Archivo de la etiqueta: Alimentos

POBREZA Y DESCARTE DE PESCADOS AL MAR

César Augusto Lerena*

La pesca constituye para la humanidad una fuente importantísima de proteínas, de generación de empleo y beneficios económicos (unos 100 millones de personas viven de esta actividad); pero, su explotación, debería administrarse adecuadamente si se quiere que su contribución al bienestar económico y social sea sostenible, disuadiendo las actividades de los buques que depredan el recurso. Optimizar la explotación, no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social”, más aún, cuando se trata de un recurso natural del Estado, donde éste da en concesión transitoria su explotación a las empresas no, para que éstas hagan lo que quieran con él, sino, para generar divisas; llevar adelante un plan de ocupación estratégico del mar argentino; poblar las ciudades y pueblos portuarios del litoral marítimo; crear plantas de transformación industrial de las especies capturadas; generar el máximo valor agregado a partir de las materias primas básicas; crear empleo estable; fomentar la cultura del trabajo; promover hábitos alimentarios saludables para mejorar la dieta, la salud de la población y el bienestar general de la comunidad. Todo ello, cumpliendo determinadas obligaciones biológicas para asegurar una explotación sostenible.

Se estima que la explotación pesquera extranjera se lleva del Atlántico Sur un millón de toneladas anuales y las estadísticas oficiales indican que la Argentina desembarca unas 800.000 toneladas/año. A ello, debemos agregar que los buques extranjeros realizan importantes descartes al mar y los nacionales unas 300 mil toneladas anuales de pescados, considerados sin interés comercial o como producto de la pesca incidental (bycatch) cuando se captura langostino. Se suman en esta depredación las capturas de individuos juveniles (del 35% al 70%) o adultos en proceso de reproducción. El Estado está ausente para asegurar una administración adecuada de los recursos que debieran disponer las generaciones venideras.

Hoy, el aprovechamiento racional de estos recursos permitiría alimentar —con proteínas de alto valor biológico— a tres millones de niños y adolescentes durante todos los días del año, a la par de generar unos 15 mil empleos en un país con 54% de niños pobres menores de 14 años pobres (5.400.000 de niños) y con un 11,3% de desocupación. Es indigno no instrumentar un plan de administración total del recurso.

No es un tema nuevo. Lleva muchísimos años, pero el descarte y la pesca incidental se han incrementado con el aumento de las capturas de langostino que tienen un alto valor de exportación (US$ 6.400 la tonelada) con relación a la merluza que es una especie acompañante con un precio sensiblemente inferior (US$ 1.410), lo que lleva a descartar estos pescados, en lugar de desembarcarlos para su industrialización.

No buscar una solución a esto —que es posible— es irracional e ilegal, pero, como refiere Karina Fernández en la Revista Puerto (29/9/2021) son «Escandalosos (los) porcentajes de captura incidental de merluza» ya que, de las históricas y ya inaceptables pescas incidentales del 30% «en las últimas semanas de la temporada alcanzó niveles de hasta el 161% y promedios del 56%, datos que el INIDEP suministra semanalmente a las autoridades (mientras) los tripulantes dicen: estamos haciendo una matanza de merluza nunca vista» y, en su gran mayoría son individuos juveniles, es decir que por encima del volumen que se captura se atenta contra la sostenibilidad de la especie y, a ello debe agregarse que «en la pesquería de merluza faltan los datos de la flota fresquera, donde se desconoce cuál fue el nivel de captura incidental que tuvo». A todo ello ya se refería en 2018 el Informe Nº 137 (Villarino-Tringali-Louge, INIDEP) donde la captura incidental de merluza de la flota langostinera, ascendía hasta un 43%, con un 40% de juveniles de menos de 35cm, talla, que ni siquiera procesan los fileteros, con datos que no incluían la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies y, sin analizarse todos los buques y sin observadores a bordo en la mayoría de las embarcaciones, los porcentuales pueden ser sensiblemente mayores.

Una administración eficiente no consiste solo en otorgar permisos o cuotas de captura, se debería iniciar con la asignación de recursos, que son escasos, a quienes pescan sustentablemente y agregan el máximo valor. No es una tarea sencilla, el administrador y, el concesionario, tienen la obligación de explotar todo el recurso posible y sostenible, sin alterar el equilibrio biológico, el ecosistema y, ambiente marino. Ni más, porque el ecosistema se alteraría y se agotaría el recurso; ni menos o aún menos descartando, porque se dejarían de extraer y utilizar recursos generadores de riqueza y empleo y, porque se perderían ingentes cantidades de proteína del más valioso valor biológico.

Según la FAO, un 47% de las reservas pesqueras están explotadas en su totalidad; un 15% sobreexplotadas; un 10% agotadas y un 25% subexplotadas y, el volumen de pescado desperdiciado alcanza a un volumen no menor de 7.290.000 toneladas al año en todo el mundo y a las 300 mil toneladas —como dije— en la Argentina.

En este escenario, ya en 2013 el BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” informaba que en la Argentina había un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que los buques argentinos tirarían al mar o no declararían unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo humano. Por su parte, la Auditoría General de la Nación en varios informes manifestaba que «no hay sanciones y el Instituto de Investigación (INIDEP) precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad adecuados y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año». En igual sentido, el Informe Técnico Oficial 32/15 (Santos-Villarino, INIDEP) decía que «se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año» a lo que hay agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez que son capturadas. Y el mismo informe indicaba: «Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)», es decir, que además de depredar —porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años— se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso, con la consiguiente disminución del stock y volumen pescable. Este informe, ya en 2017 indicaba, que el grupo de edad era de 2,2 años, continuando la depredación y, en la pesca incidental del langostino fue de un promedio de 1 año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inc. o).

De estos informes se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína.

La Unión Europea ya declaró el “descarte cero” desde enero de 2014 y, en la Argentina se prohíbe el descarte desde 1998 (Art. 21º Ley 24.922), con cuya materia prima se resolvería el hambre de tres millones diarios a los niños y adolescentes argentinos. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

Nota publicada en El Economista, 06/10/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/pobreza-descarte-pescados-mar-n46651

 

ARGENTINA Y URUGUAY ESTÁN DESPERDICIANDO FUENTES DE PROTEÍNAS Y TRABAJO

César Augusto Lerena*

Con el aval del Inidep, se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales de anchoíta, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas.

 

Hace casi 50 años atrás, Argentina capturaba 40.000 toneladas por año de anchoíta (Engraulis anchoíta). El procesamiento de esa especie fue una de las actividades que dio inicio al crecimiento de un sector que hoy exporta US$ 2.000 millones al año. La captura y el procesamiento de esa especie generaban un importantísimo número de empleos y proveía de una fuente de proteína de alta calidad. Hoy la situación es absolutamente distinta en Argentina y Uruguay.

Ambas naciones, “decididos a sentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” firmaron en 1973 el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, estableciendo una Zona Común de Pesca, donde se encuentra la anchoíta. Lo que se haga con esta especie es de interés de ambos países, quienes deberían repartirse sus capturas por partes iguales.

Con el aval del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas (80% patagónicas) por año y Uruguay no ha realizado capturas y estaría estudiando iniciativas para destinar la anchoíta a la fabricación de harina. Dos pésimas formas de administrar los recursos e ignorar la pobreza, el desempleo y la desnutrición de ambos pueblos.

Hay casi 120.000 toneladas disponibles que podrían generar alimentos, empleo y divisas. Destinar a la fabricación de harina la captura de anchoíta es un acto de irresponsabilidad total, absolutamente incompatible con lo previsto en dicho Tratado (Art. 74º, 80º y, 82º) y es una depredación indirecta (no obtener un mayor valor agregado sobre una misma unidad capturada) y una violación al Tratado: “…la adopción y coordinación de planes y medidas relativos a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino…”.

Si Uruguay destinase a harina las 60.000 toneladas de anchoíta que le corresponden, generaría un total de 3.950 jornales de trabajo al año, aunque sería imposible controlar el volumen, la madurez sexual y el tamaño capturado (Res 3/02 y 14/14 de la Comisión Técnica Mixta). Por el contrario, si este volumen extraído se lo destinase al salado y venta a granel, se obtendrían unos 264.000 jornales. Si, además de ello, le agregase el fileteado, podría generar unos 6.000 empleos más.

Enviar la anchoíta y otras especies acompañantes a la fabricación de harina es una depredación indirecta inaceptable y, tanto es así, que desde 2004 esa práctica está prohibida por la provincia de Buenos Aires, cuyas aguas se comparten en la Zona Común, por entender que esta extracción destinada a la reducción “atenta contra sustentabilidad de la anchoíta y de las especies que dependen de ésta; provoca mayores costos y genera menor valor respecto a la utilización de su proteína para consumo humano; ocupa menor cantidad de mano de obra…”.

Por cierto, que esta acción uruguaya afectaría también a aquellos recursos reservados para Argentina, por lo cual la embajadora Mariana Llorente, presidenta de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, debería oponerse firmemente a esta iniciativa uruguaya. Cuestión que hasta ahora no hizo esta comisión y, llama mucho la atención, porque está integrada, además de la citada embajadora, por el subsecretario de pesca Carlos Liberman; el director del Inidep, Oscar Padín; la Directora de Planificación de la subsecretaría Gabriela Navarro; el representante del PEN ante el Consejo de Pesca Carlos Lasta y ex del Inidep, Ramiro Sánchez. Todos funcionarios que no deberían ignorar este tema.

Aunque no debería llamar la atención porque explotar solo 8.300 toneladas sobre las 60.000 disponibles para Argentina deja en evidencia una lamentable incapacidad administradora de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y, una violación del artículo 1º de la Ley 24.922: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos (…) la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina” porque implica perder un aumento del tercio del total de operarios que genera toda la actividad pesquera nacional, en un país con 11,3% de desocupación, 19 millones de pobres, 4,5 millones de indigentes y millones de personas que necesitan de proteínas de la excelente calidad y de las inmejorables grasas insaturadas que provee la anchoíta.

No dejaré de indicar que las especies no explotadas (excedentarias), además, deben ser puestas a disposición de terceros países (Convemar Art. 62, 69, 70 y 297), lo cual sería gravísimo, no solo desde el punto de vista de la administración del recurso, sino por la pérdida de nutrientes para nuestro pueblo. 

Es imprescindible e impostergable que ambos países apliquen el Código de Pesca de la FAO (“llevar a cabo la pesca teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales” y “otorgar prioridad a las necesidades nutricionales de las comunidades locales”) y usen, responsablemente, la disponibilidad del recurso; a mi entender, promoviendo y apoyando la constitución de pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la explotación para el consumo humano directo de esta especie, evitando la transformación en terceros países (Estados Unidos, España, Perú, Francia, Marruecos, etcétera) para asegurar el empleo en la Argentina.

Nos dice al respecto Juan Manuel Otero Ferres “en el Cantábrico, Francia y España, comparten un recurso idéntico, pero, tienen como Total Admisible de Captura (TAC) unas 29.000 toneladas por año, es decir 40 % menos que Uruguay, sin embargo, generan divisas anuales globales de unos 250 millones de euros con la participación de más de 400 empresas pesqueras que generan más de 35.000 puestos de trabajo directos”. Las exportaciones argentinas de anchoíta salada alcanzan un valor de U$S 3.445 la tonelada, un valor superior a los filetes de merluza y del calamar, según los valores oficiales.

En Uruguay se encuentra durmiendo desde hace un año (30/8/2020) en la Cámara de Representantes un proyecto que apunta a la constitución de nuevas pymes y cooperativas; la promoción del consumo directo y la exportación de anchoítas; la profesionalización de la pesca artesanal; la creación de nuevos puestos de trabajo; el aprovechamiento del remanente en la producción de aceites, levaduras, proteínas o concentraciones solubles con finalidades farmacéuticas o alimentarias, etc. y, sólo destinar los residuos a la harina.

Un proyecto similar en Argentina podría dar lugar a la creación de unas 25 nuevas empresas con una cuota anual de unas 2.000 toneladas de anchoíta y otras especies cada una generando empleos industriales y construcción naval. Aunque, debo reiterar, el modelo debería mutar porque se administra mal y se dilapidan recursos que necesitan todos los argentinos.

(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

Nota publicada en El Economista, 17/09/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-09-argentina-y-uruguay-estan-desperdiciando-fuentes-de-proteinas-y-trabajo/  

 

RECORDANDO NUEVAMENTE AL TRIÁNGULO ALIMENTARIO MUNDIAL

Agustín Saavedra Weise*

 

A ratos uno no sabe qué pensar cuando noticias y datos de interés pasan acá desapercibidos. Al respecto, y como estamos ingresando a la primera mitad del mes de Santa Cruz, yo sí quiero recordar un acontecimiento en Buenos Aires de julio 2016, importante para nuestro departamento y para Bolivia en general. Fueron unas jornadas de análisis agropecuario con protagonistas de alto nivel y dónde se habló de la mejor manera de alimentar a la humanidad. Al respecto y salvo la modesta opinión del suscrito, jamás escuché ningún comentario, ni siquiera de los sectores directamente interesados: ganaderos y agricultores.

Hoy en día el campo oriental se encuentra en jaque por efecto de organizaciones de naturaleza teóricamente ecológica que prácticamente buscan paralizar —si es posible— la producción agraria y ganadera, so pretexto de temas que tienen que ver con el medio ambiente.

No perciben que ellos se alimentan de lo mismo que se produce acá y sin eso no podrían sobrevivir; el mundo necesita también comer y como estado, necesitamos generar divisas mediante la exportación de productos alimentarios. Si hay que controlar que así sea, pero no satanicemos a nadie, más bien hay que generar pautas consensuadas de desarrollo sostenible sin disminuir la producción de alimentos. Al contrario: debemos expandir la frontera agropecuaria al máximo posible.

En el mencionado evento de julio 2016, grupos empresariales y multinacionales de alto nivel definieron un triángulo de la alimentación mundial, cuyo vértice era Santa Cruz de la Sierra. El triángulo estaba formado por nuestra capital oriental, San Pablo y Bahía Blanca. Cada parte tiene su razón de ser.

Santa Cruz de la Sierra representa la potencialidad productiva del interior subcontinental ¿Por qué eligen a nuestra tierra natal? ¿Por qué no elegir otras ciudades tan o más importantes del hinterland? Si desde el exterior eligen a Santa Cruz de la Sierra es por su privilegiada ubicación como área estratégica de la región y también por la capacidad que tiene para producir alimentos capaces de alimentar, no solamente a las Américas, sino al mundo entero. Bahía Blanca es un puerto argentino de aguas profundas —ubicado al sur de la pampa húmeda— por el cual se exporta gran cantidad de granos y San Pablo es el centro económico e industrial de América Latina. Dibuje el lector el triángulo sobre esos tres vértices y verá la sabiduría de lo planteado.

Estos grupos multinacionales de expertos cuando dicen algo lo dicen muy en serio. Empero, nadie en Santa Cruz ni en Bolivia se preocupó de enterarse, alegrarse y asombrarse de que nuestro terruño figure como vértice clave del triángulo de la alimentación mundial. Modestia aparte yo sí me ocupé del tema y divulgué el evento mediante un artículo publicado el 31 de julio de 2016, pero no es eso lo que me inquieta, finalmente la gente es libre de leer (o no) una nota periodística. Me preocupa hasta ahora el tema de fondo: nadie ha percibido —ni siquiera políticos y productores— la importancia de lo expresado en esa reunión ni la potencialidad geopolítica de Santa Cruz de la Sierra.

Pero algunos nos preocupamos, por eso vuelvo a mencionar el evento, recalco mi nota al respecto y ahora reitero nuevamente lo expresado hace 4 años en las conclusiones de esa histórica jornada agropecuaria: “Los organizadores y participantes se dieron cuenta de que el futuro de la agricultura del mundo pasa por América del Sur: Estados Unidos consume todo lo que produce, Europa cada día es más un gran jardín y África, si bien tiene agua y tierra, no tiene todavía muchos elementos que le harían falta para ser un lugar productivo. Por eso se proyecta un triángulo imaginario entre San Pablo, Santa Cruz de la Sierra y Bahía Blanca, que es desde donde saldrá la comida del mundo porque hay espacio y una población lo suficientemente educada para entender las nuevas tecnologías».

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/opinion/recordando-nuevamente-al-triangulo-alimentario-mundial_200139