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LA OPORTUNIDAD, LA REALIDAD Y LOS POLITICOS. CONFLICTOS E HIPÓTESIS DE GUERRA.

Marcos Kowalski*

A guisa de ser muy reiterativos debemos afirmar que Argentina viene de un proceso de décadas de desinversión en materia de Defensa, propiciada, sin lugar a dudas por una imposición de intereses exógenos, pero más que nada por un desinterés de los políticos, de todos los partidos y sectores, a los que les tocó en suerte gobernar la administración del Estado Argentino.

Esta desinversión ha provocado una gran vulnerabilidad en las capacidades estratégicas de la Argentina, en todos sus dominios. Actualmente nuestro país carece de capacidades militares creíbles, ya que ni siquiera se privilegió el mantenimiento y fortalecimiento de los recursos que se disponían.

Pudiéndose notar que Argentina ha quedado muy relegada y desactualizada en material y avance tecnológico militar en comparación con otros países de la región y del mundo. Es evidente que la pérdida de capacidades que se ha venido gestando con los años y la falta de otras que jamás se introdujeron suponen un atraso sustancial, por lo cual salir requerirá inversión y planificación a largo plazo.

Inversión y planificación que no parecen ser en absoluto prioritarias para la casta de políticos que hoy pululan en todo el espectro partidocrático argentino y que suelen privilegiar banales proyectos contra la raíz cultural argentina, impulsadas por intereses de sectores y actores internacionales, en lugar de llevar a cabo políticas reales de proyección y de dimensionamiento de la Nación.

Estos políticos empeñados en un juego de subterfugios que a nada conducen salvo a la desintegración de nuestra ancestral cultura, poniendo en riesgo la integridad de la Nación toda, no creen necesaria la Defensa de la Nación, por ignorancia, soberbia o simplemente alineación ideológica, más preocupados por cuanto miden en una encuesta que por la grandeza de la Patria, prefieren el oro en su actualidad que el bronce de la posteridad.

Como un despropósito a propósito, desde el Señor Alfonsín, todos los gobernantes han descartado efectuar hipótesis de guerra y han ido desmantelando la política de Defensa y su apéndice más importante, el aparato militar, en un país que, recordemos, tiene un inmenso territorio y una zona económica exclusiva marítima, donde todos pescan menos los argentinos.

Tratemos en una breve síntesis de ver cómo anda el mundo desde el punto de vista de la política estratégica global, en esta era, y donde hay recrudecimientos de conflictos, así como también la probabilidad de que proliferen en toda América, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica.

Rusia, China y Estados Unidos están volviendo a una nueva etapa de “guerra fría”. ¿Los motivos? Varios y de diverso origen; en primer lugar, debemos observar los grandes intereses comerciales que afectan la relación de las tres potencias militares, hoy las más grandes del planeta, sus alianzas y sus áreas de influencia, en un mundo que pasa rápidamente de la globalización a la nacionalización y surgen nuevos e importantes actores.

La influencia en Europa de Alemania y sus acuerdos con los rusos para el Nord Stream 2, que es el nombre con que se conoce un gasoducto que conectará Rusia con Alemania y Europa Central y del Este a través de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, encuentra una fuerte resistencia por parte de Estados Unidos.

Las presiones estadounidenses habían logrado suspender los trabajos desde diciembre de 2019, cuando la compañía suiza Allseas, encargada hasta entonces de la construcción del tramo submarino de Nord Stream 2, anunció su retirada definitiva del mar Báltico después de que Estados Unidos introdujera sanciones contra el proyecto gasífero. Tras un año de pausa y búsqueda de otras alternativas, al final asumió Rusia el tramo final de la obra, tal y como había adelantado que haría si no se encontraba otra solución.

Esta cuestión está implicando que buques rusos hayan retomado en aguas alemanas los trabajos. Se trata de un barco tendedor de tuberías submarinas, el “Fortuna”, que está acompañado por los buques logísticos rusos “Katun” y el “Baltiski Issledobatel” que instalará una sección de 2,6 kilómetros de tuberías en la zona económica exclusiva de Alemania, a una profundidad de menos de 30 metros.

Con este gasoducto lo que parece estar en juego es el equilibrio político y militar, aunque no es el único tema que suscita controversia. Para Europa gira, primero y ante todo, en torno a estas dos opciones, gas natural ruso a través de un gasoducto desde Siberia Occidental, o gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos mediante fractura hidráulica o por transporte marítimo, siendo éste significativamente más caro.

Europa va a seguir necesitando proveerse de ambas fuentes durante muchos años. Los gasoductos actuales como el Nord Stream 1 ya rinden a su máxima capacidad. Además, El tendido de Nord Stream 2 y su conexión a la red habilitaría técnicamente al Kremlin para reducir e incluso cortar los ingresos por importe de miles de millones que Ucrania recibe en concepto de derechos de tránsito y de los que tanto depende.

Siempre Rusia fue predecible en cuanto a la política de hidrocarburos se refiere. Hoy China, en calidad de mercado alternativo de consumo para Siberia Occidental, solo puede considerarse, de momento como una opción a largo plazo, de entrada, por motivos de distancia y, además, por los elevados costes que implicaría

Todo es muy complicado y casi todo está conectado a casi todo. El GNL estadounidense compite en los mercados con el gas natural ruso; y ambos, a su vez, con las grandes fortunas de la región del Golfo, de allí la complejidad en que ambas potencias elaboran sus hipótesis de guerra, su inquietud por arbitrar los conflictos en la región de Medio Oriente e incluso su proyección e influencia en el mar Mediterráneo.

Pero, además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, inauguraron juntos el TurkStream, un gasoducto que transportará gas natural desde Rusia a Turquía, así como a países del sur y sudeste de Europa, tales como Bulgaria, Serbia y Hungría, que estarán entre los primeros en beneficiarse cuando la infraestructura esté completamente operativa.

En una especie de guerra del gas, Grecia, Chipre e Israel, han cerrado un compromiso para construir el llamado Estmead un gasoducto de casi 2.000 kms que permitirá llevar a Europa gas chipriota e israelí. Este gasoducto no es competencia para Rusia, ya que transportaría bajas cantidades del hidrocarburo.

En total, el Estmead se estima que podría proveer, para finales de la década, hasta un 10% de lo que hoy consume la UE y ayudar al bloque regional a ganar un margen de independencia de Rusia y Turquía, dos potencias con las que la UE ha mantenido fuertes conflictos políticos en los últimos tiempos.

Desde 1974, la isla de Chipre está dividida en dos: en el Norte, una república separatista apoyada por Turquía que el resto de la comunidad internacional no reconoce; en el Sur, la República de Chipre, un Estado miembro de la UE y cercano y aliado de Grecia,

Turquía no reconoce la República de Chipre y reclama su zona económica exclusiva en el Mediterráneo, la misma que el miembro de la UE ya abrió a exploración con licitaciones a la francesa Total, la italiana ENI, ExxonMobile y la estadounidense Noble Energy. Turquía mantiene una relación política tensa con Grecia, un aliado de la OTAN, pero un histórico rival regional y una de las principales razones por las que Ankara no ha conseguido entrar a la UE.

En el marco de esa rivalidad, Erdogan firmó un acuerdo limítrofe en diciembre pasado con el gobierno libio internacionalmente reconocido para crear una zona económica exclusiva en un corredor en el Mediterráneo que une de manera diagonal la costa de Libia con la turca, al este de la isla de Creta. Este corredor corta en dos el recorrido planeado por Israel, Chipre y Grecia para el gasoducto EastMed y, por eso, Erdogan ya advirtió que necesitarán la luz verde turca para poder construirlo.

Tenemos que decir que en los últimos tres lustros, Ankara ha invertido más de 30.000 millones de dólares en la creación de un complejo militar-industrial, que se mueve por directrices del gobierno y ya ha desarrollado tanques propios además de corbetas, helicópteros y misiles de diverso alcance y drones. Siendo el mayor cambio cualitativo en armamentos de la región; actualmente, el 70 % de las armas utilizadas por las fuerzas armadas turcas son fabricadas allí.

De esta forma, sus Fuerzas Armadas son cada vez menos dependientes de sus aliados occidentales en el ámbito técnico. Lo que también hace a Turquía más independiente política y estratégicamente En los últimos años la relación de la OTAN con Turquía, que forma parte de la misma, ha sido turbulenta, por no decir algo peor.

Preocupan la tendencia independista de Turquía y la adquisición de material ruso como el complejo de misiles escudo antiaéreo más sofisticado de Rusia, el S-400. Estados Unidos también advirtió a Ankara, en virtud de la Ley de lucha contra los adversarios estadounidenses mediante sanciones si se activa el sistema S-400. Se espera que el presidente electo Joe Biden adopte una postura más dura sobre el tema; es así como se han generado conflictos complejos de resultados impredecibles.

Pero si hay un actor que ha aprovechado la inestabilidad en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003 y con la irrupción de las protestas de la llamada “primavera árabe” y la lucha contra el Estado Islámico, ese ha sido Irán. En los últimos años, la influencia iraní en la región se ha reforzado a través de una red de aliados en varios países.

Esa influencia se da en el contexto de conflictos como el de Siria o Yemen, y en la lucha contra el Estado Islámico en Irak. Es lo que se conoce como “eje de la resistencia” que, es una alianza marcadamente antiestadounidense y antiisraelí con la que Irán está reconfigurando el equilibrio de fuerzas y fortaleciendo su presencia en Medio Oriente

Además de Irán, dentro de esta alianza están Siria, el grupo Hezbolá de El Líbano, las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, y los hutíes de Yemen. Aunque el denominador común de estos grupos es que son chiitas, como la mayoría de la población de Irán, en el eje también se incluye un grupo sunita, el movimiento palestino Hamás, que debe su presencia en la alianza por compartir el enemigo con Irán: Israel.

Es posible que ningún país haya desafiado tanto a Estados Unidos después de la Guerra Fría como Irán, que no ha perdido oportunidad de limitar la influencia de Washington. Por eso Estados Unidos ha rodeado Irán con bases militares y sus gastos militares rondaron el doble del PIB del país persa en los últimos años. En un conflicto militar convencional, Teherán no tendría ninguna posibilidad.

Ante esto, los iraníes desarrollan una doctrina militar de disuasión basada en tres capacidades, un amplio arsenal de misiles balísticos, de crucero y anti-buque de desarrollo y fabricación propia, la amenaza de una guerra naval asimétrica, con el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, y los lazos con grupos militantes no estatales.

En otro de los sectores calientes del planeta, está el conflicto del Mar de la China Meridional, mar que, de acuerdo con la denominación más extendida, aunque no la única, se encuentra emplazado en la región del sudeste de Asia y bordea el sur de China. Sus aguas albergan más de 400 islas, arrecifes y bancos de arena, y numerosos archipiélagos entre los que se destacan las islas Spratly y las Paracel.

El conflicto por este territorio se remonta a mediados del siglo XX, pero ha adquirido notable difusión en los últimos cinco años debido al incremento de acciones concretas de la República Popular China sobre los archipiélagos y a la respuesta político-diplomática de Filipinas en defensa de sus intereses territoriales.

Difícilmente pueda discutirse hoy en día la afirmación de que China se ha convertido en una potencia económica mundial. Lo inquietante en torno a esta aseveración es cómo este poderío económico se traducirá en poder político y, aún más preocupante, militar.

Es también indudable que sobre la base de poder económico se erigirá, eventualmente, un poderío militar con alcance regional, en primera instancia, y posteriormente global. En ese proceso, en el cual Beijing ya ha dado varios pasos firmes, se contemplan intereses estratégicos para la seguridad nacional china, como el abastecimiento energético y de recursos naturales y la defensa de los territorios reivindicados como propios.

En el caso del Mar de China Meridional se cruzan numerosas consideraciones estratégicas, energéticas y económicas, que se relacionan con la necesidad de asegurar el abastecimiento de recursos naturales y de obtener el control de la principal ruta marítima del este de Asia. Dadas estas condiciones, es de esperarse que, a menos que se alcance una resolución diplomática del conflicto que respete los intereses chinos, los enfrentamientos se intensificarán y el conflicto alcanzará una dimensión mayor con la intervención de actores extra regionales, como Estados Unidos.

También hay una escalada china en el Mar de China Oriental que linda con Japón. China está impulsando su reclamo sobre las islas Senkaku, administradas por Japón. Hasta ahora, Tokio ha reaccionado con mucha cautela, pero los últimos avances amenazan las relaciones chino-japonesas. Al parecer la estrategia china consiste en tres etapas de desgaste en el Mar de China Oriental.

La “normalización” de la presencia china en las islas, que ya ha tenido lugar debido al efecto de la habituación, cada vez más por sus propias fuerzas de seguridad, por ejemplo, mediante el amenazante acercamiento a los barcos pesqueros japoneses. Con este último paso, China estaría queriendo tomar el control completo del área. Los expertos en seguridad de Japón no esperaban que esto sucediera hasta dentro de una o dos décadas, pero ahora sucederá dentro de este decenio.

El avance hacia esta región del Mar de la China Oriental probablemente expresa la imagen fortalecida de China de ser una potencia mundial. Y el gobierno japonés es muy consciente de este desafío. En su nuevo Libro Blanco de Defensa Nacional, presenta la amenaza china a las Senkaku de manera tan aguda como nunca antes.

Para Japón, las autoridades chinas están impulsando “implacablemente” su reclamo sobre las islas y socavando lo establecido con actividades marítimas cada vez mayores. En la presentación del Libro Blanco, en julio, el entonces ministro japonés de Defensa Taro Kono dijo que una mayor intensificación podría desencadenar el uso de medios militares por parte de Japón.

Esa es la razón por la cual Japón desarrolla nuevas armas para sus fuerzas de autodefensa e intensifica su acercamiento a Estados Unidos, En ese sentido Japón fue anfitrión del “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” (QUAD) con Estados Unidos, India y Australia, que tiene como objetivo contrarrestar la búsqueda de poder de China en las vías fluviales y marítimas de Asia.

En este trabajo, por una cuestión de espacios, no mencionamos los conflictos puntuales que actualmente están en curso como los de Siria, Libia, República Centroafricana. Sudán del Sur, etc. donde participan facciones nacionales fuerzas extranjeras y “Compañías Militares Privadas” en un complejo entrecruzamiento de intereses en las denominadas “Guerras Proxy” aplicando diversas doctrinas como la de la guerra hibrida o la desarrollada por el General Valery V. Gerasimov.

Como se puede ver, en un mundo de controversias complejas y de muy variada dimensión, donde se producen permanentemente guerras asimétricas, híbridas e incluso moleculares, ningún país puede evadir las hipótesis de conflicto, en un mundo donde la mayoría de las naciones propenden a equiparse con materiales de guerra para afrontar las eventuales amenazas a su integridad. Ninguna nación puede quedar indiferente.

Muchos podrán decir que América del Sur está exenta de este tipo de confrontaciones, pero veremos que NO. Analicemos solo algunos de los conflictos en ciernes en la región, los tradicionales con posibilidades de derivaciones bélicas y los no tradicionales o novedosos como amenazas a las naciones que componen esta geografía.

Comenzaremos refiriéndonos a Venezuela y sus reclamos y conflictos. El primero que debemos mencionar es su controversia con la República Cooperativa de Guyana; el Esequibo es objeto de una histórica disputa territorial. Es administrada por Guyana, pero Venezuela la reclama como suya y la considera un área por delimitar. Es una zona con riqueza forestal y mineral, con abundancia de minerales de hierro y bauxita, lo que ha llevado a que Guyana haya instalado una de las principales industrias pesadas de América del sur. Asimismo tiene un gran potencial hidroeléctrico.

El conflicto se avivó en 2015, cuando la petrolera Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en el océano Atlántico, justo en la zona que entra en el histórico diferendo territorial. Las exploraciones fueron realizadas con el aval de Georgetown y eso provocó la protesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras un revuelo diplomático, finalmente se decidió resolver el conflicto a través de los mecanismos de buenos oficios de la ONU, pero, de nuevo, no se llegó a una solución. Sin embargo, el gigante petrolero siguió en la zona haciendo prospecciones, que Venezuela considera ilegales, y halló más yacimientos.

Para comprender el estado de las fronteras venezolanas, es necesario tomar en consideración el amoldamiento a los intereses y estrategias geopolíticas del gobierno bolivariano, en un clima de confrontación permanente de acción y reacción. En este marco, el control militarizado de los territorios limítrofes sustituyó a las políticas públicas como forma de abordaje de las diversas problemáticas en los espacios fronterizos.

Actualmente, Venezuela comparte junto con su frontera colombiana una gran cantidad de problemas sociales y políticos, como, por ejemplo, la presencia de fuerzas guerrilleras en la línea fronteriza y la gran cantidad de contrabando ilícito que transita entre ambos estados. La frontera entre Colombia y Venezuela es una tormenta perfecta en la que proliferan grupos armados, narcotráfico y contrabando. El descontrol de ese territorio de 2.219 kms con apenas ocho pasos fronterizos y decenas de caminos informales, se agravó durante la pandemia de coronavirus.

Entre 2012 y 2020, casi 2,8 millones de venezolanos han ingresado en Colombia, según datos oficiales, a los que hay que añadir los desplazamientos pendulares diarios, en su mayoría fuera de control y que no encuentra garantías en los servicios sociales en materia de protección, acceso a salud, educación, o empleo, en Colombia Esto ha ocasionado que, desde finales del 2019, hayan ido retornando a territorio venezolano.

Es precisamente la precariedad económica uno de los elementos que agrava el cuadro general de inestabilidad. La falta de oportunidades o empleo formal es aprovechada por estructuras armadas ilegales que terminan convenciendo a la población migrante de participar en economías ilícitas, o en el peor de los casos, los convencen de ingresar a sus filas, convirtiéndose estos elementos en nuevas amenazas a la paz e integridad de ambas naciones.

Debemos puntualizar que hoy la denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está muy bien equipada. Deseoso de convertir a Venezuela en una potencia regional capaz de contrarrestar el poderío estadounidense, Chávez invirtió grandes sumas procedentes de la renta petrolera en modernizar la FANB.

Rusia fue, junto con China, el principal proveedor del armamento adquirido entonces. Durante años suministró varios modelos de aviones y helicópteros, así como tanques y unidades de artillería. La gran aportación rusa a la capacidad disuasoria venezolana fue la venta de los cazas Su-30Mk2, según los expertos, un aparato capaz de competir con los más avanzados aviones de combate estadounidenses gracias a su potencia de fuego, maniobrabilidad y prestaciones.

Venezuela, también potenció su capacidad de respuesta antiaérea; recibió tres unidades del sistema ruso S-300, otras tres del Buk M2A y once del S-125. Los misiles disparados por el S-300 VM tienen un alcance máximo de 200 kilómetros para aeronaves y 40 kilómetros para misiles balísticos.

La industria militar rusa proveyó también de tanques y unidades artilleras. La FANB adoptó además el fusil kalashnikov, quizá el arma de fabricación rusa más extendida del mundo, como su fusil reglamentario e incluso se acordó construir una fábrica de este modelo en la ciudad de Maracay.

Todo ello sin referirnos a los conflictos ideológicos que mantiene Venezuela con Estados Unidos, Colombia y Brasil; con este último con movilizaciones militares y alguna escaramuza en la frontera que comparten. Para muchos analistas esta zona de América del Sur podría convertirse en un escenario de guerra que involucraría a todo el resto de los países americanos. Recuérdese la amenaza concreta del presidente de Estados Unidos de invadir Venezuela, que por suerte no se hizo efectiva.

Si hay un país con hipótesis de guerras concretas y conocidas en esta zona del mundo, ese país es Brasil, donde, incluso, los mandos militares brasileños ven a Francia como amenaza en los próximos 20 años, según se filtró a la prensa de ese país. Brasil siempre consideró seriamente su proyección estratégica, sus avances diplomáticos a través del tiempo, Hoy es el país de América del Sur que tiene una mejor proyección militar y una industria para la defensa realmente de avanzada.

Toda la región está llena de complejos problemas de frontera como las disputas por sus límites de países como Perú y Chile, Perú y Ecuador, Bolivia y Chile, o Brasil y Bolivia. Tenemos que decir que todas las naciones involucradas en esos diferendos contemplan, para sus fuerzas armadas, hipótesis de conflicto, como puede verse al observar sus gastos y equipamientos militares, siendo Argentina el único país que, ocupado en parte de su territorio (las islas Malvinas) y del Atlántico Sur, descarta las hipótesis de guerra.

Siempre hay que repetir que desde 1983 a la fecha, la mayoría de los funcionarios políticos que fueron designados en el Ministerio de Defensa se han caracterizado por su ignorancia y desinterés en hipótesis de conflictos y en su negación por modernizar el equipamiento militar, la doctrina militar, la industria para la defensa dejando estos factores claves para la Defensa Nacional relegados en sus prioridades de gestión.

Como dato que confirma lo que decimos, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), estableció que los recursos destinados al componente militar en Argentina en 2019 rondaron los US$ 3.143 millones, un nivel similar al que se destinaba a principios de la década de 1990. En ese mismo período el gasto militar brasileño pasó de US$ 7.000 a US$ 27.000 millones; el de Chile de US$ 1.200 a US$ 5.200 millones. Estos datos describen la desinversión del aparato militar argentino.

El factor científico y tecnológico dentro del ámbito militar no solo ha sido postergado, sino que se ha perdido y destruido en la mayor parte por desinterés de la casta política argentina. Acostumbrada a las recurrentes crisis stop and go del país, la industria de defensa nacional se muestra más como un símbolo de aspiraciones que de un conglomerado con una verdadera cuña dentro de las políticas científicas tecnológicas del país. La Industria para la Defensa debe aplicar al fin ulterior de la Defensa Nacional dentro del plano de la seguridad internacional y también convertirse en un medio para brindar beneficios de impacto social y económico que dinamice la actividad de diferentes actores internos de la vida de un país.

Otro aspecto que nunca se ha tenido en cuanta, es la doctrina de uso del aparato militar en la política de Defensa. Analizando la historia de los conflictos bélicos en el mundo, se puede concluir que la Doctrina Militar es tan importante como la disponibilidad de una gran cantidad de los mejores Sistemas de Armas o del personal militar mejor formado y adiestrado. La doctrina militar en una especie de “guía general” que sirve para estandarizar, orientar y dar cierto marco de referencia sobre qué hacer y cómo proceder ante las diversas situaciones a las cuales podría verse expuesta la organización militar. Tanto durante su entrenamiento en tiempos de paz como durante la guerra.

Si bien hay una “individualidad” en la doctrina militar de cada nación se advierte que hay ciertos aspectos que suelen ser “universales”, comunes a la mayoría de los cuerpos doctrinarios de los diversos países, esto debido a que responden a los principios esenciales del arte de la guerra. Dentro de la “doctrina militar” de un país se puede diferenciar tres niveles, a saber: la “Doctrina Militar Específica” (DME), propia de cada una de las Fuerzas Armadas; la “Doctrina Militar Conjunta” (DMC), que orienta y guía el accionar sinérgico y coordinado entre dos o más FFAA de un mismo país; y la “Doctrina Militar Internacional” (DMI), comúnmente conocida como “Combinada”, que permite la interoperabilidad entre FFAA de dos o más naciones.

A pesar de todo lo dicho hoy Argentina, tiene enfrente algunas oportunidades tentadoras. Descartada las compras lisas y llanas y en conocimiento público de la veda impuesta por el Reino Unido a productos de su procedencia para renovar el material de las FFAA argentinas, aparecen propuestas que incluyen la posibilidad de transferir tecnología y establecer centros locales de producción y mantenimiento.

A Argentina se le ofrece algo que debería haber buscado siempre en el tema de adquisiciones de equipos y que, de hecho, debemos recordar se produjo con Alemania en la década de los 70 con la producción del TAM, el Pampa, los submarinos TR-1700 y los navíos clase Meko, el Know How y la transferencia de tecnología para la producción.

Hoy es el caso de Rusia, que está muy interesada en cooperar con Argentina en materia militar y ha avanzado con múltiples propuestas que detonan la intencionalidad de crear un lazo estratégico a largo plazo con el país. Esta propuesta, el traspaso de tecnología, aunque no sea total, genera enriquecimiento del capital humano nacional, mano de obra altamente calificada, y una solución práctica para problemas engorrosos, como, por ejemplo, cuando un sistema se descompone o sencillamente, ingresa en mantenimiento. Esto acortaría los tiempos de reparación y mantenimiento, además de reducir los costos operativos.

Existe además una opción China, en un contexto parecido de traspaso tecnológico y en este caso cuenta, además, y según un reportaje reciente al Jefe de la FAA, Xavier Julián Isaac con el visto bueno de dicha fuerza, el avión JF-17, que está siendo construido por China en forma combinada con Pakistán; es una aeronave moderna y con bajo costo operativo.

En la actual escasez de medios de la Fuerza Aérea Argentina sin posibilidades de resolución a la vista, debería incentivar razones más que suficientes como para focalizarse en alternativas que permitan reponer un mínimo parque aéreo de combate en lo inmediato. Por lo que resulta imposible resistirse por estos días a la evolución del citado JF-17, especialmente cuando se lo aprecia con más que sobradas capacidades para asumir los roles que en la FAA quedaron vacantes tras la baja del SDA Mirage, así como los que se sumarán tras el inexorable y cada vez más cercano destino final de los A/OA-4AR Fighting Hawk.

Seguramente los políticos de turno hoy, seguirán dejando de priorizar la Defensa y quizás estas oportunidades, aun cuando insuficientes, relativamente factibles, no resulten tenidas en cuenta. Es que se requiere cierto conocimiento de casi todo lo público y un arte especial para gobernar. Un bien escaso, ya sea en Washington, Berlín, Bruselas o Moscú, y sobre todo en Buenos Aires. Demasiados “jefes de Estado” pero pocos estadistas.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos. 

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LA DENUNCIA DEL CONVENIO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA EN ARGENTINA

César Augusto Lerena* (Artículo escrito en colaboración con Alejandro Olmos Gaona)

Junto a la denuncia de los Acuerdos de Madrid I y II, el Acuerdo de Nueva York, el Acuerdo conocido como pacto Foradori-Duncan y el Convenio de Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), el Estado Argentino debería —ya vencido— denunciar el Convenio suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para “LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN LA ARGENTINA”, sancionado el 4 de noviembre de 1992 por Ley 24.184.

Sobre todas estas cuestiones de fondo y otras que tienen que ver con una estrategia respecto a cumplir con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional deberá comenzar a trabajar en forma urgente y sostenida el Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes recientemente creado por Ley 27.558, donde, a poco de andar, podremos ver qué tan dispuestos y, qué alcance tienen sus integrantes: ser, un mero cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o diseñar una Política de Estado para ejecutar la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía nacional” en los archipiélagos argentinos. El tiempo nos dirá, si como hasta ahora, la Argentina se limitará a solicitarle al Reino Unido que se siente a negociar soberanía. Pero sobre ello, nos referiremos en detalle en un próximo artículo.       

El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata y “su Majestad Británica” firmaron el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” y, un par de   años después, en 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) invadía las Malvinas.  El 4 de noviembre de 1992, en el marco de los Acuerdos de Madrid, se sancionaba la Ley 24.184 por la cual se aprobaba el Convenio suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 con el Reino Unido, para “la Promoción y la Protección de Inversiones”, pese a lo cual, la invasión por parte del Reino Unido sobre los territorios marítimos avanzó de ocupar en 1982 unos 11.410 Km2 de territorio insular argentino a 1,6 millones de km2 en la actualidad; un 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina y, habiéndonos extraído —en estos años— unas 11 millones de toneladas de recursos pesqueros por un valor de 28 mil millones de dólares. ¿El precio de la rendición?

No pareciera que este socio británico con el que firmamos Tratados de Paz y Amistad a los que le promovemos y protegemos las inversiones, sea de confiar. Más bien todo lo contrario. Mientras en la década del 90 se desguazaba el Estado Nacional —también en algún gobierno posterior— a los británicos se les regalaban importantes recursos naturales para dar sustento a la ocupación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, cuestión que, en lugar de denunciar, se contribuía a su sostén y el de Malvinas con investigaciones conjuntas pesqueras, además de facilitarles la logística en Chile, Uruguay y Brasil.

Entre las partes salientes este Convenio con el deseo de crear condiciones favorables para un aumento de las inversiones” se acordaba que no podrían modificarse las inversiones británicas realizadas antes o después del Convenio, entre otras, en materia de “concesiones comerciales otorgadas por ley o por contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales”; las inversiones no recibirán un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias locales (…); deberán recibir  indemnizaciones en casos de (…) emergencia nacional  (…) y los pagos serán libremente transferibles; no se los podrá nacionalizar o expropiar, salvo utilidad pública (…); se garantizará la libre repatriación de las inversiones, ganancias y la transferencia sin restricción de los dividendos (…); las controversias relativas donde el tribunal supere el plazo de 18 meses sin emitir una decisión definitiva serán sometidas a arbitraje internacional (Art. 1º, 3º a 6º, 8º).

Según el Artículo 14º el presente Convenio tendría una vigencia de diez años y un período de doce meses posteriores a la denuncia, salvo aquellas inversiones anteriores al período de expiración que tendrán una vigencia de 15 años a la partir de la expiración del Convenio; de tal modo, que el Convenio en cuestión pudo denunciarse a partir del 11 de diciembre de 2000. Este Convenio, de dudosa constitucionalidad, pese a encontrarse vencido no se le quitó vigencia, ya que el mismo prevé su prórroga automática hasta que sea denunciado por alguna de las partes.

Por un lado, es llamativo que este Convenio no haya aplicado a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ya que es sabido que no son admitidas las inversiones argentinas en estos archipiélagos usurpados por el Reino Unido, en especial, porque en el artículo 1º del Convenio se especifica que “el término ‘territorio’ significa el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o de la República Argentina así como también el mar territorial y cualquier área marítima situada más allá del mar territorial del Estado correspondiente que haya sido designada o puede ser designada en el futuro en virtud de la legislación nacional de ese Estado conforme al derecho internacional como un área dentro de la cual puede ejercer derechos con respecto al suelo y subsuelo marinos y a los recursos naturales…”. Lo que indica taxativamente que el Reino Unido no tiene claro los títulos sobre las islas.

Los discursos políticos posteriores al 2001 denostaron las políticas neoliberales, de las que solo tomaron una distancia verbal, ya que, pudiendo modificar alguna de las muchas tramas legales y urdimbres procesales que tejió una lamentable política de endeudamiento del país y de dependencia, se han abstenido de denunciar —a pesar de que el plazo de vigencia se ha cumplido en exceso— el Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones del Reino Unido.

En orden a lo expresado, es de recordar  que en la década de los años ’90, y como reflejo de las políticas inspiradas en el  llamado “Consenso de Washington”, la República suscribió decenas de Tratados de Protección como uno de los complementos necesarios del proceso privatizador de nuestra economía, que en poco menos de cuatro años, enajenó la casi totalidad de las empresas estatales, a las que previamente  les subvaluó fuertemente  sus activos, obligando al  sector público a asumir los pasivos de las mismas como condición de su venta. Los ingresos por las privatizaciones fueron de aproximadamente 19.500 millones de dólares; de los cuales 14.000 en efectivo y 5.500 en títulos de la deuda externa (aceptados por 14.000 millones a valor nominal). Los pasivos transferidos al Estado por parte de las empresas que fueron privatizadas alcanzaron aproximadamente 20.000 millones de dólares.

La denuncia del Convenio, por la inconveniencia al interés nacional de sus cláusulas, no solo porque afecta a nuestra soberanía, sino porque contradice la política activa que debiera encararse con relación a la invasión sostenida y creciente de nuestros territorios marítimos por parte del Reino Unido.

La   inversiones amparadas en el país por este Convenio tienen asegurada la libre e irrestricta repatriación de todos los pagos relativos a sus inversiones;  la ganancia relativa al capital invertido y los remanentes de la liquidación de dicho capital,  en divisas libremente convertibles; la posibilidad de emplear al personal superior que deseen, sea cual fuere su nacionalidad; la inmunidad frente a cualquier tipo de requisitos de desempeño que les puedan exigir compromisos de exportar mercancías o especifiquen mercaderías o servicios que puedan adquirir localmente, o recaudos similares en beneficio del país que los receptó; convenciones que les otorgan una protección más que ventajosa y un poder financiero que no guarda relación con el magro beneficio social y estructural que eventualmente, pueden llegar a proporcionar.

Como si fueran pocas tales concesiones a la obsesión desmesurada del lucro, también quedó congelada a su respecto cualquier legislación que en el país se dictara a partir de la vigencia del Convenio y de otros similares. (Conforme al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de la Constitución Nacional) Tales leyes y reglamentos, no pueden ni podrán afectar en modo alguno las especificaciones contenidas en el mismo. Esto, como puede advertirse, hace tabla rasa con la normativa del artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…) La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Este Convenio, para un país receptor de capital como el nuestro, implica no sólo la violación de expresos derechos y garantías constitucionales sino, además, la aceptación mansa y callada de unos principios abstractos e inexistentes, que sólo disfrazan apresuradas declinaciones de nuestra soberanía y el abandono negligente del poder de policía y de la obligación estatal de dirigir la economía nacional y de velar por el bienestar común. Poderes, facultades y obligaciones estatales que, por efecto de este acuerdo quedan en manos de empresas extranjeras, cuyo principal objetivo es el maximizar sus ganancias y minimizar sus costos de cualquier índole y en el más breve lapso.

Como una manera nada ingenua de asegurar las facultades otorgadas al capital extranjero, este Convenio desplazó la competencia de los Tribunales locales en la resolución de las controversias que se pudieran plantear con los inversores británicos. Y esta declinación se hizo a favor de foros arbitrales, como el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, según sus siglas en inglés) que funcionan al margen del derecho internacional, constituyendo una suerte de Tribunal Especial para Mercaderes y Financistas, de dudosa imparcialidad.

No menos grave que la imposición del arbitraje por encima del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina con que el CIADI sustenta su competencia, a instancias del inversor, aún en aquellos casos en que los tribunales locales hubieren dictado sentencia en un diferendo (Emilio Agustín Maffezini c/Reino de España”, ARB/97/7).  La misma también ha sido receptada por algunos tratados celebrados por nuestra República, que, de manera incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje aun cuando en la misma ya hubieren sentenciado los tribunales locales.

Así, en el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Canadá, ratificado por Ley 24.125 de 1992, prevé que el inversor podrá someter una disputa protegida por el TBI ante el CIADI, aún después de una decisión del tribunal local, cuando “la decisión definitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero las partes continúen en disputa”; eufemismo que significa, que la sentencia local no favoreció al inversor. Esta curiosa convención está también recogida por el TBI suscripto con Austria, ratificado por Ley 24.328 de 1994, que establece que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de una resolución local, cuando “tal decisión haya sido emitida pero la controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal de arbitraje privará de efectos las decisiones correspondientes adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional”.

En ese desmantelamiento de la soberanía y de la autonomía nacional, y para mayor ludibrio de nuestro ordenamiento jurídico y de todo el derecho internacional vigente, el Tribunal del CIADI interpretó que al no aclararse qué debe entenderse por inversor,  debía considerarse como inversión amparada por este, incluso, la participación minoritaria en una sociedad argentina (International Legal Material, Volumen 40, Nº 2, Marzo 2001), lo que implica que cualquier accionista, con independencia de la actitud de la mayoría accionaria de la sociedad que integra, puede litigar contra la República ante los tribunales arbitrales; doctrina que se plasmó en los numerosos litigios que se abrieron contra la Nación a raíz de la salida de la convertibilidad y del canje de deuda.

No se pretende aislar al país del concierto de las naciones, por el contrario, se aspira con la denuncia del Convenio a que sus relaciones internacionales transcurran en un  marco de igualdad y equidad, amparando el trabajo y el capital nacional, priorizando alianzas regionales y convenciones que permitan el intercambio de bienes y servicios con aportes tecnológicos y claras condiciones de desempeño para los inversores, aseguramiento de valor agregado argentino y respeto al derecho a un medio ambiente sano. No es el caso de las empresas británicas, que han contribuido a todos los procesos privatizadores, que se han dedicado a la explotación de los recursos pesqueros, mineros y petroleros, y que violan nuestra soberanía en nuestros mares y la plataforma continental, a los fines de explotar recursos naturales originarios de la República Argentina.

Es importante puntualizar que después de lo ocurrido con la nueva invasión de Malvinas en 1982, los gobiernos de la democracia acordaron con el Reino Unido un nuevo tipo de relación que, se plasmó en los Acuerdos de Madrid de 1989/90, y se complementó con convenios suscriptos como consecuencia de ellos, entre ellos el Acuerdo conocido como pacto de Foradori-Duncan. No importó a las autoridades de aquel entonces, que la política colonialista del Reino Unido se mantuviera incólume desde la primera invasión a Malvinas en 1833 y fuera sostenida y creciente desde 1982, a punto de tener ocupados en forma prepotente un 52% de los espacios marítimos argentinos.

Aunque transcurrieron muchas décadas desde la primera mitad del siglo XX, los Acuerdos celebrados con el Reino Unido, significaron una tácita ratificación del llamado “Pacto Roca-Runcinman”, celebrado en 1933, que Arturo Jauretche denominara “el estatuto legal del coloniaje”.

Por el Convenio de “Protección y Promoción de Inversiones”, que promovemos denunciar, se favoreció notablemente las inversiones británicas que encontraron, campo propicio, no solo para avanzar en los procesos de privatización desarrollados a partir de la década del 90, sino también consolidar todo un sistema de inversiones diseminado en actividades centradas especialmente en la especulación financiera y la explotación de los recursos naturales. Habría múltiples ejemplos para señalar respecto a ello, pero solo nos referiremos a la explotación del mayor yacimiento de petróleo que tiene nuestro país —Cerro Dragón— que fuera concesionado hasta el año 2043 a la Pan American Energy, empresa cuya mitad del capital accionario pertenece a la British Petroleum y también a la Barrick Gold de Canadá, accionistas petroleras que están explorando la plataforma continental argentina. Como tales inversiones no están desprovistas de capitales financieros especulativos, también el Banco Barclays, resulta ser accionista de una de las petroleras que operan en las Malvinas, habiendo sido contratado por el gobierno Nacional para el anteúltimo canje de deuda externa.

Resulta incomprensible que, ante la negativa pertinaz efectuada por el Reino Unido al reconocimiento de nuestros derechos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y ocupen 1,6 millones de Km2 y exploten la Zona Económica Exclusiva Argentina en el Atlántico Sudoccidental, todavía se promuevan y promocionen las inversiones de ese país a través de este Convenio. Esto es una clara muestra de una desacertada política económica para la cual no resulta incompatible la realización de negocios con empresas que violan nuestra soberanía, explorando y explotando ilegalmente la obtención de recursos energéticos, pesqueros y mineros en nuestro territorio.

Conviene recordar también, para entender en la situación irregular que se encuentran muchas de las inversiones británicas en la Argentina, que, el Congreso de la Nación aprobó en 2008 la Ley 26.386 y en 2011 la Ley 26.659, por la cual se establecieron una serie de requisitos para la explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental Argentina, estableciendo la prohibición a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera y sus accionistas, a realizar actividades en la República Argentina sin la correspondiente habilitación argentina, lo que obviamente, alcanza a todas las empresas que explotan nuestros recursos en el área ocupada por los británicos en Malvinas y, a su vez, se estableció que el Estado Nacional, los Estados provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades en las áreas mencionadas sin haber obtenido habilitaciones para realizar la exploración, explotación de hidrocarburos, minerales o pesca emitida por autoridad competente argentina, razón por la cual, existe una abierta contradicción con el Convenio celebrado con el Reino Unido, por lo que terminar con la vigencia este Convenio, no solo sería revertir una incoherencia jurídica, sino poner fin a la promoción  y protección de inversiones del Reino Unido, en condiciones más ventajosas que a las propias empresas nacionales, a pesar de que ocupa y explota nuestros territorios y recursos, pese a las innumerables Res. de las Naciones Unidades y muy especialmente la 2065/65 y la 31/49. 

Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente (Abelardo López de Ayala)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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