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YUGOSLAVIA DE AYER Y SERBIA DE HOY: LEGADO Y SUCESIÓN EN LA HISTORIA DE UN EXPERIMENTO TRÁGICO Y SANGRIENTO

Giancarlo Elia Valori*

El 28 de junio de 1948, el “Rudé Právo” —el órgano central del Partido Comunista de Checoslovaquia— publicó la resolución del Kominform expulsando al Partido Comunista de Yugoslavia de su seno, acusando a Tito de política de odio hacia la Unión Soviética y de propaganda trotskista y contrarrevolucionaria.

Un cuidadoso análisis de la profesora Carla Konta de Rijeka nos dice en el ensayo American public and cultural diplomacy in Yugoslavia in the fifty and sixties que la excomunión estalinista de Tito, empujó al líder yugoslavo a recurrir a Occidente en busca de alianzas, apoyo financiero y técnico-militar necesario para la supervivencia del país y su crecimiento. Tan pronto como la gravedad de la crisis soviético-yugoslava se hizo evidente, la lógica de la Guerra Fría llevó a un apoyo inmediato para Belgrado desde el bloque occidental. En los años cincuenta, Yugoslavia se convirtió en el socio “comunista” de los Estados Unidos de América y la gran cantidad de ayuda de Washington, asignada en forma de alimentos, dinero no reembolsable, créditos financieros, aplazamientos de cuotas de crédito y asistencia técnico-militar a través de la CIA (f. 1947), el Programa de Ayuda de Defensa Mutua (f. 1949), etc., transformó al régimen de Tito en un claro aliado de la Casa Blanca, y al mismo tiempo también una quinta columna en el campo socialista en los países en desarrollo.

Por lo tanto, añadiría que Yugoslavia se puso a disposición de Occidente, pero sin afectar a su apariencia socialista. Era natural que para Belgrado fuera esencial mantener la forma de gobierno de un Estado independiente tanto en presencia de sus propios pueblos como en relación con los integrantes del Movimiento de Países No Alineados y del Tercer Mundo. Yugoslavia —en el gran escenario de ficción— actuó en esta dirección no uniéndose a la OTAN, pero al mismo tiempo sin renunciar a los subsidios esenciales para la modernización del ejército que la convirtieron en una de las más poderosas y sólidas del planeta. Hasta el punto de que en 1980, el año en que murió Tito, Yugoslavia era uno de los diez mayores exportadores de armas del mundo. Según datos oficiales, con este comercio se adquirió el 72% de las divisas necesarias para comprar otros armamentos. Y para fomentar las ventas, ya en 1970 se instaló una exposición permanente en Nikinci, un pueblo cerca de Šabac, una ciudad y municipio del distrito de Mačva en el noroeste de Serbia Central, en la frontera con Vojvodina y Bosnia y Herzegovina, ubicada a orillas del río Sava. Allí los compradores potenciales podrían probar las armas incluso en un campo de tiro. Cada año, entre 3 y 400 delegaciones se detenían allí, dos tercios de ellas del extranjero.

Debe agregarse que este ludus scenicus duró mientras el Muro permaneció en pie. Después de su colapso, Yugoslavia ya no era necesaria para la Casa Blanca, y los pueblos que componían ese Estado, a quienes la propaganda políticamente correcta, ingenua y servil del Partido Comunista Italiano, titista y pro-foibe, afirmaba que se amaban en una especie de paraíso en la Tierra, comenzaron a matarse unos a otros de una manera que en comparación con la guerra entre Rusia y Ucrania es todavía muy pequeña. Recuerdo a los que lo han olvidado: la guerra de independencia de Eslovenia (1991); la guerra de independencia en Croacia, duró cuatro años (1991-95); la guerra etno-religiosa de tres años en Bosnia y Herzegovina entre católicos croatas, musulmanes bosnios y ortodoxos serbios (1992-95); y, por último, la guerra por la independencia de los albaneses de Kosovo que duró dos años (1998-99). La guerra no estaba a las puertas de Europa como lo es hoy, sino en Europa y a poca distancia de nosotros. En total diez años: a partir del 31 de marzo de 1991 al 12 de noviembre de 2001.

En una Europa sin atributos y sin ejército, rica sólo en palabras y moralismo de cuatro brazos por lira, se olvida que las guerras en el corazón de la Yugoslavia socialista se describen como el conflicto armado más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras yugoslavas han estado marcadas por innumerables crímenes de guerra, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la depuración étnica y las violaciones masivas. Las masacres bosnias fueron el primer evento bélico europeo que se clasificó formalmente como genocida en carácter después de los crímenes del Tercer Reich alemán, y muchas figuras clave de la antigua Yugoslavia que lo perpetraron fueron posteriormente acusadas de crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue establecido por las Naciones Unidas en La Haya, Países Bajos, para enjuiciar a todos los que habían cometido crímenes de guerra durante los conflictos.

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las guerras yugoslavas han causado la muerte de 140.000 personas a pocos kilómetros de las sedes occidentales de los líderes de Europa, mientras que el Centro de Derecho Humanitario estima al menos 130.000 víctimas. Durante sus diez años de duración, los conflictos también han provocado graves crisis humanitarias y de refugiados. Pero hoy tratamos de olvidar un evento favorecido por la impotencia europea y la conveniencia de algunos países de la actual UE que luego, por intereses comerciales, favorecieron y reconocieron la independencia de algunos componentes de Yugoslavia en proceso de decadencia, golpeando la susceptibilidad de Belgrado y el componente serbio.

Pero, ¿qué queda en Serbia de la herencia yugoslava? Después de la secesión entre 1991 y 1992 de cuatro de las seis repúblicas constituyentes de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija), el Estado sobreviviente, renombrado República Federativa de Yugoslavia (Savezna Republika Jugoslavija), afirmó ser el sucesor de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, pero las repúblicas recién independizadas se opusieron. Al mismo tiempo, los representantes de Belgrado siguieron ocupando el escaño yugoslavo original en las Naciones Unidas, pero los Estados Unidos de América rechazaron a sus antiguos funcionarios y se negaron a reconocerlo. La población y el territorio de la nueva República Federativa de Yugoslavia eran menos de la mitad de la población de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia.

En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 777 del 19 de septiembre, y la Asamblea General, mediante la Resolución 47/1 del 22 de septiembre, decidieron no permitir que la nueva RFY se sentara en la Asamblea General con el nombre de “Yugoslavia” sobre la base de que la República Federativa Socialista de Yugoslavia se había disuelto. La República Federativa de Yugoslavia (en 2003 pasó a llamarse Unión de los Estados de Serbia y Montenegro) y fue admitida como nuevo Miembro de las Naciones Unidas el 1° de noviembre de 2000: en mayo de 2006 Montenegro declaró su independencia y Serbia ha seguido ocupando desde entonces la sede de la antigua Unión Estatal de Serbia y Montenegro.

Sin embargo, es bueno volver a la cuestión de la sucesión de la antigua Yugoslavia, para comprender mejor cómo este experimento inaugurado el 1° de diciembre de 1918 (Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos), reconocido oficialmente después de la Conferencia de Paz en Versalles en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, y fortalecido al final de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, fue rechazado y detestado por los pueblos de la antigua Federación hasta el punto de descartar su nombre de la historia.

Las primeras negociaciones sobre la cuestión de la sucesión de la antigua Yugoslavia socialista comenzaron en 1992 en el marco del grupo de trabajo de la Conferencia de Paz para Yugoslavia, que se inauguró el 7 de septiembre de 1991. El acuerdo fue bloqueado inicialmente por la insistencia de la mencionada República Federativa de Yugoslavia (Serbia + Montenegro) para ser el continuador legal y político exclusivo de la Yugoslavia socialista, así como el propietario de todos los activos estatales del anterior gobierno federal socialista, y estaba dispuesto a renunciar a parte de los activos solo como un acto de buena voluntad. La República Federativa de Yugoslavia trató de interpretar la desintegración de la Yugoslavia socialista como un proceso de secesión en serie y no como un desmembramiento completo del estado anterior: pero esta interpretación fue rechazada rotundamente por las otras ex repúblicas yugoslavas.

La Comisión de Arbitraje de la Conferencia para Yugoslavia (comúnmente conocida como el Comité de Arbitraje de Badinter) recomendó una división de activos y pasivos basada en el principio de equidad e incluso se refirió a la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Estados en asuntos de propiedad, archivos y deudas del Estado (convención no vigente en ese momento,  firmado por sólo seis Estados miembros, incluida la socialista Yugoslavia). Esta propuesta era inaceptable para la República Federativa de Yugoslavia, lo que motivó al Fondo Monetario Internacional a desarrollar un modelo clave alternativo que incluía el poder económico de las repúblicas y su contribución al presupuesto federal que fue aceptado por todos. La participación clave fue determinada por la República Federativa de Yugoslavia con el 36,52%, Croacia con el 28,49%, Eslovenia con el 16,39%, Bosnia y Herzegovina con el 13,20% y Macedonia con el 5,20%; también se llegó a un acuerdo sobre el oro y otras reservas en el Banco de Pagos Internacionales.

Después del final del bombardeo de la OTAN de Belgrado, Serbia y Montenegro, seguido al año siguiente por el ocaso de Slobodan Milošević (5 de octubre de 2000), los estados sucesores concluyeron su acuerdo. En 2001, con el apoyo de la comunidad internacional, cinco países (Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia —hoy Macedonia del Norte— y la República Federal de Yugoslavia [Serbia + Montenegro]) firmaron el Acuerdo de Sucesión: confirmaron definitivamente que se habían formado cinco estados sucesores soberanos iguales después de la disolución de la antigua Yugoslavia socialista. Este acuerdo entró en vigor el 2 de junio de 2004, cuando el último Estado sucesor lo ratificó. El acuerdo se firmó como un tratado integral que incluía anexos sobre bienes diplomáticos y consulares, activos, intereses y pasivos financieros, archivos, pensiones, otros derechos, así como propiedad privada y derechos adquiridos. En la posterior disolución en 2006 de la Unión de los Estados de Serbia y Montenegro (uno de los cinco estados sucesores antes mencionados) los dos países acordaron la única sucesión serbia de los derechos y obligaciones de su antigua federación.

El trágico legado del “Cielo en la Tierra” yugoslavo fue borrado para siempre.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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EL GIRO HACIA LA GUERRA FRÍA

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de ANIL OZTURK en Pixabay 

Europa se ha dividido una vez más política, económica y militarmente: Rusia en el este, la OTAN y la UE en el oeste, y los países intermedios —Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y los Estados del Cáucaso— se han convertido en un área de conflicto potencial. Una guerra entre las grandes potencias en Europa que parecía haber permanecido en las páginas de los libros de historia, ha vuelto a ser posible, aunque improbable (debido a cuestiones nucleares).

El equivalente de la acción militar han sido las sanciones económicas y la guerra de información que se ha desarrollado en pleno apogeo. Aunque Rusia y Estados Unidos ya estaban al borde de un enfrentamiento por Georgia en 2008, el episodio fue demasiado fugaz, bastante periférico y quedó sin consecuencias debido al estallido de la conocida crisis financiera mundial y el cambio de administración en Washington con la presidencia de Barack Hussein Obama (2009-2017). Sin embargo, a diferencia de Georgia, Ucrania ha logrado cambiar el sistema de relaciones internacionales más de treinta años después del final de la “primera” Guerra Fría.

El giro abrupto en las relaciones entre Rusia y Occidente se ha producido después de veinticinco años de lentos esfuerzos por ambas partes para construir una relación inclusiva. En los últimos dos años de Mikhail Gorbachev (Secretario del PCUS de 1985 a 1991) gobernando la URSS, Rusia esperaba crear un “hogar europeo común” y un liderazgo mundial conjunto con los Estados Unidos. Pronto quedó claro que ambos postulados, por así decirlo, eran ilusorios. El primer presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin (1991-1999), intentó integrar plenamente el país con Occidente a través de la membresía de la OTAN y una alianza directa con los Estados Unidos. Eso tampoco funcionó, especialmente cuando alguien en Rusia se dio cuenta de que su país estaba en peligro de ser literalmente vendido primero y luego colonizado por el poder blando alogénico, por decirlo suavemente.

Después de investigar informalmente a Occidente sobre la entrada de Rusia en la OTAN, el presidente Vladimir Putin (2000-2008, y desde 2012 hasta la fecha) declaró en un discurso pronunciado en alemán ante el Bundestag en 2001 que Rusia había creado una alianza con los Estados Unidos de América, y anunció públicamente la elección europea del país. El tercer presidente, Dmitry Medvedev (2008-2012), pidió un tratado de seguridad europeo, sugirió que Rusia y la OTAN crearan un perímetro de defensa común y buscó activamente “alianzas de modernización” con los países económicamente avanzados de Occidente.

A pesar de los esfuerzos del último Secretario General del PCUS y de los tres primeros presidentes rusos, los líderes occidentales nunca han mostrado ningún interés real en la integración rusa.

Tenían buenas razones para evitarlo. Rusia es demasiado grande para tal empresa, especialmente en términos de asistencia económica necesaria para acercarla al nivel de Europa Occidental y, a pesar de la pérdida del estatus de superpotencia, es demasiado independiente y no tiene sentido de semicolonia, que está en el ADN de una UE que carece —además de las habilidades y los medios necesarios— de un ejército y de la voluntad de construir uno. Además, Rusia posee un enorme arsenal nuclear y una élite que piensa en términos de gran poder y lucha por la igualdad con los Estados Unidos de América. No tiene políticos ni representantes que aspiren a puestos y escaños ricos en Bruselas, Estrasburgo, a nivel nacional o internacional, o a sobornos ricos, como estamos descubriendo estos días.

Rusia sería un aliado demasiado obstinado e incómodo para los Estados Unidos. Finalmente, Occidente no tiene ninguna amenaza externa que requiera que Rusia se una al sistema de alianzas liderado por Estados Unidos porque, en opinión de los intelectuales anteriores, la amenaza proviene precisamente de Rusia, e incluso antes de la crisis ucraniana.

En lugar de integrar a Rusia en su sistema de estructuras internacionales, Occidente trató de dirigirla para crear las instituciones políticas, económicas y sociales que la acercarían a Occidente en términos de cualidades competitivas. Los gobiernos occidentales apoyaron programas orientados al mercado en Rusia, con la esperanza de que pronto se convirtiera en parte de una sociedad subyugada a la globalización dirigida por otros. Antes de la crisis financiera rusa de 1998, el país fue sostenido durante seis años por el “equipo de soporte vital” del Fondo Monetario Internacional. En muchos niveles del aparato estatal ruso, especialmente en su bloque económico, había asesores occidentales. Los Estados occidentales apoyaron a Yeltsin en momentos críticos como el conflicto armado con el Parlamento ruso en 1993 y la campaña electoral de 1996.

Sin embargo, a pesar del hecho de que Yeltsin había demostrado ser un títere de Occidente, Rusia de todos modos decepcionó a su contraparte. Recién recuperada del mencionado incumplimiento causado por los altos precios del petróleo, su economía se volvió dependiente de las exportaciones de energía. El sistema político pasó del caos inicial al gobierno oligárquico y luego al autoritarismo. La sociedad rusa soportó el impacto del cambio radical, experimentó el desempleo y la pobreza —en la época del socialismo era impensable ver a la gente morir de frío en la clandestinidad, ya que ni siquiera tenían sus hogares garantizados por el PCUS— e incluso desarrolló un gusto por la prosperidad para unos pocos, pero nunca desarrolló la necesidad de escuchar servilmente la moral occidental y copiar ciegamente y subordinarse a los sistemas políticos occidentales. En cambio, la gente comenzó a apreciar la estabilidad, es decir, un retorno a la seguridad que ofrecía la difunta URSS y, habiendo tenido suficiente de Gorbachov y Yeltsin, apoyó a Putin. Los liberales, la única categoría de oposición rusa que interesaba a Occidente, seguían siendo una minoría pequeña, aunque abierta. Cada vez que Moscú tosía, tenía el eco en Occidente amplificado en altavoces de millones de vatios. Finalmente, Rusia insistió en mantener su estatus de gran potencia, que para muchos occidentales parecía cosa del pasado. Esto molestó a mucha gente.

Sin embargo, hay que decir que no hubo ningún intento de aislar a Rusia:

1) se le ofreció convertirse en un socio menor y discapacitado de los Estados Unidos, la UE y la OTAN;

2) en 1991, Rusia fue autorizada a retener mediante devolución el asiento de la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU;

3) en 1996 fue admitida en el Consejo de Europa;

4) en 1998 fue admitida en el G8;

5) el Consejo Rusia-OTAN para la Cooperación Militar se estableció en 2002;

6) Rusia estableció una estrecha asociación con la UE, reforzada en 2003 por el concepto de los cuatro espacios comunes (a. el espacio económico; b. el espacio para la libertad, la seguridad y la justicia; c. el espacio para la seguridad exterior; d. el espacio para la investigación, la educación y la cultura);

7) en 2012, Rusia se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio e inició el proceso de adhesión a la OCDE;

8) todos los líderes rusos sostuvieron reuniones privadas e informales con sus homólogos estadounidenses y, a su vez, con sus homólogos occidentales.

Al mismo tiempo, sin embargo, se descartó el reconocimiento de Rusia como socio en pie de igualdad de los Estados Unidos de América y su carro de la UE. En Occidente, la Federación de Rusia fue vista —y de hecho todavía se ve— como un actor internacional más pequeño, cuya influencia e importancia estaban disminuyendo. No se trataba de otorgar a Rusia privilegios especiales en forma de esfera de influencia, especialmente sobre los catorce Estados que componían (junto con la antigua República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ahora la Federación Rusa) las Repúblicas de la antigua Unión Soviética. La política de Rusia hacia sus vecinos —los Estados bálticos, Ucrania, Bielorrusia, Moldova y las Repúblicas del Cáucaso antes mencionados— ha sido cuidadosamente analizada en busca de elementos “neoimperiales”. Desde la primera mitad de la década de 1990, Occidente ha observado las acciones de Rusia contra los terroristas separatistas en Chechenia y en todo el Cáucaso Norte, considerándolas un indicador de violaciones de los derechos humanos, posible deslizamiento hacia métodos de la era soviética y una influencia excesiva de los militares y los servicios especiales en el país.

Según los Estados Unidos de América y la UE, Rusia debería haber aceptado la decisión de sus antiguos aliados del Pacto de Varsovia de unirse a la OTAN. Para Rusia, eso fue particularmente difícil por dos razones. En primer lugar, Polonia, Hungría y la República Checa (miembros de la OTAN desde 1999), así como Eslovaquia, los Estados bálticos, Rumania y Bulgaria (miembros desde 2004) recibieron lo que Rusia no tenía permitido. En segundo lugar, la expansión de la OTAN fue en contra de las promesas que muchos rusos creían que los zorros occidentales habían hecho al ingenuo e inexperto Gorbachov en 1990: no se permitiría que una Alemania reunificada permaneciera en la OTAN (la República Democrática Alemana se integró en la Alianza Atlántica en el proceso de unificación con la República Federal de Alemania). Los gobiernos occidentales consideraron las protestas de Rusia, sobre la “doble Alemania” en la OTAN como su expansión agresiva, como evidencia de las ambiciones imperiales de Rusia e incluso de sus reclamos sobre Europa Central y Oriental.

Rusia, por otro lado, vio la expansión de la OTAN como una violación de las obligaciones de Occidente.

Si hemos llegado a este punto, hay razones que no radican en el estado emocional del último presentador de noticias, sino que se pierden en la historia reciente que a menudo se olvida para la conveniencia de un solo lado.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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