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EVO MORALES Y SU PROYECTO DE UNA NUEVA NACIÓN. INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SITUACIÓN EN PERÚ.

Confeccionado por ARESINFOSERVICE

Contexto geográfico (Ver anexo “Mapas”)

La nación aimara (Sur Perú, Norte Bolivia, Norte Chile)

RUNASUR (Movimientos Indígenas y sociales – “Patria Grande”)

Objetivo

Creación de una nueva nación con territorios del norte de Argentina, norte de Bolivia, sur del Perú y norte de Chile.

Clasificación del conflicto

Conflicto armado de 5ta generación con fuerte componente de acción psicológica con posterior traslado a Guerra Asimétrica.

Actores

Estado Peruano

Evo Morales y afiliados

Parte pueblo aimara

Otros vectores útiles

Contexto general

El objetivo era crear una sublevación como la Mapuche en Chile y Argentina, la cual llevó varias décadas de preparación.

 

Informes no confirmados dicen que Evo estuvo enviando población boliviana cercana al MAS (Movimiento al Socialismo) a la zona del lago Titicaca durante los últimos 15 años.

Se cree que los manifestantes están disparando con munición «expansiva», la cual no es usada ni por la Policía Nacional del Perú ni por las Fuerzas Armadas peruanas, y que ese tipo de munición fue contrabandeada al Perú por los «Ponchos Rojos» de Evo Morales.

Los Ponchos Rojos son una milicia de origen aimara cercana a Evo Morales con asiento en la provincia boliviana de Omasuyos y con epicentro en la ciudad de Achacachi, capital de la provincia.

La munición expansiva fue utilizada en levantamientos en Puno y Juliaca y se estima que los «Ponchos Rojos» la ingresaron al Perú debajo de sus ropas.

En el año 2017, y luego de los enfrentamientos con los aimaras, la policía boliviana fue expulsada de Achacachi por varios meses.

En Perú, la población aimara, se encuentra principalmente en el departamento de Puno, Moquegua y Tacna y muchos han migrado a ciudades como Lima, Arequipa y Tacna. En Chile se extiende por el extremo norte como en la ciudad de Arica.

Evo apela a la población indígena aimara que viven en la Meseta del Collao, zona lago Titicaca.

Su intención es desestabilizar la zona de Cusco y de Puno. El financiamiento para el levantamiento proviene desde Bolivia, las armas provienen desde el norte de Bolivia, posiblemente de la ciudad de La Paz.

Es por esto que desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa del Perú continuamente realizan videos de uniformados llamando a la paz social hablando la lengua aimara.

Evo Morales es considerado como persona peligrosa para la seguridad nacional y tiene prohibido el ingreso al Perú.

Debido a la naturaleza del conflicto generado en el sur del Perú, se necesitarán de acciones de comunicación y acción psicológica extensas e intensivas para calmar la situación. La naturaleza del conflicto obliga al Estado peruano a actuar de «buffer» y absorber la mayor cantidad de violencia. La represión con altos niveles de intensidad podría desestabilizar aún más la zona en favor de Evo Morales a niveles peligrosos para la integridad territorial del Perú.

Sería necesario detectar, identificar y neutralizar los canales de información utilizados por Evo y su gente y luego desplegar comunicación/psy ops sobre la población afectada con el objetivo de contrarrestar su accionar.

Así como es de vital importancia detectar e identificar a los líderes claves de cada zona para entablar un diálogo y desarmar protestas.

La única salida que puede considerarse para este conflicto es el de la acción psicológica a gran escala, con participación de figuras artísticas, canales de televisión, etc., con el mensaje de «Traer paz y prosperidad para el Perú».

Evo y su gente hicieron un gran trabajo comunicacional y de preparación psicológica.

Evo viaja a la Argentina para intentar crear una Coordinadora de movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Evo convocó a movimientos cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia y otras organizaciones para ser parte de la Coordinadora.

La “toma de Lima” no tiene intención de ganar territorio, desde el sur hacia el norte, si no de acaparar la atención de medios internacionales, intentar el derrocamiento del gobierno para promover la asamblea constituyente y más adelante provocar la secesión del sur del Perú

El conflicto en Lima puede actuar de “buffer” (“amortiguador de shock”) con el objetivo real que es el sur del Perú. Mientras más se focalice el conflicto en Lima, con más soltura se moverán y actuarán en el sur del Perú.

MISERIA UNIVERSAL

Cristian Taborda*

Pareciera al menos contradictorio que movimientos sociales coincidan ideológicamente con la plutocracia global en la aplicación de políticas económicas.

 

El pasado fin de semana, tal como ocurre todos los años, gran parte del pueblo se movilizó a Liniers para celebrar el día de San Cayetano a realizar ofrendas, agradecer y hacer pedidos al patrono del trabajo, como siempre bajo la consigna de “Pan y Trabajo”. Pero como ya sabemos el diablo siempre mete la cola y la ideología no descansa y allí apareció el progresismo representado por los movimientos sociales que con la última política de moda, “Made in Davos”, al patrono del trabajo fueron a pedirle una renta básica universal. Progresismo Champagne.

Pareciera al menos contradictorio que movimientos sociales coincidan ideológicamente con la plutocracia global en la aplicación de políticas económicas, pero no sería la primera vez en la historia que la izquierda coincide y es útil a los intereses del capital financiero. Es que justamente la propuesta de Juan Grabois, Emilio Pérsico y el “Chino” Navarro es la misma que la del Sr. Klaus Shwab, fundador del Foro de Davos, Christine Lagarde, ex Fondo Monetario Internacional o los Ceo’s de las Big Tech, como Mark Zckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates. La burguesía que Grabois detesta y dice combatir impulsa lo que pide el líder de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

No es más que una concesión del poder financiero para calmar a las fieras, lo que Antonio Gramsci llamaba como “reformismo preventivo”, un proceso de transformación social sin momento “jacobino” impulsado “desde arriba”, la clase dirigente acomoda su visión del mundo, se reorganiza y produce reformas, toman las demandas, las hacen suyas como parte del programa, cooptan grupos y líderes políticos, y producen así una “revolución pasiva”. Esta revolución, mediante el consenso y debilitamiento de la oposición busca consolidar la hegemonía de la clase dominante, es por ello que no sorprenderá ver el transformismo político de varios actores. El travestismo político está a la orden del día.

Ahora bien, lo que no nos cuentan es quién paga el pato de la boda. ¿Quiénes serán los que financien la renta básica universal? O mejor dicho ¿Cómo piensan financiarla? No es necesario tener un Magíster en economía para saber que lógicamente la solventará el Estado mediante impuestos ¿o acaso tendrán pensado tomar deuda ad nauseam para gasto corriente? Si se decide que sea vía impuestos, ¿se seguirá bolsiqueando a PYMES y los malditos empresarios que cometen la herejía de montar una empresa y dar empleo cobrándoles un impuesto al impuesto del impuesto? ¿O quizás serán la oligarquía de los autónomos y monotributistas junto a los trabajadores desclasados y burgueses que despilfarran su dinero cargando nafta a sus autos, que encima contaminan el medio ambiente? Imaginable sólo en progrelandia.

Según la UTEP el Salario básico universal debe ser un “derecho permanente” garantizado por ley para personas de 18 a 65 años, se percibiría mediante ANSES sin contraprestación laboral pero con presentación de un certificado de cumplimento de tareas laborales, estudios o tareas de cuidado, e implicaría un 2,2% del gasto primario. La idea de “derecho” y la excusa igualitarista nunca fallan cuando se trata de tomar medidas que pretenden poner un velo a la falta de creación de empleo, a la marginalidad y la pauperización de los trabajadores maquillándolas bajo la cosmética política de inclusión de minorías o la agenda de género al tiempo que se condena a la mitad de la población a la miseria, con una estratificación social neofeudal de señores y siervos, pero estos últimos sin tierra ni trabajo.

Porque no es más que eso, más allá de buenas voluntades o intenciones bonachonas, es la consolidación de una sociedad de beneficencia que reparte limosnas, migajas del Estado, la condena a una miseria universal, disfrazada de “derecho permanente”, la servidumbre a un “Estado (omni) presente” que ahora se hará de una nueva herramienta de control social. Es asumir que no se puede crear trabajo, es decir que no gobiernan, que administran la pobreza.

Y GOBERNAR ES CREAR TRABAJO.

 

* Analista político.

Publicado originalmente por Restaurar.org http://restaurarg.blogspot.com/2021/08/miseria-universal.html

HACER QUE NUESTRAS DEMANDAS SEAN TANTO PRÁCTICAS COMO VISIONARIAS

Mark Engler* y Paul Engler**

Señales publicadas cerca de 38th y Chicago Avenue South en Minneapolis. (Flickr/Tony Webster)

Cómo los movimientos sociales están empleando el concepto de la «reforma no reformista» para promover un cambio de largo alcance.

Cuando se trata de evaluar una determinada demanda o propuesta de reforma, los movimientos sociales se enfrentan a un dilema común. En respuesta a la presión que generan los activistas, los políticos convencionales constantemente pedirán paciencia y moderación. En el mejor de los casos, sólo respaldarán las reformas poco a poco que consideren razonables y pragmáticas. El resultado son ajustes tecnocráticos que podrían ofrecer pequeñas ganancias, pero que no desafían fundamentalmente el status quo. Por otro lado, en momentos en que están a punto de obtener concesiones significativas, algunos activistas no quieren aceptar el “sí” como respuesta. Les preocupa que aceptar cualquier reforma signifique abrazar la cooptación y diluir su visión radical. Como consecuencia, terminan en un ciclo de autoaislamiento.

Entonces, ¿cómo se decide cuándo una demanda es válida y cuándo vale la pena aceptar una reforma? ¿Cómo pueden los movimientos sopesar el deseo de obtener ganancias prácticas y evitar la marginación con la necesidad de mantener una visión transformadora?

En el pasado, los debates en este sentido a menudo han tenido lugar en un marco que enfrentaba la reforma con la revolución: aquellos que sostenían que los movimientos sólo podían avanzar en forma gradual se enfrentaban a aquellos que creían que el sistema debía ser reemplazado en un momento de ruptura dramática. Pero en la década de 1960, el teórico austriaco-francés André Gorz intentó romper esta dicotomía fija y ofrecer a los radicales un camino diferente. Propuso que, en situaciones en las que la revolución podría ser deseable pero no podía considerarse inminente, los movimientos debían llevar a cabo reformas “no reformistas” o “estructurales”, cambios diseñados para marcar una diferencia práctica en el corto plazo, al tiempo que avanzaban hacia transformaciones más grandes.

Las reformas no reformistas se caracterizarían por varios rasgos clave: primero, en lugar de ser tratadas como fines en sí mismas, servirían como pasos hacia una visión más amplia del cambio. En segundo lugar, no sólo serían transmitidas por burócratas y políticos, sino que se ganarían a través de la organización, la protesta y la aplicación de la influencia de un movimiento. Y, por último, cada reforma estaría diseñada para cambiar el equilibrio de poder entre los movimientos y las instituciones del statu quo, dejando a los defensores en una mejor posición para emprender batallas por un cambio aún mayor en el futuro y comenzar nuevos ciclos de movilización.

Gorz era muy consciente de los peligros de la cooptación y de la capacidad de las instituciones del statu quo para absorber los desafíos externos. Dado que, en sus palabras, cualquier cambio podría volverse “desarticulado, controlado y digerido por el sistema” con el tiempo, la voluntad de participar en una lucha continua era esencial. Sólo así una sucesiva serie de cambios modestos podría convertirse en parte de una “conquista progresiva del poder” por parte de las fuerzas del movimiento.

Estableciendo los standards

Desde los tiempos de Gorz, el concepto de la reforma no reformista ha sido invocado por una amplia gama de activistas, desde anarquistas dedicados a los liberales de izquierda de la American Prospect. Ha sido empleado con frecuencia por socialistas democráticos en los Estados Unidos —que fueron pocos en número entre las eras de Reagan y Obama, pero que han visto cómo sus filas aumentaron dramáticamente después de las campañas electorales de personas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez—, a menudo para defender demandas como el Green New Deal o Medicare para Todos. Y el concepto se ha abierto camino en los debates recientes de los movimientos sociales.

Un mitin de Medicare para Todos en Los Ángeles en febrero de 2017. (Flickr/Molly Adams)

The Red Deal,” un manifiesto publicado en 2021 por un grupo de organizadores indígenas llamado The Red Nation (La Nación Roja), adopta las reformas no reformistas como parte central de su estrategia. Haciéndose eco de la evaluación de Gorz de las condiciones en Europa en la década de 1960, los organizadores argumentan: “No debemos apartarnos de la verdad: todavía no poseemos la capacidad para la revolución, de lo contrario habríamos visto un movimiento de masas unificado salir de la notable energía revolucionaria de la última década. Y, sin embargo, tenemos muy poco tiempo para llegar allí”.

Respaldando un tipo de “reforma no reformista que no limita la posibilidad de lo que ofrece el status quo, pero que desafía fundamentalmente la estructura de poder existente”, The Red Nation intenta trazar un rumbo que permita campañas enmarcadas en cambios a corto plazo al mismo tiempo que presiona para una revisión estructural. Estos organizadores proclaman su intención de destruir el sistema “para reemplazarlo”, y lo ven como un proceso que puede surgir ya sea a través de la agitación o a través de “un millón de pequeños recortes”. Las reformas no reformistas son las que proporcionarán los recortes de papel y las navajas de afeitar necesarias para esta última opción.

Cuando se trata de nombrar ejemplos específicos, The Red Nation señala actividades que van desde la política electoral hasta la protesta y la ayuda mutua. “Nuestras reformas no reformistas vendrán en muchas formas”, escribe el grupo. “Se parecerán a las redes de bancos de semillas indígenas de base donde miles de agricultores sostenibles comparten, comercian y alimentan a sus comunidades. Se verán como carreras exitosas para las elecciones municipales donde los candidatos de izquierda implementan una plataforma popular para el clima y la justicia social a nivel municipal y municipal. Parecerán campamentos de tierra o resoluciones de consejos tribales que rechazan los asentamientos coloniales de agua. … Cualquiera que sea la forma que adopten, simplemente debemos ponernos a trabajar”.

La variedad de grupos que se han interesado en las reformas no reformistas pone de relieve el hecho de que la definición del concepto por parte de Gorz es lo suficientemente ambigua como para invitar al debate sobre qué demandas específicas deben o no deben incluirse. A medida que diferentes grupos y estrategas individuales han formulado sus propias iteraciones de la idea, a menudo han proporcionado listas de preguntas para que los activistas las usen en la evaluación de una reforma. Los ejemplos de varias fuentes incluyen:

“La iniciativa ¿aumenta la descentralización y la difusión del poder y control, tanto económico como político, más que su concentración?”

¿Nos “[pone] más cerca de una visión emancipadora, o [nos pone] en una mejor posición para alcanzarla[?]”

“¿Esta lucha está ejerciendo presión sobre las falla en el Estado?”

“¿Legitima o expande un sistema que estamos tratando de desmantelar?”

Y, “¿tendremos que deshacer esto más tarde?”

Tales preguntas divergen en su contenido ideológico y algunas son más consistentes con la intención original de Gorz que otras. Pero no es necesario que todos los grupos se pongan de acuerdo sobre una norma absolutamente uniforme para los cambios que aprueban. De hecho, un punto principal del concepto es permitir un debate estratégico, basado no en esquemas utópicos ni en los estrechos confines de lo que los legisladores del establishment conciben como conveniente, sino más bien en el deseo de un movimiento para crear victorias que puedan construirse unas sobre otras.

Como la autora y periodista Megan Day escribe, dirigiéndose a los miembros de los Socialistas Democráticos de América, “Los socialistas pueden tener desacuerdos razonables sobre lo que constituye exactamente una lucha de reforma estructural. Eso está bien, y ese es exactamente el tipo de debate que la izquierda socialista debería tener consigo misma”. Y añade: “Sin embargo, debemos prescindir de las concepciones que contraponen las luchas reformistas al objetivo final del socialismo como un tipo diferente de sociedad. La conclusión lógica de la hostilidad a las luchas por la reforma es la abstención de los esfuerzos continuos de los trabajadores por mejorar su calidad de vida. Ese tipo de calentamiento perpetuo de los bancos conduce a una especie de aislamiento sectario que se vuelve estéril por la falta de contacto significativo con los millones de personas que actualmente se encuentran fuera del redil”.

Reforma y abolición

Tal vez el compromiso más animado con la posibilidad de reformas no reformistas ha venido de los abolicionistas de las prisiones y de la policía, muchos de los cuales dan crédito a Ruth Wilson Gilmore por popularizar el concepto. (De hecho, los organizadores de The Red Nation señalan a estos activistas por inspirar su propia adopción de la idea). En su libro de 2007, “Golden Gulag”, Wilson Gilmore llama a los abolicionistas a buscar “cambios que, al final del día, desentrañen en lugar de ampliar la red de control social a través de la criminalización»” Señala que estos objetivos estructurales son particularmente difíciles de apuntar cuando los movimientos se profesionalizan demasiado y están en deuda con los financiadores. Sin embargo, sostiene que la dedicación a este camino es, no obstante, necesaria, escribiendo que “todas las crónicas de las revoluciones muestran cómo los cambios persistentes y pequeños, y las consolidaciones totalmente inesperadas, sumaron suficiente peso, a lo largo del tiempo y el espacio, para causar una ruptura con el viejo orden.”

En un ensayo publicado en el Boston Review sobre la larga lucha por los derechos civiles contra la policía y el encarcelamiento, el profesor de historia afroamericano Garrett Felber escribe: “La relación entre la abolición (como objetivo) y la reforma (como un medio para un fin) sigue siendo un debate vivo”. Cita una variedad de objetivos específicos que se han incluido en los llamamientos a favor de un cambio intermedio: “Ejemplos de reformas no reformistas”, señala Felber, “incluyen, entre otros: abolir la reclusión en régimen de aislamiento y la pena capital; moratorias en la construcción o ampliación de prisiones; liberar a los sobrevivientes de violencia física y sexual, a los ancianos, enfermos, menores y a todos los presos políticos; la reforma de las penas; poner fin a la fianza en efectivo; la abolición de la vigilancia electrónica, la vigilancia de las ventanas rotas y la penalización de la pobreza; y una garantía federal de empleos y hogares para los ex encarcelados”.

Mientras que la reforma de la policía y la abolición a menudo se yuxtaponen entre sí como paradigmas en competencia, Mariame Kaba, una de las principales pensadoras abolicionistas, utiliza el concepto de reformas no reformistas para sugerir áreas de superposición. “De alguna manera, lo que la gente piensa es que o estás interesado en la reforma o eres un abolicionista, que tienes que elegir estar en un campo u otro”, explicó Kaba en una entrevista en 2017. “No lo creo. Para algunas personas, la reforma es el objetivo principal y final y para algunas personas la abolición es el horizonte. Pero no conozco a nadie que sea abolicionista… que no apoye algunas reformas”. Si bien Kaba afirma que es legítimo preocuparse de que una reforma determinada pueda terminar reforzando el sistema, advierte contra caer en la trampa de pensar que «no podemos hacer nada hasta que derroquemos al Estado». Como guía para elegir demandas, se pregunta: «¿Cómo pensamos en las reformas que no nos dificultan desmantelar los sistemas que estamos tratando de abolir? ¿Eso no hace que sea más difícil crear cosas nuevas? ¿Cuáles son las reformas… que nos ayudarán a seguir avanzando hacia el horizonte de la abolición?”

Una marcha que pide la abolición de la policía en Filadelfia el 28 de junio de 2017. (Flickr/Joe Piette)

A fines de 2014, en medio de las protestas generalizadas de Black Lives Matter, Kaba escribió un blog post proponendo normas más concretas que los movimientos de reforma deberían apoyar y que deberían evitar respaldar. Aconsejó que los activistas rechacen las reformas que asignan más dinero a los departamentos de policía; que abogaba por “más policía y policía (bajo términos eufemísticos como ‘policía comunitaria’ …)”; que se basaban principalmente en el uso de la tecnología; o que «se centrara en diálogos individuales con “los agentes de policía. Entre otras medidas, argumentó que los movimientos deberían apoyar demandas que proporcionaran reparaciones a las víctimas de la violencia policial, redirigirán los fondos para la prisión y la policía a otros bienes sociales, o que “promoviera la transparencia de los datos”.

La publicación fue una sensación inesperada, y se convertiría en un punto de referencia en los debates en los próximos años. “Lo escribí tan rápido”, reflexionó Kaba. “Varios jóvenes organizadores que se identifican como abolicionistas me hicieron algunas preguntas y que estaban luchando poderosamente cuando salían todas estas propuestas sobre cámaras corporales y esas cosas. Estos organizadores querían apoyar algo, pero no sabían qué y no creían que supieran cómo resolverlo por sí mismos. Escribí ese artículo muy rápido y lo publiqué en mi blog. Se volvió viral: alguien me envió un correo electrónico desde Londres para decirme que lo estaban usando allí. Pensé, Dios mío, eso es realmente asombroso y genial para que algo sea útil para mucha gente”.

En 2020, durante los levantamientos masivos a raíz del asesinato de George Floyd por parte de la policía, el debate sobre las demandas en el Movimiento por las Vidas Negras se calentó aún más. A medida que las protestas aumentaron a principios de junio de ese año, Campaign Zero, una organización cofundada por el prominente, aunque controvertido, activista DeRay Mckesson, lanzó una campaña llamada #8CantWait. Esta campaña presentó un conjunto de demandas inmediatas que enmarcó como “ocho reformas específicas que las comunidades locales pueden adoptar para reducir la violencia policial hasta en un 72 por ciento”. Entre ellas figuraban medidas como prohibir a la policía el uso de estrangulamientos y disparar contra vehículos en movimiento, exigir a los agentes que proporcionaran advertencias verbales antes de usar la fuerza letal y obligar a la policía a presentar informes exhaustivos cada vez que utilizaran o amenazaran con usar la fuerza contra civiles. La lista fue ampliamente compartida en las redes sociales y obtuvo el respaldo de los dos políticos principales (como el excandidato presidencial demócrata Julián Castro) y celebridades (incluyendo a Oprah Winfrey y Ariana Grande).

Muchos activistas, sin embargo, no quedaron impresionados por las reformas de la Campaña Cero y arremetieron contra sus creadores. Las demandas, acusaron, eran “inútiles” e “irresponsables” —o posiblemente incluso “peligrosas”— al ignorar propuestas de cambio más exhaustivas. El alboroto reveló una división que se convertiría en objeto de un considerable debate. Curiosamente, al menos algunas de las reformas #8CantWait podrían considerarse consistentes con los estándares de Kaba para las reformas descritas en su publicación de blog de 2014: no tenían una base tecnológica, no se basaban en una mayor vigilancia comunitaria o se centraban en el diálogo con oficiales individuales. Exigir informes, por ejemplo, promueve la transparencia de los datos y es una pérdida de recursos para los departamentos de policía, que están obligados a dedicar más tiempo al papeleo. Otras reformas propuestas por la Campaña Cero no se considerarían controvertidas a primera vista: después de todo, ningún abolicionista quiere que la policía dispare a los vehículos en movimiento. Entonces, ¿qué motivó la controversia?

Un primer problema fue que, violando uno de los estándares clave de Gorz, Campaign Zero no ofreció sus demandas como pasos graduales al servicio de algo más grande. Más bien, presentaron su lista de reformas como la solución, invocando la “prueba” de la ciencia de datos para dar a sus propuestas el barniz de la objetividad. No en vano, los méritos de los datos en uso resultaron ser muy debatibles y la idea de que el problema de la violencia policial contra las comunidades de color podría resolverse de manera sustantiva con algunos ajustes menores sigue siendo muy dudosa.

En segundo lugar, existía la sensación de que las demandas hacían que el movimiento se viera contradictorio. En un momento en que las protestas masivas estaban a punto de impulsar cambios ambiciosos en la institución de la policía estadounidense, el #8CantWait exige, en palabras de un activista mencionado por Colorlines, ofreció “la salida fácil para los políticos”. La lista de reformas ignoró por completo la idea central, que estaba ganando fuerza rápidamente, de que el país debía reorientar los recursos de la policía hacia los servicios sociales. Además, desde una perspectiva organizativa, las estrechas demandas de #8CantWait estaban fuera de sintonía con el imperativo de radicalizar una avalancha de nuevos manifestantes y reunirlos en torno a una visión más profunda del cambio.

Los críticos señalaron que muchas de las reformas #8CantWait propuestas ya habían sido adoptadas por los principales departamentos de policía. Como escribió  la comentarista Olivia Murray para el Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, “De hecho, los departamentos de policía más grandes del país ya tienen la mitad o más de estas políticas en vigor, incluyendo la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y la policía de Filadelfia. En Chicago, donde la policía está sujeta a siete de las ocho políticas, parece que habría poco margen de mejora bajo la propuesta #8CantWait”. Y sin embargo, Murray señaló que la policía de Chicago todavía mata a personas negras a una tasa 27.4 veces mayor que la de las personas blancas”. En lugar de estar orientado hacia la construcción de poder de movimiento para la lucha en curso, las demandas del #8CantWait pretendían aplicar “la ciencia” para crear una resolución tecnocrática.

Frente a una ola de reacción violenta, Campaign Zero emitió una disculpa por haber “desmerecido involuntariamente los esfuerzos invertidos por otros organizadores en cambios paradigmáticos que son nuevamente posibles en este momento”. También añadió material a su sitio web en el que se indicaba que las ocho demandas se entendían únicamente como una estrategia inmediata de reducción de daños, y que también se necesitaban propuestas más sustantivas para la “seguridad integral de la comunidad” y la “abolición” a largo plazo. Pero en ese momento, una campaña rival llamada #8toAbolition había lanzado su propia lista de propuestas que, imitando la infografía de Campaign Zero, pedía medidas para reducir la policía, desmilitarizar comunidades, remover policías de escuelas e invertir en salud. El grupo abolicionista Resistencia Crítica promovió de manera similar su propia rúbrica para distinguir las reformas reformistas de las abolicionistas. En general, la controversia elevó el perfil del debate interno del movimiento sobre las demandas y difundió la conciencia del llamado a reformas no reformistas a los nuevos participantes.

Una ecología de demandas

Siempre habrá tensión entre los movimientos con una visión transformadora, por un lado, y los políticos y reformistas liberales más convencionales, por el otro. Los funcionarios electos y otros actores orientados al establishment, incluso aquellos que afirman simpatizar con los objetivos del movimiento, abogarán de manera confiable por cualquier compromiso que sea políticamente conveniente en un momento dado. Aconsejarán a los activistas que tal acuerdo es lo mejor que pueden esperar obtener y que algo es mejor que nada.

Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Si bien a menudo hay algo de verdad en esta posición, estos funcionarios no reconocen que hay desventajas genuinas en muchos acuerdos. En primer lugar, las reformas pueden atenuar las energías de los activistas y desviar la atención pública, causando la desmovilización. En segundo lugar, una victoria en un punto de disputa, a menudo se produce a costa de una concesión en otro punto, lo que puede significar el abandono de una circunscripción importante. En tercer lugar, los compromisos pueden desviar el enfoque de la promoción de nuevas demandas hacia preguntas sobre cómo se implementarán y monitorearán las reformas pasadas, a veces cooptando a los organizadores del movimiento en roles administrativos. Finalmente, como advirtió Gorz, a menos que se inicie rápidamente un nuevo ciclo de movilización, un cambio gradual puede ser absorbido de manera segura por el sistema, y su potencial transformador se desgasta constantemente con el paso del tiempo.

Los grupos de movimientos sociales, por lo tanto, deben involucrarse en un cálculo complejo al considerar tales reformas, sopesando estos aspectos negativos contra los posibles beneficios a corto plazo para sus electores. No todos los grupos llegarán a las mismas conclusiones. Incluso entre aquellos con aspiraciones radicales, habrá desacuerdos sobre si una demanda en particular es válida o si un compromiso en particular vale la pena en un momento dado.

Un escollo que las organizaciones comúnmente encuentran es la suposición de que la demanda que han elegido como la más estratégica para sus propias campañas es la misma que la que todos los grupos priorizarán. Incluso si esa alineación fuera deseable —lo que no siempre es claramente el caso—, no es realista esperar que se produzca con frecuencia. Los grupos aportan diferentes ideologías, representan a diferentes grupos, se basan en diferentes fuentes de financiación y poseen diferentes teorías del cambio. Incluso una vez que una organización del movimiento decide lo que es correcto para ella, el grupo todavía tendrá que participar en la toma de decisiones matizadas sobre cómo relacionarse con las prioridades de los demás.

La lente de la ecología de los movimientos sociales proporciona un medio para comprender cómo los diferentes grupos abordan su cálculo sobre las demandas, y para elaborar estrategias sobre cómo interactuar con estos diversos actores. En lugar de mirar los esfuerzos para crear un cambio desde la perspectiva de una sola organización, este punto de vista tiene en cuenta todo el ecosistema de personas que trabajan en un tema. Reconoce los diferentes modelos de organización y conjuntos de sesgos que traen los diversos grupos. Aquellos que ocupan diferentes posiciones en la ecología incluyen: individuos que intentan jugar el juego interno cabildeando o trabajando desde dentro de instituciones de poder, grupos comprometidos con la organización basada en estructuras (como sindicatos y organizaciones comunitarias), movimientos de protesta masiva y personas que trabajan fuera del sistema para construir alternativas radicales o promover la transformación personal.

En última instancia, la idea de reformas no reformistas presenta un desafío tanto para los que se centran en los beneficios a corto plazo como para los que tienen la vista puesta en la transformación a largo plazo.

Los grupos de cada una de estas categorías evaluarán las demandas y las reformas de distintas maneras. Y aunque algunas organizaciones pueden tratar de adoptar múltiples enfoques estratégicos o difuminar los límites entre las categorías, casi siempre tendrán una orientación predominante, basada en los enfoques de organización y teoría del cambio más centrales para ellas. Para cada conjunto de grupos hay diferentes cualidades de una demanda o reforma que serán más valoradas y estas diferencias de perspectiva a menudo conducen a la tensión entre las organizaciones en un ecosistema de movimiento, incluso cuando los grupos profesan objetivos similares.

Aquellos que trabajan dentro de las instituciones principales se preguntarán: “¿Una reforma propuesta proporciona una ganancia inmediata y tangible que satisfaga una necesidad de la comunidad?” En otras palabras, están interesados en el valor instrumental de una determinada demanda o compromiso. Evaluarán su valor en función del beneficio concreto que proporciona a uno o más grupos seleccionados. Para los políticos maquiavélicos, tales ganancias son partes importantes de sus operaciones de patrocinio y esenciales en sus impulsos por preservar el poder político; sin embargo, solo perseguirán estos cambios si no generan críticas significativas o alienan a otras partes de la coalición que los apoya. Los radicales que intentan tomar el control de los resortes del poder y tirar de ellos hacia la justicia también estarán preocupados por las reformas incrementales que traen mejoras concretas a la vida de las personas. Y, debido a que están trabajando para impulsar los mejores acuerdos posibles a través de canales legislativos y burocráticos, la viabilidad a corto plazo de una demanda dará forma en gran medida a la percepción de su valor.

Las organizaciones basadas en estructuras están ciertamente interesadas en los beneficios instrumentales que una reforma podría traer a sus miembros. Pero los líderes más visionarios de estos grupos también se preguntan: “¿Cambiará el equilibrio de poder en el sistema?» En este sentido, los sindicatos a menudo participan en “negociar para organizar”, ganar concesiones de empleadores u otros titulares de poder que les permitan atraer miembros adicionales y, por lo tanto, obtener una mayor capacidad para participar en futuras luchas. Para los movimientos de protesta masiva, una pregunta crítica a hacer a una demanda es: “¿Influye en la opinión pública y reúne apoyo activo a nuestra causa?” Aquí, la resonancia simbólica de un cambio propuesto es clave. El valor de una demanda está en ganarse a bloques cada vez más grandes del público para una causa (expandiendo así el apoyo pasivo a un movimiento) o en reunir a la base del movimiento y atraer a un mayor número de participantes activos.

Finalmente, para aquellos que trabajan para crear alternativas fuera de las instituciones dominantes o para promover la transformación personal, una pregunta central será: “¿Una demanda educa a la gente o construye legitimidad para un programa de cambio más profundo?” La prioridad de estos activistas es mantener la integridad de una visión transformadora y promover la conciencia de la misma. Si una demanda es inmediatamente viable —y si resuena en el público en general— es de menor importancia. Si los expertos se enfocan en los aspectos instrumentales de una reforma priorizan el impacto a corto plazo de un cambio, aquellos que impulsan hacia alternativas tienen la visión más larga. Y si los organizadores de protestas masivas se centran en llegar a una audiencia externa más amplia, aquellos que construyen alternativas están trabajando para construir una comunidad más pequeña y dedicada que prefigura los valores de la sociedad que en última instancia desean crear.

Un paso hacia mejores estrategias

La comprensión de la ecología de los movimientos sociales en torno a un tema permite una mayor comprensión de los conflictos que surgen entre los diferentes grupos. Y si bien una apreciación de las diferentes perspectivas no tiene por qué requerir la conclusión de que todos los actores tienen la misma razón en su evaluación de una demanda o compromiso, reconocer diferentes posiciones y sesgos ayuda a los grupos a maximizar la contribución estratégica que pueden hacer.

En última instancia, la idea de reformas no reformistas presenta un desafío tanto para los que se centran en los beneficios a corto plazo como para los que tienen la vista puesta en la transformación a largo plazo. Para los organizadores preocupados por el valor inmediato de los cambios incrementales, el concepto representa un impulso más grande para pensar, para mirar más allá de las circunstancias actuales y adoptar una estrategia que esté alineada con una visión más sustantiva del cambio. Al mismo tiempo, la idea de reformas no reformistas alienta a los radicales a ser duros a la hora de trazar un curso de acción práctica. Los empuja a no permanecer puros, sino a mantener principios en tiempos en que la pureza no es una opción.

Gorz tenía claro que si los movimientos no eran lo suficientemente fuertes como para ganar una revolución de plano, tampoco serían lo suficientemente fuertes como para exigir cambios que desmantelaran el sistema directamente. Como han argumentado los organizadores contemporáneos: “No debemos apartarnos de la verdad”. El punto es crear un camino a través del cual las fuerzas populares, paso a paso, puedan construir fuerza y cambiar el equilibrio de poder. Se trata de señalar en la dirección de los deseos de un movimiento, incluso cuando, por el momento, no está a la altura de sus ambiciones más radicales. Se trata de encontrar medidas que podrían ser menos que ideales, pero que sin embargo valgan la pena, y con ellas trazar un rumbo hacia la transformación.

La asistencia en investigación para este artículo fue provista por Akin Olla.

 

* Mark Engler es escritor, miembro del comité editorial de la revista Dissent y coautor de This Is an Uprising

** Paul Engler es miembro fundador y director del Center for the Working Poor de Los Ángeles, cofundador de Momentum Training y el coautor de This Is an Uprising.

 

Artículo publicado originalmente el 27 de julio de 2021 en WAGING NONVIOLENCE, https://wagingnonviolence.org/2021/07/making-our-demands-both-practical-visionary/

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con la autorización de los autores.