fines del siglo XIX, el poder naval se constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de una nación, del mismo modo que para ejercer el control de sus rivales de ultramar.
A partir de lo expuesto por Mahan, cabe tener en cuenta ciertos conceptos como el de “Poder Marítimo”, “Intereses Marítimos” y “Poder Naval”.
El oficial de la Armada de Chile, Jorge Terzago Cuadros, sintetiza estos conceptos de la siguiente manera:
El “Poder Marítimo” es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los Intereses Marítimos de un país tanto en la paz como en conflicto. En síntesis, consiste en la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio. El Poder Marítimo está integrado por dos elementos de distinta naturaleza pero complementarios: Los Intereses Marítimos, los cuales le otorgan la sustancia y el Poder Naval que los defienden.[6]
Los “Intereses Marítimos” comprenden el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar que obtiene una nación de todas las actividades relacionadas con el uso del mar. Estas labores son llevadas a cabo tanto por el Estado como por los privados en la alta mar, aguas jurisdiccionales, fondos marinos y litoral con la finalidad de aprovechar sus facilidades y explotar los recursos contenidos en ellos[7]. En síntesis, los “Intereses Marítimos” comprenden los valores económicos y sociales de una nación, que concurren en su desarrollo. El “Poder Naval”, por su parte, se refiere a los valores políticos y militares, es decir, a las cuestiones de seguridad, y para ello se requiere de la implementación de Políticas de Estado y de la enunciación y ejecución de los “Intereses Nacionales”.
Avances y retrocesos en la Argentina
Se han cumplido quinientos años de la llegada de la expedición de Fernando de Magallanes a la Patagonia. Entre finales de marzo y principios de abril de 1520, arribó al paraje que denominó Puerto de San Julián con el objetivo de pasar el invierno, aunque las condiciones climáticas y el agotamiento de los bastimentos provocó un malestar en su tripulación, tras proceder a racionalizar los alimentos. Magallanes debió enfrentar un motín, para lo cual dio muestra de su severidad. Tras casi cinco meses de haber tocado tierra, la expedición continuó la travesía.
Cuando los españoles ya se habían establecido en el territorio de la actual Argentina, en 1768, durante la gestión del gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, la ciudad de Buenos Aires estaba rodeada de unos pocos fuertes que formaban como una línea de circunvalación para protegerla de los malones de los aborígenes.
Es a partir del virreinato de Juan José de Vértiz y Salcedo (1719-1799) —quien se desempeñó como gobernador y capitán general del Río de la Plata entre 1770 y 1776 y como virrey del Río de la Plata entre 1778 y 1783— que se comienza a avanzar sobre la frontera sur, pues la orden era dominar el río Salado, en ese entonces en poder de los aborígenes.
La corona española intentó avanzar hacia el sur con el propósito de llegar al río Negro y llevar a cabo estudios para fundar establecimientos en la costa patagónica, con el objetivo de defenderse de la política británica[8].
En 1778 la corona española ordenó el establecimiento de fuertes y poblaciones en la costa del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, más aún en vista de las ambiciones británicas sobre la región. Esta fue la empresa que debió llevar adelante Francisco de Biedma por instrucciones de la corona impartidas al virrey Vértiz. Fue así como se procedió a la fundación de Carmen de Patagones. En esa oportunidad también el alférez de la Real Armada, Basilio Villarino, el piloto al frente de la expedición exploratoria del río Negro, sugirió ocupar Choele-Choel y la confluencia de los ríos Neuquén y Negro. De ese modo la corona española comienza a mostrar su preocupación por la Patagonia y a planificar su defensa y ocupación.
El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia del Reino de España y prontamente procedieron a tomar posesión de las islas Malvinas como herederas de las posesiones españolas. El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína y procedió al izamiento de la Bandera Nacional en las Malvinas[9].
El “problema del indio” y la expansión de Chile —ambas en buena medida asociadas, habida cuenta que, por un lado, la aparición de los araucanos de este lado de la cordillera de los Andes ocurrió tanto por presiones internas de ese país y, en otras oportunidades, con la ayuda de milicianos chilenos y, por el otro, porque el robo de las miles de cabezas de ganado que llevaban a cabo los malones sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, tenía por finalidad su venta en Chile— motivó la efectiva ocupación de ese espacio geográfico durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880) y cuya empresa militar fue llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca.
La expedición de Luis Py a la Patagonia, enviada por el Ministro de Guerra Julio Argentino Roca a finales de 1878, tuvo como misión sostener los derechos que reclamaba la Argentina en el extremo sur del continente y defender ese territorio de la política expansionista de Chile, en momentos en que se avizoraba una guerra entre ambos países. Esta expedición es considerada la primera operación de una división naval de mar de la República Argentina, lo que motivó a que el 1º de diciembre fuera instituido como el Día de la Flota de Mar Argentina.
Un hecho que demuestra el interés que tenía el Estado argentino de proyectar su dominio sobre el Atlántico lo demuestra la adquisición de las instalaciones que había dejado la expedición del Scotia, comandada por el escocés William Speirs Bruce, quien procedió a realizar una cartografía de las islas y estableció una estación meteorológica (la Omond House). El comandante escocés, cuando logró zafar la inmovilidad de su navío apresado con los hielos, navegó hacia Buenos Aires para reaprovisionarse, a la que llegó en diciembre de 1903. Bruce ofreció en venta por $ 5000 las instalaciones al gobierno argentino. El presidente argentino, general Julio Argentino Roca, por decreto del 2 de enero de 1904 aceptó el ofrecimiento de las instalaciones, en cuya negociación prestó su conformidad el embajador británico en Buenos Aires. La base argentina de las islas Orcadas es el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida.
Inmediatamente fue destinada una delegación argentina que, el 22 de febrero de 1904, izó la Bandera Nacional en la isla Laurie y procedió al establecimiento de personal para proseguir con sus actividades. Esa fecha motivó que se instituyera el 22 de febrero para conmemorar el día de la Antártida Argentina.
Es oportuno recordar la expedición de rescate llevada a cabo por la Corbeta “Uruguay”, que fue acondicionada convenientemente y puesta al mando del Teniente de Navío de la Armada Argentina Julián Irizar, con el objetivo de auxiliar a la expedición del doctor Otto Nordenskjöld en la Antártida, de la que participó el alférez de fragata de la Armada Argentina José María Sobral. La nave zarpó el 8 de octubre de 1903 y cumplió exitosamente su misión, demostrando la capacidad de búsqueda y rescate en aguas antárticas por parte de la Argentina. La proeza de la Corbeta “Uruguay” dio origen a la presencia permanente e ininterrumpida de la República Argentina en la Antártida.
Pocos años después, siguiendo los lineamientos planteados por Mahan, otro tucumano —que se suma a los presidentes Avellaneda y Roca—, el Almirante Segundo Storni (1876 – 1954) planteó la necesidad de considerar las cuestiones del mar y de la actividad naviera como Políticas de Estado. Lo hizo a través de sus obras “Proyecto de Régimen de Mar Territorial” en 1911 y “El Mar Territorial” en 1926, en las que abordó la temática del régimen jurídico en el mar de nuestro país. Las obras en cuestión fueron consideradas en la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional —que en 1930 se reunió en La Haya— y, posteriormente, en la Primera, Segunda y Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
No obstante, el trabajo de mayor relevancia del almirante Storni en “Intereses Argentinos en el Mar”, de 1916, el cual reúne una serie de conferencias dictadas en el Centro Naval. En esta obra ofrece una visión integral los intereses marítimos argentinos que incluyen el aprovechamiento del mar, al cual apreciaba como el motor del desarrollo nacional, los intereses sobre las islas Malvinas, la Antártida Argentina, el mar argentino y las pesquerías, la plataforma continental, la Defensa Nacional, el derecho del mar, la explotación sustentable de los recursos naturales, el desarrollo de la industria naval y el establecimiento de la marina mercante nacional.
Sus ideas cobraron fuerza en el seno de la Armada Argentina favoreciendo la toma de conciencia marítima no sólo por parte de esa fuerza sino también por parte de la sociedad argentina. Cabe destacar que los diversos gobiernos, hasta la llegada de la democracia, continuaron con las ideas propuestas por Storni, protegiendo los intereses marítimos argentinos a través de su poder naval, la Armada Argentina, y exportando los productos nacionales a bordo de los buques de la empresa ELMA.
Es menester recordar al almirante Segundo Storni con esta frase de su autoría:
La política naval es, ante todo, una acción de gobierno; pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos se arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes, y una inspiración constante de todo el pueblo argentino.
Storni consideraba que la población argentina miraba más a la tierra que al mar, por lo que estimaba que la actividad marítima no arraigaría en nuestra sociedad. Del mismo modo, el poder naval y la marina mercante tenían como misión favorecer la exportación de los productos argentinos en un contexto de una Argentina productora de materias primas, tal como la había concebido la generación del ochenta.
Con respecto a la geografía del país, observaba a la Argentina desvinculada de la región, como si se tratase de una isla.
Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.
En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.
Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[10]
En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[11]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[12].
En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[13].
Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:
Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[14].
Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.
En la visión del general Gulialmelli debe repararse en esa visión de una Argentina “peninsular”, para lo cual vale aquí la definición de “península” que proporciona el diccionario de la Real Academia Española: “Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor”.
A su juicio, la Argentina peninsular comienza al sur de la línea San Rafael-Mar del Plata y distingue “un área de transición que cubre hasta la línea imaginaria que une San Antonio Oeste-Neuquén-Ruta 22. Esta región también tiene una zona de frontera. Su gran polo de desarrollo es el alto valle de Río Negro-Zapala. Pero su característica principal es que constituye la sutura con el área patagónica propiamente dicha”[15].
Ruta Nacional 22. Atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Se trata de una “península” compartida con Chile, país que ha sabido interpretar su proyección marítima mientras que la Argentina ha perdido su “conciencia marítima”.
¿Qué ha pasado en la Argentina para que ello haya ocurrido?
El quiebre podría fijarse en el Conflicto del Atlántico Sur de 1982, cuando la Armada Argentina, tras el ataque y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, la Flota de Mar retornó al continente para refugiarse. Ese repliegue constituiría el inicio del proceso de extinción de la Armada Argentina.
Desde entonces, los gobiernos democráticos —en particular desde 1990— dejaron de considerar la proyección oceánica de la Argentina.Durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, se procedió a la liquidación de la empresa ELMA, uno de los pivotes del desarrollo que había trazado el almirante Storni. Las empresas pesadas y los astilleros fueron vendidos o sometidos a su extinción.
La política de “desmalvinización” que siguió al conflicto contribuyó en el abandono de la “conciencia marítima”, lo cual fue acompañado por una serie de tratados, acuerdos y declaraciones que los diversos gobiernos democráticos firmaron en detrimento de los “Intereses Argentinos en el Mar”.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, debe considerarse que no fueron subordinadas a los gobiernos democráticos sino que fueron humilladas por estos, al punto de poner a la Nación en un estado de indefensión.
A modo de conclusión
Si acordamos con el general Guglialmelli de que nuestro país es “peninsular”, y en verdad una gran parte del territorio se proyecta como una península, debemos mirar hacia el mar y poner manos a la obra para reconsiderar nuestros “Intereses Argentinos en el Mar”.
Para revertir esta situación se hace necesaria una serie de condiciones que deberán ser llevadas a cabo por un gobierno que desarrolle una fuerte estrategia en pos de lograr una vertebración del territorio nacional, logrando una armonía entre el continente y el mar.
Del mismo modo, deberá proponerse la recuperación de la “conciencia nacional” a través de acciones más que de declamaciones. Es positivo que en diciembre de 2003, mediante la Ley N°25.860, el Congreso Nacional instituyera el “Día de los Intereses Marítimos”, el 16 de julio “para homenajear y conmemorar el nacimiento de Segundo Storni en Tucumán, en reconocimiento a los valiosos aportes en la materia que realizó el Vicealmirante”. De nada sirve si no se fortalece la presencia de la Argentina sobre el Atlántico a través de su Armada, de las flotas pesqueras, si no se procede a una verdadera protección de sus riquezas contra la depredación que llevan a cabo los pesqueros extranjeros.
Deberán denunciarse acuerdos, tratados y declaraciones que obran en contra de los intereses argentinos.
Deberá procederse a un cambio cultural que promueva nuevamente la proyección oceánica y antártica de la Argentina, para lo cual se requiere poner a funcionar a pleno los astilleros para la construcción de buques comerciales, militares y pesqueros, fundar nuevamente una marina mercante del Estado e instruir en los diversos niveles educativos la importancia de la oceanopolítica.
Finalmente, debe imitarse a otros países y procederse a la creación del Ministerio del Mar.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Referencias
[1] Carl Schmitt. Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal. Madrid: Trotta, 2007, 112 p.
[2] Luis Dallanegra Pedraza. “Talasopolítica: el aislacionismo marítimo de América Latina”. Trabajo expuesto entre el 2 y el 6 de septiembre de 2013 en el Curso sobre Teoría y Metodología de la Geopolítica de la UNAM.
[3] Jorge Martínez Busch. “La Oceanopolítica en el desarrollo de Chile”. Revista de Marina, 3/1993, <https://revistamarina.cl/revistas/1993/3/martinez1.pdf>, [consulta: 18/12/2020].
[5] Alfred Thayler Mahan. Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”. Valparaíso: Biblioteca del Oficial de Marina, Academia de Guerra Naval, 2000.
[6] Jorge Terzago Cuadros. “Alfred Thayer Mahan (1840-1914), Contraalmirante U.S. Navy, Su contribución como historiador, estratega y geopolítico”. Revista de Marina (Chile), 01/02/2006, <https://revistamarina.cl/revistas/2006/1/terzago.pdf>, [consulta: 17/12/2020].
[9] Marcelo Javier de los Reyes. “A doscientos años de la toma de posesión de las Malvinas por las Provincias Unidas. Ayer y hoy”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 04/04/2020, <https://saeeg.org/index.php/2020/04/04/doscientos-anos-de-la-toma-de-posesion-de-las-malvinas-por-las-provincias-unidas-ayer-hoy/>.
[10] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.
