Mientras no hay bombas ni ultimátums, la guerra ya empezó. No con misiles, sino con documentos.
En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó la National Security Strategy (NSS) de los Estados Unidos. Presentada como un documento técnico de planificación estratégica, la NSS 2025 constituye, en términos doctrinarios, una declaración de guerra indirecta, al redefinir jerarquías, áreas de influencia y prioridades estratégicas globales[1].
Lejos de limitarse a una orientación defensiva, el documento legitima la securitización de regiones completas, economías, infraestructuras críticas y decisiones políticas de terceros Estados bajo el argumento de la «seguridad nacional estadounidense», desplazando los principios clásicos de soberanía y autodeterminación[2].
Una doctrina Monroe del siglo XXI
La NSS 2025 ubica al Hemisferio Occidental como prioridad estratégica, reeditando una versión funcional y contemporánea de la doctrina Monroe: América como espacio exclusivo de influencia estadounidense.
Bajo conceptos como regional stability, supply chain security y countering malign influence, el documento habilita:
presión diplomática estructural,
condicionamiento económico,
influencia doctrinaria sobre fuerzas armadas aliadas,
dominio informativo,
intervención indirecta en políticas de defensa y seguridad.
Tal como advierte Brzezinski[3], este tipo de arquitectura no busca cooperación entre iguales, sino administración geopolítica de periferias estratégicas.
Argentina: socio… o subordinado
En la planificación estratégica del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la Argentina aparece caracterizada como:
plataforma logística regional,
proveedor de recursos estratégicos (alimentos, energía, minerales críticos),
territorio en disputa de influencia entre Estados Unidos y China[4].
La consecuencia es clara:
Argentina no define amenazas ni prioridades; ejecuta diagnósticos ajenos.
Desde la perspectiva de la teoría realista, esto implica una pérdida de autonomía estratégica, condición central para la supervivencia estatal[5].
Alineación automática y erosión del interés nacional
La alineación casi total del gobierno argentino con la agenda estratégica estadounidense se produce sin debate parlamentario profundo ni planificación estratégica propia, debilitando el principio republicano de control civil y deliberación democrática[6].
Aceptar amenazas definidas externamente implica:
desnaturalizar la defensa nacional,
confundir seguridad interior con defensa,
orientar inteligencia hacia intereses exógenos,
subordinar la política exterior a la competencia Estados Unidos – China.
Desde una perspectiva sistémica, el Estado deja de cumplir su función estratégica básica: planificar su propia supervivencia[7].
La guerra híbrida como forma dominante
La NSS 2025 consolida el uso de guerra híbrida y multidominio, caracterizada por la combinación de medios militares, económicos, informativos, jurídicos y tecnológicos[8].
Las herramientas centrales incluyen:
control narrativo,
guerra jurídica (lawfare),
ciberoperaciones,
presión financiera,
formación doctrinaria de cuadros militares,
cooperación condicionada.
Esto confirma que la guerra contemporánea ya no requiere ocupación militar directa, sino control funcional del Estado objetivo[9].
Subordinación estratégica y riesgo de desintegración
El principal riesgo para la Argentina no es militar, sino estructural.
La aceptación acrítica de esta arquitectura implica:
cesión de control sobre infraestructura crítica,
pérdida de doctrina militar propia,
dependencia tecnológica irreversible,
debilitamiento del control territorial efectivo.
Tal como advierte Clausewitz, cuando el Estado pierde la capacidad de definir el propósito político de la guerra —o de la defensa—, pierde la guerra antes de combatirla[10].
Malvinas, Atlántico Sur y Antártida: la omisión estratégica
Un dato central es el silencio de la NSS 2025 respecto a los intereses argentinos en Malvinas, mientras se consolida la cooperación estratégica con el Reino Unido, potencia ocupante y miembro pleno de la OTAN[11].
Esta omisión no es neutral:
Licúa el reclamo soberano argentino y normaliza la militarización británica del Atlántico Sur.
Desde el derecho internacional, la falta de respaldo explícito debilita la posición diplomática argentina y consolida el statu quo colonial[12].
Conclusión: la guerra que no se nombra
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos prioriza su supervivencia y su hegemonía. Eso es coherente con su lógica de poder.
Lo crítico es que la Argentina renuncie a pensar su propio interés nacional, aceptando una arquitectura estratégica que la transforma en objeto de planificación ajena.
La guerra ya comenzó.
No con bombas.
Con documentos, decretos y silencios.
Y el mayor riesgo no es perder una batalla, sino dejar de ser un Estado capaz de decidir qué, cómo y por qué defender.
* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.
La Guerra de las Malvinas, también conocida como el Conflicto del Atlántico Sur, fue un enfrentamiento armado entre Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en 1982. Este conflicto surgió por la disputa soberana sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), un archipiélago remoto en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina y a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido.
La reclamación de soberanía argentina está respaldada por un relato histórico sin sesgos, donde los ingleses usurparon la legitimidad argentina por el simple argumento de la fuerza, en plena expansión para dar bases navales en los océanos para la Royal Navy, en una época donde no existía el Canal de Panama y el paso por el Estrecho de Magallanes era obligado para pasar del Atlántico al Pacifico. El adanismo británico los lleva a bautizar como Drake Passage un paso próximo al Estrecho de Magallanes, a pesar de que Magallanes pasó el 21 de octubre de 1521 y Drake, el mismo día de 1578, 57 años después. El modelo anglosajón de expansión impuso que la isla fuera repoblada por británicos y los lugareños fueran «expulsados», con lo cual se garantizaron que cualquier consulta de autodeterminación futura el resultado estuviera garantizado.
Figura 1 Mapa
El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas recuperaron las islas en una operación sorpresa, capturándolas rápidamente. El Reino Unido respondió enviando una fuerza tarea naval y militar para recuperar el territorio, lo que resultó en una guerra que duró 74 días y concluyó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982. El conflicto causó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, además de miles de heridos.
Aunque fue un conflicto de escala limitada, la Guerra de las Malvinas ofrece valiosas lecciones estratégicas, operativas y tácticas, especialmente en el contexto de disputas insulares y operaciones anfibias a larga distancia. Para China, con una configuración y pretensiones similares en Taiwán y el Mar del Sur de China, este episodio histórico es particularmente relevante. Taiwán, una isla a unos 180 kilómetros de la costa chinacontinental, representa un escenario similar: una potencia continental (Argentina/China) con pretensiones soberanas sobre una isla remota que hipotéticamente podría ser defendida por una potencia naval distante (Reino Unido/Estados Unidos y aliados). Según análisis como el publicado en The Diplomat, las similitudes tácticas y geopolíticas hacen que las Malvinas sean un caso de estudio para un posible conflicto por Taiwán, aunque el trabajo del The Diplomat tiene un elevado sesgo anglófilo, obviamente[1]. Expertos chinos han estudiado el conflicto desde la década de 1980, extrayendo lecciones sobre logística, superioridad aérea y naval, y la importancia de la disuasión.
En este artículo, desglosaremos las lecciones en tres apartados principales: guerra terrestre, guerra naval y guerra aérea. En cada uno, primero resumiremos el desempeño argentino durante el conflicto, basado en fuentes históricas, y luego extraeremos lecciones aplicables a China, teniendo en cuenta las similitudes y discrepancias de cada caso. Viendo los programas tecnológicos militares chinos, muchos han sido asimilados, aunque otros aún no. El enfoque estará en cómo Argentina, a pesar de ventajas iniciales, falló en mantener el control debido a deficiencias logísticas, tecnológicas y estratégicas. Para China, que posee un ejército moderno y recursos vastos, estas lecciones podrían informar estrategias para un asalto anfibio a Taiwán, donde la distancia, el terreno montañoso y las alianzas internacionales complicarían cualquier operación.
El análisis subraya que, aunque la tecnología ha evolucionado (con drones, misiles hipersónicos y ciberoperaciones en el arsenal moderno), los principios fundamentales de la guerra insular permanecen: el control del mar y el aire es crucial para el éxito terrestre, y la logística es el hilo conductor que une todo.
Guerra terrestre: la lucha por el terreno y la logística
La guerra terrestre en las Malvinas representó el núcleo del conflicto una vez que las fuerzas británicas desembarcaron. Argentina inició el conflicto con una ventaja aparente: capturó las islas con facilidad el 2 de abril de 1982, mediante una operación anfibia que involucró a unos 600 comandos y marines, enfrentándose a una guarnición británica de solo 68 Royal Marines y 11 marineros. La invasión, conocida como Operación Rosario, fue un éxito táctico rápido, con mínimas bajas y el control total de las islas en horas. Sin embargo, el desempeño argentino en la fase defensiva posterior no fue el óptimo, debido principalmente a la falta de una cadena logística que mantuviera la operatividad de la fuerza desplegada, lo que llevó a su derrota.
Argentina desplegó alrededor de 12.000 tropas en las islas, organizadas en brigadas de infantería, artillería y unidades especiales. La mayoría eran conscriptos jóvenes, con solo 18-20 meses de entrenamiento básico, y muchos carecían de experiencia en combate. Las fuerzas incluían la X Brigada de Infantería Mecanizada, la III Brigada de Infantería y elementos de la Infantería de Marina. El terreno de las Malvinas —pantanosos, montañosos y expuestos a vientos fuertes— favorecía a los defensores. Las posiciones defensivas alrededor de Puerto Argentino (Port Stanley) eran estáticas, con trincheras y fortificaciones, pero sufrieron de problemas logísticos graves: escasez de suministros, equipo inadecuado para el frío (muchos soldados usaban botas de verano) y moral baja debido a la falta de rotación y apoyo aéreo/naval consistente.
Los británicos desembarcaron en San Carlos el 21 de mayo de 1982, con la 3 Commando Brigade y la 5 Infantry Brigade, totalizando unos 5.000 hombres inicialmente. A pesar de ser superados en número (2:1 a favor de Argentina), los británicos avanzaron con tácticas de infantería ligera, ataques nocturnos y superioridad en entrenamiento. Batallas clave como Goose Green (28 de mayo), donde 450 paracaidistas británicos capturaron a 1.200 argentinos, dan una idea de la superioridad aérea con que contaban los ingleses: rendición prematura, pobre coordinación y artillería limitada por munición escasa. En Mount Longdon, Tumbledown y Wireless Ridge (11-14 de junio), las fuerzas argentinas resistieron inicialmente pero colapsaron bajo presión continua, con fricciones internas entre oficiales y tropas —incluyendo abusos reportados— que minaron la cohesión.
El general Mario Menéndez, comandante argentino que había planteado un sistema de defensas fijas, rindió las islas el 14 de junio tras la caída de las defensas periféricas. Argentina perdió 194 soldados en combates terrestres frente a 150 los ingleses, pero el verdadero fallo fue estratégico: subestimaron la capacidad británica para proyectar poder a distancia, considerar que Estados Unidos no apoyaría con medios a los ingleses y, sobre todo, no mantuvieron líneas de suministro viables. La Armada Argentina se retiró temprano, dejando a las tropas aisladas, y el apoyo aéreo fue insuficiente para contrarrestar el avance británico.
Para China, estas lecciones son críticas en un escenario hipotético de invasión a Taiwán. El Ejército Popular de Liberación (EPL) es masivo, con más de 2 millones de efectivos, pero un asalto anfibio a Taiwán requeriría transportar decenas de miles de tropas a través de 180 km de mar agitado, bajo fuego enemigo. Al igual que Argentina, China enfrentaría un defensor atrincherado en terreno montañoso, con posibles aliados (EE.UU., Japón) proporcionando apoyo. Estudios chinos, como los citados en Survival[2], enfatizan que la victoria argentina inicial en la invasión resalta la importancia de la sorpresa, pero la derrota posterior subraya la vulnerabilidad de fuerzas aisladas sin reabastecimiento.
China ha invertido en capacidades anfibias, con buques como el Type 075 LHD y brigadas marinas, pero el «tren logístico» —el flujo continuo de municiones, combustible y tropas— sería el talón de Aquiles. Las cantidades y modelos de aviones de transporte militar son insuficientes, debiendo incrementar en al menos un 100% los de hélice que tienen. El total del que disponen es: Xian Y-20 (similar al C5) cantidad 100; Ilyushin Il-76MD (similar al C17) cantidad 20; Shaanxi Y-30 (similar al A400M) cantidad 100; Shaanxi Y-9 e Y.8 (similar al C130 Hercules) cantidad 60; Xian Y-7 (similar al C295) cantidad 50; Shijiazhuang Y-5 (similar al CN235) cantidad 100. En las Malvinas, Argentina solo tenía en transporte aéreo apenas 8 C130 Hercules, lo cual fue una gran deficiencia.
Otro fallo argentino fue que no se hizo una defensa avanzada una vez se llevó a cabo la ocupación. Los argentinos, con solo dos aviones cisterna, operaban desde territorio continental, y eso otorgó la iniciativa operativa a los ingleses, dado el escasísimo tiempo de operaciones. Esto otorgó a la Royal Navy superioridad naval; en Taiwán, es improbable que si se tomara la isla y se hiciera un despliegue de defensa avanzada en la isla los norteamericanos puedan tener la iniciativa.
Los misiles antiacceso (A2/AD) chinos podrían disuadir a EE.UU., pero cualquier interrupción (por submarinos o ataques aéreos) colapsaría la operación. Las lecciones incluyen la necesidad de reservas masivas, entrenamiento en condiciones adversas y integración con ramas navales y aéreas para proteger convoyes.
Como conclusión, mantener el tren logístico es clave para el éxito en guerra terrestre insular. Esto requiere supremacía naval para el transporte y supremacía aérea para la cobertura, evitando el aislamiento que condenó a Argentina. Para China, esto implica desarrollar doctrinas dinámicas, no estáticas. No esperar a que lleguen, sino «salir a cazarlos cuando salgan». Teatro de operaciones, el mar, la mar.
Guerra naval: el control de las aguas y el rol submarino
La guerra naval en las Malvinas fue decisiva, aunque asimétrica: Argentina poseía una armada moderna pero subestimó la proyección de poder británica. El desempeño argentino comenzó con éxito en la invasión, donde la Armada Argentina (ARA) transportó tropas sin oposición significativa. Sin embargo, tras el traicionero hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión decretada, y todavía en la mesa de negociaciones, y sin previo aviso, la Armada se retiró a aguas costeras, cediendo el control marítimo.
Argentina desplegó una flota que incluía el portaaviones ARA Veinticinco de Mayo, cruceros como el Belgrano, destructores y submarinos (dos operativos: ARA San Luis y ARA Santa Fe). El Santa Fe fue dañado y capturado temprano, mientras que el San Luis intentó ataques pero falló por problemas técnicos en torpedos. La Armada Argentina evitó confrontaciones directas después del Belgrano, que resultó en 323 muertes y un golpe moral. En cambio, se enfocó en apoyo aéreo-naval, como el uso de aviones Super Étendard con misiles Exocet para hundir buques británicos (e.g., HMS Sheffield y Atlantic Conveyor).
El retiro naval dejó a las tropas terrestres vulnerables, sin refuerzos marítimos efectivos. Argentina perdió el Belgrano y otros buques menores, mientras que los británicos sufrieron daños pero mantuvieron la fuerza tarea intacta. Esto da una idea de que los miembros de la Junta Militar argentina pensaron que se aplicaría lo que se conoce como hechos consumados y no habría reacción británica con una operación militar. Algo parecido al principio que estos días vemos con la operación militar norteamericana en Venezuela, con falta de reacción internacional y mutismo de los foros de gobernanza.
Para China, la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) es la más grande del mundo, con más de 370 buques, incluyendo 4 portaaviones como el Liaoning, Shandong, Fujian y el que hay en construcción desde hace 2 años y estará en servicio para 2029. En un conflicto por Taiwán, el control naval sería esencial para bloquear la isla y apoyar desembarcos. Las Malvinas enseñan que una armada continental puede ser neutralizada por submarinos enemigos, como hizo el Conqueror. China ha expandido su flota submarina (más de 60 unidades, incluyendo nucleares), pero enfrenta amenazas de submarinos estadounidenses (Virginia-class) y aliados. Los chinos han apostado abiertamente por el arma submarina, una de las lecciones bien traída de la guerra de las Malvinas.
En submarinos China debe ampliar la cantidad de submarinos de ataque de furtividad alta. Suponiendo que, por el estilo americano, estos desplieguen 4 o 5 NCG (Naval Carrier Group) de los 9 operativos, necesitarían para llevar a cabo tácticas avanzadas, unos 4 por cada NCG, en total 20, no los 6 planeados del Type 096, pero no deberían descartar tener reemplazos, para actuar de señuelos, y deberían por tanto tener al menos 30.
Lecciones incluyen la necesidad de guerra antisubmarina avanzada (ASW), usando destructores Type 055 y helicópteros, y el valor de portaaviones para proyección. Argentina falló al tener los submarinos fuera de servicio. Además, el uso de minas y drones submarinos podría denegar acceso a EE.UU., similar a cómo Argentina intentó (sin éxito) minar áreas.
Como conclusión, el uso del arma submarina es esencial para mantener la logística y el control de las aguas de la zona. En las Malvinas, un solo submarino británico paralizó la Armada Argentina; para China, invertir en submarinos stealth y ASW podría asegurar rutas marítimas a Taiwán, previniendo un aislamiento similar.
Guerra aérea: el dominio de los cielos y los enablers tecnológicos
La guerra aérea fue el dominio donde Argentina mostró su mejor desempeño, brillante, sobre todo si tenemos en cuenta las limitaciones de enablers como la capacidad de repostaje en vuelo y operar desde suelo continental. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Aviación Naval operaron desde bases continentales, a 700 km de las islas, lo que limitó su radio de acción. Contaban con unos 120 aviones operativos, incluyendo Mirage III, Dagger, Skyhawk y Super Étendard. El 1° de mayo de 1982 comenzaron ataques intensos contra la flota británica, usando tácticas de bajo nivel para evadir radares.
El éxito más notable fue el uso de misiles Exocet: solo cinco aire-tierra disponibles, pero hundieron el HMS Sheffield (4 de mayo) y dañaron otros. Los pilotos argentinos volaron misiones heroicas, causando 24 bajas británicas y dañando múltiples buques. Sin embargo, perdieron 75 aviones (muchos por defensas antiaéreas como Sea Dart y Rapier), debido a falta de repostaje en vuelo (solo dos KC-130 limitados) y a que las bombas lanzadas no tenían tiempo de cebarse desde el lanzamiento. Innovaciones como chaff casero (hecho con máquinas de pasta) mostraron ingenio, pero no compensaron las limitaciones.
Los británicos dominaron con Harriers desde portaaviones, principalmente por la ventaja otorgada por los norteamericanos al transferirle el nuevo misil AIM-9-L Sidewinder en las islas Ascension, durante el tránsito, lo que disparó su efectividad del 15% (el que tenían los misiles argentinos) al 85% (dado que se podían disparar desde cualquier posición) logrando superioridad aérea local. Argentina falló en 46% de misiones por cancelaciones o fallos en armas.
Para China, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) es avanzada, con J-20 stealth y misiles PL-15, que en su variante PL-15E ya demostró en manos de Paquistán en el verano de 2025 que puede batir a los Rafales con radar AESA de la India. Los misiles son el punto fuerte de China, y la lección bien aprendida de la guerra de las Malvinas, y que han puesto en práctica y son lideres absolutos.
Para contrarrestar esto, los Estados Unidos se han lanzado a la carrera por los drones, el loyal wingman como lo denominan irónicamente, que ya se ha convertido en un avión independiente sin necesidad de ir tutelados por los F35. Dados los alcances y autonomías de los aviones norteamericanos, los pilotados no llegan a superar el alcance de misiles, por eso la única vía que les queda a los estadounidenses son los drones con IA. El programa CCA (Collaborative Combat Aircraft) en la versión «no loyal wingman» sino autónomo plenamente. El factor humano aquí es un lastre operacional y, sobre todo, viendo el alcance de las armas chinas.
En Taiwán, la distancia corta favorece, pero EE.UU. podría intervenir con F-35. Las lecciones de Malvinas: armas antibuque de larga distancia (como YJ-21 hipersónico) y repostaje en vuelo (con YY-20U) son enablers clave. Argentina casi triunfó con Exocets pero erró en no tener más aviones cisterna disponibles. China parece no haber aprendido el error de Argentina en cisternas y apenas tiene 30 en operación. Muy insuficiente frente a los 600 norteamericanos. Este es un error de juicio y cálculo de los planificadores chinos.
Como conclusión, la relevancia de las armas antibuque de larga distancia y el repostaje en vuelo fueron los enablers que hicieron que los argentinos tuvieran un desempeño brillante, un casi. Para China, integrar estos en doctrinas A2/AD podría disuadir intervenciones, asegurando superioridad aérea sobre Taiwán.
Conclusión
La Guerra de las Malvinas demuestra que en disputas territoriales insulares el éxito radica en la integración efectiva interarmas y en una logística sólida. Argentina combatió con honor y, en particular, exhibió un desempeño brillante de su aviación. Para China, la aplicación de estas lecciones —como el soporte logístico terrestre respaldado por componentes navales y aéreos, el empleo de submarinos para el dominio marítimo y el uso de facilitadores (enablers) aéreos— le otorga numerosas ventajas para prevalecer en un eventual intento de recuperar Taiwán.
No conviene olvidar que China ostenta el estatus de potencia nuclear, lo que hace improbable una intervención externa que no contemple el riesgo de una escalada atómica. Lo más plausible es que, ante la toma de las islas, no se produzca una respuesta significativa; no obstante, Pekín debería prepararse para evitar el yerro de la Junta Militar argentina y considerar lo improbable: una operación militar adversaria. En cualquier caso, inauguramos 2026 con un hecho consumado: la intervención militar estadounidense en Venezuela, avalada por la aquiescencia internacional y que reduce el derecho internacional a un mero formalismo. No resulta descabellado que China, con argumentos históricos más sólidos que los de Estados Unidos para unificar su territorio —incluida Formosa—, decida actuar, aunque, a la luz de sus sistemas de armamento, su punto óptimo se proyecta para 2027-2028. El de Estados Unidos, en cambio, se sitúa en 2030. Así, se abre una ventana de oportunidad de dos años.
* Antonio José Luna Carrasco ha trabajado varios años en Automoción (Valeo, Grupo PSA); Aeroespacial (TAM, CESA hoy Heroux-Devtek, Airbus Military); Defensa (General Dynamics ELS SBS y Ministerio de Defensa (Isdefe)); Administración (Áreas de Industrial del Estado y Comunidad de Madrid. De Formación Ingeniero Industrial de la UAX, con tres masters (Ingeniería Automoción en INSIA; Stanford Advanced Certified Project Manager y MBA por UAX).
Artículo publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 10 de enero de 2026**
En la actividad pesquera es difícil determinar dónde empieza el Estado y donde termina. Tal vez sea por aquello de que se trata de un recurso del Estado concesionado a terceros o porque entre la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero ―aunque lo diga la Ley 24.922― no tienen claro quién fija la política pesquera y quién la investigación y pareciera que carecen de determinación o capacidad para administrar la actividad.
Podría deberse a una cuestión de ineptitud; pero, dejar en manos de unas pocas manos la adjudicación y aprobación de la licitación de buques de investigación en favor de un astillero español ―contra todas las opiniones especializadas― por 161 millones de dólares, perjudicando el erario público y violando ―tratándose de aportes para la construcción que realiza el Estado― el art. 15° de la Ley 27.418 (de la que soy coautor junto a Fabián Lugarini para el fallecido Senador Pino Solanas) y también la Ley 27.437 de «Compre argentino», transfiriendo al exterior recursos económicos escasos de los argentinos y, además y muy importante, desconociendo las capacidades industriales navales de Argentina. Un hecho deleznable que la Justicia debería investigar para determinar si las personas que intervinieron (que en los sucesivos artículos develaremos) hubiesen cometido delitos contra la administración pública.
Aunque en la adjudicación no se hubiese probado corrupción (cuestión ventilada), el daño a la soberanía, a la economía nacional, al desarrollo tecnológico y a la generación de mano de obra es gravísima. Es un delito de acción pública cuando ―como afirman los expertos― el país tiene capacidad para construir buques, aunque pudiese recurrir a componentes extraños, como lo hacen también otras industrias, como la automotriz.
Además, ¿cómo la Argentina recurre a astilleros de España cuando los buques gallegos depredan los recursos migratorios argentinos en alta mar y en las aguas argentinas de Malvinas? y, ¿cómo esa decisión queda en manos de un investigador y asesores de dudosa imparcialidad? ¿Será ineptitud u otras razones para justificar semejante imbecilidad? ¿falta de inteligencia o corrupción?
Nosotros teníamos desde hace años este tema en carpeta y, erróneamente, descansamos en las denuncias que oportunamente efectuaron expertos, varios directivos de los astilleros nacionales y gremios del sector; pero, todo parece seguir igual, con lazos endogámicos y una dirección del INIDEP, donde el funcionario elegido ―como hoy el Lic. Gonzalo Bacigalupo― incumple con el art. 4° de la Ley 21.673 o, cuando estuvo a cargo de un investigador ―como ocurrió en los años 2015/6― resultó incapaz para hacer un análisis integral a la hora de promover la construcción de buques para el INIDEP; pero, claro ―por alguna razón― los que establecen la política también estuvieron ausentes; por ejemplo Juan A. López Casorla, que ya integraba el Consejo Federal Pesquero en esos años y, hoy siendo Subsecretario de Pesca, designó a Otto Christian Wöhler Director de Investigación; que, para ese entonces como Director del INIDEP, recomendó alegremente la construcción en España de los buques de investigación «Victor Angelescu» y «Mar Argentino», perjudicando a toda la industria pesquera y naval nacional que contribuye al pago de sus salarios desde 1980 a la fecha.
Todo tiene su límite y el disparador fue la nota firmada por una consultora, sin personería y con marca de fantasía «Resilience», publicada en la Revista Puerto el pasado 05/12/2025 donde refiere a un «doble estándar ante la pesca INDNR» de la Unión Europea. Tema en el que coincidimos, porque días antes habíamos escrito (Perfil, 27/11/25), refiriéndonos a que Vigo es el principal puerto europeo de descarga de los productos pesqueros ilegales de especies argentinas. Ahora bien, que esta consultora opine sobre el tema y hable de «doble estándar» fue más allá de lo que uno puede tolerar.
En primer lugar, diremos que la citada «Resilience» podría tener algún vínculo con el Director de Investigación Otto Christian Wöhler, ya que muchos funcionarios imaginan para su jubilación una estructura de este tipo para aprovechar la capacitación y perfeccionamiento que recibieron gratuitamente del Estado; pero no, el hecho es que sus hijos Otto Axel y Sofía Irina la integran y es muy difícil no caer en incompatibilidades o conflictos de intereses, entre la actividad pública y la privada, en estos casos.
Nos llamó la atención que no suscriban la nota citada los referidos jóvenes Otto Axel y Sofía Irina Wöhler en lugar de «Resilience», ya que son los titulares de la marca. Ambos, son profesionales con escasos antecedentes en tareas ambientales; ninguno de los dos en materia de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), al igual que en materia pesquera. Hace 40/50 años era muy común que las empresas contrataran personal sin experiencia, la que precisamente adquirían luego en las empresas; pero la situación desde hace años requiere la elaboración de una estrategia o la solución de problema «ya», y éstas no pueden esperar un aprendizaje que, además, es endogámico. Por ello sorprende que, frente a semejante crisis crónica que enfrenta la pesca, por alguna rara razón, tres importantes Cámaras Pesqueras (CAPA, CEPA, CAPECA) requieran «los servicios» de dos inexpertos para representarlos y defender sus intereses en un negocio que factura dos mil millones de dólares anuales y depende de la macroeconomía, del mercado internacional, de los gobiernos nacionales, provinciales y sus funcionarios, de la biología, la climatología, la captura, las retenciones, los impuestos, derechos y tasas, los servicios, la producción, la industria y por supuesto del trabajo donde intervienen una docena de gremios. Basta ver sus ingresos y las tareas que realizan y que, en su corta vida profesional, solo elaboraron dos informes, uno de ellos sobre prospecciones sísmicas para la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Aunque es «vox pópuli» en los ambientes portuarios que ambos informes recibieron una “ayudita” de su Papá Otto Christian. Pero, ello, no habla mal de los contratados, habla mal de las Cámaras Empresarias que suelen ser justos y permanentes reclamantes ante los gobiernos de turno.
Por una parte, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) contrató a Sofía Irina Wöhler (Monotributista, Cat. C, 30 años; UNICEN, 2021), no como experta en gestión ambiental ―el diploma no presume habilidad― sino como empleada administrativa que en su único trabajo publicado (UNICEN, 27/09/2021) escribió: «en una de las principales actividades económicas que se desarrolla en la pesca (…) la captura, incluye especies y/o tallas de peces no comerciales que generalmente son descartadas por la borda, pero también aves, mamíferos y tortugas marinas (…) atraídas por los desechos y descartes generados (…) existe una deficiente comunicación entre empresarios y capitanes (…) Dificultades por parte de los empresarios para controlar lo que pasa arriba del barco (…) Necesidad de incrementar los procedimientos de control (…) se requiere la presencia de observadores…» (sic) mencionando que los empresarios pesqueros comenten varias prácticas prohibidas en la Ley de Pesca 24.922. Ello, popularmente podría denominarse: «el pez por la boca muere» o «durmiendo con el enemigo». Flaco favor le hace al sector sus opiniones y luego los representa.
No pasó desapercibido en la exposición de Sofía Irina en la Audiencia Pública N° 1/24 (de la que se ausentó Otto Axel Wöhler) donde se presentó como fundadora de «Resilience» y asesora ambiental y representante de CAPECA refiriéndose críticamente a los posibles efectos de las exploraciones sísmicas sobre la merluza de cola, la polaca y la merluza negra (casualmente, las especies de especialidad de su padre Otto Christian); pero omitiendo a numerosas especies que se pescan en la región y en Malvinas, tales como la merluza hubbsi, merluza austral, abadejo, bacalo, nototenias, rayas, calamar Illex y loligo. Muy especialmente estas dos últimas ―por su importancia económica y biológica― que está probado internacionalmente en estudios in situ que son afectadas por las exploraciones sísmicas. Es notable que representando a una Cámara Pesquera no haya planteado otras observaciones muy importantes a los estudios de impacto ambiental realizados por Shell y Equinor. Por ejemplo, la falta de estudios en el área y la ausencia de compensaciones económicas, como ya son una práctica normal en la Ley Noruega. Además, de establecer en otro organismo y no en la administración central al INIDEP las aprobaciones. Se trató de una exposición de generalidades sin profundidad que debió destinarse a la revisión de los «dibujados» EsIA y asegurar la sostenibilidad de un recurso que se explota en «forma previa» a los hidrocarburos, cuestión muy importante en la materia.
Por su parte, el joven abogado Otto Axel Wöhler (Monotributista, Cat. D, 32 años, recibido en 2019) presta sus servicios jurídicos en una reconocida empresa pesquera marplatense y, probablemente por ello, poco tiempo atrás, fue designado Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y entonces ―probablemente también― podría no ser políticamente correcto cuestionar a los empresarios españoles que pescan en aguas argentinas o, bien, porque sería difícil separar su rol de abogado, presidente de una Cámara pesquera y consultor medio ambiental, de su vínculo directo con el Director Nacional de Investigaciones del INIDEP Otto Christian Wöhler, ya que es lógico suponer que éste deba tomar distancia de las posiciones políticas gremiales-empresarias que coalicionan con su competencia oficial de asegurar la sostenibilidad de los recursos. La ley de incompatibilidades exige neutralidad a quienes trabajan en las reparticiones públicas.
Por último, es asombrosa la designación de Otto Axel en CEPA. De tener un presidente del peso específico de Oscar Ángel Fortunato (f.2025), a un ignoto abogado. Si bien «el gordo» no era «Ángel» de mi devoción, era muy solvente en el tema pesquero; ocupó los cargos más importantes de la actividad pública y privada de la especialidad y era un profundo conocedor de la gestión pesquera. Me opuse reiteradamente a sus políticas pesqueras pero, en el tema era un experto con capacidad de representar sólidamente al sector. La designación de Otto Axel muestra que el poder real ya no pasa por las Cámaras ¿o alguien se imagina a Tony Solimeno o cualquier otro, etc., escuchando ―atentamente― la estrategia pesquera de Otto Axel?
Inteligencia Artificial (IA) dice: «Otto Cristian Wöhler y Otto Axel Wöhler no son la misma persona, pero operan en círculos interconectados». Lo que es vox pópuli, la propia IA lo hace suyo. También aclara: «Hay riesgos éticos potenciales: los funcionarios públicos como Otto Christian Wöhler están sujetos a la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y la Ley de Conflictos de Intereses (N° 25.964), que prohíben actividades privadas que interfieran con deberes públicos, especialmente si involucran a familiares o generan favoritismos y, además, (pone el ejemplo de) Resilience asesora a CAPECA que financia campañas al INIDEP o suministrando información privilegiada a su hijo, violando potencialmente la confidencialidad pública. Las colaboraciones podrían interpretarse como promoción familiar, especialmente si el INIDEP valida conclusiones sin competencia abierta. Y concluye, hay un potencial conflicto de intereses. El riesgo radica en la percepción de favoritismo familiar que podría escalar a una investigación de OA si se denuncia» (sic).
Vale la pena tener en cuenta que «Resilience» en su nota no precisa ¿a qué Pesca Ilegal y/o Pesca INDNR en el área adyacente a la ZEE refiere?; atribuyendo genéricamente a «países europeos» y omitiendo la pesca ilegal en Malvinas; además, es sabido que en el Atlántico Suroccidental, los únicos europeos que pescan son españoles. La FAO y la Auditoría General de la Nación han dicho, que se descarta el 30% de las capturas y, digámoslo más claramente «aunque quedaría feo hacerlo desde CEPA― ello incluiría también a la flota nacional. El eufemismo de pesca INDNR no es otra cosa que PESCA ILEGAL. Como lo son el descarte (Art. 21 Ley 24.922), la sustitución o sub-declaración en los desembarcos ―entre otras prácticas― ilegales.
Referenciarse en la opinión de ONG extranjeras ―como indica la nota de los Wöhler― merece una opinión. La motivación de los argentinos en las cuestiones ambientales no solo debería estar fundada en las ONG extranjeras, muchas de las cuales están solventadas por terceros países geopolíticamente interesados (Caso WCS en «Agujero Azul»).
Nuestro modesto Centro (CESPEL) viene denunciando la pesca ilegal extranjera en el Atlántico Sur en forma permanente y sin solución de continuidad desde 1989; pero la pesca ilegal, no empezó ayer; desde la década del 60 y del 78 al 90 pescó ilegalmente la flota soviética y especialmente la polaca. Esto de creer que la opinión, los servicios y los bienes extranjeros son mejores, es una mirada colonizada que podría dar lugar a decisiones equivocadas o actos de corrupción. Por ello, analizaremos, el caso de la construcción de buques para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en España.
El doctor en Ciencias Biológicas Otto Cristian Wöhler ―en la opinión de varios referentes destacados― habría sido el principal responsable de la construcción de buques de investigación en España (sin su aprobación no habría sido posible), descartando la opción de mayor beneficio para Argentina de construirlos en un astillero nacional público o privado o asociados. Este funcionario, al que desde 1980 todos los argentinos le abonan su salario, habría decidido que todos los argentinos paguemos 35 millones de dólares a un astillero español y hubiésemos tenido que abonar 161 millones de dólares de no desactivarse la construcción de un tercer buque Ice-Class en estudio desde 2019.
Wöhler desde 1980 a la fecha ha ocupado posiciones de política institucional y participado activamente desde gobiernos populares a libertarios como en la actualidad. Investigador principal, desde 2004 a 2006 fue director interino del INIDEP; desde 2006 a 2009 director de Investigación; a cargo del Despacho de INIDEP del 2009 a 2012; director de Investigación del 2012 a 2015; siendo promovido a director del INIDEP en 2015 (período de la adjudicación del buque Angelescu) a 2018, año en que fue separado del cargo y volvió a su actividad de Investigador Principal hasta 2024, para ser nuevamente designado Director de Investigación del INIDEP (13/05/24 Res. 86/24) hasta la fecha. Un funcionario requerido.
No fue miembro del CFP pero participó en distintas comisiones vinculadas a decisiones políticas, incluyendo cuotas y regulaciones. Este agente polifacético que, pese a ser un funcionario público ―según información documentada― mantuvo una relación de dependencia privada y una sociedad comercial.
En síntesis, cumplió cargos políticos-administrativos en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei, contando para su designación actual con el apoyo del Subsecretario de Pesca López Cazorla. Ductilidad política y contactos aceitados con la prensa.
Complementariamente, Wöhler gestionó el acuerdo con la Prefectura para operar los buques de investigación en lugar de la tripulación civil (juicio en la Corte, con dos fallos a favor de los tripulantes del SiMaPe), desnaturalizando la función policial que debe estar en la prevención y el combate del delito y, al mismo tiempo, incorporando a un ámbito de investigación civil, personal de seguridad, cuya sola presencia viola el art. 13° de la ley 24.922 que no permite ventilar a terceros información que debe reservarse a las autoridades del INIDEP hasta su revisión y aprobación.
Profundizaremos en la próxima nota (2/4) sobre los actores de la construcción de buques de investigación en España. El rol de Otto Christian Wöhler y otra decena de actores en la adjudicación y contratación de los buques de investigación «Víctor Angelescu» y «Mar Argentino» construidos en Armón (Vigo) , en la gestión fallida para construir un tercer buque oceanográfico con capacidad Ice-Class.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar
