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¡RESCATADOS!

F. Javier Blasco*

El mundo en general y Europa en particular han sido testigos del mayor acuerdo económico en el seno de la UE desde su fundación, tras arduos meses de negociación y mediante una larga reunión, casi la mayor de todas de su historia, celebrada en Bruselas entre los días 17 y la madrugada del 21 de julio para lograr unos objetivos marcados y muy ambiciosos, desde que hace 30 años se estableció el marco financiero plurianual y se doblaron los recursos destinados a la cohesión.

En esta ocasión, los 27 socios de la Unión, por unanimidad y por primera vez sin la participación del Reino Unido, han tenido que alcanzar un doble acuerdo: establecer un fondo de reactivación para paliar en gran parte los daños económicos derivados de la pandemia causada por el COVID-19, principalmente en aquellos países más afectados, dotado con € 750.000 millones que se harán efectivos a base de deuda común de la UE y que se desglosan en 390.000 millones para gastos a fondo perdido aunque con orientación en su inversión y 360.000 en préstamos a bajo interés; que serán desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022 —de todo este pastel, España recibirá unos 140.000 millones, de los cuales 72.700 serán ayudas a fondo perdido—. Y, al mismo tiempo, debieron definir y aprobar el Marco Financiero Plurianual de la Unión (los presupuestos) para el periodo 2021-2027 que asciende a € 1.074 billones, que en este caso y como de costumbre, serán provisionados por los propios Estados miembros en función de una serie de parámetros y necesidades particulares. Lo que significa, que todo el paquete aprobado en esta ocasión asciende a € 1,82 billones, el mayor jamás visto.

Para obtener los 750.000 millones adicionales, por primera vez y con carácter extraordinario, se ha tenido que autorizar a la Comisión a endeudarse en dicha cifra, recurriendo al mercado con ciertas limitaciones como que las cantidades solicitadas tendrán un plazo máximo de solicitud marcado a finales de 2026 y que el reembolso del programa no se alargará más allá del 31 de diciembre de 2058. Así como, que las cantidades adeudadas por la Unión en un año dado para el reembolso del principal capital no superaran el 7,5% del importe máximo de 390.000 millones de € para gastos.

Una de las innovaciones en este mecanismo financiero es que el acuerdo también incluye mecanismos para reforzar las capacidades de la Comisión Europea con el fin de que sea ella misma la encargada de recaudar de forma extraordinaria sus propios ingresos para poder devolver este impresionante crédito extraordinario sin que tengan que afectar al propio presupuesto.

Dichos mecanismos estarán basados entre otros en: un nuevo impuesto al carbón y a los excedentes de residuos de plástico, que se aplicará a los países que los adquieran o sean contaminantes, otros dirigidos a las actividades de las grandes empresas del mercado digital (la conocida como tasa Google), un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) revisado y otros derivados de las transferencia financieras (FTT, la famosa tasa Tobin). No obstante, en cuanto a detalles, lo único que proporciona el documento es un cronograma general para varias de las propuestas fiscales. Además del ETS revisado y el FTT, se espera que las otras tres propuestas se hagan públicas a principios de 2021. No se estima que el ajuste de la frontera del carbono y la tasa digital se implementen hasta 2023.

La falta de verdaderos detalles sobre las diversas propuestas fiscales y la eventual necesidad de fuentes de ingresos para afrontar cómo financiar la nueva deuda de la UE, hacen presuponer que queda mucho trabajo por delante y por concretar por los responsables políticos en Bruselas. De momento, no están claras las repercusiones e implicaciones de este nuevo y adicional golpe impositivo para el resto de los impuestos ya empleados y recaudados en la UE y la verdadera capacidad de estas nuevas fuentes de financiación para pagar completamente la nueva deuda común avalada por ella misma.

Por lo tanto, se desconoce si estas iniciativas serán suficientes para poder cubrir la devolución de lo pedido y los costos de sus intereses, pero de entrada, el documento acordado marca ciertos límites a la capacidad o intención de recaudación de los Estados miembros al asumir la Unión el importe y el cobro de dichas tasas, anulando con ello las aspiraciones de muchos de estos, entre los que indudablemente, se encuentra España y su nueva política impositiva. No obstante, también advierte que si con solo tales medidas no se generara la necesaria liquidez, la Comisión podría solicitar, de forma provisional, más recursos de los Estados miembros como última reserva.

El monto total de € 750.000 millones se distribuye de la siguiente manera: El fondo de recuperación y resiliencia (RRF) dotado de 672.500 millones, de los que se otorgan directamente 360.000 millones en préstamos y 312.500 millones que se asignan a cubrir los programas presentados por las naciones y aprobados por la Comisión (siempre que nadie los vete). Un fondo de reacción denominado React EU dotado con 47.500 millones. El fondo denominado Horizon Europe dotado con 5.000 millones. Un fondo de beneficios denominado Invest EU dotado con 5.600 millones. Otro para el Desarrollo Rural dotado con tan solo 7.500 millones. Un Fondo denominado para la Transición Justa (JTF) dotado con 10.000 millones y por último, un fondo menor denominado de Rescate dotado con 1.900 millones.

El 70% de las subvenciones otorgadas por el RRF se comprometerán en los años 2021 y 202 y el 30% restante se comprometerá en su totalidad a fines de 2023. Como regla, el máximo volumen de los préstamos para cada Estado miembro no superará el 6,8% de su Renta Nacional Bruta (RNB).

Para poder hacer efectivos los envíos de dinero del plan, los Estados miembros remitirán previamente sus planes nacionales para la recuperación y resiliencia. Planes que deberán establecer la reforma y la agenda de inversiones del Estado en cuestión para los años 2021-23. Estos serán revisados y adaptados según sea necesario en 2022 para tener en cuenta la asignación final de fondos para 2023.

Para evitar continuar con el viejo sistema de “recomendaciones” cuando un Estado se desviaba de la senda marcada; algo, totalmente ineficaz por no ser vinculante y mediante el cual los Estados miembros, año tras año, se resistían a su complimiento sin sufrir represalia alguna; a instancias de los llamados Frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) se ha introducido un complejo sistema que se le conoce como “Freno de Emergencia” que embridará a aquellos pauses que, como España, casi nunca cumplieron con tales recomendaciones.

La Comisión deberá evaluar los planes de recuperación y resiliencia recibidos en un plazo de dos meses a partir de su remisión. Igualmente sucederá con los criterios de coherencia y las recomendaciones específicas de cada país, así como si todos ellos se encaminan a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro; para que sean aprobados, en dicha evaluación se necesitará obtener una puntuación bien alta.

La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva. La evaluación de los planes de recuperación y resiliencia será sancionada por el Consejo, a propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada, mediante un proceso que el Consejo que se esforzará en que terminen sus actuaciones y disquisiciones, si las hubiera, en un plazo no superior a las 4 semanas tras la recepción de las propuestas.

La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes. Para ello, la Comisión solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los mismos. Dicho Comité se esforzará en buscar y alcanzar un consenso. Aunque si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones del cumplimiento satisfactorio de los mencionados hitos y objetivos, pueden solicitar al Presidente del Consejo Europeo que remita sus dudas al Consejo Europeo para ser discutidas en la próxima reunión del mismo.

En el caso de que el asunto hubiera sido remitido para estudio al Consejo Europeo; mientras este se resuelve, la Comisión no podrá adoptar ninguna decisión de sobre el cumplimiento satisfactorio de lo requerido ni  la aprobación de pagos o transferencias al Estado cuestionado hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido exhaustivamente el asunto. Este proceso, por lo general, se deberá solventar antes de los tres meses siguientes a que la Comisión haya solicitado dicho dictamen al Comité Económico y Financiero.

Llegar a este punto no ha sido fruto de la casualidad; se ha precisado un proceso muy largo y tedioso que ha durado varios meses. El Parlamento Europeo inició los trabajos para dotar de fondos extraordinarios para luchar contra las pandemias y recuperar las capacidades pérdidas (estimado inicialmente en unos € 50.000 millones) en abril del 2020. A la vista de que la situación se complicaba y engordaban las peticiones y necesidades, finalmente el 15 de mayo aprobó por mayoría movilizar hasta € 2 billones.

Los trabajos de la Comisión fueron incapaces de lograr el acuerdo de la mayoría sobre la forma y la cuantía de activar el por entonces conocido como Fondo de Reconstrucción, al que estimaba una dotación máxima es de 1,5 billones y que se pretendía entregar a los Estados más necesitados sin apenas condiciones. Las trabas para alcanzar un texto consensuado vinieron desde el primer momento de los conocidos países frugales, quienes no estaban dispuestos a ceder tal cantidad de dinero sin exigir cierto tipo de serios condicionamientos, reformas o intereses.

Como consecuencia de los despropósitos, el atasco creado y de la aparente inoperancia de la Comisión Europea, el 18 de mayo, Merkel y Macron, presentaron una iniciativa conjunta sobre dicho fondo de reconstrucción. Propuesta, que limitó las ayudas a € 500.000 millones para los países más golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia. Plan que se sustentaba en cuatro pilares: estrategia sanitaria, fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento, aceleración de la transición ecológica y digital y el fortalecimiento de la capacidad y soberanía industrial europea.

Tras dicha iniciativa, el pasado 27 de mayo apareció una segunda gran propuesta de mano de la Presidenta de la Comisión, que es la que finalmente se llevó a la mesa del Consejo para su discusión final, que aunque basada en la anterior iniciativa, difería en algunos puntos de aquella y se acercaba a los € 750.000 millones € a movilizar. Su plan estaba integrado en el esquema legal del llamado “Semestre Europeo” que incluye los ya determinados y otros por determinar controles y recomendaciones específicas, así como cierta focalización que las inversiones deben cumplir. Del monto total, 310.000 millones serían dedicados a subvenciones directas de proyectos aprobados por la Comisión y 250.000 millones, tendrían forma de créditos. Además, se añadirían 55.000 millones a los actuales programas de política de cohesión, 40.000 millones adicionales al Fondo de Transición energética Justa y otros 15.000 millones para el Fondo de Desarrollo Rural.

Tras las duras y largas discusiones mantenidas durante cuatro días a cara de perro y muy tensas en diversos momentos, a punto de saltar por los aires en sus momentos más álgidos —incluido uno muy duro protagonizado por el Presidente Sánchez con su homóloga finlandesa por el que casi se amplía en uno más el grupo de los frugales— y alguna amenaza importante de abandono, la cosa se encarriló. La UE en esta Cumbre ha mostrado varias caras o aspectos en el sentido de convivencia, el bien común y poner a prueba su supervivencia, aunque también las grandes diferencias existentes entre el Norte y el Sur, entre los países ahorradores y cumplidores y los que no lo son en absoluto; la desconfianza mutua y creciente entre los socios y que a la larga, se ha podido comprobar que todos han cedido en sus aspiraciones a cambio de determinados beneficios, que por lo general se han transformado en ganancias del fondo especial para la recuperación o en su caso, en ahorros en sus contribuciones a la caja común de los presupuestos (importantes rebajas en las aportaciones anuales al Presupuesto por parte de los frugales). En realidad y como siempre, hay que decir que no impera la solidaridad, sino el vil metal.

Merkel, a pesar de que su estrella está perdiendo luz, sigue brillando con el mayor esplendor de todos los presentes; aunque ya cansada de tanto avatar interno y externo y que pronto se retira de la vida pública, ha vuelto a dejar bien claro su capacidad y legado político, su paciencia en procesos de negociación y sobre todo, de liderazgo sin discusión alguna. Los frutos de esta Cumbre y sus Acuerdos, sin ella no hubieran tenido lugar. Gracias a su buen hacer, por primera vez en la historia de la UE, el club y sin la participación del Reino Unido, se endeudará grandemente para financiar en condiciones algo más favorables a las precedentes una necesaria y muy importante recuperación económica extraordinaria.

Tras la larga explicación y aclaración de estos hechos sin precedentes en la propia UE dadas las cuantías movilizadas al unísono, el monto total y parcial de cada una de ellas, la novedosa forma de su financiación y por lo complejo de las soluciones adoptadas para el control de los gastos y su aplicación encauzada a fines concretos, hay que decir que esto no es un Plan Marshall tal y como muchos rápidamente se han lanzado a calificar, porque a diferencia de aquel programa norteamericano tras la II Guerra Mundial, el capital no es extranjero ni administrado por ellos; es un Plan propio y que procede de una gran deuda contraída por todos y que TODOS, de una forma u otra, al final deberemos pagar. Es simplemente y llanamente un RESCATE con todas las de la Ley, cuyas normas, aparentemente, nos serán tan estrictas como las que se impusieron tras la crisis del 2008, pero sí marcarán una serie de sendas e hitos a cumplir y que ya no se dejará al albur de la Comisión el que se juzguen o recomienden los actos y pasos dados o por dar. Ahora, cualquier Estado miembro puede complicar el futuro y los planes de otro según la forma y el modo de actuar.

En lo referente a España, quedar en la arena internacional como el segundo país con mayores problemas económicos en la UE, tras haber sido uno de los peores del mundo en la previsión y gestión de la más grave pandemia de los últimos tiempos, no es una buena tarjeta de presentación; nos deja en muy mal lugar y no es justo ni procedente, ni mucho menos motivo para estar ufanos ni para venir contentos ni para ser recibidos con grandes e impostados aplausos —que si bien pudiera pensarse que los primeros fueron “espontáneos”, cosa que yo personalmente no me creo- los segundos dejaron bien claro lo mendaz y procaz que puede ser un gobierno que se enfrenta a una recuperación dirigida y tutelada mediante un inmenso rescate, que se verá agravada por los recortes que, como ya se verá, afectan directamente a España en los presupuestos de la Unión (fundamentalmente a la sanidad, al mundo rural y a las regiones en desarrollo) y de los que pocos o casi nadie habla ni quiere hacerlo por los capítulos que se han visto reducidos, lo que muchos han dejado de pagar y porque nuestras mayores aportaciones a la caja común del club, al cambio, dejarán bien mermadas el monto de todas las ayudas que de aquella parte nos puedan llegar.

Nuestro presidente, para no variar ni perder la costumbre, dejó una muy mala imagen por mucho que él y sus muchos palmeros lo quieran ocultar; asistió, como convidado de piedra a pocas reuniones limitadas a unos cuantos donde se tomaban decisiones de enjundia y dejó en manos de los demás la defensa de los intereses y necesidades de España. Jugó a la baza de que ya se preocuparán los demás de salvarnos para evitar que con nuestra caída no se haga un agujero más grande y profundo o sea el fin de la Unión; llegó sin propuestas (no se conoce alguna) ni papeles en la mano; aparece en casi todas las fotos arrinconado al final o leyendo por detrás los papeles de los demás, solo habló en una cena para crear un problema grave con Finlandia, que Merkel le tuvo que arreglar y guardó un patético silencio, que el mismo se encargó de definir como su peculiar forma de empatizar con los demás. Patético, cómo mínimo.

Como resumen final, se puede asegurar que nunca ha habido tanto cambio en tan poco tiempo en el seno de la UE; esta Cumbre que nació en medio de la necesidad de cubrir las deficiencias observadas en el aspecto y capacidades sanitarias para optar a poder combatir con mayor éxito pandemias como la presente, ha terminado movilizando muchos millones y otro tipo de recursos, pero, definitivamente, se ha olvidado de sus orígenes y necesidades. No creo que con los cambios y mejoras en la digitalización, los movimientos en apoyo de evitar o dilatar el cambio climático y otra serie de aspectos relacionados con el empleo y la formación podamos ser capaces de enfrentarnos de nuevo a una pandemia de estas características. Al final, los intereses de los más fuertes, derivan a los demás a hacer un esfuerzo a todos, del que los grandes provechos ya sabemos dónde irán a parar. Parece ser que todos quedaron tan contentos, aunque algunos, mucho más.

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

©2020-saeeg®

Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/-rescatados

 

DEJA VU DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

Ramiro Moreno-Baldivieso* (El Deber)

A lo largo de la historia de nuestros hidrocarburos, fundamentalmente enfocada a su aprovechamiento a través de la exploración, explotación y comercialización, sin ingresar en temas políticos o de análisis jurídico político, como fue con el sistema concesional y en la actualidad con la amplia gama que nos ofrece el sistema contractual, nos encontramos que no hemos avanzado mucho, quizá de manera parcial en temas de gas natural.

El desarrollo de nuestros hidrocarburos fue moderado quizá debido a que la madre naturaleza no nos dotó de la fortuna de la abundancia de estos, sino de manera incipiente en líquidos y con un poco más de importancia en lo que hace al gas en los últimos 50 años. Desde la fundación de YPFB tenemos que hemos aprovechado nuestros hidrocarburos tanto de manera directa como también hasta 1969 dentro del sistema concesional y, a partir de 1971 dentro del sistema contractual. Pero la gran pregunta es con cual de dos sistemas hubo más desarrollo, con cuál de los dos fuimos más eficientes. Considero que la mayoría vamos a coincidir en que el sistema contractual fue el más eficiente y que fue paradigmático desde 1971.

También a lo largo de la explotación de nuestros hidrocarburos sea por nuestra cuenta o con la participación de las empresas internacionales (International Oil Companies – IOC) también hemos transitado por escenarios legales como señalamos, sean concesionales o contractuales y con un alto contenido de opinión o cánones nacionalistas inmersas en nuestras últimas Cartas Magnas que tuvimos, que para algunos investigadores desembocó en una falta de confianza en el país, por nuestras inestabilidades políticas, el cambio de reglas del juego en materia de inversiones y otros, lo que nos colocó en una clasificación no de primer orden; asociado a esto, el bajo potencial hidrocarburífero y, por tanto, no ser un país atractivo para la inversión extranjera en temas de petróleo y gas, junto a otros recursos naturales que tenemos en el país. Nuestro ansiado desarrollo económico no llegó nunca.

¿Pero por qué ocurrió todo esto? Desde mi perspectiva, no supimos dotar el país de un instrumento o un título legal habilitante que sea suficiente, de acuerdo con los tiempos y las exigencias mundiales a aquellos interesados en invertir en el país.

Nuestra política de hidrocarburos a lo largo de muchos años estuvo orientada, por lo menos, a aspirar a ser un país importante en la producción de hidrocarburos en gran escala, para generar los excedentes necesarios para alcanzar a nuestra realidad con relación a nuestro potencial hidrocarburífero; el manejo y la administración de nuestros recursos de petróleo y gas a cargo de nuestra benemérita empresa estatal YPFB con criterios políticos, poco experimentada en temas técnicos, con excesiva burocracia y creación de subsidiarias (un ex presidente de YPFB declaró que la empresa tenía más de 8.000 empleados) siguiendo modelos de empresas estatales de gran envergadura de referencia internacional y con importante presencia en el mundo de las grandes ligas de la energía de los hidrocarburos; poco aporte de las regiones productoras hacia un política de hidrocarburos eficiente; bloqueo a nivel central de la posibilidad de alianzas público privadas o con la participación de las gobernaciones de departamentos productores en la industrialización del gas (como fue el caso de Tarija para la petroquímica); la falta de acomodo tecnológico y, ni qué decir del entorno de los recursos humanos valiosos que teníamos y los dejamos migrar a otras latitudes más importantes y de mejores oportunidades para ellos; y por último, una excesiva injerencia política en una empresa que debía eminentemente técnica e independiente del calor político de los gobernantes pasajeros.

¿Entonces que nos queda por hacer? Creo que mucho dentro de este rosario de imperfecciones descrito. Pero, como tarea inminente, luego de entrar en el nuevo normal tanto en lo político como en lo pandémico, dado que muchas cosas cambiarán no solo en lo interno, sino más bien en el orden internacional, considero que debemos contar una nueva ley de hidrocarburos, una nueva de inversiones y, una ley de arbitraje con un diseño monista o dualista; todo con el ánimo de convertir a nuestro país en una atracción internacional en tema de inversiones.

Sabemos que todo lo anterior no es fácil, que se requiere de mucho esfuerzo y voluntad, una gran dosis de patriotismo dejando de lado el tema político partidario, pues de otra manera estaremos postergando muchas aspiraciones presentes y futuras, y tal vez la generación de nuestros hijos y nietos. 

* Abogado. Master en leyes LLM Harvard Law School.

Nota publicada en El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/opinion/deja-vu-de-los-hidrocarburos-en-bolivia_192262

SOBERANÍA Y PODER AÉREO

Marcos Kowalski*

Con la humilde pretensión de contribuir a contextualizar la Importancia de la Superioridad Aérea para la República Argentina, insistiendo en la búsqueda de generar Inquietud e Interés, así como fomentar cambios de mentalidad en la sociedad y los tomadores de decisión políticos en relación con los nuevos escenarios que la era contemporánea obliga a alcanzar para el ejercicio de la Soberanía garantizando la seguridad y la defensa nacionales.

Podemos definir la Soberanía como la capacidad de ejercer el Estado de Derecho en un territorio a mano de instituciones organizadas en un gobierno efectivo y en un contexto determinado. Esto significa que se debe contar con la capacidad total, para ejercer en forma innegable e irrevocable la voluntad de un Estado, mediante el marco jurídico adecuado, que lo faculte a ejercer su poder en su territorio Nacional, y, sin la interferencia de actores externos, ya sean de carácter público o privado.

Pero para ejercer en forma efectiva la Soberanía los Estados deben contar con los medios y los recursos para hacer valer los derechos y la voluntad Nacional, expresados en su capacidad de Defensa (externa) y de observancia de la ley y fiscalización (interna). Sin esos medios y recursos, puede hablarse de una Soberanía legal o de jure (es decir, expresada por cuestiones normativas y legales abstractas) pero solo con los atributos mencionados puede hablarse del ejercicio de una Soberanía real (de facto), es decir que se cuentan con los medios reales para hacer valer el concepto de soberanía. Los Estados modernos deben contar con ambos atributos, el legal y el fáctico y de esta manera participar más eficientemente en una comunidad internacional que se encuentra en constante interacción e interconexión por la vía aérea.

Solo controlando la soberanía del espacio aéreo se tiene capacidad de influir en tierra y mar y, por tanto, el espacio aéreo es estratégico y vital para la supervivencia de los Estados contemporáneos. Es obvio que aquellos Estados que cuentan con más capacidades de defensa, protección y salvaguarda de su soberanía aérea tienen por definición mayor capacidad de prevenir intervenciones e influencias externas en su espacio aéreo y sus determinaciones y, por lo tanto, también en sus territorios terrestre y marítimo.

Para preservar y salvaguardar la soberanía nacional de carácter integral, es primordial, entonces, proteger y salvaguardar el espacio aéreo y esta es una de las labores principales de las Fuerzas Aéreas. El ejercicio de la soberanía implica el uso de los activos aéreos nacionales para ejercer y mantener el código normativo nacional e internacional en este entorno siendo las Fuerzas Aéreas las que poseen un papel preponderante para efectivizar la soberanía dentro del espacio aéreo nacional frente a actores domésticos o foráneos.

Este es el fundamento a partir del cual es prudente reflexionar sobre las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en materia de Seguridad Integral y Defensa Aérea, siendo la Republica Argentina un actor fundamental, como sujeto de Derecho soberano en el escenario internacional, lo anterior no sólo es prudente y procedente para preservar la integridad como Nación, si no que hace a las relaciones internacionales de nuestro país, para promover un mayor entorno de competitividad, de cooperación y de gestión conjunta en los ámbitos políticos, económicos, sociales y militares de carácter hemisférico, continental e internacional.

Contar con los medios y recursos, que habíamos mencionado, implica desarrollar, gestionar y administrar eficientemente los elementos necesarios para proteger la soberanía nacional en forma integral en un entorno complejo y dinámico. Es entonces oportuno señalar que la Soberanía se ejerce no sólo en nuestro territorio geográfico y marítimo, sino también en toda nave que navegue o aeronave que vuele con bandera argentina, además de los ciudadanos argentinos que puedan estar visitando otros países en todo el mundo, porque todo argentino, toda nave argentina y toda aeronave nacional en vuelo es parte del país y por tanto nos encontramos obligados a defenderlos, protegerlos y salvaguardarlos. Para ello existen diversos caminos y medios, pero nada sustituye la necesidad de contar con una Fuerza Aérea eficiente, fuerte y con proyección global.

Entonces debemos decir que es imperioso para cualquier Nación sobre todo para una nación como Argentina contar con PODER AÉREO. Pero ¿Qué es el poder aéreo? La definición más conocida dice que es la habilidad del uso de una o más aeronaves en el espacio aéreo con fines militares, llegando a cualquier punto sobre la tierra, en defensa de los intereses soberanos de una Nación, mientras que EURAC —el foro que agrupa a los jefes aéreos de 17 naciones europeas—, con una visión más actualizada, define el Poder Aéreo como “la capacidad de proyectar Fuerza militar en el aire o el espacio o desde una plataforma o misil que opere por encima de la tierra”.

Podemos ver que la protagonista del Poder Aéreo es la aviación, que ha tenido en el mundo un acelerado desarrollo a partir de inicios del siglo XX, así como su independencia de las fuerzas terrestres y navales. A través del tiempo se ha demostrado que la capacidad de la aviación es el punto de inflexión para ganar o perder una guerra. En efecto, desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el empleo del avión comenzó a deslumbrar a estrategas, políticos y pensadores por su potencial para superar la lógica de la guerra de trincheras que consumía inmensos recursos humanos y materiales. Posteriormente, las batallas aéreas demostraron ser decisivas en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y el ejemplo de los éxitos operacionales alcanzados por la fuerza aérea alemana, la británica o la estadounidense, motivó a las demás naciones a constituir sus propias fuerzas aéreas.

La Superioridad Aérea y Dominio del Aire, en el teatro de la guerra o en el de operaciones, se ha constituido en la primera necesidad en un conflicto por los efectos que produce sobre el adversario. Hoy en todo conflicto es imperioso lograr la Superioridad Aérea que es un estado, momentáneo y temporal de la consecución de la guerra aérea donde en la zona en la que se opera se pueden realizar misiones con posibilidad de éxito. Los aspectos de la Superioridad Aérea podrían resumirse en básicamente tres situaciones o estados, la de paridad aérea, la de superioridad aérea y la de supremacía aérea.

Cada uno de esos tres estados se pueden conseguir en tres áreas generales del espacio aéreo en la batalla; en el espacio aéreo propio, sobre el campo de batalla, o en el espacio aéreo del enemigo.

La paridad aérea significa que ambos bandos pueden efectuar misiones exitosas en el mismo espacio. Superioridad aérea significa que se pueden realizar misiones en cierto espacio aéreo con pocas chances de ser repelidos o evitados por el enemigo, es decir que si un bando gana la superioridad aérea sobre el campo de batalla, entonces puede realizar las misiones con poco peligro de ser evitadas o interceptadas por la aviación enemiga y ésta, por lo tanto, pierde la paridad aérea y no puede realizar misiones con alto grado de éxito.

La supremacía aérea significa que el bando controla TOTALMENTE el espacio de batalla. Si un bando tiene supremacía aérea sobre el campo de batalla significa que prácticamente no existen posibilidades que el enemigo realice las operaciones aéreas propias, siendo casi imposible que pueda desarrollar alguna sobre ese espacio aéreo.

Para que se posibilite la supremacía aérea, incluso una superioridad aérea, es necesario que un país cuente con los medios aéreos apropiados para ese fin y debemos recordar que la Republica Argentina es un país obligado por la Constitución a mantener su soberanía, orden constitucional e integridad territorial, para poder cumplir con ello la Superioridad Aérea debe ser el primer objetivo por alcanzar.

Debemos siempre tener presente que nuestro país tiene las Malvinas e islas del Atlántico Sur ocupadas por una potencia extranjera y que es mandato constitucional demandar su recuperación, entonces, deben volver a instruirse por parte de los políticos a cargo de la administración nacional de turno las hipótesis de conflicto abandonadas en 1983, porque en una eventual guerra no se puede esperar que la iniciativa la tenga el enemigo, para reaccionar posteriormente en defensa. La pregunta sería en ese momento ¿reaccionar con qué? O, en el peor de los casos, ¿ya para qué?, si el enemigo ha sido lo suficientemente capaz de neutralizar nuestro Poder Aéreo.

La Superioridad Aérea como parte del Poder Aéreo, como estamos viendo, juega un papel de primer orden en las guerras, batallas y campañas. Sin importar el modo de la guerra en que un país se involucre, es importante conocer las amenazas presentes y futuras que restringen la capacidad del Poder Militar y en especial las del Poder Aéreo, que es quien debe dar la pauta de libertad de acción a las operaciones conjuntas.

Hoy, el cielo tridimensional y la quinta generación en la tecnología se constituyen en los medios y formas para alcanzar el fin del mejor grado de Dominio del Aire. La tecnología de hoy permite evaluar el alcance de las capacidades de una Fuerza de Superioridad Aérea y, en consecuencia, su grado de ventaja sobre el enemigo. La quinta generación constituye el mayor potencial aéreo capaz de enfrentar amenazas y buscar la supervivencia a la hora de proteger una Nación, tener poder aéreo es costoso, mantenerlo aún más, pero no tenerlo es el peor de los costos; puede significar la perdida de la soberanía. Si se posee el suficiente y necesario poder aéreo para alcanzar la superioridad aérea prevista, los comandantes de tierra y mar pueden y deben sentirse más seguros y protegidos y con total libertad de ejecutar sus operaciones.

Pero que debe considerarse al elegir un avión de combate que pueda disputar el espacio aéreo a un eventual enemigo hoy, en el caso concreto de Argentina, con una Fuerza Aérea casi inexistente por desidia o desinterés político, con pilotos con muy bajos sueldos, con materiales vetustos y que se mantienen en vuelo por un esfuerzo impresionante de las tripulaciones, tanto de vuelo como de tierra, la Fuerza Aérea Argentina es una sobreviviente, que viene perdiendo capacidades desde hace décadas.

Un estado de crisis permanente, propiciada por una clase política, solo preocupada por disputas intestinas agonales, no ha podido en su despropósito construir hasta la fecha una base estructural que permita una arquitectura política superadora para retomar el camino perdido hace muchas décadas.

Los políticos no saben o no quieren hacer resurgir la Argentina que siempre fue, han llevado al Estado argentino y a las Fuerzas Armadas a un declive permanente y la Fuerza Aérea Argentina no ha podido recuperar ni mínimamente la capacidad de combate perdida, encontrándose además con serias restricciones en las pocas capacidades, incluyendo el transporte, que posee, reduciéndose hoy a una pequeña cantidad de aviones, muchos ya vetustos, milagrosamente en condiciones de operar.

Es indudable, que, con el estado de cosas actuales, la reconstrucción de un poder militar creíble y con cierta capacidad disuasiva requiere un consenso entre los actores políticos y una continuidad. En ese aspecto el proyecto de ley FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) que asigna el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional para el año 2020, el cero coma cinco por ciento (0,5%) para el año 2021, cero coma sesenta y cinco por ciento (0,65%) para el año 2022, hasta alcanzar el cero como ocho por ciento (0,8%) para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios, si bien es todavía insuficiente representa por lo menos un marco jurídico para el financiamiento en la recuperación de las capacidades bélicas de la Nación.

En lo que a la Fuerza Aérea Argentina se refiere, en un ambiente donde los países de la región tienden a adquirir aeronaves de combate de cuarta y quinta generación, que tienen un alcance, con sus armas, más lejos que el horizonte, superando el campo visual y con capacidad de combate como vectores para lanzar armas inteligentes.

Debemos concebir, la necesidad y con independencia del tipo de combate que se requiera, propender a disuadir mediante una superioridad aérea, con competencia de respuesta más allá del campo visual, además de una serie de capacidades que son, a nuestro juicio, esenciales e inalterables, tanto para el piloto como para el avión.

En el caso de los pilotos, son imprescindibles una alta capacidad de gestión, concentración y reacción inmediata para detectar las amenazas del combate. Parte de estas capacidades podemos decir que, en Argentina, se está logrando mediante el entrenamiento que proporcionan la Escuela de Aviación Militar y el Curso de Estandarización y Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) que cuenta con aviones de entrenamiento como los Beechcraft T-6 Texan II e IA-63 “Pampa” que son modernos y hacen que la capacitación resulte buena.

IA-63 Pampa III

La gran carencia es la falta de capacidad aérea de combate, aun cuando el esfuerzo operativo de la FAA, permite que permanezcan en servicio los viejos A-4AR. Está claro que el sistema no tiene mucho tiempo más de vida útil, siendo ya hoy insuficiente en número y capacidades para el control del espacio aéreo, que no puede ser completado por la última versión de un entrenador como es el “Pampa”. En definitiva, las capacidades de hoy de la FAA no alcanzan para proporcionar un control efectivo del espacio aéreo nacional.

La recuperación de cualquier capacidad operativa en la vida requiere, como es bien sabido, tiempo y persistencia en el esfuerzo. A toda la Argentina hay que reconquistarla en sus valores, pero la capacidad bélica, ante un panorama donde nuestros vecinos recurren a hipótesis de enfrentamientos en la zona y se preparan, tanto en planificación como armamento para tal contingencia, debe ser prioridad y fundamentalmente reconstruir nuestra capacidad de respuesta aérea.

A tal efecto debe adquirirse un tipo de aeronave, con sus respectivos componentes, que provean precisión, legibilidad, funcionalidad, fiabilidad y rendimiento que son y seguirán siendo esenciales para garantizar la superioridad en el enfrentamiento aéreo. Recordemos que, en la actualidad, el combate aéreo por lo general y debido al tipo de armamento con el que hoy deberían estar equipados los aviones es más allá del horizonte (BVR, Beyond Visual Range) con un tipo de armas semiactivas, de guía radar que el piloto lanza a mucha distancia.

Debemos, además, tener en cuenta que la lucha por la superioridad aérea está ahora en dar respuesta a las demandas lógicas del combate más frecuente, el BVR, y, en consecuencia, los avances a nivel ingeniería, construcción, e innovación tecnológica destinados a la mejora de la aerodinámica de un avión han llegado a un periodo de maduración. A la hora de adquirir material aéreo hoy la búsqueda se debe dirigir hacia esa tecnología.

Que un avión pueda acelerar más rápido y tenga más maniobrabilidad, siempre son ventajas sobre el enemigo, es indudable, pero en los combates actuales es mucho más importante que el radar de un avión sea mejor que el del enemigo para, entre otras cuestiones, ser capaz de distinguir aviones a más distancia y ver simultáneamente a todos los objetivos.

Respecto a la aviónica, las nuevas tecnologías integradas a bordo convierten a la aeronave en una plataforma óptima para una amplia variedad de misiones, desde vigilancia, reconocimiento y ataque a guerra electrónica e inteligencia de señales. En la carrera por la superioridad aérea de un avión, un área fundamental es la mejora de los aviones a nivel software y, sobre todo, cómo presentárselo al piloto. Es impensable obtener la victoria sin la superioridad electrónica.

El piloto tiene tanta información facilitada por el software de su avión, que su mayor dificultad es ser capaz de gestionarla por completo y saber qué es lo importante en cada momento, para que la saturación de datos no le suponga en ningún momento una sobrecarga cognitiva, porque cuanto más complicada sea la parte informática de un caza, peor será el combate que realice en vuelo. El avión que se debe seleccionar debe tener una presentación de la información mediante el procesamiento de algoritmos que priorice qué información mostrar, en qué orden y en qué momento para facilitar el análisis y la toma de decisiones por el piloto. De la misma manera, la legibilidad y ergonomía de la instrumentación es un requisito de la mayor importancia.

En cuanto a armamento, es fundamental que las innovaciones vayan muy parejas con los avances en radar pero todo avión, cualquiera fuere su misión, debe tener un sistema de misiles de corto alcance, que junto al cañón y el rendimiento aerodinámico son esenciales para un eventual combate visual. Para el combate más allá del alcance visual, se debe implementar, de ser posible, un misil guiado por radar activo con “alcance más allá del horizonte” (BVRAAM) En definitiva, es fundamental que vayan parejos las innovaciones y alcance en armamento con los del radar de la aeronave.

En un país inmerso en una crisis económica permanente, donde no parece que la administración política del Estado argentino resulte capaz para proveer el bienestar común que se preconiza en nuestra Constitución Nacional, con la desaprensión y el desinterés en materia de Estrategia de Defensa de la mayoría de los políticos, es casi improbable que se reconstruya el Poder Aéreo en estos tiempos, pero los que estamos interesados en el estudio de los conflictos a nivel mundial, preocupados por la indefensión de nuestra Patria, nos vemos en la obligación de advertir las carencias en esta materia y ofrecer alternativas y como decimos al principio contribuir a contextualizar la tremenda importancia que tiene la Defensa Nacional y en este caso el Poder Aéreo.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

 

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