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REFUGIADOS MEDIOAMBIENTALES: LAS ISLAS DEL PACÍFICO SUR, EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y UNA BRECHA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Dianet Doimeadios Guerrero*

Imagen de Tumisu en Pixabay
El cambio climático más allá del clima: cambia la naturaleza, sufren los más vulnerables

Desde que en 1990 —dos años antes de la Cumbre de la Tierra— el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtiera por primera vez sobre la urgencia de afrontar ese fenómeno y los riesgos que implican sus consecuencias para la humanidad, sucesivos informes han revelado nuevas evidencias sobre el calentamiento global y lanzado alertas más apremiantes cada año.

2019 fue un año crucial: grandes incendios forestales en importantes zonas boscosas del planeta, incluida la selva amazónica (clave en el equilibrio climático global y en la mitigación del calentamiento), nuevas evidencias sobre la pérdida de hielo en Groenlandia, el Ártico y la Antártida, una concentración récord de CO2 en la atmósfera y un dato incontrastable: 2019 cerró el quinquenio más cálido de que se tenga registro.

En 2020, además de reforzarse la tendencia (más altas temperaturas, agresivas temporadas de fuegos forestales, más pérdida en las capas de hielo…), hemos sabido que durante las últimas tres décadas las grandes selvas tropicales han ido perdiendo la capacidad de absorber CO2 de la atmósfera.

Como consecuencia de esos fenómenos y el calentamiento global, se aceleró de manera significativa la elevación del nivel del mar. Si desde 1993 el aumento promedio anual fue de 3.2 mm, entre mayo de 2014 y 2019 ascendió a 5 mm.

2019 fue también el año de la Cumbre sobre Acción Climática (Nueva York, septiembre), convocada de emergencia por la Secretaría General de la ONU para impulsar acciones más ambiciosas que permitan cumplir las metas del Acuerdo de París, y antesala del inicio de una década crítica ya marcada en el informe del IPCC en octubre de 2018, en el que se advertía que las emisiones globales de CO2 deberían comenzar a bajar en 2020 para intentar mantener por debajo de 1.5°C el alza de la temperatura media global respecto a los niveles preindustriales y así evitar “daños irreparables”.

El poco tiempo disponible para implementar soluciones efectivas, la rapidez con que se evidencian las manifestaciones climáticas y la amplitud de los impactos visibles y los previstos —alza de temperaturas, eventos climáticos y meteorológicos extremos, crisis agrícola y alimentaria, biodiversidad y ecosistemas en declive, elevación del nivel del mar e inundación de amplias zonas costeras con la consiguiente pérdida de territorio y asentamientos humanos— hacen que los expertos hablen cada vez más, en lugar de cambio climático, de crisis o emergencia climática.

Junto a las sequías, la elevación del nivel del mar es, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), uno de los procesos de evolución lenta generados por el calentamiento global que están influyendo cada vez más en la movilidad de las personas en todo el mundo. Como resultado, también van en aumento las reubicaciones de comunidades emprendidas por Gobiernos.

Una situación especial se vive en los pequeños Estados insulares del Pacífico Sur, muy vulnerables a los impactos del cambio climático. En las Islas Salomón, calificadas por los científicos como un “punto caliente global”, desde 1993 el nivel del mar se ha elevado un promedio de 7 a 10 mm anuales, casi el triple de la media mundial.

Para sus habitantes, unos 600.000, en solo cuestión de años se ha hecho parte de la experiencia vital ver desaparecer bajo las aguas algunas de las islas del archipiélago, o mudarse de una a otra isla o a lugares unos centímetros más altos dentro de ellas cuando la subida del mar hace inhabitables los islotes, asediados por las inundaciones y la erosión costera.

También está amenazado el futuro de Kiribati, un archipiélago de 33 islas que, según las proyecciones, podrían ser cubiertas por el mar en menos de dos décadas, con lo que sus 100 000 habitantes perderían sus hogares y su país.

Tras una visita a Oceanía en mayo de 2019 “para conocer la primera línea de la emergencia climática mundial”, el secretario general de la ONU, António Guterres, contó su experiencia al ver cómo familias en Tuvalu “viven con preocupación permanente por las inundaciones que provoca el aumento del nivel del mar” y “niños que, pese a su corta edad, temen ya por su futuro”.

Guterres señalaba que “esas comunidades apenas han contribuido al cambio climático y, sin embargo, por culpa de los grandes emisores de gases, ahora se ven abocadas a luchar por la propia existencia de sus países”.

“El aumento del nivel del mar en algunos países del Pacífico es cuatro veces mayor que la media mundial, lo que amenaza la existencia misma de varios Estados insulares (…) No debemos caer en el error de pensar que solo Tuvalu, las islas pequeñas o los países del Pacífico corren peligro. Todo el planeta está amenazado. Lo que ocurre en estos países es señal de lo que nos aguarda a todos los demás”, escribía[1].

Se trata de islas altamente dependientes del turismo, la pesca, las remesas, la ayuda exterior, algunas exportaciones agrícolas y actividades de subsistencia que requieren del entorno natural; con escasez de agua, altas tasas de desempleo y problemas de salud (alrededor del 40% de la población padece de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión). Hoy no solo ven amenazadas sus fuentes de sustento, sino el territorio donde se asientan sus comunidades y familias, sus modos de vida tradicional y su historia como pueblos.

En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advirtió en un informe que los países en desarrollo deberán pagar cerca del 75% de los costos del impacto del cambio climático, a pesar de que la mitad más pobre de la población mundial, 3 500 millones de personas, es responsable de solo el 10% de las emisiones de dióxido de carbono[2].

Entre esa mayoría en desventaja están los habitantes de las islas del Pacífico Sur. El impacto del cambio climático es más real y más inmediato para ellos, aunque sus naciones están en la lista de las de más bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin recursos a nivel de comunidades y países para afrontar la crisis, el futuro de los habitantes de las islas del Pacífico Sur es incierto y les coloca ante la perspectiva cercana de convertirse en desplazados o refugiados ambientales.

El de “refugiado/desplazado ambiental” es un término de uso cada vez más frecuente. Cada vez más personas en el mundo están en riesgo de ser forzadas a abandonar sus hogares (con implicaciones personales y familiares, sociales, culturales y laborales y económicas) debido a desastres naturales que empeoran con el cambio climático. Sin embargo, aún no hay un consenso a escala de la comunidad internacional para definir quiénes son y cómo protegerlos.

Crece el costo humano de los desastres naturales

Según la Organización Internacional para las Migraciones, los fenómenos climáticos extremos se han triplicado en las tres últimas décadas y han provocado desplazamientos humanos superiores a los causados por las guerras y otras formas de violencia física.

Los investigadores Dennis Wesselbaum y Amelia Aburn (2019) analizaron las migraciones internacionales entre 1980 y 2015 desde 198 países de origen hacia 16 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos los principales receptores de migrantes (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, España e Italia) y comprobaron que el cambio climático es la más importante causa de esas migraciones, por encima de las circunstancias económicas y políticas en las naciones de origen.

El IDMC —Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), reconocido como la fuente de datos más autorizada a nivel mundial sobre este fenómeno—, reveló que durante los seis primeros meses de 2019 se registraron unos siete millones de desplazados por eventos climáticos.

No se incluye a aquellos cuyo desplazamiento se produjo por eventos no relacionados con el clima, como los terremotos. En 2018, únicamente 1.1 millones de los 17.2 millones de desplazados a raíz de una catástrofe fueron por una razón geofísica y no climática, como terremotos y erupciones volcánicas. Desde 2008, solo el 14%.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que hacia 2050 las migraciones como consecuencia del cambio climático podrían afectar a hasta 1.000 millones de personas desplazadas dentro de sus países o más allá de sus fronteras.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) reveló en septiembre de 2019 que si no se emprenden acciones efectivas para mitigarlo, el costo humanitario del cambio climático ascenderá a 20.000 millones de dólares en 2050 y unos 200 millones de personas necesitarán cada año asistencia humanitaria por tormentas, sequías e inundaciones, casi el doble de los 108 millones que lo necesitan en la actualidad.

Además de sufrir la pérdida de territorio por la elevación del nivel del mar, la región del Pacífico está siendo golpeada por desastres relacionados con eventos meteorológicos.

Según Unicef (2020), durante 2019 se reportaron en el mundo casi 33 millones de nuevos desplazamientos, incluidos 25 millones causados por desastres naturales, incluidos 8.2 millones por desastres relacionados mayormente con eventos climáticos. Más de la mitad de los nuevos desplazamientos causados por desastres ocurrieron en el este de Asia y el Pacífico.

Por su parte, la OIM informó que el pasado año casi 2 000 desastres provocaron 24.9 millones de nuevos desplazamientos en 140 países y territorios. “Es la cifra más alta registrada desde 2012 y el triple del número de desplazamientos causados por conflictos y violencia (…) La mayoría de los desplazamientos debidos a desastres fueron el resultado de tormentas tropicales y lluvias monzónicas en el Asia meridional y el Asia oriental y el Pacífico”[3].

En un contexto de desplazamientos en aumento, la ausencia de consenso internacional y de un marco jurídico para definir su estatus —que les coloca en un estado de desprotección y vulnerabilidad de sus derechos— agrava el hecho de que los desplazados y refugiados ambientales enfrentan inseguridad (tanto alimentaria como física y legal) y rechazo crecientes.

En su informe “Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019”, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que “el cambio climático y los desastres naturales pueden agravar las amenazas que obligan a las personas a huir a través de las fronteras internacionales. La interacción entre el clima, los conflictos, el hambre, la pobreza y la persecución crea emergencias cada vez más complejas. La inseguridad alimentaria puede convertirse en un importante factor de conflictos y desplazamientos”[4].

En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, se refería a los peligros del aumento en las cifras de desplazados a nivel mundial (en su informe, precisaba que en 2017 cerca de 18.8 millones de personas fueron desplazadas debido a desastres en 135 países, casi el doble del número de desplazados por conflictos).

Alston afirmaba que “el riesgo de descontento, de creciente desigualdad y peores niveles de privación, podría estimular respuestas nacionalistas, xenofóbicas y racistas. Mantener un enfoque equilibrado en términos de derechos civiles y políticos será extremadamente complejo”[5].

Terminología, concepto y vacíos legales

La ONU ha tipificado la migración causada por desastres, entendida como el desplazamiento de personas o comunidades debido a “una grave perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que involucra amplias pérdidas o repercusiones humanas, materiales, económicas o ambientales a las que la comunidad o sociedad afectada no es capaz de hacer frente con sus propios recursos”. (Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2009)

El estudio de la relación entre el cambio climático y las migraciones es muy complejo, porque para comprender el impacto de esta interdependencia dentro de las sociedades no podemos ignorar factores políticos, económicos, socioculturales y hasta psicológicos.

La OIM reconoce que la cuantificación de la migración por motivos medioambientales es una tarea difícil “como consecuencia de la multiplicidad de factores involucrados en ella, los problemas metodológicos que entraña y la falta de normas para la recopilación de datos. Existen algunos datos cuantitativos sobre los desplazamientos de poblaciones dentro de los países y, en menor medida, de un país a otro causados por los peligros naturales. Sin embargo, en el caso de la migración causada por procesos ambientales de evolución lenta, como la sequía o la subida del nivel del mar, la mayor parte de los datos existentes son cualitativos y se basan en estudios de casos, con muy pocos estudios comparativos”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)

El término “refugiado ambiental” (environmental refugee) comenzó a ser usado en 1976 por Lester Brown. Luego ha proliferado su uso y han surgido otros como “emigrante ambiental” y toda una rama de similares categorías como “emigración forzosa ambiental”, “emigración motivada por el ambiente”, “refugiado climático”, “refugiado del cambio climático”, “persona desplazada por el clima” (EDP en su denominación inglesa), “refugiado de desastre”, “desplazado ambiental”, “ecorrefugiado” y “persona ecológicamente desplazada”.

La OIM emplea los términos “migrante por motivos ambientales” y “desplazado por motivos ambientales”.

Las diferencias entre estos términos son menos importantes que lo que tienen en común: todos sugieren que existe una relación determinable entre los factores condicionantes medioambientales y la migración humana. Son motivos útiles para el análisis, relevantes para la implementación de políticas y, posiblemente, para la expansión de la rama legal conocida como derecho del refugiado.

La actual situación climática y el impacto que está teniendo en las poblaciones más vulnerables demandan de una tipificación internacional que recoja y proteja a los desplazados por cuestiones medioambientales.

Todavía hoy, los conceptos de “refugiado climático” o “refugiado ambiental” no existen en términos legales. Si bien han sido abordados en los medios de comunicación y por los organismos internacionales, carecen de valor jurídico vinculante pues el concepto no figura en el derecho internacional.

A la vista de las realidades que plantean el cambio climático y su impacto creciente en las poblaciones, el concepto de refugiado recogido en el Estatuto de los Refugiados de 1951 es muy restrictivo. Puede aplicarse a todo aquel que abandona su lugar de origen por persecución debida a motivos políticos, de religión, sociales, y no puede regresar por ver amenazada su vida o seguridad.

El término “refugiado climático” no está respaldado por Acnur, pues lo considera “confuso”. Para esa agencia de Naciones Unidas, “es más preciso referirse a ‘personas desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático’, ya que el cambio climático genera desplazamientos internos y afecta a las personas dentro de sus propios países”. (Acnur, 2019)

Sin embargo, y a pesar de que los expertos no llegan a un consenso, el concepto de refugiado ambiental es ya reconocido por países como Suecia y Finlandia, que lo recogen y tipifican en su legislación.

La OIM lo define como:

“Las personas o grupos de personas que por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medioambiente, que afectan adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero”. (OIM, 2007)

Este último es un término más amplio y toma en cuenta una realidad que se hace más palpable en el escenario climático mundial actual, pues abarca desde los desplazados por razones estrictamente naturales hasta aquellos que por los efectos de la acción humana sobre el medioambiente —sea la deforestación, la sobreexplotación de los recursos hídricos o los impactos del cambio climático— se ven forzados a migrar, además de que reconoce la interrelación entre los factores medioambientales, políticos y socioeconómicos.

La complejidad del tema es aún mayor cuando se toman en cuenta los impactos cruzados entre las causantes. En el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, financiado por los países miembros de la OIM, se advierten esas interrelaciones:

“Al estudiar la migración forzada o involuntaria —a veces denominada como desplazamiento forzado o involuntario— se suele hacer una distinción entre los desplazamientos generados por conflictos y los generados por desastres. El desplazamiento generado por un conflicto se considera típicamente causado por el ser humano, mientras que en el caso de los desastres las causas son naturales. Las definiciones de estos conceptos son útiles, pero en la práctica las líneas divisorias pueden ser borrosas, porque los conflictos se derivan a veces de litigios por los recursos naturales, y la actividad humana puede desencadenar desastres naturales, tales como los deslizamientos de tierras”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)

Según Acnur, la extensión del reconocimiento de refugiado ambiental supondría la posibilidad de aplicar las mismas soluciones que a los refugiados políticos: la repatriación voluntaria o retorno voluntario al país de origen, el reasentamiento o traslado a un tercer país distinto al de asilo y la integración local o la permanencia en el país de acogida. (Borrás, 2016)

En el caso de los pobladores de las pequeñas islas del Pacífico, es nula la posibilidad de retorno a sus hogares anteriores de residencia cuando su desplazamiento se debe a procesos de evolución lenta como la elevación del nivel del mar, que ocupa suelos y eleva los riesgos de desastres por ciclones y mareas.

Acnur, con base en informes del IPCC, cuenta con varios estudios sobre el cambio climático y los desastres naturales. El organismo ha advertido que en el futuro habrá un aumento de la movilidad y los desplazamientos humanos, tanto internos como externos, permanentes o no.

Las ediciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París (2015, COP21), Marrakech (2016, COP22) y Madrid (2019, COP25) han abordado los impactos del calentamiento global y otros temas relacionados, pero no el estatuto de los refugiados ambientales.

A finales de 2018, la comunidad internacional firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que reconoció el cambio climático como causa de la migración forzosa y, por primera vez, la existencia de refugiados ambientales.

El Pacto estableció bases para que los Estados adopten mecanismos que minimicen los efectos adversos de la crisis climática sobre las personas, con el objetivo de que estas no se vean forzadas a migrar.

Si bien el Pacto fue un paso de avance, sigue siendo ambiguo y no vinculante en cuanto a reconocer la situación de los refugiados ambientales.

Sergio de Otto, experto de la organización Ecología y Desarrollo (Ecodes), explicaba sobre este tema que “el cambio climático es el último eslabón de una relación equivocada del hombre con la naturaleza, y fenómenos que hoy hacen que alguien emigre están causados por problemas medioambientales de hace 15 años, por políticas extractivas, por nuestro modelo productivo… Por eso, determinar quién es migrante climático es muy difícil”[6].

Esta falta de reacción y acuerdo por parte de los organismos internacionales y los Estados se origina en la dificultad para dar forma legal al concepto. Por un lado, aunque la mayoría considera que las catástrofes naturales suponen una razón suficiente para migrar, por su carácter inmediato, no es tan claro cuando los cambios en el medioambiente se dan de una forma más lenta y gradual. Por tanto, sería más complicado relacionar la causa de una migración por la desertificación de una región que por un tsunami.

Desde otra perspectiva, algunas organizaciones consideran que los afectados por la crisis climática o desastres medioambientales pueden recurrir a sus gobiernos para obtener protección. En el caso de las personas perseguidas por razones de raza, religión o ideales políticos, estas no pueden hacer lo mismo, ya que pueden ser sus propios gobiernos los causantes de su situación.

Este escenario coloca a los desplazados ambientales en un limbo legal, con un escaso o nulo reconocimiento y sin protección jurídica. En consecuencia, corre riesgo su integridad y no pueden acceder a necesidades básicas como atención de salud, educación, vivienda y alimento. En general, solo se les incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado.

En febrero de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático. La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados calificó la decisión de “histórica” y destacó que puede tener repercusiones importantes para la protección internacional de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y los crecientes desastres naturales.

También subrayó la importancia de que los países adopten medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados al cambio climático, que en el futuro podrían obligar a las personas a abandonar naciones o territorios, lo que conllevaría una serie de obligaciones internacionales y gubernamentales. A pesar del carácter no vinculante de estas decisiones, son pasos positivos hacia la conceptualización legal de esta figura y la protección efectiva y legal de estas personas.

Las islas del Pacífico y su situación actual

Los factores medioambientales han actuado como causa de numerosas migraciones. Contingentes de personas han emigrado debido a la necesidad de abandonar tierras devoradas por desiertos, inundaciones y otros cataclismos naturales más violentos. (Álvarez, 2005)

Para la doctora Álvarez, “las migraciones, con el capitalismo, adquirieron un carácter internacional. Hasta la irrupción de este sistema, los movimientos migratorios tuvieron un carácter esencialmente limitado y local, circunscrito, en el plano geoeconómico, a las áreas continentales”. (2005, p. 64)

La región del Pacífico insular está caracterizada por Naciones Unidas como el área menos dinámica del mundo, a partir de sus propias condiciones, peculiaridades geográficas y escasos recursos naturales. Se podría decir que la región ocupa un lugar poco prominente dentro del sistema centro-periferia del capitalismo mundial, al encontrarse lejos de los mercados principales y contar con escasos recursos económicos y rubros exportables, todo lo cual brinda escasas posibilidades de desarrollo.

En los últimos años, los efectos del cambio climático antropogénico han generado un empeoramiento de la crisis económica y social y un aumento de la tendencia migratoria desde la región, lo cual afecta las capacidades de desarrollo de Estados y comunidades y descapitaliza a las islas de sus recursos humanos.

Entre los problemas medioambientales principales a los que se enfrentan estas islas —consecuencias del calentamiento global—, sobresalen en los últimos años el aumento del nivel del mar, la alteración de los patrones climáticos (tormentas más frecuentes e intensas), el agotamiento de las reservas de agua dulce y el blanqueamiento del coral. Este último, un fenómeno no valorado suficientemente en ocasiones (los arrecifes de coral, no meros organismos sino auténticos ecosistemas que proporcionan el hábitat del 25% de las especias marinas, podrían haberse extinguido en un 90% hacia 2050 si continúa el actual ritmo de calentamiento y acidificación de las aguas por el aumento del CO2 que absorbe el mar), que provoca el empobrecimiento de las reservas pesqueras y hace mayor el riesgo de la inseguridad alimentaria.

Según un informe comisionado por países del G7, el aumento del nivel del mar “es una amenaza para la viabilidad económica y física de las zonas bajas, ya que los recursos terrestres y costeros se pierden gradualmente. Esto puede conducir al malestar social, el desplazamiento y la migración, así como a desacuerdos sobre las fronteras marítimas y los recursos oceánicos”. (G7, 2015)

El océano Pacífico alberga el 60% de la pesca mundial y gran parte de sus aguas están bajo jurisdicción de las naciones insulares del Pacífico. Asimismo, las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las naciones insulares del Pacífico abarcan en su totalidad cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados y representan un recurso económico significativo para esos Estados. (Shibuya, 2007)

En el escenario actual, cuando ya se sienten los efectos de la elevación del mar y otros que genera el cambio climático, las poblaciones de las islas ven la emigración como única salida.

De acuerdo con datos del IDMC (2019), más de un tercio del total de los nuevos desplazamientos a nivel mundial se registraron en la región (9.3 millones), la mayoría asociados a desastres.

Entretanto, los gobiernos de estas islas, al no contar con recursos financieros para mitigar el cambio climático, buscan soluciones políticas entre las que se encuentra negociar garantías con países de la región, como Australia y Nueva Zelanda, para que funjan como receptores de sus nacionales en caso de que sus territorios se convirtieran en inhabitables.

Seguidamente pormenorizamos la situación de algunos de los Estados del Pacífico Sur:

Kiribati: ya han desaparecido por completo dos de las islas que integraban el archipiélago y las previsiones de los científicos auguran que tan solo quedan unos 50 años a las demás, especialmente las de menor altitud, para seguir el mismo camino. Desde 2005, el gobierno kiribatense ha estado comprando 2.000 hectáreas de tierras en Fiyi y, con el permiso del país, planea trasladar a sus 100.000 habitantes si su territorio se vuelve inhabitable. Pero Fiyi, aunque montañoso y con mejores perspectivas que otras naciones del Pacífico, también ha tenido que enfrentarse al desplazamiento desde localidades costeras dentro de sus fronteras.

Islas Marshall: esta república insular del Pacífico abarca 34 islas del tipo atolón, cuya altitud promedio es de tres a cuatro metros sobre el nivel del mar, y se divide en dos archipiélagos principales: Ralik y Ratac.

El 20% de la costa de Majuro, su capital, ya ha sucumbido al avance del océano, a pesar de que se ha intentado construir diques de contención que han sido arrasados por las mareas. Se considera que es uno de los puntos del mundo donde el nivel de las aguas sube con mayor rapidez.

Nauru: la república más pequeña del mundo, con poco más de 21 km². Sus 10.000 habitantes, además de padecer obesidad, diabetes y problemas renales debido a su mala alimentación y falta de ejercicio y haber sufrido daños irreparables en su ambiente por la extracción masiva de fosfatos por transnacionales británicas, están condenados a desaparecer como nación ante el avance imparable de las aguas oceánicas.

El gobierno de la isla está en tratativas con países como Australia, Taiwán y Nueva Zelanda para buscar refugio en sus territorios si ocurre lo peor y la isla sucumbe definitivamente.

Islas Salomón: en la Cumbre de la Tierra de Copenhague, en 2009, se presentó el caso de estas islas, que desaparecen a ojos vistas tragadas por el Pacífico y cuyos territorios albergan a unos 600.000 habitantes.

Su capital es Honiara, en la isla de Guadalcanal, y muchas de las pequeñas islas del archipiélago son volcanes activos, lo cual no contribuye a que el futuro de este pequeño Estado insular se vea más promisorio.

Tuvalu: es un país insular de la Polinesia que consta de cinco atolones y cuatro arrecifes. Tiene apenas cinco metros de altitud promedio sobre el nivel del mar, por lo que está expuesto a las crecidas que pueda experimentar el Pacífico debido al cambio climático. Está considerado como el país que más cuida su ambiente y menos contamina el mundo. En caso de que las islas desaparezcan, sus habitantes serían recibidos por Nueva Zelanda o por Niue. Esta última es una isla que no corre peligro de desaparecer y cuya tasa de natalidad es muy baja. Fue la primera en buscar soluciones para su población. Luego de una desastrosa aventura para comprar tierras en Texas y trasladar a Estados Unidos su población en los años ochenta, intentó que Australia aceptase una pequeña cantidad de refugiados anualmente, pero ese país rechazó la propuesta en 2001, tras lo cual acudió a buscar ayuda en Nueva Zelanda, que sí aceptó y permite desde 2002 la entrada anual de 79 tuvaluanos. Aunque el acuerdo ha resultado prometedor, con la actual cifra se tardaría más de un siglo en desplazar a toda la población actual, una perspectiva a la que se añaden el crecimiento demográfico y la posibilidad de que el país quede sumergido mucho antes de completarse dicho traslado.

¿Cómo evacuar un país entero? ¿Cómo gestionar su desaparición o la supervivencia de su cultura? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en la actualidad.

En cumbres sucesivas, desde la de París (COP21, 2015), se han hecho llamamientos a reconocer el estatus de los refugiados climáticos, instando a modificar los acuerdos de la Convención de Ginebra para concederles la misma protección y derechos que posee hoy el refugiado, pero no se ha alcanzado un acuerdo que obligue a los Estados a adoptar este concepto.

Tras su viaje por Oceanía, Guterres afirmaba que “los riesgos son demasiado reales. Se están reubicando pueblos enteros, destruyendo medios de subsistencia. Las personas están enfermando de dolencias relacionadas con el clima, y en Tuvalu vi a un país entero luchando para preservar su propia existencia. Su voz es fuerte y clara: el cambio climático no puede ser detenido solo por los pequeños países insulares, sino por el resto del mundo”[7].

Una crisis que requiere nuevas políticas y llenar las brechas en la legislación internacional

Siendo el Pacífico Sur la región que menos ha aportado históricamente en emisiones de CO2 a la atmósfera, es hoy la primera que sufre el impacto acelerado del cambio climático, que agrava las condiciones económicas y sociales de los pequeños Estados insulares, drena sus ya escasos recursos y pone a sus habitantes en el camino de la migración forzada cuando la subida del nivel del mar y otras manifestaciones de la crisis ambiental hacen inhabitables las islas.

Enfrentados al desplazamiento forzoso —cuya causa solo empeora o es permanente y hace imposible el retorno a sus tierras—, los habitantes de las islas miran a un futuro de dispersión e incluso de pérdida de identidad, sin el estatus y la protección legal de un refugiado con amparo en el derecho internacional, lo que pone en riesgo sus derechos y el reconocimiento para integrarse plenamente en las sociedades de recepción.

El cambio climático, que amenaza con ampliar la desigualdad y la brecha en detrimento de los más pobres, generar mayor inseguridad alimentaria y revertir a décadas atrás los índices de desarrollo económico y social y de salud, también plantea peligros y desafíos en el terreno de los derechos humanos.

La comunidad internacional requiere una nueva definición de refugiado que ampare jurídicamente a personas desplazadas por causas ambientales, cuyo número aumentará en la medida en que se hagan más severos los impactos del cambio climático sobre grandes áreas del planeta, en una tendencia ascendente que confirman los hechos ocurridos en 2020 en términos de altas temperaturas.

El actual marco jurídico, con categorías de refugiados gestadas en el siglo XX, no ofrece soluciones adaptadas al siglo XXI y la emergencia climática al no contemplar las víctimas del cambio climático ni los desplazados ambientales, que con las actuales tendencias serán cada vez más.

Alcanzar el consenso y un acuerdo internacional que otorgue protección legal a esta categoría de desplazados y refugiados, permitiría la adopción de políticas y programas articulados y específicos de reasentamiento (como los que gestionan Acnur y la OIM), entendidos por la OIM como “el  traslado de refugiados desde el país en el que solicitaron protección hacia otro Estado que ha aceptado admitirlos —en calidad de refugiados— y otorgarles la residencia permanente”. (Glosario de la OIM sobre Migración, 2019)

Es necesario superar las lagunas existentes en las normas internacionales de protección de los derechos humanos, renovarlas y actualizarlas acorde con la nueva realidad del siglo XXI, marcada por el cambio climático y su impacto en las comunidades humanas más vulnerables, con el objetivo de que amparen también a la nueva —y cada vez más extendida— figura del desplazado ambiental.

 

* Holguín, 1988. Subdirectora del portal web cubano Cubadebate. Cursa la Maestría en Relaciones Internacionales 2018-2020 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Agregada diplomática en la Embajada de Cuba en Pakistán de 2013 a 2016. Reportera y jefa de información en el periódico ¡ahora! de 2010 a 2012. Graduada de Periodismo en la Universidad de Oriente en 2010. Correo electrónico: ddoime@gmail.com

 

Notas

[1] En “Combatir con urgencia el cambio climático: algo que podemos y debemos hacer, por António Guterres”, Noticias ONU, 31 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1457191

[2] En “Hacia el apartheid climático”, en Noticias ONU, 25 de junio de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411

[3] En Migration Data Portal, OIM, Environmental Migration, junio de 2020. En: https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration

[4] En “Nuevo récord de desplazados forzosos en 2019”, Acnur, 18 de junio de 2020. En: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/informe-tendencias-globales-desplazamiento-2019#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20informe%20de%20ACNUR,con%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20anterior.

[5] En “El apartheid climático que puede condenar a la pobreza a otros 120 millones de personas”, en BBC News Mundo, 26 de junio de 2019. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48776564

[6] En “Desplazados por el clima: Son desconocidos, pero son millones”, en El País, 7 de diciembre de 2019. En: https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575399365_095982.html

[7] En “Guterres concluye su gira por Oceanía, ejemplo para el mundo de la lucha contra el cambio climático”, en Noticias ONU, 18 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1456201

 

Bibliografía

Acnur. (2019). Los riesgos de desplazamiento forzado por desastres naturales se han duplicado desde 1970. En: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/refugiados-climaticos

Acnur. (2019) Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019. En:    

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Álvarez, María Elena. (2005). Siglo XX: Migraciones humanas. Editora Política. Bedford, Richard. (2012). Population Movement in the Pacific: A Perspective on Future Prospects. En: https://thehub.sia.govt.nz/resources/population-movement-in-the-pacific-a-perspective-on-future-prospects/

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CAMBIO CLIMÁTICO Y TERRORISMO EN IRAK EN TIEMPOS DE COVID

Estefanía Belén Ducasse*

 

 Imagen de David Peterson en Pixabay 

Introducción

La pandemia ocasionada por el covid-19, popularmente conocido como coronavirus, es el tema que centralizó los focos de atención en la primera mitad del año 2020. No obstante, incluso antes de que la pandemia se expandiera hacia Europa, Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ubicaba al cambio climático como uno de los puntos más importantes para tratar el presente año. A esto se suma la advertencia de parte de la ONU, en febrero del 2020 sobre el rearme del Estado Islámico (ISIS) para abordar a Irak y Siria.

Irak cuenta con el antecedente de haber experimentado una simil guerra por el agua en el año 2014 mientras se conformaba como campo de batalla del Estado Islámico. Cuatro años más tarde, este grupo terrorista se ve disgregado y pierde varios territorios que había conquistado a lo largo del país. Sin embargo, la situación iraquí podría cambiar con el reagrupamiento de ISIS en busca de su revancha en el establecimiento del califato en Siria e Irak que advierte la ONU. Esto se presenta en el 2020 dentro de un escenario de disconformidad política de la población iraquí y una nueva ola de sequías en su territorio y pone nuevamente como foco de conflicto al agua. De esta forma, Irak se enfrenta con múltiples dificultades para garantizar la seguridad humana de su población. Como resultado, el cambio climático puede contribuir con las condiciones para la nueva conquista de un grupo terrorista en el territorio de Irak. Esto en un contexto de retiro de las tropas de las Fuerzas Armadas pertenecientes a la coalición anti Daesh ubicadas en Irak ante el pedido del parlamento iraquí en enero e impulsado, también, por el riesgo de la pandemia.

Escenario de Irak

La República de Irak se caracteriza por ser un área relativamente fértil dentro de Medio Oriente, una región conocida por su suelo árido. En el siguiente mapa se puede observar la geografía de Irak en la que las llanuras del Tigris y del Éufrates componen un terreno cultivable y con agua abundante. La zona de Chatt el-Arab, donde desembocan los ríos, forma un área pantanosa con abundancia de agua que riega grandes palmerales. Una condición similar la tiene la meseta de Al-Jazeerah que dispone de terreno cultivable pero, a diferencia de las zonas anteriores, sufre problemas de sequía. En contraposición con esto, el norte y noroeste se caracterizan por ser regiones montañosas en correlación con el oeste y suroeste que es desierto[1]. Sin embargo, el aceite crudo de petróleo es la exportación principal del país acaparando casi la totalidad de las exportaciones, Irak posee la quinta mayor reserva de petróleo del mundo y es el segundo mayor productor de la OPEP.

Mapa 1. Geografía de la República de Irak

Fuente: Maps Iraq (https://es.maps-iraq.com/irak-geografía-mapa)

Uno de los factores que tiene gran influencia en las problemáticas y la toma de decisiones de Irak es la amplitud de composición étnico-religiosa de su población. La religión preponderante es el Islam que concentra el 95% de los habitantes del país siendo en su mayoría chií (60-65%), y le sigue la rama sunni (32-37%), el 5% restante se divide en cristianos caldeos y asirios, yazidíes, sabeanos. Cabe destacar que a raíz de la diversidad poblacional del país, desde el año 2005 existe un acuerdo por el que el presidente debe ser kurdo, el presidente del Parlamento suni y el primer ministro shii[2]. A su vez, la población iraquí convive con fuerzas internacionales asentadas dentro de su territorio como las bases estadounidenses y personal de la coalición anti-Daesh, formada por un grupo de países europeos y Estados Unidos para combatir al Estado Islámico.

La economía en Irak progresó luego de la derrota del Estado Islámico por los esfuerzos de reconstrucción, demanda interna y mejores condiciones de seguridad así como mejoró el clima social y político. A pesar de estas mejorías, según UNICEF, uno de cada 4 niños son pobres y el acceso a la electricidad, combustible y agua es muy limitado. La tasa de desempleo es alta, especialmente en mujeres y jóvenes adultos, en un contexto en el que el Estado es el principal empleador[3]. En adición, con la llegada del coronavirus, la economía iraquí se vio estancada por la baja de la producción y la caída del precio del petróleo, con lo que las protestas políticas se mantienen latentes. 

Cambio climático y terrorismo

A pesar de que con el desarrollo de la pandemia se ha hablado sobre el efecto positivo en el cambio climático con la rotura de la “normalidad” en varios Estados, este fenómeno sigue existiendo y continuará avanzando. Diversos expertos enfatizan en el presente y el futuro del cambio climático junto con las consecuencias negativas sobre el suministro de agua y alimentos, sector agrícola y bienestar social, especialmente en Medio Oriente.

Una prueba de los efectos del cambio climático es la situación que tiene Irak respecto al agua. Ya para mediados del 2019 los niveles de los ríos iraquíes se redujeron a menos de una tercera parte de su capacidad normal. Dos de los ríos más importantes del país, Tigris y Éufrates, contienen el 98% del suministro de agua usado para saneamiento, irrigación y como bebida, y se espera que disminuyan su descarga en un 50% hacia el 2030. A su vez, el segundo lago más grande de Irak, el Lago Milh, prácticamente ya no existe[4]. Por ende, los suministros de agua más importantes del país de Medio Oriente están en peligro de agotarse dejando toda el área dependiente de formas secundarias de abastecimiento. Sumado a esto, la calidad del agua restante está deteriorada debido a la salinización que deviene, junto con la evaporación el agua, en la desertificación de un valor estimativo de 92% del territorio iraquí y en la pérdida de 100 km2 de tierra fértil por año[5].

Como consecuencia de la escasez y salinización del agua que viene de la mano de la degradación de la tierra, las tormentas de arena se vuelven más usuales lo que repercute en diversas áreas. Esta situación perjudica, por un lado a la industria de la aviación cuyos vuelos se tornan dificultosos y cuya maquinaria requiere mayor mantenimiento y, por el otro, afecta a la biodiversidad generando pérdidas en la vida silvestre y agricultura.

De esta forma, nuevamente confluyen en el escenario iraquí las amenazas del cambio climático y el terrorismo que, si bien fue en gran parte derrotado en el año 2018, la ONU advirtió sobre el posible resurgimiento de las actividades del Estado Islámico. Se debe considerar que con la aparición de la pandemia algunos grupos terroristas pudieron no hacerse visibles lo que no significa que desaparecieran sino al contrario, estos grupos se verán fortalecidos con el contexto actual. El Estado Islámico incrementó su presencia en redes sociales a causa del retraimiento de las actividades y desde abril recrudeció sus ataques en el territorio iraquí.

Aquí se considera terrorismo a aquellos “actos de violencia cometidos contra personas inocentes o no combatientes, con la intención de obtener fines políticos a través del terror y la intimidación”[6]. En este sentido, el Estado Islámico encontró en Irak un campo susceptible para implantar el califato utilizando las vulnerabilidades causadas por la diversidad en la composición poblacional, por la inestabilidad política y por los antagonismos entre los mismos habitantes.

Con la retirada de las tropas de la coalición anti Daesh a raíz del cese de actividad terrorista percibida en la zona y el coronavirus como valor agregado, el Estado Islámico tiene mayor libertad de acción. Según un informe de Adelphi, el cambio climático funciona como un “multiplicador de amenazas”, es decir, da lugar a un contexto en el que el terrorismo puede crecer debido a dos mecanismos principales: primero, contribuye a crear un ambiente frágil que permite al grupo terrorista operar en forma más libre y, segundo, impacta en forma negativa sobre el sustento de la población local de manera que facilita el reclutamiento de personas a estos grupos[7]. La reducción abrupta del caudal de agua genera la necesidad de abastecerse de este insumo elemental en formas alternativas de manera que ante un Estado que no logra saciar la demanda, un grupo terrorista puede ocupar el vacío de poder. De la misma forma, el impacto del cambio climático sobre el suelo junto con la proliferación de las tormentas de arena dificultan la actividad económica de los sectores más precarios, elemento que los grupos terroristas usan para conseguir integrantes a cambio de solventar sus necesidades.

Estos dos mecanismos se vinculan con tres tipos de relaciones causales entre el cambio climático, terrorismo y radicalización: las “causas instigadoras” se fundan en causas profundas del terrorismo que refieren a la pobreza, desigualdades entre grupos sociales, entre otros; los “factores permisivos” refieren a elementos que facilitan los actos de violencia como los vacíos de poder de un Estado; y los “eventos precipitantes” son los desencadenantes finales del acto de violencia, por ejemplo, un desastre natura[8]. Por ende, estos mecanismos y relaciones causales aglutinan los fundamentos por los que Irak se conforma como un escenario ideal para la proliferación del terrorismo en un contexto de cambio climático. Este Estado de Medio Oriente presenta una inestabilidad política instalada junto con profundas desigualdades económicas y sociales, condiciones que se ven exacerbadas por la vulnerabilidad ocasionada por la falta de agua y la pérdida de recursos y por un Estado que no garantiza la seguridad humana de sus habitantes. Estas causas componen las condiciones propicias para que un grupo terrorista ocupe el vacío de poder, sacie necesidades y aumente sus filas. De esta forma se puede ver que la confluencia de variables que caracterizan la realidad iraquí proporciona las bases para que el Estado Islámico se asiente y busque continuar con su objetivo de establecer un califato.

Tanto el cambio climático como un grupo terrorista como el Estado Islámico no quedan restringidos a límites políticos sino que son amenazas transnacionales. Esto conlleva a que puede tener repercusiones en el ámbito doméstico e internacional, es decir, la realidad producto de los efectos ocasionados por estas amenazas puede generar migraciones masivas hacia otros países e incluso conflictos a raíz de la lucha por los recursos perdidos a causa del deterioro ambiental, por ejemplo el agua. 

Conclusiones

La República de Irak atraviesa una situación doméstica propicia para la proliferación de grupos terroristas y esto se debe, en parte, a los efectos que tiene el cambio climático en el país, lo que no solo afecta al suelo y recursos naturales como el agua sino que repercute en los habitantes. A raíz del cambio climático, se ven truncadas algunas actividades económicas, sumado a la dificultad de obtener insumos básicos como el agua. Por otro lado, la debilidad estatal no garantiza la seguridad humana de su población. En este contexto, los grupos terroristas hacen uso de la disconformidad, necesidades insatisfechas y vacíos de poder para conseguir seguidores al grupo.

Esta condición se ve reforzada con la figura del coronavirus siendo que como efecto colateral de las decisiones tomadas durante la pandemia el precio del petróleo cayó y las actividades del país junto con él. La retirada del Estado Islámico en 2018 junto con el repliegue de las tropas anti Daesh sumado a que la pandemia ocasionó que la población en general se resguarde, devino en el fortalecimiento de este grupo terrorista y el retorno a sus ataques.

En conclusión, el cambio climático junto con un Estado que no puede responder a las necesidades de la población generan las condiciones propicias para la actuación y crecimiento de grupos terroristas. Por otro lado, se da lugar a estudiar otra línea dentro consecuencias de la relación entre ambas amenazas transnacionales como es la generación de un conflicto entre países limítrofes por los recursos y las migraciones masivas en pos de mejores condiciones de vida.

 

* Investigadora en CEMOC – CARI.

 

Referencias

[1] Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores (2017), Ficha país: Irak, <http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAQ_FICHA%20PAIS.pdf>.

[2] Ibídem.

[3] Nordea Trade. Iraq: Economic and Political Overview. Nordea, <https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/iraq/economical-context>.

[4] Karasik, T. y Spezia Depretto, J. “Climate Change Is Exacerbating Iraq’s Complicated Water Politics”. ECC Platform Library, 14/08/2019, <https://www.climate-diplomacy.org/news/climate-change-exacerbating-iraq%E2%80%99s-complicated-water-politics>.

[5] Ibídem.

[6] Bartolomé, M. La Seguridad Internacional en el año 10 D.G.(después de la Guerra Fría). Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 1999.

[7] Adelphi. Climate change will see terrorism thrive. 2016, <https://www.adelphi.de/en/publication/insurgency-terrorism-and-organised-crime-warming-climate>.

[8] Telford, A. “A climate terrorism assemblage? Exploring the politics of climate change-terrorism-radicalisation Relations”. Political Geography, volume 79, May 2020, 102150, <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102150>.

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EL PLÁSTICO: DE BENDICIÓN A MALDICIÓN

Imagen de tkremmel en Pixabay

Hasta hace poco raramente hablábamos del plástico como un problema ecológico, ahora se habla mucho. Los expertos han verificado que los plásticos representan casi el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eso es casi el doble de las emisiones del sector aviación. Y así es: los plásticos contribuyen más al calentamiento terrestre que el conjunto de aviones que sobrevuelan el planeta. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que el plástico está hecho de petróleo, gas o carbón. Eso significa que, en cada etapa de su vida, el plástico contribuye al cambio climático.

El plástico permanece por cientos de años o más. Desafortunadamente, solo el 9% del plástico que se produce se recicla; la mayoría termina en vertederos o en el medioambiente. De hecho, 8 millones de toneladas de plástico ingresan por las vías fluviales cada año. Todo ese plástico está comenzando a aparecer en lugares inesperados (y no deseados) desde el agua del grifo hasta la comida. El “smog” de los microplásticos en los océanos neutraliza o elimina pequeños organismos que son la base de muchas de nuestras comidas, lo que podría tener serias implicaciones para el sistema alimentario de la humanidad (https://ecologycenter.org/).

Algunos de mi generación recordarán la frase del señor Robinson en la película “El Graduado” (1968) cuando el joven universitario encarnado por Dustin Hoffman le pregunta —mientras retozaba en la piscina— a qué debería dedicarse para ser exitoso, ya que acababa de concluir sus estudios superiores.

Escuetamente Robinson le dijo “plásticos, joven, plásticos”. En esa época comenzaba el ultra exitoso ciclo del plástico; se inició lo que parecía una nueva era de fáciles utensilios que desplazarían para siempre vidrio, papel y hojalata. Algo de eso ocurrió a lo largo de estos más de 50 años, pero al mismo tiempo el planeta terminó inundado por un material que ha creado trastornos enormes. En los mares el plástico está matando especies piscícolas y vegetación marina. En la parte terrestre del globo el plástico está afeando todos los paisajes habidos y por haber, sin contar la de suyo nefasta contribución de este material al efecto invernadero. 

Ha llegado la hora de despertar, hay que maximizar el reciclaje del plástico, dejar de fabricarlo o inventar otros materiales menos dañinos. El proceso será difícil, la industria del plástico es poderosa y extendida, pero por algún lugar hay que comenzar. Lo primero será obligar que tiendas y supermercados retornen al uso del papel. Asimismo, propiciar el reciclaje y el canje de botellas, en lugar de dejar que cada cual las deseche o almacene donde quiera. La lucha contra la contaminación ambiental es parte de la guerra contra el cambio climático. Y el plástico, de ser un producto benéfico y cómodo, ahora es el gran villano.

Hoy en día se está generando más basura plástica que nunca y reiteramos, poca cantidad se recicla. Dado que el plástico y sus ingredientes están impregnando océanos y vías fluviales, invadiendo los cuerpos humanos, deteriorando el medioambiente y perjudicando la vida silvestre, el Centro de Ecología —en paralelo con institutos afines— recomienda eliminar drásticamente los plásticos para siempre y hacerlo tan pronto como sea posible. Así están las cosas.

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/158295_el-plastico-de-bendicion-a-maldicion