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EL VOTO A QUIEN ADMINISTRE EL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

Ya hemos dicho, y lo reiteramos, que el Mar Argentino y sus recursos no están debidamente administrados. Un espacio que representa un 68% del total de la Argentina bicontinental y marítima que se encuentra en gran parte invadido y disputado por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB).

A propósito del debate presidencial, votemos por quien tenga previsto administrar el mar argentino, donde hasta la fecha no se han llevado políticas activas destinadas a recuperar los archipiélagos y los espacios marítimos ocupados en forma prepotente por el RUGB y los sucesivos gobiernos se han dedicado inconducentemente a invitar a ese Reino a negociar la soberanía. En síntesis, un gobierno que lleve adelante una estrategia para administrar el mar argentino y de esta forma aislar al RUGB, dificultando y encareciendo su permanencia en la región. Donde los recursos pesqueros se administren adecuadamente y no sean consecuentemente subexplotados, depredados y capturados ilegalmente, la industria naval cuente con el suficiente apoyo del Estado para que todos los buques mercantes, fluviales, petroleros, pesqueros, de investigación y control naval se fabriquen en el país y donde se promueva la ampliación, modernización y tecnificación de los puertos con el aporte privado bajo administración del Estado.

Sintetizando, deberían llevarse adelante ―entre otras― las siguientes medidas:

  1. Captura de los recursos: incrementar en un 45% la captura pesquera anual, llevándola de 794.000 toneladas desembarcadas en 2022 a 1.165.000 toneladas. Incrementando por ello un 25% la mano de obra industrial ocupada.

Referencias: la Argentina desembarcó en la última década un promedio de 800 mil toneladas/año. El incremento de las capturas que se espera tendría origen en, a) acuerdos pesqueros con la flota extranjera que pesca en alta mar (más allá de las 200 millas) los recursos migratorios originarios de la ZEE, con la eliminación de impuestos/tasas a los buques nacionales (no afecta el tesoro nacional) que le permita a la Argentina quedarse inicialmente con al menos un 25% de esas capturas; es decir, un estimado de unas 125 mil toneladas/año; b) industrializar los actuales descartes aptos que, según la información del INIDEP; AGN; FAO, etc., acceden al 30% de las capturas, es decir un estimado de 240 mil toneladas/año; c) control de los desembarques mediante mejora de la metodología (escaneo) y los sistemas aplicados.

  1. Acuicultura: en cuatro años se debería llevar la producción anual actual de 2.592 toneladas (2020) a las 400.000 toneladas y en diez años a las 800.000 toneladas/año. Se duplicaría ―al menos― en los primeros cuatro años la mano de obra relacionada con la actividad productiva y su industrialización.

Referencias: el total de la producción mundial de pesca y acuicultura (2020) alcanzó a los 178 millones de toneladas, de las cuales un 42,2% tiene origen en la acuicultura/maricultura. Mientras que los desembarques de las capturas pesqueras argentinas alcanzaron a las 796.813 toneladas (2022), solo 2.592 toneladas (0,33%) tienen origen en la Acuicultura. Una de las bajas producciones de Latinoamérica, solo por encima de Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

  1. Industrialización de los descartes: es posible utilizar las 240.000 toneladas/año descartadas (aptas para el consumo humano) por la flota nacional e industrializarlas. No se descarta que, con motivo de los acuerdos con la flota extranjera, la Argentina pueda hacerse de los descartes aptos para el consumo humano de esos buques, lo que podría llevar a duplicar esa cifra. Esto sería posible mediante un precio garantizado para esas capturas. Se estima en un incremento del 35% la mano de obra a utilizar.

Referencias: estas proteínas se usarán con fines a) sociales, para proveer aminoácidos esenciales a 3 millones de niños/adolescentes por día todo el año; b) ampliar el mercado y c) fabricar harina con 65% de proteína.

  1. Consumo interno: el consumo interno debería incrementarse en el término de cuatro años un 100%, llevándolo de 4,8 Kg per cápita/año a 10 Kg. Debería esperarse en 10 años triplicar el consumo nacional, optimizando la comercialización y contribuyendo a mejorar la dieta nacional y la salud de los argentinos.

Referencias: mientras que la Argentina consume 4,8 kg per cápita/año de productos pesqueros en Latinoamérica y el Caribe consumen el doble (9,8 kg), en África 11kg. y en Europa 21,4 kg. Ello será posible por la mayor disponibilidad de la materia prima, derivada de la utilización de los descartes aptos, de la producción acuícola; una mejor administración de los recursos existentes; la promoción de virtudes y mejora del costo por la eliminación del IVA.

  1. Exportación: La exportación argentina de productos pesqueros debería pasar de 490.000 toneladas exportadas/2022 por valor de 1.823 millones de dólares a en cuatro años a 580.000 toneladas/año por valor de 3.000 millones de dólares, con un incremento del valor agregado y en diez años a 800.000 toneladas por valor de 5.000 millones de dólares.

Referencias: la suma del procesamiento industrial de los productos de acuicultura; la captura en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar permitirán incrementar la exportación de productos pesqueros directamente a las góndolas, mediante los acuerdos comerciales necesarios.

  1. Control del territorio, de la pesca y los costos de investigación y administración: los costos de administración, control e investigación deberían ser prorrateados entre las empresas concesionadas, reformando la actual distribución de los derechos del Fondo Nacional de Pesca (FONAPE) y reduciendo los costos de administración.

Referencias: siendo el recurso pesquero de dominio del Estado Nacional (más allá de las 12 millas), su concesión, supone el pago de un canon que solventará todas las tareas de control, de investigación y de administración del recurso y, por lo tanto, la distribución de los recursos del FONAPE debería modificarse de acuerdo a ello.

  1. Capturas sostenibles: se debería garantizar una explotación sostenible mediante la determinación anual de la “captura máxima sostenible” y la aplicación de vedas, cuando corresponda. Al mismo tiempo derogarse todas las Áreas Marinas Protegidas y el INIDEP transformará en vedas permanentes o transitorias en aquellos casos necesarios.

Referencias: esta captura máxima sostenible se distribuirá entre todas las empresas interesadas que efectúen inversiones y ocupen personal argentino, conforme lo indica la Ley. Las vedas han resultado eficientes para preservar el medio marino y sus recursos y ello se fortalecería mediante una mejora del control.

  1. Administración: se debería optimizar y transparentar la administración del recurso y reformar la ley de pesca y generar una política activa sobre la explotación en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. Ambos proyectos son parte del trabajo citado (César Lerena, “Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur”, 2023).
  2. Los Puertos: La Ley 24.093 de “Actividades Portuarias” debería reformarse y, más allá de que el Estado podría celebre acuerdos con Consorcios o aún con empresas privadas nacionales para llevar adelante cuestiones relativas al balizamiento; dragado; servicios de apoyo a las embarcaciones, de remolque, maniobra y practicaje; servicios relativos a la carga y descarga o de amarre; construcción y mantenimiento de astilleros; mercados concentradores o de distribución; depósitos de almacenamiento o cámaras frigoríficas y todo tipo de explotaciones industriales, comerciales afines a la actividad; transportes de apoyo logístico; servicios turísticos; locales de reparticiones públicas de control de calidad, sanidad, aduana, etc.; cuando se trate de convenios empresas jurídicas extranjeras o con participación extranjera; que pudieran dar lugar al uso de los puertos a buques extranjeros; la prestación de servicios logísticos a éstos; o si se tratara de puertos emplazados en áreas en disputa o consideradas estratégicas, las autorizaciones deberían ser de facultad exclusiva del Estado Nacional y/o el Congreso de la Nación, según la legislación vigente. En todos los casos, la administración general; las cuestiones de defensa y seguridad; el control aduanero y de migraciones; la policía de la navegación y seguridad portuaria deberían estar en manos del Estado.

Referencias: mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la construcción de un puerto de 400 metros, para reemplazar al existente, invirtiendo unos 200 millones de dólares (MercoPress, 10/07/2023), la Argentina no ha hecho las inversiones necesarias en los 79 puertos en la vía Paraná-Paraguay y en los 21 del Atlántico Suroccidental para asegurar la soberanía política y el comercio nacional e internacional argentino. Véase por el contrario a las legislaciones similares de las Repúblicas de Chile, Brasil y Uruguay.

  1. La Industria Naval Nacional. adecuar el Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina para permitir que todos los buques destinados a la actividad mercante, petrolera, pesquera y naval se construyan en el país, permitiendo su desarrollo sustentable y la generación de decenas de miles de empleos calificados; la transferencia tecnológica de diseño, construcción y reparación de buques y artefactos navales.

Referencias: en Argentina, “la apertura de la explotación hidrocarburífera offshore y el desarrollo del gas natural en Vaca Muerta se presenta como una oportunidad histórica única para la Industria Naval Nacional… El bloque offshore CAN-100 de la Cuenca Argentina Norte tendría la capacidad de producir 200 mil barriles de petróleo por día duplicando la producción actual de YPF, sin contar que geólogos de YPF estiman que existen varios yacimientos más que podrían multiplicar varias veces el volumen proyectado. Además, el gasoducto NK y la construcción de otros dos más, con terminales portuarias en el sur de Buenos Aires, posibilitarían en un plazo de diez años, la exportación de 25 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), lo que requeriría 465 buques metaneros para su transporte… En el año 2000 la industria naval brasileña contaba con 1.910 trabajadores y en 2013 superaba los 82.000” (Fabian Lugarini, ver sus artículos respecto a la política de Brasil en la web: cesarlerena.com.ar). A ello hay que agregar la renovación de la flota pesquera nacional y el aumento de ésta por el incremento de las capturas proyectado y los destinados a la flota mercante y fluvial.

Como resultado de la ejecución de los diez puntos anteriores y otros (César Lerena,Cien acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur”, 2023), la Argentina podría producir la más importante acción de toda su historia sobre la administración del Atlántico Sur y la explotación de sus recursos marinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

EL DISEÑO GEOESTRATÉGICO QUE AFLORA EN UCRANIA

François Soulard*

Las últimas maniobras en la guerra ruso-ucraniana han evidenciado el diseño geoestratégico subyacente a la invasión de Rusia a Ucrania. Para Moscú no se trata de un mero reflejo defensivo destinado a frenar militarmente la expansión de la OTAN hacia el este. En el fondo, el proyecto ofensivo de Rusia tiene que ver con reconfigurar la seguridad de Europa oriental, buscando controlar a Kiev, Bielorrusia, Georgia y Moldavia, actuando paralelamente en otros escenarios geopolíticos y en la geoeconomía para proyectar un rol mucho más protagónico en la creciente bipolaridad actual. Esta gran estrategia, mal percibida en la intensa batalla de percepciones que envuelve el conflicto, refleja la trama geoestratégica contemporánea.

La narrativa rusa fundada en la expansión efectiva de la OTAN

Desde febrero 2022, la narrativa rusa para legitimar la invasión de Ucrania ha sido fundada en la expansión de la OTAN hacia el este. La ampliación otaniana es un hecho y se enmarca, como lo sugirió Zbigniew Brzezinski en 1997, en una ofensiva más extensa de los Estados Unidos para reducir el perímetro de influencia soviética hacia las fronteras de Rusia en el periodo posterior a la Guerra Fría. La revolución naranja y la “diplomacia transformadora”, exitosamente desplegada desde Washington en Ucrania entre los años 2000 y 2014, fueron partes de esta ambición.

Fundamentalmente, es a inicios de este periodo que una parte de las élites rusas van a asociar progresivamente el derrumbe de la Unión Soviética a la matriz de influencia occidental, la percepción de haber sido corrido por la OTAN y la inercia de la propia burocracia rusa. Esta percepción, cristalizada al interior de Rusia por la impronta de Vladímir Putin, encuentra un eco a una larga obsesión estratégica del imperio ruso en mantener una cintura protectora en su flanco occidental. La hubris del “nuevo siglo americano”, impulsado por los neoconservadores norteamericanos a partir de 1997, acentuará esta polarización a la luz de las injerencias que realiza Washington en el derecho internacional en los escenarios de Irak y Libia.

El desarrollo de la OTAN va a orientar inclusive las etapas de integración de nuevos países a la Unión Europea, en contraste manifiesto con la ausencia de voluntad del bloque europeo para formar una arquitectura genuina de defensa.

La ausencia de defensa colectiva en Europa

Es importante subrayar este contraste de la capacidad de defensa europea con la de la OTAN que ha sido palmariamente ilustrado por sus varios episodios de crisis y que fue correctamente mapeado por los tanques de pensamiento rusos antes de 2022[1]. Entre 1986 y 2000, ninguna coordinación fue posible entre países europeos para responder a la guerra yugoslava, obligando a los Estados Unidos a intervenir militarmente en Kosovo. En 2016, Donald Trump cuestiona la escasa contribución financiera de los integrantes europeos (sólo siete estados respetan la regla de contribución del 2% en materia de presupuesto militar). En 2019, los Estados Unidos y Turquía deciden actuar en Siria sin consultar a sus aliados de la OTAN, creando así una nueva tensión que deriva luego en un cruce greco-turco en el Mediterráneo. En 2021 el desborde migratorio generado por Bielorrusia y Turquía genera otra tensión interna.

En diciembre 2022 la primera ministra finlandesa bien resumió lo que todos sabían sobre esta contradicción en materia de seguridad al momento de firmar el ingreso de Finlandia a la alianza atlántica: “nos sumamos a la OTAN porque estaríamos en problema sin el apoyo de los Estados Unidos”. Vale recordar que el presupuesto militar de la OTAN era de 950.000 millones de dólares anuales en 2018, los Estados Unidos aportando un 70% del total, con 66.000 millones de dólares para el presupuesto militar de Rusia.

A pesar de su volumen económico, la defensa europea es fragmentada y da un trágico reflejo de la ausencia de voluntad para construir un estatus de potencia y recubrir mayor niveles de soberanía.

El ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN fisura la narrativa principal

En abril de 2022, el ingreso de Finlandia a la OTAN a pedido de su gobierno (la de Suecia está en camino), creando una larga línea de contacto entre Rusia y la alianza militar (1300 km de frontera finlandesa), no genera reacciones diplomáticas o militares particulares de Moscú, más allá de algunos gestos retóricos. Mientras Vladímir Putin afirmaba en 2021 que había una línea roja no transable para la relación de Ucrania con la alianza atlántica, el mismo declaraba en mayo de 2022 que no veía al ingreso de Helsinki y Estocolmo como una amenaza real mientras no hayan consecuencias significativas en término de infraestructuras militares.

Al final, se evidenciaba que Finlandia no constituía un espacio de carácter estratégico para Moscú, comparativamente a Ucrania. Por ese mismo motivo, el argumento de describir a la OTAN como una amenaza existencial reveló su falta de idoneidad. Apareció más nítidamente que el eje principal de Moscú era Kiev y su no adhesión a la OTAN. Para entender más a fondo esta perspectiva hay que revisitar por un lado el derrotero de las relaciones con la OTAN y la matriz conflictiva que desarrolló Rusia desde el año 2014 en Ucrania y a nivel global.

Breve repaso de la relación OTAN-Rusia

Al momento de la caída de la Unión soviética, los occidentales empiezan rápidamente a trabajar en la sombra para debilitar a la economía rusa (con la participación de la oligarquía rusa) y acelerar la transición político-cultural en los ex-países soviéticos. Esta transición cultural corresponde a un movimiento genuino en los ex-países soviéticos desde el final de la Primera Guerra Mundial. Pero se amplifica y se instrumentaliza para inclinar a los regímenes políticos del lado atlántico. Ancladas en el activismo de la sociedad civil, varias revoluciones de colores se implementan en Serbia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004 y 2014), Kirguistán (2005, sin dar resultados), con el apoyo constante del ecosistema de influencia de Washington.

En la superficie, la política imperial estadounidense está envuelta en una actitud respetuosa al recalcar la “necesidad de preservación de la Unión Soviética” como lo expresaba textualmente el presidente George H.W. Bush[2] en 1991. En 1990, Mijaíl Gorbachov y el secretario de Estado estadounidense, James Baker, acuerdan explícitamente un no avance de la OTAN circunscrito a Alemania del Este, acuerdo que será codificado en el tratado de Moscú (“4+2”) sobre la cuestión alemana. Se cumple la no instalación de fuerza extranjera e infraestructura de la OTAN en el territorio de los nuevos länders alemanes. Este consenso no hace alusión a la idea de nuevos miembros y de la no expansión otaniana hacia los ex-países del Pacto de Varsovia. Lo recordará el mismo Mijaíl Gorbachov en 2014[3].

En 1993, la crisis en Yugoslavia modifican las percepciones. Moscú incentivó el separatismo en una parte de Moldavia en 1992 (Transnistria). Más adelante, impondrá su predominio mediante la fuerza militar en Chechenia en 1999, mientras ocupará una parte de Georgia (Osetia y Abjasia) en 2008. Alemania y Estados Unidos empiezan a contemplar la integración de países del este europeo a la alianza con el telón de fondo de la permanente prudencia en no desatar alarmas en Moscú. En 1997 los miembros de la alianza vuelven a asegurar que la OTAN no desplegará armas nucleares ni fuerzas de combate substanciales en el territorio de los nuevos países miembros. En 2008, luego de la integración de una decena de nuevos países en la Organización del Atlántico Norte, George W. Bush empieza a agitar la idea de incorporación de Ucrania, encontrando de pronto la oposición de Francia y Alemania hasta el año 2022. En febrero de 2022, en vísperas de la invasión de Ucrania y ante el ultimátum planteado por Vladímir Putin, el canciller alemán Olaf Scholz no duda en reiterar que Kiev no será miembro de la organización antes de por lo menos 30 años.

La guerra irregular en Ucrania, el capítulo Crimea

El año 2014 es el punto de inflexión de una contraofensiva de Rusia dirigida hacia Ucrania en sintonía con otras maniobras. Kiev ha ratificado su salida política de la órbita rusa, como exitoso resultado de la revolución de color incentivada desde hace quince años. Las masas del Euromaidan han rechazado al presidente pro-ruso Víktor Yanukóvich y colocan a Kiev del lado euro-atlántico. Precipitado caóticamente por un episodio violento en la plaza Maidan, el cambio es sinónimo de golpe de Estado para Moscú, orquestado directamente desde el mundo occidental con la complicidad de grupos ultranacionalistas y neonazis ucranianos (Bandera).

La recuperación de Crimea en febrero 2014 es la primera contrarreacción de Rusia. La península alberga a 15.000 soldados ucranianos y es conquistada en una semana, casi sin combates. La anexión militar de la península se disfraza hábilmente de fuerzas especiales rusas fusionadas con los grupos separatistas locales y luego con un referéndum de autodeterminación (marzo 2014). Al violar el derecho internacional, la anexión genera naturalmente un fuego enemigo con las primeras condenas políticas, junto con sanciones económico-diplomáticas.

Enfrentamiento irregular en el Donbás

En un segundo tiempo y hasta febrero de 2022, Rusia emprende una guerra por debajo del umbral de confrontación abierta con múltiples frentes en el norte, en el Donbás y en el frente interno a escala de toda Ucrania. Por un lado, grandes ejercicios militares están organizados en la frontera ruso-ucraniana (con un total de cerca de 100.000 hombres movilizados). Por otro lado, se empuja a un movimiento insurreccional, al principio difuso, en el sector del Donbás. Los grupos separatistas son apoyados y militarizados con mercenarios despachados desde Moscú.

En el frente, varios batallones de ucranianos nacionalistas se militarizan también, mientras Kiev moviliza a fuerzas regulares en el marco de una operación “anti-terrorista” que va lograr equilibrar temporariamente la correlación de fuerza. Rápidamente, el aumento de la ofensiva militar rusa termina quebrando el frente ucraniano a fines de 2014 y principios de 2015, obligando Kiev a firmar sucesivamente los acuerdos de Minsk y Minsk II. Ni Ucrania, ni las repúblicas separatistas del Donbás, ni Rusia respetarán estos acuerdos.

Con otras partes del ejército ucraniano fijadas en las zonas de maniobra fronteriza, Ucrania se encuentra estratégicamente paralizada, sin que ambos campos se hayan oficialmente declarado la guerra.

Guerra informacional y political warfare

En el teatro informacional, Rusia busca alterar las percepciones y los resortes motivacionales de sus adversarios. La ofensiva se centra en cuatro ejes: 1. demonizar a Ucrania e instalar leitmotivs justificadores (grupos ultranacionalistas, laboratorios de guerra bacteriológica, decadencia de sus élites, etc.); 2. ocultar la participación directa de las fuerzas rusas en el Donbás e incentivar un movimiento insurreccional separatista; 3. desmoralizar y fragmentar la sociedad ucraniana; 4. cuestionar el arco occidental, subvertir su estructura de percepción y dividir a las opiniones públicas (revolución de color, intervencionismo en Irak, Afganistán, Libia, expansión de la OTAN, etc.). Esta ofensiva incluye también a la sociedad rusa donde 50% de los rusos consideraban a principios de 2022 que la OTAN y Occidente en general son responsables de la tensión con Ucrania.

Recordamos que el canal RT y Sputnik fueron creados en el año 2005, luego de los sublevamientos fomentados en Georgia (2003) y Kiev (2004) como herramienta de influencia a nivel internacional, en sintonía con un ecosistema de medios que levantan sus contenidos.

Otra vía de influencia tiene que ver con los canales diplomáticos secretos entre las inteligencias estadounidenses y rusas y la activación de un campo social favorable a la posición de la pacificación. Se confirma en julio de 2023 que existían permanentes conversaciones diplomáticas secretas[4] entre antiguos altos funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos y altos cargos del Kremlin. La vía de pacificación consiste en fomentar un sector de opinión proclive a la no confrontación con Rusia, particularmente vigente al interior de los Estados Unidos y Europa.

“Hay que evitar humillar a Rusia”, “no hay que entregar Moscú a los brazos de Pekín”, “se debe evitar sí o sí el caos vinculado a un posible derrumbe de Rusia”, “los occidentales no creen en el éxito de la contraofensiva” son varias de las expresiones sintetizando los métodos de chantaje por el caos, por la amenaza o el poderío autocrático que se fueron asimilando al interior del mundo occidental. La CIA[5] inclusive participó en este papel de relativización y de negación de la realidad conflictiva[6], lo cual agregó elementos favorables a Moscú para plantear un ultimátum a la OTAN a fines de 2021 y luego invadir a Ucrania.

Esta atmosfera, dibujando una suerte de contexto de Munich donde las potencias esquivan la confrontación, fue evaluada como tal por Moscú. A fines de 2021 se decidió generar dos propuestas de acuerdos de seguridad, apuntando a obtener garantías de parte de los Estados Unidos y de la OTAN. Los textos solicitaban explícitamente una “renuncia a cualquier ampliación de la OTAN, el fin de la cooperación militar con los países post-soviéticos, la retirada de las armas nucleares estadounidenses de Europa y el regreso de las fuerzas armadas de la OTAN a las fronteras de 1997”, junto con la no navegación en los mares Negro, Báltico, Barents, Ojotsk, sin que se haga alusión en contrapartida a la ocupación rusa en Abjasia, Osetia del Sur, Crimea o en el Donbás. En otras palabras, se trataba de borrar del mapa a la OTAN y apagar la presencia de los Estados Unidos en Europa.

Kiev y la respuesta atlántica

La derrota del plan relámpago para tomar a Kiev en febrero 2022 no impide a los amos del Kremlin de seguir trabajando en este terreno de la influencia para voltear a la administración de Kiev. Con las dudas frecuentes expresadas por los aliados occidentales y su inercia para la entrega de material bélico, los dirigentes rusos piensan haber convencido a Kiev de renunciar a cualquier victoria. Así, Moscú fortalece su esfuerzo para desmotivar a su rival, sumando las nuevas dudas vinculadas al alcance de la contraofensiva iniciada en junio de 2023, junto con la idea de que una negociación de paz se está realizando a espaldas[7] de Ucrania entre Washington y Moscú.

Simétricamente, la esfera atlántica articuló varios frentes informacionales para alimentar la percepción de amenaza rusa y contrarrestar sus ofensivas. Ya desde 2005, la vuelta de la potencia rusa había generado una estigmatización de Rusia en los Estados Unidos y Europa. Permitió mantener un norte movilizador para los países miembros de la OTAN cuyas prioridades en seguridad se han ido dispersando. La ruptura con Rusia en 2022 permitió reactivar la vigencia de la alianza atlántica e instalar nuevamente a Washington como el gran defensor de la soberanía y la libertad luego de las derrotas políticas de Washington en el Medio Oriente. Todo el ecosistema ideológico de la OTAN está reactivado y trabaja en polarizar las percepciones. En Kiev, Volodímir Zelenski desempeñó un papel muy relevante para poner a los países occidentales frente a sus “deberes” y contrarrestar internamente la influencia rusa.

De forma general, todo este choque de maniobras informacionales ha precipitado una lectura muy maniquea de la guerra ruso-ucraniana, polarizada entre ambos campos.

Guerra geoeconómica en el sector energético y agroalimentario

Una ofensiva geoeconómica acompaña este escenario. Bien antes de febrero de 2022, Rusia se ha asegurado el respaldo de China e incentivó por un lado la dependencia energética de Europa y por otro un acercamiento económico con China y Asia. En 2013 y 2014, se firman varios acuerdos energéticos con China, entre ellos la construcción de gasoductos, mientras en 2019 Rusia se vuelve el mayor proveedor de petróleo para China. La invasión de febrero de 2022 es seguida de un recorte de 75% de la exportación de gas a Europa, dependiendo un 40% del gas ruso que transita principalmente por los dos gasoductos Nordstream en el mar Báltico. Alemania está en el nudo gordiano de esta dependencia. En septiembre de 2022 el sabotaje de estos últimos, asociado sesgadamente a los Estados Unidos (mediante la investigación de Seymour Hersh por ejemplo) pero en realidad operado por Rusia según las últimas pruebas[8], termina de sellar un nuevo panorama energético. Los Estados Unidos, claramente favorecidos por este pedido europeo, son capaces de proveer 25% de la demanda, pero no pueden reemplazar la fuente rusa en el corto plazo, dejando a Europa en situación de austeridad energética.

En el plano agroalimentario, Moscú ha neutralizado rápidamente varios terminales de grano ucranianos en febrero de 2022, junto con el bloqueo de exportaciones de alimentos críticos. La crisis alimentaria es utilizada para culpar a las sanciones occidentales y erosionar el apoyo europeo a Ucrania. Se instrumentaliza esta desestabilización para diseminar en el Sur Global la narrativa rusa de que las sanciones occidentales son fuente del alza de precios y jugar con la dependencia de la importación de granos.

El Bismarck de hoy es ruso

Dos conclusiones principales son para destacar. La primera es que el espectro ofensivo desplegado hasta la fecha por Moscú en Ucrania ilustra magistralmente la trama geoestratégica contemporánea. No hay acción militar sin movimientos en el terreno geoeconómico, informacional y geopolítico susceptibles de aumentar las condiciones de una victoria política. Preparada aguas arriba por un cerco geoeconómico, una guerra irregular en el Donbás, un conjunto de ofensivas informacionales y diplomáticas, junto la promoción de una “quinta columna” en un mundo occidental muy desfasado con la naturaleza de las hostilidades, la confrontación irregular de 2014 y la invasión de febrero 2022 se articularon con un flujo inmaterial agresivo dirigido hacia el noumen de las sociedades adversas.

Su objetivo es quebrar las voluntades, hacer admitir a toda costa la inviabilidad de la resistencia de Ucrania, la traición posible de la potencia norteamericana y el peligro del oso ruso, en la perspectiva de desgastar el régimen de Kiev. Por ahora, esta guerra de influencia librada contra el orden europeo, incluyendo la instrumentalización de las materias primas, las operaciones cibernéticas e híbridas, la guerra informacional, el chantaje nuclear, las oleadas migratorias y las turbulencias políticas, ha tenido efectos notables pero no los frutos esperados. Es mal conocida y mapeada por el mundo académico, inclusive dentro de los tanques de pensamiento de la OTAN.

La segunda conclusión tiene que ver con la proyección que Moscú está queriendo diseñar en el mundo de hoy. Vladímir Putin se lanzó en Ucrania para restaurar la preeminencia rusa en un momento de reflujo del arco euro-atlántico y de un mejor posicionamiento de su poder en varias regiones (América Latina, África del Norte, Medio Oriente, Asia). Al igual que Bismarck en la Europa de ayer, intenta reconfigurar la seguridad europea fragmentada, mediante el sometimiento de Kiev y la unión con Bielorrusia, Georgia y Transnistria. El acercamiento a China configura una alianza inmediata necesaria para esquivar las sanciones occidentales y estabilizar la potencia rusa. En el largo plazo, expresa la voluntad de arrimarse al polo global alternativo chino que cuestiona el orden internacional y trabaja para frenar la proyección estadounidense a nivel global.

Al iniciar un enfrentamiento a gran escala contra Ucrania, Rusia intensifica indirectamente este conflicto sistémico entre ambos polos de poder global, buscando un mejor posicionamiento y la cosecha de beneficios propios. Ahí también, este rumbo no está realmente entendido en el mundo occidental y en otras latitudes.

No obstante, el freno a la invasión militar en Ucrania ha sido un obstáculo mayor para Rusia, ampliamente subestimado por la rigidez del aparato estatal. La subyugación relámpago de Kiev fue derrotada (batalla del aeropuerto de Hostómel y ofensiva de Kiev) y obligó a un plan alternativo en tres grandes frentes periféricos. Reavivó un nacionalismo ucraniano que ya no podrá volver a formar parte de la órbita rusa. La extensión de la movilización interna en Rusia muestra nuevamente esta dificultad y los preparativos para un largo enfrentamiento.

El dilema actual

La contraofensiva ucraniana, iniciada en junio de 2023 a raíz del respaldo material obtenido por sus aliados, obtiene resultados no tajantes, pero tangibles y perturbadores. Ilustra nuevamente la capacidad de adaptación de Kiev y su partición táctica todavía mal entendida por sus aliados. En el terreno militar, las fuerzas ucranianas han cambiado de temporalidad, apostando a un desgaste progresivo de las defensas rusas, lo cual generó divergencias en los aliados cercanos (Polonia). La reciente visita del líder ucraniano a Washington es todo un símbolo de estos dilemas: mantener la permanencia del apoyo más allá de las grandes fechas electorales y acompañar el diseño ofensivo ucraniano.

 

* Autor de “Una nueva era de confrontación informacional en América Latina” (2023). Coordinador de la plataforma de comunicación Dunia. Miembro e investigador de la SAEEG. francois@rio20.net

 

Referencias

[1] La OTAN es considerada por algunos círculos estratégicos como un “tigre de papel”. Citando a la agenda RIA Novosti: “Los atlantistas, a pesar de todas sus apetencias, no entrarán en conflicto abierto con Rusia. No lo quieren y les da miedo. Incluso los estrategas angloamericanos razonables entienden que Occidente no tiene la fuerza para mantener a Ucrania en su órbita por mucho tiempo. Las leyes de la historia rusa (como las leyes de la geopolítica) siempre funcionarán”. Disponible en https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html.

[2] En agosto de 1991 el presidente George H.W. Bush intima a los ucranianos a renunciar a la independencia y a satisfacerse de la libertad política que regirá en la futura Rusia.

[3] Ver la entrevista de Mijaíl Gorbachov por el canal alemán ZDF en 2014. Disponible en https://www.zdf.de/politik/kontext/videos/kontext-interview-gorbatschow-russland-100.html, con subtítulos en inglés : https://twitter.com/splendid_pete/status/1650735533826375680. Ver también Mikhail Gorbachev: I am against all walls disponible en https://www.rbth.com/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html

[4] Former U.S. Official Shares Details of Secret ‘Track 1.5’ Diplomacy With Moscow. Disponible en https://www.themoscowtimes.com/2023/07/26/us-official-shares-details-of-secret-track-15-diplomacy-with-moscow-a81972

[5] Exclusive: The CIA’s Blind Spot about the Ukraine War. Disponible en  https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html

[6] The Second Front. Disponible en https://en.desk-russie.eu/2023/09/06/the-second-front.html

[7] Naryshkin afirmó que la SVR y la CIA mantenían consultas raras pero regulares. Disponible en https://ria.ru/20230927/vyezd-1898953086.html

[8] En abril de 2023 el Ministerio de Defensa danés confirma distintas investigaciones sobre el ataque al gasoducto NordStream. Hay 112 fotos de barcos rusos en el lugar, tomadas por la Marina danesa cuatro días antes de las explosiones. Disponible en https://www.information.dk/indland/2023/04/forsvaret-bekraefter-rusland-specialfartoej-naer-nord-streams-spraengningspunkt?kupon=eyJpYXQiOjE2ODI2MTc4NzksInN1YiI6IjM3OTczMDo3OTEwMzIifQ.0jny5boMNqfm8wy90bFhog
Investigaciones:

Russische Schiffe am Nord-Stream-Tatort. Disponible en https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_100160712/explosionen-am-nord-stream-russland-schickte-schiffe-zum-tatort.html

OSINT Analysis: Six Russian Ships Active Near Nord Stream Sabotage Site According to Intelligence Source. Disponible en https://oalexanderdk.substack.com/p/osint-analysis-six-russian-ships

Otras notas de interés: https://www.businessinsider.com/russian-navy-ship-nord-stream-pipelines-days-explosions-2023-4?op=1

https://www.themoscowtimes.com/2023/04/28/russian-anti-torture-group-members-homes-raided-a80973

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PESCA EXTRACTIVA E INCOMPETENTE

César Augusto Lerena*

Foto: Axel Breuer en Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-cortando-peces-2247138/

 

La participación de la pesca en el total del complejo exportador viene cayendo en términos porcentuales. En el año 2022 fue de 2,1% mientras que los años anteriores fue del 2,6% (2021), 3,2% (2020) y 2,9% (2019), dejando en claro las pésimas políticas llevadas a cabo desde la Subsecretaría Pesca. Por cierto, no agregamos el medio tóxico en el que se desarrolla la actividad: la inflación, la presión tributaria y burocrática, el atraso cambiario, la falta de crédito, las trabas a la importación de insumos esenciales y las retenciones a la exportación, los altos costos de los insumos básicos, la ineficiencia de los puertos, la falta de control de la pesca ilegal, etc. que ataca la competitividad de la pesca argentina. Por cierto, ¿qué funcionario de rango inferior podría incidir en la política nacional? El ámbito de Agricultura y la jerarquía de la actividad deben cambiarse. Y nos preguntamos ¿quién le prestará atención a esta actividad con el 2,1% de participación en las exportaciones y con un consumo en el mercado interno de 4,8 Kg anual, el más bajo de Latinoamérica?

Si algo tiene de bueno la mal llamada Ley Federal de Pesca 24.922 es su artículo 1º. Desde éste en adelante, comenzaron los escribientes a copiar y pegar las exigencias de sus representados, para que casi todo fuera posible; pero, como suele ocurrir en un mundo de intereses cambiantes, éstos mutaron y lo que era bueno pasó a malo y viceversa. La Cámara de Armadores de Buques de Altura se creó porque algunos entendían que la Cámara de Congeladores defendía intereses contrarios y viceversa, nada hacía suponer, que todo sería lo mismo, dando lugar a un sinnúmero de siglas empresarias, donde a la luz de los resultados, hay más vocación de poner al funcionario de turno para hacerse acreedor de intereses personalísimos que conciliar una política que contenga al conjunto de la actividad y les permita a todos, crecer, desarrollar y multiplicarse, cual regla biológica.

Para qué atomizar la representación si a la hora de defender sus intereses las principales empresas juegan su partido por fuera de las cámaras. Una caja de langostinos tiene un efecto maravilloso en el funcionario que debe tomar decisiones. No es necesario dar más explicaciones.

El Estado, como titular del recurso, al otorgar las concesiones debiera asegurar que la explotación, realizada con idoneidad, sea rentable tanto para los grandes empresarios como a los pequeños, a los que debería proveerles de una “Unidad Económica Pesquera” que les permita desarrollarse en esta actividad. Esto debe darse en cualquiera de los escenarios macroeconómicos, ya que las medidas que se tomen deben ajustarse en forma permanente para que esta ecuación se mantenga. De esto no se hace cargo el Subsecretario de Pesca.

Hacia 1976 la flota de altura era de 113 buques fresqueros y 10 buques congeladores, es decir una relación de 92% a 8% respectivamente. Este porcentual se revirtió con el notable crecimiento de los buques congeladores. En el año 2022 los desembarques declarados de los buques fresqueros fueron de 394 mil toneladas y de los buques congeladores de 400 mil toneladas; es decir, de un 50%. Los números son elocuentes y ello encuentra fundamento en la dicotomía que, aun incrementándose las exportaciones, aumentó el desempleo y el trabajo no registrado. Dos razones: menos valor agregado e incremento del trabajo precarizado ¿Y qué opinan los intendentes y concejales de los municipios de esto? Nada. Están ocupados en recaudar a través de las multas de tránsito para resolver el rojo de sus comunas y no alcanzan a darse cuenta de los recursos y el empleo que generaría el procesamiento en tierra de los productos pesqueros y otras decisiones en el ámbito de la explotación pesquera.

Por supuesto, no ignoramos que la cuestión macroeconómica y el régimen laboral actual son contrarios a la industrialización en tierra. Un régimen que fomenta el trabajo no registrado, para lo cual basta ver el número de afiliados del SOIP en 1990 y los escasos afiliados en 2022, las exportaciones pesqueras, en la que juega el dólar oficial y la posterior pesificación y otras distorsiones como la tercerización del comercio, las diferencias entre las empresas nacionales y las que en la Argentina actúan como filiales de sus casas matrices en el extranjero; la utilización de cooperativas que no se ajustan al régimen legal vigente y que cotizan a precios marginales la actividad manufacturera en relación con empresas que enfrentan todos los impuestos, cargas laborales, patronales y tasas; la tolerancia de los municipios a los procesos clandestinos y otros tantos males que desalientan la creación de empleo y la formalidad laboral y que llevaron a que la flota fresquera que procesaba sus materias primas en las plantas industriales fuera transformándose en congeladora, pese a que la ley 24.922 lo prohíbe, donde el procesamiento básico se realiza a bordo, regalándoles la mano de obra a los países desarrollados y a algunos de Sudamérica, a costa del empobrecimiento de nuestras ciudades y pueblos, para beneficio de los importadores y transformadores.

El argumento inicial de los compradores fue el disparador: “los productos congelados a bordo son de mejor calidad”. Ello favoreció, en muchos casos, a que éstos se quedaran con los procesos de transformación que, entre otras cosas, requiere de la descongelación, el procesamiento y la posterioridad recongelación e ignora las nuevas tecnologías de mantenimiento de refrigerado a bordo de las capturas. El régimen laboral y la tolerancia e incapacidad de los organismos competentes hizo el resto.

Pero, pequeño detalle, el Estado que es “el dueño del recurso” y da su explotación en concesión a los empresarios, no hizo absolutamente nada para tratar de armonizar los intereses, para que la pesca siga siendo generadora de poblaciones e industrias y ocupación de los territorios inhóspitos del litoral patagónico, al igual que a la ciudad que dio origen a la actividad industrial en la Argentina y que hoy se muestra decadente.

Con los buques congeladores es difícil cumplir con el axioma indicado en el artículo 1º de la Ley de Pesca: «fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos», porque efectuar un mínimo proceso y congelar a bordo, con una baja ocupación de mano de obra, no es procurar el máximo desarrollo y un aprovechamiento racional, que se logra obteniendo el máximo valor agregado a partir de una misma unidad de materia prima.

Ello, ¿significa que haya que eliminar los congeladores? No. Hay que modernizar y tecnificar los buques fresqueros y asegurarse que el valor agregado esté presente en cualquiera de los casos y los buques congeladores amplíen su radio de acción a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y compensarlos incrementándoles los cupos de captura (procedimiento que por el momento omito), liberarlos de toda carga impositiva, derechos de captura y exportación y proveerles de mayor protección e investigación en el área.

El recurso pesquero y el ámbito de desarrollo de la especie es de dominio del Estado que lo da en concesión a las empresas para, entre otras cosas, agregarle el máximo valor posible a una captura sostenible y ello resulta virtualmente imposible con el modelo actual, donde los buques congeladores son, en general, ineficientes a la hora de procesar a bordo, tal cual surge del coeficiente de conversión (Bergamaschi, Nazareno, INIDEP, 2000) de los productos elaborados mecánicamente, que determina, cuántas toneladas de captura se necesitan para obtener una tonelada de producto final, ya que sí tomamos ese coeficiente podríamos ver ―a modo de ejemplo― que para producir 1.000 toneladas de filet de merluza sin piel se requiere capturar unas 3.600 toneladas de merluza (Coeficiente 3,59); es decir que se descartan al mar unas 2.600 toneladas del resto de la merluza fileteada; mientras que, para el mismo producto, en el proceso manual elaborado en tierra, el rendimiento es del 45%, es decir que con 3.600 toneladas de merluza entera se logran 1.620 toneladas de filet, obteniéndose, en consecuencia, unas 620 toneladas más de merluza fileteada que en el envasado a bordo, además de aprovechar los residuos para la fabricación de harina con un 65% de proteína. Al respecto, habría que tener presente la aplicación del Código de Conducta Responsable de la FAO: «los propietarios y armadores de los buques pesqueros deberían asegurarse de que sus buques de pesca estén dotados de equipos adecuados con el fin de procesar los residuos generados a bordo durante el servicio normal del buque», aunque ello, podría sacar de competencia a los congeladores.

Por cierto, al no haber controles seguros durante la captura, los rendimientos son inciertos. A ello se agrega la falta de control en eventuales transbordos en el mar o en los desembarcos donde podrían sustituirse las especies. Chocolate por la noticia, diría mi amigo Jaime.

¿Quién puede sostener técnicamente que la calidad de los procesados y congelados a bordo es mejor? o, ¿de qué calidad y seguridad sanitaria se puede hablar en los productos congelados a bordo cuando aquí no hay inspectores profesionales que verifiquen la aptitud de las materias primas, la higiene de las superficies de contacto o la salud de los operarios, tal cual exige el Decreto 4238/68 ap. 1.1.2; 8.1; 23; o el artículo 31º de la Ley 24.922. Habría que preguntarse: ¿qué profesional de sanidad certifica los procesos que ocurren a bordo?

Por otra parte, los productos tratados a bordo en los buques congeladores se descongelan en destino para su transformación, comercializándose luego frescos o nuevamente congelados para su exposición en góndolas. También es cierto que al comparar la calidad de las materias primas desembarcadas frescas no se han tenido en cuenta las nuevas tecnologías disponibles de almacenamiento y mantenimiento (RSW, Refrigerated Sea Water) en el transporte. La Unión Europea y la mayoría de los compradores tienen interés en disminuir los procesos de sus vendedores y ello se demuestra claramente cuando se reducen a cero los aranceles de importación de las materias primas sin valor agregado o, cuando a España ingresan productos procedentes de Malvinas, con la sola condición que el 70% de ellos se procesen en la península ibérica.

Mientras tanto la Argentina, con una gran cantidad de nacionales desempleados, un 40% de pobres y una Patagonia con un índice poblacional de 2 hab/km2, transfiere trabajo a la Unión Europea al exportar con bajo valor agregado. No existe “la equidad” a que refiere la Convención del Mar (CONVEMAR); además de darles habilitación en el territorio continental argentino a empresas pesqueras españolas y chinas, mientras embarcaciones de estos Estados se apropian de nuestros recursos originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas; una verdadera contradicción a lo prescripto en el referido artículo 1º: se «promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos». Estos intereses, no son solo explotar racionalmente el recurso, sino explotarlo de tal forma que fomente el emplazamiento y el sostén de los pueblos en el litoral marítimo, como efecto de la radicación de las industrias y el consecuente empleo regional. Por cierto, los «intereses nacionales relacionados con la pesca» también son fomentar la industria naval y otras industrias anexas, cuestión que no se tiene en cuenta cuando el INIDEP y toda la cadena de responsabilidades del gobierno promueven la importación de un buque de investigación con un costo que supera los cien millones de dólares. ¿Y el Subsecretario de Pesca? Antes de bajar sus cuadros, viendo si cierran las estadísticas, burocratizando la tarea productiva y, a juzgar por lo ocurrido en Río Negro, sin coordinar la protección y administración de los recursos pesqueros como prescribe el artículo 5º inc. b de la Ley 24.922 a la que adhirieron todas las provincias.

El mismo artículo 1º precisa: «favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina». Ratificando lo ya dicho, este párrafo refiere a la industrialización en tierra, ya que éstos son los ámbitos apropiados, no solo para asegurar las mejores condiciones laborales y ambientales posibles, sino para asegurar el control y la obtención del mayor valor agregado a las materias primas brutas y la generación de empleo. Ello, en un productor agropecuario, por ejemplo, que explota sus bienes y negocios, puede quedar a su exclusivo arbitrio pero, siendo una actividad concesionada, el Estado está obligado en administrar en la forma más eficiente el recurso que no alcanza con extraerlo del mar y, mucho menos, limitarse a exportar commodities, sino que los productos debieran estar aptos para ser destinados directamente a los mercados mayoristas del mundo y las góndolas, de modo que, partiendo de una misma materia prima se obtenga el mayor valor posible y, en lo interno, facilitar el consumo y mejorar la dieta de los consumidores, desarrollar la industria y generar nuevos empleos en el país.

Mientras ello ocurre, en el territorio argentino de Malvinas buques extranjeros se llevan 250.000 toneladas de pescados y calamares anualmente y otros tantos se apropian de unas 700.000 toneladas de recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar; ello sin contar los descartes que, transpolando la información nacional, serían del orden del 30%. En este escenario, la subsecretaría de pesca no puede implementar ningún plan serio de trazabilidad.

Hacia la década del 70 la pesca era considerada una actividad productiva y no podía acceder a los beneficios impositivos de la industria. Para revertir ello, las Cámaras se comprometieron a agregarle valor a las materias primas. Este compromiso quedaría plasmado en el art. 2º de la ley de pesca: «la pesca y el procesamiento de los recursos vivos marinos constituyen una actividad industrial», ello, refiere, expresamente a “procesar” y no puede limitarse, como hemos dicho, a una mera actividad extractiva de bajo valor agregado y de exportación de commodities, siendo obligación del Subsecretario de Pesca «establecer los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques y empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera» (Ley 24.922, Art. 7 f). El legislador quiso beneficiar en la Ley de Pesca a la industria en tierra frente a la actividad extractiva y, por ello, determinó las cuotas de captura por tipo de flota, la obligatoriedad de descargar en el puerto, estableció las mejores condiciones para el otorgamiento de los permisos a los que empleen mano de obra nacional en mayor porcentaje en tierra y buques en forma proporcional (Art. 26º), privilegiando con ello a los buques fresqueros que ocupan mayor cantidad de operarios en los procesos de industrialización; promovió la asignación de cuotas a la cantidad de mano de obra nacional ocupada (Art. 27º) y prohibió la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores (Art. 27º), dejando de manifiesto el interés de priorizar a aquellos por sobre estos últimos.

El modelo actual concentra en unos pocos el beneficio y perjudica al conjunto de la actividad. La pesca en sus inicios era impredecible porque carecía de la tecnología adecuada para la captura y los procesos y desconocía los mercados. Hoy que se ha conseguido mayor certeza en las cuestiones operativas, lo que es incierto e impredecible es la estrategia nacional y la política económica. En medio de ello no puede semejante estructura, bienes y recursos humanos puestos al servicio de la producción pesquera, representar el 2,1% del total las exportaciones y tener tan escasa representación en el mercado interno, por debajo de la producción de algunas economías regionales, cuya producción es ciertamente primaria. Asusta que este reducido porcentual dependa en un 60% de una especie que no se ha podido cuotificar a la que se le agrega bajo valor y de un recurso que, aunque renovable, puede agotarse cuando no se controla integralmente el ecosistema (ZEE-Alta mar-Malvinas).

Muchos pescadores le prenden una vela a: “danos Señor el langostino de cada día”, porque si en la Argentina este imprevisible recurso se cae o la demanda disminuye, toda esta industria estaría en riesgo. El primer semestre de 2023 muestra una caída en la relación US$/Kg. Esperemos no tener que apelar a una cadena de oración.

Nosotros entendemos que la Argentina en cuatro años puede llevar la exportación de 1.800 a 6.000 millones de dólares; aumentar la ocupación privada de mano de obra de 20.000 empleos directos registrados a 60.000; aumentar el consumo interno de productos pesqueros de 4,8 Kg a 10 Kg per cápita/año y mejorar el hábito alimentario. Reducir la pesca extranjera de los recursos migratorios argentinos en alta mar. Profundizar la investigación, la tecnología en la extracción y el proceso industrial de calidad, con la administración y el aporte del sector empresario y las fuerzas del trabajo.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “Cien acciones para un Plan de Pesca y Reforma de la Ley de Pesca” (2023).