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CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 1/4)

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 10 de enero de 2026**

 

En la actividad pesquera es difícil determinar dónde empieza el Estado y donde termina. Tal vez sea por aquello de que se trata de un recurso del Estado concesionado a terceros o porque entre la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero ―aunque lo diga la Ley 24.922― no tienen claro quién fija la política pesquera y quién la investigación y pareciera que carecen de determinación o capacidad para administrar la actividad.

Podría deberse a una cuestión de ineptitud; pero, dejar en manos de unas pocas manos la adjudicación y aprobación de la licitación de buques de investigación en favor de un astillero español ―contra todas las opiniones especializadas― por 161 millones de dólares, perjudicando el erario público y violando ―tratándose de aportes para la construcción que realiza el Estado― el art. 15° de la Ley 27.418 (de la que soy coautor junto a Fabián Lugarini para el fallecido Senador Pino Solanas) y también la Ley 27.437 de «Compre argentino», transfiriendo al exterior recursos económicos escasos de los argentinos y, además y muy importante, desconociendo las capacidades industriales navales de Argentina. Un hecho deleznable que la Justicia debería investigar para determinar si las personas que intervinieron (que en los sucesivos artículos develaremos) hubiesen cometido delitos contra la administración pública.

Aunque en la adjudicación no se hubiese probado corrupción (cuestión ventilada), el daño a la soberanía, a la economía nacional, al desarrollo tecnológico y a la generación de mano de obra es gravísima. Es un delito de acción pública cuando ―como afirman los expertos― el país tiene capacidad para construir buques, aunque pudiese recurrir a componentes extraños, como lo hacen también otras industrias, como la automotriz.

Además, ¿cómo la Argentina recurre a astilleros de España cuando los buques gallegos depredan los recursos migratorios argentinos en alta mar y en las aguas argentinas de Malvinas? y, ¿cómo esa decisión queda en manos de un investigador y asesores de dudosa imparcialidad? ¿Será ineptitud u otras razones para justificar semejante imbecilidad? ¿falta de inteligencia o corrupción?

Nosotros teníamos desde hace años este tema en carpeta y, erróneamente, descansamos en las denuncias que oportunamente efectuaron expertos, varios directivos de los astilleros nacionales y gremios del sector; pero, todo parece seguir igual, con lazos endogámicos y una dirección del INIDEP, donde el funcionario elegido ―como hoy el Lic. Gonzalo Bacigalupo― incumple con el art. 4° de la Ley 21.673 o, cuando estuvo a cargo de un investigador ―como ocurrió en los años 2015/6― resultó incapaz para hacer un análisis integral a la hora de promover la construcción de buques para el INIDEP; pero, claro ―por alguna razón― los que establecen la política también estuvieron ausentes; por ejemplo Juan A. López Casorla, que ya integraba el Consejo Federal Pesquero en esos años y, hoy siendo Subsecretario de Pesca, designó a Otto Christian Wöhler Director de Investigación; que, para ese entonces como Director del INIDEP, recomendó alegremente la construcción en España de los buques de investigación «Victor Angelescu» y «Mar Argentino», perjudicando a toda la industria pesquera y naval nacional que contribuye al pago de sus salarios desde 1980 a la fecha.  

Todo tiene su límite y el disparador fue la nota firmada por una consultora, sin personería y con marca de fantasía «Resilience», publicada en la Revista Puerto el pasado 05/12/2025 donde refiere a un «doble estándar ante la pesca INDNR» de la Unión Europea. Tema en el que coincidimos, porque días antes habíamos escrito (Perfil, 27/11/25), refiriéndonos a que Vigo es el principal puerto europeo de descarga de los productos pesqueros ilegales de especies argentinas. Ahora bien, que esta consultora opine sobre el tema y hable de «doble estándar» fue más allá de lo que uno puede tolerar.

En primer lugar, diremos que la citada «Resilience» podría tener algún vínculo con el Director de Investigación Otto Christian Wöhler, ya que muchos funcionarios imaginan para su jubilación una estructura de este tipo para aprovechar la capacitación y perfeccionamiento que recibieron gratuitamente del Estado; pero no, el hecho es que sus hijos Otto Axel y Sofía Irina la integran y es muy difícil no caer en incompatibilidades o conflictos de intereses, entre la actividad pública y la privada, en estos casos.

Nos llamó la atención que no suscriban la nota citada los referidos jóvenes Otto Axel y Sofía Irina Wöhler en lugar de «Resilience», ya que son los titulares de la marca. Ambos, son profesionales con escasos antecedentes en tareas ambientales; ninguno de los dos en materia de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), al igual que en materia pesquera. Hace 40/50 años era muy común que las empresas contrataran personal sin experiencia, la que precisamente adquirían luego en las empresas; pero la situación desde hace años requiere la elaboración de una estrategia o la solución de problema «ya», y éstas no pueden esperar un aprendizaje que, además, es endogámico. Por ello sorprende que, frente a semejante crisis crónica que enfrenta la pesca, por alguna rara razón, tres importantes Cámaras Pesqueras (CAPA, CEPA, CAPECA) requieran «los servicios» de dos inexpertos para representarlos y defender sus intereses en un negocio que factura dos mil millones de dólares anuales y depende de la macroeconomía, del mercado internacional, de los gobiernos nacionales, provinciales y sus funcionarios, de la biología, la climatología, la captura, las retenciones, los impuestos, derechos y tasas, los servicios, la producción, la industria y por supuesto del trabajo donde intervienen una docena de gremios. Basta ver sus ingresos y las tareas que realizan y que, en su corta vida profesional, solo elaboraron dos informes, uno de ellos sobre prospecciones sísmicas para la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Aunque es «vox pópuli» en los ambientes portuarios que ambos informes recibieron una “ayudita” de su Papá Otto Christian. Pero, ello, no habla mal de los contratados, habla mal de las Cámaras Empresarias que suelen ser justos y permanentes reclamantes ante los gobiernos de turno.

Por una parte, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) contrató a Sofía Irina Wöhler (Monotributista, Cat. C, 30 años; UNICEN, 2021), no como experta en gestión ambiental ―el diploma no presume habilidad― sino como empleada administrativa que en su único trabajo publicado (UNICEN, 27/09/2021) escribió: «en una de las principales actividades económicas que se desarrolla en la pesca (…) la captura, incluye especies y/o tallas de peces no comerciales que generalmente son descartadas por la borda, pero también aves, mamíferos y tortugas marinas (…) atraídas por los desechos y descartes generados (…) existe una deficiente comunicación entre empresarios y capitanes (…) Dificultades por parte de los empresarios para controlar lo que pasa arriba del barco (…) Necesidad de incrementar los procedimientos de control (…) se requiere la presencia de observadores…» (sic) mencionando que los empresarios pesqueros comenten varias prácticas prohibidas en la Ley de Pesca 24.922. Ello, popularmente podría denominarse: «el pez por la boca muere» o «durmiendo con el enemigo». Flaco favor le hace al sector sus opiniones y luego los representa.

No pasó desapercibido en la exposición de Sofía Irina en la Audiencia Pública N° 1/24 (de la que se ausentó Otto Axel Wöhler) donde se presentó como fundadora de «Resilience» y asesora ambiental y representante de CAPECA refiriéndose críticamente a los posibles efectos de las exploraciones sísmicas sobre la merluza de cola, la polaca y la merluza negra (casualmente, las especies de especialidad de su padre Otto Christian); pero omitiendo a numerosas especies que se pescan en la región y en Malvinas, tales como la merluza hubbsi, merluza austral, abadejo, bacalo, nototenias, rayas, calamar Illex y loligo. Muy especialmente estas dos últimas ―por su importancia económica y biológica― que está probado internacionalmente en estudios in situ que son afectadas por las exploraciones sísmicas. Es notable que representando a una Cámara Pesquera no haya planteado otras observaciones muy importantes a los estudios de impacto ambiental realizados por Shell y Equinor. Por ejemplo, la falta de estudios en el área y la ausencia de compensaciones económicas, como ya son una práctica normal en la Ley Noruega. Además, de establecer en otro organismo y no en la administración central al INIDEP las aprobaciones. Se trató de una exposición de generalidades sin profundidad que debió destinarse a la revisión de los «dibujados» EsIA y asegurar la sostenibilidad de un recurso que se explota en «forma previa» a los hidrocarburos, cuestión muy importante en la materia.

Por su parte, el joven abogado Otto Axel Wöhler (Monotributista, Cat. D, 32 años, recibido en 2019) presta sus servicios jurídicos en una reconocida empresa pesquera marplatense y, probablemente por ello, poco tiempo atrás, fue designado Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y entonces ―probablemente también― podría no ser políticamente correcto cuestionar a los empresarios españoles que pescan en aguas argentinas o, bien, porque sería difícil separar su rol de abogado, presidente de una Cámara pesquera y consultor medio ambiental, de su vínculo directo con el Director Nacional de Investigaciones del INIDEP Otto Christian Wöhler, ya que es lógico suponer que éste deba tomar distancia de las posiciones políticas gremiales-empresarias que coalicionan con su  competencia oficial de asegurar la sostenibilidad de los recursos. La ley de incompatibilidades exige neutralidad a quienes trabajan en las reparticiones públicas.

Por último, es asombrosa la designación de Otto Axel en CEPA. De tener un presidente del peso específico de Oscar Ángel Fortunato (f.2025), a un ignoto abogado. Si bien «el gordo» no era «Ángel» de mi devoción, era muy solvente en el tema pesquero; ocupó los cargos más importantes de la actividad pública y privada de la especialidad y era un profundo conocedor de la gestión pesquera. Me opuse reiteradamente a sus políticas pesqueras pero, en el tema era un experto con capacidad de representar sólidamente al sector. La designación de Otto Axel muestra que el poder real ya no pasa por las Cámaras ¿o alguien se imagina a Tony Solimeno o cualquier otro, etc., escuchando ―atentamente― la estrategia pesquera de Otto Axel?

Inteligencia Artificial (IA) dice: «Otto Cristian Wöhler y Otto Axel Wöhler no son la misma persona, pero operan en círculos interconectados». Lo que es vox pópuli, la propia IA lo hace suyo. También aclara: «Hay riesgos éticos potenciales: los funcionarios públicos como Otto Christian Wöhler están sujetos a la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y la Ley de Conflictos de Intereses (N° 25.964), que prohíben actividades privadas que interfieran con deberes públicos, especialmente si involucran a familiares o generan favoritismos y, además, (pone el ejemplo de) Resilience asesora a CAPECA que financia campañas al INIDEP o suministrando información privilegiada a su hijo, violando potencialmente la confidencialidad pública. Las colaboraciones podrían interpretarse como promoción familiar, especialmente si el INIDEP valida conclusiones sin competencia abierta. Y concluye, hay un potencial conflicto de intereses. El riesgo radica en la percepción de favoritismo familiar que podría escalar a una investigación de OA si se denuncia» (sic).

Vale la pena tener en cuenta que «Resilience» en su nota no precisa ¿a qué Pesca Ilegal y/o Pesca INDNR en el área adyacente a la ZEE refiere?; atribuyendo genéricamente a «países europeos» y omitiendo la pesca ilegal en Malvinas; además, es sabido que en el Atlántico Suroccidental, los únicos europeos que pescan son españoles. La FAO y la Auditoría General de la Nación han dicho, que se descarta el 30% de las capturas y, digámoslo más claramente «aunque quedaría feo hacerlo desde CEPA― ello incluiría también a la flota nacional. El eufemismo de pesca INDNR no es otra cosa que PESCA ILEGAL. Como lo son el descarte (Art. 21 Ley 24.922), la sustitución o sub-declaración en los desembarcos ―entre otras prácticas― ilegales.

Referenciarse en la opinión de ONG extranjeras ―como indica la nota de los Wöhler― merece una opinión. La motivación de los argentinos en las cuestiones ambientales no solo debería estar fundada en las ONG extranjeras, muchas de las cuales están solventadas por terceros países geopolíticamente interesados (Caso WCS en «Agujero Azul»).

Nuestro modesto Centro (CESPEL) viene denunciando la pesca ilegal extranjera en el Atlántico Sur en forma permanente y sin solución de continuidad desde 1989; pero la pesca ilegal, no empezó ayer; desde la década del 60 y del 78 al 90 pescó ilegalmente la flota soviética y especialmente la polaca. Esto de creer que la opinión, los servicios y los bienes extranjeros son mejores, es una mirada colonizada que podría dar lugar a decisiones equivocadas o actos de corrupción. Por ello, analizaremos, el caso de la construcción de buques para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en España.

El doctor en Ciencias Biológicas Otto Cristian Wöhler ―en la opinión de varios referentes destacados― habría sido el principal responsable de la construcción de buques de investigación en España (sin su aprobación no habría sido posible), descartando la opción de mayor beneficio para Argentina de construirlos en un astillero nacional público o privado o asociados. Este funcionario, al que desde 1980 todos los argentinos le abonan su salario, habría decidido que todos los argentinos paguemos 35 millones de dólares a un astillero español y hubiésemos tenido que abonar 161 millones de dólares de no desactivarse la construcción de un tercer buque Ice-Class en estudio desde 2019.

Wöhler desde 1980 a la fecha ha ocupado posiciones de política institucional y participado activamente desde gobiernos populares a libertarios como en la actualidad. Investigador principal, desde 2004 a 2006 fue director interino del INIDEP; desde 2006 a 2009 director de Investigación; a cargo del Despacho de INIDEP del 2009 a 2012; director de Investigación del 2012 a 2015; siendo promovido a director del INIDEP en 2015 (período de la adjudicación del buque Angelescu) a 2018, año en que fue separado del cargo y volvió a su actividad de Investigador Principal hasta 2024, para ser nuevamente designado Director de Investigación del INIDEP (13/05/24 Res. 86/24) hasta la fecha. Un funcionario requerido.

No fue miembro del CFP pero participó en distintas comisiones vinculadas a decisiones políticas, incluyendo cuotas y regulaciones. Este agente polifacético que, pese a ser un funcionario público ―según información documentada― mantuvo una relación de dependencia privada y una sociedad comercial.

En síntesis, cumplió cargos políticos-administrativos en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei, contando para su designación actual con el apoyo del Subsecretario de Pesca López Cazorla. Ductilidad política y contactos aceitados con la prensa.

Complementariamente, Wöhler gestionó el acuerdo con la Prefectura para operar los buques de investigación en lugar de la tripulación civil (juicio en la Corte, con dos fallos a favor de los tripulantes del SiMaPe), desnaturalizando la función policial que debe estar en la prevención y el combate del delito y, al mismo tiempo, incorporando a un ámbito de investigación civil, personal de seguridad, cuya sola presencia viola el art. 13° de la ley 24.922 que no permite ventilar a terceros información que debe reservarse a las autoridades del INIDEP hasta su revisión y aprobación.

Profundizaremos en la próxima nota (2/4) sobre los actores de la construcción de buques de investigación en España. El rol de Otto Christian Wöhler y otra decena de actores en la adjudicación y contratación de los buques de investigación «Víctor Angelescu» y «Mar Argentino» construidos en Armón (Vigo) , en la gestión fallida para construir un tercer buque oceanográfico con capacidad Ice-Class.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

 

** https://www.seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=10&id=136870&l=s&special=0&ndb=0.

CON LA DOCTRINA MONROE EL GOBIERNO DECLINA LA SOBERANÍA EN EL MAR

César A. Lerena*

Publicado en Perfil, 5 de enero de 2026

 

La intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica con motivo de la pesca ilegal o, bajo argumento de una supuesta administración inadecuada de los recursos pesqueros dentro de la jurisdicción de los Estados ribereños o respecto a los migratorios, es una verdadera intromisión a través de mecanismos de acción directa o métodos sofisticados, como exigir a los países certificaciones internacionales al momento de exportar sus productos; a la par, de firmar un Acuerdo con Estados Unidos que es francamente desfavorable a la Argentina (cesarlerena.com.ar “El Acuerdo con Estados Unidos es una Rendición Incondicional”, Perfil, 16/11/25), abriendo de par en par la puerta de ingreso a nuestro territorio a los productos americanos.   

La “Doctrina Monroe” fue anunciada por el presidente de Estados Unidos James Monroe en 1823 sobre la base de terminar con la colonización europea en América, la que sería vista como una agresión a Estados Unidos. En la teoría, una suerte de mensaje de “América para los americanos”; pero, en la práctica, debería leerse como “Las Américas bajo el dominio hemisférico de Estados Unidos” y, si bien en esos años, ese país no tenía suficiente poderío naval, contó con el apoyo implícito de la Royal Navy británica; que, como sabemos, ya venía haciendo grandes esfuerzos para sacar a España de América. De modo tal, que las intervenciones de Estados Unidos deben entenderse acompañadas por el Reino Unido y viceversa.   

Por su parte, la “Doctrina Drago” propuesta por Luis María Drago en 1902, está en las antítesis, aunque no siempre se aplicó universalmente, sentó un precedente para la no intervención y el respeto a la soberanía, influyendo en el derecho internacional y la creación de instituciones para gestionar las crisis.

La Argentina, probablemente, haya tenido su primera intervención por parte de Estados Unidos en 1831 con la participación naval de la fragata Lexington que destruyó el fuerte argentino de Malvinas, arrestó a los funcionarios y “declaró a las islas libre de todo gobierno” (¿Y la América para los americanos?). Todo ello motivado por la captura del gobernador Luis Vernet de tres barcos estadounidenses por cazar ilegalmente focas. Esta misma acción ilegal, 200 años después la utiliza como argumento para poner condiciones a los países de Latinoamérica en materia de pesca. Aquella acción que en el mejor de los casos debió limitarse a una actuación diplomática resultó desproporcionada por parte de Estados Unidos debilitando la presencia argentina en Malvinas y facilitando la invasión de las islas por parte del Reino Unido en 1833, pese a que éste había firmado en 1825 con las Provincias Unidas del Río de la Plata el Tratado de Paz, Comercio y Navegación. ¡Son tal para cual!

Cuando el representante del gobierno radical argentino Lucio García del Solar en 1989 negoció con el representante británico Sir Crispin Tickell la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) no habría de imaginarse que la pesca -que consideró sin importancia- sería el sostén económico de los isleños británicos en Malvinas, al decir del director británico de pesca en las islas en 2012 el inglés John Barton.

Lo que parece limitarse a una cuestión relativa a la autonomía en la administración de los recursos naturales de los Estados ribereños ha adquirido una relevancia que pone en riesgo la soberanía política y alimentaria de los pueblos. Por eso entendemos, que hay que asignarle al tema la importancia geopolítica que tiene.     

Las reiteradas intervenciones de Estados Unidos en las aguas jurisdiccionales de terceros o en alta mar se fundan en el uso de redes inapropiadas; mercaderías no certificadas o genéricamente a pesca ilegal e, incluyen, acciones diplomáticas, económicas, prohibiciones y hasta la presencia de patrullas marítimas y, más allá, de que muchas acciones directas de Estados Unidos se fundan en observaciones a la pesca deben tenerse en cuenta para evitar capturas incidentales, descartes, sobrepesca, etc. lo que llama la atención es la “posición rectora” que asume ese país; que, en lugar de acordar con la comunidad pesquera internacional y los organismos multilaterales, asume medidas directas de protección unilaterales sin el consenso debido.

Recordemos, las llamadas «Guerras del Atún» motivadas en conflictos por los derechos de pesca y el uso de redes de cerco en las aguas reclamadas como Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Ecuador, Chile y Perú y, que Estados Unidos no reconocía como propias de esos Estados ribereños, dando lugar a la captura por parte de éstos de unos 100 barcos atuneros norteamericanos en la década 60/70, que este país consideró un proceso ilegal y, por tal razón, reclamó diplomáticamente, efectuando recortes de ayuda.

También Estados Unidos desde 1980 a la fecha se han impuesto restricciones comerciales (por ej. prohibición de importación) basando en las leyes de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) por no utilizar pescas selectivas, forzando a terceros Estados a aplicar estándares relativos a la pesca incidental con una legislación cuyo alcance no puede ir más allá de la jurisdicción de Estados Unidos y, que, en todo caso, deberían tratarse ante los organismos competentes de las Naciones Unidas.

De igual modo con México en 1990/1 que llevó su disputa al GATT/WTO en 1991, donde el panel falló en contra de Estados Unidos, aunque luego se resolviera en forma bilateral. La WTO también falló contra Estados Unidos en 1998 ajustándose las reglas; mientras tanto, se afectaron países como México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela desde 1989 al presente; donde Estados Unidos restringirá desde 2026 la importación de perico y otras especies de Perú capturadas con redes de enmalle. Todo bajo presión y no con políticas de compensación para facilitar los cambios en países en desarrollo.

En operaciones marítimas (US Coast Guard, 2020) Estados Unidos despliega buques y aviones para patrullas contra la pesca ilegal (IUU) enfocadas a flotas extranjeras y muy especialmente chinas. ¿Porque no hace lo también con los buques españoles, taiwaneses y coreanos en alta mar y Malvinas, aplicando la doctrina Monroe? Obvio, porque ésta y el TIAR no aplican cuando se trata del Reino Unido.

En octubre de 1858, Estados Unidos envió su mayor flota naval hasta entonces (19 buques) al Río Paraguay en la conocida «Expedición Paraguay», con el objetivo de forzar la apertura de la navegación fluvial y resolver la disputa, entre otros motivos, el incidente con el buque USS Water Witch en 1855. La intervención culminó en un tratado que aseguró derechos de navegación para EEUU; estableciendo un precedente histórico de la libre navegación en el Río Paraná-Paraguay. Este antecedente habría facilitado al gobierno de Javier Milei la firma de un Acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército americano (Res. Ministerio Seguridad Argentino 1307/2025) para realizar diversos estudios en el Paraná-Paraguay. En la práctica este acuerdo se presenta como un intento de limitar la influencia china en el sector agroexportador y, suena a una «tercerización de la soberanía», ya que permite a Estados Unidos mayor control sobre la vía navegable, alineándose con su Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU e incluyendo cooperación con la DEA.

En 2024 el guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos James (WMSL 754) en una iniciativa apoyada por el Departamento de Estado y el Comando Sur (SOUTHCOM) de este país y, como parte de la Operación Southern Cross (Cruz del Sur) para combatir la pesca ilegal, navegó en las aguas argentinas y en alta mar; que, con “un carácter disuasivo se tercerizó la soberanía” realizando patrullajes en alta mar, en cuyas aguas los recursos pesqueros argentinos migran.

La capacidad y objetivo de estos cutters en el Atlántico Sur superan ampliamente cualquier control de la pesca y, lo que llama la atención, no son las prácticas conjuntas de entrenamiento que las fuerzas navales argentinas podrían recibir con estos buques oceánicos en alta mar, sino en el hecho, de que el objetivo principal de Estados Unidos sea desalentar la pesca china en alta mar, dejando al gobierno nacional en una evidente subordinación a la posición de disputa entre Estados Unidos y China; al extremo, de participar en acciones militares contra buques pesqueros de nuestro principal socio comercial.

La posición de las Autoridades argentinas son de una flagrante contradicción ya que, erróneamente sostienen que la pesca en alta mar es legal, contrario a lo que fundamos (cesarlerena.com.ar “La Pesca Ilegal empobrece a la Argentina”, Perfil, 12/12/2025). Pónganse de acuerdo: Si la pesca en alta mar fuese legal      -como dicen algunos funcionarios- ¿por qué la Prefectura interviene con buques americanos para combatir la pesca china en alta mar? Y si es ilegal, ¿porque acuerda con Estados Unidos en lugar llevar acciones nacionales autónomas, para acordar esta pesca de nuestros recursos pesqueros con los buques chinos y otros? Tampoco parecieran entender que, tratándose de recursos migratorios originarios de la ZEE, es la Argentina y no Estados Unidos quien tiene que intervenir; ya que la Argentina no puede perder el dominio de sus recursos solo porque éstos transpongan la línea imaginaria de las 200 millas.  

Mientras el gobierno argentino delega en Estados Unidos parte de la administración de nuestros recursos del mar, las Fuerzas Armadas Británicas realizan la Operación “Southern Sovereignty” (Soberanía Austral), un ejercicio militar conjunto de las fuerzas navales (patrullero HMS – P222), terrestres y aéreos de Malvinas y, desde Georgias del Sur hasta la Isla Ascensión, con “el objetivo de evaluar la capacidad británica de proyectar fuerzas simultáneas en los dominios marítimos, terrestres y aéreos” (Zona Militar, 19/12/2025); en total contradicción con lo acordado por los países africanos y sudamericanos en el Tratado de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (1986, Res. ONU 41/11); pero, sobre todo, resignando la soberanía territorial y política, en abierta violación a la Declaración de Independencia de 1816 y en especial a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Al comparar ambas acciones; por un lado la delegación en Estados Unidos del control de la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos y, por otro, el Reino Unido cuidando la “soberanía austral” no podemos menos que lamentar la inacción del gobierno; pero, si agregamos a ello la pesca ilegal en alta mar por parte de 350/500 buques extranjeros y la presencia militar británica en Malvinas, garantizando el otorgamiento de licencias pesqueras ilegales, con el apoyo de la OTAN y, teniendo en cuenta la demostrada inutilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya anunciada por Perón durante la Conferencia de Río de Janeiro (Bramuglia, 1947) con una posición crítica hacia Estados Unidos, defendiendo la no alineación con este país o la URSS, ya que consideraba a este instrumento ineficaz para la defensa de América Latina y subordinado a la hegemonía norteamericana. Cuestión, que luego se demostraría en la guerra de Malvinas de 1982, donde Estados Unidos y Chile –al menos- apoyaron al Reino Unido.

Podríamos concluir que la Argentina, no está resguardando su soberanía marítima y con ello sus recursos y, a nuestra información objetiva le agregamos, que el presupuesto en defensa para 2026 será con 0,28% del PBI el más bajo en cuatro años (Zona Militar, 25/12/2025) y los sueldos promedios en dólares de los militares se redujeron de 900/1300 U$S en 2015 a 500/700 U$S en 2025, contribuyendo también a “aceptar” operativamente entre las fuerzas, la colonización de la Defensa y las ya colonizadas Relaciones Exteriores. Como ya ocurría con Domingo Cavallo Canciller: “pensar distinto es de cabotaje”, aunque Trump piense todo lo contrario.

Está tan desnaturalizada la obligación argentina de garantizar su soberanía que, en diciembre de 2023, el gobernador de la Provincia del Chubut Ignacio Torres se reunió con el embajador Marc Stanley para explorar una posible cooperación, para que los buques estadounidenses patrullen las costas patagónicas para controlar la pesca ilegal, principalmente China; demostrando la ignorancia de este gobernador respecto de sus facultades y las del Congreso Nacional; pero también, que no hay pesca ilegal China dentro de su jurisdicción de 12 millas y, que en todo caso, su obligación es controlar las capturas nacionales ilegales en éste ámbito; durante los desembarcos, etc. o coordinar con el gobierno nacional el control de las capturas en la ZEE de las especies migratorias, por ej. el langostino. Tal vez lo hayan nublado las luces de Washington.

Y llegó al final un alineamiento irrestricto del gobierno nacional con Estados Unidos, mediante el DNU 697/2025 del 29/09/2025 donde el presidente Milei aprobó la “Operación Tridente”. Un ejercicio entre las Fuerzas Armadas argentinas y de Estados Unidos, realizado entre el 20/10 y el 15/11/2025, sin aprobación del Congreso Nacional (Art. 75° CN), en las bases navales de Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia. Mientras tanto, cualquiera fuese la opinión que se tenga sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la invasión de espacios y luego la captura del Presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos con el argumento inconsistente de “narcotráfico” trasgrede largamente el objeto original de la “Doctrina Monroe” y debilita la soberanía de todos los países de Latinoamérica, ya que bajo cualquier pretexto una potencia podría intervenir en una Nación independiente y, es el caso de Estados Unidos, que además de capturar a un Presidente ha reafirmado “la decisión de ampliar la presencia militar y su influencia en la región…” (Ayelen Oliva, BBC News, 03/01/2026). Mañana, bajo pretexto de que la pesca ilegal de China, Taiwán, Corea, España y el Reino Unido en el Atlántico Sur viola su “estrategia de Seguridad Nacional” podría invadir Argentina para remediar esta situación ilegal, ante la falta de acciones concretas del gobierno nacional. Y, por su parte, el Presidente Milei, primero, promoviendo la intervención en la economía argentina y, ahora, avalando la acción norteamericana ante Venezuela está abriendo la puerta para ello.    

Por si algo faltaba, el Canciller Pablo Quirno anunció (Infobae, 20/12/2025) que el Acuerdo con Estados Unidos “está prácticamente cerradova a traer muchísimos beneficios a todos”. Nosotros pensamos todo lo contrario (Ob. Cit. cesarlerena.com.ar), ya que se reiteran acciones referidas a pesca sostenible y prácticas no mercantiles de terceros países, implícitamente dirigidas a China, olvidando aquella frase que se atribuye al Gral. José de San Martín: “La Soberanía no se negocia se defiende”. Esperamos que el Congreso reaccione, no puede seguir en silencio frente a los extravíos de Trump y Milei.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

DE LOS CONCEPTOS DE NACIÓN Y SOBERANÍA DEL GENERAL GUGLIALMELLI AL SERVILISMO ACTUAL

Marcelo Javier de los Reyes*

Introducción

En septiembre de 2020 publiqué el artículo titulado «Recordemos al general Guglialmelli en medio de la ceguera geopolítica y estratégica» en el que hice una breve mención biográfica, destaqué su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar y que consideró que era imprescindible desarrollarla, para lo cual hizo propuestas, particularmente respecto de la provincia de Santa Cruz, así como su visión geográfica de la Argentina a la que le atribuyó un carácter «peninsular».

Tenía clara conciencia de cómo las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o ambas en forma conjunta, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. En ese texto cité, como ejemplo de esas integraciones regionales, la referencia a la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país. Del mismo modo, Guglialmelli destacó la intención de actores externos por mantener a la Argentina bajo la condición de «granja», es decir, cómo esos intereses operaban para impedir la industrialización del país. De tal manera que en esa división internacional del trabajo que se impuso, la Argentina quedaría reducida a proveedora de alimentos, de materias primas y de productos agroindustriales, manteniéndola como un país periférico, dependiente.

Nación y Soberanía

Quince años después de la alocución titulada «Nación y Soberanía» que el General Juan Enrique Guglialmelli pronunciara en la Escuela Superior de Guerra el 15 de diciembre de 1965, la revista Estrategia, fundada por él, la reeditó por considerar que aún tenía vigencia[1].

Sesenta años después de la disertación en esa alta casa de estudios considero que sigue vigente, al igual que todas sus propuestas. En aquella oportunidad se consideraron valiosas porque fueron «prevenciones» ante las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfreo Martínez de Hoz (1925 – 2013). El plan económico de Krieger Vasena ―ministro de Economía y Trabajo entre 1967 y 1969, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía―, procuró estabilizar la economía mediante una fuerte devaluación del 40%, la reducción del déficit fiscal a través de retenciones agropecuarias y un control estricto de los ingresos salariales y precios. Este plan liberal combinó la devaluación con medidas para estimular la eficiencia económica a través de la reducción de aranceles y de la desregulación financiera, pero provocó descontento en sectores como el agro y las pequeñas industrias.

La política económica de Martínez de Hoz, siendo ministro de Economía (1976 – 1981) del último gobierno cívico militar, tuvo como propósito transformar el modelo económico argentino a partir de la desregulación, la apertura al mercado internacional, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la especulación financiera sobre la producción. Entre sus medidas pueden mencionarse la liberación de los precios, el congelamiento de los salarios, los acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial y la suspensión de las paritarias. Para llevar a cabo su plan apeló a la reforma del Estado, la liberalización de la economía y la aplicación de la denominada «la tablita», la cual consistía en un sistema de devaluación prevista del peso. El objetivo principal de estas medidas apuntaba a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones, lo que derivó en el inicio de un siniestro proceso de desindustrialización nacional. En resumen, su política económica provocó la bancarrota de la economía argentina.

Las «prevenciones» y las propuestas del general Guglialmelli hoy siguen vigentes, pero también es cierto que fueron y siguen siendo omitidas por los equipos políticos y económicos de los gobiernos de esta partidocracia, principalmente por los de Menem, De la Rúa, Macri y actualmente por el de Milei. No obstante, no están exentos los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, los que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para una verdadera recuperación de las capacidades de nuestra Argentina.

Al pensar la Nación debemos hacerlo de forma integral, tal como lo pensaba en su momento el general Guglialmelli, en su aspecto espiritual, económico, político, cultural y en materia de defensa. Expresaba entonces que la «soberanía es la condición misma de la Nación, su tesitura espiritual y moral, su lado material»[2]. Agregaba que «la nación pasó entonces a ser el único espacio en el cual era posible el pleno desarrollo de un pueblo»[3], mientras que la soberanía «se constituyó en el instrumento de lucha de los propulsores de la nacionalidad»[4].

Guglialmelli en sus escritos hacía hincapié en el aspecto espiritual. Es que cuando se corroe la espiritualidad de un pueblo, su andamiaje se derrumba. Vale aquí recordar la célebre frase de Sun Tzu o Sun Wu o Sun Zi[5]: «Será el mejor de los mejores el capaz de rendir al enemigo sin combate»[6], frase que suele citarse como «El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Desde temprano, ese espíritu de la Argentina comenzó a ser atacado por las ambiciones británicas sobre nuestro territorio.

Si se tiene en cuenta que la nación está conformada por un pueblo que está unido por vínculos culturales, un idioma, costumbres, tradiciones y una religión mayoritaria, esos rasgos se extienden a una amplia región de nuestra América y es la herencia que recibimos de España.

A las bases culturales debe agregarse la base material, las fuerzas productivas. El general Guglialmelli nos hablaba entonces también de «lealtad», sobre la cual «se funda el elemento espiritual que toda nación alienta y que no es otra que la voluntad misma de mantener sus propias peculiaridades, su propio estilo de vida. En síntesis, de autodeterminarse»[7]. Resalto este término: autodeterminarse, es decir, lo que nos distingue, lo que nos diferencia de otros.

Hablaba entonces del «ser nacional». De tal manera que las bases culturales, la base material y la lealtad hacen al «todo» que nos permite autodeterminarnos como nación. Sin embargo, la autodeterminación requiere de un desarrollo económico, del sentimiento de comunidad por parte de los miembros que comparten el territorio y de una articulación ―en términos de comunicación― de ese territorio.

En esa alocución se refería a un proceso de «vertebración» comunitaria que es fundante de todo proceso de formación nacional. Esto requiere, en términos sociales, excluir las diferencias entre los individuos y lograr la armonía entre los sectores productivos, el agropecuario, el industrial y el de servicios. Por supuesto, en este escenario integral cobran un rol fundamental las Fuerzas Armadas, las que participan de todas las actividades de la comunidad pero que, fundamentalmente, se vinculan a la soberanía y a la lealtad a la Patria. En este punto, el general Juan Enrique Guglialmelli destaca la relevancia que el factor militar tuvo en la unidad nacional.

Tras mencionar algunos hitos de nuestra historia, pone el acento en el campo de la economía como el baluarte primordial para la defensa de nuestra soberanía nacional y destaca el vínculo íntimo que existe entre la estructura económica con el poder militar.

En lo que se refiere a los sectores productivos cabe mencionar textualmente un párrafo de esa alocución:

La Argentina, en función de una perspectiva unilateral basada en ciertos factores de economicidad, podría postergar definitivamente ciertos rubros básicos, como el hierro y el acero, y quedar relegada fundamentalmente a producir alimentos y ciertas industrias livianas. Por este camino, y así lo enseña la experiencia histórica de otros pueblos, renunciaríamos de hecho a un destino cierto de gran potencia.[8]

Aquí debo señalar que el propio autor utiliza la letra cursiva para destacar ese párrafo.

La realidad es que la Argentina renunció a su destino de «gran potencia» gracias a su dirigencia política, empresaria, sindical y al poder judicial, cuyos miembros en general son cómplices de los gobiernos de turno. Al que le moleste la «generalización» deberá comprender que si no hubiera habido mayoría en esos sectores de la sociedad, tal frustración no hubiera ocurrido. Si cuestiona el término «mayoría», puede reemplazarlo por los que estaban en los lugares de toma de decisión.

Nuestra Argentina está, de alguna manera, como la Unión Soviética en 1991 y sin una dirigencia destinada a salvar la Argentina. Muy por el contrario, toda la dirigencia demuestra una clara falta de lealtad, contribuyendo a la disolución de la comunidad nacional y a la desarticulación territorial.

Guglialmelli previó en aquellos años el riesgo de las integraciones supranacionales, más precisamente, las que consideró como una «fatalidad histórica». A modo de ejemplo citó el proceso de la comunidad europea, cuyos resultados negativos hoy se observan claramente a partir de que el bloque y buena parte de sus países están liderados por gobernantes que siguen a pie juntillas lo que la angloesfera le dicta: los europeos se involucraron y se involucran en conflictos ajenos y crearon los propios en la ex Yugoslavia y en Ucrania. Los resultados están a la vista. Su advertencia respecto a un país que se incorpora a un bloque sin haber madurado su desarrollo económico fue clara:

El problema es distinto cuando a la nación le falta «vertebrarse», cuando el desarrollo es todavía un programa a realizar, un objetivo en perspectiva. En estos casos la acción prematura, cualesquiera sean sus mejores intenciones, mutilará a la nación y, a corto o largo plazo, impedirá obtener los máximos beneficios de un mercado que supere las fronteras nacionales.[9]

¿Podríamos afirmar que este fue el caso de la Argentina? Agrega el general Guglialmelli:

Para un pueblo como el nuestro, en la etapa actual de su proceso histórico, en que lucha todavía por su desenvolvimiento espiritual y material, la soberanía sigue siendo la misma idea polémica de los tiempos en los que los reyes luchaban contra el feudalismo interno, y contra los poderes supranacionales de la Europa medieval.

Esta idea de la soberanía, que se proyecta con contenido tan concreto en el campo económico, opera en un ámbito internacional de signo especial.[10]

Cabe recordar que esto fue pronunciado en 1965, en el contexto de la Guerra Fría. Hoy el contexto internacional tiende a la multipolaridad pero, sin embargo, nuestra América está siendo forzada a circunscribirse a un esquema bipolar en el que los Estados Unidos están procurando cerrar el continente ante la expansión económica de China. La potencia occidental se encuentra en un irreversible proceso de decadencia y realizando esfuerzos por jugar a una bipolaridad que se diluye ―Estados Unidos frente a Rusia y China― como se le diluyó la unipolaridad, un breve tiempo que comenzó tras la implosión de la Unión Soviética en 1990/1991 y que fue revertido a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin en el Kremlin.

Como ya fue mencionado, el general Guglialmelli ha hecho hincapié en varios de sus escritos acerca de la importancia de la espiritualidad y de la cultura:

Cuando una nación no ha logrado vertebrarse, realizarse, consolidar su desarrollo desde el punto de vista espiritual, cultural y material, es objetivamente dependiente. Y su lucha consiste, desde el punto de vista nacional, en afirmar esa independencia por todas las vías, lícitas, que le permitan obtener su logro.[11]

Nuevamente recurrió a la letra cursiva para destacar la importancia de lograr ese desarrollo.

Oportunidades perdidas

Tras la debacle política y económica de 2001/2002, Argentina dio muestras claras de una recuperación pero las cuestiones ideológicas, en algunos casos, y los intereses propios de los actores políticos en otros, operaron en contra de los Intereses Nacionales.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo ciertos logros económicos y desendeudó al país con respecto al FMI. Sin embargo, el componente ideológico retrotrajo la Argentina a la década de los setenta del siglo XX. La mirada al pasado en lugar de poner la vista hacia el futuro estableció nuevas grietas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas fueron estigmatizadas y continuaron desfinanciadas y, en consonancia con ello, la industria de la defensa no fue recuperada. En ese sentido continuó la política del gobierno de Menem.

El viento de cola que proporcionó la economía global no fue aprovechado ni por su gobierno ni por el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Todo quedó a medio camino, la industria no fue plenamente recuperada, los astilleros continuaron su proceso de oxidación y la recuperación de algunos tramos ferroviarios se produjo tras algunos graves accidentes en el sistema. Vale aquí aclarar que hoy sabemos que alguno ha sido intencional. No obstante, no se recurrió a recuperar la industria ferroviaria que la Argentina supo tener y cuyo material también exportó, sino que importó unidades de China.

Con respecto a la industria de la defensa, continuó su proceso de extinción y tampoco se dotó a la Fuerzas Armadas de materiales para la defensa de la soberanía.

Más allá de lo cuestionable de sus respectivos procesos, la reestatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas deben ser considerados como puntos positivos.

El gobierno de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri, siguió esmerilando las cuestiones inherentes a la soberanía nacional; la política en materia de defensa fue absolutamente desafortunada, desmantelando proyectos de desarrollo en el ámbito militar, no introdujo mejoras salariales al personal de las fuerzas y adquirió material inadecuado (los patrulleros oceánicos para la Armada) e inútil (los Super Etendard Modernisé que no vuelan). A ello debe sumarse el «interés inmobiliario» que despertó la venta de propiedades del Ejército. Procedió a desarticular la Policía Federal Argentina con la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, política que fue retomada por el actual gobierno de Javier Milei, quien pretende hacer de la misma un «FBI argentino». En materia económica, su gestión fue desastrosa al punto de endeudar de manera deliberada la Argentina con el mayor crédito que el FMI le otorgó a un país. Al igual que con el actual gobierno y con los mismos actores en el gabinete ministerial y en el Banco Central, el dinero de los empréstitos fue destinado a la «timba financiera» en lugar de utilizarlos en procesos productivos.

En materia de comunicaciones, el sistema ferroviario fue nuevamente omitido y en lugar de ello se consideró que el país podía ser conectado a través de las líneas aéreas. Al igual que sus predecesores, la corrupción en la obra pública fue un elemento que llevó al desmantelamiento de Vialidad Nacional, proceso que es continuado por el gobierno de Milei, quien también avanza en el desmantelamiento de lo que queda en pie del sistema ferroviario.

Algunas reflexiones finales

Nuestra Argentina ha venido siendo desarticulada desde hace prácticamente setenta años, prácticamente la misma cantidad de años que algunos dirigentes políticos citan con una maliciosa intencionalidad pero, peor aún, con gran desconocimiento de nuestra historia. El actual presidente, Milei, con una ignorancia supina de la historia nacional, extiende ese período a los cien años y pese a ser «un especialista en crecimiento con y sin dinero» y tras despreciar en campaña a quienes habían recurrido al FMI para «oxigenar» la economía nacional, ha demostrado la falacia de su especialización y ha caído en lo mismo que criticó, pues no sólo le pidió dinero al FMI sino también al Tesoro de los Estados Unidos, organismos que lejos están de ser instituciones de caridad. En paralelo, sigue destruyendo el empleo y los sectores productivos de la Argentina.

Las «prevenciones» del general Guglialemelli respecto de las políticas llevadas a cabo por los equipos de Adalbert Krieger Vasena (1920 – 2000) y de José Alfredo Martínez de Hoz cobran actualidad durante el gobierno de Milei: nuevamente, achicamiento del Estado (por supuesto que siempre adecuado a los intereses de la dirigencia de turno), desregulación, reducción de la inflación, una devaluación extrema del peso del 118% cuando asumió, liberación de las cuotas de los sistemas de medicina prepaga, aumento considerable y constante de los combustibles y del transporte público, desindustrialización, etc.; en fin, lo que ya muchos argentinos hemos vivido en las oportunidades ya citadas.

Pero volvamos a esos setenta años que en realidad procuran apuntar al peronismo como el causante de todos los males. Quizás de nada sirva que advierta que no soy peronista pero ya he aclarado en otro artículo titulado «Perón, peronismo, política y Estado. A 50 años del fallecimiento del general Perón» que para mí el peronismo murió con Perón en 1974 y que ni el menemismo ni el kirchnerismo pueden ser considerados como parte del peronismo. Cuando se habla de esos setenta años debe considerarse que, precisamente, hace setenta años que el gobierno del general Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955. Ese fue un hito importante pues el gobierno militar aprobó un decreto ley por el cual la Argentina ingresó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), en septiembre de 1956, y también al Banco Mundial. Los militares liberales desplazaron a los militares nacionalistas, una puja histórica dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante esos setenta años, de los que políticos oportunistas responsabilizan al peronismo, hubo gobiernos militares, radicales, «pseudoperonistas» («menemismo» y «kirchnerismo») y «pseudoliberales» (gobiernos militares con equipos económicos «liberales», «menemismo», el gobierno de la Alianza, Cambiemos y el actual gobierno de La Libertad Avanza de Milei). Ya aclaré por qué hablo de «pseudoperonistas» con la referencia a mi otro artículo pero con respecto a los «pseudoliberales» es porque el liberalismo es una teoría económica tan irrealizable como los postulados del comunismo. Es muy ingenuo creer que los británicos o los estadounidenses implementan el liberalismo cuando se trata de economías proteccionistas, como las que emplea la propia Unión Europea. Esos gobiernos protegen a sus productores, a sus industrias, lo que los gobiernos argentino no hacen en la Argentina. En esos setenta años se comenzó a desarticular gradualmente nuestro país, a partir de la incorporación a los organismos financieros internacionales, FMI y BM, en 1956.

Ya durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958 – 1962) fue presentado el denominado «Plan Larkin» ―llamado así porque fue elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con el respaldo del Banco Mundial― con la intención, supuestamente, de reducir el déficit del Estado. El informe consistía en un estudio sobre los medios de transporte terrestre y fluvial de Argentina y apuntaba a una fuerte reducción del sistema ferroviario argentino por lo que en 1958 comenzó el proceso de regresión del ferrocarril. Frondizi no se encontraba en situación de llevar adelante la reducción propuesta por el plan (unos 15.000 kilómetros) debido a que los gremios se resistieron fuertemente a ese proyecto pero sí le dio inicio y luego el gobierno cívico militar que asumió en 1976 continuó con el cierre de ramales de la mano de Martínez de Hoz. El mayor desmantelamiento ferroviario fue llevado a cabo por el ministro Cavallo durante la presidencia de Menem en marzo de 1993 y, de la noche a la mañana, trece provincias se quedaron sin trenes.

Cada gobierno hizo su aporte y actualmente Milei está terminando de desarmar el sistema ferroviario y como ejemplo se puede mencionar el cierre definitivo del histórico ramal que une la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca.

El proceso de desindustrialización comenzó en 1976 durante el gobierno cívico militar, con la apertura de las importaciones, incluso de bienes innecesarios que afectaron fuertemente la producción nacional, que quizás hasta eran de mayor calidad que muchos de los productos importados. Una vez más, el gran paso lo dio el gobierno de Menem con el ahora reaparecido Domingo F. Cavallo, gran responsable de la debacle de 2001. En la misma línea siguieron los gobiernos «pseudoliberales» y Milei ha llegado para cerrar el proceso.

Nuevamente escuchamos las monsergas referidas a la reducción del Estado, a la reducción del déficit, al equilibrio fiscal, a la desregulación y a todas esas medidas que han llevado al cierre de industrias nacionales, a la entrega y a la disolución de empresas estratégicas del Estado, al incremento del desempleo y del trabajo informal y al deterioro de la calidad de vida de los argentinos.

Todas estas medidas en contra de los Intereses Nacionales fueron realizadas esmerilando precisamente los conceptos de «Soberanía̶» y «Nación». Si la Nación es una «comunidad unida», en estos setenta años y principalmente en estos más de cuarenta años de una partidocracia corrupta o cleptocracia ―que ha reunido inescrupulosamente a una dirigencia política con empresarios prebendarios, algunos de los cuales ya habían sido beneficiarios de lo que se denominó la «patria contratista»― se han agudizado las diferencias, se han creado «grietas» de toda índole y se ha operado para destruir la espiritualidad de los argentinos.

Así como el general Guglialmelli ponía el acento en la espiritualidad y la cultura, además de lo material, vale aquí recordar una frase del coronel Mohamed Alí Seineldín que está en sintonía con lo que sustenta el ser nacional:

El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más.

La guerra cognitiva le ha sido muy favorable a los enemigos de la Patria con la colaboración de la «quinta columna» que siempre está dispuesta a traicionar los Intereses Nacionales. Cada presidente y cada gabinete de esta partidocracia ha llegado al gobierno para hacerse cargo de una parte del desmantelamiento de nuestra Argentina. Nada ha quedado fuera del plan.

La destrucción de los sectores productivos, de las Fuerzas Armadas, de la Inteligencia Nacional, los ataques a la fe de la mayoría de los argentinos ―agudizada durante el gobierno de Milei― han sido vitales para borrar la Soberanía Nacional, la cual precisa de Fuerzas Armadas con poder de disuasión, una economía sana y una política exterior independiente. Nuestra Argentina actual no cuenta con ninguno de estos requisitos.

En esta fecha tan especial del 20 de noviembre que recuerda la inmensa gesta de la Vuelta de Obligado de 1845, que tuvo lugar sobre el río Paraná, ciento ochenta años después encuentra a este mismo río entregado por el gobierno de Milei al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que «colabore» en tareas de infraestructura y gestión de la «hidrovía», una gravísima afrenta a la memoria del general Lucio N. Mansilla, de Juan Manuel de Rosas y de la de todos los héroes que ofrendaron su vida por la Patria.

Cierro este artículo con otra cita del general Guglialmelli, también tomada de su alocución «Nación y Soberanía»:

Las antinomias engendradas en la ideología existen y operan en el mundo de la realidad. De lo que se trata es de determinar si esas antinomias son propias de la comunidad o si, en el juego de las mismas, tal comunidad es tan sólo un instrumento o el escenario de, o dónde, otras fuerzas persiguen, naturalmente, intereses que les son propios o exclusivos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Juan E. Guglialmelli. «Nación y Soberanía (Reflexiones para ingenuos y desprevenidos)». Estrategia, 64/65, mayo-junio-julio-agosto 1980, p. 5-13. Existe la versión digitalizada: file:///C:/Users/mjrey/Downloads/estrategia-64-65—mayo-junio-julio-agosto-1980—repositorio-guglialmelli-mjEGQynD0aUvZGW5%20(1).pdf.

[2] Ibid., p. 6.

[3] Ídem.

[4] Ídem.

[5] Zi es una fórmula de respeto y no un nombre propio.

[6] Sun Zi. Arte de la guerra. (Cap. III, Plan de Ataque). Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras, 1996, p. 24.

[7] Juan E. Guglialmelli. Op. cit., p. 7.

[8] Ibid., p. 10.

[9] Ibid., p. 11.

[10] Ídem.

[11] Ibid., p. 12-13.

 

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