Archivo de la categoría: ARGENTINA

OBSOLESCENCIA SOCIAL PROGRAMADA Y PENSAMIENTO MÁGICO

Daniel Alberto Symcha*

Las empresas productoras de bienes de uso doméstico han elaborado una estrategia de negocios que implica diseñar productos con una vida útil intencionalmente limitada, programando que dejen de funcionar o se vuelvan obsoletos en un tiempo programado utilizando para ello materiales frágiles, baterías integradas imposibles de cambiar, falta de actualizaciones de software, incompatibilidad tecnológica, perjuicio económico para el usuario por incremento de consumos y costos de reparación, campañas de marketing que generan la sensación de antigüedad o falta de efectividad del producto.

Esta planificación tiene como objetivo obligar a los consumidores a reemplazar los productos fomentando el consumo excesivo, generando un grave impacto ambiental pero manteniendo la capacidad de producción y ventas a las grandes empresas o corporaciones. Es decir, se establece el final de la vida útil de un producto desde antes del momento de su fabricación.

Existe una relación simbiótica entre productores, grandes corporaciones internacionales y banca financiera ambas identificadas al decir del Dr. Marcelo Gullo como Unidades Políticas Sin Asiento Territorial (UPSAT), basada en el financiamiento y la dependencia donde las UPSAT, tienen una relación jerárquica con los productores ejerciendo poder sobre la producción, competitividad, estructura de mercado, control de tecnología, cambios normativos y de desregulación, creación de opinión pública y nuevos mercados.

El huevo de la serpiente

El concepto de obsolescencia programada se originó como una propuesta para salir de la gran depresión de 1930 en EEUU y la autoría corresponde a Bernard London, la propuesta que quedó plasmada en una publicación: «Poner fin a la Depresión mediante la obsolescencia programada» (Ending the Depression Through Planned Obsolescence).

London fue un corredor inmobiliario ruso-estadounidense que afirmaba que el gobierno debía definirle a las empresas establecer la obsolescencia de los bienes de consumo al momento de producirlos. Esto iba a forzar a los ciudadanos a reemplazar productos funcionales pero «viejos» por nuevos lo que implicaba mantener las fábricas en funcionamiento y sostener el empleo de trabajadoras y trabajadores, aún a costa del descarte deliberado de productos funcionales.

La propuesta de London no tuvo éxito en lo que a políticas públicas del Estado estadounidense se refiere porque era una injerencia directa y control sobre las iniciativas privadas, pero sí anticipó y legitimó una lógica económica: la producción sistemática de obsolescencia como motor del consumo que se adoptó como práctica empresarial a partir del año 1940 y las empresas comenzaron a reducir deliberadamente la durabilidad de los productos principalmente mediante cambios de diseño constantes y campañas de márketing.

En el concepto de London: «Los muebles, la ropa y otros bienes deben tener una vida útil, al igual que los seres humanos. Una vez utilizados durante su vida útil, deben retirarse y reemplazarse por mercancías nuevas» y al igual que su plan respecto de la producción y el consumo, las UPSAT siguieron al pie de la letra el concepto del neoyorkino pero aplicado a las sociedades proveedoras de materias primas de los países hegemónicos desde la periferia del poder.

Argentina como un riesgo regional

La República Argentina en 1974 tenía un índice de crecimiento del 7% anual, la industria manufacturera crecía al 6,5%; la industria metálica básica crecía al 8,4% siendo la producción de acero otro de los pilares con un crecimiento al mismo porcentaje. Existía una industria automotriz que crecía al 3,5%. La industria de la construcción con su alto impacto en mano de obra crecía al 12,5%. La demanda de servicios crecía a un 7,4% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecía al 6,4%. La producción de electricidad, gas y agua crecía al 7% anual.

La pobreza en los hogares era del 4,6%, la tasa de desempleo era del 2,7%, el nivel de la deuda externa pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 10%, la inversión bruta tuvo su mayor índice 24% del PBI.

Argentina tenía una sólida estructura estatal, producía buques mercantes y de guerra, aviones, equipamiento militar para las tres Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad, tenía una sólida estructura educativa y sanitaria, un desarrollo industrial de primer nivel, una fuerte participación gremial, desarrollo científico tecnológico propio y un pilar fundamental para el desarrollo nacional, energía nuclear. Argentina pasó a ser un riesgo para la hegemonía angloestadounidense en Latinoamérica.

La decadencia de estas capacidades comenzó con el golpe de Estado cívico militar de 1976, se profundizó posteriormente con los dos primeros gobiernos democráticos y el desguace de las capacidades del Estado llegando a un estallido social en el tercer gobierno democrático que derrocó al presidente De la Rúa quien le había solicitado a las FFAA que intervinieran para controlar el estallido pero las mismas se negaron por no formar parte de sus misiones y funciones.

La organización política argentina permitió sortear la crisis y mantener la continuidad democrática alcanzando en el año 2015, de acuerdo con las palabras del presidente de la Unión Industrial de la República Argentina, Héctor Méndez, recuperar el nivel de producción per cápita industrial de 1974.

Danzando en las ruinas

En la actualidad todos esos índices nuevamente cayeron de forma abrupta en tan sólo diez años, sumiendo a la población en la pobreza alcanzando en 2023 al 40,1% en los centros urbanos, es decir más de 11.756.000 personas. En 2026 los índices oficiales no demuestran confiabilidad ya que la asistencia social económica se elevó 30 veces a la brindada por el Estado en el año 2015, a diciembre de 2025: la Asignación Universal por Hijo alcanzó en enero de 2026 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4.500.000 millones de niños.

A mediados de 2025 de acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), de los 18.000.000 millones de argentinos en zonas urbanas en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa de las zonas urbanas.

De un total de 21.000.000 de personas en edad productiva, la cantidad de desocupados en el segundo trimestre de 2025 fue de 2,3 millones. El número de puestos de trabajo informales comúnmente denominado «trabajo en negro», abarcó al 43,2% del total de puestos de trabajo en tanto que el número de trabajadores subocupados (personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias) fue del 11,6%.

Obsolescencia social programada

Al igual que con los electrodomésticos, existe un criterio de obsolescencia social programada sobre nuestra población resultado de las políticas públicas direccionadas desde organismos internacionales que tiene un impacto directo y sedimentario sobre nuestras capacidades como Nación.

Degradar la calidad y las condiciones de vida mediante un conjunto de acciones económicas programadas, da por resultado inexorable la destrucción del ecosistema productivo, la inestabilidad e incertidumbre laboral de la población, la destrucción del tejido social, la baja de las capacidades de progreso y la denigración de las condiciones de vida de nuestra gente que se refugia en una economía de sustento diario mediante la venta de productos en sus hogares, ferias americanas, producción de panificados, parrillas al paso.

Esta denigración en la calidad de vida implica una limitación en las condiciones de supervivencia y crecimiento mediante la superación en la población joven lo que va a implicar un fuerte deterioro cognitivo por falta de nutrientes, una ausencia del sentido de orden y autoridad por la destrucción del núcleo familiar lo que deriva en procesos de violencia, de tensión y desintegración social.

La vigencia de Umberto Eco

«La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana, y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros», afirmaba Umberto Eco en una de sus columnas en L’Expresso en el año 2015.

La ingeniería multimedial mediante el uso de las tecnologías persuasivas, que estudian como los dispositivos, apps y plataformas pueden diseñarse para influir en nuestros comportamientos y la red de sectas religiosas esparcidas por los grandes centros urbanos favorecen la aparición en la población de un criterio de pensamiento mágico en dónde la realidad es simplemente un obstáculo del espacio tiempo sin importancia. En ambos casos, lo multimedial y las sectas, a partir del pensamiento mágico tienen una función anestésica, es decir bloquear temporalmente la sensibilidad y la conciencia para permitir la realización de acciones invasivas con seguridad y comodidad.

El bombardeo de estímulos, la necesidad de pertenencia a algo y la creencia en que existirá una solución a los problemas a su debido tiempo, actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la conectividad cerebral o adormeciendo zonas específicas, nos distrae del dolor, de la formación de recuerdos o la respuesta motora que podría impedir la continuidad de las acciones que degradan nuestra calidad de vida.

La obsolescencia social programada es la cosecha de una siembra realizada mediante el desconcierto económico continuo, sistemático y sostenido, el desarrollo multimedial a partir de las tecnologías persuasivas y el trabajo territorial de miles de sectas con un discurso de salvación adaptable a cada angustia para generar sentido de pertenencia y empatía que impide el quiebre de un ciclo de opresión.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

©2026-saeeg®

ARGENTINA ANTE EL «CONSEJO DE PAZ»

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

¿Alineamiento estratégico o ruptura del orden jurídico internacional?

La eventual incorporación de la Argentina al denominado «Consejo de Paz»[1], una iniciativa intergubernamental impulsada desde la Casa Blanca por Donald Trump como alternativa funcional a las Naciones Unidas, plantea implicancias geopolíticas, jurídicas y soberanas de enorme gravedad. No se trata de un foro técnico ni de un mecanismo complementario al sistema multilateral existente, sino de una estructura paralela de poder, diseñada explícitamente para desplazar los equilibrios establecidos desde 1945 por la Carta de San Francisco.

Un orden internacional basado en reglas… y su sustitución

El sistema internacional contemporáneo se estructura, al menos formalmente, sobre los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: igualdad soberana de los Estados, solución pacífica de controversias, prohibición del uso de la fuerza y respeto al derecho internacional humanitario[2].

La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional constituyen —con todas sus limitaciones— mecanismos de control, legitimación y responsabilidad internacional.

El «Consejo de Paz»[3] propuesto por Trump rompe de manera explícita con ese paradigma. Su Carta fundacional concentra el poder decisorio, ejecutivo, financiero y jurisdiccional en la figura del presidente estadounidense, quien no solo preside la organización, sino que:

    • decide quién ingresa y quién es expulsado,
    • controla los fondos,
    • designa sucesores,
    • arbitra disputas internas,
    • y puede vetar cualquier decisión colectiva.

Este diseño se aparta radicalmente del multilateralismo clásico y se aproxima más a un modelo de gobernanza privada de alcance global, con rasgos propios de una junta corporativa antes que de una organización internacional.

Argentina: del multilateralismo histórico al alineamiento personalista

La política exterior argentina, desde 1945, se ha sustentado —al menos discursivamente— en el respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias. La adhesión a un organismo como el «Consejo de Paz» implicaría una ruptura doctrinaria profunda, ya que supondría reconocer como legítimo un espacio que:

    • no se rige por la igualdad soberana,
    • no reconoce contrapesos institucionales,
    • y subordina la legalidad internacional a la voluntad de un jefe de Estado extranjero.

Este giro se vuelve aún más problemático si se considera que el propio impulsor del Consejo ha manifestado su intención de que el organismo intervenga en conflictos que él declare «resueltos», desplazando a la ONU y a sus agencias especializadas.

El caso Gaza y la deslegitimación del derecho penal internacional

La contradicción alcanza su punto más crítico al analizar la relación entre el «Consejo de Paz» y la Corte Penal Internacional (CPI). En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante de Hamas Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023[4].

La CPI actúa en virtud del Estatuto de Roma, tratado internacional del cual la Argentina es Estado Parte. Por lo tanto, el país tiene obligaciones jurídicas concretas en materia de cooperación judicial internacional.

Integrar un organismo promovido por un liderazgo político que:

    • desconoce la jurisdicción de la CPI,
    • respalda de manera incondicional a uno de los imputados,
    • y pretende «gestionar la paz» por fuera de los mecanismos judiciales internacionales,

coloca a la Argentina en una posición de tensión directa con sus compromisos internacionales y con el principio de lucha contra la impunidad por crímenes atroces.

Consejo de Seguridad vs. Consejo de Paz: poder sin responsabilidad

A diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU —cuyas decisiones, aun criticables, están sujetas a la Carta de San Francisco y al derecho internacional—, el «Consejo de Paz» carece de:

    • un sistema de responsabilidad internacional,
    • control judicial externo,
    • límites temporales reales al poder de su presidente.

Incluso los conflictos internos del organismo serían resueltos por Donald Trump como «autoridad definitiva», lo que equivale a una privatización del arbitraje internacional.

Una arquitectura para la depredación económica

El requisito de aportar 1.000 millones de dólares en efectivo para extender la membresía más allá de tres años revela el verdadero núcleo del proyecto: una arquitectura de extracción de recursos bajo cobertura institucional.

Este mecanismo no tiene precedentes en el derecho internacional público y se asemeja más a un esquema de inversión forzada que a una contribución multilateral voluntaria. Para un país como la Argentina, atravesado por crisis económicas recurrentes y restricciones fiscales severas, esta exigencia resulta no solo inviable, sino políticamente lesiva para el interés nacional.

¿Paz sin justicia, orden sin derecho?

Aceptar integrar el «Consejo de Paz»[5] implicaría asumir una lógica peligrosa: que la paz puede construirse sin justicia, sin legalidad internacional y sin control democrático.

La historia demuestra que los órdenes internacionales basados en liderazgos personalistas y en la subordinación de la ley a la voluntad del más fuerte no producen estabilidad, sino conflictos prolongados y dependencia estructural.

Conclusión: una decisión que redefine el lugar de la Argentina en el mundo

La pregunta no es solo si el «Consejo de Paz» es eficaz o no. La pregunta central es qué tipo de orden internacional legitima la Argentina al integrarlo.

Entre la Carta de San Francisco y la Carta del «Consejo de Paz»[6], no hay compatibilidad: son proyectos antagónicos.

Optar por uno implica renunciar al otro.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] Singh, K. «Leaders receive US invite for ‘Board of Peace’ to go beyond Gaza conflict». Reuters, 17/01/2026, https://www.reuters.com/world/middle-east/us-names-rubio-blair-kushner-gaza-board-under-trumps-plan-2026-01-17/.

[2] Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco).

[3] Irish, J., & Rinke, A. «World leaders show caution on Trump’s broader ‘Board of Peace’ amid fears for UN». Reuters, 19/01/2026, https://www.reuters.com/world/europe/world-leaders-show-caution-trumps-broader-board-peace-amid-fears-un-2026-01-18/.

[4] Naciones Unidas. (2024). «La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad». https://news.un.org/es/story/2024/11/1534501

[5] The Grand Continent. (2026). Carta del «Consejo de Paz».

[6] Ídem.

 

©2026-saeeg®

 

EL TOPO

Don Juan de Eslavonia

¿Quién nos gobierna y para quién gobierna?

 

EL TOPO, la devoción externa y la desconexión interna

Durante la campaña presidencial de 2023, EL TOPO construyó una identidad política que excedió largamente el debate económico o institucional argentino. A través de gestos simbólicos reiterados, declaraciones públicas y decisiones posteriores ya como presidente, emergió una pregunta central que hoy atraviesa a amplios sectores de la sociedad: ¿para quién gobierna EL TOPO?

Una campaña atravesada por símbolos ajenos

Desde octubre de 2023, EL TOPO protagonizó una serie de actos públicos en los que la simbología del Estado de Israel ocupó un lugar central. En distintos actos de campaña —como el cierre en Rosario— se lo observó flameando banderas israelíes[1] [2] y pronunciando declaraciones que despertaron alarma incluso entre analistas afines, como cuando afirmó en una entrevista televisiva que había venido «a liberar a Israel»[3].

El cierre de campaña en el Movistar Arena condensó esta narrativa simbólica: imágenes de ciudades destruidas, explosiones de alto impacto visual y referencias apocalípticas precedieron su salida al escenario, seguidas por el sonido del shofar, instrumento ritual de la tradición judía históricamente asociado, entre otros usos, a convocatorias colectivas de carácter bélico o religioso[4]. Este montaje audiovisual no constituyó un hecho aislado, sino parte de una narrativa coherente que vinculó su proyecto político con una causa externa de fuerte carga religiosa y geopolítica.

El contexto internacional omitido

Estos gestos se produjeron en un contexto internacional extremadamente sensible. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, diversos organismos internacionales alertaron sobre una crisis humanitaria con miles de víctimas civiles palestinas. Sin embargo, EL TOPO omitió referencias explícitas al derecho internacional humanitario y expresó un alineamiento incondicional con el gobierno israelí, reduciendo el conflicto a una lógica binaria y descontextualizada[5].

Funcionario público en campaña permanente

Durante el año 2023, mientras ejercía funciones como diputado nacional, EL TOPO continuó realizando actividades privadas remuneradas —charlas, cursos pagos y cobro por opiniones—, situación que fue señalada por especialistas como potencialmente incompatible con los principios de ética pública y dedicación funcional exigidos a los representantes legislativos.

En paralelo, causas judiciales previas volvieron al debate público. En particular, el archivo de la denuncia por violencia contra una periodista en 2018 fue cuestionado por organizaciones como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y el Instituto Jurídico de Género de Salta, que denunciaron prácticas revictimizantes y falta de notificación a la denunciante[6].

¿Un problema de personalidad o de proyecto político?

Algunos analistas intentaron explicar el comportamiento político de EL TOPO recurriendo a categorías psicológicas como narcisismo o egocentrismo. No obstante, ningún diagnóstico clínico puede afirmarse sin pericias judiciales concluyentes, y hacerlo sería metodológicamente incorrecto. Lo que sí puede analizarse es el patrón discursivo observable: una narrativa mesiánica, una identificación personal del líder con causas externas y una desconexión simbólica con las prioridades estructurales del Estado argentino.

Gobierno, alineamientos y decisiones estratégicas

Ya en ejercicio del Poder Ejecutivo, estos alineamientos se profundizaron. Las reiteradas visitas oficiales a Israel, la incorporación de funcionarios con vínculos estratégicos con ese país en áreas sensibles y la firma de acuerdos como el convenio de reciprocidad previsional entre Argentina e Israel[7] consolidaron la percepción de una política exterior subordinada, carente de debate público amplio.

Asimismo, la relación con Mekorot —empresa estatal israelí vinculada a la gestión del agua— generó fuertes cuestionamientos en un país donde el acceso al agua potable constituye una infraestructura crítica y un recurso estratégico. Para sectores académicos y políticos, estas decisiones representan una cesión progresiva de soberanía más que una cooperación entre Estados en condiciones de igualdad[8].

¿Destruir el Estado desde adentro?

El discurso libertario que prometía «dinamitar el Estado» dejó de ser una metáfora electoral. A través de decretos, reformas normativas y desfinanciamiento estructural, el gobierno avanzó en un proceso de debilitamiento institucional que reduce la capacidad estatal de regulación, control y planificación estratégica. Algunos analistas interpretan este proceso como la construcción de un andamiaje jurídico que facilita una fragmentación funcional del Estado —una «balcanización blanda»— donde actores externos adquieren poder real sobre recursos, territorios y decisiones públicas.

Paralelismos históricos: política de tierras, marco legal y subordinación estructural

El alineamiento político del actual gobierno argentino con el Estado de Israel habilita un ejercicio comparativo legítimo desde la historia política y el derecho internacional. En particular, pueden identificarse similitudes estructurales —no identidades absolutas— entre ciertas dinámicas actuales y los procesos desarrollados en Palestina durante el Mandato Británico (1917–1948).

Marco legal como habilitador de transferencia de poder

Durante la ocupación británica de Palestina, la Declaración Balfour de 1917, posteriormente incorporada al Mandato de la Sociedad de Naciones en 1922, constituyó el marco jurídico que legitimó la promoción de un «hogar nacional judío» en un territorio habitado mayoritariamente por población árabe palestina. Este andamiaje legal permitió que la colonización territorial se realizara no por conquista militar directa, sino mediante instrumentos jurídicos internacionales que otorgaban apariencia de legalidad a un proceso profundamente asimétrico[9].

De manera comparable, en la Argentina contemporánea, convenios bilaterales, decretos y acuerdos administrativos —como el convenio de reciprocidad previsional Argentina – Israel— se inscriben en una lógica donde decisiones estructurales se adoptan sin debate público amplio, ni evaluación estratégica integral de impacto soberano. En ambos casos, el derecho funciona menos como expresión de la voluntad popular y más como vehículo de una agenda política definida fuera del territorio afectado.

Transferencia de tierras y control indirecto

Durante el Mandato Británico, instituciones sionistas como el Fondo Nacional Judío adquirieron grandes extensiones de tierra, muchas de las cuales quedaban legalmente reservadas para población judía, excluyendo a la población árabe local. Aunque formalmente se trataba de «compras», el resultado material fue un proceso de desposesión progresiva, ya que los agricultores palestinos (fellahin) perdían acceso a la tierra que garantizaba su subsistencia[10].

En el caso argentino, si bien no se observa una expulsión física comparable, sí emergen mecanismos de extranjerización funcional: adquisición de tierras estratégicas, participación de empresas extranjeras en recursos críticos (como el agua) y marcos legales que facilitan el control indirecto de territorios o infraestructuras clave. La similitud no radica en la forma, sino en la lógica de desplazamiento del poder real desde la comunidad local hacia actores externos.

Impacto sobre la población local

En Palestina la combinación entre marco legal, transferencia de tierras y administración colonial generó un proceso de empobrecimiento, expulsión y radicalización de la población palestina, al verse privada de recursos productivos básicos y de representación política efectiva.

En la Argentina actual, el impacto se manifiesta de forma distinta pero convergente: debilitamiento del Estado, pérdida de control sobre recursos estratégicos y exclusión progresiva de la ciudadanía del proceso decisorio. El resultado es una desposesión política y económica, donde la población no es expulsada físicamente, pero sí desplazada del ejercicio efectivo de la soberanía.

Contexto colonial y administración externa

Un elemento central del caso palestino fue el pasaje de la administración desde el Foreign Office a la Secretaría de Colonias británica en 1921, lo que consolidó la gestión de Palestina como un problema colonial y no como una sociedad con derecho a autodeterminación.

En clave contemporánea, el reemplazo de políticas soberanas por alineamientos automáticos con potencias extranjeras, organismos financieros o Estados aliados, puede interpretarse como una forma de colonialismo jurídico-administrativo: no hay ocupación militar, pero sí una subordinación estructural de la toma de decisiones.

Una advertencia histórica, no una equivalencia literal

El paralelismo no pretende equiparar situaciones históricas distintas, sino advertir sobre patrones recurrentes:

    • legalidad utilizada como instrumento de dominación,
    • transferencia progresiva de recursos estratégicos,
    • exclusión de la población local del poder decisorio,
    • y debilitamiento deliberado de las estructuras estatales.

Desde esta perspectiva, el proyecto político que promueve la destrucción del Estado «desde adentro» no es una anomalía discursiva, sino una condición necesaria para que estos procesos se consoliden sin resistencia organizada.

La pregunta que persiste

Este análisis no se inscribe en una crítica religiosa ni étnica, sino en una discusión sobre soberanía, legalidad y mandato democrático. Un presidente gobierna para su pueblo, no para símbolos, causas externas o proyectos ideológicos transnacionales.

Hoy, la pregunta sigue abierta —y cada vez más urgente—:

¿quién nos gobierna y para quién gobierna?

Para una parte creciente de la sociedad argentina, la respuesta comienza a delinearse con inquietante claridad: no gobierna para los argentinos.

 

Referencias

[1] Agencia AJN. «El candidato argentino Javier Milei tomó y flameó una gran bandera de Israel durante un acto de cierre de campaña en Rosario». Agencia AJN en X (antes Twitter), 14/11/2023, https://x.com/AgenciaAJN/status/1724570875976896514.

[2] «Milei se fotografió con la bandera de Israel antes de reunirse con empresarios en EE. UU.». Cazador de Noticias, 06/05/2024, https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00108641/.

[3] «Milei en el Movistar Arena con la promesa de volver al siglo XIX». Página/12, 18/10/2023, https://www.pagina12.com.ar/599773-milei-en-el-movistar-arena-con-la-promesa-de-volver-al-siglo.

[4] Ídem.

[5] «El proyecto del “Greater Israel”: expansión territorial en Medio Oriente y sus implicancias geopolíticas». SAEEG, 27/1072025, https://saeeg.org/index.php/2025/10/27/el-proyecto-del-greater-israel-expansion-territorial-en-medio-oriente-y-sus-implicancias-geopoliticas/

[6] Claudia Ferreyra. «Cuestionan el archivo de la causa contra Milei por violentar a una periodista». Página 12, 28/03/2024. https://www.pagina12.com.ar/724864-cuestionan-el-archivo-de-la-causa-contra-milei-por-violentar.

[7]  Boletín Oficial N.º 35.423, mayo de 2024.

[8] Lihuen Eugenia Antonelli. «Sumisión. Complicidad con el genocidio y entrega del agua: Milei con Netanyahu y Mekorot». La Izquierda Diario, 26/09/2026, https://www.laizquierdadiario.com/Complicidad-con-el-genocidio-y-entrega-del-agua-Milei-con-Netanyahu-y-Mekorot.

[9] League of Nations. (1922). Mandate for Palestine.

[10] I. Pappé. The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications, 2006.

 

©2026-saeeg®