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MELELLA RECLAMÓ A LA ONU POR LA MILITARIZACIÓN EN EL ATLÁNTICO SUR

El Gobernador elevó un reclamo formal dirigido al Secretario General de la Asamblea General de la ONU, donde sostuvo que la militarización por parte de Reino Unido “preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella, por tratarse de una acción violatoria de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”.

El gobernador Gustavo Melella elevó una carta formal al Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que destaca la función del mismo como garante de sus buenos oficios para la reanudación de las negociaciones bilaterales en pos de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la Cuestión Malvinas. Melella planteó la preocupación de la provincia de Tierra del Fuego ante la creciente militarización británica en la zona de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, los cuales son parte del Territorio Nacional Argentino y parte integral de la Provincia.

Melella explicó que el motivo de la misiva enviada a la persona del Secretario General, Antonio Guterres, es la realización de una nueva serie de ejercicios militares en las Islas Malvinas por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Dijo que dicha acción “preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella, por tratarse de una acción violatoria de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, instituida por la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 27 de octubre de 1986, que exhorta a todos los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región”, detalla Melella en el escrito.

El titular del Ejecutivo fueguino remarcó además que “la Argentina, reiteradamente, ha destacado que la creciente militarización británica es contraria a la búsqueda de una solución pacífica a la disputa de soberanía, constituyendo una afrenta para la región toda y creando una tensión innecesaria en el Atlántico Sur”, aclarando que “el único sentido de esta nota es el de velar por el derecho de nuestros ciudadanos a vivir en una región de paz, libre de armas de destrucción masiva y en un ambiente protegido”.

La carta hace alusión también a la postura fijada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa afirmó que “no hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI”, planteando además que, “para la democracia argentina, no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz para hacer valer nuestro reclamo”.

“Destacamos, celebramos y acompañamos el accionar de nuestro Gobierno nacional, el cual está abocado al diseño y la implementación de políticas de Estado para la consecución de ese objetivo permanente e irrenunciable del Pueblo Argentino, consolidando el apoyo de la comunidad internacional en la Cuestión de las Islas Malvinas y defendiendo de manera inclaudicable nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur”, afirmó con claridad Gustavo Melella.

Al cerrar la extensa carta enviada a la ONU, el Gobernador reclamó que “la conducta del Reino Unido en relación a la disputa de soberanía resulta incompatible con sus obligaciones, en virtud de las disposiciones de la Carta, relativas al arreglo pacífico de las controversias internacionales”. Consideró que “ello resulta particularmente grave en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, órgano encargado de velar por la paz y seguridad internacionales”.

En tal sentido, el mandatario provincial resaltó la importancia fundamental del mandato de la misión de buenos oficios encomendada a la figura del Secretario General, cuyo objetivo es lograr que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de soberanía respecto de la Cuestión Malvinas.

Finalmente, Melella dejó claramente sentada la postura del Gobierno fueguino, al sostener que “seguiremos manteniendo el rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur, bregando por el apoyo internacional en ese sentido, que ya se ha manifestado en numerosos esquemas regionales, bajo la premisa de que esa presencia es contraria a la política de la región, siempre apegada a la búsqueda de una solución pacífica para la disputa de soberanía”.

 

Nota original publicada el 29/07/2020 en El Diario del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2020/07/29/87714-melella-reclamo-a-la-onu-por-la-militarizacion-en-el-atlantico-sur

EL PEZ POR LA BOCA MUERE Y EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO. DOS AXIOMAS QUE NOS HABLAN DE EMPRESAS Y CÁMARAS PESQUERAS.

César Augusto Lerena*

Imagen de Ann en Pixabay

Días pasados nos llegó un folleto de una llamada Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) que estaría integrada por solo seis empresas (o grupos) que dicen exportar el 70% de los productos pesqueros argentinos. Si bien este porcentual no está claro, de ser cierto, podría estar arrojando algunas conclusiones iniciales.

En primer lugar, llama la atención, que en estos últimos meses hayan aparecido ya dos organizaciones sin fines de lucro, integrados mayoritariamente por empresas extranjeras, preocupados por el cuidado ambiental y que lo hagan cuando hay un esfuerzo de internacionalizar el Atlántico Sur promoviendo la instalación de organizaciones regionales (OROP), bajo el pretexto de la creciente pesca ilegal y estemos a poco tiempo de vencerse las cuotas de captura en la Argentina.

En segundo lugar, el alto porcentual de las exportaciones (70%) en manos de tan pocas empresas, en principio, sería una concentración inaceptable de la actividad, que se agrava, porque se trata de concesiones del Estado Nacional y de las Provincias, contraria al espíritu y a la letra de la legislación vigente. Al mismo tiempo, esta Asociación avanzaría sobre una representación que debiera ejercerla el conjunto de la actividad, agrupada en distintas Cámaras y este folleto de promoción, además de cometer algunos errores formales y de diseño (La Pampa no es una provincia ribereña y se omiten espacios territoriales marítimos e insulares y la Antártida Argentina), no avanza en forma concreta en qué podría consistir su aporte al sector pesquero y a los poderes públicos.

Empezaré por decir que este grupo de empresas tiene propios o en locación un 77% de buques congeladores y un 23% de buques fresqueros y, ello solo, contraría el modelo industrial de generación de valor y empleo, previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922): “…el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos (…) favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”, ya, que estos cuatro puntos solo se logran, si se utilizan buques fresqueros y los procesos se realizan en plantas industriales en tierra, ya que aquí se aprovecha el 100% de la materia prima (incluso los residuos), es decir se hace un aprovechamiento más racional, con mayor cuidado del ambiente marino, agregando valor y mayor mano de obra intensiva.

Cuando en 1998 en el art. 2º de la ley se plasmó el reclamo sectorial de que se la considerara una actividad industrial y no meramente productiva. Esta argumentó que la pesca cumplía con los cuatro parámetros descriptos en el artículo citado y, ello, no era una cuestión semántica, ya que esa tipificación significó beneficios económicos por la producción de bienes que generaban valor y mayor empleo y no solo actividades extractivas y/o de bajo proceso y/u ocupación. Se podrá discutir la eficiencia, pero no el modelo, donde el Estado —el propietario del recurso— debe, además de asegurar la sostenibilidad, garantizar el mayor rendimiento económico y social a partir de una misma materia prima y no exportar commodities con bajo empleo, beneficiándose a los importadores y procesadores de los países de destino.

Otra cuestión son las cuotas —y por analogía las autorizaciones— que tendrían asignados los buques de este grupo, ya que, por ejemplo, una de estas empresas, a pesar de tener muy pocos buques propios, está entre los principales exportadores del país. Es decir, se podría estar desvirtuando lo previsto en el art. 27º de la ley que indica: “…Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el Consejo Federal Pesquero (CFP) sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”, por lo que habrá que analizar este y otros innumerables casos donde el límite máximo de cuotas podría estarse evadiendo a través de operaciones inmobiliarias de locación, cesión o acuerdos de pesca y compra-venta de materias primas que, en realidad, podrían estar encubriendo de hecho una transferencia de cuotas o autorizaciones que superaría los límites de captura asignados a la empresa o grupo empresario.

Es evidente, que las demás condiciones que debe establecer el CFP, como refiere tanto el art. 27º de la ley como en el art. 12º de Decreto 748/99, deberán replantearse, ya que, si bien es conocido y lo hemos expresado reiteradamente de la lectura del folleto de esta Asociación se desprende la concentración monopólica indeseada que sufre la pesca y, es fácil imaginar la presión, que sobre las pequeñas y medianas empresas se puede ejercer en una actividad netamente exportadora —el folleto refiere a la exportación del 90% de la producción— (sic), donde estas empresas dicen tener presencia en más de ochenta mercados (sic).

Esta cuestión está ratificada con mucha claridad en el Acta CFP 48 del 6 de diciembre de 2007, donde refiere a la política de administración del recurso pesquero y reitera que “…no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el CFP (…) a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas” y la Ley 24.922, en este sentido, guarda analogía con la Ley 25.156 (de Defensa de la Competencia) y la Res. 164/2001 de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, que contiene los lineamientos para el control de las concentraciones económicas.

Es obvio, que estas concentraciones no pueden referirse solamente a las especies cuotificadas, sino también, a aquellas que requieren autorización para su captura en el Atlántico Sur, dándole de esta forma oportunidad de disponer del recurso del Estado no solo a las grandes empresas, sino también, a las medianas y pequeñas e, incluso, a aquellas que no teniendo buques, necesitan de la materia prima para su industrialización, dándose cumplimiento al objetivo previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922).

A la luz de los hechos, los parámetros que utilizó el CFP en el Acta 49 del 11 de noviembre de 2009 para adjudicar las cuotas, fueron erróneos y vinieron a confirmar lo que ya se conocía de otros países: que este tipo de cuotificación y su transferibilidad genera concentración. Según nos dice, esta Asociación, 6 empresas (o grupos de), exportan el 70% de lo que produce el país y, si aceptamos como válido ese porcentual, podríamos concluir que realizándose ello con unos 96 buques propios o alquilados, más mercaderías adquiridas a terceros o capturadas por estos, mediante distintos tipos de convenios, incluso financiando las operaciones, es decir, una suerte de trabajo a fasón, quedarían afuera unas 300 plantas industriales y unos 430 buques pesqueros que solo acceden al 30% de las exportaciones.

De los textos del folleto de esta Asociación se desprende que, si computásemos las exportaciones de 2018, seis empresas se llevaron 1.500 millones de dólares, es decir un promedio 250 millones de dólares cada una, mientras que los 430 buques restantes y/o las 300 plantas industriales de Argentina se repartieron solo 643 millones de dólares. Una pésima administración, distribución y concesión del recurso pesquero de dominio del Estado Nacional y los Estados Provinciales, que no asegura —al menos— a quienes les otorga cuotas y autorizaciones una Unidad Económica Pesquera, por lo que muchas empresas terminan siendo rehenes de las grandes empresas concesionarias.

La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Las especies por capturar viven en un sistema biológico complejo que debe ser sustentable a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también asegurar una “Unidad Económica Pesquera”, para que también los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse en esta actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar de hecho o derecho transfiriendo sus cuotas y autorizaciones.

La presentación en sociedad de esta Asociación puso al descubierto el origen de las principales empresas (si bien ya estaban detalladas en todas las revistas especializadas) que explotan y exportan nuestros recursos, indicándonos, en primera persona, que ya no queda nada o muy poco, de aquellas empresas nacionales pesqueras del 70. ¿Esto en sí mismo es un problema? No. Todas las inversiones debieran ser bienvenidas en la Argentina, en tanto y en cuanto lleven adelante un modelo industrial, de exportación de alto valor agregado y ocupación de mano de obra, como establece la ley argentina. Cuestión que este modelo —que impera desde hace décadas en nuestro país— no tiene en cuenta, por lo cual se extraen nuestros recursos, se regala la mano de obra a terceros países y se coloca en situación de insustentabilidad a medianas y pequeñas empresas que procesan en industrias en tierra.

Frente a este panorama el Subsecretario de Pesca y los miembros del Consejo Federal Pesquero y, con motivo del próximo vencimiento de las cuotas entregadas en concesión, debieran producir un cambio substancial en la política pesquera, una de ellas es la referida al otorgamiento de cuotas.

Las especies cuotificadas son cinco (merluza común, merluza negra, merluza de cola, polaca y vieira) y otras solo requieren autorización (langostino, calamar, etc.). Analizaremos las empresas en relación con la merluza y el langostino, ya que juntas, representan el 72% de las exportaciones.

En el caso de la merluza, la Res. CFP 23/2009, en su art. 3º se estableció con qué parámetros se ponderaría a cada empresa a la hora de otorgarles las cuotas, aunque no se ajustaron al orden y cuantificación de las prioridades de los artículos 1º y 27º de la ley 24.922. Ello debería revisarse si se quiere hacer una distribución que promueva un desarrollo más equitativo de la actividad. A su vez en su art. 4º se fijó el “Porcentaje Máximo de Concentración por empresa o grupo empresario en el 10% de la Captura Máxima Permisible (CMP)”, es decir, este porcentual podría permitir que diez empresas se queden con la totalidad del recurso disponible en perjuicio del conjunto de las empresas, produciendo una concentración indeseable. Este porcentual durante el gobierno de Macri por Acta CFP 34/2018 y Res. 15/2018 se aumentó al 15%, es decir, ya no 10 sino 6,7 empresas podrían quedarse con toda la merluza. En 2018 las cinco primeras exportadoras de merluza pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es de esperar un cambio? Sería sorprendente, ya que uno de los miembros del Consejo Federal Pesquero que aprobó sin fundamento alguno el aumento porcentual de la cuota (ver Acta 34/18) durante el gobierno de Macri, es hoy el Subsecretario Pesca Carlos Liberman. Un Modelo Concentrador no es igual a otro de Distribución, como indica, el más elemental modelo de administración pesquera.

En el caso del langostino, esta especie representó en 2018 el 61% de los dólares exportados pesqueros y, pese a ello, el Subsecretario y el CFP parecieran carecer de la decisión para administrarlo, representando el interés del conjunto de la actividad y, asegurar su racional uso como fija la ley. El CFP dictó las Res. 7/2018 y 4/2019 de “Medidas de Administración del Langostino” que sintetiza las contradictorias y depredadoras políticas iniciadas en 1988. Mediante estas normas se produjo las transferencias de capturas de buques fresqueros y costeros a congeladores y, junto a ello, la depredación del recurso; la exportación de enteros; la pérdida de mano de obra nacional y, el procesamiento en el exterior. Pérdida de mano de obra que se entiende fácilmente si se analiza la falta de proceso y la relación entre fresqueros-congeladores que en 1976 era de 92% a 8% y en 2018 de 48% y 52% respectivamente. A ello se agrega la auditoría de la UBA y AGN y las distintas transferencias y reformulaciones aprobadas, que deberían analizarse si cumplieron con las exigencias legales y se ajustan a la exigencia de no aumentar esfuerzo, según lo previsto en el art. 30º de la Ley 24.922. En 2018 la Certificadora Seafood Wath colocó tarjeta roja al langostino argentino, recomendando a los consumidores: “No compre, están sobreexplotados o capturados de manera que dañan a otras especies marinas o al medio ambiente” (sic); además de accesoriamente de calificar negativamente a la merluza (incidental del langostino) y concluyó: “sólo a veces (la administración) sigue el consejo científico y hay una falta de políticas de largo plazo, falta de experiencia en temas de gestión, y una fuerte influencia de la política o economía sobre decisiones técnicas”, cuestión, que los científicos argentinos ya dejaron en claro: “la evolución no se explica solo como el resultado de la estrategia actual”. Así es, las recomendaciones de los investigadores han sido desestimadas por la Autoridad de Aplicación, en especial, en lo relativo a los descartes y a la pesca incidental, lo cual resulta absolutamente grave. Otras cuestiones, deben regularizarse: buques de más de 40 metros de eslora pescan (ya prohibido en Art. 1º Res. SAGyP 1113/88); capturas de más de dos mil toneladas y una concentración excesiva por grupo empresario (18 buques congeladores o fresqueros, siempre que no se supere el número total de 26 buques congeladores y fresqueros), que puede incrementarse por vía de contratos entre empresas. En 2018 entre las seis primeras exportadoras cinco pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es posible alcanzar una administración más equitativa del recurso? En la administración de 2018 y en esta, de 2020, hay tres cuestiones en común, la primera, el entonces Secretario de Pesca de Santa Cruz Carlos Liberman era miembro del CFP que aprobó la Res. 7/2018 y hoy es el Subsecretario de la Nación; la segunda, que no obstante la presencia de este funcionario las grandes perjudicadas fueron las Provincias de Santa Cruz y Chubut (en cuyas aguas se origina este recurso) y las empresas de mayor generación de empleo; la tercera, que, habiendo reducido el valor agregado y empleo, la pobreza y la desocupación crecerán, donde la Patagonia tiene el más bajo desarrollo industrial (13,9%).

Por más importancia que tengan estas seis empresas de esta Asociación sin fines de lucro, su folleto promocional bajo el título “Visión para el desarrollo del sector pesquero argentino”, parece un tanto pretencioso y excluyente, frente a un conglomerado de un total de 530 buques y 300 plantas industriales. Digamos que sería más adecuado, “Visión para el desarrollo de la actividad concentrada en el sector pesquero argentino”. Es evidente que su mirada deja en evidencia, un modelo concentrador que ha primado en el país desde -al menos, la década del 90 y el dictado de la Ley 24.922.

Esta Asociación, sin fines de lucro (¿?), nacida ayer, pero en gestación desde hace un tiempo atrás, está integrada, como dicen, por “las principales empresas del sector pesquero argentino” (sic), que, vienen a blanquear un procedimiento existente en el sector desde su nacimiento: ejercer, por fuera de las organizaciones el verdadero poder empresario frente al poder político de turno: “asegurar que su voz sea parte integral de las principales decisiones y espacios vinculados a la actividad”. Las Cámaras Empresarias (CAPECA, CAABPA, CIPA, CAPIP, CALAPA, AEPC, etc.); sus empresas integrantes, sus gerentes y hasta sus oficinas parecieran estar quedando —frente a esta irrupción como de cartón pintado y hasta de un gasto innecesario. ¿Quién tendrá la representación empresaria pesquera? ¿Seis grandes empresas o quiénes poseen más de 400 buques y 300 plantas industriales?

Ahora, mientras esto ocurre, el sector pesquero argentino es un receptor de amenazas internas (impuestos, costos internos, pobreza) y externas: con un producto netamente destinado a la exportación se enfrenta a economías más proteccionistas; caída de precios; capturas extranjeras subsidiadas; debilidad del MERCOSUR; organismos internacionales cuestionados y, países que, con restricciones ambientales o derivadas del Brexit (caso la UE) o necesitados de proteínas (caso China) van en busca a distancia de los recursos de los países ribereños. Andrés Malamud y Esteban Actis, post-pandemia, dirían: “Las riquezas de América Latina la tornan vulnerable, no poderosa. Los países como el nuestro son cola de ratón”.

En este escenario, ¿quién será el que conduzca la política nacional sectorial? ¿Los gerentes que deben rendir cuentas a sus accionistas extranjeros o los empresarios que toman decisiones para sostener su estructura productiva y el pago de salarios todos los meses? ¿Los seis empresarios o todo el sector empresario, laboral y gubernamental pesquero atrás de un plan?

Una batalla perdida es una batalla que se cree perdida (Mariscal de Saxe)

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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IDEAS SOBRE POLÍTICA EXTERIOR

Reinaldo Cesco*

Esta nota de opinión no busca proponer una nueva visión en las Relaciones Internacionales, pero si explorar otros caminos, otras opciones tal vez no consideradas, pero que sean de fácil implementación y cuyo costo económico sea accesible para nuestro país. Es una propuesta con ideas que podrían ayudar a la Argentina en su camino hacia un desarrollo sustentable.

Para poder avanzar en el tema, Argentina debería intentar dar respuesta a algunas incógnitas. La primera seria si está en condiciones de ordenar su política interna, la otra seria reflexionar acerca de qué lugar desea ocupar en el mundo. Además, todo programa en materia de política exterior debería considerar la cuestión del Atlántico Sur. En este sentido, cabe recordar que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994 expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Quizás la incógnita más difícil de develar es si Argentina está en condiciones de ordenar su política interna. A primera vista la respuesta natural es NO. Pero de lograrse un acuerdo político de amplio margen, con patriotas a los que les interese la grandeza nacional, donde se incluya a los principales líderes del quehacer nacional y se asuma un compromiso a largo plazo, sería realizable. Para esto deberían comprometerse o acordarse algunas cuestiones básicas sobre las que trabajar, como por ejemplo:

  • Inversión en Educación y Desarrollo.
  • Inversión en Infraestructura.
  • Rebaja Progresiva de Impuestos, simplificación tributaria y Seguridad Jurídica.
  • Seguridad Nacional.
  • Política Exterior coherente.

Una vez acordadas estas cuestiones básicas, el panorama se hace mucho más sencillo y si se trabaja en aras del interés nacional, nuestro país tiene el potencial para estar en una posición de privilegio a nivel internacional.

En cuanto al escaño en el que Argentina busque posicionarse en el mundo, básicamente existen tres opciones. Puede optarse por la irrelevancia, siguiendo la senda actual. Puede optarse por alinearse con alguna potencia o, con un eje ideológico, como la Venezuela chavista y Cuba, o puede optarse por una tercera alternativa, que es la de transitar su propio camino, buscando tener cierta relevancia en el concierto mundial.

El de la irrelevancia, es casi un camino cerrado para nuestro país, principalmente por sus dimensiones geográficas (octavo en el mundo por superficie) y por sus recursos naturales, por lo que por más que se intente, el país siempre va a ser objeto de interés para naciones más poderosas. Situación que la obliga a decantarse por alguna de las otras dos opciones.

El camino del alineamiento, donde siguen los dictámenes marcados desde afuera, seguido varias veces a lo largo de nuestra historia reciente, tanto hacia un lado como hacia el otro, no ha surtido el efecto deseado. Esto tal vez tenga más que ver con el desorden interno que con los lineamientos marcados; pero no es el objetivo de este trabajo ahondar en eso.

En función de lo antes expuesto, la opción natural debería ser buscar tener un papel de relevancia en el concierto de naciones. Argentina debería ocupar el lugar de una potencia intermedia, una potencia regional, el lugar que en algún momento supo tener. Este no es un camino sencillo ni inmediato. Es un proyecto que debe entenderse a mediano y largo plazo, a través de diferentes gobiernos y signos políticos. No es inalcanzable, pero requiere de una planificación estratégica… algo que los gobiernos de las últimas décadas no tienen en cuenta.

El otro punto a abordar (aunque controversial) debería ser la cuestión del Atlántico Sur. La histórica posición argentina es que una potencia extranjera ocupa desde 1833 parte del territorio nacional mediante la fuerza y la coerción. Entonces debería ser una estrategia indiscutible atar este tema a toda la política exterior, so pena de ser incoherentes y no ser tomados seriamente.

Habiendo dado una respuesta a las incógnitas anteriores, nuestro país debería concentrarse en tener una Política Exterior sólida, coherente, confiable y que represente los intereses de la República. Vale recordar que nuestro país no está aislado de la comunidad internacional, razón por la cual la misma debe estar en manos de personal idóneo que represente los intereses de la Nación.

Argentina debe definir sus objetivos estratégicos. Debe trazar un plan a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y, en función de estos objetivos, debe explorar puntos de convergencia y de divergencia tanto en el marco regional, como a nivel mundial y en función de eso debe empezar a tejer alianzas estratégicas que respondan a sus intereses y la ayuden en la consecución de sus objetivos.

Esto se logra buscando socios que tengan intereses similares o complementarios—en este sentido cabe recordar que las naciones tienen intereses, intereses que no necesariamente resultan ligados a lo moral— y compitiendo en áreas donde cuente con una ventaja comparativa. En las otras áreas debería buscar la asociación.

En tal sentido debería evitarse posiciones de confrontación, sobre todo en situaciones donde no puede obtenerse beneficio alguno y más aún si esto genera un daño a las aspiraciones nacionales. Hay otras formas con las que se puede actuar a nivel internacional y pueden ayudar a volcar la balanza a favor del país.

Entre otras propuestas para mejorar la influencia de Argentina en el mundo podrían considerarse Programas de Asistencia a otros países, minimizando la transferencia de tecnología y/o recursos materiales (el razonamiento detrás de esto es no perder ventajas comparativas), pero si enviando especialistas que ayuden a países amigos o aliados en áreas que sean de interés para nuestro país. Otra forma de mejorar la influencia es vendiendo instalaciones llave en mano en áreas donde el país es fuerte, como puede ser parte de la agroindustria o la energía atómica, lo cual no necesariamente implica una transferencia directa de “know-how”, pero permite hacer uso de la tecnología nacional.

Otra opción sería financiar programas de desarrollo en naciones amigas, eventualmente con algunas cláusulas que den cierta preferencia a la producción argentina, a cambio del mencionado financiamiento, u otras facilidades que se estimen convenientes.

Otra herramienta útil son las Misiones de Paz en el marco de la ONU, algo en lo que la Argentina se ha destacado. Le brindan al país una positiva presencia exterior. Ayudan a representar los intereses nacionales en diferentes y variados ámbitos. Además esto permite entre otras cosas ayudar al adiestramiento operacional de nuestras Fuerzas Armadas, y mantener aceitada la capacidad logística de las mismas.

En lo que a las islas Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur se refiere, todo programa de política exterior que se implemente debería tener como objetivo irrenunciable la recuperación de éstas. Sin plantearse plazos rígidos, manteniendo cierta flexibilidad conforme a como sea la evolución de la situación internacional, pero siempre trabajando para la consecución del objetivo que no es otro que el de mantener la integridad territorial. En función de esta meta es que las Fuerzas Armadas deben ser urgentemente equipadas y modernizadas, en especial la Fuerza Aérea y la Armada, porque además de darle credibilidad a las pretensiones y declaraciones propias permiten un control efectivo de la soberanía en el espacio aéreo y en los mares del sur.

Toda negociación que se encare, toda política que se implemente, debería pensarse en cómo conseguir este objetivo. Avanzando en todas las áreas que ayuden a los intereses argentinos, pero tratando de no desaprovechar ninguna opción que se presente para buscar la integridad. En el ámbito que fuere, ya sea reconociendo el reclamo argentino o con acciones concretas que ayuden a nuestra posición.

En lo que respecta al invasor, debería considerarse una política dura. No se puede tener relación amigable ni de cooperación con el usurpador. Esto es comparable a invitar a almorzar todos los días al que semanalmente ingresa a nuestro domicilio a robar, siendo nosotros conocedores de esto. En tal sentido debe reverse o dejar sin efecto las ventajas que se le han otorgado, como por ejemplo los vuelos a Brasil.

Deberían desconocerse los tratados de cooperación firmados con el Reino Unido que no nos benefician y cuya denuncia no traiga peores consecuencias. Especialmente debería desconocerse el tratado sobre las 200 millas náuticas en derredor de las islas Malvinas que le otorgan al usurpador beneficio económico inconmensurable; además de poner una base militar para la OTAN en el Atlántico Sur.

Para tomar dimensión de la ofensa, vale la pena detenerse en el siguiente párrafo de un trabajo publicado por el Dr. Cesar Augusto Lerena:

Hoy el Reino Unido ocupa 200 millas alrededor de Malvinas y un total de 1.639.900 millones de km2 de territorio marítimo argentino. ¿Alguien se habrá dado cuenta que la superficie ocupada es equivalente a toda la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Rio Negro) y a las Provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa? ¿Por qué además de poner énfasis en los legítimos reclamos de Malvinas no se visibiliza que la Argentina tiene invadido 1,6 millones de km2 de territorio nacional?

Han transcurrido ya 187 años que el Reino Unido ocupase Malvinas y 55 años de reclamos y de entrega sostenida y creciente de la Soberanía Nacional desde la Resolución 2065/65 de la ONU. ¿Los gobiernos aplicaran únicamente estas políticas declarativas e inconducentes?1

Debe tenerse en cuenta que solo con desconocer los tratados no se va a lograr ningún avance. Además del accionar en el campo diplomático y en cuanto foro internacional se tenga oportunidad, esto debe acompañarse de una sólida política económica y de un equipamiento y adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas acordes a lo que la situación requiere.

Se debe negociar y presionar en todos los frentes. Se debe forzar al Reino Unido a sentarse a la mesa de negociación. En toda ocasión en la que éste retornó un territorio ocupado, lo hizo recién cuando se vio obligado a sentarse a negociar presionado por la situación general del territorio en disputa, o por la presión social, o por la presión económica, o por la presión militar o de la comunidad internacional, o por una combinación de estos factores. Nunca lo hizo obrando de buena fe o porque fuera lo correcto. Recordemos que las Naciones tienen intereses, no moral.

Es por esto, que la Argentina debería cambiar completamente la estrategia sobre las islas e implementar una política dura. No quiere decir esto que busque un conflicto armado, pero debe estar preparada para afrontarlo, para defenderse si ese fuera el camino elegido por el Reino Unido. La partida de ésta de la Unión Europea —el Brexit— es un cambio importante en la situación internacional que no debería ser desaprovechada, ya que debilita considerablemente la posición británica.

Resumiendo, Argentina debería ordenar su política interna, una tarea pendiente de la que es responsable toda la dirigencia política, tener una política exterior sólida y coherente, que verdaderamente represente los intereses nacionales y que además, haga de la cuestión del Atlántico Sur una prioridad, persiguiendo la unificación territorial sin renunciamientos ni vacilaciones.

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

Referencias

  1. Publicado el 30-4-2020 por Cesar Augusto Lerena en https://saeeg.org/index.php/2020/04/30/los-extranjeros-invaden-el-atlantico-sur-la-patagonia-maritima/

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