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EL SER, EL DEBER SER Y LA PROGRAMACIÓN COGNITIVA DE LOS MILITARES

Gabriel Francisco Urquidi Roldan*

 
«¿Juráis a la Patria defender a la Constitución Nacional, hasta perder la vida?»
El ser y el deber ser de los militares

En cada ceremonia de juramento, cuando un soldado argentino pronuncia esas palabras, no solo asume una obligación legal, sino un compromiso moral que trasciende gobiernos, partidos y coyunturas. Ese juramento —establecido por la Ley N° 23.463 (1)— no es hacia una persona ni hacia un poder político, sino hacia la Constitución Nacional y, por extensión, hacia el pueblo soberano de la Nación Argentina.

El ser militar no se define por la obediencia ciega, sino por la disciplina con conciencia. Su esencia reside en servir a la Nación, no al gobernante de turno. Así lo consagra la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 (2), que en su artículo 2° establece que la Defensa tiene por finalidad «garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes».

En consecuencia, las Fuerzas Armadas no son —ni deben ser jamás— un instrumento del poder político, sino una institución del Estado, sostenida por el principio de legalidad y subordinada al orden constitucional. Su lealtad no pertenece al presidente, sino a la República.

El deber ser: obediencia legítima y ética del servicio

El deber ser militar implica actuar dentro del marco de la Constitución, obedeciendo solo aquellas órdenes que sean legítimas y legales.

El militar argentino jura «defender a la Constitución hasta perder la vida», no «obedecer sin pensar». La obediencia, en su sentido más alto, es racional y moral, no automática ni política.

Autores como Samuel Huntington (3) ya advertían en «El soldado y el Estado» que la profesionalidad militar exige una subordinación objetiva al Estado de Derecho, y no una subordinación subjetiva al poder político. Lo contrario —decía— convierte al ejército en una herramienta partidaria, destruyendo su función republicana y su dignidad profesional.

Un marco legal que reafirma la lealtad institucional

La Ley N° 19.101 (4) del Personal Militar y la Ley N° 26.394 (5), que reformó el Código de Justicia Militar, consolidaron el principio de responsabilidad ética y respeto a los derechos humanos en el accionar castrense.

Más recientemente, el Decreto N° 1112/2024 (6), reglamentario de la Ley 23.554 (2), reafirmó la necesidad de una Defensa Nacional integrada y moderna, ajustando las estructuras operativas de las Fuerzas Armadas a los desafíos contemporáneos, pero sin alterar su esencia: la defensa del pueblo argentino y la soberanía nacional frente a toda amenaza externa.

En su articulado, el decreto sostiene que «las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento esencial del Estado Nacional para la defensa de su soberanía, integridad territorial e independencia política, y actuarán conforme a los principios y valores establecidos por la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten».

Este texto reafirma con claridad que el poder político no es dueño de las Fuerzas Armadas, sino su administrador temporal dentro de los límites del derecho. 

El relato post-democrático y la programación cognitiva

Desde el retorno de la democracia, el discurso oficial ha insistido en la idea de que «las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil». Esa afirmación, en su formulación simplificada, se transformó en una suerte de programación cognitiva que asoció «subordinación» con «sumisión política».

Se olvidó que la subordinación constitucional no significa obediencia partidaria, sino obediencia institucional: al pueblo, a la Nación y a la ley.

Esa narrativa, nacida del temor a los excesos del pasado, terminó diluyendo la identidad profesional del soldado y deformando su misión esencial.

El resultado es una contradicción: se exige al militar defender la soberanía nacional, pero se le niega su autonomía ética y su rol como garante de los valores constitucionales. 

El equilibrio entre el ser y el deber ser

El militar argentino es, ante todo, un servidor del Estado y custodio de la Nación. Su ser se forja en el honor, la disciplina y la vocación de servicio; su deber ser lo orienta a proteger la vida, la libertad y la independencia del pueblo argentino, incluso frente a la posibilidad de que el poder político las vulnere.

Si algún día un gobernante —cualquiera sea su signo o ideología— atentara contra la Constitución o contra los más vulnerables (jubilados, enfermos, indigentes, discapacitados), la obligación moral del militar no sería la de callar, sino la de proteger, como lo ordena la ley y lo dicta su juramento.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no son del presidente: son de la Nación.

Y mientras exista un soldado dispuesto a defender la Constitución hasta perder la vida, la Argentina seguirá siendo libre.

 

Referencias

  1. (s.f.). Ley N° 23.463: Juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional.

  2. (s.f.). Ley N° 23.554: Ley de Defensa Nacional.

  3. (s.f.). Huntington, S. (1957). El soldado y el Estado: La teoría y la política de las relaciones cívico-militares. Harvard University Press.

  4. (s.f.). Ley N° 19.101: Régimen del personal militar.

  5. (s.f.). Ley N° 26.394: Código de Disciplina Militar.

  6. (s.f.). Decreto N° 1112/2024: Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

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LA GUERRA PROXY QUE PERPETUARÍA A MILEI EN EL GOBIERNO

Gabriel Urquidi* y Daniel Symcha**

La dinámica en el cambio de objetivos de los intereses norteamericanos y británicos en el tablero mundial y el camino a un mundo multipolar crea las condiciones necesarias para hundir a la República Argentina en una guerra proxy para garantizar perpetuidad política y contener el avance de China y Rusia en Sudamérica

 

En la ciudad china de Tianjin se realizó en el mes de agosto la mayor cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) la cual responde principalmente a las nuevas dinámicas de seguridad, enfrentar la amenaza del terrorismo y promover el desarrollo económico en Asia Central y Eurasia.

La OCS, fundada el 15 de junio de 2001, tres meses antes del ataque al World Trade Center, por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán en tanto que India y Pakistán fueron admitidos como miembros de pleno derecho en 2017 e Irán en el año 2023. Bielorrusia se convirtió en miembro de pleno derecho en el año 2024.

El antecedente inmediato de la OCS es el grupo de los Cinco de Shanghai institución que se creó el 26 de abril de 1996 cuando los jefes de Estado de China, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia y Tayikistán firmaron en Shanghái el Tratado sobre la Profundización de la Confianza Militar en las Regiones Fronterizas promoviendo el intercambio cultural, civil y comercial[1].

La cumbre de la OCS de Tianjin fue el escenario para mostrar la unidad entre Xi Jinping, Putin, Pezeshkian y Modi, quienes además integran el BRICS de cara a consolidar el multilateralismo en claro desafío al viejo orden mundial y al predominio de los Estados Unidos[2].

La cumbre se realizó en un contexto que incluyó, en tres meses, una sucesión de hechos bélicos donde estuvieron involucrados India y Pakistán, Myanmar con una intensificación de la guerra civil, un conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, ataques de grupos separatistas en Indonesia y Pakistán, ataques insurgentes en Filipinas, el derrocamiento de Bashar al-Asad y la ofensiva israelí contra Siria y Gaza además del ataque de Israel a Irán a partir del 13 de junio de este año, a menos de un mes de la llegada al puerto seco de Aprin, en las afueras de Teherán, del primer tren de carga desde Xian, en el este de China lo que permite la exportación del petróleo iraní a China y el tránsito de productos chinos hacia Europa[3], sin pasar por rutas marítimas vulnerables al control naval estadounidense generando una autonomía estratégica para los países de Asia Central[4].

El Caribe, piratas y el fantasma de Bahía Cochinos

Mientras tanto, en el marco de la designación unilateral por parte del Departamento de Estado norteamericano de ocho organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED)[5] (Ventas, 2025) entre los que se incluye al «Cártel de los Soles» de origen venezolano cuya conducción es asignada al Presidente Maduro[6], EEUU desplazó al mar Caribe una flota de combate integrada por el Grupo anfibio «Iwo Jima Amphibious Ready Group», compuesto por el USS Iwo Jima (buque de asalto anfibio), el USS San Antonio (buque de transporte anfibio) y el USS Fort Lauderdale (buque de desembarco anfibio); Tres destructores clase Arleigh Burke, equipados con sistema de combate Aegis ―capaces de lanzar misiles Tomahawk, antiaéreos y antisubmarinos― y con helicópteros MH-60R Seahawk a bordo: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson; un Crucero lanzamisiles el USS Lake Erie (Guía de misiles; clase Ticonderoga); un submarino identificado como el USS Newport News (submarino nuclear de ataque rápido) y al menos un submarino nuclear adicional, sin especificar nombre. La flota cuenta con el apoyo desde tierra de aviones de vigilancia P-8 Poseidon.

Estos activos pertenecen principalmente a la Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Fourth Fleet), que opera bajo el mando del U.S. Naval Forces Southern Command (USSOUTHCOM), fuerza naval es responsable de operaciones en el Caribe y las aguas adyacentes a América Latina y Sudamérica.

Mientras tanto el jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Holsey participó a fines del mes de agosto de la 22° Conferencia del Consejo de las Américas, organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos donde participan líderes y tomadores de decisión de Argentina y la región, realizada en el hotel Alvear de Buenos Aires, República Argentina[7].

Además Holsey, junto al secretario adjunto de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson y al ministro de Defensa argentino Luís Petri, realizaron la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa «SOUTHDEC 2025», organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en Buenos Aires y coanfitrionada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. El encuentro tuvo como objetivo consolidar la cooperación regional en materia de defensa y seguridad reuniendo a los jefes de los Estados Mayores y representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, España, Portugal, Reino Unido y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

La justicia y las guerras ese eterno maridaje

En el contexto de las tensiones en Eurasia y del Caribe, identifiquemos actos repetitivos en el tiempo y en nuestra vida política.

La política exterior, de seguridad y de defensa del actual gobierno argentino se encuentran alineadas públicamente al eje Washington – Tel Aviv, de lo cual dan cuenta entre muchas otras cosas como las declaraciones públicas y los contratos millonarios por sistemas de armas y municiones de origen norteamericano e israelí, los 11 viajes a EEUU y los 2 viajes a Israel del Presidente Milei siendo el presidente argentino que más veces visitó ese país[8].

La cooptación anglosajona de las decisiones políticas en materia diplomática argentina impulsó la declaración como organizaciones terroristas de HAMAS (Organización palestino sunita), del Tren de Aragua (Organización criminal venezolana) y del Cartel de los Soles (Organización criminal venezolana). Además, moldeó un apoyo del gobierno argentino a favor de Volodomir Zelensky y de la OTAN en la guerra contra Rusia.

En ese alineamiento la Justicia Federal, en el marco de la causa AMIA, sindica a Irán cómo atacante del territorio nacional adjudicándole el atentado contra la Amia y el máximo mandatario argentino declara públicamente a Irán como enemigo de la Argentina omitiendo que ese tipo de declaración corresponde al Congreso de la Nación realizarla, y se expresa públicamente a favor del ataque israelí contra la nación persa.

El gobierno argentino y los escándalos por corrupción

En el marco del escándalo suscitado por los supuestos sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, la ministra de esta última dependencia, Patricia Bullrich, realizó una denuncia penal en la que se solicita una medida de censura previa a información periodística y allanamiento de medios de comunicación, domicilios particulares y obtención del registro de comunicaciones de periodistas involucrando y acusando, además, a ciudadanos de la Federación Rusa como partícipes de espionaje en la Casa Rosada, máximo órgano de gobierno argentino y a representantes de políticos argentinos en favor de intereses venezolanos y de la izquierda boliviana en una supuesta operación de derrocamiento presidencial y golpe institucional. Esto generó un fuerte rechazo oficial por parte de la Embajada Rusa en Buenos Aires[9].

El caso de los sobornos se suma a una lista de hechos de corrupción que implicaron la presentación de 112 denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público contra el primer mandatario argentino[10], entre los cuales podemos destacar el caso de la Criptomoneda $LIBRA; el acaparamiento y desvío de alimentos en los depósitos del Ministerio de Capital Humano; el ingreso al país de diez valijas sin control aduanero provenientes de EEUU; nepotismo y financiación irregular del partido oficialista, contratos estatales millonarios con empresas de la familia Menem; espionaje ilegal, seguimientos y monitoreo de dirigentes opositores y manifestantes por parte de fuerzas policiales de manera clandestina; caso de Fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertes en todo el país[11].

La guerra ¿es una solución para la crisis política?

Independientemente de las tensiones geopolíticas de cada momento que brindan el escenario para una escalada militar, tanto Benjamín Netanyahu como Volodomir Zelensky tenían sendos procesamientos por corrupción antes del inicio de la guerra en Ucrania y en Palestina y Siria. Por la guerra se suspendieron tanto en Ucrania como en Israel los procesos eleccionarios y los juicios que pendían sobre ellos más allá de sus mandatos presidenciales y siguen en la actualidad en el poder tomando decisiones que favorecen a un complejo entramado financiero comercial vinculado a la industria militar.

El avance de los procesos judiciales sobre el presidente, el alineamiento a los intereses anglonorteamericanos e israelíes, la constante ofensiva difamatoria sobre países hermanos y sobre países aliados de Rusia y China como lo es Brasil, la influencia británica en la dirigencia socio política en Chile y Uruguay y la constante intención de sumar a las FFAA en operaciones contra el narcotráfico en las fronteras con Bolivia y Paraguay, crean un escenario para una potencial operación militar de mediana intensidad que se prolongue en el tiempo, creando un conflicto regional abierto (Guerra Proxy) que permitiría la perpetuidad en el poder de la actual administración con fuerte apoyo norteamericano para enfrentar contener la expansión comercial de China y Rusia en Sudamérica además de garantizar los intereses de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y del Reino Unido en los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el dominio de la isla de Tierra del Fuego, lo que implica el control el océano Atlántico Sur y completo acceso oceánico a las bases norteamericanas y británicas en la Antártida.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

** Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] Eisele, Inés. «Las claves de la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/las-claves-de-la-cumbre-de-la-organización-de-cooperación-de-shangái-en-china/a-73840560>.

[2] Zúñiga, Diego. «El papel de América Latina en la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/cumbre-de-la-ocs-en-china-cuál-es-el-papel-de-américa-latina/a-73840615>.

[3] «Irán y China inauguran nueva ruta ferroviaria para sortear sanciones de EE.UU. y conectar Asia con Europa». Soy Armenio, 27/05/2025, <https://soyarmenio.com/noticias-internacionales/iran-china-ruta-ferroviaria/>.

[4] Gagliano, Giuseppe. «China: Inauguración de la línea ferroviaria a Teherán: la importancia del estrecho de Malaca en perspectiva». Reseau Internacional, 10/06/2025, <https://es.reseauinternational.net/chine-inauguration-de-la-ligne-ferroviaire-vers-teheran-limportance-du-detroit-de-malacca-se-voit-relativisee/>.

[5] Ventas, Leire. «El gobierno de Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como “organizaciones terroristas”: qué significa y qué consecuencias puede tener». BBC, 22/01/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/c805kp4eke5o>.

[6] «Marco Rubio advirtió que designar como organización terrorista al cartel vinculado a Maduro permite a EEUU realizar operaciones militares». Infobae, 08/08/2025, <https://www.infobae.com/venezuela/2025/08/08/marco-rubio-advirtio-que-designar-como-organizacion-terrorista-al-cartel-vinculado-a-maduro-permite-a-eeuu-realizar-operaciones-militares/>.

[7] Campos, M. «Vuelve el jefe del Comando Sur de Trump y el Gobierno se pone en modo campaña con la venia de EE.UU.». EldiarioAr, 18/08/2025, <https://www.eldiarioar.com/politica/vuelve-jefe-comando-sur-trump-gobierno-pone-campana-venia-ee-uu_1_12542106.html>.

[8] «Israel welcomes President Javier Milei for second official visit». Buenos Aires Times, 10/06/2025, <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/israel-welcomes-president-javier-milei-for-second-official-visit.phtml?utm_source=chatgpt.com>.

[9] «El Gobierno logró “bozal” legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot». Ámbito, 01/09/2025, <https://www.ambito.com/politica/javier-milei-denuncio-la-justicia-federal-una-operacion-inteligencia-ilegal-casa-rosada-n6185189>.

[10] «La ruta de los escándalos: de $LIBRA a Spagnuolo». Página 12, 23/08/2025, <https://www.pagina12.com./851837-la-ruta-de-los-escandalos-de-libra-a-spagnuolo?utm_source=chatgpt.com>.

[11] Millán Valencia, Alejandro. «“Entró al hospital para que le quitaran unos cálculos y terminó muerto”: el drama de las familias de las 87 víctimas fatales que dejó el fentanilo contaminado en Argentina». BBC, 14/08/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cpv010l3ne9o>.

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TIERRA DEL FUEGO. CUANDO LA SOBERANÍA POLÍTICA SE SUBORDINA AL AJUSTE ECONÓMICO

César Augusto Lerena*

El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación de electrodomésticos. Una decisión que afecta a toda esta industria en el país y, especialmente, deja sin sentido las exenciones impositivas y aduaneras establecidas por la Ley 19.640 que promueve la industria electrónica instalada en Tierra del Fuego. Una determinación que atenta contra la soberanía nacional, que podría llevar a despoblar nuestro territorio austral y que, por el contrario, debería desarrollarse en la Isla Grande un modelo sobresaliente a mostrar a los habitantes británicos de Malvinas. La medida del gobierno no se toma en forma aislada, sino que paralelamente se promueve el emplazamiento junto a Estados Unidos de una Base Naval en Ushuaia; se lleva una política de desinterés respecto a las acciones británicas en Malvinas y la región y, el Reino Unido promueve una creciente relación con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay y lleva una política blanda ―tolerada por el gobierno― con la que pretende influir culturalmente en los argentinos.

Para no entrar en discusiones ideológicas recurrimos a la visión general de la IA: «la soberanía política es el poder supremo que un Estado ejerce sobre su propio territorio y población, sin la interferencia de otros estados o entidades externas, implica independencia, autonomía para tomar las decisiones políticas, y la capacidad de ejercer autoridad máxima». Lo importante es que el Estado planifique y ejecute las medidas necesarias para ejercer soberanía.

La Ley sancionada el 2 de junio de 1972, tenía en cuenta ―entre otras razones― «la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas relativas al aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad» y, por tal razón en el artículo 1º de esa ley «eximía del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio».

La situación actual en relación a la existente a 1972 se ha agravado. No tanto en su aislamiento donde no se ha innovado, sino en la tensión existente entre las grandes potencias en el Atlántico Sur; la invasión creciente en la parte meridional de este océano por parte del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB); ya que mientras en 1972 los británicos ocupaban unos 20.000 km2 de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y tres millas alrededor de estas islas y, desde 1982 y en especial desde los Acuerdos de Madrid (1989-1990) avanzaron invadiendo y disputándole a la Argentina 5.497.178 Km2, de los cuales nos invaden 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular y nos disputan 1.430.367 Km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 del continente antártico.

Mientras ello ocurre, el RUGB profundiza sus relaciones con Chile respecto a la Antártida y con Uruguay, cuyo puerto de Montevideo presta apoyo logístico a las capturas ilegales en el Atlántico Sur.

A ello, hay que agregarle que en las aguas de Malvinas los británicos extraen ilegalmente recursos pesqueros argentinos en el orden de las 250.000 toneladas anuales ―según reportes de los propios isleños― y en materia de exploraciones petroleras las empresas Rockhopper y Navitas estiman extraer 728 millones de barriles de petróleo. Todo esto militarizado ―aeronaval y misilísticamente― por las fuerzas de la corona británica. En este escenario ¿se puede debilitar la economía de Tierra del Fuego?

No obstante, nos preguntarnos: ¿Qué han hecho los gobiernos nacionales y provinciales para monitorear y dar sustento estratégico, económico y de defensa, a la par de terminar con el aislamiento y promover nuevos proyectos productivos e industriales, que no estén necesariamente atados a los beneficios impositivos y aduaneros? Y a la par asegurar que las inversiones estén orientadas en el mediano plazo a proveer una economía sustentable no subsidiada. Lo hecho ha sido insuficiente y aquellas actividades que promueven empleo, deben también producir un desarrollo regional compatible con los intereses estratégicos de fortalecer Tierra del Fuego. Las autoridades debieron cumplir con lo que precisaba la Ley: «La posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, forzosamente condicionada por la existencia de una actividad económica estable y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles correspondientes». Aun así, la soberanía política no puede subordinarse al ajuste económico. Si para lograr un déficit cero el gobierno nacional debe desatender los aspectos soberanos de la Nación estaría violando la Constitución Nacional en materia de defensa y seguridad nacional y en especial su Disposición Transitoria Primera que reza: «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…  constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Seguramente, a la par de Tierra del Fuego, el Estado Argentino debería llevar adelante una política que armonice más las economías entre las provincias, teniendo en cuenta aquellas que, por razones vinculadas a su condición de fronterizas, la disponibilidad de los recursos, sus características climáticas y/o las distancias de los grandes centros urbanos, etc., se encuentren más desfavorecidas o expuestas.

Nadie debería asombrarse. Ya se sabía desde la sanción del régimen de excepción que se partía de una discriminación de trato con el resto de las provincias y que todas hacían un importante esfuerzo por acompañar el imprescindible desarrollo de Tierra del Fuego; pero, el que sus gobernantes nacionales y provinciales no hayan cumplido con las expectativas puestas en la iniciativa, no implica que hayan desaparecido las razones que dieron lugar al dictado de la ley. Por el contrario, como hemos visto se han agravado, por lo que no puede ser desactivada por vía indirecta. En todo caso, debieran ser sancionados quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes ―públicos y privados― no entendieron la motivación de fomentar a Tierra del Fuego por razones estratégicas, económicas y sociales.

A la Unión Europea ni a los Estados Unidos se los cuestiona por subsidiar ―entre otras― a su producción agropecuaria. Ni que la Unión Europea subvencionara el desarrollo de España, Italia o Portugal al momento de ingresar a la Comunidad Europea y que al hacerlo ésta acordara el plan de desarrollo y fiscalizara las inversiones. La fortaleza y la integración de Europa estaban atadas a la necesidad de equilibrar las economías y sus capacidades.

Todos los países que pescan a distancia ―pese a las buenas intenciones de la OMC― son subsidiados.

No se construye soberanía con un «Mapa Bicontinental» y no habrá soberanía en la Nación Argentina sino se construye soberanía en Tierra del Fuego, una provincia bisagra de nuestras reivindicaciones sobre los archipiélagos, los mares meridionales del Atlántico Suroccidental, nuestros vínculos con el océano Pacífico y el acceso a la Antártida Argentina.

Como dijimos, se podría cuestionar cómo han utilizado las ventajas impositivas los gobiernos de Tierra del Fuego para el cumplimiento de esos objetivos y a su vez cómo reconvertir su economía; pero el gobierno nacional tampoco ha aportado plan alguno al respecto y, por el contrario, lo agravado con sus erráticas políticas respecto a revertir la situación de ocupación británica de los territorios nacionales.

La Provincia, por ejemplo, no ha efectuado una política pesquera adecuada. No ha industrializado ni agregado valor a esta actividad y no ha iniciado las acciones legales contra las embarcaciones ilegales que pescan en su territorio de Malvinas y Georgias del Sur.

A nuestro juicio, el gobierno nacional debe llevar adelante la reconstrucción y modernización de los puertos de Río Grande y Ushuaia para integrar la Isla Grande de Tierra Grande al continente, facilitando el comercio nacional e internacional, la explotación pesquera, el transporte, la actividad turística y científica con relación a la Antártida. Además de ello, construir una base naval autónoma sin injerencia de terceros países y dotar a Tierra del Fuego de la tecnología más moderna en materia de defensa y científica, direccionando, además, los vuelos de Malvinas a Ushuaia, capital de la Provincia, como principio de administración del territorio usurpado.

Deberían renegociarse las condiciones de mantenimiento del régimen de excepción estableciendo por parte del gobierno de Tierra del Fuego un plan de aplicación de las utilidades al objetivo estratégico explicitado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y un plan de mediano plazo de reconversión de desarrollo productivo e industrial de la Provincia. Por cierto, también llevar adelante un Plan respecto a la Antártida que debilite la relación RUGB-Chile y acordar con éste una política de cooperación en el territorio antártico y en materia científica y turística.

Nada es confusión. Nada es obra de la casualidad o de la ineptitud. Es un plan que bajo pretexto de arcaicas prácticas de libre mercado desmalviniza y desculturaliza la Argentina y despuebla los territorios vinculados con los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y la Antártida. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanza, avanza.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar