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América Latina, CARIBE

PESCA ILEGAL Y EXPOLIACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

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César Augusto Lerena*

Teniendo en cuenta toda la legislación internacional y la nacional de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, la de la Unión Europea y Estados Unidos y la depredación que la flota que pesca a distancia extrayendo en forma anual de Latinoamérica recursos pesqueros de una magnitud que impiden el desarrollo de los pueblos.

Entendiendo «por PESCA ILEGAL, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella que se captura voluntaria y/o libremente de especies pesqueras, sin cumplir total o parcialmente con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control independiente y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o desde alta mar a la ZEE, donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y la evasión fiscal» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y depredación”, Ed. Proyecto Sur, 2014).

Comprendiendo que no hay faltas leves frente a la PESCA ILEGAL, ya que la depredación de los recursos pesqueros y la contaminación del medio marino son hechos graves que atentan contra el ecosistema y los recursos alimenticios de la humanidad y teniendo en cuenta los porcentuales deducidos por la FAO, estimamos (CESPEL, Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, 2022) que —sin tener en cuenta los descartes de pesca incidental y/o especies no comerciales realizados por los Estados ribereños en las ZEE- en Latinoamérica y El Caribe los Estados de pabellón que pescan a distancia los recursos pesqueros migratorios, realizan una PESCA ILEGAL del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos 11.770 millones de dólares estadounidenses y, según la FAO en el Área 31 (Atlántico occidental central) el 37% las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles; en el Área 41 (Atlántico Suroeste) el 40%; en Área 77 (Pacífico Oriental central) el 14,3% y, en el Área 87 (Pacífico Sureste) el 66,7% (Figura 24 “Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019) y, como refiere el citado informe de la FAO, los principales responsables son los Estados de pabellón.

Observando que las distintas Convenciones, Acuerdos, Códigos y Planes aprobados por los Estados y los organismos multilaterales con el objeto de erradicar o minimizar los efectos negativos derivados de la PESCA ILEGAL han resultado insuficientes e ineficaces, en atención, a que después de más de treinta años de aprobados, esta actividad ilegal persiste y crece.

Inspirados por el deseo de contribuir a terminar con el flagelo de la PESCA ILEGAL, que atenta contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la sustentabilidad de los pueblos menos desarrollados, su economía, el trabajo, la alimentación y la soberanía de los Estados ribereños.

Resaltando, que la propia FAO estima que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, en una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.

El Dr. César Augusto Lerena, autor del trabajo “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”,

Teniendo en cuenta que “migración”, no refiere a la distancia que recorren distintas especies durante sus traslados biológicos sino, que el término “migración” en el sentido biológico según definen investigadores del INIDEP (Roux A; de la Garza J; Piñero R y, Bertuche D. Informe Técnico Nº 007, 3/4/2012) es «el movimiento periódico que algunas especies de animales realizan, desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…», por lo tanto, indicar cuáles son especies “altamente migratorias” sin definir previamente este término, como lo hace la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es una mera decisión política-territorial y no una definición biológica precisa que deja afuera de la lista indicada en el Anexo I de esta Convención a numerosas especies originarias de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que migran de la ZEE a alta mar y desde ésta a la ZEE, por lo cual, deben ser protegidas por los Estados ribereños y por los Estados de pabellón que pescan libremente en alta mar, mediante acuerdos entre las partes.  

Reconociendo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha definido con precisión los alcances de los espacios marítimos no ha podido relacionarlos debidamente al ecosistema a la hora de vincular esos territorios con la presencia de los recursos pesqueros en éstos y la migración biológica de las especies en las distintas zonas y que más allá de los distintos espacios territoriales que define y, los derechos y obligaciones que establece para cada uno de ellos, indica que: «los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» (sic); que además, se requiere una «utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos» (sic). Todo ello, contribuyendo «a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo» (sic); es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no podría limitarse a una mera división jurídica de territorios, sino fundamentalmente, a garantizar la sostenibilidad a perpetuidad de los recursos pesqueros, el acceso a las proteínas que proveen estos recursos y el crecimiento de los Estados menos desarrollados. El ecosistema es uno solo y las especies no conocen de límites establecidos con criterios jurídicos, económicos y territoriales.

Atento a ello y otras consideraciones que analizamos, nos complacemos en adjuntar al presente el trabajo: “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”, (2023) elaborado por la Fundación Agustina Lerena y el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el objeto principal de dar sostenibilidad a los recursos migratorios de dominio de los Estados ribereños originarios de sus ZEE, exhortar a los Estados, a las Organizaciones multilaterales competentes de las Naciones Unidas para la FAO y las instituciones ambientales y pesqueras a producir las las acciones de: a) Instrumentar los mecanismos para erradicar la PESCA ILEGAL en el océano Atlántico (FAO 31, 41 y 48) y el océano Pacífico (FAO 77, 87 y 88); b) Convocar a los Estados a definir terminológica y científicamente las expresiones centrales de “pesca ilegal”; recursos pesqueros “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociados”, “transfronterizos”, etc. c) establecer los marcos normativos destinados a administrar (investigar, conservar, distribuir) los recursos pesqueros y establecer los derechos y obligaciones de los Estados, sean estos de pabellón o ribereños; d) integrar una única lista de especies migratorias, asociadas, transzonales, etc. a propuesta de los Estados y con el debido respaldo científico, de acuerdo con la distribución regional y las características biológicas de las especies; e) establecer con Criterio de Precaución una serie de medidas de urgencia; f) Armonizar las obligaciones de los Estados en alta mar y la ZEE, ya que, tratándose por lo general de ecosistemas únicos, que deben tratarse en forma integral y conjunta; g) Jerarquizar las estructuras oficiales que son responsables en los Estados ribereños de ejecutar una política relativa al cuidado del ambiente marino y los recursos vivos del mar; h) Apoyar técnica y económicamente a los Estados ribereños para que sus Autoridades de Aplicación a través de los correspondientes Institutos de Investigación, establezcan las Capturas Máximas Sostenibles en alta mar; i) Instrumentar los mecanismos necesarios para facilitar los Acuerdos directos entre los Estados; j) Establecer nuevas herramientas y profundizar las acciones técnicas, operativas y de control para erradicar el descarte al mar; k) Instrumentar las sanciones penales adecuadas a quienes realizan PESCA ILEGAL, ya que las sanciones administrativas han resultado insuficientes para desalentar este flagelo; l) aplicación efectiva de las sanciones a los Estados, los propietarios, armadores, capitanes y oficiales responsables de los buques que realizan PESCA ILEGAL; m) establecer los mecanismos para asegurar que, alta mar se use exclusivamente con fines pacíficos; entendiendo que no es pacífica la PESCA ILEGAL; m) Intervenir en la formulación de Acuerdos entre los Estados para favorecer el agregado de valor a las capturas por parte de los Estados ribereños menos desarrollados; n) Contribuir a precisar la tipificación de actos de “Piratería” por parte de los buques que realizan PESCA ILEGAL; o) Actuar sobre aquellos Estados que ejercen ocupación en forma prepotente de espacios continentales, insulares y marítimos o explotan áreas en disputa de soberanía capturando poblaciones de especies pesqueras, sin acuerdos ni control, atentando contra el ecosistema; el ordenamiento pesquero regional y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y la seguridad en las áreas en conflicto; p) Fortalecer a los Estados ribereños en desarrollo en sus políticas portuarias; q) perfeccionar los sistemas de certificación de origen y trazabilidad; y r) Actuar en favor de la normatización efectiva y consensuada, para que los Estados más desarrollados contribuyan con los menos desarrollados, a que la pesca pueda ser un sustento de estos últimos, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con los artículos 24º a 26º del Acuerdo de Nueva York: «Los Estados reconocerán plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en relación con la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios y el desarrollo de pesquerías para tales especies» y, entendiendo, que la pesca no debe ser de subsistencia sino que debe asegurar una “Unidad Económica Pesquera” que les permita a los pescadores —por pequeños que sean— una actividad económicamente sustentable y que, mediante una administración adecuada, los Estados menos desarrollados puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos y ciudades del litoral marítimo.

Ponemos a consideración de los Estados; los Organismos multilaterales; los empresarios y gremios pesqueros el citado trabajo “Pesca Ilegal y Expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”, (PDF, 237 páginas, 2023) destinado a contribuir a erradicar la PESCA ILEGAL.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

Si desea leer el trabajo completo (237 páginas) haga clic en el siguiente vínculo y podrá bajar el libro gratuitamente:

https://saeeg.org/index.php/cesar-lerena-pesca-ilegal-de-recursos-migratorios-de-latinoamerica/

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África, ANÁLISIS ESTRATÉGICO, Estados Unidos

ÁFRICA Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

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Giancarlo Elia Valori*

La estrategia de Estados Unidos hacia África, anunciada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su reciente visita a Sudáfrica no es nada nuevo, y el enfoque paternalista de Estados Unidos hacia África se remonta al pasado. Es básicamente el uso de África como un peón en la competencia entre los Estados Unidos y China, Rusia y otras grandes potencias, en lugar de promover sinceramente los intereses del pueblo africano.

Está claro, sin embargo, que Estados Unidos no está tratando de fortalecer sus relaciones con África incitando sentimientos anti chinos, como es el caso dentro de las amorfas clases dominantes europeas y a remolque de la Casa Blanca. La República Popular China y África han establecido durante mucho tiempo una asociación sólida, que aporta beneficios tangibles al continente africano, que no pueden ser eliminados por ninguna retórica trillada del Peligro Amarillo.

Durante su visita, el Secretario de Estado Blinken anunció la visión de la Casa Blanca para el África Subsahariana cuando pronunció su discurso en Pretoria. Dijo que la estrategia tenía como objetivo fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y África mediante la construcción de una sociedad abierta, la promoción de la democracia, el fomento de la cooperación económica y la lucha contra el cambio climático.

Blinken enfatizó la importancia de África en términos de su población joven, minerales críticos (para ser explotados) y áreas marítimas estratégicas (donde desplegar flotas estadounidenses), así como los votos de los cincuenta y cuatro países africanos.

Dijo que estos atributos harían de África una prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, lamentablemente, la vaga estrategia evitó compromisos y responsabilidades específicos. Esta estrategia tradicional, pero suave, es la última de una ola paternalista de predicación de bienhechores de Occidente, y de los Estados Unidos en particular, sobre cómo los países africanos deben manejar sus propios asuntos de acuerdo con las diplomacias antes mencionadas, como títeres en un teatro de marionetas europeo.

Blinken no parecía tener una buena comprensión de la situación en suelo africano. Los líderes africanos, seguramente asustados por las formas en que los países occidentales imponen la «democracia» en Libia del Cercano y Medio Oriente y en otros países, con alianzas militares y bombas «humanitarias», ya no tienen ningún interés en escuchar parloteos letales sobre formas idealizadas de «democracia» y «derechos humanos» que ni siquiera los propios Estados Unidos han podido lograr en su propio país. Basta con ver las formas en que se trata a las personas negras; los para-bantustanes para los amerindios nativos; las bolsas de pobreza en las que se pueden encontrar incluso ciudadanos estadounidenses blancos; los servicios de salud por los que debe pagar absolutamente, sin preocuparse por aquellos que no pueden hacerlo; la corrupción en la política, el voto considerado como una mera formalidad, etc., todos ellos temas en los que ya nos hemos detenido.

Las inferencias de Blinken sobre el déficit de la democracia africana se basan en dudosos indicadores propuestos por organizaciones no gubernamentales occidentales como Freedom House. Confiar en las redes cognitivas occidentales para comprender y sacar conclusiones sobre África está entre el desprecio por los gobiernos africanos y el ridículo de los observadores políticos africanos y de otro tipo. Vemos que Estados Unidos sigue considerando su propio sistema de gobierno como el patrón oro al que deben aspirar todos los países del mundo: el conocido destino manifiesto de imponerse sobre la Tierra.

Cabe añadir que uno de los aspectos más decepcionantes, pero también inesperados, de la estrategia estadounidense para África es el que ve a este continente como el tablero de ajedrez en el que se colocan las piezas de interminables partidas triangulares en competencia con grandes potencias como la República Popular China y la Federación de Rusia. Tenemos la clara impresión de que el valor de África para los Estados Unidos es en gran parte derivado más que intrínseco. Blinken mencionó la relación de China con África en tres instancias diferentes y todas negativamente. Afirmó que «la República Popular China ve a la región de África como un desafío al orden internacional basado en reglas, que promueve sus estrechos intereses comerciales y geopolíticos, socava la transparencia y la apertura y sabotea las relaciones de Estados Unidos con los pueblos y gobiernos africanos». Por lo tanto, la Casa Blanca se dedica a lo que llama «combatir las actividades dañinas de la República Popular China, Rusia y otros actores extranjeros».

Dijo además que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabajaría con socios africanos para explicarles los riesgos de actividades adversas por parte de la República Popular China y la Federación de Rusia en África. Blinken también publicitó la Alianza Global para la Inversión en Infraestructura, una iniciativa global apoyada por el Grupo de los Siete (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos) ampliamente vista como un intento de competir con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (la Ruta de la Seda). Estados Unidos ha sido uno de los críticos más vocales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, argumentando que la República Popular China la está utilizando para socavar la soberanía de los países en desarrollo, al tiempo que promueve los intereses nacionales de China. Después de todo, ya hemos señalado en artículos anteriores que desde 2011 la guerra en Siria ha sido un intento de socavar la Ruta de la Seda.

Las alegaciones de los Estados Unidos no han sido fundamentadas y no resisten la simple verificación de los hechos. Son solo una campaña de desprestigio político contra la República Popular China. China y África han establecido una asociación sólida arraigada en la amistad tradicional y la igualdad de trato entre las dos partes, que se remonta a la Conferencia de Bandung (1955), al período del reconocimiento de Egipto de la República Popular China (1956) y la construcción de impresionantes instalaciones ferroviarias en África, construidas por China desde la época de la Gran Revolución Cultural Proletaria sin pedir nada a cambio.

La República Popular China es una parte importante de la recuperación económica de África en el siglo XXI, incluyendo el comercio, la inversión, las finanzas y el desarrollo social. En temas espinosos como la paz y la seguridad en África y la lucha contra la nueva epidemia de COVID, la República Popular China siempre ha hecho lo que prometió en sus esfuerzos de colaboración.

La República Popular China es uno de los mayores contribuyentes a las misiones africanas de mantenimiento de la paz, con más de 1.800 soldados. Un contingente que es más grande que el de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU combinados. A pesar del compromiso declarado de Blinken con la paz y la seguridad en África, Estados Unidos ha enviado solo 29 personas a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Mientras que la nueva epidemia de COVID golpeó al mundo, la República Popular China estuvo a la vanguardia para ayudar a África a combatirla a través de suministros y donaciones. A diferencia del nacionalismo de las vacunas de Estados Unidos, el presidente chino, Xi Jinping, declaró que la vacuna COVID-19 era un bien público mundial y garantizaba el acceso a ella en África y en otros países en desarrollo.

Las propuestas de China, como la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Seguridad Global -las recientes propuestas de China para la paz mundial y la seguridad mundial- están particularmente en línea con los intereses de África en el desarrollo sostenible también, en lugar de imponer una forma extraña de pensar a otros países.

En su cooperación con África, la República Popular China se ha adherido sistemáticamente a los principios de respeto de la soberanía de los países africanos y no injerencia en los asuntos internos. Estos principios demuestran la confianza de China en que los países africanos elijan el camino del desarrollo por sí mismos. La razón por la que los líderes africanos de hoy se inclinan hacia el Imperio Medio es porque las relaciones entre China y África han traído beneficios tangibles al continente africano, que no pueden ser borrados por la retórica neomacartista del anticomunismo de la Guerra Fría.

La retórica anti-China ha consumido durante mucho tiempo la política exterior de Estados Unidos, culminando con la adopción por el Congreso de los Estados Unidos de la Ley de Competencia de China, que es esencialmente un esfuerzo para contrarrestar la creciente importancia de China en los asuntos globales, incluso en África. Los movimientos nos llevan a pensar que Estados Unidos está más interesado en socavar la creciente influencia de China en África que en promover los intereses africanos. A los ojos del establishment estadounidense, África no es más que una arena geopolítica.

Al hacer que África elija entre los Estados Unidos y la República Popular China, Blinken claramente no ha aprendido nada del pasado ni de las lecciones de Kissinger.

Los líderes africanos ya no están interesados en la política de la zona de influencia de las décadas de 1960 a 1990, cuando la relación entre estas potencias los obligó a elegir un escenario y luego ser dejados al margen. África ha aprendido a gestionar diversas asociaciones basadas en sus propios méritos y en los intereses del continente, incluso con la ayuda de fuerzas externas. Estados Unidos no puede construir alianzas sólidas con África alimentando sentimientos anti chinos. Sería mejor para todos si Estados Unidos pudiera complementar lo que China ya ha estado haciendo en África durante algún tiempo.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

©2022-saeeg®

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ARGENTINA

LA ARGENTINA NO EJERCE SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR

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César Augusto Lerena*

Somos un Estado Marítimo invadido y disputado y no ejercemos en el mar argentino y sus archipiélagos una administración plena.

 

La soberanía política. De resulta del siguiente análisis y de los temas que abordaremos podemos lastimosamente afirmar que la Argentina no ejerce soberanía plena sobre el Atlántico Sudoccidental, además de en las islas Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur que no se encuentran en nuestro poder y, como claramente indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y, en los hechos, desde los Acuerdos de Madrid I (1989) y II (1990) la Argentina ha quedado congelada, mientras el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) ha avanzado con prisa y sin pausa hasta la fecha y la Cancillería Argentina y su Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se han limitado a la acción inconducente de propiciar el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar el apoyo de países para la promoción del referido diálogo.

El Consejo Nacional de Malvinas creado en el año 2020 por Ley 27.558 está integrado por varios miembros que intervinieron en la política de sumisión de los años 90; autores intelectuales de los ruinosos acuerdos con el Reino Unido y, entre ellos, Marcelo Kohen, quien en 2018 les propuso a los isleños un referéndum para determinar si querían ser británicos o argentinos, manteniendo el régimen migratorio actual de las islas, lo que hace suponer que poco hay que esperar de este cuerpo respecto a la recuperación de Malvinas y la administración de las aguas y archipiélagos argentinos.

Mientras ello ocurre, el control de la parte meridional del Atlántico Sudoccidental se encuentra en manos del Reino Unido, quien viola sistemáticamente la Res. 31/49 del 1º de diciembre de 1976 de las Naciones Unidas que “Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514/60, 2065/65, 1965/73, 3160/73)”, podemos ver que, entre otras cosas, construyó una pista aérea para grandes aviones de guerra y carga; una base naval y misilística; modernizó el sistema de radares; llevó adelante obras de infraestructura logística, comunicación y transporte; emplazó un nuevo puerto en la isla San Pedro y licitó para la construcción de otro en Malvinas que concentrará todo el tráfico pesquero, mercante, comercial, científico y turístico de la región, controlando de esta manera la región y el acceso a los Océanos Pacífico e Índico y fortaleciendo su acceso a la Antártida.

El gobierno ilegal de Malvinas otorga licencias ilegales de pesca a buques extranjeros y a partir del 1º de enero de 2023 lo hará por 25 años. Estos buques extraen unas 250.000 toneladas por año (más los descartes) de especies pesqueras argentinas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema, en una clara demostración del desinterés por el dominio y cuidado de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, su sostenibilidad y desprecio por la contaminación del medio marino.

Por otra parte, vuelos de la RAF hacen escala en Brasil y Uruguay previo a su descenso en Malvinas y vuelos comerciales de LATAM, con la autorización del uso del espacio aéreo argentino, facilitan el tráfico de trabajadores y tripulantes, intercambio de materias primas frescas y otros insumos y, el Puerto de Montevideo recibe más de 700 buques por año que realizan pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas.

Podemos afirmar que, mal que nos pese, las aguas y recursos argentinos del Atlántico Sudoccidental no son administrados por el gobierno argentino e, incluso, organizaciones extrañas, por acción u omisión de los responsables del gobierno argentino, intervienen en el diseño de la política de administración de los territorios marítimos y sus recursos.

Por ejemplo, ¿por qué la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) diseñó el Área Marina Protegida Bentónica de 164.000 Km2 enclavada en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido? dando lugar a un proyecto de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con el apoyo de la Cancillería y la Secretaría de Malvinas, a pesar de todos los argumentos en contrario de científicos, pesqueros, medioambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron al aparente “infundado” proyecto.

La citada Fundación WCS, cuenta con el apoyo, entre otros, de OCEANS 5, organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que ya en 2017 los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas (entre otros territorios de ultramar) asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros en las islas, que se inició en 1990 con el Acuerdo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas firmado por Cavallo y el Santuario Ecológico al sur de Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido alrededor de la isla San Pedro y Sándwich en 2011.

Pero, además de ello, la referida WCS es propietaria de dos islas (Grand Jason y Steeple Jason o las islas Sebaldes o Sebaldinas para la Argentina) desde 2001 en el archipiélago de Malvinas y entonces entendemos el interés de esta Fundación por el Agujero Azul, que pasaría a cerrar el “cinturón azul” al norte de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentran en las islas de “su propiedad” y, estando esta especie, según el informe de la filial local de WCS, relacionada al Agujero Azul-ZEE.

La Fundación WCS no solo administra estas islas, sino que «está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017). Es obvio que este solo hecho impide toda participación de esta organización en el territorio argentino, por cuanto sería violatorio de la DTP de la Constitución Nacional.

Además, pareciera que el CONICET colabora eb actividades de la WCS para trabajos de investigación en Malvinas: “…Ian publicó extensamente sobre las aves de New Island (Isla de Goicoechea en Malvinas), y fue autor de trabajos de investigación con los investigadores asociados de WCS P. Dee Boersma, Juan Masello y Andrea Raya Rey”, siendo esta “Investigadora Principal del CADIC, cuya especialidad es la Ecología y Conservación de Aves y mamíferos marinos de Tierra del Fuego y el Atlántico Sudoccidental con implicancias en la conservación, manejo y sustentabilidad regional y global”.

Por otra parte, el pasado 20 de septiembre de 2022 en Washington, la Argentina habría firmado una “Declaración Conjunta sobre la Cooperación Atlántica” junto a Brasil, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros, varios de ellos pescadores ilegales, con el compromiso de tener “una región atlántica pacífica, próspera, abierta y cooperativa, preservando al mismo tiempo el océano como una región saludable, recurso sostenible, (evitando) la piratería; la delincuencia organizada transnacional; la pesca ilegal; el cambio climático; la contaminación y degradación ambiental (…) la cooperación en la región (…) y la gobernanza marítima a través del Atlántico (…) desarrollar un enfoque compartido de las cuestiones del Océano Atlántico (…) comprometidos a ver el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación que contribuya significativamente al fortalecimiento de la paz internacional (…) asociarnos con otras organizaciones apropiadas, incluidos los organismos regionales de pesca…”. “región abierta”; “cooperación regional”; “gobernanza marítima”; “organismos regionales de pesca” (léase OROP), etc., una serie de decisiones absolutamente contrarias al interés nacional y la sola firma del Reino Unido que ha incumplido con todas consignas que en esta Declaración se citan, manteniendo una base naval y misilística, depredando los recursos pesqueros argentinos y pretendiendo constituir las OROP que le permitirían, ya no seguir explotando los 1.639.900 Km2 que le usurpa de territorio marítimo a Argentina, sino administrar los recursos de todo el Atlántico Sur, incluso la ZEE Argentina, junto a sus principales socios en Malvinas, los españoles.

Pero llama la atención que con el mismo objeto de “Gobernanza Marítima” dos Fundaciones cuyos integrantes no tienen ninguna experiencia en materia marítima y mucho menos pesquera: la Fundación Argentina Global y la Konrad Adenauer Argentina, el día 20 de septiembre convoquen a participar siete días después en forma presencial (¿?) en Puerto Madryn del “primer taller federal del ciclo de conversatorios titulados “Gobernanza Marítima: de las ideas a la acción”, de 10 a 13 horas (este tiempo no alcanzaría ni siquiera para tratar la pesca incidental y mucho menos para proponer acciones) para dialogar “acerca de la relevancia estratégica del mar y en la necesidad de mantener el buen orden en los espacios marítimos (…) contribuyendo a la elaboración de un documento conjunto de conclusiones (…) sobre la base de un seminario previo realizado en Buenos Aires (¿?) y, además, el lugar de convocatoria, que podría ser cualquiera de los puertos del litoral marítimo, parecería desconocer que la provincia de Tierra del Fuego es la principal responsable junto al Estado Nacional, de las cuestiones de la Antártida e islas y mares del Atlántico Sur.

Nada es casual, revisando los integrantes de las Fundación Global que presidiría Fulvio Pompeo, apreciamos que provienen de una alianza de gobierno que entre otras cosas otorgó concesiones petroleras offshore en el área austral a empresas británicas violando la ley 26.659, firmó el pacto de Foradori-Duncan que hubiera facilitado la logística de Malvinas con vuelos a San Pablo y, desde ahí, la inserción al mundo post-Brexit y ratificó las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido que le permitían a este otorgar licencias ilegales en Malvinas para la captura de los recursos pesqueros argentinos y compró patrulleros oceánicos a Francia que pudieron fabricarse en Argentina y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, presidida por Susanne Kass, que no entendemos que puede aportar sobre la materia esta organización alemana.

Políticas extrañas; intereses externos e internos; incapacidades; dependencias económicas; falta de cultura marítima y alimentaria pesquera, son el motivo, entre otros, de la administración laxa del mar argentino y de su consecuente intromisión, ocupación, apropiación, depredación y pérdida de soberanía política.

La soberanía territorial. La Argentina tiene, entre la superficie marítima e insular 6.247.842 Km2, mientras que la superficie bicontinental alcanza solo a los 3.757.407 km2. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina es de 3.146.345 Km2 y la superficie continental (sin la Antártida) llega a los 2.791.810 Km2. Es decir que la acreditada “Pampa Húmeda”, la de los granos y el bife de chorizo, tiene una superficie menor al mar argentino; pero, “no todo lo que reluce es oro”, el Reino Unido no ocupa solo 11.410 Km de Malvinas, como se suele divulgar, sino 1.639.900 Km2 de territorio marino e insular argentino y nos disputa 1.430.367 Km2 de la plataforma continental argentina extendida y 2.426.911 Km2 del Continente Antártico y sus aguas correspondientes. Es decir, tenemos invadido —proporcionalmente— un 52% de la ZEE Argentina; el equivalente a toda la Patagonia, las provincias de Cuyo, Salta, Jujuy y Formosa y, junto a los territorios disputados, unos 5.497.178 Km2; es decir, dos (2) continentes argentinos (sin contar la Antártida). Seguramente, muchos lectores recién se están anoticiando que no son solo los 11.410 Km2 de Malvinas los que están ocupados o en disputa. Y es que ningún gobierno argentino quiere pagar el costo político de contarnos que el problema no se limita a unas pequeñas (aunque dolorosas) islas del Atlántico Sur. Es un relato. Pero eso no es todo. Cuando se aprobó la Ley 27.557 y nos mostraron un mapa bicontinental a todo color y lo exhibieron como un maravilloso triunfo de la diplomacia argentina por el cual nuestro país incorporaba 1.782.000 Km2 de Plataforma Continental extendida, se olvidaron contarnos que los técnicos de la Comisión de Límites que funciona en la oficina de las Naciones Unidas solo recomendaron 351.633 Km2 y no trataron 1.430.367 Km2 por encontrarse en disputa con el Reino Unido. Fue un mensaje para la tribuna. Nos siguen mostrando como los eternos campeones morales y, mientras tanto, el Reino Unido, pese a la “Fórmula del Paraguas”, ha seguido avanzando territorialmente: en 1982 tenía ocupados unos 20.000 Km2 insulares (Malvinas, más San Pedro y Sándwich del Sur) más tres millas alrededor y hoy, como dije, ocupa y/o disputa 5.497.178 Km2.

En contraste con ello, la Patagonia, que es la región más extensa de la Argentina continental, tiene la densidad más baja poblacional con 2,5 habitantes por km2 y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur una densidad poblacional de 0,1 habitantes por Km2 y, evidentemente, es una debilidad importante frente a un Atlántico Sur ocupado por potencias extranjeras y, misiles en Malvinas apuntando al continente.

La soberanía económica y laboral. La extracción de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, son del orden de las 2.250.000 toneladas/año (incluidos los descartes), donde operan entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, portugueses y otros (rusos, polacos, noruegos en su momento). Ello supone una extracción de recursos pesqueros por unos 4.500 millones de dólares/año (FOB); lo que equivale a decir, que en los últimos 40 años se han extraído unos 180.000 millones de dólares (FOB) de los cuales, 26.000 millones de dólares (FOB) son divisas producto de las licencias británicas de Malvinas otorgadas a buques extranjeros.

En este escenario, los gobiernos argentinos no han colocado una sola sanción desde 1998 (Leyes 24.922 y 26.386) a los buques extranjeros que pescan en Malvinas, ni con posterioridad al 2020 donde se aumentaron las sanciones (Ley 27.564) y, en los últimos 40 años, se apresaron un promedio de dos buques por año por pesca ilegal en la ZEE Argentina, con una población de pesqueros ilegales de entre 350 a 500 buques.

La extracción de hidrocarburos offshore por parte del Reino Unido en el área de Malvinas, por el momento, no puede ponderarse, pero se estima que de subir los valores del petróleo las Malvinas se habrán de consolidar económicamente con solo este recurso (Hoy el PBI per cápita de los isleños es de US$ 100.000). A ello se agrega la licitación de áreas (100.000 Km2) para la explotación offshore por parte del gobierno argentino en 2019, donde se adjudicaron a empresas británicas vinculadas a Malvinas, pese a la Ley 26.659 (Solanas) de 2011 que lo prohibía. No se han ponderado tampoco los recursos minerales.

Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CIECTI, Informe Nº 10, 2018) entendieron que el potencial económico del mar de 2016-2035 es de los US$ 669.598 millones y generaría unos 568.751 empleos directos, sin evaluar los recursos mineros. Potencial que entendemos muy conservador, en atención al avance en explotaciones petroleras offshore; las potencialidades y acuerdos pesqueros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE,; los derivados de los fletes marítimos donde la Argentina ha perdido la bandera; la administración de la logística portuaria a miles de buques de gran porte que comienzan a transitar por el estrecho de Magallanes; la construcción y reparación naval, etc.

Se estima que la Argentina está perdiendo unos 50.000 empleos directos por no administrar y/o acordar y/o capturar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

La debilidad en el aprovechamiento del Atlántico Sur también se ve cuando la Argentina importa buques navales y pesqueros, a pesar de tener suficiente capacidad pública y privada para la construcción de embarcaciones y, como contrapartida, exporta productos pesqueros con bajo valor agregado transfiriendo el trabajo a los países más desarrollados, en un comportamiento retrógrado, después de etapas, donde la Argentina, tuvo una importante producción industrial naval nacional. Esta política, es seguramente un plan, destinado a desocupar el mar y depender de terceros en el comercio.

Complementariamente a ello, el Paraná, «entre el puerto de Santa Fe y las aguas profundas del Río de la Plata exterior (1.477 km) es el principal curso de agua argentino, donde ingresan y egresan 4.000 buques de bandera extranjera que en el año 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, más del 90% del comercio exterior argentino» (Lugarini, Fabian. Informe Marítimo, 08/09/2022), lo que demuestra la debilidad argentina respecto a la autonomía en el comercio y las dificultades de control e integración entre los cursos fluviales y el mar argentino, además de dejar en manos extranjeras la administración de esas vías navegables fluviales y el desarrollo regional consecuente en manos extranjeras, que el 20 de noviembre de 1845 motivaron la recordada Batalla de la Vuelta de Obligado, en defensa de nuestra soberanía nacional.

La soberanía alimentaria. La Argentina carece de política de consumo interno de productos pesqueros. A pesar de estar entre los que más captura de Latinoamérica y el Caribe, después de Perú, Chile y México y es de los países que menos consumen sus habitantes con 4,8 Kg de consumo per cápita/año, estando por debajo de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros. Por cierto, muy por debajo del consumo promedio de Latinoamérica con 9,8 Kg., de África con 10,1 Kg. o del mundo con 20,2 Kg. No es casual que no se promueva en la Argentina el consumo interno: se evita que los argentinos miren el mar y cuiden a este y sus recursos.

Si no se descartasen pescados en el mar (en la ZEE, en alta mar y en Malvinas) se podrían disponer de unas 750.000 toneladas/año de productos pesqueros aptos para el consumo. Con 300 mil toneladas de los descartes que se industrialicen se podría proveer raciones a 3 millones de niños y adolescentes por día de proteína de la mejor calidad, todos los días, todo el año, en un país con 37,3% de pobreza y 8,2% de indigencia (INDEC, 30/03/22).

Pobreza, indigencia, subalimentación y descuido de los recursos naturales es parte de la colonización.

La defensa del territorio. No hay política de disuasión. Los distintos gobiernos han declarado que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, una llamativa calificación ante semejante escenario, mientras la Ley General de Pesca de México (DOF 24/4/2018, Art. 17º) indica: «El Estado reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación. Un asunto de seguridad nacional y prioridad para el desarrollo nacional». La Argentina debería cuadruplicar su capacidad existente naval y aérea para controlar solo la ZEE Argentina y asignarle un presupuesto a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval que, en la actualidad, está dentro de los más bajos de Latinoamérica. En el hipotético caso de aprobarse el Área Marina Protegida Agujero Azul, la Argentina para controlar esos espacios marinos, necesitaría unos US$ 15 millones anuales, lo que da una idea de la falta de presupuesto para vigilar y gobernar nuestros mares.

Desculturalización y relaciones con el Reino Unido. El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaban el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con el Reino Unido. El mismo reconocía, entre otras cosas, la independencia de nuestro país, no obstante «para la obtención de dicho reconocimiento la Corona británica requirió que Buenos Aires contrajera un empréstito de la banca inglesa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas (llegaron solo £ 550 mil) y dicho monto fue devuelto 81 años más tarde, pagándose 5 veces la cifra inicial». En 1831 Luis Vernet apresó tres goletas norteamericanas que pescaban en forma ilegal. En 1833 y pese al Tratado de Paz citado el Reino Unido destruyó la población argentina en Malvinas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido relaciones diplomáticas con el fin de obtener la restitución de las islas y, desde 1982 se inició un proceso de desmalvinización y desculturalización que, se profundizó en 1989, con la aceptación de la ocupación del territorio marítimo y los recursos pesqueros argentinos, cuando en los prolegómenos de la firma de los Acuerdos de Madrid el diplomático negociador argentino indicó: “No nos preocupa la exclusión pesquera sino la militar”. Esa desmalvinización sigue hasta nuestros días.

Necesitamos la determinación del Gral. Manuel Belgrano (“un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”); la preclaridad del Almirante Segundo Storni (“el Mar será el vehículo y el sostén de su fortuna y de su gloria”); el esfuerzo del Almirante Guillermo Brown (“El honor nacional requiere un esfuerzo”) y de todos los combatientes que mantienen viva la llama de Malvinas.

“Nada está hecho mientras quede algo por hacer” (Romain Rolland)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

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