La creciente demanda de alimentos, entre otras urgencias, hace que nuevas tecnologías de Conectividad y Transporte de Datos aparezcan como puntales quizás medulares no solo para un necesario crecimiento productivo y económico de una nación, sino también como vehículo inmejorable de una necesaria optimización de los recursos productivos que supimos conseguir, enfocados a nichos agrícolas-ganaderos de nuestro país y e la región.
Muchos países no tienen o no tuvieron la visión de poder desarrollar una infraestructura de comunicaciones y de transporte de datos poderosa, flexible, federal, brindando disponibilidad inmediata en toda la región de la América del Sur, ayudando a minimizar o solucionando problemas que no quisiéramos tener, desarraigo rural, salud, educación, seguridad, conectividad, entre los más críticos, siendo ellos, hoy necesidades insatisfechas.
Afortunadamente nosotros SÍ disponemos de dicha plataforma, ARSAT – Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Sus productos y servicios se destacan por su calidad y aún más sus colaboradores, embebidos de convencimiento en dar lo mejor de sí.
Hoy los usuarios felizmente tenemos con la llegada de nuevos jugadores o prestadores, opciones de servicios satelitales, y seguirán llegando. Bienvenida la competencia pero, sobre este postulado, es de enorme importancia resaltar el por qué elegir los servicios unificados de Conectividad en plataformas V-SAT o el reciente lanzamiento de la solución IoT-GEO, ambos pensados para entornos críticos de trabajo en conjunto con socios de negocios, en este caso Networks-Innovations.Com.
Desde la incomparable fortaleza, robustez, calidad de los equipamientos que se instalan en el campo, aptos para soportar todos los climas que tiene nuestro país, la inmejorable plataforma de servicios de soporte y post-venta, que no se encuentra ni a 7.000 ni a 12.300 Km, al disponer de un telepuerto que lo tenemos en la Provincia de Buenos Aires, en Benavidez, esta facilidad nos permite a los socios de negocios ser de enorme importancia en los servicios brindados a los clientes finales. Es invalorable en tiempos de Bots de atención o contestadores automatizados, al requerir algún tipo de soporte, ser atendidos por un ser humano.
Desde la llegada de conceptos como Agricultura y Ganadería 4.0, Servicios Cloud, Internet de las Cosas – IoT, Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Telemetrías sobre puntos fijos y móviles, Transformación Digital del Campo, entre otros, nos lleva a preguntarnos:
¿Cómo se planifican las infraestructuras de forma sustentable?
¿Cómo convergen y se apalancan las obras en el desarrollo tecnológico?
¿Cuáles son los planes para que la conectividad empuje el desarrollo económico del país y la región?
¿Cuáles serán los usos en el mediano plazo?
La innovación satelital como alternativa para zonas aisladas nosotros ya la hicimos y la continuamos haciendo.
El uso intensivo de aplicaciones demanda más recursos de data centers y más capacidad de cómputo. ¿Cómo será la demanda futura de estos recursos?
Fortalecer la estrategia nacional de Ciberseguridad focalizando en la definición de infraestructuras críticas y la formación de recursos humanos, nivel de trabajo en áreas de capacitación, en síntesis, ¿alguna plataforma extranjera puede ofrecernos respuestas a los requerimientos comentados?
En nuestro país la tenemos.
Entendemos que siempre será mejor y seguro un manejo de los recursos para maximizar la sustentabilidad mediante el uso de la inteligencia artificial, el IoT y el Big Data de forma local todos apoyados en conectividad local.
Incrementar y securizar aplicaciones que permitan a las zonas productivas de nuestro país aumentar sus niveles de digitalización en uno de los principales sectores de generación de divisas, el campo.
Desde nuestra posición, de socios de negocios, entendemos y valoramos poder disponer de una infraestructura de tal magnitud en calidad humana y técnica para poder llevar soluciones requeridas desde hace un tiempo; Tecnología, Conectividad, Transporte de Datos, Recolección de los mismos en campo, optimizar procesos productivos, estos son nuestros objetivos; solos no podemos, es necesario generar alianzas nacionales para poder hacer que nuestro país y sus habitantes dispongan de los recursos necesarios para un crecimiento que los tiempos actuales exigen.
* CEO – Networks-Innovations.Com, https://ar-networks.wixsite.com/networks-innovations.
Nota aclaratoria: artículo publicado en el Anuario del CEID 2023
Durante el año 2023 los argentinos debieron concurrir a las urnas para elegir autoridades municipales, provinciales, legisladores y a quien sería el presidente de la Nación.
El domingo 13 de agosto se llevaron a cabo las elecciones denominadas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), una instancia previa a los comicios generales. Originalmente los partidos políticos celebraban internas para definir a sus candidatos. Al imponerse este sistema de «espacios» ―por el cual la Nación les paga a los políticos su interna― se pone en manos de la población la responsabilidad de elegir el «candidato» dentro del espacio (si hubiera más de uno por espacio), el o los cuales fueron designados a dedo previamente por quien tiene el poder dentro del mencionado espacio, ya sea un político o un grupo económico. Es decir, el o los candidatos no surgen de ninguna «voluntad popular» sino de un acuerdo de cúpulas o del que funge de líder[1].
De esas PASO quedaron cinco candidatos: Sergio Massa por el oficialismo, «Unión por la Patria», actual ministro de Economía y responsable de la debacle del final del gobierno del presidente Alberto Fernández; Patricia Bullrich por «Juntos por el Cambio» (ex «Cambiemos»), quien goza en algunos sectores de la población de un prestigio que es más producto de la propaganda que de la realidad; Javier Milei por «La Libertad Avanza», un economista que todo lo pasa por el tamiz de las teorías económicas, incapaz de poder abordar otras temáticas y a quien, a pesar de pregonar acerca de la «libertad», no le gusta que lo contradigan y en ocasiones se pone violento; Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, peronista, candidato por «Hacemos por Nuestro País»; y Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad), la que no canta el Himno Nacional pero no le molesta que el Estado Nacional le pague la dieta como diputada. En este último caso, lo peor es que el resto de los diputados demuestran ser tan poco patriotas al no sacarla del Congreso Nacional[2].
Los cinco candidatos que superaron de las PASO: Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.
Aunque los medios sigan agitando que en las PASO se dio un escenario de tres tercios ―coincidiendo con la premonición de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner―, la realidad es que solo concurrió a votar el 67,83% del electorado y de los que emitieron el voto, un 4,7% lo hicieron en blanco (1.148.342 votos), un 1,3% fueron votos nulos (293.041 votos) y aproximadamente 0,16% fueron votos recurridos e impugnados (35.850). El espacio que más votos obtuvo fue La Libertad Avanza (Javier Milei, 30,04%), seguido por Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, 28,28%) y Unión por la Patria (Sergio Massa, 27,27%). De tal manera de que esos porcentajes se corresponden con los votos emitidos y no sobre el total del padrón electoral, lo que lleva a que los porcentajes reales sean bastante inferiores.
En las elecciones generales del 22 de octubre la participación del electorado fue del 76,53%; los votos en blanco sumaron 554.161, los nulos 224.864 y los recurridos e impugnados sumaron 29.932. Las tres fuerzas más votadas fueron Unión por la Patria (Sergio Massa) con el 36,69%, La Libertad Avanza (Javier Milei) con el 29,99 de los votos y Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich) 23,84%. Debido a que ninguno de los candidatos obtuvo el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante, se debió recurrir a una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, la que se llevó a cabo el 19 de noviembre.
En esa segunda vuelta La Libertad Avanza (Milei) se impuso con el 55,69% de los votos frente al 44,31% que obtuvo Unión por la Patria (Massa). En esta jornada concurrió a votar el 76,33%, por lo que esos porcentajes se corresponden sobre quienes fueron a votar y no sobre el total del padrón electoral. Los votos en blanco fueron 438.681 y los recurridos e impugnados 14.446. En síntesis, casi la cuarta parte de los electores no concurrió a los centros de votación y muchos pusieron en práctica el voto castigo por lo que La Libertad Avanza obtuvo un triunfo por el rechazo que buena parte de la población sentía con respecto al gobierno.
Los candidatos
La realidad es que los candidatos carecieron de propuestas y las que realizaban eran poco atractivas y/o alejadas de la realidad de la población. Durante la campaña no hubo, virtualmente, una presentación de ideas sino más bien una descalificación mutua entre los candidatos.
Como he ya mencionado en otro artículo, los políticos argentinos son «cuadrados y prácticos» y tienen como denominador común la ignorancia acerca de las cuestiones culturales, de las referidas a la política internacional y ni hablar de geopolítica o de estrategia nacional e, incluso, a veces carecen de conocimientos acerca de cosas triviales[3].
El desconocimiento de la política internacional, del escenario global y del escenario regional, les impide diseñar una política estratégica para la Argentina. Sólo se limitan a mirarse el ombligo. Sus asesores tampoco parecen reunir las condiciones requeridas para colaborar con los candidatos. Y esto nos lleva al segundo término: «práctico». Son prácticos en un sentido burdo: sólo les interesa mantenerse en el poder[4].
Los candidatos de la oposición, Bullrich y Milei, se pronunciaban en contra de los BRICS que, a mi juicio, era el camino que la Argentina debía tomar. Ambos candidatos se alineaban con los Estados Unidos y con Israel, aunque también Sergio Massa era un candidato de la «embajada» (de Estados Unidos). Massa, incluso, después del ataque de Hamás del 7 de octubre manifestó que declararía al grupo palestino como terrorista y tomaría posición en favor de Israel. En síntesis los tres candidatos principales iban por el mismo camino.
Se sabía que detrás de Sergio Massa estaba el grupo económico Vila – Manzano que controla, entre otros rubros, a medios de comunicación y a empresas energéticas[5]. Daniel Vila y José Luis Manzano son considerados por Bloomberg entre las 500 personas más influyentes de América Latina[6].
Aquí cabe mencionar que Milei fue un producto mediático y que la Corporación América (Vila – Manzano y Eduardo Eurnekian) lo favorecieron a través de sus medios, al punto que fue notorio como algunos periodistas fueron apartados de sus medios.
Eliminada Bullrich de la carrera por la presidencia en las elecciones generales, algún importante medio que la respaldaba pasó a apoyar a Milei, fortaleciendo su posicionamiento entre los desencantados con el gobierno. Mauricio Macri, quien jugó en contra ―o si se prefiere con mucha tibieza en su apoyo― de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de su espacio, Patricia Bullrich y Luis Petri, prontamente le dio su apoyo a Milei y organizó una reunión en su casa citando a Bullrich. Todas las fuerzas se alinearon detrás de Milei y la «corporación política» obtuvo su triunfo porque al asumir la presidencia el 10 de diciembre, Milei nombró a los perdedores Bullrich y Petri como ministros de Seguridad y de Defensa respectivamente. Cabe recordar que ambos quedaron terceros en la carrera por la presidencia.
Los grupos económicos
Los grupos económicos también ganaron con Milei porque el grupo Vila – Manzano estaba tanto detrás de Massa como del libertario. Seguramente que si hubiera ganado Bullrich también habríamos visto que ese grupo también apoyaba a la candidata frustrada.
Detrás de Milei también están los empresarios Eduardo Eurnekian (Corporación América, que incluye diversas industrias, tales como la aeroportuaria, agroindustrias, energía e infraestructura), quien fue empleador ―si es que no lo sigue siendo― del presidente, Eduardo Elsztain (presidente de las compañías de bienes raíces IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, del Banco Hipotecario, y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro, presidente de la compañía Austral Gold, de la Fundación IRSA y cofundador de Endeavor Argentina) ―a quien se lo llama «el dueño de la Argentina»― y Gerardo Werthein (Grupo Werthein, que cuenta con un «con un Portfolio diversificado en áreas de media tech, información, entretenimiento, seguros, salud, agroindustria, alimentos y bebidas, desarrollos inmobiliarios y tecnología»[7].
Antes de asumir la presidencia, a fines de noviembre, Milei fue en un vuelo privado a Nueva York a agradecer al «rebe de la Jabad Lubavitch» ―el fallecido Menachem Mendel Schneerson―, la comunidad judía a la que pertenece Eduardo Elsztain y también Gerardo Werthein[8]. Ambos empresarios forman parte de esa secta judía que es la que también está detrás de Milei y que, oportunamente, el mismo rabino que instruye al libertario con la Torá y el Talmud bendijo a Mauricio Macri hace varios años atrás cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe mencionar que fue Macri quien le otorgó un enorme predio a la Jabad Lubavitch en Puerto Madero, que incluía una edificación del entonces puerto de Buenos Aires[9].
Javier Milei ondea una bandera israelí durante un acto de campaña. (EFE/Franco Trovato)
Durante su campaña y luego de haber asumido la presidencia, Milei vivió en un hotel propiedad de Eduardo Elsztain lo que ha levantado sospechas de corrupción[10].
La farsa y la trampa
Desde el comienzo la campaña electoral pudo percibirse que todos los candidatos eran marionetas de los mismos titiriteros a pesar de las sutiles diferencias que mostraban ante los medios.
Durante la campaña, Massa advirtió sobre un aumento en el costo del transporte público «si ganan Milei o Bullrich»[11], costo que comenzó a incrementarse significativamente poco tiempo después de la asunción de Milei. ¿Cómo lo sabía Massa? ¿Tendrían todos el mismo libreto para cuando llegaran a la presidencia?
Durante la campaña Milei utilizó un discurso disruptivo, agresivo, no se privó de insultar y su mensaje central era en contra de la «casta» y de los «empresaurios» o empresarios prebendarios. Su blanco de ataques eran más los candidatos de Juntos por el Cambio que los propios kirchneristas. Del mismo modo, su modelo como presidente es Carlos Menem, quien ejerció la primera magistratura entre el 8 de julio de 1989 y el 10 de diciembre de 1999, gobierno que se caracterizó por su corrupción, por la destrucción del sistema ferroviario nacional y por desmantelar y privatizar empresas del Estado, además de su alineamiento automático a la política de los Estados Unidos.
Otro punto a destacar del discurso de Milei fue el ataque al Estado como responsable de todos los males. La sociedad no tiene por qué conocer conceptos de Ciencia Política pero un político sí. El Estado pertenece a todos los ciudadanos y no hay nación sin Estado. Lo que debió haber atacado es a los gobiernos que mal administraron en su turno al Estado porque éste podría compararse a un consorcio de copropietarios y el gobierno a su administrador. Quizás ese ataque haya sido deliberado pero muy probablemente se deba a la ignorancia de quien hoy ejerce la presidencia.
El discurso de Milei caló hondo en los jóvenes, en los «desmemoriados» respecto del gobierno de Menem y de su ministro de Economía Domingo Cavallo, también elogiado por el libertario.
El DNU que presentó Milei para su aprobación en el Congreso (Decreto DNU 70/2023, del 20 de diciembre) ―a pesar de que su discurso de asunción fue fuera del edificio del Poder Legislativo y a espaldas del mismo, como si fuera a espaldas del pueblo, ya que allí están quienes dicen representarlo― fue claramente un intento de gran reforma constitucional ―y quizás un golpe institucional― que favorecía a todos los grupos económicos que lo respaldaron, siendo el más evidente el intento de eliminar la Ley de Tierras, lo cual favorecía claramente a Eduardo Elsztain. Su eliminación quizás también tenía una agenda oculta.
El gobierno de Milei es, contrariamente a todo lo que él dijo en campaña, el «gobierno de la casta» en el que se puede encontrar a funcionarios que quedaron del massismo, eternos funcionarios como Daniel Scioli, los provenientes del PRO de Macri, como los ya fracasados Luis Caputo, actual ministro de Economía y que durante el gobierno de Macri fue titular del Banco Central y ministro de Finanzas, con un destacado papel cuando se gestaba el millonario préstamo con el FMI y también vinculado a fondos offshore, y Patricia Bullrich, quien tuvo una deslucida gestión como ministro de Seguridad del gobierno de Macri pero que siempre goza de una buena propaganda mediática. Al otorgarle el manejo de la Seguridad y de la Defensa a Bullrich ―a la que en campaña había acusado de «tirar bombas en jardines de infantes»[12]― dejó a un costado a lo que venía trabajando para esas áreas y para Inteligencia la entonces candidata y actual vicepresidente Victoria Villarruel. Resultaba raro que un candidato a vicepresidente pudiera concentrar ese poder, por lo que podría conjeturarse que se trató de un «ejercicio de distracción» para Villarruel o bien de un pragmatismo destinado a conseguir el apoyo de Juntos por el Cambio para la segunda vuelta.
Por su parte, los grupos empresarios pusieron también a sus alfiles en lugares estratégicos del gobierno, como el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos ―quienes provienen del Grupo América de Eurnekián―. Aquí cabe mencionar que el jefe de gabinete fue quien designó al interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), su sobrino Silvestre Sívori. Demás está aclarar que la AFI depende de la Presidencia de la Nación y no del Jefe de Gabinete.
Como interventor de medios públicos fue nombrado el abogado mendocino Diego Chaher, quien se desempeñó en el ámbito legal de empresas como Grupo Supercanal, donde ejerció como director de Asuntos Legales y Director de TVEO Producción Audiovisual y en Grupo América Interior / América TV, donde cumplió funciones como gerente corporativo de Asuntos Legales. Es decir que es un hombre del Grupo Vila – Manzano.
La Agencia de Bienes del Estado quedó a cargo de un funcionario vinculado a IRSA, con lo cual Elsztain puso en un lugar clave a un hombre que puede venderle los bienes del Estado. Se trata del joven Nicolás Pakgojz, quien también fue funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. «Durante 2020, Pakgojz participó de un programa de la Universidad de Tel Aviv, institución de la que Elsztain es considerado “amigo”. Meses más tarde estaba defendiendo en la Legislatura uno de los proyectos más deseados por el dueño de IRSA», destaca La Política Online [13].
Claramente, Milei cumplió con su alineamiento a Israel y a los Estados Unidos pero el costo del ajuste no lo está pagando la «casta» y tampoco los «empresaurios» que siempre han vivido beneficiados por el Estado. Por el contrario, los empresarios han puesto a sus hombres como funcionarios por lo que el «Estado Profundo» de la Argentina parece haber tomado protagonismo desde el 10 de diciembre de 2023.
Todo fue una farsa y buena parte de los ciudadanos fueron llevados hacia una trampa, hacia un laberinto sin salida a partir de ese discurso disruptivo y agresivo que parecía expresar lo que el propio ciudadano común pensaba de los políticos. En el ejercicio del poder la realidad ha resultado ser otra.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, (2da edición) 2024.
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
[5] Vila es presidente del Grupo América, holding enfocado en medios e integrado por canales de televisión abierta y cable, radios AM y FM y diarios. Se destacan América TV, Radio La Red, FM Blue y el diario El Cronista. Junto a José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, controla la mayoría accionaria de la distribuidora de energía eléctrica Edenor. Sus intereses empresariales también se orientan al litio y es presidente desde 1995 y el principal accionista de Integra Resources, compañía que explora en salinas en 14.000 hectáreas en Jujuy y 149.000 en Catamarca. Se encuentra entre los principales accionistas de la empresa Metrogas (distribuidora de gas), la mencionada Edenor, Phoenix Global Resources (productora de petróleo y gas), entre otras participaciones accionarias.
[7] Sitio web del Grupo Werthein, https://grupowerthein.com/quienes-somos/. Su extenso listado de empresas incluye a Landmark, DirecTV, Sky, Torneos, Cachamai, Frutty, Arroyo Verde, Valley, Experta Art, Experta Seguros, entre tantas otras.
La pesca ilegal afecta al ecosistema y con ello a los recursos pesqueros de las provincias del litoral marítimo. La Argentina tiene una Zona Económica Exclusiva de 3.757.124 Km2, dentro de la cual, unos 520 buques habilitados por la Nación que capturan anualmente unas 800 mil toneladas; ello pese a la potencialidad del Atlántico Sudoccidental de unos 1,7 millones de toneladas de peces y calamares (FAO, Área 41 Atlántico, 2022).que son extraídos en su mayoría por buques españoles-británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción política ni diplomática por parte del gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. La FAO estima que, al menos, el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p. 05-06) en forma irregular y una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.
Se entiende por Pesca Ilegal, «a aquella que capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control oficial o independiente y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón; sin determinar el Rendimiento Máximo Sostenible” y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las Zona Económica Exclusiva o migran desde alta mar a la ZEE; donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o la evasión fiscal. Genéricamente se entiende por pesca ilegal a todas aquellas prácticas que en forma directa o indirecta atenten contra la sostenibilidad de las especies; la sustentabilidad de las empresas y las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo argentino» (César Lerena «Pesca. Apropiación y depredación». Ed. Proyecto Sur, 2014).
En términos generales y sujetas a la revisión derivada de las circunstancias en las que se infringen las leyes nacionales, regionales y/o internacionales, el daño efectivo que provocan para la sostenibilidad de las especies, el medio marino y los países de menor desarrollo, etc., podríamos decir que estarían incursos en pesca ilegal algunas de las siguientes prácticas, porque es muy probable que afecten al ecosistema y/o se apropien de recursos que podrían estar asignados a otros pescadores y/o afecten la economía de los pueblos menos desarrollados y sus trabajadores. Entre ellos, pescar sin permiso en el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y en la plataforma continental extendida; capturar en alta mar sin cumplir con las exigencias de sus Estados de pabellón y sin acordar con los Estados ribereños; capturar especies transzonales, migratorias o asociadas en alta mar sin Acuerdos; capturas y/o desembarcos no registrados en puertos no habilitados; realizar pesca insostenible; depredar, descartar la pesca incidental o no comercial; producir daños por la pesca; pescar juveniles, de tallas y pesos reducidos; usar redes no autorizadas; capturar en áreas restringidas o vedadas; capturar en horarios prohibidos y con una velocidad de pesca no autorizada; tener productos de la pesca ilegal; usar pabellón de conveniencia; proceder sin buenas prácticas de manufactura; apropiarse de recursos pesqueros de terceros; impedir las necesidades de los Estados en desarrollo; producir contaminación marina, de los recursos y las personas; violar las leyes laborales o de seguridad; pesca en áreas invadidas o en disputa; no cooperar en la pesca; efectuar contravenciones a las operaciones y registros de Pesca; comercializar productos no certificados; pescar excedentes sin autorización; carecer de sistemas de seguimiento Satelital o tenerlos inactivos; realizar pesca no responsable; realizar actos no pacíficos en el mar y/o piratería; obstaculizar las tareas de inspectores u observadores.
Los funcionarios de la Nación vinculados a la pesca parecen no entender que la pesca en las condiciones que se está realizando en alta mar es ilegal y confunden el reconocimiento de esta ilegalidad con las dificultades para accionar y terminar con ella y ello los lleva a no hacer nada al respecto, en detrimento de los recursos de las Provincias y de la Argentina, ya que se pierden en alta mar un volumen superior a todos los desembarcos argentinos. Y es ilegal porque la Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, y las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica; en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922, de Pesca. Y aún peor, pretendieron extranjerizar el mar argentino e instaurar el R.I.G.I. que desnacionalizará la industria nacional y concentrará aún más la actividad.
Además de ello, si bien hay más de cuarenta razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”, tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (artículos 87º, 92º y 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículo 119º de la CONVEMAR) y tercero, cuando se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (artículos 27º; 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega cuando se pesca con redes de arrastre de fondo sin habilitación argentina sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas sin habilitación nacional (César Lerena «Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones, efectos y Ley de Pesca», 2023).
Brasil, en el Artículo 3º del Decreto 4.810 del 19/08/2003 al referirse a las especies altamente migratorias indica que es necesario el uso adecuado, racional y conveniente de estos recursos pesqueros; entendiendo la protección especial que hay que realizar cuando las especies son migratorias para asegurar la sostenibilidad.
Chile establece que podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la ZEE y en la alta mar y que puede prohibir o regular el desembarque de capturas o productos derivados, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas (Ley 19.079, Art.1º, Nº 154) y que lo dispuesto indica que podrá hacerse extensivo respecto de las especies altamente migratorias y que es evidente, que la pesca en alta mar por parte de buques sin control de los Estados de pabellón y sin acuerdo con el Estado ribereño provoca un daño al ecosistema y consecuentemente a la ZEE.
Colombia, en el Artículo 33º de la Ley 13 del 15 de enero de 1990 establece normas destinadas a asegurar que los grandes buques procesadores de bandera de Colombia capturen en alta mar y compitan con los buques extranjeros en ese ámbito extrayendo los recursos migratorios originarios de la ZEE o los de alta mar que migran a la ZEE.
Costa Rica, en la Ley 8.436 prescribe que dentro de la ZEE del país y en las áreas adyacentes a esta última mediante acuerdos que permitan lograr una pesca sostenible en forma integral en alta mar y la ZEE.
En Ecuador el Artículo 4º de Ley Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca (14/04/2020) expresa que el Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) es una nueva dirección para la administración pesquera, donde se considera no solo al recurso explotado sino también al ecosistema, incluyendo las interdependencias ecológicas entre las especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad y, ello, nos indica que no es posible dar sostenibilidad a los recursos pesqueros en la ZEE sino se atiende integralmente a las especies migratorias en todo su ámbito migratorio, a las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica, atendiendo los recursos migratorios originarios de la ZEE no puede perderse por el solo hecho de que las especies migren a alta mar en su proceso biológico y el artículo 145º define con precisión y sencillez, de qué se trata un “Producto de la pesca ilegal”: «Son los recursos pesqueros obtenidos por embarcaciones que han contravenido leyes y reglamentos nacionales e internacionales…».
En Guatemala, la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto Nº 80-2002) establece que en la pesca comercial es imprescindible aplicar el criterio de aprovechamiento integral utilizando métodos y sistemas para lograr el beneficio de la fauna acompañante (y) la pesca o fauna de acompañamiento, provenientes de las embarcaciones dedicadas a las capturas de túnidos.
En Honduras, la ley es aplicable en «los espacios terrestres y marítimos del territorio nacional, en los espacios de alta mar donde el Estado de Honduras ostente derechos; que, si bien no se precisa a lo largo de la ley debería estarse refiriendo a la administración de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar (Artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Decreto 106-2015).
México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, reformada en 2018 reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros.
Panamá en el Artículo 8º de la Ley de Pesca Decreto Nº 204 (18/3/2021) indica que la Autoridad de Aplicación ejercerá su gestión tomando en cuenta principios generales del sector pesquero y refiere, entre otros, a la prevención para disminuir o mitigar eventuales efectos negativos, a aplicar un Enfoque ecosistémico que implica «una Visión integrada de manejo de las tierras, aguas y recursos vivos que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equitativo (e) incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos del ecosistema, e implica el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos; es decir, que en los hechos se debería prestar mucha atención a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, para llevar adelante ese enfoque ecosistémico que plantea.
La República Dominicana en su Ley de Pesca 307-04 (2004) entiende que es deber del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos acuáticos para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y debe prestarse también especial atención a los aspectos relativos a la gestión integrada de las zonas costeras y la interconexión de estos con los transfronterizos.
El Artículo 1º de la Ley 19.175 de Uruguay «reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía territorial y alimentaria de la nación» y firmó en 1973 junto a la Argentina el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marino donde ambos administran los recursos pesqueros en una Zona Común conformada por los recursos pesqueros de las ZEE de estos países, en un modelo de acuerdo bilateral que podría servir para administrar bilateralmente recursos pesqueros de países vecinos y protegerse de la pesca ilegal de Estados bandera.
Venezuela en el Artículo 12º de la Ley de Pesca y Acuicultura (8/7/2003) indica que velará por la protección de la pesca y sus actividades conexas, nacional e internacionalmente, así como por la incorporación y permanencia de buques pesqueros venezolanos en las zonas de pesca ubicadas fuera de los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción y, armonizará el manejo regional de los organismos altamente migratorios y de los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tiene como uno de sus ejes principales el cuidado del medio marino y la sostenibilidad de las especies, no podría considerar una acción pacífica pescar infringiendo las leyes internacionales; sin acuerdos de conservación; sin declarar o haciéndolo en forma inexacta las operaciones; sin control de las capturas y transbordos en alta mar. Del mismo modo, sin observadores e inspectores inobjetables; recibiendo subsidios; utilizando redes con mallas que no liberen juveniles; descartando en el mar; sobreexplotando; usando pabellones de conveniencia para evadir penalidades; capturando recursos migratorios sin tener en cuenta las necesidades de los Estados menos desarrollados y/o afectando las economías de los Estados ribereños pesqueros; contaminando el mar; realizando actividades con trabajo esclavo o sin aplicar las leyes laborales de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Derechos Humanos; pescar sin establecer las Capturas Máximas Sostenibles; pescando recursos interceptando e impidiendo el ciclo migratorio de las especies; realizando prácticas que atenten contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros y, contra las prácticas de pesca responsable.
Esta Convención ha definido con precisión los alcances de los espacios marítimos e indica que: «los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y que, además, se requiere una «utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos». Todo ello, contribuyendo «a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo».
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) adoptó en 2001 el Plan de Acción Internacional (PAI) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal (INDNR-IUU). Esta «sigue constituyendo una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos debido a su poderosa capacidad de socavar los esfuerzos nacionales y regionales de gestión sostenible de la pesca, así como las iniciativas de conservación de la biodiversidad marina. La pesca ilegal (INDNR-IUU) se aprovecha de las administraciones corruptas e instrumenta regímenes de gestión débiles, especialmente aquellos de los países en vías de desarrollo que carecen de la capacidad y de los recursos para llevar a cabo un seguimiento, control y vigilancia (SCV) efectivo» (FAO 2016 I6069ES/1/10.16). La Administración de todo el recurso pesquero de un país, concentrado en la decisión de muy pocas personas, como es el caso del Consejo Federal Pesquero de Argentina, puede promover no solo la apropiación de los recursos provinciales migratorios, sino las prácticas de corrupción que refiere la FAO y, por cierto, incapacidad o para reducir la pesca ilegal.
La Unión Europea (2008); el mayor mercado y principal importador de productos de la pesca del planeta, entre ellos los argentinos (dos tercios de las importaciones de España son de Argentina), consideró, que tiene el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin. La pesca ilegal es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares.
El Reglamento de la Unión Europea considera a la pesca ilegal (INDNR-IUU) una infracción especialmente grave de las disposiciones legislativas, normativas y reglamentarias, dado que mina la consecución de los objetivos de las normas vulneradas y pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de peces afectadas o la conservación del entorno marino, considerándose «pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR-IUU)»; entre otras, las realizadas con buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Estados que faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados o, las disposiciones pertinentes del Derecho internacional aplicable o, realizadas en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben a los Estados en virtud del Derecho internacional».
La Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos desde 2014 consideran a la pesca ilegal como una cuestión de Seguridad Nacional. China y Rusia, sin declararlo operan en ese sentido.
La Argentina, carece de políticas para erradicar la pesca ilegal interna y la de los buques extranjeros que realizan pesca ilegal en los límites de las 200 millas marinas y en alta mar, sobre la plataforma continental extendida y las aguas de Malvinas sobre los recursos migratorios originados en las aguas nacionales y de dominio argentino.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar
