Durante los últimos años, aproximadamente desde la anexión o reincorporación de Crimea a su territorio nacional, Rusia ha tenido un desempeño económico cada vez más declinante. Las sanciones internacionales (incrementadas recientemente) han hecho mella y finalmente la pandemia no solo precipitó más las cifras de bajo crecimiento económico, sino que la situación social se tornó muy dificultosa.
En 2020 las inversiones directas extranjeras en Rusia alcanzaron apenas los 1.400 millones de dólares, el nivel más bajo desde mediados de los años noventa, la década que, salvo los magnates de entonces, nadie quiere recordar en Rusia. Aquel “año anti-estratégico» para buena parte del mundo, el crecimiento económico ruso fue -3,4 por ciento y los niveles de desigualdad y pobreza se elevaron sensiblemente.
Frente a tal situación, el ambicioso programa económico de 2019-2024, destinado a evitar que Rusia retroceda en los próximos lustros más allá del lugar 15 en el ranking de economías del mundo, ha sufrido un reajuste de seis años más.
De modo que, en la década actual Rusia definirá nada más y nada menos que su bienestar y seguridad nacional y, por tanto, su estatus internacional. Sin duda, por ubicación, tamaño, activos militares (convencionales y atómicos), condición “V3” en la ONU (voz, voto y veto), ascendente geopolítico regional, poder aeroespacial, proyección de poder, tradición religiosa-cultural, etc., Rusia siempre será un actor del selecto lote de preeminentes en la política internacional y mundial. Pero una cosa es ser un “actor de orden internacional”, y otra ser un “actor estratégico del orden internacional”.
La diferencia entre una y otra condición radica en la lateralización y falta de consultas (a Rusia en este caso) por parte de los pares que implica la primera, y en la capacidad de deferencia internacional y de ser consultado por los pares que supone la segunda.
Este es el gran reto de Rusia en el siglo XXI. Dicho de un modo más local, el desafío de Rusia en los años venideros es dejar de ser un país basado en una “economía Kalashnikov”, como la denominan en Occidente, es decir, una economía barata, irrompible y con baja tecnología, y convertirse en un país apoyado en una economía moderna y cabal. Si Rusia, con Putin u otro líder, supera tal reto, entonces será lo que nunca ha podido ser: un poder grande, rico e integralmente estratégico. En esa condición, nadie podrá considerar a Rusia como una potencia por preponderancia de la economía A, la de las capacidades estratégicas-militares, sobre la economía B, la del consumo y las “capacidades suaves”. Será una potencia completa, sin ambages.
Pero ello aún está por verse; y si bien el buen precio de sus principales materias primas (petróleo, gas y minerales) es clave para movilizar la economía, en el corto plazo podría dejar a Rusia en una vieja situación conocida: la “des-modernización”.
Lo curioso es que, encontrándose Rusia hoy en una situación económica débil (Estados Unidos y China se encuentran muy por delante y han comenzado a retomar el crecimiento), logra ganancias relativas de poder o beneficios en relación con sus intereses en varios frentes externos.
Por caso, la relación de Rusia con Alemania se mantuvo (hecho que demuestra que, más allá de la crisis Occidente-Rusia y de las dos grandes guerras del siglo XX, desde el siglo XVIII las relaciones entre los dos países siempre fueron satisfactorias). Si bien el “caso Navalny” en 2020 (y hoy) elevó el tono crítico de la canciller Angela Merkel ante Rusia, la estrategia de Washington relativa con afectar el vínculo energético entre Berlín y Moscú no tuvo resultados.
En cuanto a Ucrania, Rusia ha dejado más que en claro que la tentación de la OTAN por sumar miembros pertenecientes a su área geopolítica sensible o selectiva, implica para Rusia ejercer la técnica más decisiva en materia de ganancias de poder: la guerra. Si bien Crimea sumó descrédito internacional a Rusia, la anexión le permitió proyectar presencia y capacidades en Europa del este y el Mar Negro, un área estratégica selectiva y de acumulación militar creciente del globo. Como sostiene Angela Stent en un reciente análisis realizado en “Foreign Affairs”, en el Mar Negro Rusia está resurgiendo como potencia naval.
En Siria, Rusia ha logrado al menos tres ganancias: regresar a la región y ampliar su presencia, revertir la situación en el teatro de confrontación y sostener al régimen cliente, y reforzar su proyección en el Mediterráneo oriental, una medida que se complementa con la proyección naval rusa en el Mar Negro. En alguna medida, Moscú ha logrado reparar la desafección estratégica regional que implicó la decisión de la última Unión Soviética de apoyar incondicionalmente a Occidente cuando Irak (otro viejo cliente de Moscú) invadió Kuwait.
Por último, los recientes hechos en Afganistán implican (en principio) relativas ganancias de poder para Rusia, si consideramos que su rival, Estados Unidos, se retira del país asiático. Básicamente, ello supone que desaparece toda presencia e influencia occidental en una zona próxima a su bajo vientre de interés, las ex repúblicas soviéticas del Asia central (es pertinente recordar que, durante la guerra soviética-afgana, en Occidente se llegó a considerar incitar levantamientos anti soviéticos en esas repúblicas, iniciativa que se descartó por los altos riesgos). Asimismo, también supone que Moscú podría ofrecer cooperación a las nuevas autoridades de Kabul, esperando de éstos atender dos cuestiones que preocupan a Rusia: la actividad terrorista en la zona del Cáucaso y el narcotráfico.
Existen otras situaciones que podrían implicar ganancias relativas para Rusia, por caso, mayor cooperación con China, compromiso formal en relación con la continuidad de suministros por ductos que pasan por Ucrania, relativa vigorización de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), venta de sistemas antimisilísticos a Turquía, etc.
Lo extraño y alarmante es que se trata de ganancias que continúan “recargando” las responsabilidades de una Rusia cuyo frente socioeconómico se halla peligrosamente débil.
La duda es si el Kremlin, empujado por la autopercepción de estar logrando compensar (y hasta revertir) estratégicamente la victoria occidental en la Guerra Fría más los “dividendos de la victoria”, por ejemplo, expansión de la OTAN, decida incrementar tales responsabilidades postergando, una vez más, los cambios estructurales que demanda la economía nacional. Pero si finalmente así sucede, ello podría comprometer seriamente a Rusia.
* Doctor en Relaciones Internacionales (USAL) y profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Es autor de numerosos libros sobre geopolítica y sobre Rusia, entre los que se destacan “El roble y la estepa. Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy”, “La gran perturbación. Política entre Estados en el siglo XXI” y “Ni guerra ni paz. Una ambigüedad inquietante”. Miembro de la SAEEG.
Un tipo de cambio retrasado significa que el gobierno subsidia las importaciones frente a la producción local
Hace un par de días tuve la mala suerte de ver a De Mendiguren en televisión. Defendía el status quo y proponía “cambiar la matriz productiva”, eufemismo por “más industrialización”, lo que esto signifique.
Las propuestas de De Mendiguren las conocemos. De Mendiguren es parte del problema. Hace diez años que la Argentina decrece. En gran parte gracias a él y a sus amigos[1].
De Mendiguren maneja varios errores conceptuales. Tratándose de él no se sabe cuánto es error y cuánto es malicia. Brindémosle el beneficio de la duda.
Los “industrialistas”, los “vivamos con lo nuestro” del siempre rechazado Aldo Ferrer, se presentan a sí mismos como diferentes y mejores de quienes producen y exportan bienes primarios agropecuarios. Desprecio que no exhiben frente a petroleros o mineros.
Subidos a una supuesta tarima moral, donde, aparentemente, es mejor producir ojotas que forraje. Hasta tuercen la cara cuando sostienen “tenemos que dejar atrás el modelo agro-exportador”, muletilla de todo egresado de FSOC[2].
De ahí que De Mendiguren apoya al gobierno actual, al grado de ser parte de la alianza gobernante, porque este gobierno estimula la “industrialización”, donde supuestamente, hay mejor trabajo y éste es mejor pago.
Esta propuesta de “industrialismo” argentino es sostenida, desde ya, por la UIA, quien bien o mal, está en su derecho de defender lo suyo como lo mejor del universo.
También es apoyada por toda la “catedral” argentina. Llamo “catedral” al cúmulo de opiniones que se apoyan las unas a las otras, conformada por las universidades, en particular ciencias sociales, ciencias políticas y ciencias económicas, de todas las universidades nacionales y también de algunas particulares como la Di Tella, más los periodistas, que ponen rostro adusto, fruncen el entrecejo y asienten ante cualquiera que predica en favor de “industrializar” y de “dejar atrás al modelo agroexportador”. No sólo en C5N y la TV pública, sino en LN+ o A24. Numerosos programas impartidos por sociólogos y politólogos en Canal Encuentro en este sentido.
Los prejuicios que soportan este andamiaje serían los siguientes: industrializar está bien y las tareas rurales son el mal. La industria da trabajo y el campo no. A la gente del campo la aguantamos porque trae los dólares que nosotros no sabemos traer al país. Le sacamos sus dólares de todas las maneras posibles y los degradamos públicamente para que no hablen y si hablan que nadie los escuche. Porque son malos. Éste es el principio del discurso de De Mendiguren, cuando afirma que “hay que cambiar la matriz productiva”.
Veamos un poco más de cerca
De Mendiguren es funcionario público desde hace 20 años. En esos 20 años el país continuó su marcha forzada de desindustrialización. En los últimos 10 años el PBI de Argentina decreció.
Ahora veremos cuáles fueron los mecanismos implementados desde el poder para lograr tanto que cierren industrias como que el PBI caiga.
La desindustrialización es una política de estado que atravesó todos los partidos políticos que llegaron al gobierno (Alfonsín – Menem – De la Rúa – Duhalde- Kirchern – Fernández x 2 – Macri – Fernández).
Las herramientas fueron: el Mercosur. Éste es una construcción legal que permite fabricar en Brasil pero aun así mantener cautivo el mercado doméstico argentino. La Argentina abrió su mercado interno a Brasil (cuchillos, sábanas, remeras, lonas para cubrir camiones, carrocerías de colectivos, maquinaria agrícola) mientras Brasil implantó barreras para que no podamos exportar lácteos, maquinaria agrícola, químicos, en resumen nada, excepto lo que ellos no pueden hacer como cebolla, ajo y uvas (y esto último hasta que funcionen los viñedos del sur de su país). Brasil nos “quitó” las industrias mediante: a. un tipo de cambio competitivo, b. exenciones impositivas, c. tasas de interés razonables. En un principio tenían salarios más bajos. Hoy están parejos o nosotros estamos peor que ellos.
Mientras en Argentina la política de Estado desde el poder, del cual De Mendiguren fue una parte activa, por ejemplo como Ministro de la Producción, hizo lo posible e imposible para desindustrializar el país y que las únicas actividades rentables fueran el petróleo (por los subsidios y exenciones impositivas), la minería (por las exenciones impositivas), la pesca (porque declaran uno de cada dos barcos), la soja y la droga. Toda otra actividad no es rentable.
No es rentable por las políticas activas de los diferentes gobiernos. En primer lugar por la relación con Brasil, donde no se defienden los tantos. En segundo lugar por tener un tipo de cambio retrasado. Esto no sólo nos vuelve no competitivos contra Brasil sino contra el resto de la galaxia. Un tipo de cambio retrasado significa que el gobierno subsidia las importaciones frente a la producción local.
Va de nuevo: el gobierno subsidia la importación de ventanas respecto a lo fabricado localmente. El gobierno subsidia la fabricación de bombachas frente a lo fabricado localmente. ¿Cómo? El gobierno le deja comprar al importador a $ 101 el dólar mientras el fabricante local enfrenta costos e impuestos por $ 180. Tan simple como eso.
La industria no puede exportar, como lo demuestra la reducción de exportaciones de maquinaria agrícola de US$ 200 millones anuales hace más de una década a US$ 60 millones el año pasado. Porque quien exporta recibe $ 96 pesos por cada dólar exportado mientras aguanta todos los costos e impuestos locales. Si el dólar fuera competitivo, exportaríamos todo tipo de productos.
Tampoco los industriales pueden vender en el mercado interno:
– 1. porque tienen competencia desleal con las importaciones a $ 101 el dólar;
– 2. porque toda transacción local está cargada de impuestos, desde la compra de la electricidad, el impuesto interno al combustible, los impuestos sobre insumos y el trabajo, los transaccionales como ingresos brutos e impuesto al cheque, más la tarea de cobrar impuestos por cuenta y orden del estado como el IVA;
– 3. por el costo financiero.
Costo financiero
Uno de los socios de los gobiernos desde 1983 a la fecha (y de Martínez de Hoz) es la banca local y extranjera. En particular la local. Fue la que se benefició con el Plan Primavera (Alfonsín), con el festival de bonos de Cavallo tanto con Menem como con De la Rúa[3] y por el carry trade desde Néstor Kirchner a hoy, con el paroxismo onda Machinea-plan-primavera en que nos metió Sturzenegger con tasas de 80% anual en pesos en deuda a 7 días emitida por el BCRA.
¿En qué consiste esto? El BCRA emite deuda en pesos por 7 días a tasas soñadas. 25%, 30%, 35%, 40%, 80%. Supuestamente es de riesgo porque no se sabe cuánto va a costar el dólar en siete días. Sin embargo no es así. Porque el propio BCRA mantiene fijo el dólar para que quienes ponen pesos a 40% se queden tranquilos de que el dólar va a costar igual o casi igual y que entonces van a tener ganancias de [38%; 40% anuales] en dólares[4].
Además un dólar barato, un dólar atrasado, un dólar no competitivo (todos sinónimos) permite a quienes le quitan dinero al estado comprar dólares baratos con sus pesos robados.
Los funcionarios corruptos, pueden comprar dólares baratos con lo que duplican el valor internacional de su coima.
Los contratistas del Estado que consiguen contratos con altos márgenes (tanto que les permite ganar a ellos y además pagar sobornos) pueden con sus ganancias comprar el doble de dólares que si las divisas tuvieran precios competitivos.
Los proveedores del Estado con sobreprecios pueden comprar el doble de dólares con sus márgenes que si el dólar estuviera barato.
Las petroleras internacionales importan maquinaria a dólar a $ 101.
Las mineras importan insumos (cianuro) y maquinaria a $ 101.
Pero básicamente el sector financiero (que incluye como socios a los tres primeros) compra el doble de dólares con sus intereses ganados.
Eso es lo que Cristina Fernández o Todesca Bocco desde su tarima moral llaman fuga de capitales. El dinero manoteado al Estado por proveedores o funcionarios, se pasa a dólares y se lo llevan al exterior. Para poder hacer eso necesitan un tonto que les traiga esos dólares y se los venda a mitad de precio.
La banca es una contratista del Estado más. El Estado tiene un dineroducto a la banca. El Estado es el gran cliente de la banca que absorbe todo el dinero y determina el precio del dinero (interés)[5]. Eso hace que el resto de la economía o paga las tasas de interés insanas que los funcionarios concuerdan con la banca o no tiene crédito.
Por lo tanto los industriales deben manejarse con dinero propio o descontar cheques a 90% anual. El costo demencial del dinero hace aún más gravosa la práctica de los estados argentinos de cobrar impuestos por adelantado.
Como siempre digo, causaría menos daño que el estado le diera dinero porque sí a la banca, que inventar todo el juego de hacer que prestan dinero del BCRA (una ficción, es sólo una excusa para pasarle fortunas de montos insanos). Sucede lo mismo que con las obras de Lascurain[6]. Nunca se hizo la obra, el contrato fue sólo una excusa para que el gobierno le girara dinero a Lascurain (ex presidente de la UIA). Con el juego de las Leliqs del BCRA ocurre lo mismo.
Todo esto hace que sea imposible no ya tener una industria en Argentina sino toda actividad económica lícita: industria, comercio o cultivar ajo. Sobrevive sólo la soja porque este régimen necesita dólares y porque gran parte de los pooles pertenece a los políticos. Toda otra actividad rural (carne de cualquier animal, lana, maíz, trigo, cebada) es combatida; con excepción de los hortelanos. Eso explica cómo desaparecieron 100.000 productores en los últimos 15 años del glorioso gobierno K-F-F-M-F.
¿Qué propone De Mendiguren?
¿La industrialización? No. Propone el verso de la industrialización. Créditos blandos que nunca se devuelven o que se licúan con la inflación. Créditos que a veces se usan para comprar dólares y después ver cómo se devuelve. Subsidios. Situaciones arbitrarias como exenciones impositivas puntuales, lo que constituye una deslealtad respecto al resto de los agentes económicos. De Mendiguren promocionaba la fábrica de cerdos china[7] a la que ofrecía subsidios. Mientras que nuestros criadores criollos tenían que pagar impuestos por adelantado, IVA sobre la obra civil y el forraje; si logran vender carne al exterior, el BCRA le da $ 96 por cada dólar.
La supremacía moral de la industria
¿Por qué sería mejor industrializarse que la producción rural? ¿Por qué sería mejor exportar aceite de soja que soja? ¿Por qué es moralmente superior exportar cajas de cambio para camiones que carne de cerdo?
Esa es una premisa de sometimiento. Es ideológico. Es la forma de decir: nosotros somos mejores que ustedes para poner presidentes, diputados, ministros. Está bien que la UIA tenga candidato a presidente (Lavagna), ministros (De Mendiguren, Dante Sica, Kulfas); sin embargo se critica que los productores rurales tengan representantes en el gobierno. Es moralmente reprochable, en el discurso de De Mendiguren/Kulfas. Al punto que el gobierno realiza un plan ganadero bajo las órdenes del ministro Kulfas sin participación de los representantes de los productores ganaderos. ¿Por qué? Porque no son dignos. Porque no son moralmente valiosos. Porque no tienen la estatura moral para hablar con las autoridades. Porque hacen cosas sin valor. Los toleramos únicamente porque al final del camino les quitamos sus dólares. Un poco como los señores feudales con los siervos. Al conde le repugna verlos pero le sirve el fruto de su trabajo.
De ahí el discurso industria = bueno; producción agropecuaria contamina, es mala, tienen a los trabajadores en negro, son oligarcas, son malos.
Lo que está en discusión son las cuotas de poder en el gobierno.
No hay razón para pensar que la industria ocupa más mano de obra que el trabajo rural. Claramente un taller de confección con máquinas de los ‘60 requiere más mano de obra que cultivar soja con la última maquinaria agrícola. Pero la industria automotriz hiperrobotizada requiere menos mano de obra por cada US$ 100.000 producidos que, por ejemplo, un criadero de conejos. O por US$ 100.000 de cajones de ajo. Entonces industria = mucha manosde obra; rural = poca mano de obra, es una falacia.
¿Es la Argentina un país agroexportador? Argentina no es un país exportador. Ni de productos agropecuarios, ni industriales, ni de servicios, ni de nada. Es un país que no exporta. Por todas las razones antedichas. Porque nadie exporta impuestos. Porque ninguna explotación es rentable si el Estado se queda con el 46,98% del valor de venta [1-(96,50/182)], tras lo cual hay que pagar derechos de exportación si correspondiera y tras lo cual hay que pagar todos los otros impuestos.
¿Cuál es el modelo que podría tener en su cerebro De Mendiguren? ¿Alemania, por ejemplo? ¿Alemania, superpotencia industrial que exporta automóviles, acero, químicos, hasta muebles de cocina?
Carne porcina por US$ 59.167.18 (1,2% de las exportaciones de cerdo de Alemania).
Quesos por US$ 191.706.161 (4% de las exportaciones de queso de Alemania).
¿Cómo es posible que Alemania que debe importar el forraje para sus cerdos (la Unión Europea importa el 70% del forraje que sus animales consumen) y que paga sueldos 5 veces los nuestros pueda exportar carne y nosotros no? El sueldo mínimo de EEUU es de US$ 1200 mensuales. El sueldo medio argentino es de US$ 300. Sin embargo EEUU exporta queso y carne de cerdo en cantidades soñadas para nosotros. ¿Por qué a ellos le da la ecuación económica y a nosotros no?
La respuesta es simple: De Mendiguren, Sica, Kulfas, Macri, Sturzenegger, Fernández (en cualquiera de sus variantes), Cafiero, Todesca.
El problema no son ni nuestros cerdos, ni nuestros trabajadores. El problema son ellos. Los patrones del mal.
Los productores argentinos de carne porcina y queso no necesitan inversiones externas, ni créditos blandos, ni subsidios para llegar a los montos de EEUU o Italia.
Esto sirve para quesos, para carne; pero también para software, carteras, monturas deportivas, botas, bujías, tapizados, vino espumante, tablas de surf, kayacs, ropa de ski o réplicas de autos antiguos.
Para que la Argentina pueda exportar las cantidades de Alemania o EEUU necesita:
que se les pague a los productores el dólar lo que vale o que les den los dólares que ganaron con su trabajo.
que no tengan que pagar adelanto de impuestos.
que no haya impuestos a la exportación.
Una vez con eso en la mano: se pueden pagar sueldos internacionales y no hace falta crédito alguno porque se hace la inversión con capital propio. No hace falta subsidio.
Sólo que nos dejen respirar.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Kaïs Saied, Presidente de Túnez [Imagen de la Presidencia de Túnez/Anadolu Agency]
El domingo 25 de julio, en un día dedicado a celebrar la independencia del país, en una medida que sorprendió tanto a observadores como a diplomáticos, el presidente tunecino Kaïs Saied relevó de sus funciones al primer ministro Hichem Mechichi, que llevaba en el cargo desde septiembre de 2020. Suspendió los trabajos del Parlamento y destituyó a los Ministros de Interior y de Defensa.
Mechichi, así como el presidente del Parlamento, Rachid Gannouchi, son miembros del partido islamista Ennhada que, con el 25% de los votos, tiene la mayoría de los escaños parlamentarios y desde 2011, cuando volvió a la legalidad, se ha convertido en una poderosa fuerza política que ha intentado —sin recurrir a la violencia— dar al Túnez secular un giro progresivo hacia el islamismo más militante.
Como es bien sabido, Túnez fue el primer país musulmán en ser atravesado por el viento tormentoso de las “primaveras árabes” cuando, en diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante de frutas y verduras, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego en una plaza en el centro de Túnez para protestar contra la corrupción del gobierno del presidente Ben Ali, en el poder durante 23 años.
Las manifestaciones que siguieron a la muerte del joven vendedor ambulante llevaron a derrocar al presidente Ben Ali en enero de 2011, quien se vio obligado a exiliarse en Arabia Saudí con toda su familia, así como a la caída del gobierno de Mohamed Gannouchi y, en octubre del mismo año, a nuevas elecciones que vieron el éxito del partido religioso, Ennhada, que había sido prohibido por Ben Ali. Esto desencadenó una serie de innovaciones políticas que llevaron —en enero de 2014— a la aprobación de una nueva Constitución que, a pesar de la fuerte presión parlamentaria de los islamistas más radicales, puede considerarse una de las más progresistas de todo el norte de África.
En los cinco años siguientes, Túnez —en medio de vaivenes políticos y económicos— mantuvo un grado de estabilidad interna que le permitió amortiguar las presiones islamistas que, en otros países de la región, habían convertido los llamados “manantiales” en pesadillas marcadas por disturbios y sangrientos conflictos civiles.
Ennhada se integró gradualmente en una especie de “arco constitucional”, a pesar de las protestas de sus militantes más radicales, y su líder más carismático, Rachid Gannouchi, incluso fue nombrado Presidente del Parlamento de Túnez.
En los últimos años, sin embargo, el país se ha visto afectado por el problema de la corrupción de toda su clase dirigente, incluidos los islamistas. Es en una plataforma programática para combatir este fenómeno de manera decidida e implacable que, en octubre de 2019, un eminente profesor de Derecho, Kaïs Saied, fue elegido Presidente de la República.
En agosto de 2020, el presidente Saied nombró a Mechhichi, un moderado que ya había sido su asesor político, para formar un gobierno tecnocrático, “libre de la influencia de los partidos”.
La situación ha sido testigo del establecimiento de lo que los medios de comunicación tunecinos llaman el “gobierno de los tres Presidentes”, a saber, Saied (Presidente de la República), Mechichi (Presidente del Consejo) y Gannouchi que, como Presidente del Parlamento, intenta hacer que cuente la presencia mayoritaria de los islamistas ennhada en el poder legislativo.
Los equilibrios son frágiles y se hacen aún más precarios por las fuertes consecuencias sociales y económicas del impacto de la pandemia de Covid-19 en el país.
Desde principios de este año, Túnez se encuentra en un estado de crisis sigilosa: la incertidumbre política causada por la búsqueda perenne de una difícil situación política y gubernamental se ha visto agravada por las tensiones ideológicas y personales entre los “tres Presidentes”, cuyas posiciones sobre los instrumentos con los que hacer frente a la pandemia y la crisis económica se han ido agravando hasta el punto de producir una situación de parálisis política y legislativa completamente insostenible.
En las últimas semanas, la “variante Delta” de la pandemia ha provocado un repunte de contagios, causando más daños no solo a la población y al sistema sanitario, sino también y sobre todo a la economía de un país que está viendo desaparecer por segundo año consecutivo la posibilidad de impulsar su producto interior bruto con el turismo. Durante décadas, el turismo ha sido una fuente insustituible de sustento y enriquecimiento para amplios sectores de la población. La crisis pandémica ha actuado como multiplicador de la crisis económica, con la pérdida progresiva y aparentemente imparable del valor del dinar y la disparidad cada vez más aguda entre los cada vez más pobres y los cada vez más ricos.
El enfoque del gobierno ante la pandemia ha sido poco menos que desastroso. Mientras que la Organización Mundial de la Salud declaró a Túnez “el país más infectado de África”, el gobierno vio el cambio de cinco ministros de Salud en sucesión, cada uno de los cuales propuso medidas de emergencia confusas y descoordinadas (confinamiento, toque de queda), que fueron completamente ineficaces para contener la propagación del virus y los altos niveles de mortalidad.
Las reglas de confinamiento, a menudo improvisadas y contradictorias, han exasperado a la población, que ha tomado partido por las dos partes del frente político: por un lado, los partidarios de Ennhada, que están convencidos de que la parte tecnocrática del gobierno es la culpable de la crisis sanitaria y económica; por otro lado, los laicos, que acusan a los islamistas de ser la causa de todo y de jugar al juego de “tanto peor, tanto mejor” para desestabilizar permanentemente las instituciones y convertir a Túnez en un Estado Islámico.
La propia Ennhada no ha quedado indemne de disputas y divisiones internas, entre los “insensorados” que quieren que el partido vuelva a sus orígenes militantes y los que prefieren “permanecer en el poder y gobernar” que —como está ocurriendo actualmente en Italia— prefieren buscar la estabilidad en la situación y mantener sus posiciones de poder.
En mayo pasado, Abdellhamid Jelassi, jefe del “Consejo de Doctrina” de Ennhada, dimitió acusando al líder del partido y presidente de la Cámara de Diputados, Gannouchi, de retrasar la fecha del Congreso para evitar su defenestración y el nombramiento de un sucesor más cercano a las ideas originales del movimiento y a los principios más radicales de la doctrina islámica que, según los miembros ortodoxos, han sido traicionados por “los que quieren gobernar” en aras del poder.
Fue en esa situación de crisis económica, política y social que, invocando el artículo 80 de la Constitución de 2014, el presidente Saied destituyó al primer ministro junto con otros miembros del gabinete y suspendió los trabajos del Parlamento durante treinta días.
Muchas personas dentro del país y en el extranjero, empezando por la Turquía de Erdogan, gritaron el golpe de Estado.
En Ankara, el portavoz del AKP, el partido del presidente Erdogan, definió las acciones del presidente Saied como “ilegítimas” y amenazó con sanciones contra quienes “inflijan este mal a nuestros hermanos y hermanas en Túnez”, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores turco se limitó con más cautela a expresar su “profunda preocupación” por la suspensión de las actividades parlamentarias.
Es significativo, sin embargo que, en el frente nacional, después de las primeras protestas callejeras de islamistas y simpatizantes de Ennhada, que fueron inmediatamente reprimidas duramente por la policía, y después del cierre de las oficinas de la emisora qatarí Al Jazeera, que siempre ha fomentado las demandas islamistas, así como la destitución de la alta dirección de la televisión estatal, la “multitud” en las calles estaba dominada por manifestantes que veían con buenos ojos la iniciativa del Presidente que, en su opinión, ponía fin a las actividades de esa parte del gobierno nacional que se mostró totalmente incapaz de hacer frente a la emergencia pandémica y sus consecuencias sociales y económicas negativas.
Según quienes afirman que lo ocurrido el 25 de julio no fue un golpe de Estado, el presidente Saied no disolvió el gobierno tunecino: se limitó a destituir a ministros incapaces y dejar en su lugar a los del ala “tecnocrática”, con la esperanza de producir un giro de gobierno a la espera de que el Parlamento reabra a finales de agosto.
La situación está cambiando, pero parece que se está avanzando hacia la estabilización, que se acelerará si los países mediterráneos y la Unión Europea se mueven rápidamente para ayudar a Túnez a salir del estancamiento de la pandemia de y la crisis económica.
Ayudar a las autoridades tunecinas de forma pragmática a resolver la crisis política también redunda en interés de todos los países ribereños del Mediterráneo, empezando por Italia, no solo por razones de buena vecindad política, sino también para evitar que un posible caos tunecino desencadene un nuevo e incontrolado impulso migratorio. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán, donde, tras la “rendición incondicional” de los Estados Unidos y los aliados de la OTAN, los talibanes están regresando, con la primera consecuencia de un éxodo masivo de afganos a Turquía a través de Irán.
Según el ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, miles de refugiados de Afganistán se están desplazando hacia Turquía a un ritmo de entre 1.000 y 2.000 personas al día: un fenómeno que pronto podría afectar también a Italia.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
Nota aclaratoria: el artículo fue escrito en julio de 2021.
