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LA CAUSA MALVINAS

César Augusto Lerena*

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La Cancillería Argentina en sus primeros sesenta días dio algunos pasos positivos destinados a cambiar el modelo de estrategia respecto a la Causa Malvinas, modelo que continuó y profundizó la Cancillería de Malcorra y Faurie. Esta nueva etapa jerarquizó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y puso razonablemente bajo control de ésta a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA); suspendió las reuniones sobre las investigaciones pesqueras conjuntas que se iniciaron el 4 de diciembre de 1995 con el Reino Unido en el ámbito del Atlántico Sur (más allá incluso de la FICZ, la zona de exclusión inglesa); desafectó de la embajada del Reino Unido al Embajador Renato Carlos Sersale, quien en el 2018 había calificado de “máximas autoridades” a las británicas usurpadoras en Malvinas, y a Carlos Foradori de la Embajada ante los Organismos Internaciones con sede en Ginebra, quien en 2016 firmara el lamentable Pacto Foradori-Duncan donde se ratificó de hecho el Acuerdo de Madrid y se declaró: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Nunca, desde el Acuerdo de Madrid, nadie se había atrevido a tanto. Este pacto reactivó las investigaciones conjuntas pesqueras que habían sido suspendidas en el 2005 (debido a que los británicos otorgaron licencias de pesca por 25 años en Malvinas) y, habilitó los vuelos entre Malvinas-San Pablo-Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas a los probables cambios arancelarios a partir del Brexit.

La Causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Podremos, en todo caso, discutir la estrategia y la táctica para el logro de este objetivo, pero no, caer en el absurdo, de considerar máximas autoridades de las islas a las británicas o remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas.

El gobierno saliente ha hecho todo lo posible para favorecer al Reino Unido.

Así las cosas, este nuevo gobierno podría llevar adelante algunas “ideas fuerza” que me limitaré —sin orden de prevalencia— solo a señalar, por tratarse de cuestiones sensibles:

    1. Promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES) en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste, dentro del Tratado del MERCOSUR, entre sus miembros la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus adherentes Bolivia y Chile, con el objetivo de a) Ocupar el área adyacente del Atlántico Sudoccidental con buques de los países del MERCOSUR y adherentes, promoviendo el interés de estos en desplazar la ocupación extracontinental del mar austral; b) Desalentar a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sudoccidental y en el Pacífico Sudeste; c) Promover la utilización de los puertos argentinos, la radicación industrial y la ocupación de mano de obra nacional; d) Integrar las economías, el consumo interno y el comercio internacional de Latinoamérica; e) Consolidar el liderazgo argentino en Suramérica.
    2. Llevar adelante un proyecto de integración rioplatense con la República del Uruguay (renovando una estrategia ya aplicada por el España hace más de 200 años) para fortalecer la presencia argentina en el área norte del Atlántico Sur y su acceso al Río de la Plata. Entre los primeros: a) ampliar los alcances del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo; b) iniciar las conversaciones sobre el emplazamiento y financiamiento de un puerto binacional de aguas profundas (con un marco legal ajustado, similar al vigente entre Argentina y Chile en la explotación minera); c) eliminar los impuestos al transporte entre ambos países para facilitar el intercambio de personas y bienes; d) Promover, a través de sistemas de compensación, la eliminación del uso de los puertos uruguayos por parte de la flota ilegal que opera en el Atlántico Sur; e) Promover una agenda cultural común entre ambos países.
    3. Promover un Acuerdo de complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la Cooperación en el Canal del Beagle; el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico y el turismo en la Provincia de Tierra del Fuego y Chile, de forma de fortalecer la posición de Argentina en el Océano Austral, la Antártida y el corredor bioceánico, generando una relación de mayor confianza con Chile con el fin de promover mayores acuerdos con este país vecino que consoliden la posición Argentina en el mar austral.
    4. Profundizar el pre Acuerdo con la Unión Europea, en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico Sudoccidental); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) a la Unión Europea libre de aranceles y, c) mientras ello no ocurra procurar que la Unión Europea de el mismo tratamiento arancelario a la Argentina que a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina. Entendemos como muy urgente profundizar la relación con algunos países de la Unión Europea, para tratar de incidir respecto al tratamiento arancelario que recibirá la pesca en el Atlántico Sur, etc. y, especialmente España y los territorios de Ultramar (Malvinas, etc.) en esta etapa de negociación post Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
    5. Promover la adhesión de todos los países de América del Sur al Tratado Antártico y la firma de un acuerdo de transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” con el objetivo de visibilizar las acciones de Argentina sobre la Antártida y el Océano Austral (idea original del General Leal) y fortalecer su posición en esta área.
    6. Promover una Comisión de notables y especialistas para producir un Informe relativo a los llamados Acuerdos de Madrid y la eventual convocatoria a una bicameral, en función del quebrantamiento por parte del Reino Unido de la Resolución de la ONU 31/49 que pidió a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones de soberanía e instó a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras no se realicen las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía (Res. 2065/65 y Res. 3160/73) y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU Nº 3171/73 y ONU 3175/73 relativas a soberanía sobre los recursos naturales que no deben explotarse en el país ocupado.
    7. Promover Acuerdos con las flotas pesqueras (y muy especialmente con las españolas) que pescan en el área adyacente del Atlántico Sur para desalentar el uso de licencias británicas en Malvinas y, provocar, accesoriamente, el aumento de la industrialización en la Argentina y la consecuente generación de empleo nacional. Es urgente tomar algunas acciones destinadas a desalentar la iniciativa de construir (BAM Nuttall Ltd.) un nuevo puerto en Malvinas, cuya firma del contrato estaría previsto realizar en marzo de 2020.
    8. Ratificar la congelación de las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido en Malvinas hasta que a) la Argentina no pueda controlar a través de observadores nacionales las capturas de los buques extranjeros licenciados ilegalmente por el Reino Unido, b) Establecer el daño ecológico que provoca esta captura, en atención a que el ecosistema es único en el Atlántico Sur y las capturas de estos buques afectan a la biomasa pesquera y al recurso que captura la Argentina en su territorio.
    9. Establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y Austral y, en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva Argentina donde migran especies pesqueras argentinas que luego son capturadas por buques extranjeros ilegales, fundado, en que la falta de control de Argentina, en esos espacios marítimos, impide controlar las extracciones y descartes de los recursos migratorios nacionales, depredando los recursos y comprometiendo el ecosistema en el Atlántico Sur.
    10. Revocar la autorización de los vuelos desde Malvinas a San Pablo, ya que a prima-facie se entiende que frente al Brexit esta ruta favorecerá el comercio de las Islas Malvinas a un mercado de alto consumo como es San Pablo y la apertura desde esta ciudad al comercio mundial.
    11. Elaborar un Proyecto de Ley de Toponimia en las Islas Malvinas en homenaje a los argentinos caídos en Malvinas (ya elaboré un proyecto al respecto), denominando con sus nombres a todas las islas, islotes, penínsulas, etc., y crear la Comisión de Toponimia de las Islas Malvinas para que en un año eleve al Poder Ejecutivo los nombres propuestos.
    12. Todas las acciones que deriven de las relaciones referidas a Malvinas.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CONCEPTO DE DESARROLLO

Cesaltina Abreu[1]*

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Parece lógico argumentar que los fundamentos del desarrollo deberían ser la educación (principalmente la educación básica y profesional) y la salud (la atención primaria en primer lugar), sin la cual ninguna construcción durará. Es cierto que los recursos son escasos. Sin embargo, no se trata de dedicarlos por completo a estos sectores, sino solo de fortalecerlos significativamente.

Muchas acciones podrían llevarse a cabo sin un aumento significativo en los gastos, si hubiera voluntad política e imaginación creativa para hacerlo. El desarrollo no es solo una cuestión de recursos financieros. La regionalización en espacios internacionales también es un capítulo indispensable para la mayoría de los países africanos. Su realización se justifica por razones económicas obvias —ampliación de mercados, complementariedad de producción, etc.— pero es muy relevante a nivel político como una transición hacia el espacio económico y político mundial.

La realidad no es unidimensional y el concepto de “desarrollo” no puede encerrarse en lo económico stricto sensu y menos aún en lo ideológico. La postura tecnocrática de un cientificismo que solo se enfrenta a un punto de vista, que solo aborda causas materiales y que solo cree en un “desarrollo” ilimitado a la manera de Rostow[2], olvida que esta perspectiva es solo el resultado de nuestra civilización de la hiperespecialización del conocimiento, de la degradación concomitante de la cultura general y, después de todo, de la pérdida de aptitud para aprehender problemas fundamentales y globales. La concepción y el análisis del “desarrollo” es inseparable del contexto social en el que se proyecta, es decir, de la cultura donde la acción  sumerge en sus raíces.

En una declaración en las Conferencias de Estoril, el escritor mozambiqueño Mia Couto Mia Couto[3] afirmó que el hambre es un arma de destrucción masiva y que es la mayor causa de inseguridad en nuestros tiempos. Según él, 1 de cada 6 personas es víctima del hambre. De acuerdo con Mia Couto, es importante recordar que el Desarrollo, como resultado esperado de la gobernanza en sus diversos aspectos, traduce “(…) un proceso de ampliación de las opciones de individuos y poblaciones y de permanentemente elevación de su nivel de bienestar. Estas opciones no son finitas ni estáticas y su expansión es el resultado de varios determinantes, entre ellos, el desarrollo de sociedades cada vez más democráticas y altamente equitativas, en el acceso a oportunidades para el desarrollo individual y colectivo.

Las opciones más elementales para el desarrollo humano son: una vida larga y saludable; adquisición de conocimientos y habilidades y acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida adecuado”[4].  

La visión del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades en lugar de la acumulación de riqueza, enfatizando todos sus componentes sociales y políticos sin negar la importancia del mercado en la creación de riqueza, se encuentra más allá de una perspectiva de mero crecimiento de la sociedad del producto y de los ingresos. Implica un equilibrio más apropiado entre las fuerzas del mercado y las instituciones sociales, una estructura legal socialmente más justa, derechos de propiedad, acceso al crédito (incluso sin tener capital) y financiamiento, igualdad entre hombres y mujeres, todo dentro de un marco de referencias en que la amplia participación de la población crea condiciones para la generación de nuevas formas de solidaridad y responsabilidad social para el logro de objetivos definidos en consenso, en negociación y actualización permanente[5].

Las perspectivas locales son muy interesantes, muestran nociones de universalidad (la movilización de todos los participantes relevantes) y la capacidad, a pesar de las intenciones de los poderes instituidos respectivos, de desarrollar e implementar políticas locales apropiadas, legitimándolas en términos de promover su propias ideas de desarrollo y de progreso social. Sin embargo, estas iniciativas locales se ven afectadas por una falta crónica de recursos, generando frustraciones y proporcionando dependencias, tanto en relación con el poder central como en relación con los actores externos.

Y ambos lados de esa dependencia tienen consecuencias:

1º. La opción de un modelo de desarrollo socialista, presentada como inevitable dado el contexto de la guerra fría en la que Angola fue una de las etapas de la confrontación entre los antiguos bloques capitalistas y socialistas, no solo no corrigió las distorsiones heredadas de la era colonial, sino que también contribuyó a exacerbar los conflictos sociales y culturales, a menudo basados ​​en argumentos étnicos o raciales, resultantes de la colonización y de la formación de un estado colonial mediante la anexión de varios reinos que existieron en el espacio geográfico que hoy corresponde al país Angola, con consecuencias políticas, sociales y económicas evidenciadas por el alto nivel de exclusión social y por la creciente desigualdad social, privilegiando a una pequeña minoría y llevando a la gran mayoría de su población a una situación de pobreza muy severa. El drama es que 43 años después de la independencia, no se vislumbran alternativas a la fuerte alianza entre los intereses y las élites políticas y económicas en el poder;

2º. Porque la ideología dominante a nivel internacional es neoliberal, según la cual el bien colectivo se considera el resultado de una acción basada en el interés propio[6] y la creencia en la mano invisible del mercado dentro del alcance de un proyecto amplio para inventar una realidad cuya raison d’être reside en la reproducción del Consenso de Washington, con la intención de expandirse a todas las sociedades del mundo, independientemente de las realidades socioeconómicas, culturales y políticas de cada una, en una negación agresiva de otras realidades[7]. Y es dominante en el sentido de que busca imponer sus puntos de vista sobre la organización de las relaciones sociales en un entorno en el que el mercado es responsable de tomar decisiones políticas y sociales vitales y en el que el Estado desetima funciones asumidas anteriormente, particularmente con respecto a la protección social del ciudadano, dejando de ser el lugar de lo universal. Sucedió lo que Polanyi temía durante más de 50 años, cuando declaró que “permitir que el mecanismo del mercado gobierne exclusivamente el destino de la humanidad y su ecosistema natural (…) conduciría a la devastación de la sociedad” [8].

Los mecanismos de asistencia pública al desarrollo y a la asistencia humanitaria de emergencia condicionan el acceso a los recursos para la implementación de reformas institucionales y para la incorporación de prácticas y valores democráticos en las relaciones sociales, cuya identificación no tuvo en cuenta las necesidades y las aspiraciones de las sociedades donde son ‘impuestos’.

La gran dependencia de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que caracteriza a nuestras sociedades, las hace muy vulnerables a la influencia de estos actores globales. En los últimos años, a las ‘ONG del norte’ —en el léxico desarrollista, que se transmite desde el norte desarrollado hasta el sur atrasado—, se les ha dado el mandato de democratizar el mundo a través de la difusión y de la promoción de la democracia y la sociedad civil como parte de su misión pro-desarrollo, en una estrategia muy liberal de reducir cuestiones esencialmente políticas, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia social, entre otras, a cuestiones económicas o éticas, despolitizando los diversos dominios del mundo de la vida, para tratar conflictos políticos a través de mecanismos de mercado[9].

En la perspectiva del desarrollo sostenible, la preservación del medio ambiente debe entenderse como una parte integral del proceso de desarrollo y no puede considerarse de forma aislada; aquí es donde entra una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo?

La diferencia es que el crecimiento no conduce automáticamente a la igualdad ni a a la justicia sociales, pues no tiene en consideración ningún otro aspecto de calidad de vida que no sea la acumulación de riquezas, lo que  apenas favorece a algunos individuos de la población.

El desarrollo, a su vez, tiene que ver con la generación de riqueza, pero tiene el objetivo de distribuirla equitativamente, de mejorar la calidad de vida de toda la población, teniendo en cuenta la calidad ambiental del planeta.

Una estrategia de desarrollo sostenible se basa en seis pilares fundamentales que deben entenderse como objetivos:

1. Satisfacer las necesidades básicas de la población (educación, alimentación, salud, vivienda, ocio, etc.);

2. Solidaridad con las generaciones futuras (preservando el medio ambiente para que tengan la oportunidad de vivir);

3. La participación de la población involucrada (todos deben ser conscientes de la necesidad de conservar el medio ambiente y hacer que cada individuo sea parte de ello);

4. La preservación de los recursos naturales (tierra, agua, oxígeno, etc.);

5. La elaboración de un sistema social que garantice el empleo, la seguridad social y el respeto a otras culturas (erradicación de la miseria y los prejuicios);

6. La efectividad de los programas educativos.

Basado en los conceptos principales que subyacen en el debate sobre el papel de la Universidad frente a las condiciones sociales y económicas que influyen en la cultura, la soberanía y la sostenibilidad de nuestros pueblos, y considerando la necesidad de fortalecer las acciones a favor de movimientos como: economía solidaria, agroecología, proyectos y prácticas socioambientales, educación para la ciudadanía en todos los campos de producción de conocimiento, comenzando dentro de la propia Universidad, entiendo que estos esfuerzos pueden y deben ser apoyados por una Universidad que esté abierta al intercambio de experiencias no solo dentro de la academia, pero sobre todo con la sociedad, lo que lleva a la identificación de estrategias y modelos alternativos de convivencia y preservación (naturaleza y cultura), dando prioridad al acceso responsable y al uso de los recursos más directamente involucrados en la implementación de cualquier estrategia de soberanía alimentaria, a saber, su conocimiento y su divulgación, la tierra, el agua, el uso y la difusión de tecnologías capaces de fortalecer las unidades y acciones políticas, promoviendo y manteniendo, con su producción científica, el movimiento continuo para la transformación de la sociedad liderado por aquellos que luchan por una sociedad más justa tanto en el campo como en la ciudad.

* Universidade Catòlica de Angola (UCAN).

Referencias

[1] Extracto de la comunicación “‘Que’ Ciências Sociais para ‘que’ Desenvolvimento”? al VIII Colóquio da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, que se realizó en Luanda (Angola), los dias 25 y 26 de octubre de 2018, bajo el  lema Retomar el Desarrollo en Angola.

[2] ROSTOW, W. W. «The Take-Off into Self-Sustained Growth» en A. N. Agarwala & S. P. Singh (eds), The Economics of Under development. Oxford, Galaxy, 1963. [400-435]

ROSTOW, W. W. Etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não-comunista. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 6ª edição 1978.

[3] COUTO, Mia (2011). “Murar o Medo”. Comunicação à Conferência no Estoril, Portugal. https://airtonbc.wordpress.com/tag/murar-o-medo/

[4] Relatório de Desenvolvimento Humano – Angola 1999, PNUD, p.17.

[5] SEN, Amartya (2000), “Desenvolvimento como Liberdade”. Companhia das Letras, Rio de Janeiro, Brasil.

[6] EDER, Klaus. (2003), “Identidades Coletivas e Mobilização de Identidades”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº. 53, pp.5-18.

[7] MACAMO, Elísio. (2005), The Hidden Side of Modernity in Africa – Domesticating Savage Lives. En Sérgio Costa, José Maurício Domingues, Wolgang Knöbl e Josué P. da Silva (orgs.), Modern Trajectories, Social Inequality and Justice. Mering, Hampp (no prelo).

[8] POLANYI, Karl. [1944] (2000), A Grande Transformação. As origens da nossa época. Rio de Janeiro, Editora Campus Ltda.

[9] ABREU, Cesaltina (2008). “O Espaço Público em Angola: uma perspectiva a partir da sociedade civil”. Comunicación a la 12ª. Asamblea General del CODESRIA bajo el lema “Gobernar el Espacio Público Africano”, 07 al 11 de diciembre de 2008, Yaoundé, Camarões.

Traducido del portugués por Marcelo Javier de los Reyes.

GEOPOLÍTICA Y ALIMENTOS. EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LA COMPETENCIA INTERNACIONAL POR LOS RECURSOS NATURALES.

Introducción del libro de Juan José Borrell, 2019, Buenos Aires: Editorial Biblos

Juan José Borrell*

El suministro alimentario es un asunto vital para la geopolítica mundial. En las últimas décadas la competencia internacional por los recursos naturales ha generado la inclusión de los alimentos en ponderaciones estratégicas y de seguridad de potencias centrales y emergentes. En un mundo donde una de cada nueve personas padece hambre crónica y espera aumentar al año 2050 su población a más de 9.300 millones, cobra significativa importancia analizar los factores geopolíticos que condicionan el suministro alimentario. El sistema agroalimentario mundial, hegemonizado por Estados Unidos de Norteamérica durante la Guerra Fría, ha estado sujeto a un proceso de reconfiguración estructural por el efecto de una difusión mundial del poder desde comienzos del siglo XXI. En paralelo, países en desarrollo acentuaron la tendencia hacia una mayor periferización, lo cual implica posicionamientos subordinados al circuito agroalimentario y la vulneración de las condiciones para que la población local alcance la seguridad alimentaria. El caso de Argentina durante el período 1996-2016 es referencial. Desde una perspectiva realista este libro contribuye a formar una mirada crítica y a develar mitos sobre los desafíos y tendencias a futuro en materia agroalimentaria.

 

Link: https://www.editorialbiblos.com.ar/libro/geopolitica-y-alimentos_99614/

El tema de Geopolítica y Alimentos es la incidencia de la competencia internacional por los recursos naturales en la seguridad alimentaria. El libro tiene como objetivo central analizar desde una perspectiva geopolítica los factores mundiales o tendencias que inciden en el sistema agroalimentario internacional, en particular las dinámicas de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales que incluyen al suministro alimentario, y de este modo comprender las condicionantes de la seguridad alimentaria tanto en un plano mundial como local.   

El concepto de seguridad alimentaria, formulado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU), refiere a que ésta existe cuando todas las personas tienen acceso físico y/o económico permanente a suficientes alimentos nutritivos e inocuos para cubrir sus necesidades alimenticias según sus preferencias culturales para una vida sana y activa. Actualmente se estima que a nivel mundial existen aproximadamente 821 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria o hambre crónica —una de cada nueve personas en el planeta—, de las cuales cerca de 40 millones se encuentran en la región América Latina y Caribe (FAO, 2018). De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por ONU y consignados por los países miembros del organismo, se espera solucionar el desafío mayor de la subalimentación y el hambre en el mundo hacia el año 2030.

Según la FAO, la seguridad alimentaria en sus cuatro dimensiones constitutivas —disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización— debería ser garantizada para toda la población por las acciones que disponen los Estados respecto al suministro alimentario. Aunque en el proceso de diseño de políticas públicas y toma de decisión deben también contemplar la interacción del propio país respecto a la economía política internacional, en particular la manera en que los componentes del sistema alimentario doméstico se relacionan con el sistema agroalimentario internacional.

En este sentido, ciertos factores mundiales o tendencias geopolíticas pesadas inciden en la economía política de los países; en particular el trabajo considera el fenómeno de competencia por los recursos naturales. Lo que algunos especialistas han dado en denominar competencia por los recursos naturales refiere a un complejo conjunto de dinámicas a nivel mundial, particularmente acentuado desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad, en las que una diversidad de actores estatales y corporativos pugnan por acceder, acaparar, apropiarse y controlar fuentes, yacimientos, circuitos de extracción, comercialización, transformación y/o consumo de recursos naturales. En lo que respecta a los alimentos, los recursos naturales que son objeto de dicha competencia incluyen directamente ítems agrícolas particulares como trigo, maíz, arroz y soja entre otros, pero más aún recursos básicos necesarios para su producción, como tierra fértil, agua y biodiversidad, así como también recursos que parecieran no tener relación directa como los hidrocarburos pero que son vitales para el circuito agroindustrial. Diversos procesos como la carrera por el petróleo son más conocidos, sin embargo otras dinámicas recientes menos conocidas —por ejemplo el acaparamiento de tierras (land grabbing) y la apropiación de recursos genéticos— presentan desafíos cruciales que deberían ser investigados y ponderados en el diseño y aplicación de políticas que tienen como objetivo garantizar el acceso y la disponibilidad de un suministro alimentario.

El tema de investigación de Geopolítica y Alimentos adquirió relevancia internacional en el contexto de marcado aumento del precio de los alimentos en los años 2007-2008. Desde entonces quienes se dedicaron a investigar y divulgar dicha cuestión —agencias gubernamentales para el desarrollo, organismos internacionales y especialistas universitarios de países centrales entre otros— dispusieron información cuantitativa de medios y recursos involucrados, sin embargo el área temática quedó vacante en lo que respecta a comprender la dinámica de competencia internacional en sí. Es decir, no sólo considerar en una visión de conjunto por ejemplo la incidencia de la matriz hidrocarburífera en la relación costo-ganancia del sistema agroproductivo o las mejoras técnicas agronómicas para obtener mayores rindes, sino que la lógica geoestratégica de competencia por los recursos naturales, la cual se relaciona directamente con la noción de competencia posicional internacional del campo disciplinar de la geopolítica y la política internacional. En paralelo, otra significativa vacancia que presentaba esta temática era la manera que incidía la competencia por los recursos naturales en la seguridad alimentaria, cuestión que se aborda en la investigación como objetivo principal. En otras palabras, el modo que por un lado a nivel sistémico dicha tendencia geopolítica pesada incide en el circuito de suministro alimentario mundial, y por otro la manera que condiciona el suministro alimentario de un país periférico, vital para la seguridad alimentaria de la población local.

Por lo cual, el período marco que aborda el texto comprende dos décadas, iniciando en el año 1996 con el cambio clave que implica para el sistema agroalimentario internacional la introducción y expansión del modelo de cultivos con semillas genéticamente modificadas, y cerrando en el año 2016 con la significativa reconfiguración a nivel estructural que adquiere el sistema agroalimentario internacional a consecuencia de los procesos de las dos décadas previas —entre ellos la competencia internacional. Vale destacar que los procesos mundiales en materia agroalimentaria durante el período seleccionado, y durante el tiempo de elaboración del trabajo, han tenido un ritmo vertiginoso. Un lustro atrás el escenario era diferente, derivado de ello también los supuestos del conocimiento e interrogantes. Actualmente la configuración del sistema agroalimentario es distinta, y dada la velocidad de los procesos estructurales mundiales es altamente probable que en el corto plazo vuelva a reconfigurarse.

Metodológicamente, sin pretender caer en la rigidez de las taxonomías convencionales de las disciplinas ni en un encorsetamiento explicativo causa-efecto, como si las unidades de análisis del tema fuesen objetos cerrados mensurables y los procesos globales movimientos mecánicos cuantificables y predecibles, la investigación establece de manera aproximada algunas variables generales de análisis: en primer lugar parte del supuesto que la configuración geopolítica mundial está integrada por un amplio conjunto de actores estatales y corporativos principalmente que están en pugna permanente en pos de mejorar su posición en el sistema mundial y su quantum de poder, por lo que los posicionamientos son diferenciados y conforman un sociograma asimétrico y jerárquico de actores. En este sentido, esa dimensión mundial que es dinámica y competitiva, protagonizada por los actores con mayores capitales de poder económico y militar —denominados comúnmente potencias de primer y segundo orden— tiene un carácter independiente. Es decir, inevitablemente desde un nivel sistémico puede influir en procesos a nivel subsistémico, aunque no necesariamente los determine. De aquí que el fenómeno singular que adquiere cierta condición de causalidad en el esquema explicativo de la investigación es la dinámica de competencia internacional por los recursos naturales, proceso tributario de la dinámica mayor antes mencionada de competencia posicional sistémica.

Por su parte, la dinámica de competencia internacional por los recursos naturales que incluye a los alimentos, incide en la seguridad alimentaria a través de los componentes que conforman el sistema de suministro agroalimentario. Como la seguridad alimentaria está en estrecha relación con el suministro de alimentos, la configuración que tiene dicho circuito, más allá de poseer características propias, es afectada por la dinámica de competencia internacional. En este sentido, la investigación establece que la configuración particular del sistema agroalimentario internacional, está influida por la competencia internacional por los recursos naturales y a su vez incide en las condiciones de la seguridad alimentaria. Es decir, articula ambas instancias, es influida y a la vez influye. Esta situación de estar en medio de la interrelación explicativa, le confiere el carácter de fenómeno interviniente. En particular —y este es un aporte original del libro— por su configuración desde el contexto de la segunda post-guerra mundial y durante el período de la Guerra Fría, podemos afirmar que constituye lo que denomino un poder estructural agroalimentario. Dicha matriz estructural específica, coincide de manera tributaria con la conformación de un poder de tipo estructural a nivel sistémico que durante el período mencionado tuvo su epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU).

Finalmente, luego de caracterizar las tendencias geopolíticas pesadas y la consecuente reconfiguración del poder estructural agroalimentario durante el período 1996-2016 —efecto de la dinámica de competencia internacional por los recursos— se pondera por un lado su incidencia negativa en las dimensiones de la seguridad alimentaria, y por otro la relación funcional que establece con sistemas agroalimentarios de países en desarrollo y/o menos desarrollados, tomándose Argentina como caso de referencia de periferización subordinada.

Los dos principales interrogantes a elucidar entonces son: primero, ¿cómo incide la competencia internacional por los recursos naturales durante el período 1996-2016 en la configuración del poder estructural agroalimentario heredado de la Guerra Fría? ¿Genera una difusión mundial del poder entre distintos actores o un fortalecimiento de la matriz estructural de poder con epicentro en EEUU? En segundo plano, derivado de lo anterior, ¿a partir de qué factores el sistema agroalimentario argentino establece una relación de subordinación al poder estructural agroalimentario de manera tal que es funcional a su fortalecimiento y a la vulneración de las dimensiones de la seguridad alimentaria nacional?

Cada pregunta problema tiene como objetivo específico, en primer lugar, identificar los componentes del poder estructural agroalimentario e interpretar su significancia geopolítica mundial. Luego, analizar la incidencia de la competencia internacional por los recursos naturales en la configuración del poder estructural agroalimentario, a partir de identificar ciertas dinámicas mundiales de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales durante el período seleccionado. Por otro lado atendiendo al interrogante sobre el caso argentino, identificar los componentes de su sistema agroalimentario que implican una relación subordinada y funcional respecto al poder estructural agroalimentario internacional.

De aquí que la proposición central de Geopolítica y Alimentos plantea que en el marco de la competencia internacional por los recursos naturales durante el período 1996-2016, Argentina a partir de su sistema agroalimentario establece una relación subordinada respecto al poder estructural agroalimentario internacional, vulnerando las dimensiones de la seguridad alimentaria nacional.

Para su desarrollo el cuerpo del libro se divide en cinco capítulos. Cada uno aborda las variables centrales de la investigación, a excepción del primero que establece los conceptos, perspectivas teóricas e interrogantes que contribuyen al análisis.

El primer capítulo entonces realiza un desarrollo de las distintas perspectivas teóricas y nociones —aunque cada sección ameritaría al menos un volumen para su debido tratamiento— y presenta el enfoque epistemológico interdisciplinario de la investigación, a partir de comprender que los supuestos subyacentes de las ciencias sociales convencionales no son suficientes para abordar la temática en su complejidad. En este sentido, se toman conceptos y perspectivas de subcampos como la geopolítica, la política internacional y la economía política que permiten una aproximación realista y crítica al conocimiento desde un enfoque analítico cualitativo.

El segundo capítulo desarrolla la conformación y evolución del poder estructural agroalimentario durante el período de la Guerra Fría como una manifestación de la situación excepcional que goza los EEUU finalizada la gran contienda bélica en 1945. El concepto se desarrolla a partir del aporte conceptual de la economista y politóloga inglesa Susan Strange, focalizando en las estructuras particulares que contribuyeron a su formación respecto al sistema agroalimentario mundial. Se priorizan cuatro facetas: la seguridad geoestratégica, el orden económico-político internacional y su incidencia en la comercialización granaria, el cambio tecnológico y ampliación al agro de la matriz industrial hidrocarburífera, y la política denominada desarrollo internacional en el marco de la doctrina de la Contención.

El tercer capítulo aborda la dinámica general de competencia internacional finalizada la Guerra Fría en el contexto de expansión económica mundial de la década de 1990; así como también el modo que esto incide en la elaboración de las agendas de seguridad estratégica y la percepción de amenazas de las potencias centrales atlánticas, haciendo especial hincapié en la ponderación de tendencias geopolíticas pesadas que comprenden de manera general al suministro alimentario como el crecimiento de la población mundial y la securitización de lo ambiental.  

El siguiente capítulo, derivado del anterior, aborda los procesos globales de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales en el período seleccionado. En particular, se destacan las acciones y dinámicas que involucran indirectamente al suministro alimentario —hidrocarburos, tierra fértil, agua potable y biodiversidad— y que también incluyen la problemática de los recursos naturales en las agendas de seguridad de las potencias atlánticas, tomando distancia analítica de los documentos y bibliografía que emiten tales planteos, a los efectos de elaborar una perspectiva propia.   

Finalmente el quinto capítulo, trata por un lado la reconfiguración del poder estructural agroalimentario durante el período 1996-2016 y por otro lado de manera relacionada el caso argentino. Esto implica una doble perspectiva geopolítica: una dimensión de tipo simétrico que corresponde a la dinámica horizontal de competencia entre potencias económicas de Europa, EEUU, Japón y recientemente China; y desde una dimensión de tipo asimétrico corresponde a la dinámica vertical entre las potencias centrales mencionadas y países en la periferia mundial, en particular Argentina.

Por el análisis de carácter geopolítico del libro, cabe aclarar que si bien en algunas secciones se emplean datos estadísticos y diagramas de flujo, es sólo a título ilustrativo, como mero recurso didáctico con el objeto de facilitar la comprensión significativa de algún fenómeno o proceso más general. De ninguna manera el enfoque de la investigación es nomotético ni cuantitativista. Lo que es aún más, pretender hacer un estudio cuantitativo en esta temática sería una gran ingenuidad. Por tomar dos grandes ejemplos que demuestran de manera realista que no es factible un abordaje desde dicha metodología: primero, el número de personas que padecen subalimentación crónica. La misma FAO ha variado en su reporte oficial del estado de la inseguridad alimentaria mundial la cifra total de un año a otro (2011-2012) en más de 250 millones de personas, reconociendo que su método de medición no es exacto, tiene un amplio margen de error, y está sujeto en algunos países menos desarrollados a que entes nacionales procuren datos censales; cuando en diversos casos tales instituciones no existen, menos los censos, a veces tampoco la voluntad política de reconocer el estado nutricional de la población doméstica, o lo que es todavía más: tampoco existe un Estado en todo el territorio que figura en un mapa por fuera de una ciudad capital. En algunas subregiones del África subsahariana, áreas grises sin presencia estatal o en situación de conflicto armado, las estadísticas se grafican por aproximación estimativa desde una oficina técnica en la sede del organismo en Roma sin medición en terreno de indicadores nutricionales y de salud de las personas referidas como “los hambrientos”. ¿Cómo resuelve entonces el gobierno de un país débil los indicadores (inexistentes) de emaciación y retraso del crecimiento infantil o anemia en mujeres lactantes, careciendo de capacidades para la proyección estatal a su entero territorio?

El segundo ejemplo de imposibilidad de estudio cuantitativo riguroso, más allá de lo superficial de los discursos corporativos o las cifras del comercio granario mundial que son de relativo fácil acceso, es que no existe información pública fehaciente sobre la relación autoridad-mercado. La naturaleza privada del sistema agroalimentario donde grandes corporaciones transnacionales articulan oligopólicamente el entero circuito, vuelve muy difícil conocer el grado de influencia del conglomerado del agribusiness internacional sobre la política nacional, el origen de una decisión político-económica en el inmenso mar del sistema agroalimentario mundial, o bien el real alcance político de un ministro de un país periférico, cuando —a modo de analogía— una corporación del conglomerado alimentario como Coca-Cola tiene mayores ganancias anuales que el PBI de un país latinoamericano rico en recursos como Bolivia.

De igual manera, la configuración del poder estructural agroalimentario presenta la dificultad de ahondar en la descripción de sus componentes a los efectos de lograr un esquema detallado de, en palabras de Strange, «el quién-obtiene-qué en el sistema como un todo». Por lo que de la investigación surgen algunos interrogantes que es preciso entender que no tienen respuesta, otros no son operacionalizables, o bien la información no es accesible y la respuesta se formula por inferencias o aproximación comprensiva; por ejemplo: no es posible acceder públicamente a información fidedigna sobre qué volúmenes de cereales acopian y comercializan a nivel mundial grandes traders como Cargill, Bunge o Dreyfus, y cómo incide dicho oligopolio en la formación del precio internacional de las commodities. Tampoco saber quiénes son los propietarios del capital de las compañías navieras en la era de las finanzas transnacionales y qué volúmenes reales de cereales trasportan. A todas luces la acción de los grandes actores del comercio cerealero mundial no coincide con los principios enarbolados de estabilidad, predictibilidad y libre oferta-demanda, ya que la clave del circuito es el control oligopólico y gestión de la volatilidad del precio internacional.

La realidad indica sin lugar a dudas el principio que el conocimiento es poder y que una de las condiciones puras del poder es el control de la información que debe circular. De todos modos, ello no es impedimento para la realización de una investigación desde otro enfoque epistemológico-metodológico. En rigor de verdad, dada la importancia del sistema agroalimentario en su dimensión internacional y doméstica el cual involucra los intereses geoestratégicos de las potencias centrales del planeta, pretender comprenderlo desde el cuantitativismo econométrico o la técnica aplicada de las ciencias biológicas, resultaría funcional a dejar fuera del análisis las condicionantes políticas y los juegos de poder. Por lo que el análisis general propuesto del libro es de carácter geopolítico, realista y elaborado desde la perspectiva de un país periférico. Quiere decir esto que procura ser objetivo respecto a distintos sectores e instituciones, pero además indagador incluso de los supuestos “evidentes” y las preguntas sin respuesta.

En los últimos años ha proliferado cierta bibliografía académica e institucional que aborda aspectos y relaciones del sistema agroalimentario a nivel internacional y en casos locales. Sin embargo, al principio del período seleccionado cuando comenzaron a aplicarse los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM), por fuera del ámbito supuestamente neutral de la técnica y del optimismo rentístico del sector agropecuario, la bibliografía académica internacional con mirada crítica del impacto de los transgénicos era escueta o bien inexistente; algunos estudios provenían de asociaciones civiles ambientalistas. A casi una década de iniciado el proceso, comenzaron a aparecer algunos estudios internacionales pero con perspectivas “desde el Norte”. Existía por lo tanto un vacío disciplinar que no lo ocuparon los estudios que investigaron los efectos ambientales del uso de la dupla transgénicos-agroquímicos, ni los trabajos de sociología rural sobre la implementación en gran escala de la siembra directa, así como tampoco los valiosos pero puntuales estudios que en su momento denunciaron el sistema internacional de patentes sobre la propiedad intelectual en materia biotecnológica. En este sentido, un aporte de Geopolítica y Alimentos no ponderado antes por otros autores, consiste en analizar de manera integral con una perspectiva geoestratégica la matriz agroproductiva actual en tanto herencia singular del período de la Guerra Fría. Por sus componentes, la matriz agroproductiva puede ser entendida como el dispositivo particular que a nivel sistémico contribuye por un lado a dinamizar la competencia internacional por los recursos naturales, y por otro a reforzar el poder estructural agroalimentario.

Al respecto, tampoco existe casi bibliografía en el subcampo de la seguridad internacional que en el conjunto de elementos que son objeto de la competencia por los recursos naturales incluya a la biodiversidad genética, exceptuando los estudios en materia de bioterrorismo que tratan el riesgo que presenta el empleo de OGM como arma bionanotecnológica. De los recursos naturales objeto de la competencia (hidrocarburos, tierra fértil y agua potable), pocos analistas académicos han incluido a los alimentos, y en particular los recursos genéticos vitales para la producción agroalimentaria. De aquí que la investigación parte del presupuesto que el sistema agroalimentario está incluido en la competencia internacional por los recursos naturales, y que particularmente la biotecnología es un instrumento potenciador de dicha dinámica.

Lo anterior no implica que en ámbitos no académicos se haya omitido abordar la cuestión del suministro de alimentos como objeto de competencia internacional y su contribución a la seguridad mundial. Por el contrario, el tema adquiere prioridad en las agendas de seguridad de potencias atlánticas a partir del fenómeno de aumento del precio internacional de las commodities agrícolas de 2007-2008. Reportes de influyentes agencias gubernamentales y think-tanks norteamericanos y británicos incluyen desde entonces al suministro alimentario como asunto central en la percepción de amenazas para la seguridad. Al mismo tiempo organismos multilaterales especializados abordaron en estudios económicos las causas internacionales y riesgos de la tendencia al alza del precio de las materias primas alimenticias. En los últimos años, casi fuera ya del período investigado, por la dimensión del circuito internacional y los factores geopolíticos intervinientes en la elaboración de prospectivas a mediano y largo plazo, se acentuó la tendencia de comprender al suministro alimentario como un asunto de seguridad internacional.

En definitiva, las fuerzas de fondo que dinamizan y dan rumbo al entero circuito agroalimentario mundial, escapan al saber técnico aplicado y fragmentado convencional de ámbitos universitarios y empresariales. Es labor de la geopolítica procurar realizar el esfuerzo de comprensión de la compleja madeja que imbrica el sistema agroalimentario internacional con la seguridad alimentaria. Esa es la tarea que Geopolítica y Alimentos invita a recorrer.

Juan José Borrell*

Profesor Titular de Geopolítica en nivel posgrado, Universidad de la Defensa Nacional (ESG, UNDEF), Buenos Aires. Profesor Adjunto e Investigador, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Miembro de la Delegación Argentina ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma, 2011 a 2018