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EL GRITO DEL TERO DE URUGUAY RESPECTO A LA SOBERANÍA ARGENTINA DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen: Sputnik / Sergio Pintado

 Uruguay coopera con los isleños británicos invasores de Malvinas

La Argentina se independizó de España y de toda potencia extranjera el 9 de julio de 1816. El Reino de España en los Tratados de Reconocimiento, Paz y Amistad del 9 de julio de 1859 y del 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia de la Federación Argentina y, con ello, la soberanía de todos sus territorios continentales, insulares y marítimos. Entre ellos las Malvinas.

A su vez a instancias del Reino Unido de Gran Bretaña (¿cuándo no?), el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata terminaron sus hostilidades respecto a los territorios estratégicos de la Banda Oriental dando lugar ―el 25 de agosto de 1825― a la independencia de Uruguay; hecho que se consolidó en el Tratado de Montevideo del 27 de agosto de 1828 donde se reconoció a la República Oriental del Uruguay. Si bien en esos años la Banda Oriental (o Cisplatina) estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, las Provincias Unidas del Río de la Plata consideraban a la Banda Oriental como parte de su territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata. Ya entonces, a través del capitán David Jewett ―en representación de las Provincias Unidas― el 6 de noviembre de 1820 había tomado posesión de Malvinas, izando la Bandera y, por su parte, el 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires designó a Luis Vernet como Comandante Político y Militar de Malvinas, con el objeto de consolidar la soberanía argentina del archipiélago; aunque éste, había fundado en 1828 una colonia permanente en Puerto Soledad, por lo que al momento de su designación ya estaba instalado en las islas.

Pese a la opinión en 2013 de un par de uruguayos trasnochados y de “la Senadora Constanza Moreira, entre otros del Frente Amplio, quienes plantearon la necesidad de conformar una Comisión para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas” (El País; El Diario, TdF, 18/09/2025), la República del Uruguay nunca reclamó la soberanía sobre las islas Malvinas; por el contrario, ha apoyado reiteradamente el reclamo argentino en todos los Foros Internacionales.

Previo a la guerra de Malvinas, Uruguay ya había reconocido la soberanía argentina sobre las islas y respaldó el dictado de la Resolución 1514, la 2065 y otras de las Naciones Unidades y, durante Guerra en 1982, apoyó a la Argentina en la búsqueda de una solución diplomática. Esta posición coincide con las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Resolución de UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, por lo tanto, todo apoyo al Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas es violatorio de la Resolución 31/49 de la ONU; la Resolución 41/11 de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, entre otras. Uruguay no podría retrotraerse al siglo XIX donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo.

Por el contrario, Uruguay entiende a la causa como regional y considera la invasión británica como una forma de colonialismo y el propio presidente uruguayo actual Yamandú Orsi en la IX Cumbre de 2025, calificó el reclamo argentino de «demanda histórica para América Latina»; ello, pese al destrato reiterado del presidente argentino Javier Milei, quién tilda de comunista a quien se oponga a su plan de sumisión.

Sin embargo, la relación con el Reino Unido parece hacerle llevar una política ambivalente respecto a Malvinas. Tal vez por sus orígenes fundacionales, por la histórica relación de su puerto y el apostadero naval, que por razones de calado estaba en Montevideo y no en Buenos Aires y que, desde el siglo XVI servía de logística a los buques que navegaban en el Atlántico Sur y Malvinas y, posiblemente, porque el Reino Unido realizó inversiones significativas en Uruguay, como los ferrocarriles, la banca y el comercio (aún menores que en Argentina) y adquirió hasta la segunda guerra mundial productos agropecuarios. Casualmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países se formalizaron el 21 de febrero de 1833, a pocos días de la invasión de Malvinas. Además de ello, las relaciones han sido muy estrechas y en la actualidad el Uruguay tiene un Acuerdo bilateral de Inversión con el Reino Unido, siendo éste un importante socio y, el British Council instalado en Uruguay promueve intercambios culturales y educativos.

No descartamos y, por el contrario, resaltamos, la pésima política diplomática del gobierno argentino respecto al Uruguay. En síntesis, en términos prácticos Uruguay sigue la política del tero: “pone los huevos en un lado y grita en otro”, ya que, pese a las declamaciones en favor de Argentina, sigue prestándole apoyo a los isleños británicos en Malvinas.

Por cierto, la dependencia británica en Argentina es importantísima, agobiante y de dependencia; a punto tal que siguen vigentes (aún vencida) la ley 24.184 de Protección y Promoción de Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid de 1989/90, además de una política de cesión de territorios y recursos nacionales.

Mencionaré algunas cuestiones respecto al comportamiento del gobierno uruguayo (no de los uruguayos) y no se podrá decir que tengo alguna animosidad en contra del Uruguay; por el contrario, tengo raíces orientales y siento un gran afecto por los uruguayos, muchos de los cuales son familiares y amigos. Mis ancestros se radicaron en la Banda Oriental en 1776 y algunos uruguayos destacados son mis ascendientes, como es el caso del militar y segundo presidente de Uruguay el Brigadier Gral. Manuel Oribe; el Brigadier Pedro Hilario Valerio Lenguas que participó en la guerra de la Independencia y peleó en la batalla de Ituzaingó, en el asedio de la Colonia y en Camacuá; Don Cristóbal Salvañach, héroe de la Reconquista de Buenos Aires de 1806 al frente de la Cía. de Miñones Catalanes; la destacada escritora, periodista y figura clave en la literatura uruguaya Josefina Catalina Lerena Acevedo y el jurista y destacado educador del Uruguay Alfredo Vásquez Acevedo y otros tantos orientales destacados. Soy, por otra parte, profundamente admirador del Brigadier General José Gervasio Artigas, considerado el “Padre de la Patria” de Uruguay, uno de los principales patriotas de Latinoamérica, distinto hubiera sido el destino de la Argentina de haberle prestado más atención a la federalización que propiciaba.

Aun así, entiendo que los últimos gobiernos uruguayos, en términos prácticos borran con el codo lo que escriben con la mano, en lo relativo a Malvinas. Ya el 20 de febrero de 2023 en nuestro artículo Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas me refería al respecto y, podría decir, que todo continúa como entonces.

En esa nota observábamos que cuatro diputados de la coalición de gobierno se reunieron en las Islas Malvinas, donde trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones claramente contrarias a la posición de Argentina. En esa oportunidad la entonces diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que “Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación”, aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y, “soñaba con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands” (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y, al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a “incrementar el intercambio comercial con las Falklands” (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay hasta 2024 Faye O’Connor refrendó diciendo que “habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas” (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

El entonces Canciller argentino Felipe Solá manifestó que «Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente», cuestión que nosotros hemos reiterado en diversos artículos ya que los buques que pescan ilegalmente en Malvinas hacen operaciones de logística, reparación, armado de buques, transbordos y cambio de tripulaciones en el puerto de Montevideo. Lo mismo ocurre con buques que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y uruguaya, violando la Convención del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal y, por lo tanto, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se convierten en una retórica sin ningún efecto práctico.

No deja de llamar la atención que por el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo se efectuaran mutuas resignaciones y se determinaran acciones comunes; se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no tengan políticas acordadas en el Atlántico Sur en el siglo XXI.

Con anterioridad el carguero MV Scout transportaba mercaderías entre Montevideo, Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino en Malvinas y, en la actualidad, ha sido reemplazado por el portacontenedores MV Unispirit, un buque que navega bajo la bandera de Antigua y Barbuda operado por Consolidated Fisheries Ltd (CFL), una empresa que adquirió este buque en Montevideo.

El medio periodístico especializado Agenda Malvinas y otros han denunciado reiteradamente vuelos entre Uruguay y las Islas Malvinas, señalando que estos vuelos representan una violación a los acuerdos regionales y al espacio aéreo argentino. Entre las violaciones denunciadas está el vuelo militar de la RAF matrícula ZM418 (esta denuncia tuvo 106.238 vistas reales) que realizó vuelos entre Malvinas, Montevideo y Santiago de Chile entre el 14 y 15 de septiembre de 2025. Otro ejemplo, que cita este medio es el vuelo comercial de Amaszonas de agosto de 2025 que pretendía conectar Montevideo con Malvinas, que no fue autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina ya que, bajo pretexto de efectuar actividades humanitarias intentó trasladar a casi 30 pescadores ―mayoritariamente españoles― que realizan pesca ilegal en las aguas argentinas de Malvinas invadidas por el Reino Unido. Estos vuelos han sido denunciados en forma reiterada por los distintos gobiernos argentinos pasados, porque entendían que se trataba de una colaboración del gobierno de Uruguay a la invasión británica de las islas, facilitando una serie de estrategias diseñadas por el Reino Unido para debilitar la soberanía argentina, como es el caso recientemente denunciado de la empresa chilena LATAM que omite la denominación “Malvinas Argentinas” del aeropuerto de Ushuaia para sus vuelos desde y hacia Malvinas.

Al respecto de las exigencias para los transportes navales establecidas en el Decreto 256/10, además de perfeccionarlas, la Argentina debería ampliarlas a los vuelos a Malvinas.

Pese al MERCOSUR, los isleños de Malvinas promocionan desde 2017 sus productos en Montevideo, en especial en la Exposición Agroindustrial y Comercial “Expo Prado”, denominando a su Stand “Falkland Islands”, nombre que el Uruguay no reconoce para referirse a las islas argentinas; sin embargo, ha tolerado reiteradamente su uso en la referida Exposición, facilitando con su presencia la promoción de sus productos, el turismo e inversiones en Malvinas, a la par de mantener relaciones con Uruguay importando productos como arroz, carne, cítricos, lácteos, vino e intercambiar conocimientos en materia de producción ganadera.

El uso del Puerto de Montevideo y otros para estos fines, le ha llevado al Uruguay a enfrentar denuncias por la falta de control y se han verificado prácticas de violación a los derechos humanos en materia de trabajo forzado o esclavo, maltrato físico, abusos laborales y falta de remuneración, alimentación y/o agua contaminada, etc., por parte de los buques pesqueros extranjeros que usan ese puerto para su logística, además de no determinarse el origen de las capturas y penalizarse la sobrepesca. Entre 2013 y 2021 este puerto desembarcó casi 60 tripulantes fallecidos según la Prefectura Nacional Naval. Todo ello, pese a que Uruguay ha aprobado las medidas del Estado Rector del Puerto.

Esta ambivalencia debería terminarse. Uruguay y Argentina, siguiendo el ejemplo de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en Montevideo de 1960 debería avanzar en la integración rioplatense, de fortalecimiento económico y desarrollo sinérgico en favor de ambos pueblos. El Tratado del Río de la Plata asentó «las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: «…el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; como decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

Ya lo hemos dicho: ¡No son ni los hombres y mujeres uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022). cesarlerena.com.ar

 

 

 

LAS JORNADAS DE CANCILLERÍA Y PESCA OMITEN LA PESCA ILEGAL EN ALTA MAR Y MALVINAS

César Augusto Lerena*

Nos damos por enterados por un artículo de la Revista Puerto (02/09/2025) que la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación durante los días 3 al 5 de septiembre presentarían «la estrategia nacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR)», organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

En principio, nos llama la atención varias cuestiones de esta convocatoria a presentar públicamente una estrategia que debiera abordar las cuestiones relativas a la pesca ilegal y sus implicancias en materia biológica, económica, social, penal, tributaria, relativa al trabajo esclavo, la evasión, lavado y narcotráfico, que forman parte de las prácticas de pesca ilegal y que de abordarse se estarían planteándose a viva voz, como si se tratara de una clase teórica secundaria y, con la participación de algunos de los más importantes responsables de la continuidad de esta práctica y, sin la debida reserva, en razón de la importancia estratégica y geopolítica del territorio marítimo argentino en el que se realiza la pesca ilegal, además, de que no pueden ignorarse la ocupación prepotente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de un 60% del territorio marítimo nacional y la explotación de los recursos pesqueros, petroleros y turísticos.

Las Jornadas presentan “lavada” la Pesca Ilegal cuando refieren al tecnicismo INDNR y le quitan gravedad. Ya hemos explicado en diversos artículos que la “pesca no declarada” y “la pesca no registrada”, debe ser considerada igualmente ilegal por los efectos sobre la administración de los recursos, su sostenibilidad y la afectación de los derechos de los concesionarios de cuotas y autorizaciones. Terminemos con esta denominación teórica: se trata lisa y llanamente de Pesca Ilegal. La misma tipificación aplica para quienes pescan los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar o viceversa, cuando no hay control presencial en los buques de bandera extranjera; no se determinan las Capturas Máximas Sostenibles en alta mar o se afectan intereses de terceros Estados. El acceso a la pesca en alta mar es libre, pero no puede ser depredadora y así lo determina claramente el articulado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

La pesca ilegal. “Se entiende por Pesca Ilegal, a aquella en que se capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control oficial o independiente habilitado y/o si se captura sin control del Estado de Bandera o con buques que no obstante utilizar pabellones de terceros están sujetos a las regulaciones de sus países de origen y/o en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible y/o dañando intereses de terceros Estados por realizar las operaciones pesqueras sin acuerdo previo con los Estados ribereños sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) o migran desde alta mar a la ZEE; o, en este caso en particular, desde la ZEE Argentina a las aguas de Malvinas o desde estas a la ZEE continental argentina, donde realizan todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria, las fuentes de trabajo y la economía de los Estados, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o realizando evasión fiscal por falta de pago de impuestos, derechos de captura o exportación y/o no declaren las mercaderías que importen o exporten evadiendo los impuestos aduaneros y/o con sus actos afecten la reputación de los países o comunidades a las que pertenecen contribuyendo a quebrar las normativas legales que aseguran las buenas práctica de pesca acordadas para asegurar explotaciones empresarias sustentables, biológicamente sostenibles y equitativas comercialmente” (Lerena, César “Pesca ilegal y expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe”, 2022). 

Los responsables de la pesca ilegal. Vemos también que varios de los responsables de la existencia de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas, son los que «analizarán aspectos políticos» sobre el área adyacente y la relevancia de los recursos pesqueros. Se trata de la Secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla y el embajador Javier Esteban Figueroa.

La citada Di Chiaro jamás se refirió a la extracción de recursos pesqueros en Malvinas por parte de buques extranjeros con licencia ilegal y ha acompañado la política de este gobierno y del presidente quien le ha asignado derechos a los isleños británicos, además apoyar el pacto Mondino-Lammy que reedita el Pacto Foradori-Duncan que, entre otras cosas, facilita la pesca ilegal británica y los vuelos a San Pablo que contribuirían a la comercialización de los productos pesqueros apropiados en las aguas argentinas de Malvinas. Además de responder al conocido “monje gris” macrista en la Cancillería, responsable de la política exterior respecto a Malvinas durante los gobiernos de Macri, Fernández y Milei.

El referido López Cazorla además de ser un “calificado funcionario casta” ya que fue miembro del Consejo Federal Pesquero en el 50% de los años desde su creación en 1998; tiempo, en que jamás ejecutó ninguna acción destinada a erradicar la pesca ilegal; inacción que lo acompaña desde su designación como Subsecretario de Pesca. López Cazorla apoyó en silencio la extranjerización del mar argentino que proponía Federico Sturzenegger que hubiera formalizado la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva por parte de buques chinos, españoles, británicos, taiwaneses y coreanos, entre otros. Sus políticas contribuyen con la pesca ilegal e incumple con sus deberes de funcionario público al no iniciar ninguna acción legal contra los buques que pescan ilegalmente en Malvinas, en la ZEE, en alta mar y en la plataforma continental; del mismo modo que a la referida Di Chiario en lo que respecta a Malvinas y las 1.639.900 km2 de aguas argentinas usurpadas por los británicos.  

Al embajador Javier Figueroa le caben iguales responsabilidades como ex Director de Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y en su condición de miembro del Consejo Federal Pesquero. En mi poder dos correos electrónicos oficiales del entonces Ministro que en 2015 se ponía de rodillas de modo de que no ver peligrar su postulación a embajador. Durante su gestión en la Cancillería y en el Reino Unido siguieron vigentes los Acuerdos de Madrid y todos los demás acuerdos con Gran Bretaña que facilitan la pesca ilegal en Malvinas.

Se ha omitido la participación de reconocidos expertos en materia de pesca ilegal y del cuidado del medio ambiente marino; incluso la opinión autorizada de empresarios y gremios; protagonistas y afectados directos de la pesca ilegal. Algunos investigadores del INIDEP participan, pero los demás expositores carecen de conocimiento específico en la materia y por cierto sobre las demás cuestiones gravísimas y delictuales que acompañan a la pesca ilegal. La excepción ―seguramente― será la experiencia de Chile y Perú.

Por cierto, no hay referencia alguna del rol de las ONG ambientales en la pesca ilegal. En especial del caso de la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) que cuenta con un Zoológico en Nueva York donde exhibe animales salvajes en cautiverio ―y cobra por ello― y es propietaria de las islas Sebaldes (Jason para los británicos) en el archipiélago de Malvinas y, la delegación argentina de WCS se ha limitado a reclamar el cuidado de ballenas, tortugas y aves, pero no hecho jamás mención alguna de las 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos extraídos por los buques extranjeros con licencias ilegales de los isleños en Malvinas. Por cierto, también es la gestora del AMP “Agujero Azul” que favorecería los intereses ingleses.

Uno debería preguntarse qué hace la Prefectura Naval y la Subsecretaría de Pesca para impedir el descarte al mar (que está prohibido y es también Pesca Ilegal) y que, según la FAO, la AGN y el INIDEP han indicado que alcanza al 30% de las capturas. 

La asombrosa omisión en las Jornadas de la pesca ilegal en Malvinas.

Con asombro observamos que dentro del temario de las Jornadas no se trata la pesca ilegal en Malvinas; tampoco en la ZEE Argentina y la pesca de arrastre de fondo en la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. 

Es inadmisible la presencia de buques gallegos (y de otras nacionalidades) pescando en Malvinas y no hay una sola mención al efecto en las jornadas.

Argentina se independiza de España el 9 de julio de 1816 y, el Reino de España, reconoce esta independencia en el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre el Reino de España y la Confederación Argentina del 21 de septiembre de 1863, ratificado en Madrid el 29/11/1863 y en Buenos Aires el 12/12/1863 y, con ello, la titularidad de Argentina de todos los territorios que hasta 1816 pertenecían a España, entre ellos el Archipiélago de Malvinas y sus aguas correspondientes (Principio de uti possidetis iuris «como posees, así debes poseer» que establece que los nuevos Estados heredan las fronteras y territorios de las entidades coloniales previas).

Además de ello el Reino de España y su gobierno han reconocido explícitamente la soberanía argentina de Malvinas y sus aguas correspondientes, cuando la Comunidad Económica Europea firmó el Acuerdo Pesquero entre la República Argentina y la Comunidad Económica Europea (CEE) para pescar en las aguas argentinas, sujeto a las regulaciones y condiciones establecidas en el acuerdo y en cumplimiento con las leyes argentinas. (Ley Nacional N° 24.315 del 6/5/1994) y en todas las resoluciones de las Naciones Unidas.

Según las estadísticas oficiales del “Falkland Islands Government” sobre el total de 201 licencias otorgadas en 2024 a buques pesqueros por el gobierno ilegal en Malvinas, 37 son a buques de bandera española y 58 a buques de bandera “Falklands” (asociadas a empresas españolas) y las restantes licencias se otorgaron a Corea del Sur (28); Taiwán (76) y Vanuatu (2).

De 1989 (año del Acuerdo de Madrid I) a 2024 (35 años) se capturaron un total 8.846.332 toneladas, es decir un promedio de 252.752 toneladas/año por un valor promedio de U$S 3.000 la tonelada FOB y un valor total anual de U$S 758.256.000; lo que en 35 años de explotación significó un total bruto de 26.538.960.000 dólares estadounidenses; cifra, que en el valor final de comercialización podría triplicarse a quintuplicarse. Según los datos estadísticos, del total de 261.818 toneladas capturadas en 2024 los buques españoles capturaron 49.531 toneladas y los buques de bandera “Falklands” (asociados con españoles) capturaron 73.692 toneladas, lo que hace un total de 123.223 toneladas, es decir el 47% de las capturas totales. Es decir que podría ponderarse la extracción de productos pesqueros de las aguas de Malvinas por un valor FOB de U$S 369.669.000 en 2024 y un total estimado FOB en los 35 años de U$S 12.938.415.000.

Complementariamente y como muy relevante también se observa que Bancos de España y organismos gubernamentales españoles y europeos financian y otorgan ayudas a la actividad pesquera de las empresas gallegas y, el Estado español y el Consejo europeo no estaría verificando la inobservancia de estas empresas a las normas internacionales, de la Unión Europea y Argentina; en especial, de aquellas que refieren a la pesca ilegal; el cuidado del medio ambiente marino; la depredación de los recursos naturales pesqueros; la protección de los consumidores; el tráfico ilegal, la evasión y contrabando, etc. y no se han ponderado los daños ambientales de tercera generación.

La violación de la legislación aplicable (en general). El Reino Unido y los buques extranjeros que pescan en Malvinas violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la Ley 24.922 y modificatorias y violarían las siguientes normas internacionales (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; Resoluciones de las Naciones Unidas (ONU); la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); el Tratado de la Unión Europea y el Reino Unido (Brexit); las Resoluciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC); el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Codex Alimentarius FAO-WHO; las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI); el Acuerdo de la ONU relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios; el Acuerdo FAO ONU sobre medidas del Estado Rector del Puerto; los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos; etc. Las leyes del Reino de España y las pesqueras, ambientales, aduaneras, etc. de la República Argentina y los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea en materia pesquera, aduanera, impositiva, de origen, de defensa del consumidor, sanitaria, etc.

Si en estas Jornadas no habla de Pesca ilegal en Malvinas no se hablará de Pesca Ilegal en el Atlántico Suroccidental.

Si no se habla de Pesca Ilegal en alta mar ni en la plataforma continental argentina ni en la Zona Económica Exclusiva tampoco se hablará de Pesca Ilegal.

Todo quedará en un certificado final de asistencia firmado por los funcionarios citados que no valdrá ni siquiera encuadrarlo. Nada de estrategia. Que todo parezca que cambia, para que no cambie nada. 

Cuando la estafa es enorme toma nombre decente (Abelardo López de Ayala)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Presidente de la Fundación Agustina Lerena.  Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. www.cesarlerena.com.ar

LA GUERRA PROXY QUE PERPETUARÍA A MILEI EN EL GOBIERNO

Gabriel Urquidi* y Daniel Symcha**

La dinámica en el cambio de objetivos de los intereses norteamericanos y británicos en el tablero mundial y el camino a un mundo multipolar crea las condiciones necesarias para hundir a la República Argentina en una guerra proxy para garantizar perpetuidad política y contener el avance de China y Rusia en Sudamérica

 

En la ciudad china de Tianjin se realizó en el mes de agosto la mayor cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) la cual responde principalmente a las nuevas dinámicas de seguridad, enfrentar la amenaza del terrorismo y promover el desarrollo económico en Asia Central y Eurasia.

La OCS, fundada el 15 de junio de 2001, tres meses antes del ataque al World Trade Center, por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán en tanto que India y Pakistán fueron admitidos como miembros de pleno derecho en 2017 e Irán en el año 2023. Bielorrusia se convirtió en miembro de pleno derecho en el año 2024.

El antecedente inmediato de la OCS es el grupo de los Cinco de Shanghai institución que se creó el 26 de abril de 1996 cuando los jefes de Estado de China, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia y Tayikistán firmaron en Shanghái el Tratado sobre la Profundización de la Confianza Militar en las Regiones Fronterizas promoviendo el intercambio cultural, civil y comercial[1].

La cumbre de la OCS de Tianjin fue el escenario para mostrar la unidad entre Xi Jinping, Putin, Pezeshkian y Modi, quienes además integran el BRICS de cara a consolidar el multilateralismo en claro desafío al viejo orden mundial y al predominio de los Estados Unidos[2].

La cumbre se realizó en un contexto que incluyó, en tres meses, una sucesión de hechos bélicos donde estuvieron involucrados India y Pakistán, Myanmar con una intensificación de la guerra civil, un conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, ataques de grupos separatistas en Indonesia y Pakistán, ataques insurgentes en Filipinas, el derrocamiento de Bashar al-Asad y la ofensiva israelí contra Siria y Gaza además del ataque de Israel a Irán a partir del 13 de junio de este año, a menos de un mes de la llegada al puerto seco de Aprin, en las afueras de Teherán, del primer tren de carga desde Xian, en el este de China lo que permite la exportación del petróleo iraní a China y el tránsito de productos chinos hacia Europa[3], sin pasar por rutas marítimas vulnerables al control naval estadounidense generando una autonomía estratégica para los países de Asia Central[4].

El Caribe, piratas y el fantasma de Bahía Cochinos

Mientras tanto, en el marco de la designación unilateral por parte del Departamento de Estado norteamericano de ocho organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED)[5] (Ventas, 2025) entre los que se incluye al «Cártel de los Soles» de origen venezolano cuya conducción es asignada al Presidente Maduro[6], EEUU desplazó al mar Caribe una flota de combate integrada por el Grupo anfibio «Iwo Jima Amphibious Ready Group», compuesto por el USS Iwo Jima (buque de asalto anfibio), el USS San Antonio (buque de transporte anfibio) y el USS Fort Lauderdale (buque de desembarco anfibio); Tres destructores clase Arleigh Burke, equipados con sistema de combate Aegis ―capaces de lanzar misiles Tomahawk, antiaéreos y antisubmarinos― y con helicópteros MH-60R Seahawk a bordo: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson; un Crucero lanzamisiles el USS Lake Erie (Guía de misiles; clase Ticonderoga); un submarino identificado como el USS Newport News (submarino nuclear de ataque rápido) y al menos un submarino nuclear adicional, sin especificar nombre. La flota cuenta con el apoyo desde tierra de aviones de vigilancia P-8 Poseidon.

Estos activos pertenecen principalmente a la Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Fourth Fleet), que opera bajo el mando del U.S. Naval Forces Southern Command (USSOUTHCOM), fuerza naval es responsable de operaciones en el Caribe y las aguas adyacentes a América Latina y Sudamérica.

Mientras tanto el jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Holsey participó a fines del mes de agosto de la 22° Conferencia del Consejo de las Américas, organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos donde participan líderes y tomadores de decisión de Argentina y la región, realizada en el hotel Alvear de Buenos Aires, República Argentina[7].

Además Holsey, junto al secretario adjunto de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson y al ministro de Defensa argentino Luís Petri, realizaron la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa «SOUTHDEC 2025», organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en Buenos Aires y coanfitrionada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. El encuentro tuvo como objetivo consolidar la cooperación regional en materia de defensa y seguridad reuniendo a los jefes de los Estados Mayores y representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, España, Portugal, Reino Unido y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

La justicia y las guerras ese eterno maridaje

En el contexto de las tensiones en Eurasia y del Caribe, identifiquemos actos repetitivos en el tiempo y en nuestra vida política.

La política exterior, de seguridad y de defensa del actual gobierno argentino se encuentran alineadas públicamente al eje Washington – Tel Aviv, de lo cual dan cuenta entre muchas otras cosas como las declaraciones públicas y los contratos millonarios por sistemas de armas y municiones de origen norteamericano e israelí, los 11 viajes a EEUU y los 2 viajes a Israel del Presidente Milei siendo el presidente argentino que más veces visitó ese país[8].

La cooptación anglosajona de las decisiones políticas en materia diplomática argentina impulsó la declaración como organizaciones terroristas de HAMAS (Organización palestino sunita), del Tren de Aragua (Organización criminal venezolana) y del Cartel de los Soles (Organización criminal venezolana). Además, moldeó un apoyo del gobierno argentino a favor de Volodomir Zelensky y de la OTAN en la guerra contra Rusia.

En ese alineamiento la Justicia Federal, en el marco de la causa AMIA, sindica a Irán cómo atacante del territorio nacional adjudicándole el atentado contra la Amia y el máximo mandatario argentino declara públicamente a Irán como enemigo de la Argentina omitiendo que ese tipo de declaración corresponde al Congreso de la Nación realizarla, y se expresa públicamente a favor del ataque israelí contra la nación persa.

El gobierno argentino y los escándalos por corrupción

En el marco del escándalo suscitado por los supuestos sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, la ministra de esta última dependencia, Patricia Bullrich, realizó una denuncia penal en la que se solicita una medida de censura previa a información periodística y allanamiento de medios de comunicación, domicilios particulares y obtención del registro de comunicaciones de periodistas involucrando y acusando, además, a ciudadanos de la Federación Rusa como partícipes de espionaje en la Casa Rosada, máximo órgano de gobierno argentino y a representantes de políticos argentinos en favor de intereses venezolanos y de la izquierda boliviana en una supuesta operación de derrocamiento presidencial y golpe institucional. Esto generó un fuerte rechazo oficial por parte de la Embajada Rusa en Buenos Aires[9].

El caso de los sobornos se suma a una lista de hechos de corrupción que implicaron la presentación de 112 denuncias penales por estafa, asociación ilícita y violación de deberes de funcionario público contra el primer mandatario argentino[10], entre los cuales podemos destacar el caso de la Criptomoneda $LIBRA; el acaparamiento y desvío de alimentos en los depósitos del Ministerio de Capital Humano; el ingreso al país de diez valijas sin control aduanero provenientes de EEUU; nepotismo y financiación irregular del partido oficialista, contratos estatales millonarios con empresas de la familia Menem; espionaje ilegal, seguimientos y monitoreo de dirigentes opositores y manifestantes por parte de fuerzas policiales de manera clandestina; caso de Fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertes en todo el país[11].

La guerra ¿es una solución para la crisis política?

Independientemente de las tensiones geopolíticas de cada momento que brindan el escenario para una escalada militar, tanto Benjamín Netanyahu como Volodomir Zelensky tenían sendos procesamientos por corrupción antes del inicio de la guerra en Ucrania y en Palestina y Siria. Por la guerra se suspendieron tanto en Ucrania como en Israel los procesos eleccionarios y los juicios que pendían sobre ellos más allá de sus mandatos presidenciales y siguen en la actualidad en el poder tomando decisiones que favorecen a un complejo entramado financiero comercial vinculado a la industria militar.

El avance de los procesos judiciales sobre el presidente, el alineamiento a los intereses anglonorteamericanos e israelíes, la constante ofensiva difamatoria sobre países hermanos y sobre países aliados de Rusia y China como lo es Brasil, la influencia británica en la dirigencia socio política en Chile y Uruguay y la constante intención de sumar a las FFAA en operaciones contra el narcotráfico en las fronteras con Bolivia y Paraguay, crean un escenario para una potencial operación militar de mediana intensidad que se prolongue en el tiempo, creando un conflicto regional abierto (Guerra Proxy) que permitiría la perpetuidad en el poder de la actual administración con fuerte apoyo norteamericano para enfrentar contener la expansión comercial de China y Rusia en Sudamérica además de garantizar los intereses de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y del Reino Unido en los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el dominio de la isla de Tierra del Fuego, lo que implica el control el océano Atlántico Sur y completo acceso oceánico a las bases norteamericanas y británicas en la Antártida.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

** Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] Eisele, Inés. «Las claves de la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/las-claves-de-la-cumbre-de-la-organización-de-cooperación-de-shangái-en-china/a-73840560>.

[2] Zúñiga, Diego. «El papel de América Latina en la cumbre de la OCS en China». Deutsche Welle, 01/09/2025, <https://www.dw.com/es/cumbre-de-la-ocs-en-china-cuál-es-el-papel-de-américa-latina/a-73840615>.

[3] «Irán y China inauguran nueva ruta ferroviaria para sortear sanciones de EE.UU. y conectar Asia con Europa». Soy Armenio, 27/05/2025, <https://soyarmenio.com/noticias-internacionales/iran-china-ruta-ferroviaria/>.

[4] Gagliano, Giuseppe. «China: Inauguración de la línea ferroviaria a Teherán: la importancia del estrecho de Malaca en perspectiva». Reseau Internacional, 10/06/2025, <https://es.reseauinternational.net/chine-inauguration-de-la-ligne-ferroviaire-vers-teheran-limportance-du-detroit-de-malacca-se-voit-relativisee/>.

[5] Ventas, Leire. «El gobierno de Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como “organizaciones terroristas”: qué significa y qué consecuencias puede tener». BBC, 22/01/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/c805kp4eke5o>.

[6] «Marco Rubio advirtió que designar como organización terrorista al cartel vinculado a Maduro permite a EEUU realizar operaciones militares». Infobae, 08/08/2025, <https://www.infobae.com/venezuela/2025/08/08/marco-rubio-advirtio-que-designar-como-organizacion-terrorista-al-cartel-vinculado-a-maduro-permite-a-eeuu-realizar-operaciones-militares/>.

[7] Campos, M. «Vuelve el jefe del Comando Sur de Trump y el Gobierno se pone en modo campaña con la venia de EE.UU.». EldiarioAr, 18/08/2025, <https://www.eldiarioar.com/politica/vuelve-jefe-comando-sur-trump-gobierno-pone-campana-venia-ee-uu_1_12542106.html>.

[8] «Israel welcomes President Javier Milei for second official visit». Buenos Aires Times, 10/06/2025, <https://www.batimes.com.ar/news/argentina/israel-welcomes-president-javier-milei-for-second-official-visit.phtml?utm_source=chatgpt.com>.

[9] «El Gobierno logró “bozal” legal para audios por presuntas coimas y denuncia complot». Ámbito, 01/09/2025, <https://www.ambito.com/politica/javier-milei-denuncio-la-justicia-federal-una-operacion-inteligencia-ilegal-casa-rosada-n6185189>.

[10] «La ruta de los escándalos: de $LIBRA a Spagnuolo». Página 12, 23/08/2025, <https://www.pagina12.com./851837-la-ruta-de-los-escandalos-de-libra-a-spagnuolo?utm_source=chatgpt.com>.

[11] Millán Valencia, Alejandro. «“Entró al hospital para que le quitaran unos cálculos y terminó muerto”: el drama de las familias de las 87 víctimas fatales que dejó el fentanilo contaminado en Argentina». BBC, 14/08/2025, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cpv010l3ne9o>.

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