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Argentina, Atlántico Sur

UN AREA MARINA PROTEGIDA EN MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR

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César Augusto Lerena*

Frente a la extracción de recursos pesqueros y la exploración y explotación petrolera en Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el gobierno argentino debería Declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental al área correspondiente a los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los territorios marítimos hasta las doscientas (200) millas marinas medidas desde las líneas de base de las islas citadas y en el total de la plataforma continental, el lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites exteriores se corresponden a los establecidos por la ley 27.557 y crear un Área Marina Protegida sobre los referidos Archipiélagos.

En este escrito, junto a la fundamentación, se agrega un proyecto de Ley declarando Área Marina Protegida a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, para poner de manifiesto ante los organismos internacionales y las ONGs especializadas, que mientras la Argentina tiene vocación de preservar sus recursos, el Reino Unido realiza pesca ilegal (INDNR) y depreda, al no cumplir con las reglas ambientales y de sostenibilidad impuestas en la Argentina en sus mares.

La Coordinadora del Programa Marino de Conservación Land Trust Martina Sasso en 2018 (Infobae) escribió sobre la necesidad de crear Áreas Marinas Protegidas promoviendo la creación del Parque Nacional “Los Yaganes” en Tierra del Fuego y la ampliación del Banco Namuncurá-Burdwood al este de la isla de los Estados, a 200 kilómetros al sur de las islas Malvinas.

Al respecto nos decía, que “La característica oceanográfica del Mar Argentino, entre ellas, su salinidad, temperatura, disponibilidad de nutrientes y asociación con el talud, donde nuestra plataforma funciona como un río de mar que va fertilizando las aguas de plataforma y fuera de ella (fitoplancton, zooplancton) y, a partir de allí, toda la cadena trófica. Nuestra plataforma es una de las más extensas del mundo y, la corriente de las Malvinas funciona como su columna vertebral”.

Por su parte, el Biólogo Claudio Campaña de Wildlife Conservation Society, miembro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico nos indica: “proteger las áreas donde se encuentran estas formas de vida da el reaseguro de que allí se van a mantener los procesos más o menos bien. El mar ha sido explotado con cierta intensidad por 30 o 40 años y la actividad pesquera tiene la potencialidad de ser la principal amenaza, aunque ésta se va a extender a la explotación de hidrocarburos offshore (…) Existe una amenaza adicional muy poco observada, relacionada a los conflictos jurisdiccionales, los cuales no favorecen el manejo ecosistémico integrado. Y a ello se suma, el cambio climático”.

El Banco Namuncurá-Burdwood I y II y Yaganes (Leyes 26.875 y 27.490) es una importante fuente —dice Sasso— que podría repoblar otras áreas: “esa es una de las ventajas de las Áreas Marinas Protegidas”. Ello que pareciera de gran beneficio ecológico, tiene un problema: se protege los recursos en un área bajo control de Argentina, que sirve para repoblar —por las corrientes migratorias de las especies— el área de Malvinas, que está bajo posesión británica. Es decir, los argentinos —según Sasso— estaríamos —con la creación de estos espacios— “teniendo una reserva del 10% de nuestro mar”, mientras que los británicos en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina en Malvinas tendrían ocupados 438.000 km2, explotando en forma ilegal (INDNR) anualmente, unas 250.000 toneladas de recursos pesqueros sin control alguno; lo que resulta un verdadero despropósito medio ambiental y, de insostenibilidad y depredación de los recursos nacionales.

Pero hay aún más. La citada Coordinadora del Programa Marino, nos dice que: “en línea con el compromiso argentino con las Naciones Unidas, que se asienta en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 ya podríamos fijarnos como meta, ampliar esa protección al 20/30%”.

Debo precisar que estas limitaciones, previo a la determinación de las Reservas, las tomaba el INIDEP, es decir que la pesca comercial sufría vedas y otras medidas destinadas a dar sostenibilidad al recurso, por lo tanto, en los espacios marítimos bajo control argentino no había depredación; sin embargo, donde sí lo hay es en el área de Malvinas, donde pese a tratarse de un territorio argentino, las autoridades nacionales no pueden controlar las capturas, los descartes, las artes de captura, etc.

La Argentina establece reservas marinas en el área bajo su control y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) sigue teniendo como primer recurso económico la pesca a través de licencias a buques extranjeros que pescan en el área de Malvinas.

Con 3.146.345 Km2 de territorio marítimo en la ZEE Argentina una reserva del 30% supondría 943.903,5 Km2, es decir que con los 1.639.900 Km2 ocupados por el Reino Unido, solo quedarían 562.541,5 Km2 para la explotación pesquera argentina, sin contar las vedas a la pesca que establece el INIDEP. Es decir, la conservación no estaría al servicio de la sostenibilidad del recurso, sino que impediría su explotación, donde solo quedarían como beneficiarios los buques extranjeros que realizan pesca ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el área de Malvinas o en la Alta Mar.

A esto hay que agregar que el Reino Unido estableció en 2012 el llamado “Santuario Ecológico”, un área de protección alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur equivalente a 1.070.000 Km2 y, de un tamaño cuatro veces más grande que la superficie total continental del Reino Unido. Ese espacio se controla con patrullas navales que se financian con los permisos de pesca, pese a ser signataria —igual que la Argentina— de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Estos espacios sin control, más los territorios marítimos donde se realiza pesca ilegal (INDNR) sí, son un tema para resolver, ya que tanto en el área de Malvinas de unos 438.000 Km2 y el área de la Alta Mar de unos 600.000 Km2 se tratan junto al resto de la ZEE Argentina de un único ecosistema —como indica la CONVEMAR— que debe manejarse en conjunto. En los espacios fuera del control argentino se extraen recursos del orden del millón de toneladas anuales de peces y calamares migratorios o asociados que afectan la cadena trófica de las especies y, por cierto, a las extracciones que realizan las empresas nacionales en la ZEE Argentina. No hay forma segura de establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual con semejante descontrol en el Atlántico Sur.

A todo ello se agrega la exploración y explotación petrolera en la ZEE Argentina del área de Malvinas por parte del Reino Unido, cuya falta de control y de los correspondientes estudios de impacto ambiental por parte de Argentina hacen que el gobierno nacional deba tomar un criterio precautorio con el objeto, no solo de preservar el ambiente marino, sino también los recursos pesqueros del área y del ecosistema en su conjunto.

En este escenario correspondería declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental el área correspondiente a los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los territorios marítimos hasta las doscientas (200) millas marinas medidas desde las líneas de base de las islas citadas y en el total de la plataforma continental, el lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites exteriores se corresponden a los indicados en la ley 27.557, hasta que las Autoridades competentes de Argentina puedan controlar en forma permanente el medio marino y los Rendimientos Máximos Sostenibles de la explotación pesquera que se realiza en el área en cuestión.

Entendiendo, por otra parte que si la Argentina, en la vocación de asegurar la sostenibilidad de las especies, ha declarado ya dos Áreas Marítimas Protegidas (Namuncurá y Yaganes) con una superficie aproximada a los 100 mil Km2, a pesar de que por Ley 24.922 y a través del INIDEP pueden establecerse reservas, vedas, etc., con más razón, debería instaurar un Área Marina Protegida hasta que la situación de ocupación y falta de control cese, en un territorio que ocupado en forma prepotente por el Reino Unido, la Argentina no puede ejercer control alguno, más aún, cuando en forma unilateral el Reino Unido —como dije— ha establecido una Reserva Ecológica alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Por todo ello sugiero el dictado de la siguiente LEY:

PROYECTO DE LEY DE ESTABLECIMIENTO DE AREA MARINA PROTEGIDA EN MALVINAS

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1°. Declárase Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental el área correspondiente a los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los territorios marítimos hasta las doscientas (200) millas marinas medidas desde las líneas de base de las Islas citadas y en el total de la plataforma continental y las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites exteriores se corresponden al límite exterior indicados en la ley 27.557.

ARTÍCULO 2º. Créase el Área Marina Protegida sobre los Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituida por las categorías de manejo de Reserva Nacional Marina Estricta, sobre los territorios marítimos hasta las doscientas (200) millas marinas medidas desde las líneas de base de las Islas citadas y el total de la plataforma continental y las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites exteriores se corresponden al límite exterior establecidos por la ley 27.557. A partir de la promulgación de la presente ley, el espacio marino argentino detallado en el presente artículo quedará sometido al régimen de la ley 27.037, sus normas reglamentarias y/o modificatorias.

ARTÍCULO 3º. El Área de Reserva Nacional Marina Estricta indicado en el artículo 2º tendrá como objetivo es conservar a largo plazo la biodiversidad marina y los procesos ecológicos reduciendo al máximo cualquier impacto antrópico y estar reservadas como áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo, así como para las actividades de control y vigilancia. Su uso para estos fines deberá ser estrictamente controlado y limitado a la Argentina y estarán prohibidos: a) Los ejercicios militares de superficie y submarinos, que generen o impactos sobre las especies y los ecosistemas y el desecho de residuos de tal actividad; b) Los deportes náuticos de superficie y submarinos; c) La caza y la pesca en cualquiera de sus modalidades; d) Cualquier tipo de prospección, exploración y actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino; e) La visita pública recreativa y educacional; f) La introducción, transplante y propagación de elementos químicos y productos biológicos de cualquier tipo, incluso el sembrado o repoblamiento con especies nativas.

ARTÍCULO 4º. Exceptuase a la presente de la limitación prevista en el artículo 1º inciso a) de la Ley 27.037.

ARTÍCULO 5º. Exceptuase a esta área de las previsiones del artículo 13 de la Ley 27.037 y mientras que las Autoridades competentes de Argentina no puedan controlar en forma independiente, autónoma y permanente a través del INIDEP el medio marino; la plataforma continental; la exploración o explotación de hidrocarburos y, los Rendimientos Máximos Sostenibles de la explotación pesquera que se realicen en la referida en el área o sobre sus recursos migratorios, se mantendrán en plena vigencia los artículos 1º y 2º precedentes.

ARTÍCULO 6º. Conforme lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 27.037 la Autoridad de Aplicación creará un Comité Asesor debidamente representativo que incluya a organismos gubernamentales, científicos, universidades y expertos en asuntos marinos, pesqueros y veteranos de guerra de Malvinas para revisar y evaluar cualquier aspecto de las políticas de conservación o administración sobre el área marina protegida creada.

ARTÍCULO 7º. Las Áreas marítimas y las correspondientes plataformas continentales de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur que correspondan al Sistema Multilateral de la Comisión de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA/CCAMLR) quedarán exceptuadas en forma automática del Área Marina Protegida prevista en esta Ley, cuando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cancele su pretensión de establecer la ZEE alrededor de esos archipiélagos y el denominado Santuario Ecológico establecido a su alrededor por este Reino en forma unilateral.

ARTÍCULO 8º. Las erogaciones que demanda el cumplimiento de la presente Ley se afectarán al presupuesto previsto para la aplicación de la Ley 27.037.

ARTÍCULO 9º. Invitase a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a adherir a la presente Ley.

ARTICULO 10º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Cuando me dicen que el Reino Unido tiene todo bajo control en Malvinas, les recuerdo que “un montón de piedras no es una casa” (Henri Poincaré) 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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ACTIVIDAD PESQUERA

LA RETÓRICA PESQUERA PARA LA TRIBUNA POLÍTICA

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César Augusto Lerena*

Imagen de Milena W en Pixabay

El pasado 30 de agosto un periodista del Diario La Nación tituló “La actividad pesquera es la que más creció en la última década y media…”. Es muy probable que los datos suministrados al periodista no se hubiesen evaluado adecuadamente o que se haya hecho una interpretación antojadiza o parcial. Por ejemplo, la información que el Subsecretario de Pesca le suministra al medio citado es errónea: “se pescó más en el primer semestre de este año que en igual período de 2019” ya que durante el primer semestre de 2020, no se pescó más, sino menos que 2019 —a pesar de la temporada excepcional de calamar—, como las propias estadísticas indican al pie de la nota de La Nación, y los dólares exportados en igual período bajaron de 875 a 837 millones (Revista Puerto, 29/7/20). Ello, a pesar de que las exportaciones de igual período en 2019 ya habían bajado el 4,2% en volumen y un 10,2% en valor, respecto al 2018 (Pescare.com.ar, 26/8/19). Al respecto nos indica Nelson Saldivia de la Revista especializada Puerto (29/7/20): «La comercialización de productos pesqueros en el exterior experimentó una retracción del 4,3 por ciento entre enero y junio de este año respecto de igual período del año anterior. En el rubro “pescados y mariscos elaborados” se registró una variación negativa del 27,5 por ciento».

No se deduce del artículo citado que la actividad pesquera sea la que más creció en los últimos 15 años (mucho menos en el análisis integral del sector) salvo, que se le limite ese hipotético crecimiento, al solo hecho que el langostino haya representado en 2018 el 61% de las exportaciones y, en el primer semestre de 2020, el 36%. Esta explotación, al momento, no da ninguna sustentabilidad cierta al sector, ya que se trata de un recurso de disponibilidad biológica impredecible en el corto plazo, altamente dependiente del mercado externo y, es así que, de valer 12 mil dólares en 2005 la tonelada, en la actualidad está por debajo de los 5 mil: “En 2019, las ventas del langostino entero cayeron un 10% en volumen, un 25% en divisas y un 15% en el precio promedio en comparación con el 2018. En los primeros cuatro meses de 2020, los precios siguieron desplomándose. El volumen se redujo 40% y el precio promedio un 23%, (…) las empresas no tienen a quién venderle lo que producen” (R. Garrone, Tradenews, 12/7/20).

Al lector desinformado, debemos decirle que en la captura y posterior exportación no influye solo una buena administración del recurso, las habilidades del capitán de pesca, la demanda del mercado y la capacidad negociadora del empresario, sino también, la disponibilidad biológica de la especie, en especial en recursos como el calamar y el langostino que tienen un ciclo de vida anual y dependen de diversos factores climáticos, biológicos, marítimos, etc. Por ello que centrar la sustentabilidad económica y social de este sector en la captura del langostino es altamente peligroso, por la inestabilidad y variabilidad que puede presentar de un año a otro. Ya ha ocurrido, en años donde la merluza era el sostén del sector y, por lo tanto, la caída brusca de las capturas del langostino no alcanzó a poner en jaque al conjunto de la actividad. Además que no podemos dejar de lado que, en el mundo, el 50% de la producción pesquera tiene origen en la acuicultura y maricultura, donde la Argentina tiene un desarrollo insignificante.

Si analizamos a este sector por las capturas de las principales especies, durante el 2005 se desembarcaron 360.741 toneladas de merluza, 146.184 de calamar y 7.470 de langostino, mientras que en 2018 se desembarcó 266.277 toneladas de merluza, 108.300 de calamar y 253.255 de langostino. Respecto a las exportaciones, en 2018 se exportó por valor de US$ 2.140 millones, mientras que estás exportaciones cayeron en 2019 a US$ 1.860 millones y, pese al notable crecimiento de las capturas de calamar en el primer semestre de 2020, todo hace pensar que las exportaciones de 2020 estarán por debajo de 2019, a pesar del esfuerzo de tripulantes que salieron a pescar pese al COVID-19.

Respecto al valor agregado y los volúmenes exportados, eran mayores en 2005 respecto al 2019/20. La Argentina exportaba en 2005 el doble de productos fileteados que hoy y exportaba más filetes que enteros y, ahora, ocurre todo lo contrario. Por otra parte, mantuvo los mismos volúmenes de captura de calamar (2005-2018), cayó en un 26% la producción de vieras al igual que la producción de anchoítas que se redujo en un 70%. Del mismo modo, cayó al 50% la producción de harinas, todo un símbolo de la caída de la mano de obra ya que el residuo de los procesos de elaboración se destina a la fabricación de harina. Los incrementos en valores encuentran su justificativo en las capturas de langostino y merluza negra, de alto precio y bajo valor agregado.

Los desembarques totales se redujeron de 858 mil toneladas en 2005 a 785 mil toneladas en 2018, con el agravante que mientras en 2004 el 55% de las extracciones se realizaban con buques fresqueros y el 45% con buques congeladores, en 2018, estos porcentuales se invirtieron en 49% y 51% respectivamente, motivo por el cual la mayor congelación a bordo fue en desmedro de la producción industrial en plantas en tierra y la consecuente pérdida de empleo.

El bajo valor agregado de las exportaciones argentinas es el modelo que impera desde hace años en la pesca, en especial en estos años, por las mayores capturas de langostino, llevando a transferirle (regalarle) el trabajo argentino a los países reprocesadores y exportadores de Sudamérica y a los importadores europeos y asiáticos. Por ejemplo, a España a quien le exportamos por año unas 50 mil toneladas de langostino entero y 8 mil toneladas de cola de langostino, con una diferencia en la facturación del orden de los 1.500 US$ la tonelada. Y ello, no es un dato menor en materia de pérdida de trabajo argentino, porque el langostino ha pasado de tener una participación del orden del 5% en 2005 al 61% en 2018.

Respecto al consumo interno de pescado se mantiene estacionado en los 6 kg per cápita por año, cuando el promedio mundial anual asciende a los 20 kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.

Dice el artículo que la pesca no tiene un déficit pesquero (exportación-importación) y ello se debe —como ya he dicho— que tiene un bajísimo consumo interno. Si triplicase el consumo, manteniéndose aún por debajo del promedio mundial, no tendría saldos exportables. Aquello es un defecto y no una virtud. Francia tiene € 1.700 millones de déficit, a pesar de capturar similares números que Argentina y se debe a que los franceses consumen una dieta sana de 34 kg/per cápita/anual de pescados y mariscos, es decir, 28 kilos más que los argentinos. La generación de valor, de empleo y la radicación industrial se duplicarían —al menos— si eso ocurriese.

Por cierto, mientras las empresas argentinas desembarcan —según información oficial— unas 800 mil toneladas anuales capturadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina (dentro de las 200 millas de la costa), en la Alta Mar, entre 350 y 500 buques extranjeros con o sin licencia británica se llevan anualmente un millón de toneladas de recursos migratorios argentinos. Para ello sus embarcaciones deben trasladarse más de 12 mil millas y nuestros buques pesqueros deberían recorrer solo 200 millas. ¿Porque no lo hacen?, porque los gobiernos de turno nunca llevaron adelante una política de incentivos que promueva la pesca nacional en la Alta Mar y les permita competir con la extracción ilegal extranjera, provocando la gran revolución pesquera en Argentina. La misma que provocaron los pioneros de la actividad cuando trocaron de los barcos costeros, a los buques de altura.

Es poco serio referirse a que el sector tuvo mayor crecimiento que el agrícola, ganadero y minero; ello, sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a US$ 3.192 millones (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de US$ 24.310 millones, obviamente muy superior a los U$S 1.864 millones de la pesca.

Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero, referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso; la eliminación de los descartes; el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.

Finalmente habría que agregar, que siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, estadounidenses, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.

Todas tienen en común, lo que sí precisa el citado diario, sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.

Si no se Sudamericaniza el Atlántico Sur, no se controla el mar con las fuerzas armadas y de seguridad, no se nacionaliza el flete, no se acuerda y desactivan los puertos uruguayos a las flotas pesqueras ajenas al MERCOSUR, no se combate la pesca ilegal de los recursos migratorios, no se cancelan los vuelos de Malvinas a Chile y Brasil, no se eliminan impuestos a los buques nacionales en Alta Mar, no se declara la emergencia pesquera en Malvinas y no se incrementa el consumo nacional, NO ES POSIBLE ESPERAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS.

Los profundos cambios que se requieren, para desalentar el avance creciente de los buques extranjeros pesqueros a distancia, que vienen por nuestros recursos, no pueden limitarse a colocar multas a los buques piratas (que además no se capturan ni hay medios para hacerlo), sino que debe aplicarse un nuevo modelo que vaya hacia la captura de todos los recursos del Atlántico Sur y efectúe una administración adecuada para lograr un crecimiento sostenible y sustentable económica, ambiental y social. Está todo por hacerse.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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Argentina

LA ACTIVIDAD PESQUERA ARGENTINA NO TIENE FUTURO SIN LAS AYUDAS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

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César Augusto Lerena*

Las empresas pesqueras que exportan valor agregado y ocupan mano de obra argentina deben recibir las ayudas con las que son beneficiadas todas las empresas pesqueras del mundo.

Seguramente, como un resabio de nuestras épocas de gloria, los argentinos solemos ser más papistas que el papa y, aun así, creyéndonos muy creativos, tomamos al pie de la letra los mandatos de los países desarrollados que, en lo económico, productivo e industrial, tienen aviesos intereses en su favor.

Orgullosos de ser el “granero del mundo” adherimos a las consignas del libre mercado y, dejamos de lado —y hasta miramos como consignas de cabotaje— todo intento de proteger nuestra industria nacional y, así, terminamos vendiéndoles commodities al mundo, regalándoles nuestra mano de obra y comprándoles gatitos de la suerte “Maneki-neko” que, si levantan la pata derecha, traen dinero y fortuna ¡Somos vivísimos los argentinos!

El mundo pregonaba la economía de mercado, aunque la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (USA) subsidiasen desde siempre la producción agropecuaria y alimentaria y establecieran políticas proteccionistas a través de la imposición de barreras arancelarías y no arancelarias, preferencias, cupos, salvaguardias, precios de entrada y otras restricciones destinadas a impedir el ingreso de productos con alto valor agregado que compitieran con los de sus productores o industriales.

Inconsistentes argumentos sanitarios, bajo el formato de directivas, sirven de pretexto, para impedir el ingreso a sus mercados, aunque —en el caso de los alimentos y de los productos pesqueros argentinos— en la mayoría de las empresas industriales y exportadoras se elaboran en infraestructuras y con procedimientos de mejor calidad y sanidad que las de la UE y USA y las normativas sanitarias argentinas son absolutamente equiparables a las Directivas de la UE o a las reglas de USA y, de hecho, los productos pequeros ingresan a los mercados más exigentes del mundo, cosa que no ocurre con las carnes.

Paralelamente a ello, los excedentes subsidiados de la producción de la UE y USA se destinan a la exportación, en muchos casos con reembolsos, con los cuales, compiten en otros mercados con los mismos exportadores que se ven impedidos a ingresar a esos países sus productos terminados. Un verdadero cuento de la buena pipa. ¡Así cualquiera adhiere a la economía de mercado! Mientras ello ocurre, toda política en la Argentina que fuese destinada a proteger la industria nacional siempre es tildada de bananera, bajo el argumento de intentar sostener una industria poco competitiva y sin la calidad de lo importado. Es probable, que en algunos casos pueda ser cierto, aunque es necesario separar la paja del trigo y, en especial, poner al Estado, no como socio principal de la empresa por la altísima carga impositiva y burocrática que sufre la producción, sino como palanca de desarrollo, apoyo financiero y tecnológico. Es muy difícil competir en el mundo, cuando la inflación en la UE es del 1,45% y USA 2,44% anual y en la Argentina supera el 44%, además de que las exportaciones cargan con una carga impositiva insostenible.

¿Ahora, nadie refiere a la desglobalización y multilateralismo agonizante y, al avance de los nacionalismos de la mano de Trump? ¿La Subsecretaría de Pesca analiza lo que ocurre en el mundo?

Veamos cómo se maneja el sector pesquero español subsidiado por la Unión Europea y el gobierno español: por un lado, se oponen al Pacto Verde de la Unión Europea, que reduciría en un 30% las áreas de captura en aguas comunitarias y que restringiría en estas mismas aguas, las capturas con redes de arrastre de fondo. Pretenden, al mismo tiempo, seguir pescando en aguas británicas del Atlántico Nordeste y, en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ocupada en forma prepotente por el Reino Unido (RU), y que estas capturas ingresen a la UE sin arancel alguno.

Además de ello, están promoviendo que el gobierno español, induzca al consumidor a adquirir productos españoles, en perjuicio a los exportadores argentinos, descalificando las importaciones, sin evaluar, que por lo menos 2 Kg/per cápita anual del consumo español es de origen argentino, a lo que debiéramos sumar lo que nos roban en el Área de Malvinas y los migratorios argentinos en la Alta Mar.

Pero para las Entidades Europêche y CEPESCA y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros (EAPO) todo es poco, y con el argumento del COVID-19, nuestro conocido Javier “Paz y Bien” Garat le solicitó a la Directora General de la DG Mare, Charlina Vitcheva, “que haga la vida más fácil a los pescadores, que ya tienen que cumplir con demasiadas normativas y burocracia, de tal complejidad, que obstaculiza las operaciones diarias de pesca; rebajen el IVA a los productos pesqueros al 4%; les garantice igualdad de condiciones (¿?) para asegurar la competitividad de la flota de la UE; le expresan al mismo tiempo, la satisfacción del sector por las medidas paliativas adoptadas por la Comisión, abogando por un rápido desbloqueo de 500 millones de euros de fondos adicionales para la pesca y, le recordó también, a la citada directora, que solicitaron a la Comisión Europea que sea sensible y lo más flexible posible en la aplicación del plan plurianual recientemente adoptado para el Mediterráneo occidental, de manera que no se agraven las consecuencias socioeconómicas causadas por esta pandemia”. Adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades, diría el español Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y los nuestros? Arréglate como puedas.

Podríamos sintetizar de esta manera el accionar del empresario pesquero español: captura en forma subsidiada e ilegal nuestros recursos pesqueros; importa productos pesqueros de bajo valor agregado y se queda con nuestro empleo; industrializa en forma subsidiada; vende a los empresarios radicados en la Argentina buques financiados y a baja tasa fabricados en España y, se lleva los recursos argentinos de la ZEE Argentina o los migratorios y asociados en Alta Mar al menor costo posible. Recibe subsidios para fomentar el consumo interno. Todo sigue como en el siglo XIX, salvo que no nos traen esclavos de África para abaratar los costos de materia prima.

Ahora, veamos, que se hace en la Argentina y empecemos por los derechos y otros impuestos. ¿Está el subsecretario de Pesca abocado a resolver el problema de competitividad de la actividad?

¿Quién establece los derechos y demás impuestos en la Argentina? ¿El competidor extranjero?

A la captura se le cargan derechos y nuevamente se grava con derechos la exportación. Es decir, una doble imposición, sobre una misma materia prima. Es muy razonable que se cobren derechos a la captura porque el recurso es del Estado, pero, a la exportación, no hace más que desalentarla y quitar competitividad a las exportaciones, agregándole impuestos.

Se otorgan luego reintegros, que más que reembolsos parecen una suerte de devolución parcial de los derechos de exportación. Pero, mientras estos se pagan prácticamente al contado, los reintegros se acreditan más allá de los 180 días. Una fórmula imperfecta que no genera el valor agregado esperado (con el consecuente empleo) y, además, es —en muchos casos— de aplicación virtual, porque no resuelve la falta de competitividad de los productos argentinos para facilitar el ingreso a los mercados, ante el costo interno y la tremenda carga impositiva que acompaña a las exportaciones nacionales.

Por otra parte, en una actividad, donde sus productos se destinan en un 90% a la exportación, es un despropósito, que el combustible utilizado en los buques para las operaciones de extracción del recurso, se graven con impuestos.

Y los costos no terminan. El autocontrol de los establecimientos industriales en el mundo tiene al menos 25 años. En algunas recorridas a plantas industriales que realicé en Europa nunca encontré un inspector; precisamente, porque aplican sistemas de autocontrol; desde 1989 los planes HACCP en Estados Unidos. Aquí se implementaron, pero no eliminaron la burocracia y entonces conviven con controles relativos oficiales que encarecen la industria en forma cada vez más gravosa. Así la actividad sufre las tasas municipales por servicios que no se prestan y de SENASA y servicios aduaneros, a la que se le agregan a los altos costos de energía y agua. También, el costo de administración de la Subsecretaria de Pesca y del Consejo Federal Pesquero, que es notablemente más alto que el aplica Chile, que exporta en dólares 3,5 veces más que Argentina y del Perú que exporta en dólares 1,7 veces más que la Argentina.

A su vez, mientras el mundo tiene un consumo anual de productos pesqueros del orden de 21 kg per cápita, nuestro país, no llega a los 6 kg. Y, no solo es una cuestión económica, sino sanitaria, ya que el pescado junto a leche materna tiene una proteína de altísimo valor biológico. En España, se consumen 25,5kg per cápita y, sus empresarios solicitan la baja del IVA al 4% para favorecer el consumo.

En síntesis, un bajo consumo de pescados y una Argentina que exporta impuestos y, así, no puede esperarse, que compita en el mundo contra empresas subsidiadas, que disponen de crédito para financiar el capital de trabajo, la reinversión en desarrollo tecnológico, la construcción y la reparación de buques. Aun así, en esta situación desfavorable, la Argentina exporta productos pesqueros a la UE por un valor de 790 millones de dólares (37% del total de las exportaciones pesqueras), a China 475 M de dólares; a USA 150 M; a Japón 100 M; a varios países de Suramérica 190 M; a Tailandia 66 M, etc.

Frente a este escenario el gobierno argentino debería:

  1. Encomendar el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) los estudios pertinentes para determinar científicamente el origen en Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina de las especies de dominio del Estado Nacional que migran al área de Malvinas de la ZEE Argentina y a la Alta Mar.
  2. A través de la Cancillería y todo el cuerpo diplomático especializado tomar las medidas pertinentes para que todas las capturas que se realicen sobre especies de dominio de Argentina, incluyendo a las localizados en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas de la ZEE Argentina o aquellas migratorias en la Alta Mar sean tipificadas originarias de Argentina.
  3. Eliminar de las exportaciones los impuestos (entre ellos los cargados al combustible que son centrales en la captura) y otorgar los reembolsos que fueran necesarios a las exportaciones de productos pesqueros, para equilibrar el cobro de aranceles a la importación y desalentar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Estas desgravaciones y reembolsos deberían estar directamente relacionadas al mayor valor agregado y a la mayor ocupación del personal afectado a la industria; regularizar el personal no registrado y, reducir los costos del Estado a través del otorgamiento de subsidios al desempleo o al empleo, como los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) y, muy especialmente, debe profundizarse en la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar. Todo ello, por cierto, podría interpretarse como una medida de excepción, pero no lo es, ya que, por ejemplo, las empresas petroleras que operan en Argentina en la extracción de petróleo y gas recibieron subsidios del Estado por U$S 24 mil millones entre 2008 y 2019 según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

“En su noche toda mañana estriba: de todo laberinto se sale por arriba” (Leopoldo Marechal).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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