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SUPERDEUDA

Iris Speroni*

¿Quién dirige el país?

Una banda criminal que no sabe cuándo parar.

¿Qué se elige en las próximas elecciones?

Básicamente, quién va a pagar el agujero patrimonial.

 

El Estado federal argentino tiene dos sistemas de recaudación, uno en cabeza de la AFIP y la Aduana; otro vía el BCRA.

La AFIP y la Aduana son los sistemas oficiales. Están incluidos en el presupuesto y la recaudación que obtengan tiene un destino aprobado por el Congreso.

El BCRA actúa como un recaudador paraoficial. Su recaudación y el destino de la misma no son informados al Congreso, quien no aprueba ni su accionar ni la aplicación de lo obtenido.

Esta actitud de indiferencia por parte de los legisladores para con esta cuantiosa recaudación paraestatal es contraria a la Constitución Nacional, ya que ésta designa al Congreso como responsable de las políticas monetarias y cambiarias (art. 75 incs. 11 y 19). Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La criminal política monetaria del BCRA cambia la vida de las personas. Eso sucede porque a los productores se les paga la mitad del valor de su producto.

A consecuencia de la política monetaria del gobierno de Alberto Fernández es que en Tucumán talaron limoneros. Cultivar limones es negocio si se cobra el precio de la tonelada de limón. Si se cobra el 50%, no tanto. Lo mismo sucede con las cerezas de Santa Cruz o la madera y el arroz de Corrientes o el té de Misiones. El Congreso, al no ocuparse de la política monetaria y delegarla en el Poder Ejecutivo, deja el patrimonio de cientos de miles de argentinos a merced de las decisiones arbitrarias de funcionarios; los cuales, abusaron de su autoridad. Unos y otros incurrieron en la violación del artículo 29 de la CN.

Como he expuesto, el Estado se queda con el 50% del valor de todas las exportaciones con el simple procedimiento de pagar a mitad de precio las divisas obtenidas. Es una segunda recaudación paraestatal de libre disponibilidad para los funcionarios. ¿Qué hacen con ese dinero? Se lo dan a los amigos. Por lo tanto, así como entra, se va.

En 2022 se recaudaron 88.446 millones de dólares por exportaciones, de los cuales la mitad (con excepción de unos privilegiados como las empresas petroleras, las mineras y las automotrices) queda en poder del BCRA.

Sin embargo, las autoridades llegaron al 31 de diciembre de 2022 sin dinero en las reservas.

¿Tan rápido se esfumó?

Sí.

Es peor aún. En lo que va del año, el ministerio de economía tomó más deuda con organismos multilaterales de crédito, emitió bonos del Tesoro, canjeó deuda que estaba en pesos a dólares (para beneplácito de los amigos que entraron en ese canje malsano) y recibió adelanto de impuestos por parte de las cerealeras (impuestos que no cobrará el próximo gobierno).

En resumen, no sólo se gastaron la gigantesca recaudación de la AFIP de $ 14.447.110.659.694 en el 2022 y de $ 16.312.592.719.621 entre enero y agosto en el 2023; sino la recaudación paraoficial del BCRA equivalente a la mitad de las exportaciones argentinas y además, como esto no era suficiente para alimentar el voraz monstruo de la corrupción, nos endeudaron.

A la deuda del Tesoro, ya listada, se le suma la deuda del BCRA:

  • bola de Leliqs,
  • importaciones efectuadas no pagadas,
  • depósitos de privados en custodia del BCRA.

Cuando me preguntan si la Argentina tiene futuro, digo que sí, sin dudarlo. Pero necesitamos funcionarios que no sean venales.

Imaginemos una analogía. Supongamos una empresa que trabaja bien, tiene un buen producto, buenos empleados, buenos proveedores, clientes que pagan a tiempo. Todo está bien: producción, facturación, cobranza, entregas, pago a proveedores. De pronto, no hay un peso. ¿Qué pasó? El tesorero suspendió el pago a proveedores en los últimos dos meses, no pagó las cargas sociales ni los impuestos, se endeudó con el banco y se fugó con todo el disponible en la cuenta. Se llevó el equivalente a dos meses de facturación, dos meses de proveedores y cargas sociales y el crédito obtenido del banco con la excusa de renovación de maquinaria. No es una mala empresa, no trabaja mal. Lo único que le pasa es que tiene tránsfugas al frente de ella.

Eso es lo que nos pasa a nosotros.

Producimos bienes y servicios que son requeridos (y pagados) en el exterior. Nuestra gente es trabajadora, tiene iniciativa, quiere a su país, pone el hombro. Tenemos buenos clientes.

Si de aquí en más queremos no vivir en descubierto, tenemos que echar al tesorero.

¿Qué se elige en las próximas elecciones?

Básicamente, quién va a pagar el agujero patrimonial.

Una banda criminal que gobierna el país se robó absolutamente todo. Es más, tomó deuda para poder robar más de lo que había.

La pregunta, según la analogía es, si vamos a hacer lo de siempre (moratoria de cargas sociales, bajar los sueldos de los trabajadores, pedir tiempo a los proveedores, pedirle adelantos a cuenta de entregas a los clientes y renegociar la deuda con el banco; o, para variar, vamos a denunciar a los ladrones frente a la justicia y pedir que les embarguen los bienes y recuperar lo robado.

Ahora tenemos cinco candidatos a presidente. Del oficialismo sabemos que es, precisamente, la banda criminal que nos ha robado la recaudación oficial, la paraoficial (BCRA) y además pidió prestado para poder llevarse más plata aún.

La oposición

JxC: son el lado B de la misma banda criminal. Son el muleto cuando el electorado se cansa de la marca A. El radicalismo, que es parte integrante de JxC, ha gobernado el BCRA desde 1983 a hoy, con la excepción de algunos años durante el gobierno de Carlos Menem. No hay distinción en las políticas públicas entre el lado A y el lado B de la banda. ¿Cuál es la diferencia entre Kulfas, De Mendiguren o Dante Sica?

Schiaretti: propone modificaciones al status quo. Entiende que el sistema actual es uberunitario y que hay que aflojar un poco la soga al interior. Por lo que quitará o el diferencial cambiario o los derechos de exportaciones o un poco de cada cosa. Será un cambio ma non troppo. La versión light del oficialismo.

La izquierda: Han sido socios del oficialismo actual en los últimos 20 años. Jamás pidieron amparos a la Justicia para impedir ninguno de los fraudes enumerados. Sí se oponen a todo intento productivo si este colisiona con los intereses británicos.

La Libertad Avanza: es la gran incógnita. ¿Quién pagará lo que falta en un eventual gobierno de Milei-Villarruel? ¿Los que se la robaron toda o los mismos de siempre, es decir, nosotros? ¿Cómo se cubrirán los faltantes? ¿Aumentarán la deuda, venderán activos y/o soberanía, o impedirán que quienes vienen estafándonos dejen de robar, al menos, por cuatro años?

Algunos ciudadanos deseamos que quienes vaciaron el país sin pudor, obscenamente, a) en el mejor de los casos caigan presos y se les incauten las propiedades que mantienen en el país o, b) en el peor de los casos, que pierdan todo privilegio, al menos, mientras dure el gobierno Milei-Villarruel.

Sólo así, el pueblo argentino podrá comenzar a sanar.

 

Otro sí digo.

Voy a dejar un trabajo práctico a consideración.

Acaba de fallar un tribunal comercial de los EEUU que ordena resarcir al grupo Eskenazi; debemos pagarle las acciones de YPF al precio abonado a Repsol, más costas. Ahora bien, la forma en que adquirieron las acciones ha sido fraudulentas. Por lo tanto, sus derechos son nulos. La nulidad se obtiene si se demuestra el fraude ante un tribunal penal. Es más, los accionistas le han vendido los derechos del juicio a un tercero que puede o no ser testaferro y/o socio de funcionarios argentinos, quienes utilizan este juicio para extraerle dinero del Tesoro (una vez más).

Lo que debería hacer el próximo gobierno es presentar la maniobra criminal a los tribunales penales de los EEUU y pedir: a) la declaración del fraude y la consiguiente condena de todos los implicados (la familia Ezquenazi, los funcionarios públicos de entonces y de ahora, y los eventuales socios y/o testaferros norteamericanos), b) por todo lo anterior, pedir la nulidad del juicio comercial y que las acciones sean restituidas a su legítimo dueño, el estado argentino, c) con costas.

Ahora piense usted, ¿quién de todos los candidatos se atreverá a actuar en beneficio del pueblo argentino? De algunos de ellos sabemos que jamás lo harán.

En sus manos está. Sepa el pueblo votar.

 

Lecturas relacionadas:

Deuda pública

Https://restaurarg.blogspot.com/2022/08/deuda-publica.html

La segunda AFIP

AGROLINK, Julio 2021

Https://agrolink.com.ar/la-segunda-afip-por-iris-speroni/

Precio pleno

https://restaurarg.blogspot.com/2020/02/precio-pleno.html

BCRA versus provincias

https://restaurarg.blogspot.com/2023/06/bcra-versus-provincias.html

El botín del BCRA provincia por provincia 2021

https://restaurarg.blogspot.com/2022/04/el-botin-del-bcra-provincia-por.html

El altar de la destrucción

https://restaurarg.blogspot.com/2022/09/el-altar-de-la-destruccion.html

Zanahoria

https://restaurarg.blogspot.com/2021/06/zanahoria.html

Decime cuánto me querés

https://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html

Nos desprecian

https://restaurarg.blogspot.com/2023/08/nos-desprecian.html

El tigre fue mucho más lejos que el gato (@intialpert)

https://restaurarg.blogspot.com/2023/09/el-tigre-fue-mucho-mas-lejos-que-el-gato.html

 

Artículo publicado el 09/09/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/09/superdeuda.html

UN PRESIDENTE QUE EJERZA EL COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Ariel Corbat

Argentina necesita con urgencia muchas cosas y en distintos órdenes para detener su acelerado declive y salir del rumbo miserable al que se ha precipitado.

Una de esas tantas cosas es la de contar con Presidente que se asuma Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tal como ordena la Constitución Nacional que debe ser. En lo que va del Siglo XXI ningún presidente argentino supo comandar nuestras fuerzas militares.

No lo hizo Néstor Kirchner con sus bravatas ridículas y la decisión de estigmatizar a los militares como «genocidas» sirviéndose de un generalito, sin los atributos que se esperan de un General del Ejército Argentino, que con vocación de ordenanza subió a un banquito para descolgar el cuadro de un dictador que había dejado de serlo y ostentar cualquier poder hacía más de veinte años. «No les tengo miedo» vociferaba sin ton ni son Kirchner ante militares ensuciando actos oficiales como si le estuviera hablando a la Junta Militar el mismísimo 24 de Marzo de 1976 (cuando se quedó bien guardado y calladito).  No había ninguna razón para clamar que no les tenía miedo cuando esos militares a los que hablaba habían dado ya sobradas muestras de obediencia al poder civil. Y mucho menos decirlo en el Colegio Militar, cuyos cadetes eran nacidos en democracia.

No fue Kirchner Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas como no lo fue Cristina Fernández, quien con Milani de por medio intentó desviar las FFAA, y al Ejército en particular, para ponerlo al servicio de su proyecto político de facción al modo chavista; algo que no prosperó porque más allá de generales blandos (por decirlo suavemente), a pesar de todo, el militar argentino conserva su idiosincrasia.

Tampoco supo ser un pleno Comandante en Jefe Mauricio Macri, quien si bien mostró un perfil mucho más amigable que sus antecesores, con gestos tendientes a recomponer la estima del personal castrense, sus vacilaciones en Defensa comenzaron ya electo antes de asumir la presidencia, cuando claudicó de implementar lo que tenía proyectado para no confrontar con sectores de la progresía política. Cierto es que Macri obró con mayor civismo, educación y humanidad que sus dos antecesores, pero si bien enseña Sun Tzu lo que siempre aplicó San Martín, que un comandante debe obrar con humanidad lo esencial es que comande. Y eso Macri tampoco lo hizo.

No voy a perder tiempo explicando las razones por las que Alberto de la Fernández, el peor presidente de la historia argentina que en verdad nunca fue presidente, tampoco fue Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sobran las palabras ante la bruta evidencia.

Para quebrar la continuidad denigrante del kirchnerismo, el próximo Presidente de la Nación Argentina, sea Patricia Bullrich o Javier Milei, debe asumirse desde el primer día de su mandato Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Por honrar la Constitución Nacional y porque es preciso un cambio cultural para que el país deje de estar empantanado de pasado.

En tal sentido es claro que habrá dificultades económicas para, como es necesario, reequipar a las Fuerzas recuperando capacidades perdidas, y ello no es posible hacerlo de un día para el otro. Pero sí es posible que el primer día de su mandato demuestre el Presidente su determinación de ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas tomando dos medidas concretas para elevar la moral de la tropa. La moral, autoestima y motivación de la tropa, es en definitiva lo que le da sentido a la disposición de los elementos materiales. Las Fuerzas Armadas no son tales por tener tales o cuales armas, sino por lo que representan para una Nación. y entonces la pregunta es ¿qué se quiere que representen nuestras Fuerzas Armadas?

Esa pregunta debería resultarnos innecesaria, sin embargo y por lo que veremos a continuación es la pregunta a responder.

Recientemente, como en tantas otras dependencias militares, se instaló en el histórico Regimiento de Infantería 1 Patricios un cartel de grandes dimensiones que dice: «Aquí funcionó un centro clandestino de detención y se planificaron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado».

La proliferación de estos carteles es resultado de la Ley 26.691, del año 2011, por la cual se declaran «sitios de memoria del terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal».

Dicha ley designa autoridad de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, otorgándole facultades sobre la disposición de distintos inmuebles del Estado, incluyendo instalaciones militares.

Tras una década de vigencia de esa ley, a todas luces es la Secretaría de Derechos Humanos un ente ideologizado, que tanto mira al pasado con la visión sesgada de la izquierda como ignoró durante la pandemia las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado por el gobierno nacional y gobiernos provinciales.

Esa Secretaría, hoy a cargo del fanático kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, inequívocamente alineada con la reivindicación de organizaciones terroristas como Montoneros y ERP, con su desempeño servil al poder ha profundizado el hartazgo de la sociedad por la sobreactuación parcializada de los derechos humanos.

Resulta notorio que esta ya no es aquella sociedad a la que el kirchnerismo pudo imponerle su relato y que callaba ante la mentira de los 30.000 desaparecidos. Hoy se cuestiona esa mentira tanto como el olvido de los crímenes cometidos por el terrorismo.

Cabe preguntarse si la finalidad que cumplen esos muy grandes y vistosos carteles emplazados en unidades militares es preservar la memoria para librar al futuro de repetir los hechos trágicos del pasado o simplemente afirmar un relato parcial y falseado de la historia estigmatizando a las Fuerzas Armadas como si fueran poco menos que fuerzas de ocupación nazi.

No resulta razonable que con más de 200 años de historia militar lo primero que se vea en el ingreso a cualquier cuartel es que allí se cometieron delitos de lesa humanidad. Hay demasiada gloria en nuestra historia militar para que lo más destacable sean los desaciertos de una guerra no convencional contra organizaciones terroristas dirigidas desde la dictadura cubana. Una guerra que además se ganó.

No resulta razonable que se hable de mantener la memoria al mismo tiempo que se prohíbe a las Fuerzas Armadas recordar a sus muertos en el combate contra la subversión.

No resulta razonable, al respecto, que se haya ordenado al Ejército Argentino borrar un tuit que recordaba a dos de nuestros caídos en Tucumán, durante el Operativo Independencia, cuando se combatió al ERP y Montoneros en defensa de la integridad territorial de la Nación y del gobierno constitucional.

No resulta razonable olvidar que un ejército que no honra a sus caídos en combate deja de ser un Ejército.

No resulta razonable que un país condene con saña a sus defensores para entregar su futuro al enemigo impune.  

No resulta razonable dar continuidad al reproche y estigmatización de las Fuerzas Armadas por lo obrado en la lucha antisubversiva cuando ya no hay en sus filas quien haya participado de las acciones.

No resulta razonable seguir dando satisfacción al deseo de venganza de las minorías hiperactivas que demonizan a los uniformados cuando, según se percibe en la sociedad y reflejan encuestas, a 40 años del retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas son las instituciones que más alta imagen positiva tienen en la sociedad argentina.

No resulta razonable seguir cargando sobre los hombros de los jóvenes que cumplen con su vocación militar el peso crímenes cometidos en una lucha fratricida que no fue responsabilidad exclusiva de los militares.

Está claro que más allá de la intención demonizante de los activistas de la izquierda camuflados de derechos humanos, la sociedad argentina tiene claro qué es lo que quiere que representen sus Fuerzas Armadas: El brazo armado de la Nación Argentina, con una historia de más de 200 años tan compleja como la propia historia argentina, garante de la soberanía, respaldo de la diplomacia y presencia solidaria cada vez que la defensa civil se vea superada. Ni más ni menos que lo que debe ser.

Es razonable señalar como tarea del próximo Presidente ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas poniendo fin al trato humillante y estigmatizante de dos décadas infames.

Y la determinación de ser Comandante en Jefe se debe materializar haciendo prevalecer por sobre la Ley 26.691 las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo en los siguientes, claros y contundentes incisos del Art. 99:

  1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.
  2. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.
  3. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla.
  4. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.

Con esas atribuciones y en la urgente necesidad de elevar la moral de las Fuerzas Armadas, fortalecer su orgullo y motivarlas hacia los sacrificios que el futuro inmediato demanda, el Presidente de la Nación como Comandante en Jefe de las FFAA está en condiciones de decretar y ordenar el retiro de toda cartelería estigmatizante emplazada en el marco de la Ley 26.691 so pretexto de preservar la memoria del terrorismo de Estado en dependencias militares.

Asimismo, con la misma finalidad, ordenar que en la agenda de homenajes a sus caídos en combate que toda fuerza militar debe cumplir para afirmar su identidad y tradición, se incluya y rinda honores a los caídos en la lucha contra la subversión.

Nadie se supera sumergiéndose en la humillación, ni personas, ni naciones, siempre para superarse hay que apelar al orgullo fundado. Y desde aquella enumeración gloriosa de batallas y combates que Don Vicente López y Planes, el Bardo de la Libertad, escribió en el Oíd Mortales, como letreros eternos que dicen “Aquí el brazo argentino triunfó” el orgullo por las armas argentinas está plenamente justificado.

 

Para servir a la Patria.

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,

un liberal que no habla de economía

Artículo publicado el 07/09/2023 en La Pluma de la Derecha, https://plumaderecha.blogspot.com/

NAVEGACIÓN NO PACÍFICA, PESCA ILEGAL, PUERTOS CÓMPLICES Y GOBIERNO AUSENTE

César Augusto Lerena*

Según nos informa el Diario La Nación (05/09/2023) el buque carguero frigorífico de bandera panameña “Frio Marathon” llegó a Mar del Plata, proveniente de Puerto Argentino de Malvinas, donde habría operado desde 2014, sin el permiso de la Autoridad de Aplicación argentina, motivo por el cual la Prefectura inició un sumario «por violar el Decreto 256/10 que establece que todos los buques que se propongan transitar entre los puertos del territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deben solicitar autorización para que el Estado argentino autorice la operatoria». Estimándose, dice el medio, que la sanción podría ser de varios millones de pesos, que como dice “Agenda Malvinas” podrían ser unos pocos dólares.

Desde que rige el citado Decreto, la Prefectura, según la publicación, habría «detectado 683 buques en presunta infracción y sancionado pecuniariamente a 371 de ellos. En paralelo, se ha gestionado la autorización de más de 1.200 permisos para que buques de bandera extranjera recalen en los referidos puertos y, que, buques de 37 banderas, incluso del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), reconocieran indirectamente, mediante este proceso, la soberanía del país sobre nuestras Islas al solicitar autorización a nuestro país».

Hasta aquí la noticia que no precisa cuál es el “monto millonario” que se podría aplicar, ni tampoco las razones por las que sólo se sancionó al 54% de los buques en aparente infracción y, cuál habría sido el monto total de las multas aplicadas y si están firmes y han sido depositadas en favor del Estado. Tampoco se indica si la llegada a Mar del Plata de este buque fue voluntaria o si fue apresado en algún lugar del mar argentino y la Prefectura lo condujo al puerto de Mar del Plata, cuestión que no parece, a juzgar por la foto que hemos tomado del buque, al que se lo ve solo navegando para ingresar a este puerto.

Es curioso que la Prefectura entienda que el permiso de tránsito para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas con destino a puertos de Malvinas o viceversa pueda implicar un reconocimiento indirecto de la soberanía sobre los archipiélagos. En todo caso, lo que está haciendo el Estado Argentino es controlar el tránsito en las aguas de su jurisdicción; control, por cierto, absolutamente insuficiente, ya que se ha limitado a constatar si se ha pedido o no permiso, en lugar de verificar las mercaderías que se transportan; como Gendarmería, la Policía Federal o provincial lo hubiesen hecho a cualquier transporte en una ruta nacional o camino provincial.

Si se hubiese controlado las mercaderías transportadas por los 1.200 buques que obtuvieron permisos seguramente se hubiera constado la presencia de millones de toneladas de pesca ilegal capturada en el área de Malvinas o proveniente de recursos migratorios argentinos originarios de la ZEEA. Del mismo modo, sobre los 683 buques que fueron detectados en presunta infracción. Nada se dice, si del total de 1.883 buques referidos, cuántos pudieron violar la Ley 24.922 y muy especialmente la 26.386 que, en síntesis, prohíbe a las empresas habilitadas por la Autoridad de Aplicación a operar sin autorización de ésta en Malvinas y viceversa o mantener relación directa o indirecta con empresas que operen o hayan operado en Malvinas y, en este sentido, si no se ha efectuado el análisis societario de las empresas que operan en Argentina y las que lo hacen en Malvinas y si existe alguna relación entre ellas (de hecho hay varias publicaciones que lo han denunciado reiteradamente), si se hubiesen otorgado permisos de tránsito se estaría violando la referida Ley 26.386 y la DTP de la Constitución Nacional. En este sentido, sería deseable que Prefectura publique todos los buques que han transitado por las aguas argentinas (incluso, obviamente, el área de Malvinas) desde 2010 y, junto al Consejo Federal Pesquero y su asesoría legal, determinen si alguna empresa radicada en la Argentina violó y continúa violando la Ley 26.386.

Por cierto, las políticas que se llevan adelante no desalientan la pesca ilegal y menos actúan para cumplir la Disposición Transitorio Primera de la Constitución Nacional. En las aguas argentinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEEA hay navegación no pacífica, pesca ilegal, puertos cómplices y un gobierno ausente y, no parece que, hasta el fin de este gobierno, las cosas vayan a cambiar.

No alcanzará con aplicarle una multa millonaria al buque transbordador que no pidió permiso para transitar. El buque pagará el monto que se le indique y al día siguiente seguirá sirviendo a buques extranjeros, efectuando el transbordo en el mar de cientos de miles de toneladas que se capturan ilegalmente. La Prefectura debería, además de verificar si el buque ha pedido o no permiso para transitar, verificar si transita con mercaderías obtenidas ilegalmente. Ello sí, sería ejercer soberanía. En los hechos esta fuerza se ha limitado con poquísimo éxito ―dos buques por año apresados sobre una población anual del orden de los 500 buques en los últimos 40 años― a verificar in fraganti la pesca ilegal, en lugar de inspeccionar la pesca ilegal que se transporta. En el continente, los “ladrones del asfalto”, pocas veces se detectan in fraganti, sino en el control en la circulación de los transportes. A poco de requerir el certificado de origen, la trazabilidad y, si el buque tiene control presencial del Estado de pabellón (y cierro por ahorro administrativo) ninguno de los buques cargados puede demostrar la legalidad de la captura.

El buque “Frio Marathon”, no solo no pidió permiso para transitar y contribuyó al traslado de productos pesqueros ilegales, sino que también, no ha pagado derecho alguno, inclusive los aduaneros, en el caso de la exportación de productos desde el territorio argentino de Malvinas. La colocación de una multa por no pedir autorización, será irrelevante, en relación con el daño ocasionado a la Argentina todos estos años.

Y si se sanciona el tránsito sin permiso, ¿por qué las sucesivas autoridades argentinas, desde 1998 a la fecha, no han sancionado la pesca ilegal en el territorio argentino de Malvinas, como establece la Ley 24.922?

Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal e impedir el uso de puertos por parte de buques que pescan ilegalmente, sugiero la sanción de un Decreto (cuyos fundamentos omito por razones de espacio) que alcance a todo buque o artefacto naval de cualquier bandera (salvo la argentina autorizada) que se proponga transitar en la ZEEA, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Área FAO 41 y 48, quienes deberán solicitar una autorización previa; debiendo analizarse si viola la Ley 26.386 y estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital activo en los últimos noventa (90) días anteriores a la solicitud de autorización y, mantenerse activo durante el tiempo de tránsito; habilitándose al SENASA a intervenir para determinar a bordo el carácter de ilegal o no de las mercaderías, como establece el Decreto 4238/68.

Finalmente, la mayoría de los países, habiendo o no aprobado la Convención del Mar (CONVEMAR) aplican normas penales (Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Alemania, España, Venezuela), o están analizando aplicarlas (Costa Rica, Chile, la Unión Europea), porque han entendido que la erradicación de la pesca ilegal no se ha logrado con normas administrativas y, este caso como otros, requerirían el decomiso del buque y el arresto de los responsables, de otro no se erradicará la pesca ilegal.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).