En efecto, cuando el BCRA paga $ 95 lo que vale $ 184, ese dinero se lo quita a todos los agentes económicos de las provincias. Le demuele la riqueza a familias, empresas y a los fiscos provinciales, ya que todos sufren con esta estafa organizada desde el gobierno central.
En artículos anteriores expuse el daño que esta maniobra provoca en cada provincia y cómo el dólar atrasado cristaliza la pobreza en el interior; contrario a lo que exige el artículo 75 inc. 19 de la Constitución Nacional.
Además, esta medida tiene la virtud de casi no perjudicar a la capital federal (como distrito) ya que de él provienen solamente el 0,6% del total de las exportaciones del país (Fuente: INDEC, 2020).
Hoy me quiero detener en cuánto afecta a los fiscos provinciales este impuesto “en negro”. Cuánto dinero el fisco nacional deja de girarles a cada gobierno provincial con la maniobra de sostener atrasada la cotización del dólar. El BCRA les roba a quienes producen bienes de exportación (en un 99,4% situados en territorios provinciales) casi la mitad[1] del fruto de su trabajo al pagarle los dólares a precio vil.
En resumen; el Estado Nacional de forma inconstitucional e ilegal, con el BCRA como ente de recaudación y en abuso de sus atribuciones, no sólo despoja del fruto de su trabajo a quienes producen; sino que les quita dinero a los fiscos provinciales.
Robó, huyó y nunca lo pescaron
Todo el dinero que el BCRA roba a los productores de bienes exportables (software, maquinaria agrícola, aluminio, cueros, lana, leche en polvo, arándanos o cebada) por dólar atrasado, es una quita del precio de venta. Por lo tanto afecta directamente, en un 100%, a su ganancia. Esto es así porque quien produce ya solventa todos sus costos. Es una quita de rentabilidad.
Tiene enormes consecuencias económicas. Al bajar su rentabilidad no se reinvierte en la propia actividad, se paga mal a los proveedores de bienes y servicios, a los trabajadores y en términos generales quien produce busca un punto de equilibrio mediante la reducción de los niveles de producción. Todo lo contrario a lo que podría ser una Argentina de pleno empleo, con un salario medio de US$ 1.500 y con infraestructura en impecable condiciones; la Argentina que yo propongo.
Este manoteo de riqueza de empresas y familias que efectúa el BCRA ocurre bajo las órdenes del gobierno central. Al afectar de lleno (en un 100%) las ganancias de las empresas, por lo tanto, reduce el impuesto a las ganancias que recauda la AFIP.
La AFIP es el ente oficial de recaudación del país a diferencia del BCRA que es el ente paraoficial.
Total exportaciones enero-junio 2021: 35.339 millones de dólares.
Le resto minería (US$ 204 MM) y combustibles (US$ 1.885 MM) los cuales tienen regímenes especiales.
Total exportaciones enero-junio 2021 que pagan el impuesto “en negro” detractado por el ente paraoficial de recaudación (BCRA) = US$ 33.250 MM.
Nuestro universo será, entonces, de 33.250 millones de dólares en un semestre.
El impuesto ilegal recaudado por diferencia de tipo de cambio por el BCRA fue de US$ 33.250 millones x 43,60% = US$ 14.497 millones[2].
Valuado en pesos, el dinero quitado por el BCRA a quienes producen, al pagar a precio vil los dólares, es de $ 2.435.563.000.000.
Ése es el dinero que le quitó a las familias y empresas de todo país el gobierno central en forma ilegal en sólo un semestre.
Ese dinero representa ganancias que las empresas y familias no tuvieron.
Si hubiera llegado a la mano de los agentes económicos, pagaría impuesto a las ganancias por $ 852.447.000.000 (calculado al 35%). [$ 2.435.563.000.000.- x 35%].
¿Cómo se hubieran repartido esos $ 852.447.000.000?
El impuesto a las ganancias tiene por destino, según ley, reforzar las cajas previsionales (15%) y el 85% restante se reparte entre nación y provincias.
La recaudación del impuesto a las ganancias se divide entre nación y provincias en una cuenta muy complicada que básicamente sería así: se retrae un 15% para financiar los gastos previsionales y el resto, luego de unas retracciones de suma fija, se divide entre nación y provincias según una tabla de porcentajes. Para la cuenta que voy a hacer ahora no tomaré las sumas fijas porque supongo que ya se detraen de la actual recaudación.
Así que: 85%[3] de la recaudación que tendrían las provincias y nación si el BCRA no robara dinero: $ 724.580.000.000
Se distribuye según art. 3º de la ley 23.548:
42,34 % al Tesoro Nacional. (art 3º inc. a)
54,66 % a las Provincias. (art. 3º inc b)
1 % al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN). (art. 3º inc. d)
2% entre cuatro provincias (Ley 23548 art.3 inc. c):
Buenos Aires 1,5701%
Chubut 0,1433%
Neuquén 0,1433%
Santa Cruz 0,1433%
Dinero para provincias 54,66% = $ 396.044.000.000 en sólo un semestre según esta participación[4]:
Buenos Aires 19,93%
Catamarca 2,86%
Córdoba 9,22%
Corrientes 3,86%
Chaco 5,18%
Chubut 1,38%
Entre Ríos 5,07%
Formosa 3,78%
Jujuy 2,95%
La Pampa 1,95%
La Rioja 2,15%
Mendoza 4,33%
Misiones 3,43%
Neuquén 1,54%
Rio Negro 2,62%
Salta 3,98%
San Juan 3,51%
San Luis 2,37%
Santa Cruz 1,38%
Santa Fe 9,28%
Santiago del Estero 4,29%
Tucumán 4,94%
Dinero que cada provincia no percibe por la exacción ilegal de retraso de tipo de cambio.
Tenemos cuatro provincias que perciben por dos conceptos [art. 3 inc. c) y art. 4º] y el resto sólo por art. 4º.
En esos cuatro casos voy a poner ambas cifras, la primera por art 4º y en segundo lugar por art. 3 inc. c). El resto se sobreentiende que es sólo por la distribución general, art. 4º.
Perjuicio a cada provincia sólo por semestre enero-junio 2021:
Conclusiones
¿Por qué lo hace la Nación? Porque así el estado nacional vía el BCRA se queda con el 100% del dinero que le quita a quienes producen bienes de exportación.
Si el BCRA cumpliera la ley y pagara el dólar lo que vale o entregara los dólares a sus verdaderos dueños, los estados se quedarían sólo con el 35% de esa cifra. Y el estado nacional se quedaría con el 42,34% del 35%.
El estado nacional percibiría 14,82% del total[5] que es mucho menos que el 100% que recauda (ilegalmente) en la actualidad. El crimen paga. El estado nacional, si cumpliera la ley, perdería el 85,18% de US$ 14.497 millones (en sólo un semestre). La gente asesina por mucho menos de esas sumas.
La situación actual de tener el BCRA como agente de recaudación paraestatal tiene una ventaja adicional: el gobierno central no tiene que explicar qué hace con esos US$ 14.497 millones, mientras que lo que cobra por la AFIP debe gastarlo según el presupuesto nacional.
Si las provincias reclamaran su dinero, esto es, que el BCRA pague lo que valen los dólares o le dé los dólares a los dueños de la cosa, tendrían sus territorios con familias y empresas prósperas. Entrarían a un boom de exportaciones y pleno empleo que la Argentina no conoce desde hace décadas.
Además los fiscos provinciales serían prósperos y no mendigos como actualmente.
En estos momentos hay una amarga discusión en la Legislatura de Neuquén porque deben endeudarse para pagar gastos corrientes, cuando el estado nacional les birló 7.137,58 millones de pesos en sólo seis meses (enero-junio 2021). De eso nadie habla.
Por último, y esto lo quiero destacar, explica por qué es tan importante para el gobierno central tener a la provincia de Buenos Aires intervenida. Eso explica la seguidilla de gobernadores ex funcionarios de la capital (Ruckauf ex diputado nacional por la Capital, al igual que Scioli y Kiciloff; Vidal ex vicejefa de gobierno de la capital).
Por eso Costa, actual ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de estar enardecido por la quita de ingresos fiscales provinciales provocados por el arbitrario retraso cambiario y por los derechos de exportación, por el contrario, promueve mayores derechos aduaneros y ve con buenos ojos el retraso cambiario. Es la voz de la intervención. Actúa en contra de los intereses provinciales. Para comparar, ARBA recaudó por todo concepto en enero – mayo 2021 $ 299.297 millones. Lo perdido por el accionar del BCRA es casi un tercio de esa cifra.
Hice todos estos números para que cada gobernador y ministro de provincia y cada ciudadano provinciano sepa cuánto les roba el gobierno central. Algunas provincias tienen un mecanismo de distribución automático entre los municipios. Cada intendente puede calcular cuánto le costó en ingresos públicos el robo del BCRA enero-junio 2021.
Si queremos prosperar, los senadores deberán asumir su responsabilidad e impedir las acciones ilegales del BCRA. Los gobernadores en lugar de mendigar deberán reclamar lo que corresponde.
Lo más importante: los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deben internalizar que la provincia está intervenida por el poder central y oponerse a todo político que no privilegie los intereses bonaerenses. Mientras los 70 diputados y los 3 senadores nacionales por PBA voten a favor del poder central, los bonaerenses están fregados y la pobreza sólo seguirá en aumento.
Veremos si quienes se dedican a repetir mis notas como si fueran propias, se animan a hablar del robo que representa un tipo de cambio atrasado y cómo es un negocio para los “amigos” del gobierno central. Si juntan coraje, enhorabuena.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Hacia fines de 2019 se realizaban en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) unas Jornadas sobre «selectividad y reducción de pesca incidental», donde se escuchó decir que era «un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo». No era un representante de una organización social o medioambiental o un militante opositor al gobierno, era nada menos que el propio Subsecretario de PescaJuan Bosch quien expresaba este horror, como si no fuera el principal responsable de la depredación pesquera que ocurría en el mar argentino después de varios años de una lamentable y deficiente tarea y, en un repudiable sincericidio nos expresaba, que eraun escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía, en su doble condición de subsecretario del área y presidente del Consejo Federal Pesquero. Pues bien, de ese Consejo del gobierno saliente participaba —y levantaba la mano en signo de aprobación— el actual subsecretario de PescaCarlos Liberman y, a poco menos de dos años de gestión todo se ha agravado; porque no solo se siguen descartando proteínas al mar, vital elemento para la formación y desarrollo intelectual de nuestros niños y jóvenes, sino que la pobreza y la indigencia siguen aumentando en la Argentina.
Estos dos funcionarios de distintas corrientes políticas expresaron y expresan una sola política: la de la ineptitud y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones públicas y, mientras los trabajadores, empresarios, profesionales e investigadores del sector se esfuerzan, con virtudes y defectos en producir más y mejor desarrollando los pueblos donde se radican, estos burócratas son el ejemplo que aprovechan los prebendarios para denostar al Estado, calificándolo de ineficiente, incapaz y, hasta corrupto, para hacerse, vía concesión o privatización de los recursos, privándole a éste de los medios para sostener los servicios básicos a la población.
El ex representante de Santa Cruz y hoy subsecretario Carlos Damián Liberman, quien como consejero votó reiteradamente decisiones que perjudicaron el interés pesquero en general y muy especialmente a los de su Provincia, como surge de las Actas del CFP y, responsable del escaso desarrollo pesquero de esa Provincia en los últimos quince años, sino no fuese por la presencia del imprevisible langostino —cuyos derechos originarios ni siquiera supo defender— mantiene el modelo (¿?) de gestión iniciado en el proceso militar y reafirmado durante el gobierno de Menem. El de la concentración pesquera; la exportación sin valor agregado y la importación de buques; la ausencia de consumo interno y el desempleo y trabajo precarizado. Si este funcionario fuese peronista, diría Evita: «los peronistas tibios, me dan asco». Y habrá otra cantidad importante de argentinos que no son peronistas, y puede no importarles este calificativo, pero no están en el gobierno.
Ya es bastante absurdo que éste y los anteriores gobiernos mantengan con rango de subsecretaría un área que tiene bajo su responsabilidad administrar (investigar, conservar y distribuir) los recursos pesqueros; ser palanca del desarrollo poblacional e industrial del estratégico litoral marino; estar relacionada con la industria naval y la ocupación marítima; su control y defensa y, en un espacio, que está ocupado en un 52% por una potencia extranjera que se sostiene con la sustracción de 250.000 toneladas anuales de recursos migratorios argentinos, además de las capturas igualmente ilegales que realizan buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses con subsidios que facilitan la pesca a distancia. Un Estado ribereño (Argentina) que tiene un PBI marítimo desaprovechado; un sector que exporta el 50% de los recursos que le roban; que pese a tener una Zona Común de Pesca con Uruguay en los puertos de este país hacen su logística los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas. Pero, si algo falta, ¿qué hace la subsecretaría de pesca en el Ministerio de los granos y la carne? En lugar del de la Producción o Industria o en un Ministerio del Mar, como Francia, que con el 10% de Zona Económica Exclusiva Continental Argentina entiende la importancia del mar y sus recursos. La Pesca no solo es una cuestión productiva, de desarrollo, alimentario y sanitario, es geopolítica y de soberanía nacional. Claro, con funcionarios mediocres, con escritorios y la bandera a sus espaldas, es poco probable que se entienda.
Transcribo dos mensajes inaugurales de dos presidentes en el Congreso de la Nación, que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar las capacidades puestas por los citados subsecretarios Bosh y Liberman por igual:
«Para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio».
«Adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos (…) Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades».
El primero, el 1º de marzo de 2016, fue pronunciado por Mauricio Macri y, el segundo, el 1º de marzo de 2020, por Alberto Fernández. Aunque opositores, el mensaje parece similar. Me inclino a pensar que los ineptos (véase significado) de Bosch y Liberman por igual, no han cumplido con el mandato presidencial ante los representantes del pueblo argentino.
A nuestro entender, ambos funcionarios, han sido igualmente incapaces de:
Asuntos Nacionales
1)Nose eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.
2)Nose evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.
3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sostenibilidad y sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.
4)Nose eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.
5)No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo, con motivo -entre otros- del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino y su transformación en terceros países, muchos de ellos consumidores directos.
6)No se aumentó el valor agregado de las exportaciones, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado. Se mantiene el mismo modelo extractivo probadamente generador de menor mano de obra e industrialización nacional y de transferencia del trabajo a los importadores.
7)No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, quién se limitó al mero registro. Se aumentó del esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.
8)No se aumentó el consumo nacional de pescado y por tanto no se mejoró la dieta de los argentinos, la que está entre los más bajos del mundo (6,5 kg per cápita/año) cuando el promedio mundial es del orden de los 20kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y que los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.
9)Se mantuvo la concentración y extranjerización pesquera, concentrando las exportaciones en unos diez grupos empresarios, que colocan en una situación de desarmonía al conjunto del sector pesquero.
10)No se aseguró la diversidad de la explotación, el que depende en gran medida de las exportaciones de langostino, un recurso biológicamente imprevisible, que ante una eventual caída de precio o de la captura llevaría al sector a una crisis sin precedentes.
11)No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras una Unidad Económica Pesquera que pueda garantizar su sustentabilidad económica y social.
12) Cayeron las exportaciones y no se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo y, el valor promedio de las exportaciones en 2020 del complejo pesquero alcanzaron 1.730 millones de dólares (3,2% de las exportaciones totales) y decrecieron 7,1% con respecto a 2019. Del total exportado, crustáceos y moluscos participó con 74,5% (se destacaron los calamares congelados y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados participó con 24,0% (mayoritariamente merluza en filetes, merluza negra congelada y merluza congelada); y harinas y conservas participó con 1,6%. Y esto muestra la endeblez del sector dependiente en gran medida del imprevisible recurso langostino.
13)Se mantiene una política sin federalizar la explotación de los recursos originarios desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.
14)Se mantuvo la política de importación de buques pesqueros, de investigación y transporte y se privatizó un recurso del Estado Nacional o Provincial en su caso en evidente perjuicio de la industria pública y privada argentina, con la consecuente pérdida de mano de obra y sin la rápida y adecuada renovación de la flota obsoleta, cuyas consecuencias trágicas son conocidas. Los españoles importan buques y llevan materias primas ilegalmente del mar argentino. El mantenimiento del DNU 145 del gobierno de Macri, permitió poner en garantía para la construcción de buques los permisos y/o cuotas de pesca, cuyo titular es el Estado, y meras concesiones para habilitar a la pesca. No se ha promovido la acción de la justicia penal.
15)No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el grave caso del puerto de Mar del Plata.
16)No se intervino en la promoción de la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.
17) Se mantuvo con escasa actividad los buques de investigación del INIDEP a pesar de realizarse la construcción en el extranjero de buques destinados a esta tarea. No se realizan investigaciones en alta mar destinadas a demostrar la depredación que están realizando al ecosistema los buques extranjeros que pescan ilegalmente ni a determinar el origen de las especies migratorias que realizan su ciclo vital principal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.
18) No se intervino en la integración Paraná-Río de la Plata-Atlántico Sur para mejorar la eficiencia e integración territorial marina.
19)No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.
20) Nada se ha hecho en materia de acuicultura a pesar de que en el mundo de la producción total de pescados, moluscos y crustáceos alcanza a unos 167 millones de toneladas y que de éstas un 44% son de origen en acuicultura (73,8 millones). En la Argentina la producción total anual llegó en 2019 a las 2.592 toneladas, es decir un 0,0039% a nivel mundial y un 0,0843% en Latinoamérica. Si relacionamos los desembarques totales de capturas marítimas en 2019 (781.327 toneladas) con la acuicultura, en la Argentina ésta representa el 0,33% cuando debería representar el 44% mundial, es decir un volumen del orden de las 343.784 toneladas, que permitirían duplicar el empleo pesquero, el consumo y la exportación nacional.
21) No se tomaron las medidas adecuadas —entre otras considerar esenciales a los trabajadores de la pesca— para evitar la contaminación por COVID-19, la enfermedad y muerte. Amén de las graves dificultades operativas que la enfermedad y ausentismo provoca en la actividad.
Asuntos Internacionales
22)No se llevó adelante ninguna política de erradicación de la Pesca ilegal (INDNR), implementada por la Unión Europea (Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008) por el que se estableció un sistema prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PESCA INDNR). No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares por un valor estimado de 4 mil millones de dólares anuales que duplican las exportaciones de Argentina. No hubo sanciones a la pesca en Malvinas.
23)No se llevó adelante una política de explotación nacional subsidiada de los recursos en la alta mar por parte de los buques argentinos destinada a facilitar la pesca argentina en esa área para contrarrestar la presencia de buques extranjeros en el mar argentino de Malvinas y la alta mar y, facilitar, accesoriamente Acuerdos entre empresas o de Estado-Estado. Esto permitiría duplicar la producción nacional y el empleo y ejercer mayor soberanía territorial y biológica.
24) No se canceló la Comisión Conjunta de Pesca con el Reino Unido y sólo se suspendieron las investigaciones conjuntas.
25)No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal inglesa pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur y Malvinas, violando las Leyes 24.922, la 26.386 y la 27.564, en un evidente incumplimiento de deberes de funcionario público y un daño gravísimo al patrimonio nacional.
26)No se concretaron nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones ilegales de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.
27) No se promovió la derogación del Acuerdo de Madrid I y II; el Pacto de Foradori-Duncan; los Acuerdos de Nueva York, del Atún y Rector de Puertos que le han permitido al Reino Unido extraer de Malvinas desde 1989 a la fecha 32 mil millones de dólares de productos pesqueros de origen argentino debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur, Malvinas e impedir el desarrollo estratégico de la Patagonia y especialmente la provincia de Tierra del Fuego, a cuya jurisdicción pertenecen los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes. A la par, de facilitar la intervención de Estados de bandera (extranjeros) en la administración de los recursos argentinos en el Atlántico Sur y facilitar al Reino Unido el pretendido e ilegal rol de Estado ribereño, absolutamente violario de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
28)Nose intervino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ante los países que subsidian la pesca a distancia (China, España, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Noruega) y, que en el caso específico de la pesca en Malvinas reciben 100 millones de dólares anuales de subsidios.
29) No se opone a la iniciativa de declarar Área Marina Protegida al denominado Agujero Azul, que debería limitarse a declarar monumento por ley aparte la reducida área donde descansan los restos de los tripulantes del ARA San Juan y no restringir la pesca nacional en esa área, mientras que los buques extranjeros no habrán de acatar dicha declaración, creando el gravísimo precedente que seguramente habrá de darle pie al Reino Unido a iguales acciones en perjuicio de la Soberanía Nacional Argentina.
30) Se mantienen las Áreas Marinas Protegidas de Yaganes y Namuncurá en lugar de aplicar los previstos de vedas, reservas, limitaciones, etc. de la Ley 24.922 en un evidente perjuicio a la pesca nacional y por el contrario no ha promovido la instalación de Áreas Marinas Protegidas en los 1,6 millones de km2 en los territorios marino alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur mantiene ocupado el Reino Unido.
31) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación certificada de los productos pesqueros argentinos en el mundo y equilibrar las barreras para-arancelarias que organismos internacionales certificadores ejercen sobre los productos nacionales y los sistemas de explotación. A punto tal que estas empresas extranjeras certifiquen procesos y productos extraídos en forma ilegal en las áreas bajo ocupación del Reino Unido.
En la numerología el 31, que son el número de observaciones que aquí se realizan, simboliza la expresión creativa, sinceridad, confiabilidad, pragmatismo, seguridad, etc. el problema es que a estos funcionarios les faltan y no están presentes.
Los funcionarios públicos van a tener que empezar a rendir cuentas. No sea que tomemos como cierto los cuentos del pescador mentiroso o apelemos a la multiplicación de los peces para ser, como tantas veces, campeones morales del subdesarrollo.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja de manifiesto este gobierno nacional, el anterior y el anterior, per sécula seculorum.
Algunos funcionarios del sector pesquero, al solo efecto de posicionarse en las propias internas de los partidos gobernantes de turno, suelen referirse a que el sector tuvo un volumen mayor crecimiento que el agrícola, ganadero, minero, etc. Ello sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a 3.192 millones de dólares (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de 24.310 millones de dólares, obviamente muy superior a los U$S 1.730 millones de dólares de la pesca.
Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso, la eliminación de los descartes, el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.
Finalmente habría que agregar que, siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, americanos, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.
Todas tienen en común que sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también, que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.
Accesoriamente y como muy importante es que la Pesca es una herramienta estratégica para encaminarnos a la recuperación de Malvinas y esto no parecen entenderlo ni el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman ni el secretario de Malvinas Daniel Filmus. Ellos también siguen consumiendo no más de 6,5 kg per cápita de pescado por año y con este simple dato es muy poco probable revalorizar el mar y los espacios insulares argentinos.
Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria (Manuel Belgrano).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
A partir de 4’40” hasta 15’35”. Una joyita. Escuchen con atención.
La mujer se expresó con propiedad y precisión sobre sus cuitas y reclamos al gobierno. Trataré de hacer un —indefectiblemente inexacto— resumen.
Reponer en la nómina compañeros que habían sido desafectados.
Subir el monto unitario del beneficio (inflación).
(Hasta acá, de esperar).
Que los planes sociales no sirven, que lo que se necesita es trabajo formal, que tenga obra social y aportes jubilatorios.
(Bien la señora. Ahora lo más interesante).
Que el gobierno usa a los beneficiarios para bajarle el sueldo (o dejar que se licúe con inflación, agrego yo) a los trabajadores formales del estado. Gran parte de las tareas asignadas al Polo Obrero consisten en trabajos en municipios o de limpieza en el Hospital Posadas (nacional).
Muy bien resumido por la señora. A ellos les pagan monedas y los mantienen como ejército de desocupados frente a los reclamos sindicales del personal de maestranza. Win-win para el gobierno. Pobreza eterna para los “beneficiarios”.
Lo que confirma todas las apreciaciones que hice en su momento sobre los planes sociales. Son una cuña para separar a los trabajadores formales de los precarios. Sirve para debilitar al sindicalismo. Son maniobras de países ricos, no de pobres. Planes sociales tiene EEUU (50 millones con Obama), Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, Holanda, Dinamarca.
Con un PBI como el nuestro, lo que hay que hacer es trabajar; no mantener personas forzadamente fuera del mercado laboral.
Acá estamos, a mediados del 2021, sin trabajo para una población escasa en una enorme extensión, con inflación y sin salida a la vista.
Evidentemente con la democracia no se cura, no se educa y definitivamente no se come.
Desde Alfonsín a hoy el país va para atrás[2]. Todas las medidas económicas que se han tomado han sido para destruir años de acumulación de capital, tanto físico como humano. Si en algún momento se da una mejora (Menem) es temporaria y rápidamente revertida. Hace 10 años que el país decrece sin solución de continuidad.
Todas las medidas que toma el régimen socialdemócrata, omnipresente en todos los partidos con asientos en el congreso, son para la demolición del país y no su reconstrucción.
Una tras otra vemos las medidas para el deterioro de la infraestructura pública, ya sea por falta de mantenimiento o por abandono, o por privatización de fracciones; el endeudamiento eterno como política de estado; el tipo de cambio atrasado para evitar el crecimiento del país, el traslado de actividad a Brasil y el subsidio de las transferencias de tesoros[3] al exterior por parte de funcionarios y “capitalistas de amigos”.
No son los actuales políticos los que van darle a esta mujer lo que ella pide.
El actual régimen no va a generar las condiciones para que haya una economía en crecimiento, con trabajo formal, buenos salarios y seguridad social. Por varias razones: 1) no está dentro de sus objetivos sino todo lo contrario[4]; 2) porque la reducción de la economía y en particular de la economía formal es una restricción externa que nuestros interventores prolijamente instrumentan, 3) es un gran negocio, 4) la precarización laboral, la desocupación y la red de seguridad social son un caballito de batalla de los organismos internacionales para con los países con pasado industrial y con cultura sindical.
Recojamos el guante
Lo que esta señora peticiona, al igual que millones de compatriotas que se quedaron sin trabajo, no se lo van a dar. No los políticos actuales.
Sin embargo, sí hay otro grupo de personas que sí pueden ofrecerle —y lo más importante— cumplir con esos sueños de pleno empleo y trabajos bien pagos y formales.
Hay toda una parte de la Argentina, que no forma parte de la estructura de gobierno (en sentido amplio: oficialismo, oposición, los tres poderes, provincias, municipios, burocracia), que sí sabe qué hay que hacer.
La señora dice “no nos vamos a resignar de que en este país tiene que haber un gobierno que genere un trabajo para que podamos aportar para que podamos tener un salario que nos alcance para vivir”. No es ningún partido socialdemócrata en ninguna de sus variantes la que la va a satisfacer.
Pero sí nosotros (“nosotros” = no-socialdemócratas) tenemos un plan para el engrandecimiento de la Patria, que, ¡oh, casualidad!, coincide con los anhelos de esta señora.
Sabemos que la Argentina debe triplicar, quintuplicar las exportaciones, llegar al pleno empleo, subir los salarios (oferta y demanda) a US$ 1.500 mensuales, invertir en infraestructura (caminos, FFCC, astilleros, flota, FFMM, energía), obra civil anti inundaciones/sequía, Conquista del Desierto II, ocupar el territorio.
Esto llevará a un incremento de actividad agropecuaria, industrial y de servicios. A su vez un crecimiento del nivel de producción de sus proveedores e inversiones en activos fijos (infraestructura) pública y privada. Mayor demanda laboral, que empuja hacia arriba los salarios.
Este país que soñamos implica ocupar el territorio, sofocar las voces e intereses centrífugos, brindar servicios públicos de calidad a todo el territorio y a toda la población sin excepciones. Descomprimir las grandes ciudades. Prosperar.
Servicios públicos de calidad implica buenos salarios para docentes, profesionales de la salud, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Selección y capacitación. Que cuenten con los elementos requeridos para cumplir su misión, submarinos incluidos.
Todo esto (puentes, usinas eléctricas, hospitales, submarinos y salarios) con un costo que no exceda el 25% del PBI.
La parte instrumental es la más fácil: tipo de cambio competitivo pro exportación, eliminación y/o reducción del costo de la deuda pública, no emisión monetaria, eliminación de subsidios que lleven a la concentración de población, inversión en infraestructura en el interior, reducción violenta de impuestos, eliminación de adelantos impositivos, sinceramiento de los canales de comercialización, mejoras en los fletes, autoabastecimiento energético, recuperación de FFMM, etc. Lo de siempre.
El desafío está en otro lado. Está en tomar la iniciativa del gobierno del país. Entender que debemos tender un puente a todos los argentinos como esta señora o trabajadores formales con sueldos infames[5]. Dar la esperanza, cumplible, de que se puede prosperar con trabajo. Quienes lo pueden organizar, prometer y cumplir son quienes todavía tienen algo de resto, antes de que el régimen actual les quite lo que les queda de capital dinerario, cultural o moral.
Ningún proyecto de Nación tiene sentido si no es para todos «garantizar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad». Ningún proyecto político será exitoso (ni merecería serlo) si no es con nuestros rednecks adentro.
¿Qué tenemos que hacer? Ocupar lugares públicos. Ocupar bancas. Aprender el oficio de gobernar el país. Hacer los planes para gobernar, área de gobierno por área de gobierno. Convocar a los especialistas no-socialdemócratas, que existen “cancelados” en sus casas y redactarlos, discutirlos, tenerlos listos para cuando sea necesario.
Unir a todos los “perdedores”, desde el que vende porotos de soja a $95 el dólar y no a $168, a la PyMe que tiene enterrados $ 2 millones de pesos en adelantos impositivos, al agente de policía de la provincia de Buenos Aires con un sueldo de lágrima, a la enfermera de Entre Ríos, a los ferroviarios en un FFCC descapitalizado, a los obreros de FM, siempre bajo la amenaza de la nueva privatización, a los marinos de la inexistente flota fluvial, a los empleados sodomizados con impuesto a las ganancias cuarta categoría, a los monotributistas, y a los 920.000 “beneficiarios” de planes sociales en nombre, trabajadores precarizados en la realidad.
¿Saben por qué debemos hacerlo? Porque podemos.
Nos arrojaron un guante. Estemos a la altura de las circunstancias.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
[1]Perdón, no retuve el nombre del periodista. Muy bien Rossi, también.
[2]O desde que Martínez de Hoz nos endeudó. Cada uno que elija la fecha que más le guste.
[3]Se denomina “tesoro” al dinero que se usa al sólo objeto de reserva de valor o para guardarlo. No se invierte. No se usa. Los saldos de las cuentas en el exterior de varios funcionarios públicos (del gobierno de Macri y del actual) constituyen “tesoros”; en este caso, personales. Ejemplos: saldos de Dujovne o de Todesca.
[4]Ver discursos del presidente en el congreso los días 10/12/2019, 01/03/2020 y 01/03/2021.
[5]U$D 400 promedio con dólar oficial, ó U$D 230 sueldo promedio con dólar libre o blue. Últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de la Nación.
