La iniciativa de la Ministra del Interior, Luciana Lamorgese, de reanudar las patrullas policiales conjuntas en la frontera entre Italia y Eslovenia con el fin de combatir la inmigración ilegal y erradicar la trata de seres humanos a través de los Balcanes ha sido retomada positivamente por su homólogo del gobierno esloveno, Aleš Hojs. La intensificación de las actividades transfronterizas podría interpretarse como la parte visible de un trabajo mucho más complejo y exigente, con la implicación de diferentes realidades.
La frontera noreste es conocida por ser una zona de tránsito para redes criminales, así como para migrantes de Asia y del norte de África. Además, en el último período, el caudal desde la Ruta de los Balcanes se ha acelerado, también debido a condiciones meteorológicas más favorables. En el último mes de mayo, la intervención de las fuerzas del orden para frenar el fenómeno en Eslovenia ha rastreado a 15 migrantes. Ocho afganos fueron detenidos en Kačiče (en la zona entre Lokev y las cuevas de San Canziano ndr), mientras que dos ciudadanos iraníes fueron detenidos en Starod (cerca de la puerta del monte Sneznik ed) y una persona de origen marroquí en Rakitovec, en la Ciceria eslovena. También el 13 de mayo, agentes del Departamento de Policía de Koper arrestaron a un traficante esloveno de 20 años por ayudar a la inmigración ilegal. El mismo día otros seis migrantes se detuvieron en diferentes zonas de los confines entre Croacia e Italia.
La magnitud del fenómeno indica cuán lucrativa es la trata de personas al confirmar las afirmaciones interceptadas, como parte de la investigación sobre la “capital de la mafia”, por Salvatore Buzzi, la mano derecha de Massimo Carminati. Esto también lo confirma “Elham Nur”, un traficante de personas entrevistado por la BBC y que afirma enviar personas a Italia, Francia y el Reino Unido con gran éxito, gracias a las buenas conexiones con otros criminales y ganando 3.500 dólares por cada migrante que trae a Italia (En particular, el traficante afirma que “nuestro precio es de 1.000 dólares de Afganistán a Turquía”, “de Turquía a Serbia son 4.000 dólares; desde allí en Italia cobramos otros 3.500 dólares. Esto es un total de $8.500”.
Su red utiliza casas de seguridad en el camino, en ciudades como Teherán, Van (en Turquía) y Estambul, y continúa, en la misma entrevista, especificando que “no asumen ninguna responsabilidad por ellos si son capturados por la policía, pero si son secuestrados por militantes o grupos armados, pagamos un rescate para liberarlos”. Los traficantes de personas dependen de las mismas redes criminales que trafican drogas y armas o blanquean dinero; se sienten atraídos por los Balcanes debido a los bajos riesgos de cruzar fronteras o utilizar empresas y sistemas bancarios. Muchos de los puntos calientes identificados en el informe de la Iniciativa Global se encuentran principalmente en las zonas fronterizas, pero el informe también examina áreas clave donde los delincuentes blanquean las ganancias generadas por el tráfico ilícito: sumas relativamente pequeñas de dinero se blanquean en restaurantes, panaderías, empresas de catering y más. Sumas mayores, por otro lado, fluyen hacia la venta de bienes raíces, juegos de azar y turismo.
Los acuerdos para los “viajes de esperanza” a menudo se concluyen en Grecia o Turquía. Más específicamente, los traficantes utilizan contactos en campos de refugiados o ciudades (a menudo alrededor de puertos) donde se reúnen solicitantes de asilo y migrantes o los migrantes llegan a ellos (por ejemplo, alrededor de una estación de tren y autobús o puerto). Un informe del Ministerio del Interior albanés, informa la BBC, señala que “las redes organizadas de traficantes, compuestas por ciudadanos griegos y albaneses, a menudo participan en la organización de su paso en Italia o en la frontera con Albania, para obtener una compensación”.
Para la realidad nacional del noreste, los cruces tienen lugar principalmente desde Croacia, cerca de Dragonia, Jelsane, Babno Polje y Metlika y luego cruzan Eslovenia y llegan a las provincias de Gorizia y Trieste. Concretamente, en el cantón de Una-Sana, en Bosnia y Herzegovina, los traficantes se cuelan en los campamentos de refugiados y negocian los detalles del intento de tráfico ilícito, los “reparadores” conectan a los migrantes con los conductores de diversos vehículos que los llevan de las aldeas a las grandes ciudades, de los pueblos a los asentamientos cercanos a las fronteras o los recogen en las fronteras y proporcionan documentos falsos.
Después los guardianes actúan como guías, acompañando a pequeños grupos de unos cinco migrantes a caminar por el bosque hasta Croacia.
Los guardias a las puertas también organizan el transporte en transbordadores y balsas a través de las fronteras azules, como es el caso de cruzar el Sava o el paso a través de los túneles que la policía ha descubierto (3-7 metros de profundidad y 15-30 metros de largo) bajo una cerca de alambre de púas a lo largo de la frontera serbio-húngara cerca de Szeged, Asotalom y Kelebija. Algunos acercamientos se realizan a pie por la noche a través de contactos locales o por teléfono o a través de las redes sociales. Además, los letreros están dispuestos en la calle (como latas de hojalata que cuelgan de los árboles, grafitis en los edificios). Algunos también utilizan servicios regulares de autobús o tren, como de Sarajevo a Bihac en Bosnia y Herzegovina, alojándose en hoteles.
Cantón de Una-Suna y directrices de inmigración ilegal
Testimonios e investigaciones citan a algunos migrantes que afirman que algunos policías y guardias fronterizos participan en actividades delictivas, en el papel de fijadores. La policía y los funcionarios fronterizos corruptos han sido detenidos en varios lugares. En noviembre de 2020, el jefe de la estación fronteriza en Zvornik, Bosnia y Herzegovina, fue arrestado por tráfico de migrantes. En agosto de 2020, un policía de Tirana fue detenido en Pogradec, cerca de la frontera con el norte de Macedonia, mientras transportaba a dos ciudadanos sirios con su coche por 70 euros cada uno.
La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo entran en los Balcanes Occidentales desde Grecia o alrededor de Gevgelija en el norte de Macedonia o cerca de Kakavia y Kapstica en Albania. Una estimación aproximada del mercado del tráfico ilícito de migrantes en la frontera sur de los Balcanes Occidentales oscila entre 11,8 millones de euros y 17,7 millones de euros en la frontera entre Grecia y Macedonia septentrional y entre 7,5 millones y 11,5 millones de euros entre Grecia y Albania. En total, en 2020, la actividad de tráfico de migrantes a los principales puntos de entrada de los Balcanes Occidentales en la frontera entre Grecia y la vecina Macedonia del Norte y Albania se puede estimar entre 19,5 y 29 millones de euros.
Uno de los mayores puntos calientes es la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, especialmente alrededor de la ciudad de Bihać en el cantón de Una-Sana. En este ámbito, se ha tenido en cuenta el hecho de que en el cantón de Una-Sana también se está acordando el tráfico de migrantes a través de Croacia hacia Eslovenia e Italia.
La carretera menos transitada conduce al norte, principalmente a través del río Gradiška al noreste de Banja Luka, luego alrededor del distrito de Brčko y a través de la frontera con Croacia. El profesor Eldan Mujanovic, de la Facultad de Criminología y Estudios de Seguridad de la Universidad de Sarajevo, comentó la gestión de la crisis de los migrantes afirmando que “los campamentos de migrantes no deberían estar donde están hoy, es decir, en la parte occidental de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con la Unión Europea” [n.d.r. en la zona de Bihac]
Estos son los puntos de salida clave para los migrantes que pasan por los Balcanes Occidentales y los esfuerzos por entrar en la UE. Como resultado, el número total de personas, costos y riesgos es relativamente alto. Se estima que el mercado en este ámbito estaba valorado entre siete y 10,5 millones de euros en 2020.
Muchos de los puntos críticos conocidos desde hace mucho tiempo, que se encuentran con mayor frecuencia en las zonas fronterizas, se caracterizan por ser centros delictivos: al mismo tiempo están presentes varias actividades delictivas, como el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de dinero, junto con el tráfico de migrantes. En cuanto al fondo, una cantidad relativamente pequeña de dinero se blanquea en actividades de generación de efectivo, como restaurantes, panaderías, gasolineras y compañías de taxis, y, por otra parte, grandes sumas de dinero fluyen hacia los sectores de la construcción y el sector inmobiliario, el juego y el turismo.
Es sorprendente lo poco que las instituciones regionales competentes quieren influir en este fenómeno; de hecho, aunque estos lugares son bien conocidos, las incautaciones de drogas y armas son pequeñas —con la excepción del cannabis— y las detenciones de grandes delincuentes son raras, lo que sugiere que existe una red de connivencia. Aún más sorprendente es saber que en el pueblo de Stijena, vecino de Cazin, la construcción de casas erigidas por miembros de la comunidad salafista local es cada vez más frecuente y los habitantes temen que un nuevo Maoča brote en este parajamat [“grupos no registrados liderados por salafistas que actúan por fuera de la jurisdicción de la comunidad islámica oficial”, nota del traductor], escribe “Dnevni Avaz”.
El mismo personal de redacción se puso en contacto con los organismos de seguridad y consultó la documentación confidencial de Bosnia y Herzegovina e informa de que “en Podgredina, la capacitación se celebra todos los fines de semana, es decir, conferencias para miembros del movimiento wahabí. En ese lugar se construyó una estructura más grande y otra más pequeña para la sala de estar. Un mayor número de miembros de ese movimiento pueden venir al centro al mismo tiempo”, dicen los periódicos. Se afirma que el centro está rodeado de casas wahabíes, y que uno de los líderes es un wahabí que trabaja en la capital austriaca Viena.
Entonces, mientras Podgredina se está estableciendo como una nueva comunidad wahabí, Gornja Maoča no abandona sus hábitos anteriores y los wahabíes de esa aldea dijeron que pedirían a Dragan Mektić, el ministro de seguridad de Bosnia y Herzegovina, y a las autoridades que explicaran, en nombre de la libertad religiosa, “porque son radicales y extremos” y les ofrecieran pruebas de estas acusaciones.
Bosnia: Imán salafista Hussein Bosnic
Los expertos en seguridad estiman que hay 20.000 salafistas en Bosnia y Herzegovina; los propios salafistas dicen que hay 50.000. “La presión diplomática sobre Arabia Saudí es urgente para detener el trabajo misionero de las organizaciones religiosas saudíes”, dijo el portavoz de la Comunidad Islámica, Jusic.
A principios de 2019, el Servicio de Extranjeros (SPS) en Sarajevo y Bihać puso bajo vigilancia a seis “migrantes” de Afganistán que “representan una amenaza para el orden público y la seguridad en Bosnia y Herzegovina”. Cinco están vinculados al terrorismo internacional y uno es sospechoso de trata de seres humanos y delincuencia organizada. Los inspectores de MSF localizaron a las personas mencionadas sobre la base de medidas de control mejoradas y de la cooperación y el intercambio de información con organismos nacionales e internacionales, principalmente mediante el intercambio de datos biométricos. “Con respecto a las personas mencionadas, el SPS, en cooperación con los organismos asociados, está llevando a cabo el procedimiento de confirmación de identidad y estableciendo otros hechos necesarios para su expulsión del territorio de Bosnia y Herzegovina, sobre la base de medidas de expulsión dictadas anteriormente. Ahora estamos llevando a cabo acciones operativas para determinar las rutas de movimiento de las personas que hemos colocado bajo vigilancia, la fecha de su ingreso en Bosnia-Erzegovina y su punto de contacto en este país”, ha afirmado el director del SPS Slobodan Ujić.
Así, mientras las autoridades bosnias se enfrentan a la amenaza del extremismo islámico, el 8 de mayo de 2021 la policía croata persiguió una furgoneta blanca con matrículas extranjeras sospechosa de transportar migrantes. El conductor perseguido por siete vehículos policiales chocó contra un vehículo oficial y luego se detuvo entre Normanci y Koška. Había diez hombres y un niño a bordo del vehículo. Si el Consejero Regional de Seguridad de la región de Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, tiene elementos válidos de análisis para afirmar que “… la existencia de vínculos entre los traficantes de seres humanos y los terroristas ya está establecida”, se requiere un enfoque más proactivo y sistemático de las actividades de investigación e investigación e inteligencia para mitigar las operaciones delictivas que están cada vez más globalizadas, lo que representa una amenaza muy grave para las instituciones europeas y las comunidades nacionales.
* Periodista y responsable de prensa, ocupó el cargo específico en los principales teatros operativos, incluidos la ex Yugoslavia, Kosovo, Irak y ElLíbano. Fue jefe de la oficina de prensa de la operación europea “Althea” en Bosnia y asesor de comunicaciones del presidente del comité militar de la Unión Europea. Como piloto de helicóptero, trabajó con las Naciones Unidas en El Líbano como jefe de las actividades aéreas de la misión de la FPNUL y dirigió el grupo de vuelo en Kosovo; fue observador en la Misión de Observadores de la Comunidad Europea en Serbia, Montenegro, Croacia y Bosnia y en la Misión de Observadores Diplomáticos de Kosovo en Kosovo y Macedonia. Ha publicado “Magreb o un espacio de cooperación y desarrollo”, “Irán desde la primera posguerra hasta el acuerdo de Argel” y “La dama de los cristales: el desafío de la vida”. Colabora con revistas y sitios sobre los principales problemas de seguridad.
El cambio climático más allá del clima: cambia la naturaleza, sufren los más vulnerables
Desde que en 1990 —dos años antes de la Cumbre de la Tierra— el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtiera por primera vez sobre la urgencia de afrontar ese fenómeno y los riesgos que implican sus consecuencias para la humanidad, sucesivos informes han revelado nuevas evidencias sobre el calentamiento global y lanzado alertas más apremiantes cada año.
2019 fue un año crucial: grandes incendios forestales en importantes zonas boscosas del planeta, incluida la selva amazónica (clave en el equilibrio climático global y en la mitigación del calentamiento), nuevas evidencias sobre la pérdida de hielo en Groenlandia, el Ártico y la Antártida, una concentración récord de CO2 en la atmósfera y un dato incontrastable: 2019 cerró el quinquenio más cálido de que se tenga registro.
En 2020, además de reforzarse la tendencia (más altas temperaturas, agresivas temporadas de fuegos forestales, más pérdida en las capas de hielo…), hemos sabido que durante las últimas tres décadas las grandes selvas tropicales han ido perdiendo la capacidad de absorber CO2 de la atmósfera.
Como consecuencia de esos fenómenos y el calentamiento global, se aceleró de manera significativa la elevación del nivel del mar. Si desde 1993 el aumento promedio anual fue de 3.2 mm, entre mayo de 2014 y 2019 ascendió a 5 mm.
2019 fue también el año de la Cumbre sobre Acción Climática (Nueva York, septiembre), convocada de emergencia por la Secretaría General de la ONU para impulsar acciones más ambiciosas que permitan cumplir las metas del Acuerdo de París, y antesala del inicio de una década crítica ya marcada en el informe del IPCC en octubre de 2018, en el que se advertía que las emisiones globales de CO2 deberían comenzar a bajar en 2020 para intentar mantener por debajo de 1.5°C el alza de la temperatura media global respecto a los niveles preindustriales y así evitar “daños irreparables”.
El poco tiempo disponible para implementar soluciones efectivas, la rapidez con que se evidencian las manifestaciones climáticas y la amplitud de los impactos visibles y los previstos —alza de temperaturas, eventos climáticos y meteorológicos extremos, crisis agrícola y alimentaria, biodiversidad y ecosistemas en declive, elevación del nivel del mar e inundación de amplias zonas costeras con la consiguiente pérdida de territorio y asentamientos humanos— hacen que los expertos hablen cada vez más, en lugar de cambio climático, de crisis o emergencia climática.
Junto a las sequías, la elevación del nivel del mar es, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), uno de los procesos de evolución lenta generados por el calentamiento global que están influyendo cada vez más en la movilidad de las personas en todo el mundo. Como resultado, también van en aumento las reubicaciones de comunidades emprendidas por Gobiernos.
Una situación especial se vive en los pequeños Estados insulares del Pacífico Sur, muy vulnerables a los impactos del cambio climático. En las Islas Salomón, calificadas por los científicos como un “punto caliente global”, desde 1993 el nivel del mar se ha elevado un promedio de 7 a 10 mm anuales, casi el triple de la media mundial.
Para sus habitantes, unos 600.000, en solo cuestión de años se ha hecho parte de la experiencia vital ver desaparecer bajo las aguas algunas de las islas del archipiélago, o mudarse de una a otra isla o a lugares unos centímetros más altos dentro de ellas cuando la subida del mar hace inhabitables los islotes, asediados por las inundaciones y la erosión costera.
También está amenazado el futuro de Kiribati, un archipiélago de 33 islas que, según las proyecciones, podrían ser cubiertas por el mar en menos de dos décadas, con lo que sus 100 000 habitantes perderían sus hogares y su país.
Tras una visita a Oceanía en mayo de 2019 “para conocer la primera línea de la emergencia climática mundial”, el secretario general de la ONU, António Guterres, contó su experiencia al ver cómo familias en Tuvalu “viven con preocupación permanente por las inundaciones que provoca el aumento del nivel del mar” y “niños que, pese a su corta edad, temen ya por su futuro”.
Guterres señalaba que “esas comunidades apenas han contribuido al cambio climático y, sin embargo, por culpa de los grandes emisores de gases, ahora se ven abocadas a luchar por la propia existencia de sus países”.
“El aumento del nivel del mar en algunos países del Pacífico es cuatro veces mayor que la media mundial, lo que amenaza la existencia misma de varios Estados insulares (…) No debemos caer en el error de pensar que solo Tuvalu, las islas pequeñas o los países del Pacífico corren peligro. Todo el planeta está amenazado. Lo que ocurre en estos países es señal de lo que nos aguarda a todos los demás”, escribía[1].
Se trata de islas altamente dependientes del turismo, la pesca, las remesas, la ayuda exterior, algunas exportaciones agrícolas y actividades de subsistencia que requieren del entorno natural; con escasez de agua, altas tasas de desempleo y problemas de salud (alrededor del 40% de la población padece de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión). Hoy no solo ven amenazadas sus fuentes de sustento, sino el territorio donde se asientan sus comunidades y familias, sus modos de vida tradicional y su historia como pueblos.
En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advirtió en un informe que los países en desarrollo deberán pagar cerca del 75% de los costos del impacto del cambio climático, a pesar de que la mitad más pobre de la población mundial, 3 500 millones de personas, es responsable de solo el 10% de las emisiones de dióxido de carbono[2].
Entre esa mayoría en desventaja están los habitantes de las islas del Pacífico Sur. El impacto del cambio climático es más real y más inmediato para ellos, aunque sus naciones están en la lista de las de más bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin recursos a nivel de comunidades y países para afrontar la crisis, el futuro de los habitantes de las islas del Pacífico Sur es incierto y les coloca ante la perspectiva cercana de convertirse en desplazados o refugiados ambientales.
El de “refugiado/desplazado ambiental” es un término de uso cada vez más frecuente. Cada vez más personas en el mundo están en riesgo de ser forzadas a abandonar sus hogares (con implicaciones personales y familiares, sociales, culturales y laborales y económicas) debido a desastres naturales que empeoran con el cambio climático. Sin embargo, aún no hay un consenso a escala de la comunidad internacional para definir quiénes son y cómo protegerlos.
Crece el costo humano de los desastres naturales
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los fenómenos climáticos extremos se han triplicado en las tres últimas décadas y han provocado desplazamientos humanos superiores a los causados por las guerras y otras formas de violencia física.
Los investigadores Dennis Wesselbaum y Amelia Aburn (2019) analizaron las migraciones internacionales entre 1980 y 2015 desde 198 países de origen hacia 16 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos los principales receptores de migrantes (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, España e Italia) y comprobaron que el cambio climático es la más importante causa de esas migraciones, por encima de las circunstancias económicas y políticas en las naciones de origen.
El IDMC —Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), reconocido como la fuente de datos más autorizada a nivel mundial sobre este fenómeno—, reveló que durante los seis primeros meses de 2019 se registraron unos siete millones de desplazados por eventos climáticos.
No se incluye a aquellos cuyo desplazamiento se produjo por eventos no relacionados con el clima, como los terremotos. En 2018, únicamente 1.1 millones de los 17.2 millones de desplazados a raíz de una catástrofe fueron por una razón geofísica y no climática, como terremotos y erupciones volcánicas. Desde 2008, solo el 14%.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que hacia 2050 las migraciones como consecuencia del cambio climático podrían afectar a hasta 1.000 millones de personas desplazadas dentro de sus países o más allá de sus fronteras.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) reveló en septiembre de 2019 que si no se emprenden acciones efectivas para mitigarlo, el costo humanitario del cambio climático ascenderá a 20.000 millones de dólares en 2050 y unos 200 millones de personas necesitarán cada año asistencia humanitaria por tormentas, sequías e inundaciones, casi el doble de los 108 millones que lo necesitan en la actualidad.
Además de sufrir la pérdida de territorio por la elevación del nivel del mar, la región del Pacífico está siendo golpeada por desastres relacionados con eventos meteorológicos.
Según Unicef (2020), durante 2019 se reportaron en el mundo casi 33 millones de nuevos desplazamientos, incluidos 25 millones causados por desastres naturales, incluidos 8.2 millones por desastres relacionados mayormente con eventos climáticos. Más de la mitad de los nuevos desplazamientos causados por desastres ocurrieron en el este de Asia y el Pacífico.
Por su parte, la OIM informó que el pasado año casi 2 000 desastres provocaron 24.9 millones de nuevos desplazamientos en 140 países y territorios. “Es la cifra más alta registrada desde 2012 y el triple del número de desplazamientos causados por conflictos y violencia (…) La mayoría de los desplazamientos debidos a desastres fueron el resultado de tormentas tropicales y lluvias monzónicas en el Asia meridional y el Asia oriental y el Pacífico”[3].
En un contexto de desplazamientos en aumento, la ausencia de consenso internacional y de un marco jurídico para definir su estatus —que les coloca en un estado de desprotección y vulnerabilidad de sus derechos— agrava el hecho de que los desplazados y refugiados ambientales enfrentan inseguridad (tanto alimentaria como física y legal) y rechazo crecientes.
En su informe “Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019”, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que “el cambio climático y los desastres naturales pueden agravar las amenazas que obligan a las personas a huir a través de las fronteras internacionales. La interacción entre el clima, los conflictos, el hambre, la pobreza y la persecución crea emergencias cada vez más complejas. La inseguridad alimentaria puede convertirse en un importante factor de conflictos y desplazamientos”[4].
En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, se refería a los peligros del aumento en las cifras de desplazados a nivel mundial (en su informe, precisaba que en 2017 cerca de 18.8 millones de personas fueron desplazadas debido a desastres en 135 países, casi el doble del número de desplazados por conflictos).
Alston afirmaba que “el riesgo de descontento, de creciente desigualdad y peores niveles de privación, podría estimular respuestas nacionalistas, xenofóbicas y racistas. Mantener un enfoque equilibrado en términos de derechos civiles y políticos será extremadamente complejo”[5].
Terminología, concepto y vacíos legales
La ONU ha tipificado la migración causada por desastres, entendida como el desplazamiento de personas o comunidades debido a “una grave perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que involucra amplias pérdidas o repercusiones humanas, materiales, económicas o ambientales a las que la comunidad o sociedad afectada no es capaz de hacer frente con sus propios recursos”. (Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2009)
El estudio de la relación entre el cambio climático y las migraciones es muy complejo, porque para comprender el impacto de esta interdependencia dentro de las sociedades no podemos ignorar factores políticos, económicos, socioculturales y hasta psicológicos.
La OIM reconoce que la cuantificación de la migración por motivos medioambientales es una tarea difícil “como consecuencia de la multiplicidad de factores involucrados en ella, los problemas metodológicos que entraña y la falta de normas para la recopilación de datos. Existen algunos datos cuantitativos sobre los desplazamientos de poblaciones dentro de los países y, en menor medida, de un país a otro causados por los peligros naturales. Sin embargo, en el caso de la migración causada por procesos ambientales de evolución lenta, como la sequía o la subida del nivel del mar, la mayor parte de los datos existentes son cualitativos y se basan en estudios de casos, con muy pocos estudios comparativos”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)
El término “refugiado ambiental” (environmental refugee) comenzó a ser usado en 1976 por Lester Brown. Luego ha proliferado su uso y han surgido otros como “emigrante ambiental” y toda una rama de similares categorías como “emigración forzosa ambiental”, “emigración motivada por el ambiente”, “refugiado climático”, “refugiado del cambio climático”, “persona desplazada por el clima” (EDP en su denominación inglesa), “refugiado de desastre”, “desplazado ambiental”, “ecorrefugiado” y “persona ecológicamente desplazada”.
La OIM emplea los términos “migrante por motivos ambientales” y “desplazado por motivos ambientales”.
Las diferencias entre estos términos son menos importantes que lo que tienen en común: todos sugieren que existe una relación determinable entre los factores condicionantes medioambientales y la migración humana. Son motivos útiles para el análisis, relevantes para la implementación de políticas y, posiblemente, para la expansión de la rama legal conocida como derecho del refugiado.
La actual situación climática y el impacto que está teniendo en las poblaciones más vulnerables demandan de una tipificación internacional que recoja y proteja a los desplazados por cuestiones medioambientales.
Todavía hoy, los conceptos de “refugiado climático” o “refugiado ambiental” no existen en términos legales. Si bien han sido abordados en los medios de comunicación y por los organismos internacionales, carecen de valor jurídico vinculante pues el concepto no figura en el derecho internacional.
A la vista de las realidades que plantean el cambio climático y su impacto creciente en las poblaciones, el concepto de refugiado recogido en el Estatuto de los Refugiados de 1951 es muy restrictivo. Puede aplicarse a todo aquel que abandona su lugar de origen por persecución debida a motivos políticos, de religión, sociales, y no puede regresar por ver amenazada su vida o seguridad.
El término “refugiado climático” no está respaldado por Acnur, pues lo considera “confuso”. Para esa agencia de Naciones Unidas, “es más preciso referirse a ‘personas desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático’, ya que el cambio climático genera desplazamientos internos y afecta a las personas dentro de sus propios países”. (Acnur, 2019)
Sin embargo, y a pesar de que los expertos no llegan a un consenso, el concepto de refugiado ambiental es ya reconocido por países como Suecia y Finlandia, que lo recogen y tipifican en su legislación.
La OIM lo define como:
“Las personas o grupos de personas que por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medioambiente, que afectan adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero”. (OIM, 2007)
Este último es un término más amplio y toma en cuenta una realidad que se hace más palpable en el escenario climático mundial actual, pues abarca desde los desplazados por razones estrictamente naturales hasta aquellos que por los efectos de la acción humana sobre el medioambiente —sea la deforestación, la sobreexplotación de los recursos hídricos o los impactos del cambio climático— se ven forzados a migrar, además de que reconoce la interrelación entre los factores medioambientales, políticos y socioeconómicos.
La complejidad del tema es aún mayor cuando se toman en cuenta los impactos cruzados entre las causantes. En el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, financiado por los países miembros de la OIM, se advierten esas interrelaciones:
“Al estudiar la migración forzada o involuntaria —a veces denominada como desplazamiento forzado o involuntario— se suele hacer una distinción entre los desplazamientos generados por conflictos y los generados por desastres. El desplazamiento generado por un conflicto se considera típicamente causado por el ser humano, mientras que en el caso de los desastres las causas son naturales. Las definiciones de estos conceptos son útiles, pero en la práctica las líneas divisorias pueden ser borrosas, porque los conflictos se derivan a veces de litigios por los recursos naturales, y la actividad humana puede desencadenar desastres naturales, tales como los deslizamientos de tierras”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)
Según Acnur, la extensión del reconocimiento de refugiado ambiental supondría la posibilidad de aplicar las mismas soluciones que a los refugiados políticos: la repatriación voluntaria o retorno voluntario al país de origen, el reasentamiento o traslado a un tercer país distinto al de asilo y la integración local o la permanencia en el país de acogida. (Borrás, 2016)
En el caso de los pobladores de las pequeñas islas del Pacífico, es nula la posibilidad de retorno a sus hogares anteriores de residencia cuando su desplazamiento se debe a procesos de evolución lenta como la elevación del nivel del mar, que ocupa suelos y eleva los riesgos de desastres por ciclones y mareas.
Acnur, con base en informes del IPCC, cuenta con varios estudios sobre el cambio climático y los desastres naturales. El organismo ha advertido que en el futuro habrá un aumento de la movilidad y los desplazamientos humanos, tanto internos como externos, permanentes o no.
Las ediciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París (2015, COP21), Marrakech (2016, COP22) y Madrid (2019, COP25) han abordado los impactos del calentamiento global y otros temas relacionados, pero no el estatuto de los refugiados ambientales.
A finales de 2018, la comunidad internacional firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que reconoció el cambio climático como causa de la migración forzosa y, por primera vez, la existencia de refugiados ambientales.
El Pacto estableció bases para que los Estados adopten mecanismos que minimicen los efectos adversos de la crisis climática sobre las personas, con el objetivo de que estas no se vean forzadas a migrar.
Si bien el Pacto fue un paso de avance, sigue siendo ambiguo y no vinculante en cuanto a reconocer la situación de los refugiados ambientales.
Sergio de Otto, experto de la organización Ecología y Desarrollo (Ecodes), explicaba sobre este tema que “el cambio climático es el último eslabón de una relación equivocada del hombre con la naturaleza, y fenómenos que hoy hacen que alguien emigre están causados por problemas medioambientales de hace 15 años, por políticas extractivas, por nuestro modelo productivo… Por eso, determinar quién es migrante climático es muy difícil”[6].
Esta falta de reacción y acuerdo por parte de los organismos internacionales y los Estados se origina en la dificultad para dar forma legal al concepto. Por un lado, aunque la mayoría considera que las catástrofes naturales suponen una razón suficiente para migrar, por su carácter inmediato, no es tan claro cuando los cambios en el medioambiente se dan de una forma más lenta y gradual. Por tanto, sería más complicado relacionar la causa de una migración por la desertificación de una región que por un tsunami.
Desde otra perspectiva, algunas organizaciones consideran que los afectados por la crisis climática o desastres medioambientales pueden recurrir a sus gobiernos para obtener protección. En el caso de las personas perseguidas por razones de raza, religión o ideales políticos, estas no pueden hacer lo mismo, ya que pueden ser sus propios gobiernos los causantes de su situación.
Este escenario coloca a los desplazados ambientales en un limbo legal, con un escaso o nulo reconocimiento y sin protección jurídica. En consecuencia, corre riesgo su integridad y no pueden acceder a necesidades básicas como atención de salud, educación, vivienda y alimento. En general, solo se les incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado.
En febrero de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático. La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados calificó la decisión de “histórica” y destacó que puede tener repercusiones importantes para la protección internacional de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y los crecientes desastres naturales.
También subrayó la importancia de que los países adopten medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados al cambio climático, que en el futuro podrían obligar a las personas a abandonar naciones o territorios, lo que conllevaría una serie de obligaciones internacionales y gubernamentales. A pesar del carácter no vinculante de estas decisiones, son pasos positivos hacia la conceptualización legal de esta figura y la protección efectiva y legal de estas personas.
Las islas del Pacífico y su situación actual
Los factores medioambientales han actuado como causa de numerosas migraciones. Contingentes de personas han emigrado debido a la necesidad de abandonar tierras devoradas por desiertos, inundaciones y otros cataclismos naturales más violentos. (Álvarez, 2005)
Para la doctora Álvarez, “las migraciones, con el capitalismo, adquirieron un carácter internacional. Hasta la irrupción de este sistema, los movimientos migratorios tuvieron un carácter esencialmente limitado y local, circunscrito, en el plano geoeconómico, a las áreas continentales”. (2005, p. 64)
La región del Pacífico insular está caracterizada por Naciones Unidas como el área menos dinámica del mundo, a partir de sus propias condiciones, peculiaridades geográficas y escasos recursos naturales. Se podría decir que la región ocupa un lugar poco prominente dentro del sistema centro-periferia del capitalismo mundial, al encontrarse lejos de los mercados principales y contar con escasos recursos económicos y rubros exportables, todo lo cual brinda escasas posibilidades de desarrollo.
En los últimos años, los efectos del cambio climático antropogénico han generado un empeoramiento de la crisis económica y social y un aumento de la tendencia migratoria desde la región, lo cual afecta las capacidades de desarrollo de Estados y comunidades y descapitaliza a las islas de sus recursos humanos.
Entre los problemas medioambientales principales a los que se enfrentan estas islas —consecuencias del calentamiento global—, sobresalen en los últimos años el aumento del nivel del mar, la alteración de los patrones climáticos (tormentas más frecuentes e intensas), el agotamiento de las reservas de agua dulce y el blanqueamiento del coral. Este último, un fenómeno no valorado suficientemente en ocasiones (los arrecifes de coral, no meros organismos sino auténticos ecosistemas que proporcionan el hábitat del 25% de las especias marinas, podrían haberse extinguido en un 90% hacia 2050 si continúa el actual ritmo de calentamiento y acidificación de las aguas por el aumento del CO2 que absorbe el mar), que provoca el empobrecimiento de las reservas pesqueras y hace mayor el riesgo de la inseguridad alimentaria.
Según un informe comisionado por países del G7, el aumento del nivel del mar “es una amenaza para la viabilidad económica y física de las zonas bajas, ya que los recursos terrestres y costeros se pierden gradualmente. Esto puede conducir al malestar social, el desplazamiento y la migración, así como a desacuerdos sobre las fronteras marítimas y los recursos oceánicos”. (G7, 2015)
El océano Pacífico alberga el 60% de la pesca mundial y gran parte de sus aguas están bajo jurisdicción de las naciones insulares del Pacífico. Asimismo, las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las naciones insulares del Pacífico abarcan en su totalidad cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados y representan un recurso económico significativo para esos Estados. (Shibuya, 2007)
En el escenario actual, cuando ya se sienten los efectos de la elevación del mar y otros que genera el cambio climático, las poblaciones de las islas ven la emigración como única salida.
De acuerdo con datos del IDMC (2019), más de un tercio del total de los nuevos desplazamientos a nivel mundial se registraron en la región (9.3 millones), la mayoría asociados a desastres.
Entretanto, los gobiernos de estas islas, al no contar con recursos financieros para mitigar el cambio climático, buscan soluciones políticas entre las que se encuentra negociar garantías con países de la región, como Australia y Nueva Zelanda, para que funjan como receptores de sus nacionales en caso de que sus territorios se convirtieran en inhabitables.
Seguidamente pormenorizamos la situación de algunos de los Estados del Pacífico Sur:
Kiribati: ya han desaparecido por completo dos de las islas que integraban el archipiélago y las previsiones de los científicos auguran que tan solo quedan unos 50 años a las demás, especialmente las de menor altitud, para seguir el mismo camino. Desde 2005, el gobierno kiribatense ha estado comprando 2.000 hectáreas de tierras en Fiyi y, con el permiso del país, planea trasladar a sus 100.000 habitantes si su territorio se vuelve inhabitable. Pero Fiyi, aunque montañoso y con mejores perspectivas que otras naciones del Pacífico, también ha tenido que enfrentarse al desplazamiento desde localidades costeras dentro de sus fronteras.
Islas Marshall: esta república insular del Pacífico abarca 34 islas del tipo atolón, cuya altitud promedio es de tres a cuatro metros sobre el nivel del mar, y se divide en dos archipiélagos principales: Ralik y Ratac.
El 20% de la costa de Majuro, su capital, ya ha sucumbido al avance del océano, a pesar de que se ha intentado construir diques de contención que han sido arrasados por las mareas. Se considera que es uno de los puntos del mundo donde el nivel de las aguas sube con mayor rapidez.
Nauru: la república más pequeña del mundo, con poco más de 21 km². Sus 10.000 habitantes, además de padecer obesidad, diabetes y problemas renales debido a su mala alimentación y falta de ejercicio y haber sufrido daños irreparables en su ambiente por la extracción masiva de fosfatos por transnacionales británicas, están condenados a desaparecer como nación ante el avance imparable de las aguas oceánicas.
El gobierno de la isla está en tratativas con países como Australia, Taiwán y Nueva Zelanda para buscar refugio en sus territorios si ocurre lo peor y la isla sucumbe definitivamente.
Islas Salomón: en la Cumbre de la Tierra de Copenhague, en 2009, se presentó el caso de estas islas, que desaparecen a ojos vistas tragadas por el Pacífico y cuyos territorios albergan a unos 600.000 habitantes.
Su capital es Honiara, en la isla de Guadalcanal, y muchas de las pequeñas islas del archipiélago son volcanes activos, lo cual no contribuye a que el futuro de este pequeño Estado insular se vea más promisorio.
Tuvalu: es un país insular de la Polinesia que consta de cinco atolones y cuatro arrecifes. Tiene apenas cinco metros de altitud promedio sobre el nivel del mar, por lo que está expuesto a las crecidas que pueda experimentar el Pacífico debido al cambio climático. Está considerado como el país que más cuida su ambiente y menos contamina el mundo. En caso de que las islas desaparezcan, sus habitantes serían recibidos por Nueva Zelanda o por Niue. Esta última es una isla que no corre peligro de desaparecer y cuya tasa de natalidad es muy baja. Fue la primera en buscar soluciones para su población. Luego de una desastrosa aventura para comprar tierras en Texas y trasladar a Estados Unidos su población en los años ochenta, intentó que Australia aceptase una pequeña cantidad de refugiados anualmente, pero ese país rechazó la propuesta en 2001, tras lo cual acudió a buscar ayuda en Nueva Zelanda, que sí aceptó y permite desde 2002 la entrada anual de 79 tuvaluanos. Aunque el acuerdo ha resultado prometedor, con la actual cifra se tardaría más de un siglo en desplazar a toda la población actual, una perspectiva a la que se añaden el crecimiento demográfico y la posibilidad de que el país quede sumergido mucho antes de completarse dicho traslado.
¿Cómo evacuar un país entero? ¿Cómo gestionar su desaparición o la supervivencia de su cultura? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en la actualidad.
En cumbres sucesivas, desde la de París (COP21, 2015), se han hecho llamamientos a reconocer el estatus de los refugiados climáticos, instando a modificar los acuerdos de la Convención de Ginebra para concederles la misma protección y derechos que posee hoy el refugiado, pero no se ha alcanzado un acuerdo que obligue a los Estados a adoptar este concepto.
Tras su viaje por Oceanía, Guterres afirmaba que “los riesgos son demasiado reales. Se están reubicando pueblos enteros, destruyendo medios de subsistencia. Las personas están enfermando de dolencias relacionadas con el clima, y en Tuvalu vi a un país entero luchando para preservar su propia existencia. Su voz es fuerte y clara: el cambio climático no puede ser detenido solo por los pequeños países insulares, sino por el resto del mundo”[7].
Una crisis que requiere nuevas políticas y llenar las brechas en la legislación internacional
Siendo el Pacífico Sur la región que menos ha aportado históricamente en emisiones de CO2 a la atmósfera, es hoy la primera que sufre el impacto acelerado del cambio climático, que agrava las condiciones económicas y sociales de los pequeños Estados insulares, drena sus ya escasos recursos y pone a sus habitantes en el camino de la migración forzada cuando la subida del nivel del mar y otras manifestaciones de la crisis ambiental hacen inhabitables las islas.
Enfrentados al desplazamiento forzoso —cuya causa solo empeora o es permanente y hace imposible el retorno a sus tierras—, los habitantes de las islas miran a un futuro de dispersión e incluso de pérdida de identidad, sin el estatus y la protección legal de un refugiado con amparo en el derecho internacional, lo que pone en riesgo sus derechos y el reconocimiento para integrarse plenamente en las sociedades de recepción.
El cambio climático, que amenaza con ampliar la desigualdad y la brecha en detrimento de los más pobres, generar mayor inseguridad alimentaria y revertir a décadas atrás los índices de desarrollo económico y social y de salud, también plantea peligros y desafíos en el terreno de los derechos humanos.
La comunidad internacional requiere una nueva definición de refugiado que ampare jurídicamente a personas desplazadas por causas ambientales, cuyo número aumentará en la medida en que se hagan más severos los impactos del cambio climático sobre grandes áreas del planeta, en una tendencia ascendente que confirman los hechos ocurridos en 2020 en términos de altas temperaturas.
El actual marco jurídico, con categorías de refugiados gestadas en el siglo XX, no ofrece soluciones adaptadas al siglo XXI y la emergencia climática al no contemplar las víctimas del cambio climático ni los desplazados ambientales, que con las actuales tendencias serán cada vez más.
Alcanzar el consenso y un acuerdo internacional que otorgue protección legal a esta categoría de desplazados y refugiados, permitiría la adopción de políticas y programas articulados y específicos de reasentamiento (como los que gestionan Acnur y la OIM), entendidos por la OIM como “el traslado de refugiados desde el país en el que solicitaron protección hacia otro Estado que ha aceptado admitirlos —en calidad de refugiados— y otorgarles la residencia permanente”. (Glosario de la OIM sobre Migración, 2019)
Es necesario superar las lagunas existentes en las normas internacionales de protección de los derechos humanos, renovarlas y actualizarlas acorde con la nueva realidad del siglo XXI, marcada por el cambio climático y su impacto en las comunidades humanas más vulnerables, con el objetivo de que amparen también a la nueva —y cada vez más extendida— figura del desplazado ambiental.
* Holguín, 1988. Subdirectora del portal web cubano Cubadebate. Cursa la Maestría en Relaciones Internacionales 2018-2020 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Agregada diplomática en la Embajada de Cuba en Pakistán de 2013 a 2016. Reportera y jefa de información en el periódico ¡ahora! de 2010 a 2012. Graduada de Periodismo en la Universidad de Oriente en 2010. Correo electrónico: ddoime@gmail.com
Notas
[1] En “Combatir con urgencia el cambio climático: algo que podemos y debemos hacer, por António Guterres”, Noticias ONU, 31 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1457191
[2] En “Hacia el apartheid climático”, en Noticias ONU, 25 de junio de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411
[3] En Migration Data Portal, OIM, Environmental Migration, junio de 2020. En: https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration
[4] En “Nuevo récord de desplazados forzosos en 2019”, Acnur, 18 de junio de 2020. En: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/informe-tendencias-globales-desplazamiento-2019#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20informe%20de%20ACNUR,con%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20anterior.
[5] En “El apartheid climático que puede condenar a la pobreza a otros 120 millones de personas”, en BBC News Mundo, 26 de junio de 2019. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48776564
[6] En “Desplazados por el clima: Son desconocidos, pero son millones”, en El País, 7 de diciembre de 2019. En: https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575399365_095982.html
[7] En “Guterres concluye su gira por Oceanía, ejemplo para el mundo de la lucha contra el cambio climático”, en Noticias ONU, 18 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1456201
OIM. Migration Data Portal. (2020) Migración medioambiental. En: https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration
OMI. Migration Data Portal. (2020) Tipos de migración. Migración forzada o desplazamiento forzado. En: https://migrationdataportal.org/es/themen/zwangsmigration-und-vertreibung
