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ARGENTINA, Inteligencia, SEGURIDDAD NACIONAL

LA RELEVANCIA DE CONOCER LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y DE EMPLEAR LA INTELIGENCIA DE ESTADO. EL CASO «$LIBRA».

17 agosto, 2025 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

«Somos la primera línea de defensa de la Nación».

Página oficial de la Central Intelligence Agency (CIA)

Introducción

Para entrar en contexto, debe considerarse la relevancia que tiene la política internacional para trazar los lineamientos de la política nacional, algo que los políticos argentinos no suelen tener en cuenta. A su criterio, parecería que todo pasa por la política doméstica y que no hay nada más allá de las fronteras de la Argentina.

Con respecto a la Inteligencia de Estado, suelen confundirla con «seguridad», sin comprender que no son lo mismo y que tanto la Inteligencia, como la Defensa y la Política Exterior constituyen tres pilares fundamentales de la Seguridad Nacional. Ya lo expresó oportuna y claramente Sherman Kent (1903-1986) cuando definió la «Inteligencia»: «Es el conocimiento que nuestros hombres, civiles y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional»[1].

Sólo me limitaré a mencionar el caso denominado «$LIBRA» sin realizar una consideración del tema, el cual se encuentra en sendos procesos judiciales en la Argentina y en Estados Unidos. El caso vincula al presidente de la Argentina, Javier Milei, a su hermana Karina Milei, toda vez que el 14 de febrero de 2025 el propio mandatario realizó un posteo en la red social X favoreciendo una iniciativa privada impulsada por el joven Hayden Davis, una criptomoneda, lo que llevó a miles de inversores a comprarla lo que terminó siendo una «criptoestafa» y el presidente eliminando su posteo. Cabe destacar que Milei no figura como acusado, testigo ni co-conspirador en el proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos pero su nombre aparece en el expediente.

La vinculación al caso de la hermana del presidente tuvo lugar en la investigación que se lleva a cabo en los Estados Unidos mediante una presentación firmada por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, quienes en una ampliación de la demanda colectiva menciona a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, por primera vez en el proceso que tramita ante la Justicia federal en Estados Unidos. La mención se debe a que los registros oficiales señalarían que Karina Milei autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada, visita que luego se habría reiterado en otras ocasiones. Del mismo modo, el propio Davis habría dado testimonio acerca de cómo controlaba al presidente a través de ella[2].

Más recientemente apareció un ciudadano singapurense de nombre «Julian Peh», de quien no existen registros de ingreso al país. Este caso muestra un entramado de conexiones que llegan al presidente de la Nación y pone en evidencia la vulnerabilidad del propio mandatario como de la propia Argentina.

El objetivo de este artículo es examinar el caso $LIBRA a la luz de los principios de la inteligencia estratégica y de la política internacional, evaluando fallas en la gestión de riesgos, transparencia y ética gubernamental.

El posteo del 14/02/2025 de Milei promocionando $LIBRA que luego fue borrado.

Una agenda presidencial sin filtros

En principio, el 30 de enero de 2025 el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al joven estadounidense Hayden Mark Davis, quien se desempeña como CEO de Kelsier Ventures, una firma de consultoría e inversiones en criptomonedas y negocios digitales. El presidente informó acerca del encuentro a través de su cuenta en X, adjuntando una foto con Davis. Tras mencionar que fue asesorado por Davis «sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país», Milei agregó: «Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial».

Extracto del extenso posteo de la cuenta en X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) del día 15/02/2025 confirmando las reuniones y deslindando al presidente de toda responsabilidad.

Davis no era hasta ese momento una persona reconocida en ese sector tecnológico y la empresa familiar Kelsier Ventures, a la que se apunta como la responsable del caso, borró buena parte de sus registros en la web. Aún más, la cuenta en X de la empresa, @KelsierVentures, no registra ningún nuevo posteo desde el 15 de febrero, fecha en la que se subió un video de Davis refiriéndose al caso. En el perfil de la cuenta, creada en enero de 2022, dice en inglés: «Invertimos, asesoramos y llevamos al mercado lo último en Blockchain, Crypto e IA.» («We invest, consult, and bring to market the cutting edge of Blockchain, Crypto, and AI.»). Del mismo modo, tiene un vínculo a un sitio web, kelsier.io, el cual actualmente no existe. Con respecto al dominio «.io» la empresa GoDaddy Operating Company informa: «La extensión de dominio .io se usa principalmente como una abreviatura para entrada/salida (input/output), por lo que es muy popular para las empresas nuevas del sector tecnológico. El dominio de nivel superior .io también representa el código de país para el Territorio Británico del Océano Índico».

En la investigación aparecen otros nombres, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Julian Peh, este último de la firma KIP Protocol.

El caso de Julian Peh es sumamente llamativo ya que apareció en el evento Tech Forum Argentina 2024, «el foro sobre tecnologías disruptivas más importante del país» según expresa el sitio oficial de la Argentina[3 ]. El sitio informa: «El evento contó con la disertación del presidente de la Nación, Javier Milei, quien tras considerarse un “tecno optimista” sostuvo que “la tecnología es la mayor muestra de las capacidades que tiene el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo”, y que “cada innovación tecnológica es un paso que ha dado el hombre en solucionar un problema, permitiéndose tener tiempo ocioso para resolver el siguiente”». Quien desee leer el discurso completo del presidente en oportunidad de ese evento puede encontrarlo en la página oficial de la Casa Rosada[4].

En la foto del Tech Forum Argentina 2024 se encuentra el presidente de la Nación y el tercero a su izquierda es «Julian Peh». Delante, agachado, Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto.

Antes de avanzar con «Julian Peh», cabe mencionar que Charles Hoskinson, fundador de la plataforma Cardano, quien oportunamente se unió al equipo de Trump en una alianza que prometía cambios profundos para la industria crypto e inauguró el Tech Forum de Buenos Aires, no bien saltó el escándalo $LIBRA denunció que el entorno de Javier Milei le pidió coimas[5]. Hoskinson se negó a pagar por reunirse con Milei por lo que no tuvo ningún contacto con el presidente y todo quedó reducido a la foto del Tech Forum. Sin embargo, las denuncias de coimas para reunirse con el presidente también tuvieron eco en The New York Times y otros medios del exterior[6].

Con respecto a «Julian Peh», imputado por el fiscal Eduardo Taiano y la jueza Servini de Cubría, en su momento contó con el respaldo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien rápida de reflejos salió inmediatamente en defensa del presidente, atacó a la oposición y con respecto a la empresa de «Julian Peh» expresó: «No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria», con referencia al evento Tech Forum Argentina[7].

«Julian Peh» fue recibido el 19 de octubre de 2024 por Javier Milei en el Hotel Libertador ―donde se desarrolló el Tech Forum―, propiedad del Grupo IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) ―empresa argentina líder en el sector inmobiliario―, cuyo presidente es el empresario Eduardo Elsztain, hotel en el que Milei estuvo hospedado en campaña desde el 22 de octubre de 2023 hasta el 8 de enero de 2024, casi un mes después de haber asumido la presidencia. Como puede apreciarse, la reunión no tuvo lugar ni en la Casa Rosada ni en la Quinta Presidencial de Olivos.

Según se estima, el ciudadano de Singapur ha visitado en más oportunidades la Argentina e, incluso, habría estado en oportunidad del lanzamiento de la criptomoneda pero no hay certeza de si se reunió nuevamente con el presidente. Sin embargo, cuando el fiscal Taiano solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones información acerca del ingreso y salida de la Argentina de «Julian Peh», no existía ninguna información sobre sus movimientos migratorios, ni siquiera con el número de documento que habría proporcionado para su encuentro con el presidente. Tras lo informado por Migraciones, el fiscal Taiano ordenó que se solicitara la colaboración a la «Embajada de Singapur» en Argentina, además de solicitar la información al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina para recabar información de Peh a través de su par de Singapur. Según informaron los medios, la «Embajada de Singapur» en Argentina respondió que no contaba con información sobre el ciudadano «Julian Peh». En este punto, cabe destacar que Singapur sólo cuenta con un Consulado Honorario en Buenos Aires y que el embajador designado para la Argentina es «no residente» pues reside en Singapur, tal como lo expresa el sitio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

Página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur en la que destaca que el Embajador Dr. LEONG Horn Kee es «no residente» y que su sede está en Singapur. Fuente: https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Missions/Find-A-Singapore-Overseas-Mission?letter=a

Por su parte, el sitio web de la Embajada Argentina en Singapur informa que el embajador de Singapur ante la República Argentina, Dr. LEONG, Horn Kee, presentó sus cartas credenciales el día 2 de septiembre de 2020 «de manera virtual» ante el entonces vicecanciller, Embajador Pablo Anselmo Tettamanti «en una ceremonia celebrada de manera conjunta en la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en Buenos Aires, y en la sede de la Embajada Argentina en Singapur. El Embajador Federico Barttfeld, en representación del Sr. Vicecanciller, recibió en Singapur copia de las referidas cartas credenciales»[8].

Finalmente, en los primeros días de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el verdadero nombre de «Julian Peh» es Peh Chyi Haur, que ingresó a la Argentina el 16 octubre de 2024 y abandonó el país cuatro días más tarde, el 20[9]. Esta información también pudo haberse recabado desde la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina, la cual debe tener acceso a la base de datos de migraciones, como en otra época lo tenían ciertas áreas de la Secretaría de Inteligencia hasta que luego le fue inhabilitado ese acceso.

La utilización de una identidad falsa debería perjudicar la situación judicial del ciudadano de Singapur pero, asimismo, al entorno presidencial que favoreció la llegada de Peh Chyi Haur al presidente Milei. Para más inri, según la investigación llevada a cabo por The new York Times, Davis declaró a los asistentes del Tech Forum que «tenía control sobre Milei y podía negociar acuerdos’» y que en un mensaje de audio dirigido a otro empresario afirmó que podía conseguir «todo, desde los tuits de Milei» hasta «todo el papeleo de Milei, básicamente, aparecer en eventos, etc. Tengo control sobre muchos de esos mecanismos»[10]. Del mismo modo, según lo manifestado por los empresarios en la investigación del The New York Times, Davis agregó que «hay un costo», el cual podría ser de millones de dólares, a la vez que ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de unos US$ 90 millones en criptomonedas en 27 meses[11].

Algunas observaciones finales

Lo descrito ut supra pone en evidencia que la dirigencia política argentina no sólo carece de conocimientos acerca de la política internacional y de la necesidad de una Inteligencia de Estado sino que, asimismo, carece de criterio.

Con respecto al caso $LIBRA debe considerarse no sólo la irresponsabilidad del presidente de prestarse a la difusión de una «iniciativa tecnológica» que despierta más dudas que certezas, sino sobre todo la gran irresponsabilidad del entorno del presidente, de la Casa Militar ―a cargo de la seguridad del presidente, dependiente de Secretaría General de la Presidencia, a cargo Karina Milei― y de los funcionarios que conducen ―supuestamente― la Seguridad Nacional y la Inteligencia Nacional.

El presidente no es la primera vez que incurre en la difusión de una iniciativa de este tipo y que queda expuesto. Como diputado nacional hizo lo propio en febrero de 2022 cuando elogió en sus redes el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, un emprendimiento de quien hoy aparece nuevamente vinculado al caso $LIBRA, Mauricio Novelli. Por otro lado, todo lo relacionado a las criptomonedas y activos digitales están en la esfera de la especulación financiera en manos de unos pocos y lo que debe hacer un presidente de la Nación es difundir todo aquello que favorezca la producción nacional, ya sea del sector agropecuario como del sector industrial y del sector tecnológico y científico. Esos son los sectores fundamentales para el desarrollo nacional.

Las experiencias ajenas parecen que no son tenidas en cuenta por las «personas de confianza» del presidente, quienes le presentan sujetos de dudosa moralidad que incluso esconden sus verdaderas identidades. Queda en evidencia que esas «personas de confianza» no resguardan la seguridad ni la imagen del presidente. Con respecto a esas experiencias ajenas, vale recordar la desafortunada presencia del presidente Fernando De La Rúa en el programa Videomatch de Tinelli, en el año 2000, cuando entre varios desaciertos y torpezas fue increpado por un joven del público que lo cruzó frente a las cámaras para pedirle por los presos en huelga de hambre. En esa oportunidad, el presidente De la Rúa fue tan mal asesorado por su entorno como hoy lo es el presidente Milei. A eso debe agregarse la responsabilidad de los funcionarios del gobierno que están a cargo de la seguridad y de la imagen del presidente y de la Nación.

En el caso de los funcionarios, una vez más, la ministra Bullrich demuestra no estar a la altura de encabezar el Ministerio de Seguridad Nacional. Los desaciertos son numerosos pero en este caso se destaca la defensa que hizo inmediatamente que estallara el escándalo $LIBRA de la empresa de «‘Julian’ Peh», sin siquiera informarse acerca de la identidad del «empresario».

El desconocimiento cultural y de todo lo referido a las cuestiones internacionales ya es visible ―y hasta risible― cuando comienzan a buscar los antecedentes de «‘Julian’ Peh», sus ingresos y egresos del país con ese nombre. «‘Julian’ Peh» es un nombre occidentalizado usado por un ciudadano asiático del que ni las autoridades de Singapur podían suministrar información. Es común que los ciudadanos chinos y de otros países asiáticos procedan a adoptar nombres usados occidentales como Benito, Jimmy, Carlos, Jason, etc., para facilitar la pronunciación de sus nombres a los occidentales.

Asimismo, es gravísimo que alguien que se reunió con el presidente ―en este caso Davis― manifieste que podía manipular al presidente mediante pagos. Claro que alguien podrá decir que no se puede controlar lo que diga Davis pero si debe cuidar quien se acerca al presidente.

Es evidente que el presidente no es protegido ni por las Fuerzas de Seguridad ni por el Ministerio de Seguridad Nacional ni por la Inteligencia. Es inconcebible que el entorno presidencial ―más propenso a emprender negocios oscuros que a cuidar a quien consideran su «amigo» o «líder»― esté por encima de la seguridad del presidente. Nadie hace un perfil (un informe de antecedentes) de estos supuestos empresarios que concurren a entrevistarse con el presidente ni tampoco una investigación acerca de sus supuestas empresas. Si la Inteligencia Nacional funcionara, si la ministra de Seguridad se dedicara a los riesgos y a las amenazas a la Seguridad Nacional en lugar de vender siempre humo o hacer un video sobre cómo evitar los robos de celulares ―un ministro de Seguridad Nacional debe ocuparse cuestiones más importantes en un país cuyas fronteras son un colador y en el que el narcotráfico se expande considerablemente― todo esto se habría podido prevenir. De hecho, si hubiera personal capacitado en esas áreas no habrían estado buscando a «Julián», a quien de hecho no investigaron.

Cabe agregar que ambos sujetos, Davis y Peh, llegaron nada menos que al presidente con la intención de cometer una estafa pero de la misma manera podrían haber llegado a él para cometer un atentado. Sin duda, si infelizmente eso hubiera ocurrido, hoy nos encontraríamos ante una situación en la que se estaría buscando a los responsables en la seguridad o en la inteligencia, sumado esto a la complicada situación institucional en que hoy se hallaría nuestro país. No obstante, a estas alturas ya nada de esto importa, pero sí el grado de inseguridad en que nos encontramos con inoperantes al frente de la Inteligencia Nacional y del Ministerio de Seguridad Nacional. Obviamente, nadie renuncia y todo sigue como que nada ha pasado. Este caso también revela la falta de coordinación entre los diferentes organismos del Estado Nacional.

La Inteligencia debe servir al Interés Nacional, no a intereses particulares, y cuidar al presidente de la Nación ―de quien depende―, es una de sus tareas y debe imponerse por sobre los allegados a quien ejerce la primera magistratura de la República. De ese modo también estará cuidando las instituciones.

Queda en evidencia que la destrucción de la Inteligencia y de la Seguridad, el echar o jubilar al personal de carrera de áreas tan importantes es algo que resulta sumamente peligroso para nuestra Argentina. No hay análisis, no hay controles, no hay evaluación de amenazas y quedan expuestas las fallas en la gestión de riesgos, pero también en la transparencia y en la ética gubernamental.

Sirva esta situación para reconsiderar la profesionalidad del personal de las áreas de incumbencia a la Seguridad Nacional porque queda demostrado que menospreciar al «sistema inmunológico» de la Nación ― Inteligencia, Seguridad, Defensa y Cancillería― tiene un costo alto y que formar a profesionales lleva muchos años y, mientras tanto, la Argentina se encuentra en un grave estado de vulnerabilidad.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] Sherman Kent. Inteligencia Estratégica. Buenos Aires: Pleamar, 1967, p. 9.

[2] Hugo Alconada Mon. «». La Nación, 30/07/2025, <https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-amplian-la-class-action-en-eeuu-y-mencionan-por-primera-vez-a-karina-milei-nid30072025/>, [consulta: 05/08/2025].

[3] «Tech Forum Argentina 2024», <https://www.argentina.gob.ar/noticias/tech-forum-argentina-2024>, [consulta: 06/08/2025].

[4] «Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Tech Forum Argentina 2024, Hotel Libertador». Sitio oficial de la Casa Rosada, 19/10/2024, <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50731-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-tech-forum-argentina-2024-hotel-libertador>, [consulta: 06/08/2025].

[5] «Criptogate. Un líder mundial de las cripto denunció que el entorno de Javier Milei le pidió coimas». El Ancasti, 16/02/2025, <https://www.elancasti.com.ar/politica-y-economia/un-lider-mundial-las-cripto-denuncio-que-el-entorno-javier-milei-le-pidio-coimas-n576848 >, [consulta: 05/08/2025].

[6] «Milei, $Melania and Memecoins». The New York Times, 28/02/2025. <https://www.nytimes.com/2025/02/28/world/americas/argentina-crypto-scandal-president.html?smid=url-share>, [consulta: 01/03/2025].

[7] «Escándalo cripto: Patricia Bullrich salió en defensa de Javier Milei y apuntó contra la oposición». Letra P, 15/02/2025, <https://www.letrap.com.ar/politica/escandalo-cripto-patricia-bullrich-salio-defensa-javier-milei-y-apunto-contra-la-oposicion-n5414120>, [consulta: 21/07/2025].

[8] «Presentación de cartas credenciales del Embajador No Residente de Singapur ante la República Argentina, Dr Leong Horn Kee». Sitio oficial de la Embajada de la República Argentina ante Singapur, 03/09/2020, <https://esing.cancilleria.gob.ar/es/presentación-de-cartas-credenciales-del-embajador-no-residente-de-singapur-ante-la-república>, [consulta: 06/08/2025].

[9] «Caso $LIBRA: Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el CEO cripto que se reunió con Javier Milei». MDZ, 08/08/2025, <https://www.mdzol.com/politica/caso-libra-migraciones-confirmo-la-verdadera-identidad-julian-peh-el-ceo-cripto-que-se-reunio-javier-milei-n1310589>, [consulta: 08/08/2025].

[10] Federico Rivas Molina. «‘The New York Times’ revela una trama que exigía pagos para reunirse con Milei». El País (España), 28/02/2025, <https://elpais.com/argentina/2025-03-01/the-new-york-times-revela-una-trama-que-exigia-pagos-para-reunirse-con-milei.html>, [01/08/2025].

[11] Ídem.

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ARGENTINA, Atlántico Sur, TIERRA DEL FUEGO

NOTA IRRELEVANTE DE TIERRA DEL FUEGO POR LA PESCA ILEGAL EN MALVINAS

23 julio, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego.

Días pasados el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS Andrés Manuel Dachary nos sorprendió dirigiendo sendas notas a los embajadores de China, Corea y España en la Argentina, con motivo de la pesca por parte de buques de esas banderas en el mar territorial (hasta 12 millas) del archipiélago de Malvinas. Por cierto, tres notas irrelevantes, con errores y la omisión de importantes cuestiones relativas a la soberanía nacional y provincial.

En primer lugar, habría que indicarle a este agente provincial que un secretario del Poder Ejecutivo Provincial carece de toda autoridad para dirigirse en representación de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS a los embajadores citados y, quien debiera hacerlo, es el Poder Ejecutivo Provincial; es decir, el Gobernador de la Provincia; preferentemente, canalizando el reclamo a través de la Cancillería Argentina. Suponiendo que tuviese algún valor su iniciativa, le quita relevancia su sola firma.

Dicen en general estas misivas, de que el gobierno provincial «ha decidido intensificar el control y protección de los recursos naturales en los espacios marítimos ocupados ilegalmente por el Reino Unido, particularmente frente a la creciente presencia de buques que, sin autorización de autoridad competente argentina ―nacional ni provincial― desarrollan actividades ilegales de exploración y/o explotación dentro de las doce (12) millas medidas desde las líneas de base de las Islas Malvinas» (sic).

Al respecto, nos permitimos efectuar los siguientes comentarios:

En principio no es «nacional ni provincial» (sic). Dentro de las 12 millas la jurisdicción es provincial.

Al margen de ello, no entendemos cómo la Provincia habría de «intensificar el control y protección» (sic) cuando Tierra del Fuego AeIAS nunca ha ejercido control alguno en esos territorios provinciales y tampoco tiene capacidad operativa para hacerlo y ni siquiera para navegar esos mares. Podría a lo sumo conocer el tránsito a través de sistemas satelitales que, por lo visto, no ha utilizado para el debido control y protección de los recursos, al menos desde la Provincialización de Tierra del Fuego, ya que erróneamente, el secretario, refiere «a la creciente presencia de buques sin autorización», cuando al menos desde 1976 y registralmente desde 1989 los isleños británicos en Malvinas otorgan más de 200 licencias ilegales a más de 110 buques que pescan ilegalmente en las aguas de Malvinas un promedio de unas 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos, es decir unos 50 mil millones de dólares FOB desde 1976 hasta la fecha.

Se tomaron unos cincuenta años para reaccionar y casi cinco desde que el 18 de noviembre de 2020 le indiqué ―en mi corto paso como asesor del Observatorio Malvinas― al gobierno provincial, que debería iniciar acciones legales para solicitar el resarcimiento económico por la pesca ilegal en Malvinas.

En cuanto a reclamarle a China la pesca ilegal, habría que decir que sus buques no pescan en Malvinas desde el año 2007 y respecto a atribuirle responsabilidad sobre la pesca ilegal de los buques taiwaneses es como atribuirle responsabilidad a la Argentina por los buques que pescan en Malvinas con la bandera ilegal y no reconocida de «Falklands». La República Popular China no ha podido resolver la Cuestión de Taiwán. Sin embargo, expresó su apoyo al reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas cuando estableció relaciones diplomáticas con Argentina en 1972. Esta posición quedó ratificada en distintos foros internacionales y en forma categórica el 12 de noviembre de 2020, cuando el Grupo de los 77 + China en la 44° Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores se respaldó explícitamente el reclamo argentino, reconociendo el derecho de Argentina a emprender acciones legales contra actividades no autorizadas en las islas y en febrero de 2022 China Media Group apoyó el reclamo argentino e instó al Reino Unido de Gran Bretaña a devolver las islas, reforzando la postura China contra el colonialismo. Expresiones que se han mantenido constantes desde 1972. Es obvio que no puede atribuirse a China responsabilidad por la pesca ilegal taiwanesa que, en todo caso. la Argentina debería considerarla pesca pirata, de acuerdo con la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Las restantes notas dirigidas a España y Corea del Sur tienen un texto similar; pero, es asombroso el suplicante texto que le envía el secretario a la Embajada de España cuando dice: «teniendo presente la histórica posición de España en favor de la descolonización y en apoyo al diálogo por la cuestión Malvinas, así como el hecho de que el Reino de España también ha sido víctima directa del colonialismo británico, apelamos a su comprensión respecto a la necesidad de adoptar estas medidas en defensa de la integridad territorial y los recursos naturales de los más de 45 millones de argentinos» (sic). No, señor secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, nada de «apelamos a su comprensión» (sic). La República Argentina se independizó de España el 9 de julio de 1816 y el Reino Unido selló el reconocimiento de la independencia el 2 de febrero de 1825 con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y, con ello, el dominio y jurisdicción de Argentina de todos los territorios que hasta 1816 pertenecían a España, entre ellos el archipiélago de Malvinas y sus aguas correspondientes (Principio de uti possidetis iuris «como posees, así debes poseer» que establece que los nuevos Estados heredan las fronteras y territorios de las entidades coloniales previas).

Por su parte, España recién reconoció la independencia de la Argentina en 1863 pero, además de ello, el Reino de España y su gobierno ha reconocido explícitamente la soberanía argentina de Malvinas y sus aguas correspondientes, cuando la Comunidad Económica Europea firmó el Acuerdo Pesquero entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea (CEE) para pescar en las aguas argentinas, sujeto a las regulaciones y condiciones establecidas en el acuerdo y en cumplimiento con las leyes argentinas. (Ley Nacional N° 24.315 del 06/05/1994) y, además de la Res. 31/49, apoyó las distintas Resoluciones de las Naciones Unidas. Los buques pesqueros de España, asociados o no a capitales de isleños británicos están usurpando recursos argentinos y capturando ilegalmente en aguas argentinas y violando todas las normas legales argentinas civiles y penales. Por cierto, que el referido denunciante ante las embajadas ha omitido citar el artículo 124° y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, los artículos 2°, 54º, 66º y 87° de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y muy especialmente en lo relativo a los recursos migratorios; la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego AeIAS; las Leyes nacionales 22.415; 23.313; 23.968; 24.543; 24.922; 25.675; 26.386; 26.659; 26.776; 27.564 y la Ley de Pesca de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS; todas normas que legislan respecto a la actividad pesquera y/o petrolera en los territorios nacionales. Por otra parte, no tener en cuenta los recursos migratorios y limitarse al mar territorial, es ir en contra de los intereses de Tierra del Fuego, ya que en el caso que la Argentina recupere la soberanía plena en Malvinas, ésta será inviable económicamente, sino se retiene para sí las aguas que van más allá de las 12 millas. Cuando el 29 de diciembre de 1966 se sancionó la llamada «Ley de Soberanía del Mar» (N° 17.094), ésta, ya refería a «que las actuales actividades extractivas de naves extranjeras en aguas argentinas constituían un hecho grave…y que, la soberanía debería ser una e indivisible», extendiéndose por esta ley el Mar Territorial Argentino, «hasta una distancia de 200 millas y, al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes que permita la explotación de los recursos…».

Complementariamente ―pero no menos importante― es que estas capturas producen un desequilibrio en el ecosistema argentino, cuyas consecuencias sobre la sostenibilidad de las especies resultan invalorables e impredecibles. Por un lado, el Rendimiento Máximo Sostenible determinado anualmente por el INIDEP no contempla el volumen capturado a través de estas licencias ilegales británicas y por el otro la internacionalización del mar por parte del Reino Unido atrajo al Atlántico Sur una flota extranjera que depreda los recursos migratorios argentinos en la Alta Mar incidiendo sobre la ZEE y los mares territoriales de las provincias del litoral patagónico.

No se puede dejar de mencionar tampoco que la caída de las capturas del calamar loligo a 48.888 toneladas que capturan ―precisamente― los españoles en Malvinas, podría estar motivado por las exploraciones sísmicas que se realizan, tanto en el área de Malvinas (Sea Lion) como en las cuencas Austral marina; Malvinas Oeste y Cuenca Norte, circunstancia que debería preocuparle seriamente al gobierno nacional y de Tierra del Fuego, ya que, estas exploraciones podrían dañar significativamente los estadios larvales y juveniles del calamar loligo afectando gravemente su ciclo biológico.

El secretario, además de mandar notas inconducentes, debería estar promoviendo las acciones legales pertinentes y, preocuparse ―como principal responsable― de iniciar acciones legales al respecto y, que todavía siga vigente el artículo 2° de la Ley 23.775 de 1990 que reza: «En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial»; artículo que atenta contra la integridad territorial de Tierra del Fuego AeIAS y contrasta con la posición que sustenta la Argentina en su reivindicación de Malvinas de respetar la «integridad territorial nacional».

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

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ARGENTINA, SOBERANÍA NACIONAL

LA POLÍTICA NACIONAL ENAJENA EL PATRIMONIO Y ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MARÍTIMA E INSULAR

10 junio, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Hace tiempo que la soberanía marítima e insular nacional solo está en la imaginación de los argentinos; aunque nunca es tan ostensible la pérdida de autonomía. No se trata de un hecho aislado: es una estrategia externa debidamente planificada y ejecutada mediante colaboracionistas enquistados en los distintos ámbitos nacionales. Una red que alcanza a los ámbitos territoriales, económicos y culturales. Nos han transformado en una colonia.

Sin el mar no habrá Nación.

Mientras que Scalabrini Ortíz consideraba que «la Soberanía pasa por el control y desarrollo de nuestros recursos y consideraba al mar como un espacio de integración económica, cultural y estratégica», el gobierno de Milei promueve la apertura del mar argentino a las potencias extranjeras para que se apropien y depreden nuestros recursos pesqueros y petroleros, promoviendo el quiebre de la industria y del empleo nacional. No es ineptitud sino intencionalidad para debilitar la capacidad de desarrollo de la Argentina y transformarla en lotes productivos de terceros países que industrializan nuestros recursos naturales y los transforman en alimentos, trabajo y riqueza, como cuando explotaban las colonias mediante el trabajo esclavo en el siglo XVIII y XIX.

Nos limitaremos aquí a referirnos a los territorios marítimos y a los territorios ribereños.

La ocupación de sus territorios

La Argentina no solo tiene ocupados por el Reino Unido los 11.410 km² de Malvinas sino 1.639.900 km² de su territorio marítimo e insular. Un territorio equivalente a la Patagonia y a las provincias de La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Formosa; por cierto, en muchos casos, un territorio marítimo más rico que alguna de las provincias citadas. Además de ello tiene en disputa con el RU 1.430.000 Km² de su plataforma continental argentina más allá de las 200 millas y el territorio del continente antártico. Pese a ello, el gobierno no tiene una hipótesis de conflicto y, por el contrario, Milei sostiene una posición claudicante y, enfatiza, que la Argentina no busca un conflicto con el Reino Unido; manifiesta su admiración por Margaret Thatcher y considera legítima la presencia de funcionarios y militares británicos en Malvinas dada su administración de las islas. Entiende que son los isleños quienes deberían interesarse por Argentina, dando por tierra la posición sostenida por la diplomacia argentina de defensa de la «integridad territorial» ratificada por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La explotación de los recursos

El Reino Unido extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros de Malvinas, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y las Leyes argentinas, sin que las autoridades nacionales inicien acción alguna a las empresas que pescan sin habilitación argentina, cuyos ingresos han permitido a los isleños británicos sostenerse y desarrollarse. En los últimos 40 años se extrajeron 40 mil millones de dólares FOB de productos pesqueros que, en el comercio final, representan 200 mil millones de dólares. Un volumen de materia prima que hubiese permitido alimentar con una proteína excepcional ―solo comparable a la leche materna― a 3 millones de niños y adolescentes todos los días del año. Al mismo tiempo, las empresas Navitas Petroleum (israelí-estadounidense) y Rockhopper Exploration (británica) iniciaron exploraciones petroleras en Malvinas, esperando extraer unos 728 millones de barriles por un valor inicial de unos 54.000 millones de dólares. Ambas explotaciones consolidarán definitivamente a los británicos en el Atlántico Sur, ante la pasividad del gobierno nacional.

No parece casual que el nuevo embajador británico en Argentina sea David Cains, que hasta ahora era vicepresidente de Equinor, una empresa petrolera vinculada a Malvinas y con licencias de exploración offshore otorgadas en 2019 (Macri) en las áreas austral y Norte (Mar del Plata), violando la Ley Solanas (26.659).

El Atlántico Suroccidental. La conectividad y la logística.

Mientras el gobierno nacional mantiene una pésima relación con los gobiernos vecinos de Brasil, Chile y Uruguay, la saliente embajadora invitaba a estudiantes del MERCOSUR y Chile a conocer «las vecinas» islas de Malvinas y los isleños británicos llevan adelante una política de acercamiento. Brasil le sirve de apoyo a vuelos militares británicos; el puerto de Montevideo recibe los buques que pescan ilegalmente en Malvinas y le presta servicios a la tripulación, el transbordo, armado y reparación de los barcos. Por su parte, Punta Arenas de Chile, le provee desde trabajadores hasta alimentos. El Reino Unido firma Acuerdos con Chile referidos a la Antártida y la fabricación de equipamiento militar y, mientras ello ocurre, la Argentina, sigue autorizando vuelos comerciales de Malvinas a Chile y con el Pacto Mondino-Lammy vuelve a autorizar los vuelos a San Pablo del Pacto Foradori-Duncan, que le permitiría a los productos pesqueros de Malvinas acceder al mercado más importante de Sudamérica y plataforma excepcional al comercio mundial. La mayor cooperación argentina prestada al Reino Unido en los últimos 50 años, fortaleciendo su presencia en el Atlántico Sur, donde el Reino Unido mantiene la base misilística y naval más importante del Cono Sur, contrariando la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» que firmaran todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Con la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas, aspira a transformarse en un centro (hub), desde donde se apoye y controle toda la flota pesquera, militar, de transporte, turismo y ciencia, la navegación con el océano Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida, debilitando la soberanía en la Patagonia, cuya densidad poblacional es la más baja del país y su infraestructura portuaria es de baja calidad física y tecnológica.

La Pesca ilegal y la Seguridad Nacional en el Mar

El Ministerio de Seguridad y su Prefectura Naval no controla los 820 buques que pescan en los 3.146.345 Km² de la Zona Económica Exclusiva Argentina y tampoco las capturas que se efectúan en la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. A ello se agrega que ni estos funcionarios ni los del Consejo Federal Pesquero realizan acciones destinadas a erradicar la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios del mar argentino (ZEE) por parte de 460 buques extranjeros chinos, taiwaneses, coreanos, británicos y españoles, que capturan anualmente unas 1.615.000 toneladas (incluidos 30% de descartes) de recursos argentinos por un valor FOB de U$S 6 mil millones y un valor comercial final del orden de los U$S 30 mil millones, provocando además un gravísimo daño al ecosistema, al desarrollo patagónico y a la seguridad nacional[1]. Estos agentes ignoran que la Convención del Mar no admite la pesca sin control del país de origen, sin determinar las capturas máximas permisibles y afectando los intereses de los Estados ribereños. El gobierno nacional no administra ni controla el mar y, no es casual el bajo presupuesto destinado a dotar de una fuerza naval de disuasión y, el deterioro de todos los puertos.

La Argentina bicontinental y Tierra del Fuego

El mapa bicontinental es cartón pintado de uso escolar ya que la Argentina no lleva ninguna política de ejercicio soberano en contraposición con el avance del Reino Unido en el Atlántico Sur. Los puertos de Río Grande y Ushuaia no reúnen las condiciones mínimas para favorecer el transporte de las mercaderías y dar apoyo a la flota que se incrementa con el tránsito de buques de gran porte por el estrecho de Magallanes. No dispone Tierra del Fuego de una base aérea, militar y naval acorde a la posición que ocupa en un área estratégica disputada, además del Reino Unido, por Estados Unidos y China. Esta última busca acuerdos con autoridades argentinas para emplazar un puerto en Ushuaia; mientras que Estados Unidos pretende instalar una base asiento de submarinos nucleares. Una delegación de soberanía inadmisible en una Nación autónoma y grave respecto a los derechos sobre Malvinas, la Antártida y las aguas correspondientes.

Al mismo tiempo, un radar de una empresa británica continúa radicado en Tierra del Fuego, pese a que el entonces Jefe del Estado Mayor de las FAA Juan Martín Paleo consideró que la presencia de este radar en la Provincia era contraria a la seguridad nacional.

Tierra del Fuego sigue aislada del continente y el transporte sigue dependiendo de Chile. La reciente medida del gobierno nacional debilitando la producción tecnológica, es una muestra más del escaso interés por lograr un desarrollo sustentable de esta provincia y la radicación poblacional en esta región austral argentina.

El tratado de alta mar

La Cancillería y su par de Chile bajo pretexto de combatir la Pesca Ilegal firmaron en Valparaíso una Declaración basada en el Acuerdo de «Uso Sostenible de la Biodiversidad en alta mar» y «el Estado Rector del Puerto». Ambos Acuerdos que la Argentina no ratificó porque debilitaría la soberanía nacional, se perdería la autonomía en la ZEE y se violaría la DTP de la Constitución Nacional, amén de instalarse Áreas Marinas Protegidas, mecanismos utilizados por el Reino Unido desde el año 2017 para ampliar los llamados «territorios británicos de ultramar» bajo la denominación de «Blue belt» (cinturón azul) y, en el caso específico de Malvinas, ya lo concretó al este, oeste y sur de Malvinas y lo haría al nordeste de aprobarse el proyecto de Área Marina «Agujero Azul», que vienen gestionando ante el Congreso de la Nación varias ONGs financiadas por el extranjero, entre ellas la fundación norteamericana CWS propietaria de dos islas en Malvinas. Proyecto que facilitaría la llegada de los recursos pesqueros migratorios argentinos a las islas, generando nuevas licencias ilegales pesqueras en favor de los isleños británicos.

La Concesión a empresas extranjeras de la red troncal Paraguay-Paraná y del Río de la Plata

En marzo de 2024 el gobierno acordó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que realice, entre otras tareas no detalladas, el mantenimiento de la red troncal Paraguay-Paraná.

A su vez, la Nación enajena la jurisdicción de los ríos de las provincias del litoral, por donde la Argentina transporta mercaderías por valor de 74 millones de toneladas por un valor superior a los 70 mil millones de dólares. Se suma a ello, la autorización de profundización del canal del puerto de Montevideo a la par de no avanzar con la construcción del Canal Magdalena que habría de permitirle a la Argentina integrar toda la navegación y transporte fluvial-marítimo, evitando la dependencia con el citado puerto.

La continuidad de la legislación colonialista

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN y, en paralelo, mantiene vigentes todos los Acuerdos, Tratados y leyes favorables al Reino Unido, entre otro/as los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que sede de hecho además de los territorios marítimos la explotación pesquera manteniendo «la fórmula del Paraguas» que congela la discusión soberana; La Ley de Líneas de Base (23.968 de 1991) que facilitó la delimitación de las líneas de base en Malvinas por parte de los británicos y a partir de ello la determinación de la ZEE, derogando la Ley 17.094 que establecía el mar territorial argentino de 200 millas; la Ley 24.184 de 1992 de Protección y Promoción de las inversiones británicas que facilitan los negocios ingleses en la Argentina, a pesar de impedir la explotación pesquera y petrolera en el área ocupada de Malvinas; el incumplimiento de las leyes 24.922 de 1997, 26.386 de 2008 y 26.659 de 2011 que prohíben la explotación pesquera y petrolera en las aguas continentales y de Malvinas sin habilitación argentina; la Ley 24.093 de 1992 que debilitó la seguridad nacional y la administración nacional de los puertos; falta de control de la pesca de arrastre en la plataforma continental argentina según la Ley 24.922 y 27.557 de 2020; el incumplimiento del artículo 1 de la Ley 26.776 de 2012 que define como política de estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Manuel Belgrano nos decía: «Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de la independencia, de la Unión y la Libertad».

10 de junio de 2025 (día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

Referencia

[1] Según el artículo 87º de la CONVEMAR la pesca en alta mar “está abierta” -no libre como generalmente refieren funcionarios y medios; y, además, en las condiciones que se viene realizando ES ILEGAL, porque: “La Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 Federal de Pesca. Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR), cuestión que ocurre con los buques que pesca a distancia en el Atlántico Suroccidental; segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117º a 119º de la CONVEMAR) que tampoco efectúan y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (artículos 27º; 61º a 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina (artículo 77º de la CONVEMAR) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional” (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones. Ley Nacional de Pesca, 2023).

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