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LOS ACUERDOS DE MADRID CUMPLEN LAS CONSIGNAS DE LORD SHACKLETON

César Augusto Lerena*

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama».

Pasarían 128 años para que los británicos se dieran cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas, cuestión, que los gobernantes argentinos siguen sin entender. El 3 de enero de 1976 llegaba a Malvinas Lord Shacketon y seis meses después, el 21 de julio, el Foreign Office presentaba en 450 páginas el relevamiento sobre la pesca, la producción lanera, el petrolero y la minería, informando que en un radio de 200 millas de Malvinas podrían encontrarse “uno de los mayores recursos mundiales de proteínas” y decía que solo la “pescadilla azul” representa el volumen total de la pesca del Reino Unido. Para ese entonces en las islas ya se pescaba bacalao, polaca, merluzas varias, abadejo y calamares; especies que, hasta nuestros días, son explotadas ilegalmente en Malvinas, extrayendo un promedio de 250 mil toneladas anuales.

Las recomendaciones de Shackleton fueron suficientemente estimulantes para justificar la continuidad de la invasión británica en Malvinas, ya que si bien la actividad pesquera argentina en el continente estaba iniciando su producción industrial y el comercio exterior, las capturas nacionales en el extremo sur eran casi inexistentes. El total de las exportaciones pesqueras argentinas en 1976 alcanzaban solo las 113 mil toneladas, mientras que el promedio de extracción pesquera de los buques extranjeros en Malvinas ―como dijimos― ya era de 250 mil toneladas/año.

Todo estaba por hacerse en materia pesquera en la Argentina y el informe inglés ya lo precisaba respecto a Malvinas. Podríamos mencionar, sin demasiado detalle, que a falta de pescado el rey de España Carlos IV en 1789 había establecido una pesquera en Puerto Deseado. Por su parte, en 1904 comenzó a operar la Compañía Argentina de Pescado S.A. en la isla San Pedro (Georgias del Sur) para la caza de ballenas; en 1914 se instaló la primera fábrica de conservas de pescado en Puerto Madryn y hacia 1948 se iniciaba esta actividad en Mar del Plata. Con el aporte de familias belgas, italianas y españolas en la década del 60 se incrementaba el consumo de pescado en el país y en la década del ‘70, como producto de la demanda externa, la exportación de productos pesqueros congelados provocó la construcción de plantas de fileteado, cámaras, etc., y el cambio de buques costeros por fresqueros de altura y congeladores y aún, con vaivenes, se inició el gran desarrollo industrial y exportador desde Mar del Plata, comenzando a radicarse también industrias en la Patagonia.

José Enrique Greño Velasco, al respecto nos dice: «Para el Reino Unido, ante el fracaso de poner el pie en el continente, Malvinas representa su único punto de apoyo para la continuación de los empeños en lograrlo». Por su parte, Oscar Cosentino, entiende: «Es todavía más importante negar al enemigo el uso de estas Islas».

¿Ignorancia de la diplomacia argentina? En Ginebra en 1988, el Canciller Caputo y el embajador García del Solar con el embajador británico Crispín Tickell (todos fallecidos) acordarían en las negociaciones previas a “los Acuerdos de Madrid” ―que cerró en 1989/90 Cavallo― no hacer mención a la cuestión pesquera, la que consideraban una cuestión menor. Craso error. Sobre ello el director británico de pesca en Malvinas John Burton expresó: “sin la pesca no hubiésemos subsistido en las islas” (El Cronista, 14/03/2012). No parece que ninguno de los negociadores argentinos, hubiesen leído el Informe Shackleton ni conociesen las estadísticas pesqueras publicadas por los isleños, ni tampoco este documento, que promovía “convocar a una Convención Internacional para controlar las pesquerías en el Océano Austral”.

La delegación argentina no tuvo expertos en pesca. A Cavallo lo acompañó el embajador Aldo Dadone, vinculado al affaire IBM-Nación. En un extremo la posición británica, que tomaba posesión del lugar y trabajaba para que su ocupación sea sustentable y en el otro los funcionarios argentinos, ignorantes y/o sumisos, sellaron los execrables Acuerdos de Madrid que contribuyeron, desde 1989 hasta ahora, a consolidar la posición británica en Malvinas y, llamativamente, ninguno de los Cancilleres y sus sucesivos Secretarios del área se han animado o querido denunciarlos, a pesar del avance territorial marítimo e insular argentino por parte del Reino Unido, que la lleva a tener invadidos 1.639.900 Km2 de los 11.410 Km2 que ocupaban en 1982 y a explotar a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros nuestros recursos pesqueros, a la par de realizar exploraciones petroleras y mineras. Todo ello, en abierto atentado a la Constitución Nacional, la ley 17.094 y pesqueras de esa época y, muy importante, el Reino Unido violaba la Resolución de la ONU 31/49 (1/12/1976) que instó a las partes a abstenerse “de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de la ONU” y en relación a la Res. 37/9 del 9/11/1982, posterior a la guerra de Malvinas, que reiteró “el pedido de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de la Soberanía”.

Respecto a los hidrocarburos, el experto Richard Johnson, del equipo de Shackleton, confirmó la presunción de existencias de petróleo en el área y, precisó que “por encontrarse en una zona política y, por el elevado costo de producción, sería necesaria la cooperación argentina, porque existiría escasa probabilidad comercial en la emisión unilateral de licencias del Gobierno británico” y recomendó el traspaso a la corona británica de los derechos mineros y “de la plataforma continental” y propició asociarse a la Unión Europea previo a cualquier negociación con Argentina. Todo, ejecutándose. Hoy el Reino Unido, efectúa exploraciones petroleras, licita la explotación de oro; nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental extendida y controla el Atlántico suroccidental, los accesos a la Antártida y los océanos Pacífico e Índico.

El informe también aconseja vuelos directos a Malvinas y una estrecha cooperación con Argentina y entiende que «cualquier nuevo programa de desarrollo económico de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, deberá buscarse la cooperación e incluso la partición de Argentina». Ello se alcanzaría con la Declaración conjunta de Argentina y el Reino Unido de los Acuerdos de Madrid I y II.

Este último consejo de Shackleton es muy llamativo, porque la Argentina ya venía dando fuertes muestras de cooperación unilateral desde el gobierno de facto de Lanusse, a partir de la Declaración Conjunta del 1° de julio de 1971 argentino-británica ―con participación de los isleños― que establecía la provisión de documentos sin nacionalidad, la exención de impuestos, servicios marítimos británicos y aéreos de LADE entre las islas y el territorio continental, la construcción argentina del aeropuerto y un servicio transitorio de vuelos con hidroaviones, servicios de correos y abastecimientos de productos de YPF y otros aportes de Argentina, que además cooperaría en materia agropecuaria y de salud y otorgaría becas y asientos en las escuelas del continente a residentes de las islas. Un “plan que aprobaría José Martínez de Hoz ante la Confederación de la Industria Británica” (José Enrique Greño Velasco, 1977) y que también ponderaría el miembro del Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558) Marcelo Kohen que en 2018 propuso a los isleños un referéndum de soberanía.

Estos aportes no contaron con ninguna contraprestación británica y se ratificaron en los Acuerdos de Madrid donde, entre otras cosas, se investigó en forma conjunta la pesca; el Pacto de Foradori-Duncan de 2016 que habilitó vuelos a San Pablo, uno de los centros de mayor consumo y distribución de alimentos al mundo y el ofrecimiento de la Cancillería “consensuado por el Consejo Nacional de Malvinas” (así refiere el Comunicado de Prensa de Cancillería 08/12/2021) de vuelos humanitarios en 2021 desde Malvinas al territorio continental argentino, que fue rechazado por los isleños, en una nueva muestra de la errónea política argentina que hace saltos al vacío sin red.

El propio lord Shackleton deja traslucir el compromiso de los ingleses con los isleños: “no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos”, sin embargo, duda de las capacidades británicas: «la cuestión de la soberanía pende sobre nuestro informe como sucede con las propias islas, y la falta de un arreglo bien podría inhibir el pleno desarrollo de las islas». Pero, las sucesivas políticas argentinas de promoción de un hipotético diálogo con los británicos, de cooperación unilateral y de apoyo teórico de terceros países, descartaron toda acción destinada a debilitar la situación económica y social de los isleños y, por el contrario, mantuvieron la autorización de los vuelos de LATAM desde las islas a Chile; no impidieron el tránsito de buques con las capturas ilegales de Malvinas ni sancionaron a los buques extranjeros que pescan en Malvinas (Ley 24.922); no acordaron con Uruguay la prohibición del uso de sus puertos a los buques que realizan pesca ilegal en la región, etc.

Claro, en materia pesquera, aún la Argentina mantiene vigente el Acuerdo de Madrid I (17-19/10/1989) en especial la decisión británica de mantener la “zona de conservación” (punto 6); el “intercambio de informaciones, medidas de cooperación y medidas de conservación” (punto 10) y el Acuerdo de Madrid II (14-15/02/90) en particular del punto 7 (Informe del “Grupo de Trabajo argentino-británico sobre pesca”, Paris 18-19/12/1989); intercambios de informes pesqueros, exploración de posibilidades de cooperación y conservación; el punto 8 (establecimiento de un “Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur”); el punto 11 (factibilidad y conveniencia de un Acuerdo General de Cooperación) y, complementariamente, el punto 12 (Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones) y el punto 13 (eliminación visado para ingresar al territorio del otro) que no contempló la eliminación de visa para el ingreso al territorio argentino de Malvinas.

El Reino Unido entendía como “no vinculante” el Informe Shackleton, sin embargo, éste pareció ordenar todas las acciones posteriores de la Cancillería Argentina y no se entiende que pese a las violaciones del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Madrid sigan vigentes.

“Nada se produce por generación espontánea” (Louis Pasteur, 1862).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

COMBUSTIBLES, VACA MUERTA Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES

Iris Speroni*

Foto: DinamicArg.

¿Por qué se quiere invertir en infraestructura para Vaca Muerta y no se hace en la vaca lechera viva que nos da de comer a todos?

El 26 de julio de este año 2023, el diario Clarín publicó una nota sobre las expectativas de exportación de GNL (Gas Natural Licuado) desde Vaca Muerta. Título: “GNL, la alternativa para el gas de Vaca Muerta que pone a la Argentina en el centro del mundo”. Págs. 2 y 3 del suplemento “DINAMICARG”, ejemplar Nº 5 [1].

A continuación enumera todas las bonanzas que dicha actividad económica acarrearía, para luego entrar al objetivo de la nota: justificar todas las razones por las cuales habría que aprobar un régimen especial cambiario y tributario a favor de la exportación de GNL. En otro artículo, Dinamicarg habla de “Otra Pampa Húmeda [2].

Notas de similar tenor salieron en casi todos los medios, por lo general en tonos más neutros que el citado.

Veamos qué dice DINAMICArg. Básicamente que si se exportara GNL, el monto sería de más de 27 mil millones de dólares anuales, un tercio de las exportaciones totales de Argentina durante 2022. Que Argentina tiene reservas de gas, gracias a Vaca Muerta, por 70 años y que por lo tanto hay excedentes exportables.

Que esto le permitiría a la Argentina no sólo incrementar las exportaciones totales del país sino que sería ingresos despegados del efecto climático. Lo pone como un punto a favor del GNL respecto a la exportación de granos, ya que con las exportaciones de granos y carnes el país padece las reducciones eventuales provocadas por sequías e inundaciones.

A continuación pasa a defender el proyecto de ley actualmente ante diputados, el cual sería una réplica del régimen especial minero. Por 30 años, con exenciones y facilidades impositivas (aranceles de exportación reducidos y estables, amortización acelerada para pago de ganancias) y lo más interesante de todo: el gobierno garantiza la libre disponibilidad del 50% de las divisas obtenidas por las exportaciones.

Agrego el cable de Télam citado, donde la ministra Rayón, a cargo de energía, les informa a los diputados que el plan de YPF-Petronas, es de licuar gas, primero en barcos licuadores (“licuafactores”) y posteriormente levantar una planta a tal fin.

Ministra Flavia Royón

Volvamos a Dinamicarg. Hay varios puntos flojos.

    • Resulta que esos montos de exportaciones se lograrán luego de cinco a siete años. Mientras tanto hay que invertir para lograr dichos volúmenes.
    • Los combustibles no sufren altos y bajos climáticos pero sí de precios. Alcanza con ver las fluctuaciones de los últimos treinta años. Por lo que el monto de dólares esperado dentro de 7 años puede ser 27 mil millones, el doble o la mitad, si uno toma en cuenta el carácter de la fluctuación de precios del barril de petróleo y otros combustibles, como el gas natural o el gas natural licuado.
    • ¿Cuánto le costará al país que privados inviertan en una actividad redituable?
    • ¿Por qué hay que instaurar exenciones impositivas para que alguien se digne a invertir?
    • ¿Por qué al resto de los mortales no se les garantiza un marco impositivo por 30 años?
    • ¿Por qué a las petroleras, que van a conseguir el 30% de las exportaciones dentro de cinco o siete años sí, y a quienes ya traen el 100% de las exportaciones (como la gente que produce maní, arroz, aceite de oliva, arándanos, cerezas, alfalfa, carne de cerdo y aviar, aluminio, acero, cajas de cambio, carne vacuna, tractores, cosechadoras, vino fino malbec, miel, carteras, cinturones, monturas y aperos, botas de montar, cascos de polo, zapatos, bujías, paneles solares, aberturas, muebles), no? ¿Por qué?
Una mentira que se cae a pedazos

Si el gobierno (éste u otro) quisiera aumentar las exportaciones en 27 mil millones de dólares en un año (no en cinco o en siete), sólo tiene que dejar en manos de los productores (aluminio, tractores, tolvas o alfalfa) el 50% de las divisas para su libre disposición, y los mismos aranceles de exportación del que gozan las mineras. El aumento de las exportaciones superará rápidamente esas cifras. ¿Por qué no lo hacen?

Si se quisiera aumentar las exportaciones (o sustituir las importaciones, como sugiere la ministra de Energía, que habla en primer lugar de dejar de importar gas), es fácil. Hay mil formas.

Un barco cerealero nuevo sale 70 millones de dólares. Con una mínima fracción de nuestras exportaciones, privados argentinos pueden comprar barcos mercantes, con lo cual completarían el ciclo. No sólo administrarían puertos y concesiones ferroviarias, serían propietarios de sus frigoríficos o acopios, sino que podrían tener su propia flota. Si le ofrecen amortización acelerada a quien haga un gasoducto o alquile barcos licuadores (licuafactores), ¿por qué no amortización acelerada a quien compre barcos mercantes para sacar nuestras cosechas y demás productos? Nos ahorraríamos U$D 6.000 millones anuales. Un cuarto del supuesto beneficio del GNL dentro de cinco a siete años.

En cuanto a la rapidez de respuesta del sector agropecuario y agroindustrial, es fácil verlo. En el año 2020, Argentina exportó U$D 54,9 mil millones. En el 2022, U$D 88,4 mil millones. En sólo dos años U$D 33,5 mil millones de aumento (si bien subieron los precios por el conflicto bélico en Ucrania).

¿Por qué se quiere invertir en infraestructura para Vaca Muerta y no se hace lo mismo con la vaca lechera viva que nos da de comer a todos, incluidos los fastuosos sueldos de toda la burocracia política?

No se invierte en caminos rurales; sólo una mínima parte de la carga terrestre se mueve por FFCC cuando debería ser del 40% del total; las rutas son, antes que nada, angostas, además de caras; somos monodependientes del camión, que es un sistema carísimo; no tenemos flota mercante ni fluvial y marítima (la mercadería a la Patagonia debería ir en barco y no en fila india por la RN Nº 3). Las cerezas de Los Antiguos no consiguen bodega en avión, que necesitan sólo una vez al año.

No se invierte ni un peso, ni un dólar, ni un dracma, en aumentar la frontera agropecuaria mediante riego. No como iniciativa general del país en un plan consolidado, al menos. Si alguien, individualmente, encara la inversión, no cuenta con “amortización acelerada” como pretende este proyecto impulsado por la Ministra Royón.

Si no se invierte en el sector agropecuario, es lo mismo que no darle de comer a la vaca lechera. Tarde o temprano empieza a tener rendimientos decrecientes. Y un día se muere.

Como último tema. Creo que está muy bien invertir en ser autosuficientes en combustibles. Me alegra que haya reservas de gas para varios años. No me importa si un “poquito” se exporta. Pero nosotros no somos Arabia Saudita o Venezuela. El petróleo o el gas no están a dos metros de la superficie. La extracción acá es cara.

Por lo que creo que hay que saber administrar las existencias. Tenemos que tener gas para todo el país para las próximas décadas con la mente en los siguientes usos:

    • Energía eléctrica barata y poco contaminante, como son las termoeléctricas a gas (*). Eso estimulará la producción industrial. Ése fue el motor de crecimiento de la industria alemana en los últimos 20 años: el gas barato.
    • Debemos dimensionar esta necesidad no sólo con nuestro tamaño actual sino con una pauta de crecimiento poblacional e industrial ambiciosa.
    • Cubrir a todo el país con gas natural y no como ahora, donde se privilegian sólo algunas urbes.
    • Usar el gas como combustión automotor: limpio y barato y ya existe una red de estaciones de servicio ad-hoc; la inversión ya fue hecha.
    • Por último, lo que entiendo es lo más importante de todo esto: Argentina debe ser autosuficiente en la provisión de fertilizantes. No deberíamos tener que importarlos. Si hay que invertir en algo, no debería ser en plantas de GNL sino de fertilizantes, para nosotros y para el mundo; para nosotros y para nuestra posteridad.
    • ¿Quieren divisas? Exporten fertilizantes. Ahí se industrializa el gas.
Preguntas sin respuesta

Llama la atención el encono contra el sector productor agropecuario el que produce la mayor parte de las exportaciones y, como reconoció el ministro de Economía en su discurso en la SRA este año, es el único motor de la Argentina. (El ministro fue a la SRA a hablar de combustibles, hermoso).

El sector productor agropecuario trabaja en el punto de equilibrio o a pérdida debido al abuso estatal por: i) diferencia de tipo de cambio, ii) impuestos y iii) cargas aduaneras. Dinero que el Estado (Aduana, AFIP y BCRA) se da vuelta y entrega a manos llenas a toda suerte de amigos.

Mientras, el productor a veces entrega toda su ganancia y a veces más que eso, esto es, trabaja a pérdida. Por lo tanto, cuando vienen tiempos malos (seca, inundación), no tiene resto. La falta de rentabilidad; por ello no reinvierten gran parte de sus ganancias: no las tienen.

Los burócratas planean toda suerte de exenciones a mineras y petroleras, pero si alguien osa mencionar que hay que soltar un poco el freno (**) al productor agropecuario, la clase política y empresarial (De Mendiguren) ponen el grito en el cielo como un solo hombre. ¿Por qué?

Duplicar las exportaciones agropecuarias y agregar algunas que hoy no figuran (zapatos, por ejemplo; o maquinaria agrícola) requeriría muy poco esfuerzo: tipo de cambio normal y bajar los DEX. O, como poco, igualar el marco impositivo que hoy negocian con las petroleras. ¿Por qué no lo hacen?

Veo dos razones posibles:

    1. Es más fácil negociar sobornos con sectores concentrados que con un universo de 200.000 productores, todos peleados entre sí. No estoy diciendo que las petroleras ofrezcan sobornos sino que para los políticos es un escenario más propicio para solicitarlos si los interlocutores están concentrados.
    2. Llevar a los productores agropecuarios a la asfixia genera un marco favorable para la compra de campos; es más, campos baratos. Como el valor de un campo es la expectativa de ingresos futuros, si el ingreso es todo confiscado por un tercero (en este caso el gobierno), el precio del campo se abarata.

Así, hoy todo el campo de Ucrania está en manos de pocos fondos de inversión (BlackRock es uno de ellos); desde el 2000 a hoy, el 20% de los campos arables de Francia cambió de manos (a favor de los fondos de inversión), una de las estructuras de propiedad más estables del mundo en los últimos 250 años; los granjeros de EEUU (farmers) están vendiendo sus campos, porque los hijos ganan más siendo funcionarios del gobierno federal que cultivando la tierra (¿les suena?); y quedamos nosotros.

Veamos cómo creció Brasil los últimos 20 años. 54 mil millones de dólares se los regalamos nosotros, y eso fue parte del motor de su crecimiento. Pero el motor más potente fueron sus exportaciones agropecuarias. Lula, sí el de izquierda, sí, el nacional y popular, sí el zurdo, favoreció las exportaciones agropecuarias, con tipo de cambio alto, créditos blandos para maquinarias y mejoras y compras de campo por parte de pequeños y medianos productores, nunca tuvieron DEX y tienen un sistema impositivo benigno. Lula lo hizo y Bolsonaro lo continuó. Si bien hay un par de empresas grandes con enormes extensiones y la exportación de carne está concentrada, todo el sur del país está dominado por pequeñas y medianas explotaciones, que generaron una próspera clase media rural.

La base de este crecimiento fue:

a) el aumento de precios internacionales desde el año 2000,

b) un tipo de cambio alto favorable a las exportaciones,

c) cero DEX,

d) impuestos moderados,

e) políticas de estímulo/protección al pequeño y mediano productor.

Ej: el ministerio de Agricultura sostiene que un tambo de 40 vacas debe ser redituable y que el precio mínimo debe reflejar esa estructura de precios. Si otros tienen una mejor, bien por ellos. Brasil se prepara para ser uno de los grandes exportadores de lácteos (leche en polvo, quesos, sueros) del mundo y reemplazará lentamente a Holanda, Alemania y España. Hacen eso mientras dejan vivir y comer a un gaúcho que tiene 40 vacas. Vivir y dejar vivir.

Conclusiones

Hay que exportar petróleo crudo y GNL. Un excedente circunstancial, diría que sí.

Creo que hay que poner toda la carne en el asador para ser un país petrolero (ojalá como EEUU, Rusia o Uzbekistán). Exportar petróleo refinado, fertilizantes, y productos industriales a base de energía limpia y barata. Trabajo y “valor agregado” como le gusta decir a la dupla Massa-De Mendiguren.

Hay que echar a estos tipos (todos) y como país ponerle toda máquina a exportar 300.000.000.000 dólares al año, en productos industriales, agropecuarios, agroindustriales y combustible. Y servicios. Todo.

En fin, creo que estoy más sola que Margaret Thatcher en Cosquín.

Dios dirá.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Nota

(*) Me refiero a si alguien propone eliminar los Derechos de Exportación o Derechos Aduaneros o DEX, mal llamados “retenciones”.

(**) Además, en paralelo, invertir en centrales nucleares, como sugiere sensatamente la Dra. Laura Canale.

 

Lecturas asociadas

2022: el año que no estuvimos en peligro

http://restaurarg.blogspot.com/2023/02/2022-el-ano-que-no-estuvimos-en-peligro.html 

La nueva Conquista del Desierto

http://iris-speroni.blogspot.com/2018/08/la-nueva-conquista-del-desierto.html 

Sobre ruedas

http://restaurarg.blogspot.com/2023/06/sobre-ruedas.html 

Reforma agraria

http://restaurarg.blogspot.com/2021/03/reforma-agraria.html

Argentina un país nuclear, Dra. Laura Canale

http://restaurarg.blogspot.com/2020/12/argentina-un-pais-nuclear.html

Qué sabemos del uranio, Dra. Laura Canale

  1. http://restaurarg.blogspot.com/2022/09/que-sabemos-del-uranio-primera-entrega.html
  2. http://restaurarg.blogspot.com/2022/09/que-sabemos-del-uranio-segunda-entrega.html
  3. Uranio enriquecido http://restaurarg.blogspot.com/2022/09/uranio-enriquecido-tercera-entrega.html

 

Referencias

DinamicArg, Nº 5.

https://dinamicarg.com/gnl-alternativa-gas-vaca-muerta-que-pone-argentina-centro-del-mundo/

DinamicArg

https://dinamicarg.com/gnl-alternativa-gas-vaca-muerta-que-pone-argentina-centro-del-mundo/

Inversiones y Exenciones Impositivas GNL, Clarín.

https://www.clarin.com/economia/economia/economia/plantas-gnl-proyecto-ley-especial-permitira-dejar-mitad-dolares-afuera_0_DPE32OXGBP.html

Perfil, https://www.perfil.com/noticias/politica/vaca-muerta-diputados-comienza-a-tratar-la-ley-de-promocion-de-gas-natural-licuado.phtml

Télam, https://www.telam.com.ar/notas/202307/633574-royon-diputados-inversiones-gnl.html

iProfesional, https://www.iprofesional.com/negocios/384993-gnl-en-vaca-muerta-presentan-proyecto-para-blindar-inversiones

Río Negro, https://www.rionegro.com.ar/energia/proyecto-de-gnl-los-10-puntos-clave-para-entender-de-que-se-trata-y-su-impacto-en-vaca-muerta/

 

Artículo publicado el 29/07/2023 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2023/07/combustibles-vaca-muerta-y.html

PESCA ILEGAL Y SEIS MILLONES DE NIÑOS POBRES EN ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en El Economista, 02/08/2023.

 

La salud y la alimentación son un Derecho Constitucional en la Argentina, no una dádiva. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirmó que «toda persona tiene derecho a la alimentación» y, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sostuvo que «el derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».

El alimento es una sustancia que, ingerida, aporta al organismo la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos y la alimentación, como afirmó la FAO y la OMS, debe ser suficiente, inocua y sana. Sin embargo, poco de ello ocurre en la Argentina. Hay pobres e indigentes y si hay indigentes hay hambre, porque estos son quienes no tienen al acceso suficiente a la alimentación que, además, en muchos casos suele ser de baja calidad.

Postergar la alimentación de los sectores más vulnerables, hasta que algún día improbable el presupuesto se encuentre equilibrado, es un delito deleznable que ignora los efectos mórbidos y letales del hambre y la desnutrición. Incorporar como una cláusula de ajuste al hambre, es indigno y ruin.  

La alimentación debiera estar accesible en el hogar de todo el grupo familiar, ya que si bien, la alimentación que se recibe fuera de aquel, contribuye a mejorar la nutrición de los niños y adolescentes en situación de pobreza, marginalidad e indigencia; el alimento en el hogar, amén de satisfacer los requerimientos nutricionales, reúne a todos los integrantes de la familia alrededor de la mesa y, promueve el diálogo y el fortalecimiento del núcleo familiar. La comida en el hogar no se sustituye con comedores, aunque estos sean -en muchos casos- quienes están proveyendo la alimentación de sostén.  

En 2000, en la «Declaración del Milenio» de la Asamblea General de la ONU se expresó, entre otras cosas: «Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y decidimos, asimismo, reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre». Llegó el 2015 y los gobiernos de Argentina no cumplieron y, por el contrario, se aumentó la pobreza. En la década del 70 la pobreza era del 5,7% y a mayo de 2023 es del 46%.

Es falso que la Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Terminemos con esta errónea afirmación, la mayoría de la producción nacional exportable «no se destina al consumo humano directo, ni la soja ni el maíz, se usan para alimentar animales» (Vilella Fernando; director de Agronegocios, Facultad de Agronomía, UBA, 25/11/2019); no obstante, con la producción nacional, según Cispan y Fragan «queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas para alimentar alrededor de 60 millones de habitantes» (Martín Slipczuk, 25/11/2019).

Es decir, los gobernantes no pueden justificar 5.900.000 niños y adolescentes pobres, de los cuales 1.300.000 son indigentes menores de hasta 14 años (Infobae, INDEC, 31/3/2023) que representan el 34,1% de la indigencia total; además, de que las Autoridades no administran adecuadamente otros alimentos que son del Estado Nacional o de las Provincias del litoral marítimo, como es el caso de los recursos pesqueros. Todo ello, pese, a que el 59,3% de los niños y adolescentes reciben alimentos en forma gratuita del Estado, aunque, mayoritariamente harinas y no alimentos proteicos.

Con una información similar al INDEC, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, indica que 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 17 años son pobres, es decir que, promediando con los indigentes, el 74,7% de éstos «no acceden total o parcialmente a la alimentación, educación y salud básica y, por su parte, los indigentes, no alcanzan a ingerir la cantidad mínima de alimentos para cubrir los requerimientos energéticos diarios» (Gabriel Matera, Ámbito, 15/05/2023).

La capacidad física e intelectual de millones de menores está en grave peligro. Deberían estar avergonzados los funcionarios de un país productor de alimentos, dando una muestra acabada de su incapacidad para administrar la producción de alimentos y distribuirla. Lo que suelen llamar «pobreza estructural» no es otra cosa que falta de ideas y administración adecuada para resolver esta indignidad, que ya superó dos generaciones de argentinos. Es una obligación impostergable del Estado Argentino, y de sus dirigentes con mayores posibilidades, en una acción organizada de solidaridad ejemplar, eliminar definitivamente este flagelo que denigra, desnutre, enferma y mata a una parte importante de su población, Gravísima cuando se trata de niños que no alcanzarán su madurez intelectual. 

¿Qué debería hacer el Estado para terminar con la indigencia de niños y adolescentes?, además de optimizar la producción e industrialización de alimentos; mejorar los planes y dar a las tarjetas alimentarias una acción generadora de empleo y nutrición y, no solo de acceso a los alimentos de baja calidad.

El Estado tiene recursos alimentarios propios, como son los pesqueros. La pesca constituye para la humanidad una fuente importante de proteínas, cuya calidad es solo comparable con la leche materna. Además, es una de las actividades de mayor ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora de empleo en regiones inhóspitas del país que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes centros urbanos. Como muy pocas actividades, requiere de gran cantidad de operarias, que realizan tareas de supervisión, fileteado, emprolijado y empaque, donde suelen ser más eficientes que los hombres.

¿Cuántas toneladas de pescado se necesitarían para proveerle una ración diaria de la mejor proteína a seis millones de niños y adolescentes para terminar con la pobreza infantil? 600 mil toneladas de pescado/año, para proveer productos empanados, termoestabilizados, liofilizados, etc.

El Estado argentino puede hacerse de las referidas 600 mil toneladas de pescado si acuerda condiciones equitativas con los Estados de pabellón de los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que explotan en alta mar nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina; se otorgan exenciones impositivas al gasoil, a la captura, aduaneros y otros beneficios de explotación a todas las empresas nacionales que pesquen en alta mar; se deja de descartar (Art. 21 m Ley 24.922) al mar el 30% de las capturas, estableciendo un precio sostén y, se lleva progresivamente a la Acuicultura en la Argentina a niveles compatibles con la producción mundial. Accesoriamente a ello, se cuadruplicaría el empleo registrado en la actividad pesquera y la acuicultura.

La soberanía alimentaria permitirá, mediante la administración adecuada del Atlántico Sudoccidental, recuperar la soberanía marítima y política de la Argentina, donde en las últimas décadas entre 350 y 500 buques extranjeros pescan ilegalmente (INDNR) en alta mar todos los años los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina y, lo hacen en forma ilegal, porque pese a ser la pesca libre en esa zona, los Estados de pabellón a los que pertenecen esos buques no los controlan; no hacen investigaciones para determinar las capturas máximas sostenibles y, afectando el interés de terceros Estados, no hacen acuerdos pesqueros con los Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay).

No puede perderse de vista que la administración del recurso tiene efectos laborales y sociales que superan los daños que cualquier empresa de riesgo pueda asumir; ya que el pesquero se trata de un recurso de propiedad del Estado, que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional, industrial y estratégico, más allá de los efectos económicos que genere. Al respecto de su administración pesquera y su sustentabilidad, José Juste Ruiz considera que el desarrollo persigue tres objetivos esenciales: «a) el objetivo económico que  consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo social y cultural que promueve la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico ocupado de la preservación a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de soporte a la vida de los seres humanos».

Es necesario entonces un nuevo orden en materia de la administración, captura, distribución, industrialización, protección y control de los recursos vivos marinos, para permitir que este recurso contribuya a eliminar la indigencia de niños y adolescentes del país y aumentar el consumo anual de 4,8 kg (Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo, marzo, 2021) a 10 Kg per cápita por año de todos los argentinos, para equiparar -al menos- el consumo promedio anual de Latinoamérica, el Caribe y África, muy lejos aún de los 20 Kg. que consume el mundo; proveyendo de una mejor dieta, salud y trabajo. Somos un Estado Marítimo y deberíamos comenzar a mirar el mar y aprovecharnos de sus capacidades.

«Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte» (El Viejo y el Mar, Ernest Heminway, 1989).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).