Giancarlo Elia Valori*

Con el fin de evaluar el impacto de la pandemia que azota a Italia desde principios de 2020, creo que deberíamos examinar el cuidadoso análisis realizado por la Comisión Nacional de Empresas Cotizadas y Bolsa de Valores (Consob) en su informe sobre el año 2020.

2020 fue uno de los peores años para Italia en términos económicos y sociales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de experimentar una caída significativa del PIB, el país ha estado avanzando hacia la recuperación económica desde la segunda mitad del año y, más marcadamente, en los primeros meses de 2021, y está mostrando su propia voluntad de abordar los problemas no resueltos, aprovechando también el cambio en la actitud de la política fiscal de la UE, que es una base necesaria para la cohesión entre los Estados miembros.

Los resultados de 2020 confirmaron la evaluación de que el ahorro y las exportaciones son los dos pilares de la fortaleza económica y social del país. La protección del ahorro por parte de las instituciones públicas sigue reglas que han sido probadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo. No obstante, deben actualizarse a la luz de las innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero. La protección más sólida, sin embargo, sigue siendo su anclaje a la actividad real, cuyo progreso está determinado en Italia por los resultados de exportación. Por otro lado, el consumo privado y el gasto público muestran que no tienen el impulso que tienen en otras grandes economías mundiales.

Uno de los pocos aspectos positivos que se desprenden del informe es que la tasa de ahorro de los hogares italianos en comparación con su renta disponible creció un 50% en 2020. Excluyendo los ahorros invertidos en empresas cotizadas, su rendimiento se mantuvo bastante bajo, cerca de cero.

Teniendo en cuenta la cantidad de activos financieros propiedad de los hogares italianos, cada punto porcentual de rendimiento se puede estimar en alrededor de 30 mil millones de euros, es decir, casi el 2% del PIB, el tamaño de un buen plan presupuestario público y la maniobra fiscal del pasado.

Teniendo en cuenta los gastos de gestión, el ahorro ha contribuido significativamente a sostener la estabilidad del mercado, pero sin producir un crecimiento real, aunque este efecto es ahora el resultado de una crisis que surgió por razones particulares y contingentes.

Las exportaciones experimentaron dificultades, disminuyendo en volumen en aproximadamente una séptima parte en comparación con 2019, debido al efecto concomitante de la caída de la demanda mundial y los obstáculos relacionados con la cuarentena a la producción nacional. Las importaciones cayeron de forma más pronunciada, lo que permitió que la balanza por cuenta corriente exterior de Italia se mantuviera positiva y aumentara ligeramente en relación con el PIB.

En 2020, la posición de inversión internacional de Italia mejoró aún más, mostrando un superávit por primera vez en tres décadas. El mercado financiero internacional sólo registró y reconoció parcialmente esta posición estructural favorable del país.

En el primer trimestre de 2021, el comercio mundial aumentó a niveles superiores a los niveles anteriores a la crisis y las exportaciones de Italia siguieron creciendo al doble de su ritmo, confirmando así la resistencia y el dinamismo de las empresas italianas en el sector, una piedra angular tradicional de nuestra economía.

El saldo de la cuenta financiera con países extranjeros, que había resultado ligeramente negativo en 2020, también se volvió positivo, confirmando así el papel del ahorro italiano como pilar de la estabilidad, otro punto de fortaleza de Italia.

La confianza en la capacidad de reacción de la economía italiana ha aumentado, como lo demuestra la significativa reducción del diferencial entre los tipos de interés del BTP y del Bund. Este es también el resultado de las decisiones adoptadas por el BCE para comprar cantidades significativas de bonos públicos y por la Comisión Europea de suspender —aunque sea temporalmente— el Pacto de Estabilidad y lanzar el Plan de la UE de próxima generación (NgEU).

Sin embargo, el informe que estamos examinando afirma que para que la fase de recuperación continúe, necesitamos complementar las decisiones tomadas hasta ahora para impulsar el capital de riesgo de las empresas con vistas a mejorar su apalancamiento financiero y hacerlas más dispuestas a emprender nuevas iniciativas.

Esta fase ofrece una oportunidad importante para la reforma fiscal que se ha instado durante algún tiempo y reafirmado en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) que implementa el Plan de la UE de próxima generación.

La intervención estatal con fines sociales ha alcanzado formas y niveles inusuales, sin reducir de ningún otro modo la presión de los ciudadanos sobre los recursos públicos. Esto no es sorprendente porque el contenido racional de la acción humana lleva a elegir la obtención del mejor resultado al menor costo.

Las empresas privadas, especialmente las exportadoras, se han visto obligadas por la competencia a resolver sus problemas sin demora, a fin de evitar quedar excluidas del mercado. Su capacidad para hacerlo es una piedra angular del crecimiento y una base para el buen funcionamiento del sistema democrático, que tiene el poder de corregir la distribución del ingreso determinada por la actividad productiva y conmutativa a través de regulaciones, impuestos y gravámenes.

Por el contrario, cuando estas formas son insuficientes y el ahorro no es utilizado por particulares, el Estado recurre a la deuda, pero no siempre tras una evaluación bien fundamentada de los efectos redistributivos intergeneracionales.

En este sentido, el informe insiste en el hecho de que —sobre la base de la vara de medir que proporcionan las leyes vigentes— ya no es posible distinguir —con seguridad técnica y jurídica— en qué consisten legalmente en la actualidad moneda y productos financieros,  un contenido que se interrelaciona debido a la conexión que aseguran las plataformas de conversión entre instrumentos virtuales y tradicionales.

El mercado utiliza un criterio diferente del de la legislación vigente, que debe incorporarse e integrarse en él. La actividad en bienes muebles, valores y formas que se desarrolla en el ámbito de la información financiera también está interfiriendo cada vez más en las relaciones internacionales y en los equilibrios geopolíticos, cuya estabilidad juega un papel importante para los intercambios con divisas y fondos nominales, especialmente como resultado del peso creciente que tienen en un escenario político que ya no está en la cima de la paz y la prosperidad alcanzadas en los últimos treinta años de integración y cooperación entre los Estados.

Sin embargo, la voluntad expresada en diversos programas por las autoridades gubernamentales de aprovechar las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas en los movimientos de capitales y la gestión no debe verse como una aquiescencia a la pérdida de transparencia del mercado, sino como un deseo de recuperarla haciendo uso de las mismas innovaciones financieras.

Por lo tanto, la actitud favorable hacia las nuevas técnicas debe ir acompañada de normas claras sobre la aparición y el intercambio de instrumentos cifrados y su entrelazamiento con los activos/pasivos monetarios y financieros tradicionales, estén digitalizados o no, como guía esencial para los operadores que gestionan la liquidez y el ahorro.

La difusión de los instrumentos virtuales ha impulsado la aparición de “plataformas tecnológicas” que permiten formas más rápidas y baratas de acceder a los servicios de pago y negociación de valores que las ofrecidas por los bancos y otros intermediarios y corredores.

Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que las funciones de custodia e intercambio que realizaron inicialmente han evolucionado para dar cabida a transacciones cada vez más articuladas y complejas, incluida la concesión de créditos garantizados por instrumentos virtuales propios o de otros, o la celebración de contratos derivados utilizando criptomonedas (Altcoin, Crypto token, Stabe coin, Bitcoin, INNBC, etc.) como garantía, incluso para varias transacciones del mismo tipo.

Estos nuevos segmentos de mercado están evolucionando rápidamente y parece haber una peligrosa repetición de la experiencia anterior a la crisis de 2008, cuando los contratos de derivados crecieron a diez veces el tamaño del PIB mundial.

Aunque con las distinciones necesarias, es probable que algo similar esté sucediendo en el mercado de productos monetarios y financieros virtuales, especialmente los cifrados.

El uso de estos instrumentos en formas cerradas fuera de los participantes en la iniciativa (sin permiso) impide la supervisión privada (como la que llevan a cabo los consejos de auditores y los organismos de certificación) o la supervisión pública (por parte de las autoridades de supervisión). Sin salvaguardias adecuadas (normas y órganos), el resultado es un deterioro de la transparencia del mercado, que es la base de la legalidad y de las opciones racionales de los operadores.

Los efectos negativos bien conocidos incluyen el blindaje que estas técnicas permiten para actividades delictivas, como la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el secuestro. La concentración en la posesión de criptomonedas que se ha comprobado recientemente puede reflejar este aspecto del problema.

Para Italia, el problema planteado tiene connotaciones particulares en comparación con otros países debido a la existencia de una disposición constitucional que atribuye a la República la tarea de fomentar y proteger el ahorro en todas sus formas, así como la tarea de regular, coordinar y controlar el ejercicio y la operación del crédito.

Sería impropio atribuir a la frase específica “ahorro en todas sus formas” y al “crédito a proteger” una connotación que abarcaría también los instrumentos virtuales, sin pasar por un reglamento específico.

Si esto sucediera, la responsabilidad de las consecuencias sufridas por los ahorristas podría recaer en el Estado, como ya ha ocurrido en el pasado, debido a la legitimación encubierta o evidente de su existencia y a la conciencia de que a través de las innovaciones financieras se puede lograr la manipulación del mercado y la consiguiente ruina de los ahorristas.

Por lo tanto, la existencia y el funcionamiento de un sistema de seguridad —aunque se deje en manos de particulares— debe ser garantizada y supervisada por el Estado que, sin embargo, debe tener en cuenta que la difusión de las técnicas digitales en las finanzas plantea requisitos y necesidades específicas que deben abordarse a nivel mundial. De lo contrario su eficacia se verá reducida.

La legitimación de la existencia del “ahorro virtual”, en diversas formas, es ahora una realidad que se cruza con el ahorro generado de la manera tradicional, es decir, sin gastar una parte de los ingresos producidos por el trabajo o el capital.

Nos enfrentamos a cambios radicales que deben abordarse siendo plenamente conscientes de su contenido y urgencia con vistas a evitar consecuencias negativas en la estabilidad micro y macro-sistémica del mercado de valores y, de este modo, en el ahorro y el crecimiento económico necesarios para protegerlos y utilizarlos adecuadamente.

Un paso obligatorio es reafirmar que la validez legal de los contratos sólo está garantizada por su denominación en moneda soberana. Si —como parece ser el caso— pretendemos reconocer la existencia de monedas privadas, los usuarios deben dejar claro en una cláusula contractual específica que son conscientes de los riesgos que corren al utilizar monedas no públicas.

 

^* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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