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LAS RAZONES BIOLÓGICAS Y RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES QUE DAN SUSTENTO A LA DENUNCIA DE TODOS LOS ACUERDOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS

César Augusto Lerena*

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado
De Manuel Larravide (1871-1910), Enciclopedia Historia Argentina.

Por medio de la Ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Si la Argentina pretende pasar de los dichos a los hechos e iniciar el camino de recuperación de la soberanía, cumpliendo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, debiera derogar, rechazar o declarar finalizados los Tratados, Acuerdos, Convenios, Pactos u Hojas de Ruta —todos indecoroso/as— que se oponen a ello. Incluyo dentro de éstos los Acuerdos de Madrid (1989/90), el Convenio suscripto en Londres en 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para “La Promoción y la Protección de Inversiones en la Argentina” sancionado por Ley 24.184 (1992); el Acuerdo de Nueva York sancionado por la Ley 25.290 (1995); el Pacto de Foradori-Duncan (el martes 13 de septiembre de 2016); el Convenio propiciado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto (2009).

A todos los argumentos políticos, jurídicos, económicos y militares que justifican plenamente la derogación de los Acuerdos y Convenios citados precedentemente, debemos agregar como central la 50ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones en la que se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar la desmilitarización del Atlántico Sur y la eliminación de las armas atómicas.

Entiendo que resultan fundamentales para promover esas denuncias, tener muy presentes las cuestiones relativas al cuidado del ambiente marino, el ecosistema, el transporte y la explotación de los recursos migratorios originarios en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina en el área de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y más allá de las 200 millas en la alta mar que se ven afectados por los Acuerdos etc. que se propicia derogar.

Sobre la denuncia de los Acuerdos de Madrid y del Convenio de protección de las inversiones británicas en la Argentina ya me he referido en extenso (Lerena, César “El Pre-acuerdo de la Canciller Malcorra y los Acuerdos de Madrid de Cavallo”, 16/9/1916; “El oscuro Tratado de Madrid”, 2/4/2019; “El gobierno debe ‘declarar finalizadas’ las Declaraciones Conjuntas de Madrid”, 25/6/2020; “Las Innombrables Declaraciones de Madrid, 8/9/2020; “La Denuncia del Convenio de Promoción y Protección de las Inversiones del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina, 7/10/2020).

Para ello, deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que las capturas con licencias ilegales británicas en las aguas del área de Malvinas o, fuera de éstas, afectan al Ecosistema, que debe ser considerado integralmente como indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), por lo tanto, atentan contra el “Rendimiento Máximo Sostenible” establecido en forma anual por el INIDEP para la explotación y preservación de la economía trófica de los recursos pesqueros en la ZEE Argentina.

Los buques extranjeros que capturan sin control en la alta mar rompen el ciclo biológico, ya que —ecológicamente— es necesario asegurar el regreso del recurso a la ZEE donde realiza su etapa biológica más importante y, como bien refiere el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Art. 6º inc. 6.5, 6.8, 6.9 y 6.18), respecto a la Ordenación Pesquera, los Estados deben aplicar el Criterio de Precaución en la conservación y la explotación de los recursos, teniendo en cuenta, el hábitat crítico, las zonas de cría y desove. El caso del calamar patagónico (Illex argentinus) es un ejemplo típico, ya que inicia su ciclo de vida anual en el área continental de la ZEE Argentina, migra al área de Malvinas y de alta mar y regresa al área original del ciclo, por lo cual, su captura sin control en Malvinas y en alta mar no solo dificulta su sostenibilidad sino que —vinculada su ecología trófica a otras especies y actuando como depredador o presa— afecta al total de las especies con las que interactúa en el ecosistema y, en la Argentina, muy especialmente a la merluza, especie central en la generación de industrias y empleo. Ello se ratifica en los propios considerandos del Acuerdo de Nueva York donde destaca que la depredación se produce por la pesca de alta Mar: “…algunos recursos se están explotando en exceso…”.

Se debe tener en cuenta, en segundo lugar, que las Organizaciones Regionales o subregionales de Ordenamiento Pesquero (en adelante OROP) y su integración por parte de Estados de Bandera supone la resignación de Argentina a la administración de los recursos pesqueros en todo el Atlántico Sudoccidental (por la composición mayoritaria en las OROP de Estados de Bandera sobre los ribereños), no solo en la alta mar sobre sus recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, sino también dentro de ésta, conforme las normas de la CONVEMAR y las correspondientes al denominado Acuerdo de Nueva York (“las Poblaciones de Peces transzonales y altamente migratorios dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas”).

El Acuerdo de Nueva York es un engendro técnico que intenta hacerse de la administración del mar por parte de Estados de Bandera (contrario a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que promueve la explotación del Atlántico Sur por parte de los países con ZEE en éste) y quitar o limitar las facultades soberanas de los Estados ribereños sobre la regulación de sus recursos pesqueros. Crea las OROP, organizaciones mayoritariamente integradas por Estados Banderas, que se constituyen en administradores que minimizan y dificultan las negociaciones directas entre Estados o empresas. Todo ello agravado, porque muchos de los principales Estados de Bandera (China, España, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Reino Unido, etc.) que pescan en alta mar en el Atlántico Sur, subsidian con 35.000 millones de dólares (2019) las operaciones de captura; una cifra que representa el 35% del monto total mundial producido, lo que demuestra la vocación de estos países de hacerse de los recursos pesqueros, incluso a pérdida, contrario a todas las políticas de comercio de la OMC.

Por las reglas de la CONVEMAR y muy especialmente por la forma en que se pretende regular la pesca de la alta mar en el Acuerdo de Nueva York, se deja de manifiesto la clara intención de los Estados de Bandera (en su mayoría países desarrollados que pescan a distancia) de quedarse con los recursos de los Estados ribereños, de otro modo no podría entenderse que aquellos recursos que son de dominio de éstos en la ZEE, por el solo hecho de pasar la línea imaginaria de las 200 millas, puedan pescarlos terceros países y, aún peor, que los Estados de Bandera incidan sobre la administración de los recursos en la ZEE. Este criterio rompe con el más elemental modelo biológico y de sostenibilidad de las especies.

La Argentina en 1995 al ratificar la CONVEMAR efectuó algunas declaraciones al respecto (Ley 24.543 art. 2º inc. c): “…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin”, con lo cual la Argentina ha dejado clara su vocación de acordar las capturas en forma directa cuando existan poblaciones excedentarias.

Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar, del total de 3.146.345 km2 de la ZEE Argentina el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) ocupa un territorio marítimo argentino aproximado a los 1.639.900 km2 alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, según los espacios unilateral y arbitrariamente establecidos por el Reino Unido como “Zona de Administración y Conservación interina Pesquera” (FICZ para los británicos); “Zona Exterior de Conservación Pesquera” (FOCZ para los británicos) ambas alrededor de Malvinas; el Área de reserva ecológica alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y el GAP, de 1.900 km2 en el área nordeste de Malvinas. Es decir que a pesar de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y de los Acuerdos que se solicita denunciar, el Reino Unido ha ocupado en forma creciente y sostenida territorio nacional de los espacios originales ocupados en 1982, a saber: archipiélagos Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.850km2), Sándwich del Sur (310 km2) y un territorio marítimo de tres millas alrededor de estos territorios insulares, por lo cual en la actualidad el Reino Unido ocupa un 52% de nuestro territorio marítimo e insular. Ello, sin computar los más de 1.400.000 km2 de la Plataforma Continental Argentina que los británicos han reclamado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas y la disputa pertinente por la Antártida Argentina (965.597 km2) y los territorios marítimos correspondientes. Todo esto le ha permitido al Reino Unido extraer ilegalmente (a través del otorgamiento de licencias) recursos pesqueros argentinos por un volumen anual promedio de 250.000 toneladas desde 1982 a la fecha de un valor anual estimado en los 650 millones de dólares y efectuar exploraciones de hidrocarburíferos.

Solo de la explotación pesquera ilegal del gobierno ilegal de Malvinas, la Provincia del Tierra del Fuego ha perdido desde 1982 a la fecha la suma 16.787,9 mil millones de dólares, por la captura ilegal (INDNR) de la especie calamar loligo (Doryteuthis gahi, Orbigny, 1835), más los daños por pérdida de chance y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales de U$S 224.720.874.

El Acuerdo de Nueva York se excede a las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y, ello, no solo es contrario al propio Acuerdo que en su art. 4º indica que “Ninguna disposición en el presente Acuerdo se entenderá en perjuicio de los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados con arreglo a la Convención…”, sino que, además, es absolutamente improcedente que un texto, que es parte de la CONVEMAR pueda modificarla, ya que para tal caso, requeriría de las Enmiendas previstas en ella y no abrir la puerta a que —en un futuro—- las OROP puedan modificar la letra y el alcance establecido por el conjunto de las Naciones e, incluso, generar discriminaciones entre los Estados según integren o no estas OROP como bien se ha fundamentado en el proyecto.

Respecto a las especies “altamente migratorias” el Acuerdo de Nueva York no podría ser aplicado jamás en las especies de la ZEE Argentina o su área adyacente, porque la CONVEMAR en su Anexo I, remite a en forma taxativa a determinadas especies que no incluyen a peces, crustáceos o moluscos del Mar Territorial o la ZEE Argentina. En cualquier caso, la falta definición de los términos “transzonal”, “altamente migratoria” o “migratoria”, mientras no se precisen los adjetivos especificativos y aprueben científicamente —dentro del Acuerdo— invalida toda pretensión de éste de reglamentar las prescripciones de la CONVEMAR.

La Argentina en los art. 4º, 5º y 22º de la Ley 24.922 reivindicó sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, por cuanto su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde estas especies realizan gran parte de sus principales etapas del ciclo biológico, para luego migrar a la Alta Mar, donde son capturadas por los buques extranjeros, para, finalmente —los que logran evadir estas capturas— regresar a la jurisdicción de Argentina. Y esta última es la condición principal para considerar “migratorio” a un recurso, como lo indican los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche en su trabajo “La ruta de migración del langostino patagónico” (INIDEP. Inf. Téc. Of. 7/12 del 3/4/12), donde se define: “El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…”.

En cuarto lugar, accesoriamente a lo expuesto, pero muy importante, debería rechazarse igualmente, la pretensión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de aprobar en la Argentina un Convenio (ya aprobado por el Reino Unido) que carece de todo sustento, por cuanto esta especie no está presente en la ZEE ni el Alta Mar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000), pero que —aun tratándose de un Convenio respecto a las especies de Atún— da lugar al acceso a otras especies agregadas a éste.

La preeminencia en la Administración del ecosistema en el Atlántico Sudoccidental (ZEE y Alta Mar) la deben tener los Estados ribereños de Argentina y Uruguay y ello debe ser así porque nuestros países son los que realizan los estudios que determinan las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) o los Rendimientos Máximo Sostenibles (RMS) y se funda en que hay una prueba biológica irrefutable que avala esta posición: si nuestros países agotasen el recurso en la ZEE Argentina o Uruguaya se agotarían los recursos del área de Malvinas y en la alta mar. Ratificar el Acuerdo de Nueva York y propiciar el Convenio del Atún sería contrario al interés nacional y violatorio de toda la legislación Nacional y de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En quinto lugar, se entiende como necesario, mientras esté en debate el Pacto Foradori-Duncan y se procede a su denuncia, debieran suspenderse los vuelos autorizados a la República de Chile y Brasil. Respecto a este último vuelo autorizado a partir del referido pacto debería tenerse muy presente que la ciudad de San Pablo y Gran San Pablo con una población AB1 de 30 millones de personas puede absorber todas las extracciones pesqueras del área de Malvinas y es una puerta a exportaciones al mundo y el intercambio comercial necesario con las islas, además de servir para el recambio de tripulaciones, reposición de insumos, alimentos, etc. lo cual se agrava con la salida del Brexit que podría, a partir de enero de 2021, significar el retiro de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como territorios británicos (ilegales) de Ultramar en la Unión Europea y la consecuente aplicación de aranceles a los productos originados en Malvinas.

Argentinos, si vamos a conmemorar el día de la Soberanía Nacional, que sea con hechos que estén a la altura de nuestros héroes nacionales, los de 1845 y los de 1982.

 

 * Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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EL CABALLO DE TROYA. LOS CHINOS EN ARGENTINA Y URUGUAY.

César Augusto Lerena*

特洛伊木马。阿根廷和乌拉圭的华人

La Argentina es incapaz de controlar la pesca ilegal con buques chinos en el Atlántico Sur y favorece sus inversiones para que se lleven los recursos naturales, económicos y el trabajo del país. El Uruguay, por su parte, facilita las operaciones de las esas embarcaciones ilegales en sus puertos y promueve la radicación de capitales chinos en ese país, entendiendo, que esta República —dice el presidente Luis Lacalle Pou— puede ofrecerle a China ser el “HUB” (Centro Regional) de “entrada de sus productos y servicios a la región y su acercamiento al Mercosur”.

Un ofrecimiento que debe resultar muy atractiva a Xi Jinping. Una propuesta de colonización encubierta —esta vez China— con inversiones que dejan al descubierto, como en la Argentina, la indefensión nacional aprendida. Estamos inertes ante la necesidad de capital y nos entregamos con los brazos atados a estas nuevas formas de dominación y de destrucción de las industrias locales que, suenan como métodos más sofisticados, pero son igualmente invasivos, tanto como los británicos y franceses subiendo el río Paraná en 1845 para hacerse de nuestro comercio. Como la savia que se extrae por la hidrovía, que oficia de arteria regional, para llevarse impunemente el esfuerzo laborioso de nuestras materias primas sin valor agregado de la mano de navieras, peajes y dragados extranjeros.

Los chinos no vienen por nuestro desarrollo regional, vienen por nuestros recursos.

¡Argentinos a las cosas y uruguayos a las suyas!, pero, ambos juntos, con políticas concertadas de interés común, para poder enfrentar los grandes desafíos del comercio internacional y alcanzar el bienestar de sus pueblos y, la armonía y defensa inteligente de la región, frente al sostenido avance de las grandes potencias mundiales que han transformado la invasión militar en colonización económica y financiera. Ni Argentina ni Uruguay pueden ofrecerle el “HUB” a China; a no ser, que estén resignados a transformarse en meras colonias para la extracción de sus recursos sin valor agregado, en lugar de países industriales de productos de excelencia, de transferencia de tecnología y conocimiento, en ambientes sostenibles y seguros.

¿Seguiremos los rioplatenses vendiendo productos baratos con mano de obra esclava como en los siglos XVIII y XIX? O se decidirán nuestros países empobrecidos a unir voluntades para defender sus intereses culturales, económicos y sociales, como los concibieron Artigas y San Martín.

A qué desactivado MERCOSUR se refiere Lacalle Pou, cuando no podemos siquiera ponernos de acuerdo entre los rioplatenses en el uso de las aguas comunes; la utilización de los puertos y el diseño de los canales de navegación; el comercio común marítimo y fluvial; el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la Zona Común que ambos países acordaron inteligentemente en 1973; la exportación de productos de calidad certificada rioplatense en lugar de seguir dependiendo de certificadoras internacionales (una nueva forma de colonización); el intercambio de bienes y servicios; el combate de la pesca ilegal china, española, coreana, taiwanesa y británica en el Atlántico Sur, en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que le quita, no sólo importantísimos recursos a ambos países, sino que enajena la soberanía de Uruguay y Argentina en este amplio territorio marítimo que ya era una estrategia central en el Virreinato del Rio de la Plata. ¿Qué hemos hecho en común en la Antártida latinoamericana que soñara el General Jorge Edgar Leal, fundador de la Base Esperanza en 1952?

¿Qué se hace la Muy fiel y Reconquistadora Montevideo que le permitió a Buenos Aires deshacerse de los ingleses en 1806 y qué, la Muy noble y muy leal, ciudad de Buenos Aires, ambas controladas por capitales chinos?

Son buenísimas las autoridades de ambos países con discursos altisonantes sobre América para los americanos en los Foros Internacionales, aunque incapaces de unir voluntades para hacer de este mensaje una realidad palpable que demuestre la vocación cierta de desarrollarnos con autonomía. No es con un “HUB” chino. Es con un “HUB” Rioplatense que habremos de cambiar nuestro destino y transformarnos en países soberanos, dejando el vuelo bajo de los chismes y celos de conventillo. Unidos o Dominados no diría el General Juan Perón.

Los gobiernos de Sudamérica ya han dado muestras sobradas de incapacidad para diseñar y llevar adelante un proyecto regional que nos fortalezca con equidad y nos permita aprovechar al máximo nuestras capacidades individuales. Una acción sinérgica que destaque las potencialidades de cada uno y que nos ayude a competir en el mundo, alcanzando un desarrollo equilibrado que haga sustentable a ambas Naciones, facilitando la actividad de las pequeñas y medianas empresas nacionales, el pleno empleo, el bienestar de la gente y robustecer una identidad y tradición común que nos hermana.

Desde hace años que los gobiernos uruguayos de distinto signo político (Tabaré Vázquez ayer y hoy Lacalle Pou) vienen insistiendo en la construcción de un puerto chino en Uruguay y, ahora, es el propio Estados Unidos que expresa su preocupación por la penetración china. Ahora, ¿es razonable que sean otros intereses ajenos a la región los que deban señalarnos el problema y diseñar nuestro futuro? y, por el contrario, sea el propio Uruguay con la Argentina y viceversa, quienes armen sus proyectos de Nación Independiente y complementarias, fuera o dentro del MERCOSUR y, no sea necesario, que, bajo el pretexto de recibir recursos económicos chinos, enajenen sus destinos de grandeza.

Siento un profundo amor por los orientales, pero lo del “HUB” chino, excede el proyecto de país y avanza en la pretensión China de constituirse en el epicentro económico de la región. No será inocuo para Uruguay ni tampoco para la Argentina. Ya hemos sido colonia española, portuguesa, brasileña, nos ocupan y explotan los británicos, no queremos ser colonia China.

¿Qué es esto —por otra parte— que por un minúsculo negocio con Malvinas se promueva el turismo en esos territorios nacionales de Argentina ocupado en forma prepotente por una nación extranjera? ¿Tal vez una nueva forma de dependencia? No se merecen estos pueblos grandes una mirada tan pequeña de nuestros gobernantes.

Según Búsqueda (Nº 2094, 22-28/10/20) “La posibilidad de que la empresa china Shandong Baoma Fishery Group construyera un puerto para proveer servicios de mantenimiento a barcos pesqueros ya se negoció durante el gobierno pasado (…) El consejero económico comercial de la embajada china en Montevideo, Zhou Quan, dijo que ‘se ha realizado suficiente intercambio de opiniones en el nivel técnico de la comisión mixta’. Imaginamos que Uruguay, como país, está abierto a las inversiones (…) que, como quedó claro en el diálogo que mantuvieron Lacalle Pou y Jinping, Uruguay y China comparten la visión de que no hay que ir ‘por el camino del proteccionismo’, sino ‘seguir con los mercados abiertos’”. Habría que analizar que hace hoy Estados Unidos, la Unión Europea y la propia China al respecto, que aplican aranceles y restricciones para arancelarias a nuestros productos con valor agregado.

Nos queda muy claro a quién beneficiará esta iniciativa: adquisición de materia prima barata; compra de plantas a bajo costo; explotación de los recursos de bajo valor agregado; exportación de commodities agropecuarios y pesqueros; transferencia de la mano de obra uruguaya (como ya ocurre en la Argentina) a China y otros países desarrollados.

Fuegos de artificio que no pueden engañar a dos pueblos inteligentes y a gobernantes informados.

¿Un centro regional chino en Uruguay? Puerto franco, depósitos y muelles para la logística, insumos importados, evasión de impuestos, recambio de tripulación, etc. con extensión al área portuaria de Montevideo; astillero para la reparación de barcos; depósitos de petróleo para pesca subsidiada, trabajo esclavo, etc. ¿Quién y con qué se controlarán estas capturas que se desembarquen en un puerto privado chino?, ¿y el transporte, con bodegas y contenedores llenos de capturas ilegales en la ZEE o adyacente a ésta, o con licencias ilegales británicas de Malvinas? Todo el Atlántico Sur, el Río de la Plata, los ríos y territorios continentales, mantenidos con nuestro escaso patrimonio al servicio de la extracción y depredación China. ¡Un negocio chino!

Ya los grupos chinos Hesheng Group y Fores Group se quedaron con el Frigorífico Nacional Lorsinal de carnes rojas y China “se hará de soberanía en el Río de la Plata si construye un Puerto con zona franca pesquera en Uruguay”. Con la instalación del puerto, comenzaremos a ver frente a las costas de Uruguay y la Provincia de Buenos Aires —en la Zona Común— cientos de buques pesqueros chinos de los 16 mil que depredan en el Pacífico y Atlántico; que despacharán y operarán sin intromisión alguna; destruyendo los recursos, pero también los mercados de nuestros países.

Todo ello en un marco de fragilidad y dependencia absoluta: el primer ministro australiano Scott Morrison puso en duda la transparencia china en la pandemia y como respuesta relámpago los chinos —nuestro principal importador— retiraron la habilitación de las cuatro plantas exportadoras de carnes a ese país y decretaron para la cebada australiana un arancel del 80%” (El Observador, 21/8/20) ¿A esto se llama socio confiable, imperecedero, capaz de contribuir al desarrollo de la región?

Ya lo dije, China no viene a desarrollar Uruguay o Argentina ¿por qué lo haría? vienen por nuestros recursos naturales, por las materias primas de bajo valor agregado o simplemente —en el caso de la pesca— a la exportación de commodities o harinas de pescado (1.212 U$S/tonelada), devaluando aminoácidos de la mejor calidad biológica para transformarlas en la alimentación animal y, aún más grave, a instalar una base de operaciones del gigante asiático en la cabecera del Atlántico Sur. Tan inocente, como la compra de plantas de procesamiento de alimentos, mineras o campos de explotación agraria en Argentina o la instalación de una Estación Espacial de China en Neuquén, que depende de los altos mandos del Ejército Popular, un territorio de soberanía china, a cargo de funcionarios chinos e inaccesible a los argentinos. Con la misma inmunidad de hecho o derecho que tendría un Puerto en Uruguay.

La fama de China en la actividad pesquera es reconocidamente mala y se le atribuye pesca ilegal en innumerables Estados ribereños. Una docena de países han protestado contra la pesca ilegal de los buques chinos subsidiados: Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Corea del Sur, Vietnam, Mauritana, Senegal, Guinea, Sierra Leona, son solo algunos y, este país, ha dejado claro su interés en el Pacífico y el Atlántico Sur, después de haber depredado el mundo. A China no se le puede abrir el mar por su asimetría económica y, porque sus embarcaciones no respetan el derecho del mar y las demás normas internacionales vigentes.

El “HUB” chino en Uruguay habría de transformar ese país en una gran factoría para el ingreso de sus productos y la explotación y exportación de materias uruguayas sin valor agregado a través en unas pocas empresas chinas que monopolizarán y establecerán el valor de las pequeñas y medianas empresas nacionales para luego exportarlas desde empresas chinas a China sin arancel alguno, al contrario de lo que ocurre con los productos uruguayos y argentinos. Será progresivo y sostenido y los pequeños y medianos empresarios locales no podrán competir con los bajos precios chinos y serán irremediablemente absorbidos por éstos para que junto a sus capturas ilegales ingresen como de origen chino en sus puertos de destino.

Durante 2019 las exportaciones desde Argentina a China de los filetes de merluza se pagaron 1.500 U$S/tonelada, a Uruguay U$S 3.805 U$S; el calamar U$S 2.345, a España U$S 3397; la corvina U$S 1.526, a Estados Unidos U$S 2.331; la merluza negra U$S 14.800, a Rusia U$S 25.098; la pescadilla U$S 1.143, a Italia U$S 2.753; la anchoíta salada U$S 2.700, a Brasil U$S 6.422; el mero U$S 1.600, a Alemania U$S 10.500. Son pruebas irrefutables del bajo valor agregado chino, a lo que se agrega el ingreso sin aranceles a la República Popular China, el trabajo esclavo y la pesca ilegal subvencionada.

Yo pronostico el trabajo devaluado a fasón para las empresas uruguayas y la concentración y la fijación del precio por parte de las chinas. Como en la Argentina, donde el sector pesquero nacional en 1970, cincuenta años después, está en manos de chinas, americanas, españolas, etc. que exportan commodities y, les regalamos a sus transformadoras en destino el empleo nacional.

Fuera de ello, ¿cómo se supone que afectará el trabajo esclavo, el desprecio por el cuidado ambiental y los hábitos culturales chinos en nuestros trabajadores; en el medio marino; en el Río de la Plata y fluvial y en las costumbres rioplatenses? Los chinos “operan sin ningún control ambiental, laboral ni sanitario, utilizando mano de obra esclava, depredando el ecosistema marino y contaminando” nos refiere desde hace años el experto en pesca ilegal Milko Schvartzman.

No dejemos embaucarnos con las luces de la ciudad, el tránsito fácil de recibir inversiones chinas que no se destinan al desarrollo cierto de las nacionales, sino a satisfacer sus necesidades, no son más que espejitos de colores, ¿porqué no habrían de serlos? si nuestros países en lugar de fortalecer sus potencialidades se transforman en grandes supermercados de exposición de productos extranjeros en vez de promover nuestro productos nacionales, destinándolos al consumo de la región y la exportación al mundo. Los salarios de nuestros empleados públicos y privados, argentinos y uruguayos, se van en la adquisición de bienes y servicios extranjeros en lugar generar desarrollo regional y, con este mejorar, la calidad de vida de los rioplatenses.

Obviamente, que este modelo requiere decisión y una vocación unívoca de ambos presidentes Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández para avanzar sin fisuras hacia un destino común. Nada mucho cuesta poco, orientales y argentinos. Marcos Mundstock (1942/2020) en la película “el cuento de la comadreja” al aplicar su estrategia en el juego del billar le dice a su contendiente: ¿sabe cuál es su problema? Que a usted le gustan los tiros fáciles y ¡nada bueno es fácil! En este juego para ganar hay que mirar al rival, pensar como el rival, sentir como el rival ¡no es nada fácil! Cuando parece que todos los caminos están cerrados, ¡siempre se encuentra una manera!”.

En la “Convención Preliminar de Paz” el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil acordaron en 1828 terminar con la disputa por la Banda Oriental; al tiempo que establecieron por quince años, asegurar la libre navegación para ambas naciones; sin embargo, no se fijó el mar territorial y, ello generó diferencias, a punto de provocar algún conflicto armado. 145 años después (¡!) la firma del Tratado del Río de la Plata, en Montevideo en 1973, ratificado en Argentina por Ley 20.645 y, en Uruguay por Ley 14.145, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos.

Ese Tratado que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería presidente argentino, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Angel Zavala Ortiz y firmada en 1973 por los Cancilleres uruguayo Juan Carlos Blanco y argentino Alberto Vignes, pretendió, ir mucho más allá de una cuestión de límites, peces y ambiente, sino “sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unía a sus Pueblos” y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: “Este será el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina —decía Sáenz Peña— no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición; es consagrar para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en el y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos”.  

A casi cincuenta años, de ese trascendente acto de alianza estratégica y cooperación, los resultados de uno de los más importantes tratados de integración suramericana son verdaderamente escasos, limitándose, a una discutida administración del Río y la Zona Común. El delimitar las jurisdicciones de los países en el río y los alcances de las actividades, no debiera operar como una suerte de muro separador, sino por el contrario, consolidar una gran puerta de acceso y de unión indisoluble de vecinos fraternos, con una historia y cultura común y, con la necesidad, de actuar en forma sinérgica en las cuestiones económicas y geopolíticas, de cara al mundo, de ocupación del Atlántico Sudoccidental, de tránsito al Pacífico y vínculo antártico.

No se efectuaron mutuas resignaciones y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE. uruguaya y en la aún más extensa y rica ZEE Argentina para entregar a terceros países nuestros recursos sino para “asentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos países” en su explotación, el transporte, la tecnología, el desarrollo portuario y general; en el que ambas Naciones pueden y deben complementarse, no olvidando que el Tratado refiere a la “prohibición de acciones contaminantes, a la protección del medio marino y a la conservación de las especies” (art. 47-52, 54-56, 66, 73-76, 78, 80-82) y, en el concepto más amplio de estas acciones, se encuentra la prohibición de la explotación irracional y sin control; la depredación; el descarte de especies; la captura de juveniles, etc. todas prácticas que son realizadas por los buques ilegales chinos y, que, siendo perpetradas dentro o no de la Z.E.E. atentan contra el ecosistema y a ambos países.

En esa lucha de intereses del siglo XIX, dejamos de lado un territorio indivisible y a sus habitantes genéticamente y culturalmente unidos. Más aún, perdimos de vista lo que ya el Virreinato conocía perfectamente: la posición estratégica de los puertos de Montevideo y Buenos Aires en cada extremo del Plata y su operación asociada con relación al control del Río de la Plata, el Atlántico sur y al mar austral de las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, para controlar la Antártida y el acceso al Pacífico. ¿Por qué desde el año 1494 Portugal y luego los brasileños tenían interés en quedarse con la Banda Oriental?, sino era, por su posición estratégica sobre el Atlántico Sur, el Río de la Plata y el acceso a los ríos Uruguay y Paraná, permitiéndole, una libre navegación en la cuenca superior y, ¿por qué España creó en 1776 el Apostadero Naval de Montevideo, su más importante autoridad naval en el Río de la Plata y el Atlántico Sur hasta el Cabo de Hornos?, sino era con el objeto de controlar el acceso al Pacífico, el estrecho de Magallanes y el paso de Drake y ¿por qué en San Ildefonso, se dispone la presencia permanente de dos fragatas en el Río de la Plata, una en las islas Malvinas y, otra en Montevideo? Dos Estados marítimos que han perdido de vista sus potencialidades.

Es notable que durante la etapa fundacional de los siglos XVIII y XIX, se pudo entender más claramente la importancia del Río de la Plata, la cuenca del Paraná-Uruguay, el Atlántico Sur y su integración geopolítica, que, todos estos años transcurridos desde la gestación del Tratado. ¿Qué están haciendo Uruguay y Argentina en pleno siglo XXI, con un MERCOSUR deprimido, tratando de dar manotones de ahogado convocando a la injerencia de terceros países (a modo de Caballo de Troya) para que nos resuelvan nuestros problemas inconclusos y recidivantes?

En ese Río de la Plata, de 30.212 Km2 de superficie y 290 km de longitud, por el que ingresan el 95% de las importaciones argentinas y uruguayas y egresa el 80% de sus exportaciones, ya habían entendido los portugueses en el siglo XV y luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses, que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicamente fundamentales por su proyección al Atlántico Sur y su acceso a la hidrovía. Ahora, países independientes, sería bueno esperar una asociación estratégica, generosa y amplia, que potencie los intereses binacionales, derivados de esta esta extraordinaria “puerta de entrada y salida al mundo”.

Se avanzó en esta integración, cuando se creó en 1960 en Montevideo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI; con el Tratado de Límites del Río Uruguay aprobado por ley 15.868 durante la gestión de Frondizi en 1961; con el Estatuto del Río Uruguay de 1976 ratificatorio y complementario del Tratado; y, en 1964 cuando se firmó el Convenio entre YPF y la ANCAP del Uruguay y, también, cuando ambos países acordaron el monitoreo conjunto del río Uruguay con motivo de la instalación de pasteras.

Esta relación se ratificó cuando por la Resolución de la UNASUR dada en Asunción el 17 de marzo de 2012 todos los Cancilleres de Sudamérica rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas. Es decir, compromisos que hacen inaceptable el uso de los puertos uruguayos a los buques extranjeros que pescan ilegalmente recursos argentinos y uruguayos en el Atlántico Sudoccidental y, también, la irresponsabilidad (¿o corrupción?) de funcionarios argentinos que toleran la carga directa o indirecta de combustible a buques tanques y otros insumos que sostendrían a las embarcaciones depredadoras.

Nos une un interés común que debiéramos potenciar con un protocolo adicional al MERCOSUR que dé nacimiento a un Mercado Común Pesquero y otros proyectos entre ambos países, que nos permita explotar inteligentemente más de un millón de toneladas pesqueras del Atlántico Sur que en la actualidad depredan chinos, españoles, coreanos, taiwanés y británicos.

En ningún caso debiéramos avanzar en proyectos sin el consenso necesario ya que lo que es malo para los uruguayos debiera ser malo para los argentinos y viceversa y, no debiéramos olvidar que Montevideo y Buenos Aires han servido de refugio a los emigrados políticos desde la época de la colonia y la independencia, hasta los tiempos de los gobiernos militares.

Yo también quiero tener mi ciudadanía uruguaya, pero, para hermanarme un poco más a los Orientales educados, con esa bonhomía e inteligencia que los hace singular, no para huir del fracaso de las políticas argentinas y encontrar del otro lado del charco el mismo sentimiento de entrega nacional.

¿Dónde está la cooperación argentino-uruguaya que debió potenciar el desarrollo de nuestros países en lugar de abrir las puertas a una nueva colonización que destruya las empresas locales, el empleo y nuestra cultura creativa?

Es hora de los funcionarios de ambos gobiernos: los Cancilleres Felipe Solá (Ar) y Francisco Bustillo (Uy), los embajadores Alberto Juan B. Iribarne (Ar) y Carlos Fernando Enciso Christiansen (Uy), de los Ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra (Ar) y Carlos Uriarte (Uy); los delegados de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) embajador Diego Tettamanti (Ar) y Alem García (Uy); los Presidentes de las delegaciones de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) Embajadora Mariana Inés Llorente (Ar) y CN Julio Suárez Bonorino (Uy); las autoridades de la hidrovía Paraguay-Paraná Ministro Mariano Vergara (Ar) y Juan José Olaizola (Uy); las autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) José E. Lauritto (Ar) y Mario D. Ayala Barros (Uy) y los Ministros y Secretarios temáticos de industria, producción, pesca, puertos, transporte, energía, comunicaciones, turismo, etc. con la aprobación de ambos Congresos, revitalicen y redireccionar este importantísimo Tratado de Cooperación, que significó grandes esfuerzos para su concreción a ambas Naciones, en busca de potenciar el desarrollo equilibrado de ambos pueblos, integración económica, social y ambiental.  

Ya sea “bo” o “che”, todas estas cuestiones deberían estar “pronto” o “hechas”. Uruguay-Argentina o Argentina-Uruguay debieron ser un único y gran país, pero no siéndolo, es necesario que trabajemos para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Un modelo para Sudamérica y el mundo. El lenguaje y la comunión debieran servirnos para reencontrarnos y caminar juntos hacia un destino mejor. Tomémonos un buen mate oriental o argentino y encaminémonos hacia un proyecto rioplatense creador, teniendo en cuenta aquellos versos del Martín Fierro “si los hermanos se pelean nos devoran los de afuera”.

Señor presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Luis Lacalle Pou y de la República Argentina Dr. Alberto Fernández en sus manos está el destino de esta patria grande.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL NEFASTO E IRREPETIBLE ACUERDO PESQUERO CON LA UNIÓN EUROPEA

César Augusto Lerena*

Días pasados participé como oyente, en el Seminario Anual del CARI y escuché azorado la disertación leída del Director del Comité Sobre la Cuestión Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur del CARI Embajador (J) Santos Goñi quién, entre otras cosas, se refirió a que “dentro de las políticas que debiera llevar adelante la Argentina es la de reeditar el Acuerdo de Pesca de 1994 con la entonces Comunidad Económica Pesquera, que duró 5 años y no fue renovado por intereses diversos, aunque, merece ser mirado nuevamente y tal vez incorporado a nuestras relaciones con la Unión Europea con relación a la pesca…”, mensaje, en el que destacó la presencia entre el auditorio del Director del Comité de Asuntos Europeos del CARI, Embajador (J) Alberto Luis Davérède. Llama mucho la atención su opinión, propuesta y mención —con el mayor de los respetos— no solo por el evidente desconocimiento de Goñi de los efectos negativos “del Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea” (Ley 24.315, sancionada el 20 de abril de 1994, inicialado en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1992), (en adelante Acuerdo CEE, sino porque —dijo— hacerlo en “consenso en el Comité”, lo cual, es más preocupante aún y, también por los antecedentes del mencionado Davérède, respecto a su intervención como Subsecretario de Política Exterior de la Cancillería y, en su carácter de Consejero Legal de la Cancillería y Jefe de Delegación de “La Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (poblaciones de peces transzonales) y las poblaciones de peces altamente migratorias”, que culminarían en 1995 con el llamado Acuerdo de Nueva York (en adelante Acuerdo NY) en el que se promovería la creación de las lamentables OROP pues violan la Disposición Transitoria Primera de la Constitución y, permitirían avanzar a los Estados sobre los recursos de los Estados ribereños; y también —un hallazgo de los que investigamos— que la delegación que encabezaba Davérède, también era miembro Eduardo Pucci —entonces Asesor de la Secretaría de AGyP— hoy, uno de los principales promotores de OPRAS, una supuesta ONG conservacionista que promueve las OROP con Cámaras Extranjeras y Cámaras Nacionales integradas mayoritariamente con empresarios extranjeros. Una Estrategia británica y de otros países desarrollados que “no se cocina” en un día y es, implacablemente aplicada por mandatorios, que bajo supuestos argumentos conservacionistas arman estructuras internacionales de apoderamiento de espacios y recursos. Las OROP y las AMP (Área Marinas Protegidas) son un ejemplo, que podría abordar con amplitud (Lerena, César “El desacuerdo pesquero de Nueva York. El control del Estado ribereño de la pesca en la Alta Mar” (10/1/2019); “La cesión de la pesca argentina a los Estados desarrollados. El Acuerdo de Nueva York”, 12/10/2020) pero escapa a este escrito.

El Acuerdo CEE también dejó gravísimas implicancias económicas, biológicas, laborales, comerciales y relativas a la soberanía nacional respecto a Malvinas, cuya sociedad con intereses españoles es absolutamente manifiesta y, de inquebrantable mutua conveniencia. Pero, lo más llamativo, de la sugerencia de este destacado miembro del CARI, es que no hubiera merecido ni una sola observación del auditorio del Seminario ni del propio Secretario de Estado de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería el Lic. Daniel Filmus, quien manifestó “coincidir en general con todo lo aquí planteado en materia de políticas pesqueras…”. No comparto tampoco sus dichos de que la pesca en la alta mar no es ilegal. Ya he fundado en anteriores artículos, en el sentido de que el hecho que según la CONVEMAR la pesca sea libre, no sea ilegal en la mayoría de los casos. Lo es en las condiciones actuales en que se realiza, al igual de la que se practica en el área de Malvinas. De la definición de Pesca INDNR es claro que ambas son ilegales.

Nadie parece entenderse; ni nadie entendió la importancia de la pesca en los Acuerdos de Madrid; tampoco cuando se firmó el Acuerdo CEE; alguien, se dio cuenta en el artículo 2º de la Ley 24.543 que ratificó la CONVEMAR y volvieron a regalarla en el Acuerdo NY. Y, hoy vuelve a estar en el centro de la escena: la pesca es central en la discusión final del Brexit y ya en 2012 un funcionario británico de menor jerarquía, el director ilegal de Pesca en Malvinas John Barton manifestó que “sin las licencias de pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas” (Penguin News, 14 de marzo de 2012), es decir, consideró vital para el sostén británico en Malvinas desde el fin de la guerra de 1982.

Concluyo respecto algunos otros comentarios antes de entrar en el tema de fondo del Acuerdo CEE. La Argentina tiene mayor capacidad científica y técnica que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el R.U.) en el Atlántico Sur; es más, dentro de las políticas erróneas de la Cancillería Argentina en 1990 está el Acuerdo sobre Cooperación en la Conservación de los Recursos Pesqueros de Investigación Pesquera Conjunta con el R.U., como consecuencia del cual el INIDEP y sus calificados científicos aportaron —con períodos de suspensión que sufrió este acuerdo— todos los recursos humanos y materiales del conocimiento biológico sobre las especies migratorias argentinas. Una información sustancial y sensible biológicamente, para el sostén principal en la economía de Malvinas y la consolidación del R.U. en las islas. La motivación para que se suspendieran por primera vez en 2005 fue el otorgamiento de licencias británicas por 25 años, la mayoría de ellas, a empresas españolas. Lo que demuestra una vocación depredadora del R.U. —porque los Rendimientos Máximos Sostenibles deben establecerse anualmente— y una clara sociedad española-británica.

Entrando de lleno en el Acuerdo CEE, debo decir, que fue nefasto respecto a la relación con Malvinas y en sus efectos sobre nuestra soberanía en el Atlántico Sur y absolutamente negativos en materia biológica, ambiental, económica, social y comercial en el mar y la Pesca.

La soberanía no solo es política, económica y territorial, también lo es alimentaria, ambiental, social y comercial y, prueba de ello, es que en las tratativas previas al Acuerdo de Madrid I cuando el Representante Especial para “la Normalización de las Relaciones Bilaterales con el R.U.”, el reconocido embajador Lucio García del Solar minimizó ante su interlocutor la cuestión pesquera, cometiendo uno de los más graves errores de la diplomacia argentina relativos a la pesca, ratificado —como dije— con las declaraciones del británico Barton.

Los efectos negativos del Acuerdo sobre Malvinas

Recordemos, en primer lugar, que el Acuerdo CEE se firmó en 1994 y que, el mismo año, el R.U. declaró una pretendida Zona Marítima (FOCZ) —en adelante una Zona Económica Exclusiva, que después se perfeccionaría con la presentación de la plataforma— de 200 millas alrededor de Malvinas y que el Acuerdo CEE fue 100% con los españoles ya que tenían sus barcos parados en Europa, porque éstos estaban siendo retirados de la U.E. y, NUNCA, pescaron en la FICZ británica (conocida vulgarmente como de protección) de Malvinas durante el Acuerdo CEE y ninguna de las especies fundamentales (Anexo II, K, 1: merluza hubbsi y Calamar: al norte del paralelo 47º S. Además de ello el gobierno nacional estableció una veda a la captura del calamar por parte de los buques argentinos para garantizar a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso sostén de la economía en Malvinas, inclusive, se asignó a los buques de las sociedades mixtas españolas-argentinas la captura de una subpoblación de esta especie que no migra al archipiélago. Al mismo tiempo que el R.U. estableció un área “GAP” al noroeste de las islas, dentro de la ZEE Argentina por fuera de la ilegal alrededor de Malvinas, de unos 1.400 Km2, para proteger sus importantes capturas de calamar. Está claro, que NUNCA el Acuerdo CEE lesionó ningún interés del R.U. y por el contrario dio el pretexto necesario para consolidar sus inconsistentes pretensiones de considerarse Estado ribereño, ajustándose a la normativa de la CONVEMAR y a un acuerdo ruinoso como el de la CEE basado en supuestos aportes de transferencia tecnológica y de una flota congeladora. La Argentina tenía plena capacidad y se instaló un modelo pesquero que hasta nuestros días beneficia a los intereses de España. En 1994 la Argentina tenía su actividad pesquera absolutamente desarrollada, destinada mayoritariamente a la exportación y con acceso a los mercados más exigentes del mundo (EEUU, UE, Japón y otros países asiáticos, Brasil, etc.), mercados que no tenían las carnes rojas (por ej. EEUU) y que hasta hace dos años, exportaba US$ 300 millones por año más de que esas carnes y el pescado fue el primer alimento en la Argentina que exportó (y exporta) certificado con el sistema de autocontrol más importante del mundo: los planes HACCP. Nada podían en 1994 los pescadores españoles enseñar a los pescadores argentinos, ni abrirles los mercados que ya tenían abiertos; quienes además disponen de los recursos pesqueros: los españoles son deficitarios e importan de Argentina US$ 398 millones año (2019).

Se repitió el modelo de los Acuerdos Marcos con la URSS y Bulgaria, que tampoco sus buques pescaron en el área de Malvinas durante los Acuerdos Marco promovidos por Caputo. Otro fracaso de la diplomacia argentina, donde se pretendió ejercer soberanía a través de los acuerdos con la URSS en Malvinas.

Si ya el Acuerdo CEE fue negativo en 1994, hoy sería absolutamente peor, porque desde hace años está constituida una sociedad española británica para la pesca en el Atlántico Sur y, especialmente en Malvinas. Los primeros licenciatarios en el Archipiélago en 2019 y, desde hace años, son los buques de bandera española-británica (105 buques), taiwaneses (73), coreanos del sur (30) y otros (4) y las extracciones en el área de Malvinas se destinan en un 95% al Puerto de Vigo (España).

Los españoles (mayoritariamente gallegos) refieren a “su caladero” cuando hablan de Malvinas. Han constituido joint ventures españolas-británicas y son los motores para la construcción de un puerto de 400 metros en Puerto Argentino desde donde esperan realizar sus operaciones; cuya licitación, ya ha sido adjudicada a una empresa inglesa y, en estos momentos, se está iniciando su replanteo y construcción. Este puerto es central en el desarrollo de Malvinas, ya que va a servir de apoyo a toda la operatoria pesquera de los buques en Malvinas, pero también en el GAP y la Alta Mar. Ya los británicos finalizaron otro puerto en Georgias del Sur con capacidad para operar buques militares, oceanográficos y pesqueros, a pesar de que la pesca en esas aguas está sujeta al Sistema Multilateral de la Comisión de Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA/CCAMLR) y, al propio tiempo, en incompatibilidad con la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

Conforme el Brexit sea duro —con aranceles para la importación en la U.E. de productos originados en Malvinas— las materias primas entrarán a la U.E. con bandera española para evitarlo. Si es blando —sin aranceles— continuarán como hasta hoy ingresando a Europa con bandera española o británica indistintamente. Si los españoles avanzan en el armado logístico y el proceso de industrialización de las materias primas en Malvinas será virtualmente irreversible la consolidación en Malvinas de las empresas españolas y del R.U. En esta posición de crecimiento sostenido ya construyeron un puerto en Georgias del Sur y mediante la banalidad de la “cooperación argentina” de proveerles vuelos a Chile y San Pablo, podrán incluso, en especial en San Pablo (30 millones de consumidores AB1) colocar todos productos y tener una puerta al mundo; hacer cambio de tripulación; logística, etc. Los que promovieron el Pacto Foradori-Duncan —una exigencia británica de continuidad de los Acuerdos de Madrid— dejaron clara su vocación de “colaborar en el crecimiento y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” (un texto claramente británico) y de colaborar —ambos países, pero, el R.U. como ocupante ilegal de Malvinas, como si se tratara de un Estado ribereño más— en las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), herramientas diseñadas por los Estados de Bandera para administrar el Ecosistema del Atlántico Sur, entre otros, que abriría las puertas al R.U. en una abierta violación a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. La misma letra el mismo objetivo.

A raíz del Brexit, donde la pesca nuevamente ocupa un lugar central de las negociaciones (para el 2050 las proteínas de la pesca ocuparán un 25% en el consumo, en medio de restricción a las áreas pesqueras por razones ambientalistas), el R.U. pretende recuperar para su explotación las aguas británicas donde hoy pescan 88 buques españoles de gran porte (los británicos son exportadores e importadores de la U.E. en forma equilibrada). Los franceses ya han acordado pagarles cuotas a los británicos. ¿Dónde se supone que irán a pescar esos buques españoles? A Distancia: al área de Malvinas y en la alta mar del Atlántico Sur. Nunca dejarían Malvinas donde tienen mayor seguridad jurídica y, además, la necesidad de acordar la pesca con licencias británicas en Malvinas y en el Atlántico Nordeste. Jamás cambiarían ello, por obtener permisos dentro de la ZEE Argentina indisputada, donde, además, no hay recursos excedentes y tendrían toda la oposición —sin quiebres como ocurrió en 1994— del sector empresario (nacional e incluso de las empresas españolas radicadas en Argentina), gremial y científico. Y, ahora, a todo ello, le agregamos la falta de flotas y aeronaves de control. Aun así, si alguien, si un director del Comité de Malvinas y otro de Asuntos Europeos del CARI refieren a que “el Acuerdo es un modelo que seguir” y, convencen a la Cancillería de ello, por supuesto (¡!) que los españoles tratarían de conseguir cuotas en la ZEE Argentina, ahora, claro, ello sería, no abandonando NUNCA su Asociación Estratégica en Malvinas. ¡Bonito negocio soberano, económico y biológico haríamos! Una prueba acabada de ello, son los recientes contratos privados de una ignota ONG conservacionista (¿?) OPRAS, conformada mayoritariamente por expresas pesqueras extranjeras radicadas en la Argentina que firmó un entendimiento con la Cámara española CEPESCA y otras, entre ellas una chilena (¿?) donde los españoles pretenden acordar con Argentina, manteniendo las licencias otorgadas por los británicos en Malvinas (contratos a disposición).

Por otra parte, el compromiso argentino con las Naciones Unidas se asienta en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. La U.E. pretende transformar en Áreas Marinas Protegidas entre un 20% al 30% de sus aguas comunitarias: ¿Dónde se supone que van a ir a pescar los buques españoles? Pues bien, el 83% de los buques de arrastre lo harán fuera del área comunitaria y muchos de ellos pescarán subsidiados a distancia, en el área de Malvinas y en la Alta Mar. En este aspecto concluyo, que los españoles nunca dejarían Malvinas por más que Argentina les ofreciese acordar pescar en la ZEE Argentina indisputada e incluso, acordar la captura de los recursos migratorios argentinos en la alta mar, cuestión esta última, que la Argentina no tiene posibilidad alguna de lograr, sino otorga concesiones de captura en la ZEE Argentina indisputada, que como dije, es algo inviable: no hay especies excedentarias y, por el contrario, el ecosistema está desequilibrado y nunca el INIDEP ni el sector pesquero aceptarían superar la Captura Máxima Sostenible. Esta táctica (el Acuerdo CEE), hoy no puede formar parte de ninguna estrategia. Sería inadmisible respecto a nuestros intereses soberanos, biológicos, ambientales y sociales.

Las especies excedentarias en la ZEE Argentina, los buques españoles y la industria nacional

Cuando se firmó el Acuerdo CEE, la Argentina no había determinado la existencia de especies excedentarias (cuestión que exigía el Acuerdo, porque dividía las cuotas en excedentarias y no excedentarias), por lo tanto, al formar sociedades mixtas españolas-argentinas, debió incorporar los buques españoles y desguazar un buque nacional de similar capacidad de captura (Y así los exigía el Acuerdo CEE). En algunos casos ocurrió; en otros se agregó más esfuerzo al incorporar buques congeladores con mayor capacidad de pesca que los fresqueros reemplazados y, lo peor, también hubo reemplazos no efectivos y ambos buques siguieron pescando (Auditorías de la UBA y AGN).

El Acuerdo CEE produjo la mayor depredación de la historia pesquera que obligó a dictar en el Congreso de la Nación La Emergencia Nacional Pesquera que limitó las capturas de merluza (la principal especie exportadora argentina en esa época) y, con ello, el derrumbe industrial y la más importante caída laboral que dio lugar a que, por primera vez, el Estado Provincial debió subsidiar el pago de salarios a las empresas para sostener el empleo, en una actividad que nunca había recibido aportes de este tipo.

El ingreso de buques congeladores que se instaló con el Acuerdo CEE produjo la reducción del empleo industrial en tierra, de tal forma, que hace ya casi 30 años que la Argentina le obsequia nuestra mano de obra a la Unión Europea y esto se hace con materias primas de origen argentino que deben competir en inferioridad de condiciones en el mercado internacional con productos originarios de la ZEE Argentina y/o migratorios originarios de esta Zona capturados ilegalmente (INDNR) por los españoles.

Contrariamente a lo referido por Goñi, el Acuerdo no se denunció por “intereses determinados”. Se dejó sin efecto, después de varios intentos, cuando estos acuerdos cumplieron el tiempo temporario establecido; fueron muy beneficiosos para los españoles porque la CEE les pago a éstos el 100% de los créditos bancarios de sus barcos y les efectuó aportes económicos y, con éstos, se asociaron a empresarios argentinos en condiciones muy favorables (recibiendo aportes económicos); destrozaron los recursos pesqueros (recién se está recuperando la merluza y en 2020 según Pescare.com.ar “descargándose 181.380 toneladas, hubo una merma interanual del 21,2%”) y, algunos, se quedaron con las empresas nacionales.

Quebraron las más importantes empresas nacionales de la época, como producto de una pésima política económica y acuerdos de este tipo. A raíz de las consecuencias que produjo el Acuerdo CEE y otras, el principal responsable político del sector pesquero reconoció el desacierto de su implementación.

Muy poco dejo este Acuerdo a la Argentina —algunos barcos—, comenzó la desnacionalización del sector y ni siquiera permitió un acceso libre de aranceles a la U.E. a los productos argentinos con alto valor agregado. Exportamos commodities con escaso valor, regalando nuestra mano de obra.

Como en el siglo XIX cuando los españoles nos traían aceite de oliva español, aguardientes de Holanda, vinos de Francia y españoles de La Rioja, elementos de labranza, además de telas varias: angaripolas, bayetas y bayetillas, calzones, chaquetas bastas, faldas, camisas de trabajo; lienzos de lino, algodón, coletas, paños finos y ordinarios, sedas e hilados; marquetas de velas, sebos y ceras; municiones y cartuchos diversos; habanos cubanos y perfumes de lavanda traídos de Europa y, nosotros les entregábamos tasajos, charques, grasas y cueros vacunos; todos baratos producidos con los esclavos traídos desde África. Hoy son importamos buques fabricados en Vigo y nosotros enviamos pescados sin valor agregado.

Y nadie tome como algo personal los cuestionamientos institucionales que planteo para la República.

Reeditar el Acuerdo CEE (hoy UE) sería profundizar la internacionalización del Atlántico Sur, afianzar aún más la posición británica en los Archipiélagos australes y la Antártida y la entrega lisa y llana de la administración de los recursos vivos marinos. El suicidio colectivo de la actividad pesquera Argentina, sus empresas, sus trabajadores y sus ciudades portuarias del litoral marítimo. 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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