Archivo de la etiqueta: Brasil

EL MODELO DE INDEPENDENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE

Jonuel Gonçalves*

La Independencia de Brasil, simbolizada el 7 de septiembre de 1822, fue una reacción de la nobleza colonial al movimiento que, bajo diferentes corrientes, atravesaba la sociedad brasilera en términos similares al resto de las Américas. Toma del poder para mantener las prerrogativas que el parlamento portugués pretendía anular al volver al sistema colonial clásico y anticiparse a la fuerte posibilidad de la independencia republicana.

Por nobleza colonial entendemos el grupo de los más ricos de la colonia, tuvieran o no títulos nobiliarios pero vinculados directamente al poder establecido y con sus intereses basados en el territorio colonial. Una parte había nacido en Brasil, la otra estaba compuesta por «reynóis», es decir, «metropolitanos» instalados. Tenían en común ser blancos, defensores de las estructuras de propiedad coloniales, incluida, por tanto, la esclavitud, opuestos a las ideas de democracia que transcendieron en el país, con distintos niveles de información, sobre las revoluciones norteamericana y francesa.

La nobleza colonial aspiraba a títulos nobiliarios formales, los cuales obtendría a partir del 7 de septiembre de 1822.

Las demandas explícitas de independencia llevaban, en ese momento, varias décadas, además de brotes de protesta localizada que implicaban el rechazo al sistema colonial y esclavista. El movimiento Ouro Preto —mal llamado Inconfidência Mineira— más que un precursor fue, de hecho, resultado de estas reivindicaciones. Al igual que en los Estados Unidos, fue lanzado sobre la base de la lucha contra la brutalidad de los impuestos, destinados a reforzar el tesoro real portugués y que contribuyeron fuertemente al atraso económico brasilero. Ante este hecho y su significado dominante, los involucrados en el proceso apuntaron a una república independiente como solución.

El punto débil del movimiento residía en su composición, que incluía personalidades cercanas a la nobleza colonial y poco convencidas de esos principios. Parte del grupo, ligado afectivamente a Portugal donde había nacido, se contentaría con una reforma fiscal para reducir el «derrame» y era vulnerable a «sentimientos de culpa» por implicarse en una conspiración contra la corona. De ahí las infidelidades ajenas al grupo, que llevaron a la policía hasta él y, luego, la delación que llevó al ahorcamiento de Tiradentes.

Joaquim José da Silva Xavier, más conocido como «Tiradentes» (1746-1792).

El texto de Pedro Doria «1789» (Doria:2012) expone esta situación y también revela algunos errores cometidos por el propio Tiradentes en la conducción del movimiento, tanto en términos de movilización y prolongación de su carácter informal, como en la falta de precauciones en las conversaciones públicas. El alférez tenía fama de republicano entre personas que no serían discretas.

La nobleza colonial, sin embargo, vio surgir con gran recelo la aparición de nuevos Tiradentes, sobre todo si tenían más experiencia en la acción subversiva. A este hecho se sumó el temor en el mismo estrato social por la revolución haitiana, sobre todo porque ciudades como Río de Janeiro tenían una población mayoritaria esclava o recién liberada y, en Bahía, estallaría una rebelión clandestina en 1798 —bajo la vasta influencia de los acontecimientos haitianos—, el «Conjuro de Bahía» o la «Revuelta de los Alfaiates».

El libro colectivo «O Sequestro da Independência» (Lima, Schwarcz, Stumpf: 2022), se refiere a la rebelión de Pernambuco en 1817 como «el último movimiento separatista del período colonial brasileño» con el comportamiento de la élite local diferente a la nobleza colonial: «la élite local, es muy cierto, luchó contra la presencia portuguesa, defendiendo un nuevo proyecto de república, el fin de la recaudación de impuestos por parte de la metrópolis, la libertad de creencias y de expresión, pero no tocó la cuestión de la abolición de la esclavitud. Fue tan fuerte la sublevación que D. João acabó viéndose obligado a aplazar un año su coronación hasta que se calmaran las cosas en las provincias del norte». (ibídem.).

Así, podemos ver dos tendencias políticas en las clases altas de ingresos —una monárquica, la otra republicana— ambas acordes con el eje central del pacto colonial de la época: la esclavitud. El peso de esta convergencia facilitaría la absorción de la segunda corriente por la primera, durante algunas décadas, con la revolución liberal portuguesa de 1820 acelerando el proceso al intentar imponer los viejos términos de la autoridad colonial, con centro en Lisboa. Inmediatamente tuvo el efecto contrario.

Así, Brasil pasó a partir de 1821 a la situación de independencia de facto. D. Pedro determinó que todas las órdenes provenientes de Portugal debían ser previamente aprobadas por él y desde entonces circularon constantes rumores de intervención de las fuerzas portuguesas, al mismo tiempo que las cancillerías comenzaban a mirar con interés el panorama brasilero en búsqueda de influencia. Estados Unidos, poco mencionado pero muy interesado, tenía información a partir de una conversación en París entre un intelectual brasilero, cercano a las corrientes republicanas, con Thomas Jefferson, entonces embajador estadounidense en la capital francesa. Atentas y activas se mostraron también Inglaterra, que tenía un importante cónsul general en Río de Janeiro, y la monarquía austríaca, informada por la futura emperatriz Leopoldina, esposa de D. Pedro.

El libro de Marsilio Cassotti «La biografía íntima de Leopoldina – La Emperatriz que logró la Independencia de Brasil» (un subtítulo muy significativo) hace referencia a un constante cabildeo de ella con el monarca austríaco, su padre, en un momento en que el gobierno de Viena a cuya cabeza se encontraba Metternich, figura central de la política europea, enemigo de las ideas liberales-republicanas, por tanto opuesto a la revolución liberal portuguesa pero no por ello favorable al fortalecimiento autónomo del continente americano.

La importancia de Leopoldina no derivaba sólo de ser la esposa oficial de Pedro, sino quizás sobre todo de pertenecer a una poderosa familia gobernante del viejo continente, no escondiendo en sus cartas a Viena que era importante proclamar la independencia de Brasil como imperio, para evitar una República Mantendría esta importancia en los años posteriores a 1822, cuando la diplomacia brasilera estaba en sus inicios. La escasa actividad en política internacional es subrayada por los autores del «Sequestro da Independência», aunque hacen referencia a diligencias de reconocimiento junto a Angola que no existieron, en la medida en que siendo colonia y, además, colonia portuguesa, Angola no tenía ninguna autonomía.

Lo que sucedió en Angola fue un movimiento de intereses vinculados al tráfico de esclavos, en el sentido de acompañar la inevitable independencia brasileña, en un proyecto llamado Confederação Brasílica.

Leopoldina no solo hizo cabildeo a nivel internacional, también lo hizo en relación a su marido, que dudó varias veces en romper con Portugal. En este cabildeo interno contó con el apoyo de José Bonifácio, ministro y brasilero, libre de conexiones como las de D. Pedro a la Casa de Bragança.

Aquí cabría preguntarse por qué Bonifacio esperó tanto la decisión del príncipe regente y no tomó la iniciativa de proclamar su Independencia.

La segunda mitad de 1822 fue un contrarreloj político. D. Pedro fue a Minas para calmar la agitación y a principios de agosto se convirtió en Gran Maestre de la Masonería de Río de Janeiro, que se oponía a la influyente Masonería portuguesa. En el mismo mes, viajó a São Paulo con la misma preocupación por los enfrentamientos, aunque tardó más debido a la relación afectiva que inició en ese viaje.

Leopoldina, a quien nombró gobernante durante el período de su ausencia, presionó para que regresara prontamente a Río ante la vulnerabilidad de la situación y la proclamación de la Independencia. El 2 de septiembre fue convocado el Consejo de Estado, donde Bonifácio suscribió la recomendación de independencia total, aprobada por Leopoldina como gobernadora.

La comunicación fue enviada a Pedro junto con otras cartas y el ultimátum de las Cortes portuguesas para que regrese a Lisboa. La totalidad de este correo fue leído en el camino a lo largo del riacho Ipiranga el día 7 de septiembre, cuando el dúo Leopoldina-Bonifácio ejercía el poder en Río de Janeiro.

Quedó como fecha de la misma el día de la lectura de las cartas y la decisión verbal de proclamar la independencia, aunque la Aclamación de la Independencia se celebró el 12 de octubre y Pedro fue coronado Emperador en diciembre.

Los colores de la bandera brasileña no derivaron de ninguna tropicalidad como mucha gente todavía piensa, sino del verde de la Casa de Braganza y el amarillo de los Habsburgo austríacos.

La tendencia conservadora de José Bonifácio se mantuvo en el poder por un breve período y las demás tendencias de las élites aceptaron tácitamente un acuerdo para esperar la convocatoria de la Constituyente, que también tendría una corta vida. D. Pedro, masón y liberal en la política portuguesa, fue autoritario en Brasil. Incluso en detalle, como lo describe Massotti (ibíd.), de humillar a funcionarios en las reparticiones públicas.

Fuera de las estructuras de poder o de acceso a ellas, se encontraban los liberales radicales, cercanos al jacobinismo francés, cuya fuerza real sigue siendo imposible de determinar. En mi investigación para la redacción del libro «A Ilha de Martim Vaz» encontré evidencias de actividad clandestina en Río de Janeiro similar a la «Conjuração Bahiana», con panfletos escritos a mano colocados en las puertas de las iglesias o en sus cercanías.

Uno de ellas fue la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Benedicto de los Hombres Negros, que aún existe en el centro de Río de Janeiro.

Portugal reconoció la independencia en 1824, bajo la mediación británica. Brasil se comprometió a no apoyar movimientos independentistas en otras colonias portuguesas y los cinco negociadores brasileños no supieron (o no quisieron) oponer el valor de las riquezas extraídas a la demanda de pago de cantidades reclamadas por la monarquía portuguesa. Brasil nació con legados socioeconómicos coloniales y una deuda externa.

 

Niterói 02/09/2022 (dos siglos después de la reunión del Consejo de Estado con la recomendación de independencia).

 

* Doctor en Ciencias sobre Economía de Recursos Hídricos sobre África Austral-América del Sur. Graduado en la Universidad de Ciudad del Cabo y en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Se ha desempeñado como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales de África (CODESRIA) y técnico superior del Ministerio de Transportes de Angola.

Actualmente se dedica a la investigación del ascenso y la caída de los Nuevos Poderes en el Atlántico Sur, especialmente en Suráfrica y Brasil. Profesor en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidade Federal Fluminense (UFF) de Río de Janeiro (Brasil). Analista sobre Economía y Asuntos Africanos en la emisora de radio RDP África. Es Autor de numerosos libros.

 

Artículo originalmente publicado el 01/09/2022, en el sitio Blog do Jonuel, jonuel34.blogspot.com, y traducido por el Equipo de la SAEEG.

LA OCUPACIÓN EXTRANJERA DEL ATLÁNTICO SUR Y LA PESCA ILEGAL, SOSTEN DE LOS BRITÁNICOS EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

El 16 y 17 de agosto de 1989 “se reunieron a solas” en New York el embajador inglés Crispín Tickell y Lucio García del Solar para retomar las conversaciones sobre los Acuerdos de Madrid que había iniciado Caputo. Nuestro representante era un acreditado diplomático argentino que tuvo una destacada participación al momento de dictarse la Res. 2065 de las Naciones Unidas, uno de los instrumentos en los que basa su eterno reclamo a invitar a dialogar al Reino Unido la Cancillería Argentina.

El ex embajador Horacio Solari, uno de los principales gestores del trabajo sobre la reivindicación de la Plataforma Continental extendida, al respecto de estas reuniones a solas, decía: “La confidencialidad y ritualidad excesivas facilitan, frecuentemente, prácticas reñidas con el bien común o el interés general” (“Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”, BA, 29/01/2004).

Pero la reunión no fue “técnicamente a solas”, ya que el diálogo estaba siendo grabado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina (Oscar Raúl Cardozo, Clarín, pág. 3:4, 17/08/89 y pág. 10, 29/03/92) y seguramente la británica. El ex embajador retirado de origen radical García del Solar, convocado por Menem al efecto, ese día cometió uno de los más grandes errores de la diplomacia argentina al no tener en cuenta “la pesca” en las negociaciones; luego, Cavallo llevó a las primeras negociaciones como experto (¿?) en pesca a su amigo Aldo Dadone. Este error se volvió a cometer al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1995, aunque se trató de salvar con el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543, que como sabemos tiene un valor relativo. Este error se reitera sin solución de continuidad desde hace 40 años y, en nuestros días, el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman, persisten en él.

El embajador inglés le dijo en aquel día de 1989 al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que, en el presente, existe en la práctica una FICZ (NdA: una zona de conservación o exclusión para los argentinos de pescar dentro de las 150 millas marinas alrededor de Malvinas). No le pedimos al gobierno argentino diga nada en público. Simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ; la zona de protección militar es anacrónica».

El Canciller Domingo Cavallo vendió en Buenos Aires la reunión como extremadamente positiva y, al respecto, diría: «Nadie puede venir otro día y decir que esta reunión representó alguna clase de concesión», pero la desgravación de la SIDE puso de manifiesto, que si la hubo.

El planteo de mínima del habilidoso Tickell fue ganador y se terminó llevando todo. Era absolutamente improbable que la Argentina aceptara la ocupación de un amplio territorio marítimo de “Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ), que era la posición de “máxima”; pero García del Solar, ansioso, que creía que «la reanudación de las relaciones diplomáticas no debería demorarse mucho más allá del primer encuentro» le sirvió en bandeja la de “máxima” cuando manifestó que la Argentina no solicitaría el levantamiento de la FICZ, pero que tampoco “se aceptaría la existencia de esa zona”: el que calla otorga, el Reino Unido siguió pescando e impidiendo la pesca argentina en el área. Leído el informe de la SIDE, García del Solar “tomó nota” y, jugó como si en el “truco” tuviese un par de cuatros y de pie (eran las pocas cartas que tenía) y, no disimuló lo suficiente y, el británico Tickell rápidamente se dio cuenta de ello.

Nos preguntamos ¿qué hubiera pasado, si los Generales San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas, Arenales, O’Higgins y tantos otros, se hubieran limitado a “tomar nota” frente al avance de los realistas? Nosotros ya en esos años nos opusimos a ese ruinoso acuerdo y tuvimos fuertes enfrentamientos con Cavallo, que jugaba de campeón en la clase política argentina (Véase Carta Abierta publicada en el Diario La Capital de Mar del Plata, 20/02/1991 y César Lerena: “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio”, pág. 278:279, 2009).

Para confirmar el grave error de Lucio García del Solar, continuado, agravado y ampliado en la actualidad por los citados Carmona y Liberman y, por supuesto, por la Cancillería —que incluso tiene un delegado en el Consejo Federal Pesquero— bastaría tener en cuenta la afirmación del propio británico responsable del área pesquera de los isleños en Malvinas: «Sin la pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas(John Barton, Penguin News, 2012).

Pero hoy es posible mostrar un escenario peor. Recordemos.

En 1982 teníamos ocupados 11.410 km2 y tres millas marinas alrededor de Malvinas, hoy tenemos explotados, ocupados o en disputa con el Reino Unido 5.497.178 Km2; a saber: 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular argentino; 1.430.367 km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 km2 de la Antártida y su mar.

En el Atlántico Sur potencias extranjeras se llevan o descartan 1.405.000 toneladas anuales, de las cuales 325.000 toneladas se extraen del área de Malvinas con buques españoles o de esta nacionalidad asociados con británicos y buques coreanos, taiwaneses y de otras nacionalidades. Ello significa en un cálculo optimista (al valor FOB) que la Argentina ha perdido en estos 40 años la suma de 151.200 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones de dólares se han extraído de Malvinas. Esto último sólo significó la pérdida laboral para la Argentina de 10 mil empleos y que 3 millones de niños y adolescentes no recibieran una ración diaria de proteína de la mejor calidad todos los días durante todo el año todos los años hasta hoy. Mientras el PB de los isleños ronda en los 97.893 US$/per cápita/año, el de Argentina 8.579 US$ (2020) y el de La Quiaca, que está a la misma distancia de Buenos Aires que las Malvinas, no supera los 2.500 US$ (2020).

500 buques extranjeros chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, etc. invaden el Atlántico Sur y se apropian de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ante la más absoluta pasividad diplomática y de la autoridad de aplicación argentina. No es solo una cuestión biológica que depreda el ecosistema que debe ser tratado en forma integral y en conjunto (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), sino de soberanía política, económica, alimentaria, ambiental y social que se está violando, ante la pasividad de los funcionarios.

España “la llamada madre patria” que reconoce los derechos soberanos en Malvinas, es el principal socio de los británicos en Malvinas; el que canaliza el comercio en la Unión Europea para que los productos de este origen no paguen aranceles de importación, mientras que a las empresas argentinas se les aplica barreras paraarancelarias de los productos con valor agregado.

Mientras esto ocurre, nos anoticiamos del otorgamiento de licencias otorgadas para la pesca de merluza negra (24.000 US$/tonelada, FOB, 2028) por el Reino Unido en el área meridional del Atlántico Sur argentino y en el área Antártida, para contraponerse a una supuesta pesca rusa, en una actitud reiterada de los británicos de violar los espacios marítimos argentinos y los espacios sujetos a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) y las normas de la Comisión para la Conservación de esos recursos (CCAMLR), que genera una gran tensión internacional en la región y la propia intervención de Estados Unidos en el tema (Perfil, 23/06/2002).

La falta de atención de la Cancillería Argentina a la “Zona de Paz y Cooperación” acordada por todos los países de África occidental y América oriental del Atlántico Sur, es tal, que Togo y Gabón, ambas ex colonias francesas acaban de ingresar al Commonwealth (SAEEG, 25/06/20229).

Se agrega a ello nuestra relación en el MERCOSUR. Los periódicos aterrizajes en Brasil haciendo escala en vuelo desde y hacia Malvinas de aviones de la fuerza área británica; al igual que en Chile y Uruguay y el sostenido apoyo que le da el puerto de Montevideo a los buques procedentes de alta mar y Malvinas donde realizan PESCA ILEGAL, facilitando su armado, logística, transbordos, cambios de tripulación, comercio de mercaderías, etc. ante la pasividad de los funcionarios que se limitan a reclamar. ¿Se tratará de que la empresa concesionada MONTECON es de capitales chilenos y canadienses? o de que la Secretaría de Malvinas no ha buscado los acuerdos necesarios con la República hermana de Uruguay para terminar con el incumplimiento de los “apoyos teóricos” que éste y otros países de Suramérica declaran.

Desde 1998 cuando se dictó la Ley Federal de Pesca Nº 24.922 y a partir de la actualización de las sanciones a la PESCA ILEGAL de la Ley 26.386 (2008) y la Ley 27.564 (a pocos días de cumplirse dos años) NUNCA SE APLICÓ UNA SANCIÓN A LOS BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS QUE PESCAN EN MALVINAS SIN HABILITACIÓN ARGENTINA.

Y por supuesto que se podría hacerse mucho más que pasarse dando la Secretaría de Malvinas “Conferencias, Reclamos, Agradecimientos y Declamaciones” (CRAD), y la desatención de la Subsecretaría de Pesca en estos temas.

Por ejemplo, derogar los Acuerdos de Madrid, el Pacto de Foradori-Duncan y llevar varias acciones adelante referidas a la emergencia pesquera y a la protección de los recursos naturales en Malvinas. La Argentina no puede convalidar estos Acuerdos, que estarían demostrando un aparente diálogo entre las partes.

Elaborar una estrategia que se supone debería estar en manos del Consejo Nacional de Malvinas que coordina Carmona, que no ha hecho otra cosa, que proponer vuelos humanitarios (rechazados por el Reino Unido); propiciar al autoconvocado Marcelo Kohen a la Corte Internacional de Justicia, precisamente a quién propuso en 2018 un referéndum a los británicos para determinar su nacionalidad (etc.) y poner recientemente en ridículo al Presidente Fernández, ante la pretensión de condicionar al primer ministro inglés, en una situación de extrema debilidad y sin una demostración cierta de la posición dice sostener, mientras mantiene vigente la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de la inversiones británicas en Argentina”. Para llegar a esto, la Secretaría de Malvinas, debió hacer muchos deberes previos.

Combatir la PESCA ILEGAL en Malvinas (que le asegura la sustentabilidad económica) y, para ello, entre otras medidas, cumplir con el Artículo 47º de la Ley 24.922 que establece: «La carga de productos pesqueros que se halle a bordo de un buque pesquero de pabellón extranjero que se encuentre en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con permiso o autorización expresa expedido por la Autoridad de Aplicación, se presume que han sido capturadas en dichos espacios», que los podría dejar incurso a ambos funcionarios en incumplimiento de sus deberes, al igual que al no sancionar a los buques que pescan en Malvinas.

Iniciar las políticas diplomáticas a nivel de Latinoamérica respecto a la protección de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE de los Estados ribereños, que son motivo de depredación del ecosistema y competencia desleal en el mercado internacional a la par de permitirle al Reino Unido consolidarse en Malvinas.

También, unificar una política en el Atlántico Sur mercante, portuaria, naval, de investigación y desarrollo y propiciar e incentivar la pesca en alta mar por parte de buques nacionales e impedir el acceso de calamar a Malvinas y, por supuesto, coordinar con el Ministerio de Defensa la dotación de una fuerza disuasiva y de control en el área austral argentina.

Y otra decena de importantes acciones que por razones de espacio omito, pero sobre las que me he referido en decena de artículos anteriores.

Reitero: cuando se trata de cuestiones que afectan la soberanía nacional y el bienestar del conjunto de los argentinos, no interesan las cuestiones partidarias o sectoriales: “a los amigos se los acompaña hasta el cementerio, no se entierra uno con ellos”. En frente, están las grandes potencias que vienen por nuestras proteínas y nuestros espacios marinos e insulares desatendidos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

MUCHA DISCUSIÓN Y TODAVÍA POCA ACCIÓN

Jorge Montezinho (“Expresso das Ilhas”, Cabo Verde)

Las instituciones internacionales se pusieron manos a la obra, pero hasta ahora, los miles de millones disponibles para restaurar la economía global no se están distribuyendo de la manera más equitativa. El FMI, por ejemplo, adelantó 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), pero de esa cantidad, África solo tenía derecho a 33 mil millones de dólares, porque estas asignaciones se hacen en proporción al tamaño de los ahorros. Los países del G7 (los más industrializados del mundo) tienen un paquete de 200 mil millones de dólares a su disposición, y los del G20 (las economías más grandes del mundo) tienen acceso a 400 mil millones de dólares.

Los datos también muestran que los países ricos han utilizado menos del 2% de los DEG a los que tienen derecho, mientras que los países africanos ya han utilizado más del 50%. Entonces, lo que se ha debatido en los últimos meses es ¿qué pueden hacer los países que tienen DES que no usan? En octubre, después de otra reunión, los países del G20 acordaron devolver a los países vulnerables $ 100 mil millones de la suma total de Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI para abordar la crisis de salud, una idea que ya había sido propuesta. En mayo, por los franceses presidente Emmanuel Macron, durante la cumbre Francia-África. Pero todavía no ha pasado nada.

“La idea de transferir DEG de países más ricos a países africanos no tuvo ningún efecto práctico, al menos en términos multilaterales, como se suponía”, dice el economista angoleño Jonuel Gonçalves a Expresso das Ilhas. “Siempre he estado a favor de una moratoria seria —un mínimo de tres años— en lugar de la nueva deuda implícita en los DES. La moratoria significa recurrir al dinero que ya existe en nuestros países, creando nuevos términos para que ese dinero se convierta en una inversión y no en una hemorragia de divisas.

Me temo que se ha perdido la gran oportunidad, porque las reglas y el humor en los centros financieros cambian según la presión de la coyuntura. Los países endeudados o con un déficit de capital tienen más probabilidades de recurrir a cualquier mecanismo para recaudar nuevos fondos, empujando la deuda cada vez más hacia adelante, y es posible que algunos países ricos hagan gestos simbólicos.

Como explica a Expresso das Ilhas el exgobernador del BCV, Carlos Burgo, esta excepcional emisión de Derechos Especiales de Giro (DES) constituye un aumento significativo de la liquidez y de las reservas internacionales, en un contexto en el que la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos.

Los países miembros deben reconstruir sus economías luego del COVID mientras aceleran la transición energética y mitigan los efectos del cambio climático. Particularmente en los países menos desarrollados, la erradicación de la pobreza requiere transformaciones estructurales con miras a garantizar de manera sostenible un crecimiento robusto. Esta liquidez adicional creada debe ponerse al servicio de la implementación de esta agenda global.

“Sin embargo”, subraya Carlos Burgo, “la liquidez generada por la emisión de DEG se distribuye en función de las respectivas participaciones de los miembros en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, a grandes rasgos, reflejan la dimensión de las diferentes economías. Este hecho agrava la asimetría del orden financiero internacional, ya que la liquidez internacional ya se crea principalmente a través de la emisión de la moneda de los grandes países, especialmente el dólar estadounidense. Así, por un lado, solo una pequeña parte de la suma mencionada pertenecía a los países menos desarrollados (21 mil millones). Por otro lado, la mayor parte se distribuyó a países más avanzados y de grandes economías con sólidas posiciones externas y que, además, pueden financiarse emitiendo su propia moneda. Por tanto, surge la cuestión de redirigir recursos adicionales a los países que más los necesitan. Afortunadamente, existe consenso al respecto tanto a nivel del FMI como del G7 y el G20 y ya se están dando pasos en esa dirección. Desde un inicio se están fortaleciendo los recursos del Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT (Fideicomiso para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza), del FMI, que otorga préstamos en condiciones muy favorables a los países más pobres, con compromisos ya asumidos, aunque aún lejos de los montos previstos. También se describe la creación de un nuevo instrumento, el Resilience and Sustainability Trust, RST (Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad), con un sobre de $ 100,000 millones, que tiene como objetivo apoyar a los países más necesitados, incluidos los pequeños estados vulnerables, en la recuperación económica y en la implementación de los cambios estructurales necesarios. También existe la posibilidad de fortalecer los recursos del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo”.

La distribución actual

La distribución de Derechos Especiales de Giro en 190 países comenzó a fines de agosto. Cabo Verde cayó en 23 millones de unidades de Derechos Especiales de Giro (DEG), alrededor de 27,8 millones de euros, más de tres mil millones de escudos, según el reparto proporcional a su participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil, la mayor economía de habla portuguesa, representa 12.700 millones de euros, seguido de Portugal, que prevé un aumento de las reservas de divisas en 2.373 millones de euros. Angola es el país africano de habla portuguesa con mayor disponibilidad, 855 millones de euros, seguido de Mozambique, con 261 millones de euros, Guinea Ecuatorial, 181,6 millones de euros, Guinea-Bissau, con 32,6 millones, y Santo Tomé y Príncipe, que recibe casi 17 millones de euros en reservas de divisas.

“Desde una perspectiva realista”, dice Carlos Burgo, “no creo que esto sea posible, dado que, en general, los DEG son parte de las reservas internacionales de los países acreedores, lo que requiere un nivel de liquidez y de riesgo crediticio que las operaciones a las que se refiere no ofrecerían. Sin embargo, Cabo Verde puede beneficiarse, de manera multilateral, de la contribución de estos países a los instrumentos antes mencionados, principalmente a través del RST y de la financiación del Banco Mundial y del BAfD ”.

“Cabo Verde se encuentra en una mala posición para negociar dado su porcentaje de deuda y una perspectiva de un difícil aumento de ingresos que le permita afrontarlo”, dice Jonuel Gonçalves. “Da la impresión de que el país juega con su buena imagen, en comparación con la mayor parte de África, pero esta imagen ya no tiene el mismo impacto por la modestia del término de comparación. Obtener una moratoria sobre las deudas pendientes sería intentar antes de tomar nuevos préstamos, al igual que DES. O, dada la situación urgente (usando una expresión amable), negocie en ambos sentidos simultáneamente. No sé si Portugal y Luxemburgo tampoco son los más indicados, ya que son dos de las economías más pequeñas de la Unión Europea, preocupados por la posibilidad de un aumento en los tipos de interés del Banco Central Europeo, medida que alteraría significativamente su situación financiera. A menos que se piense en pequeñas cantidades ”.

Un continente que necesita ayuda

La pandemia de COVID-19 se produjo en un momento en que las perspectivas para muchos países africanos eran prometedoras. A principios de 2020, el continente estaba en camino de continuar su expansión económica, con un crecimiento proyectado de 2.9% en 2019 a 3.2% en 2020, y 3,5% en 2021. Hubo importantes avances en los indicadores de reducción de la pobreza. La tecnología y la innovación se fueron asimilando cada vez más, siendo los jóvenes los primeros usuarios de nuevas plataformas como los servicios financieros móviles.

Por otro lado, África también enfrentó grandes desafíos. No estuvo cerca de lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la Agenda 2063. La gobernanza débil, la corrupción, la degradación ambiental, las violaciones de los derechos humanos, la falta de diversidad económica y las situaciones humanitarias y de conflicto, entre otras, socavaron aún más el progreso. En este contexto, surgió la pandemia, que agravó las desigualdades y aumentó las vulnerabilidades. La pérdida de ingresos afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos calificados y los del sector informal.

En mayo, la ONU señaló que para ayudar a lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la crisis, necesitaba un paquete integral de respuestas globales por un valor de un porcentaje de dos dígitos del Producto Interno Bruto global. Para África, esto significó más de 200 mil millones de dólares. También se necesitaba una congelación generalizada de la deuda de los países africanos, así como opciones integrales para la sostenibilidad de la deuda y soluciones a los problemas estructurales de la arquitectura internacional de la deuda.

En el mismo mes, estudios del FMI estimaron que los países de bajos ingresos necesitaban alrededor de 200.000 millones de dólares para 2025 para intensificar la respuesta a la pandemia y 250.000 millones de dólares adicionales para recuperar terreno con respecto a las economías avanzadas.

“No se trataría de pedir favores, sino de acceder a financiamiento para la implementación de la agenda global de la humanidad”, dice Carlos Burgo. “La recuperación de la crisis actual y desarrollar la resiliencia ante las crisis pandémicas, la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza, atenuar el cambio climático y promover el desarrollo son bienes públicos internacionales. África y Cabo Verde tienen toda la legitimidad para obtener financiación de la comunidad internacional siempre que presenten planes creíbles de transformación y reformas estructurales y promover el uso eficiente y transparente de los recursos.

No debemos tener el deseo de pensar que simplemente habrá una transferencia de riqueza a favor de nuestros países. Incluso cuando los DEG se asignan a un país miembro, se traducen en una responsabilidad externa a largo plazo. En un caso específico, el RST puede resultar en una fuente adicional de acceso al financiamiento concesional, a pesar de su condición de país con ingresos medios. Sin embargo, esto probablemente dependerá de la adopción de un programa con el FMI. Es fundamental que encontremos un nuevo modelo de crecimiento y que hagamos una gestión prudente de las nuestras finanzas públicas. Tenemos que modernizar el sistema de gestión de las finanzas públicas con miras a incrementar la eficiencia del gasto público y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, dice el ex gobernador del Banco Central.

Jonuel Gonçalves, por su parte, considera que “en este momento, no hay forma de evitar ser visto en la condición de quien pide un favor. Si hubiera sido en 2020, se habría visto como parte de la solución. Casi todos nuestros gobernadores o altos ejecutivos están mal informados sobre los detalles cruciales del cuadro mundial y pierden una oportunidad tras otra. O no tienen formación para procesar la información ”, dice el economista.

La recuperación está en marcha, pero, dice el FMI, las consecuencias económicas de la pandemia mundial nos acompañarán durante muchos años. Como resumió Kristalina Georgieva, Directora General del FMI: “El mundo necesita aprovechar la oportunidad para construir un futuro mejor. Necesitamos adoptar no solo políticas que refuercen la recuperación a corto plazo, sino también políticas transformadoras que sienten las bases para una economía mundial más verde, más digital y más inclusiva para el mañana”.

 

Publicado originalmente en Expresso das Ilhas (Cabo Verde), 15/12/2021, número 1046. Traducido por el Equipo de la SAEEG.