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GABÓN, UN NUEVO GOLPE DE ESTADO EN ÁFRICA

Marcelo Javier de los Reyes*

Gabón es un país del litoral atlántico africano, con una población 2.389.000 de habitantes, que fue colonia de Francia hasta 1960, año en que obtuvo su independencia como tantos de los actuales países africanos. Sin embargo, esa independencia no ha sido nunca plena, dado que tanto Francia como el Reino Unido ―a través de su Commonwealth― siguieron tutelando a los nuevos países.

Formó parte del Afrique-Équatoriale française, nombre dado en 1910 al gobierno general que reagrupó a las cuatro colonias francesas de esa región: Gabón, la actual República del Congo (antes Congo Brazaville), la República Centroafricana (entonces Ubangui-Chari y por un corto tiempo también Imperio Centroafricano) y el Chad. Esa división regional se mantuvo hasta 1958 y se extendió desde el desierto del Sahara hasta el río Congo y el océano Atlántico hacia el sur y hasta los montes de Darfur hacia el oriente. A mediados de la década de 1950 la metrópoli, París, comenzó a delinear lo que serían los futuros estados. Hacia 1960 eran países poco urbanizados, carentes de infraestructura, pero luego de la independencia Francia comenzó la explotación del subsuelo, extrayendo desde 1963 el hierro de Mauritania y desde 1971 el uranio de Níger.

Léon M’ba (1902-1967) fue el primer presidente de Gabón (1960-1967) y Albert Bernard Bongo (1935-2009) asumió como vicepresidente. En 1964 se produjeron disturbios en Libreville, la capital, que llevaron a que M’ba renunciara a la presidencia pero fue repuesto en su cargo por la intervención de los «paracaidistas franceses». Falleció en noviembre de 1967 y fue sucedido por Albert Bernard Bongo, quien cambió su nombre por el de Omar Bongo Ondimba luego de convertirse al islam en 1973, a pesar de que mayoritariamente la población profesa el cristianismo. Se acercó a los países árabes y estableció una estrecha relación con el entonces líder de Libia Muamar el Gadafi.

En 1968 estableció el partido único ―paradójicamente su nombre es Partido Democrático Gabonés (Parti Démocratique Gabonais, PDG)[1]― que mantuvo el monopolio de la política hasta 1990. Desde entonces, conserva el poder en un gobierno multipartidista. Omar Bongo gobernó hasta 2009 (siete mandatos presidenciales), año en que falleció de cáncer en Barcelona. Durante su presidencia fue un fiel aliado del gobierno de París, al que acompañó en todas sus decisiones de política exterior, lo que no le impidió abrir las puertas de su país a la URSS y China, con los que estableció relaciones diplomáticas en 1973 y 1974 respectivamente. Con China estableció una fuerte relación que lo llevó a visitar Beijing en varias oportunidades.

A su muerte lo sucedió su hijo, Alain Bernard Bongo, quien pasó a llamarse Ali-Ben Bongo Ondimba tras la conversión al islam de su padre. El 7 de enero de 2019 los militares intentaron derrocarlo pero fracasaron.

Golpe de Estado

El 30 de agosto de 2023 un nuevo golpe de Estado se llevó a cabo en Gabón, el cual fue anunciado a través de la televisión, anulando los resultados de las elecciones generales celebradas el día 26 de agosto que llevarían a Ali Bongo a asumir su tercer mandato. El argumento dado por los golpistas es que las elecciones carecían de credibilidad[2]. Bongo habría obtenido el 64,27% de los votos mientras que su principal rival, Albert Ondo Ossa, alcanzó el 30,77%. Ondo había denunciado «fraudes orquestados por el bando de Bongo» dos horas antes del cierre de la votación y llegó a adjudicarse el triunfo electoral. Cabe destacar que la elección se celebró sin la presencia de observadores internacionales[3]. Por otro lado, las autoridades del país cortaron la conexión a internet e impusieron un toque de queda tras la celebración de las elecciones ese mismo sábado 26 de agosto, luego de que la oposición denunciara fraude por parte del partido del presidente, medida que se anunció que se mantendría también al día siguiente[4]. Como ya mencioné, las elecciones no contaron con la participación de observadores extranjeros y, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), las autoridades gabonesas rechazaron todas sus solicitudes de acreditación para cubrir el proceso electoral.

No obstante, los golpes están siendo una tendencia en África desde el año 2020. Malí (2020), Chad (2021), Guinea (2021), Sudán (2021), Burkina Faso (2022), Níger (2023), a los que se ha sumado Gabón. 

Recursos

Gabón, con una superficie de 267.670 km2 y una baja densidad poblacional, es la economía número 114 por volumen de PIB y sus habitantes no gozan de una buena calidad de vida. Aunque un tercio de la población se encuentra bajo el nivel de pobreza (US$ 5,5 al día), Gabón es uno de los países más ricos de África, con un PIB per cápita de US$ 8.600.

Francia mantiene relevantes intereses económicos directos en el país africano, además de tener desplegados permanentemente unos 400 soldados, parte de ellos en la capital, Libreville[5]. Se trata de uno de los países de la Francofonía que mantiene lazos más estrechos con su ex metrópoli.

Hacia la década de 1970 los grandes recursos forestales y los hidrocarburos despertaron un fuerte interés por el país.

Según datos de la embajada de Francia en Gabón, unas 110 empresas francesas se hallan presentes en Gabón, entre las que se destacan el grupo minero Eramet, la petrolera Perenco, las empresas de petróleo y gas TotalEnergies y Maurel & Prom, Air Liquide, Spie Oil & gas, además por supuesto de Air France, empresas del rubro maderero como Groupe Rougier de Niort, el cual en abril de 2023 anunció que se encontraba estudiando transportar los troncos utilizando un dirigible eléctrico por considerarlo ecológico y con grandes perspectivas para acortar los tiempos de transporte sin impacto sobre el terreno[6].

Del mismo modo, deben mencionarse la aseguradora Axa y el fondo de inversión Meridiam. Aproximadamente una quinta parte del producto interior bruto nominal de Gabón es generado por empresas francesas con un volumen de inversiones cercano a los mil millones de dólares.

Posee grandes recursos petrolíferos y sobre todo de manganeso, mineral esencial en la industria siderúrgica ya que se lo usa en la producción de acero, en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y como agente purificador. Los principales países productores de manganeso son Sudáfrica, Gabón, Australia y China[7]. Tanto el sector petrolero como el minero constituyen los ejes de la economía del país con un 40% de los ingresos fiscales, el 52% del producto interno bruto (PIB) y el 84% de las exportaciones.

En un primer momento, los medios informaron que los militares controlaban el gobierno, y por ende de la economía del país, podría afectar el suministro de manganeso, más aún debido a que la empresa que opera la explotación de la mayor mina de ese mineral del mundo es la minera francesa Eramet S.A., empresa que pertenecería a la familia Rothschild aunque la misma no figura oficialmente en la compañía. Como consecuencia del golpe de Estado la empresa, que cuenta con 8.000 empleados en el país, detuvo inmediatamente la producción como medida de precaución. Eramet S.A., ha convertido a Gabón en el segundo proveedor mundial del metal.

A principios de 2023 la Comisión Europea propuso designar el manganeso destinado a la fabricación de baterías como materia prima estratégica, junto con metales como el cobre y el níquel, dado son elementos claves para la transición energética[8].

Las exportaciones gabonesas a Francia comprenden principalmente hidrocarburos (43%, petróleo, gas natural), minerales metálicos (24%, principalmente manganeso) y madera (31%).

China recibe un tercio de las exportaciones gabonesas y es el principal socio comercial del país desde hace nueve años. En 2022 el comercio bilateral alcanzó los US$ 4.500 millones, lo que significó un aumento interanual del 50,8%. Tanto China como Marruecos han hecho fuertes inversiones en Gabón durante los últimos años y hoy se encuentran presentes en el país más de 60 empresas chinas, un 50% de las cuales son estatales. Estas empresas se orientan hacia la explotación de hidrocarburos, madera (más de la mitad de los bosques gaboneses) y manganeso.

Por su parte, Marruecos, es el séptimo proveedor de inversiones extranjeras directas en Gabón por un importe de poco más de US$ 500 millones, poniendo el foco en el sector minero (oro), banca y seguros, telecomunicaciones, transportes y obras públicas.

Gabón en la Commonwealth

Al igual que Francia, el Reino Unido se aseguró de mantener bajo su tutela a sus ex colonias una vez que lograran la independencia y, a esos efectos, en 1949 a través de la Declaración de Londres creó la Mancomunidad Británica, la Commonwealth, integrada por 54 países, algunos de los cuales mantienen al monarca británico como jefe de Estado, como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, mientras que Barbados decidió en 2021 convertirse en república despojando en su momento a la reina Isabel II de estar al frente de esa pequeña nación caribeña aunque no dejó de pertenecer a la Mancomunidad. Actualmente otros estados miembros estarían dispuestos a seguir los pasos de Barbados.

En junio de 2022 la Commonwealth incorporó como miembros a Gabón y Togo, países que habían sido colonias francesas en oportunidad de la cumbre celebrada en Ruanda. Cabe aquí hacer una digresión y recordar que Ruanda fue una colonia alemana hasta que finalizada la Primera Guerra Mundial fue entregada en mandato por la Sociedad de Naciones a Bélgica hasta que obtuvo su independencia a principios de la década de 1960. Luego del genocidio de 1994 y bajo el gobierno del presidente Paul Kagame, Ruanda comenzó a tomar distancia tanto de Bélgica como de Francia ―que tuvo un papel muy controvertido durante esa matanza― y comenzó a quedar bajo la influencia del Reino Unido. El régimen de Kagame, que lejos está de ser un modelo de democracia más allá de los logros económicos y en materia de seguridad y desarrollo que muestra, recibe un claro apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido. No puede soslayarse que recientemente el gobierno de Londres había planeado deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo con la intención de disuadir a los inmigrantes que se arriesgaran a cruzar el Canal de la Mancha y que en junio de 2023 un tribunal británico declaró ilegal ese plan. Los jueces del Tribunal de Apelación consideraron que ese país africano no puede considerarse un «tercer país seguro» al que enviar a los migrantes. Decisión judicial que fue criticada por la secretaria de Interior, Suella Braverman[9]. En este punto, cabe aquí aclarar que tanto Gabón como Togo también son miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), de la que también forman parte la Argentina, Brasil y Uruguay por el litoral atlántico americano.

Cabe mencionar que en 1995 Mozambique, una excolonia portuguesa, fue el primer país sin lazos históricos con el Reino Unido en adherir a la Commonwealth[10].

Ruanda fue incorporada a la Commonwealth en 2009 y Gabón y Togo son los primeros países que se integran desde entonces. Con respecto al golpe de Estado, la Mancomunidad expresó que es «profundamente preocupante» la situación en Gabón, «recordando al país sus obligaciones en materia de respeto de la democracia», algo que parece no tener en cuenta respecto al régimen de Kagame en Ruanda y de otros miembros de la Commonwealth, incluso en el caso del propio Gabón que pareció ser patrimonio de la familia Bongo por más de medio siglo. De ese modo, la secretaria general de la Mancomunidad, Patricia Scotland, recordó que sus miembros deben respetar «el Estado de derecho y los principios de la democracia».

Del mismo modo, el gobierno del Reino Unido condenó el golpe de Estado en Gabón e instó a las autoridades militares y a los ciudadanos a «seguir los procesos legales y constitucionales» para resolver «cualquier disputa electoral»[11].

Evolución de la situación en Gabón desde el golpe

Del golpe participaron militares, miembros de la guardia presidencial y agentes de policía. Los militares golpistas designaron al general Brice Clotaire Oligui Nguema, comandante en jefe de la Guardia Republicana, para que condujera la transición. Este general fue ayudante de campo de Omar Bongo, el padre del presidente derrocado. Al asumir Ali Bongo habría habido conflictos entre ellos por lo que el militar fue enviado como agregado militar de la embajada gabonesa en Marruecos y luego en Senegal. Al parecer, el militar no tomó a bien esta separación sino que sintió que fue forzado al exilio[12]. Siendo coronel y luego de la apoplejía que afectó al presidente, en 2018 regresó al país para hacerse cargo del servicio de Inteligencia y luego sustituyó al general Grégoire Kouna como jefe de la Guardia Republicana, la guardia presidencial. El ahora general y presidente, «primo»[13] del fallecido presidente Omar Bongo, no estaría fuera del sistema corrupto de la familia Bongo.

Inmediatamente después de la toma del poder por los militares, varios gobiernos procedieron a condenar el golpe como lo ha manifestado un portavoz del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, si bien admitió que las elecciones carecieron de transparencia. Lo propio hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric[14].

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos emitió un breve comunicado de prensa expresando que «sigue de cerca la evolución de la situación en la República Gabonesa». Cabe consignar en este punto que el general Oligui Nguema recibió instrucción militar en Marruecos.

En el mismo sentido se han expresado también los gobiernos de Rusia y China. En el caso del gobierno de Beijing, que mantenía una estrecha relación con el presidente derrocado y anteriormente con su padre, ha solicitado que se garantice la seguridad del presidente Ali Bongo, a la vez que manifestó ―como otros gobiernos― que seguía atentamente la evolución de la situación en Gabón y que pedía el pronto retorno a la normalidad[15].

El gobierno de Estados Unidos hizo lo propio a través del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El portavoz consideró como «profundamente preocupante» la sucesión de golpes de Estado en África en los últimos años[16].

De más está decir que el gobierno de Francia condenó el golpe militar a través del portavoz del gobierno, Olivier Véran y agregó que desde París siguen la evolución de la situación. Sin embargo, el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, acusó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber «comprometido una vez más a Francia al apoyar lo insoportable hasta el final», refiriéndose al apoyo dado al presidente gabonés Ali Bongo.

Por su parte, Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, marcó una diferencia entre el golpe militar en Gabón con el ocurrido en Níger a fines de julio. Según Borrel los militares gaboneses intervinieron tras una elección plagada de «irregularidades» y agregó que «en Gabón, pocas horas antes del golpe militar, hubo un golpe institucional porque se robaron las elecciones». Aun fue más allá al expresar: «No puedo decir que Gabón fuera una verdadera democracia con una familia que había gobernado el país durante 50 años»[17]. Parecería denotar cierta «consideración» hacia los militares gaboneses.

Una de las primeras medidas que adoptaron los militares fue la prohibición provisional de la emisión de los medios de comunicación francófonos France 24, RFI y TV5 Monde, considerando que carecían de objetividad y de equilibrio en la información. La prohibición fue rápidamente levantada y se restablecieron las transmisiones de los medios franceses por orden del general Oligui Nguema. El general afirmó en una entrevista que el presidente derrocado «no tenía derecho a cumplir un tercer mandato» porque fue violada la Constitución.

El golpe contó con el respaldo de buena parte de la población y muchos de sus habitantes salieron con sus autos tocando las bocinas en señal de festejo y adhesión a los militares. Incluso algunos bailaron en las calles con policías y militares.

El 4 de septiembre el general Brice Oligui Nguema pronunció un discurso anunciando un ambicioso programa de reformas destinado a transformar a Gabón en una nación próspera y unida, poniendo el eje en la reconciliación nacional, la educación, la justicia social y el desarrollo económico. Entre esas medidas destacó facilitar el regreso al país de todos los exiliados políticos y una amnistía a los presos de conciencia[18]. Al otro día de este anuncio fue liberado Jean Rémy Yama, presidente de la mayor coalición sindical del país, Dynamique unitaire (DU).

El día 5, cuando se dirigían en coche a Guinea Ecuatorial, fueron detenidos Mike Jocktane y Therence Gnembou Moutsona. Mike Jocktane ―obispo pentecostal y político― fue nombrado en 2005 asesor personal y jefe de misión del entonces presidente Omar Bongo, y en enero de 2009 asumió como jefe adjunto del gabinete presidencial. Fallecido el presidente en junio del mismo año, Jocktane consideró que el país podría transitar hacia una verdadera democracia, por lo cual se sumó al líder de la oposición, André Mba Obame ―fallecido en 2015 en Yaoundé, Camerún―, y criticó duramente al gobierno de Ali Bongo. En 2021, tras dejar el partido Union Nationale, anunció su candidatura presidencial con su partido Gabón Nouveau pero resignó su aspiración y se sumó a Alternance 2023, espacio que reunía a los principales partidos de oposición. En el mismo aceptó ser el director de campaña de Albert Ondo Ossa durante la campaña electoral. Thérence Gnembou es fundador y presidente del Parti du Réveil Citoyen (PRC) y vicepresidente de Alternance 2023. Ambos fueron acusados de llevar una carta dirigida al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mangue, y supuestamente firmada por el candidato presidencial Ondo Ossa quien, en una entrevista, niega ser el autor de la carta a la vez que afirma que el tenor de la misma no justificaba ese arresto[19]. La carta contendría una petición de ayuda a Malabo para que respaldara su posición en la crisis política y para «restaurar el orden constitucional». Ambos detenidos fueron encarcelados en la prisión de Oyem, localidad situada en el norte de Gabón.

Ondo Ossa, profesor de economía, parecería haber optado por la discreción ante el gobierno del general Oligui Nguema y se mantiene en su casa, rodeado por sus asesores, a la espera de que el gobierno lo convoque.

El 7 de septiembre el presidente de la transición en Gabón, el general Oligui Nguema, designó como primer ministro de la transición a Raymond Ndong Sima, economista, opositor al presidente derrocado, quien ocupó ese mismo cargo entre los años 2012 y 2014, para luego distanciarse acusando al gobierno de mala administración[20]. En las elecciones presidenciales de 2016 se presentó como candidato a la presidencia y en estas últimas elecciones de 2023 se retiró antes de las mismas[21]. Raymond Ndong Sima informó que presentaría una propuesta de gobierno de transición al general Oligui Nguema. Del mismo modo, existiría el propósito de convocar a las diferentes fuerzas vivas del país y de avanzar en la redacción de una nueva Constitución. El designado primer ministro consideró que la transición no debería superar el período de 24 meses.

Con respecto al presidente derrocado, Ali Bongo, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, el general Oligui Nguema comunicó que tendría libertad de movimiento y que, «dado su estado de salud» ―sufrió un grave derrame cerebral en 2018―, podía viajar al extranjero para recibir atención médica pues el ACV le ha dejado secuelas físicas[22].

El 9 de septiembre el gobierno nombró a Mays Mouissi como ministro de Economía. El analista de economía, de 37 años, quien es muy activo en las redes sociales y dirige un blog de análisis económico, abandonó París tras el golpe del 30 de agosto para instalarse en Libreville[23].

El día 11 Joseph Owondault Berre fue nombrado vicepresidente de la transición por el presidente. En la actualidad se encuentra jubilado y mantiene un bajo perfil, por lo que es poco conocido por el pueblo de Gabón. Se graduó de ingeniero en el Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon y fue director general de la Société Gabonaise d’Entreposage de Produits Pétroliers (SGEPP) entre diciembre de 1980 y septiembre de 1985.

El 18 de septiembre el general Oligui Nguema inició su día visitando las tumbas de Léon Mba y de su sucesor Omar Bongo Ondimba («OBO»), de quien fue ayudante de campo. También rindió homenaje a Rose Francine Rogombé, ex jefa del Senado y presidenta interina tras la muerte de OBO[24]. El mismo día el presidente de la transición, acompañado de la primera dama, Zita Oligui Nguema, llegó a Malabo, República de Guinea Ecuatorial, en el marco de una visita oficial. Se reunió en el Palacio del Pueblo de Malabo con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Ambos discutieron acerca de cuestiones de cooperación bilateral entre Libreville y Malabo, así como temas de interés común. Luego mantuvo un encuentro con la comunidad gabonesa residente en ese país[25].

Gabón es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por un período de dos años hasta finales de 2023, por lo que el designado primer ministro, Raymond Ndong Sima, se dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el cual pidió el fin de la guerra en Ucrania[26].

El nuevo gobierno ha redactado una Carta de Transición que prohíbe a los miembros del gobierno provisional presentarse a las próximas elecciones, incluido Raymond Ndong Sima, pero no excluye explícitamente al general Oligui de presentarse a la presidencia.

La presencia de China

Ya se ha mencionado la estrecha relación que se generó entre ambos países desde la presidencia de Omar Bongo y del creciente interés de China en términos económicos mediante la presencia de sus empresas. En 2024 se cumpliría el 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Gabón[27].

En abril de 2023 ambos países decidieron elevar la relación a la categoría de asociación estratégica de cooperación internacional. Ali Bongo fue el primer jefe de Estado recibido por Xi Jinping luego de su elección como presidente chino en el mes de marzo, según la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China[28].

El 8 julio de 2023, poco antes del golpe militar, el 43° grupo de trabajo de escolta naval chino llegó de visita a Gabón, atracando en el puerto de Owendo. La llegada de estos buques dio lugar a una serie de reuniones tanto protocolares como específicamente militares[29].

Según ha informado el sitio de investigación Africa Intelligence, el presidente depuesto Ali Bongo había dado su consentimiento para instalar una base militar china y el complejo militar habría sido confiado a la Armada del Ejército Popular de Liberación, que debería haber establecido su primera base en la costa atlántica y la segunda en el continente, después de la de Yibuti[30]. La localización de la base habría tenido lugar en península de Mandji, en Port-Gentil. El sitio informa que Estados Unidos y Francia ya habían expresado su preocupación al respecto. En este sentido, el almirante Pierre Vandier, ex jefe de Estado Mayor de la Armada francesa, fue enviado por el gobierno de Francia a Libreville para intentar disuadir a Ali Bongo. Queda por ver ahora si el gobierno militar mantiene el consentimiento verbal que había dado el presidente derrocado.

Algunas consideraciones

Es evidente que Francia está perdiendo su poder sobre los países que fueron sus colonias en el continente africano pero el golpe de Estado en Gabón parecería de una índole diferente a la de los que tuvieron lugar en Níger y en los países del Sahel. Quizás, en este caso, Josep Borrell tenga razón al decir que en Gabón no había una verdadera democracia. Sin embargo, no la hubo durante más de medio siglo y no la hubo ni en Gabón ni en muchos otros países de África y del mundo con los cuales la Unión Europea, como los Estados Unidos y el Reino Unido se relacionan. La Commonwealth hace también sus recomendaciones sobre la democracia en Gabón pero cuando éste país se incorporó a la Mancomunidad ya presentaba un déficit democrático, del mismo modo que lo presenta la tan elogiada Ruanda de Kagame.

Respecto del golpe en Gabón, parecería ser claramente un cambio de gobierno para mantener el régimen a través de otros actores. A diferencia de lo ocurrido en Níger y en otros países, en Gabón no hay una presencia del grupo Wagner ni se vio entre la población el despliegue de banderas rusas.

El general Oligui Nguema es un miembro del círculo de la familia Bongo y, por lo que se aprecia, intenta mantener una continuidad respecto al gobierno anterior: en este caso no hubo un discurso anti francés, no se emplazó al embajador de Francia para que se retirara del país y las empresas francesas habrían retomado prontamente sus actividades.

En función de lo desarrollado, se aprecia que China avanza sobre el continente a través de su poder blando, a través de sus empresas pero también procurando lograr un emplazamiento militar en el Atlántico Sur, algo que resulta inadmisible para la angloesfera y la Unión Europea, aún más habida cuenta de que el Reino Unido ha avanzado sobre los países que fueron colonias de Francia y de Bélgica como Ruanda, Gabón y Togo, incorporándolos a la Mancomunidad. Sin duda que el ingreso de los dos últimos a la esfera británica también tiene un interés estratégico en función de asegurarse el control sobre el Atlántico Sur, ya que esos dos países ―tal vez no casualmente― son miembros de la ZPCAS y eran de los que respaldaban a la Argentina en sus reclamos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Ahora bien, teniendo en cuenta que no solo Francia está perdiendo el control sobre los países que integran la Francofonía en África, sino que también a raíz de la guerra proxy que la OTAN ha provocado en su intento de expansión en Europa ―más concretamente entre Ucrania y Rusia―, los propios países denominados occidentales han perdido su cuota de control sobre ciertos países del Sur Global. Esto ha acelerado determinados procesos geopolíticos que favorecieron el acercamiento de Rusia y China y un creciente interés por los BRICS, lo que ha llevado a que varios países se estén acercando a un «nuevo orden mundial 2.0» que vendría a quebrar aquel «nuevo orden mundial» bajo control de la angloesfera y de la Unión Europea.

En tal sentido, el golpe de Estado en Gabón claramente podría ser diferenciado de los producidos en la región del Sahel y podría hacerse sobre el mismo una lectura «gatopardista». Las elecciones en las que se ha considerado triunfador a Ali Bongo han sido fuertemente cuestionadas. En estas últimas elecciones no ha habido observadores internacionales, el fraude ha parecido evidente, inmediatamente se impuso un toque de queda y el opositor Ondo Ossa estaba ya proclamando su triunfo. Como se ha mencionado, se ha llamado a integrar el gobierno a opositores pero, hasta el momento, no a quien encarnaba la mayor oposición al frente del espacio Alternance 2023. Asimismo, inmediatamente, el gobierno autoriza al presidente derrocado a viajar al exterior en atención a su estado de salud, y él mismo decide quedarse para colaborar en la transición. Tampoco se han esgrimido fuertes cargos contra el presidente depuesto.

De tal manera que podría considerarse al golpe en Gabón, de la mano de un militar allegado a los Bongo, como un golpe palaciego que seguramente ha venido a cortar cualquier posibilidad de un golpe que verdaderamente hubiera provocado un cambio de régimen y, quizás, un viraje de Gabón que favoreciera a otras potencias.

Aún es temprano para lograr una lectura completa, pero todo indicaría que aquí, y teniendo en cuenta hasta lo manifestado por el propio Borrell, el golpe en Gabón podría considerarse una mise en scène que daría continuidad al régimen y garantizaría las inversiones de Francia en el país.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] El PDG fue fundado en 1953 como una coalición que se denominó «Bloque Democrático Gabonés», que se mantuvo desde la independencia que devino en un régimen de partido único en 1968 hasta 1990.

[2] «Golpe de Estado en Gabón sigue a tomas militares en excolonias francesas en África». France24, 30/08/2023, https://www.france24.com/es/áfrica/20230830-golpe-de-estado-en-gabón-sigue-a-tomas-militares-en-excolonias-francesas-en-áfrica, [consulta: 02/09/2023].

[3] «Nuevo golpe en África: militares toman el poder en Gabón». Deutsche Welle, 30/08/2023, https://www.dw.com/es/nuevo-golpe-en-África-militares-toman-el-poder-en-gabón/a-66668204, [consulta: 02/09/2023].

[4] «Gabón suspende acceso a internet e impone toque de queda». Deutsche Welle, 26/08/2023, https://www.dw.com/es/gab%C3%B3n-suspende-acceso-a-internet-e-impone-toque-de-queda-tras-elecciones/a-66639724, [consulta: 02/09/2023].

[5] Francia tiene en Gabón una de las cuatro bases militares permanentes en África. Las otras se encuentran en Senegal, Yibuti y Costa de Marfil.

[6] «Le Groupe Rougier à Niort veut transporter les grumes de bois par dirigeable». Le Courrier de l’Ouest, 25/04/2023, https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/le-niortais-groupe-rougier-veut-transporter-les-grumes-de-bois-par-dirigeable-3dae0d64-e34d-11ed-a544-66056eec5fd3, [consulta: 02/09/2023].

[7] Mark Burton y Francois de Beaupuy. «¿Por qué el golpe de Estado en Gabón amenaza el suministro global de manganeso?» El Financiero, 30/08/2023, https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2023/08/30/por-que-el-golpe-de-estado-en-gabon-amenaza-el-suministro-global-de-manganeso/, [consulta: 03/09/2023].

[8] Ídem.

[9] Carlos Fresneda. «Un tribunal británico declara “ilegal” el envío de refugiados a Ruanda». El Mundo, 29/06/2023, https://www.elmundo.es/internacional/2023/06/29/649d565ffdddffdfab8b457d.html, [consulta: 03/09/2023].

[10] «Togo y Gabón admitidos en la organización». ANSA, 25/06/2022, https://ansabrasil.com.br/americalatina/noticia/ultimo_momento/2022/06/25/togo-y-gabon-admitidos-en-la-organizacion_a35951d0-9c2a-45bc-b3ec-244cab37e2eb.html, [consulta: 03/09/2023].

[11] «Gabón. Reino Unido insta a “seguir los procesos legales” para resolver “cualquier disputa electoral” en Gabón». Notimérica, 31/08/2023, https://www.notimerica.com/politica/noticia-gabon-reino-unido-insta-seguir-procesos-legales-resolver-cualquier-disputa-electoral-gabon-20230831024736.html, [consulta: 04/09/2023].

[12] «¿Quién es el general Brice Oligui Nguema, nombrado presidente de la Transición en Gabón?» RFI, 31/08/2023, https://www.rfi.fr/es/africa/20230831-quién-es-el-general-brice-oligui-nguema-nombrado-presidente-de-la-transición-en-gabón, [consulta: 04/09/2023].

[13] En África el término «primo» es de uso coloquial tanto para designar a un pariente lejano como así también a los individuos que se encuentran unidos por una amistad estrecha. Habría entre el presidente derrocado y el general algún grado de parentesco pero se desconoce en verdad cuál es.

[14] «Gabon: les militaires putschistes nomment le général Brice Oligui Nguema chef de la transition». France24, 30/08/2023, https://www.france24.com/fr/afrique/20230830-gabon-un-groupe-d-officiers-de-l-armée-affirme-à-la-télévision-avoir-pris-le-pouvoir, [consulta: 02/09/2023].

[15] Ídem.

[16i] Ídem.

[17] «Para la Unión Europea los golpes en Gabón y Níger no son “equivalentes”». Télam, 31/08/2023, https://www.telam.com.ar/notas/202308/638710-union-europea-golpe-gabon-niger.html, [consulta: 04/09/2023].

[18] Freddy Moussounda. «Transition: Oligui Trace la Voie de la Réconciliation et du Développement du Gabon». Medias241, 05/09/2023, https://medias241.com/transition-oligui-trace-la-voie-de-la-reconciliation-et-du-developpement-du-gabon/, [consulta: 08/09/2023].

[19] Freddy Moussounda. «Affaire Mike Jocktane : “Je ne reconnais pas avoir écrit une telle lettre” – Albert Ondo Ossa». Medias241, 08/09/2023, https://medias241.com/affaire-mike-jocktane-je-ne-reconnais-pas-avoir-ecrit-une-telle-lettre-albert-ondo-ossa/, [consulta: 10/09/2023].

[20] «Gabón: Raymond Ndong Sima, opositor a Bongo, nombrado primer ministro de la transición». France24, 07/09/2023, https://www.france24.com/es/áfrica/20230907-gabón-raymond-ndong-sima-opositor-a-bongo-nombrado-primer-ministro-de-la-transición, [consulta: 10/09/2023].

[21i] Ídem.

[22] Ídem.

[23] Jeanne Le Bihan. «Dix choses à savoir sur Mays Mouissi, le nouvel économiste en chef de Brice Oligui Nguema». Jeune Afrique, 14/09/2023, https://www.jeuneafrique.com/1482347/politique/dix-choses-a-savoir-sur-mays-mouissi-le-nouvel-economiste-en-chef-de-brice-oligui-nguema/, [consulta: 17/09/2023].

[24] Jeanne Le Bihan. «Oligui Nguema, les “enfants d’Omar” et le coup d’État au Gabon». Jeune Afrique, 19/09/2023, https://www.jeuneafrique.com/1484095/politique/oligui-nguema-les-enfants-domar-et-le-coup-detat-au-gabon/, [consulta: 21/09/2023].

[25] Paul Essonne. «Le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema en visite officielle à Malabo». 7jours info, 20/09/2023, https://7joursinfo.com/actualites/le-president-de-la-transition-le-general-de-brigade-brice-clotaire-oligui-nguema-en-visite-officielle-a-malabo/, [consulta: 21/09/2023].

[26] «Le Premier ministre gabonais issu du coup d’Etat à la tribune du Conseil de sécurité de l’ONU». VOA, 20/09/2023, https://www.voaafrique.com/a/le-premier-ministre-gabonais-issu-du-coup-d-etat- à-la-tribune-du-conseil-de-sécurité-de-l-onu/7276916.html#:~:text=Le%20Premier%20ministre%20du%20Gabon,deux%20ans%20jusque%20fin%202023, [consulta: 21/09/2023].

[27] «China, Gabon elevate relations to comprehensive strategic cooperative partnership». CGTN, 19/04/2023, https://news.cgtn.com/news/2023-04-19/China-Gabon-lift-relations-to-comprehensive-strategic-cooperative-partnership-1j8xbJYVR6w/index.html, [consulta: 21/09/2023].

[28] Ídem.

[29] Tang Siyu and Wu Kangci. «43rd Chinese naval escort taskforce visits Gabon». Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, 11/09/2023, http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/OverseasOperations/16236380.html, [consulta: 14/09/2023].

[30] «Gabón: fuentes de prensa, el presidente depuesto Bongo había dado su consentimiento para instalar una base militar china». Agenzia Nova, 07/09/2023, https://www.agenzianova.com/es/news/gabon-fonti-stampa-il-presidente-deposto-bongo-aveva-dato-il-consenso-ad-installare-una-base-militare-cinese/, [consulta: 14/09/2023].

 

Artículo publicado el 25/09/2023 por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), https://www.igadi.gal/es/analise/gabon-un-nuevo-golpe-de-estado-en-africa/.

LA ADMINISTRACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, DE LA VIA PARAGUAY-PARANÁ Y LOS PUERTOS

César Augusto Lerena*

Imagen: https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/puertos

Ya hemos dicho y fundado que el Atlántico Suroccidental no está debidamente administrado por Argentina y se encuentra en gran parte invadido y explotado por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), a quien, en el Pacífico, le presta apoyo logístico a esta ocupación Chile, desde su puerto de Punta Arenas y, en el Atlántico, Uruguay desde Montevideo. Ambos países son centrales para proveer a los británicos en Malvinas alimentos frescos, insumos diversos, trabajadores especializados, renovación de tripulación, armado y transbordo de los buques pesqueros y otros extranjeros que operan ilegalmente en el área favoreciendo el comercio de mercaderías, especialmente España con la Unión Europea que, pese al Brexit, admite los productos de Malvinas libres de aranceles de importación, todo ello, facilitado por las asociaciones empresarias de los isleños con los españoles.

Mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la construcción de un puerto flotante para reemplazar el existente con una inversión de unos 200 millones de dólares (MercoPress, 10/07/2023), la Argentina no tiene política para recuperar la construcción de la flota mercante y fluvial en astilleros públicos o privados nacionales, ni una administración portuaria adecuada para atender los 79 puertos en la vía Paraná-Paraguay y los 21 del Atlántico Suroccidental y asegurar la soberanía política y el comercio nacional e internacional argentino.

En 1992, durante los procesos de privatización y descentralización, se sancionó la Ley 24.093 de “Actividades Portuarias” que, en su artículo 7º, clasifica a los puertos según la titularidad del inmueble en nacionales, provinciales, municipales y particulares y, según su utilización, en uso público: «los que por su ubicación y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera» y, de uso privado: «que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos» y si bien los artículos 4º y 5º refieren a que los puertos comerciales o industriales involucrados en el comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del Estado Nacional, algunos artículos posteriores desnaturalizan la idea de que la habilitación y la administración general de los puertos deba quedar en manos del Estado.

Por ejemplo, el Título III-I de la Ley regula «la transferencia del dominio, administración o explotación portuaria nacional a los estados provinciales y/o a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y/o a la actividad privada». En el Capítulo I, en su Art. 11º, indica que «a solicitud de las provincias en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad del Estado Nacional el Poder Ejecutivo le transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria» y ello dio lugar, en muchos casos, a la formación de Consorcios de Gestión que modificaron de hecho el uso de los puertos de público a privado; además que la administración ya no quedó en manos del Estado Nacional cuando en este se realizan tráfico federal o exportación. Del mismo modo, cuando indica, que la Provincia que «no demostrase interés por la mencionada transferencia de esos puertos, el Poder Ejecutivo podrá transferirlos a la actividad privada».

El Cap. II Art. 12º va por más y regula: «En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia se efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario. Las provincias y los municipios en cuyo ámbito o ejido se encuentre el puerto también tendrán participación en estos entes, de acuerdo con la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto. Las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo» y los artículos 13º y 14º indican: «La administración de los puertos nacionales podrá operar y explotar por sí a éstos o bien ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a las disposiciones de la presente ley (y) podrá celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal, a fin de reparar, modificar, ampliar, o reducir las instalaciones existentes o construir nuevas, para la prestación de servicios portuarios…».

Lo precedente se cambia parcialmente en los Art. 21º y 22º aunque en forma imprecisa: «Todos los puertos están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, incluida entre otras, la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el transporte por agua, y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales. Las autoridades de aplicación deben coordinar tales controles, ejercidos en razón de las responsabilidades inherentes a los organismos nacionales, al solo efecto de que no interfieran con las operaciones portuarias y, la autoridad de aplicación tendrá dentro de sus funciones y atribuciones, la de controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley…».

Por otra parte, en el Art. 6º se indica que respecto a la habilitación, la autoridad competente deberá tener en cuenta las siguientes pautas: a) Ubicación del puerto; e) Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; i) Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación y seguridad portuaria; pero, no precisa las limitaciones o las medidas a tomar en estos casos.

Finalmente, la Ley en sus Art. 17º y 18º precisa: «Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad y los buques y las cargas que operen en los puertos de los particulares estarán exentos del pago al Estado de derechos y tasas por servicios portuarios que éste no preste».

En síntesis, la Ley indica que la Autoridad de Aplicación es nacional; que la habilitación y administración corresponde al Estado Nacional pero también que puede transferirse el dominio, la administración y explotación a las provincias o a privados y además, siendo particulares, están exentos de pago derechos y tasas cuando no se les preste servicios, cuando ello debería ocurrir en todos los puertos en los que no haya servicios prestados.

Ya nos hemos referido que según el portal Argentina.gob.ar (13/06/2023), a excepción de Buenos Aires todos los puertos estatales fueron transferidos a partir del año 1992 a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que por vía fluvial o marítima las une con el resto del mundo, lo cual contradice la letra de los artículos 4º y 5º de la ley 24.093. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y los municipios donde están ubicados.

Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 11.414 modificada por la 11.930 creando los Consorcios de Gestión de los Puertos de Bahía Blanca y de Quequén como entidades de derecho público no estatal que tienen a su cargo la administración y explotación de la zona portuaria que, entre sus funciones tiene la de  “celebrar convenios con entes públicos o privados, argentinos o extranjeros; realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones y, ejercer en su ámbito de actuación las funciones públicas de fiscalización y control en las materias que se le deleguen” y puede observarse que la representación del Estado en el Directorio es minoritaria.

Otro caso es el Decreto de la Provincia de Buenos Aires 3.572 del 02/12/1999 por el que se crea el ente de derecho público no estatal Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata con capacidad para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones, cuya estructura y alcances es muy similar a la utilizada para Bahía Blanca. Aquí se observa que el presidente tiene capacidad de veto sobre las decisiones del Directorio pero en ningún caso las cuestiones están referidas a asuntos que puedan deberse a la Defensa Nacional, al uso de los puertos por parte de embarcaciones no habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación y/o que puedan estar realizando pesca ilegal (INDNR) o relativas a la violación de la soberanía nacional, etc., lo que resulta inadmisible pueda estar en manos de simples usuarios y concesionarios.

Hay múltiples denuncias públicas respecto a la carga de combustible o reparaciones por parte de buques extranjeros o casos que se ventilaron, donde la ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que podía otorgar el puerto de Río Grande a empresas con capitales chinos y desde éste darle apoyo logístico a buques chinos que pescan en el Atlántico Suroccidental u otorgarle la construcción y administración del mismo a la estatal china Shaanxi Chemical Group.

Nosotros entendemos que es posible, aunque no necesariamente, que pueda tercerizarse en Consorcios o aún a empresas privadas nacionales, las cuestiones relativas al balizamiento, dragado, el otorgamiento de espacios destinados para emplazamiento de terminales portuarias, servicios de apoyo a las embarcaciones, de remolque, maniobra y practicaje, servicios relativos a la carga y descarga, los relativos al amarre, construcción y mantenimiento de astilleros, mercados concentradores o de distribución, depósitos de almacenamiento o cámaras frigoríficas y todo tipo de explotaciones industriales, comerciales o de servicios públicos o privados afines a la actividad, transportes de apoyo logístico, servicios turísticos, entidades bancarias y de negocios, emplazamiento de reparticiones públicas relativas al control de calidad, sanidad, aduana, impositivo, inmigraciones, etc., pero celebrar convenios con personas físicas o jurídicas extranjeras; autorizar el uso de los puertos a buques comerciales extranjeros, prestar servicios logísticos (combustibles, armado, reparación, alimentación, etc.) a buques pesqueros o cargueros extranjeros no autorizados, servicios de seguridad, etc., debe ser una facultad del Estado Nacional y del Congreso de la Nación en los casos que se requieran acuerdos internacionales de pesca u otro tipo.

Sería un despropósito que frente a la situación de disputa e invasión territorial de un total de 5.497.178 km2 argentinos por parte del RUGB del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE insular, se pudiese otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo a personas, empresas o sociedades del Estado (como es el caso chino) o incluso nacionales de capital extranjero. Esto alcanzaría, por supuesto, a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas, pescan ilegalmente las especies migratorias originarias en la ZEE Argentina en alta mar; disputan nuestros derechos en la Antártida o realizan investigaciones científicas en el Atlántico Suroccidental o la Antártida que deben ser autorizados por el Estado Nacional.

Con otros argumentos, el Poder Ejecutivo por Decreto 1029/92 observó la Ley 24.093 y retuvo para sí la Administración del Puerto de Buenos Aires en lugar de transferirlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras ello ocurre, nuestro vecino Chile, durante el gobierno del demócrata cristiano de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, elegido por una coalición de partidos, el 09/12/1997 sancionó la ley 19.542 que está vigente y que en su artículo 2º establece: «Las empresas a que se refiere el artículo 1º son personas jurídicas de derecho público, constituyen una empresa del Estado con patrimonio propio, de duración indefinida y se relacionan con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes…». Chile tiene claro quién administra los puertos y ya nos referimos a la incidencia que esto tiene en la política de apoyo a los británicos que ocupan Malvinas, donde la Empresa Portuaria Austral del puerto de Punta Arenas y la terminal de transbordadores de Puerto Natales es central para la sobrevivencia británica en Malvinas y su proyección a la Antártida.

Por su parte Uruguay, con la Ley de Puertos 16.246 sancionada el 03/04/1992 entendió que “la prestación de servicios portuarios eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país” (Art. 1º) y, “compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución” (Art. 7º), siendo “cometido de la Administración Nacional de Puertos la administración, conservación y desarrollo del puerto de Montevideo y otros que le encomiende el Poder Ejecutivo (Art. 9º).

De igual forma, habría que analizar los casos de los puertos de la vía Paraná-Paraguay donde se transporta gran parte de la exportación nacional y se trasladan en su gran mayoría con bandera extranjera, con graves riesgos de transmisión de enfermedades, tráfico de alimentos contaminados, contrabando, evasión fiscal, narcotráfico y bioterrorismo.

Recientemente los países del Mercosur y Bolivia cuestionaron a la Argentina el cobro de “peajes” en el marco del “Acuerdo de Tránsito en la Hidrovía”. Según la Ley 24.385, es probable que el término utilizado de “peaje” (derecho de tránsito o circulación) no corresponda; pero, respecto a la libertad de tránsito establecida en el Capítulo IV, la ley que aprueba el Acuerdo en su artículo 9º establece que “…sólo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos”; es decir que la Argentina está habilitada para cobrar los servicios de dragado, balizado, control policial y policía sanitaria, entre otros; que, sino realiza adecuadamente debería empezar a realizar, como parte de su obligación inexcusable como Estado independiente y seguro.

Es evidente que la Argentina no tiene una política clara respecto de quién debe administrar los puertos, en especial aquellos que se puedan considerar estratégicos y que hacen a la soberanía, defensa, seguridad nacional y sanidad, por lo que debería reformarse la ley vigente. La administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir graciosamente el aprovechamiento de sus mares y ríos por parte de terceros y, por supuesto, de sus puertos y otras instalaciones, debilitando la soberanía nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Autor de “Plan Nacional de Pesca (2023).

GUAYANA ESEQUIBA: INACEPTABLE QUE USEN Y DISPONGAN DE NUESTRA POSESIÓN

Abraham Gómez R.*

Por las declaraciones que han estado ofreciendo las autoridades gubernamentales y las respectivas delegaciones diplomáticas de la excolonia británica, en los diversos escenarios internacionales, hemos venido sacando cuenta, aproximadamente, cuáles estrategias han urdido los coagentes guyaneses en esta controversia; dado que perciben ―con anticipación― que no tienen ni les alcanza la fuerza jurídica para obtener de la Corte una decisión favorable.

Prestemos, también, atención con sumo cuidado, a lo siguiente. Como las palabras no son neutras, la contraparte en el juicio ha recurrido a la manipulación de vocablos para que surtan efectos a lo interno de la Sala Juzgadora.

Procedo a explicar de seguidas de qué trata la cuestión. Conforme al Derecho Internacional Público, los términos Ocupación y Posesión se construyen, adquieren y preservan procesalmente ―con severo énfasis― sus propias diferencias conceptuales-estructurales.

Cada étimo aludido, Posesión y Ocupación, está destinado en su desempeño y despliegue jurisdiccional para dar cuenta concreta de hechos muy particulares. No caben confusiones.

Resulta inadmisible en esta controversia de tanta categoría que la representación guyanesa, que asiste a La Haya emplee indistintamente uno u otro término; como si se tratara de lo mismo. Conscientes de que cada uno adquiere de suyo su especificidad.

Utilizan Posesión y Ocupación en sus escritos y en las audiencias, en una especie de argamasa discursiva.

Tal procedimiento devela   una marcada intención.

No lo hacen con ingenuidad o por andar desprevenidos. Tejen, con muy mala fe, manipulaciones jurídicas, que no nos cansaremos de   poner en claro y denunciar.

Permítanme un modesto aporte sobre el particular.

Todo acto de Posesión lleva implícitos factores característicos intrínsecos que se hacen inescurribles y obligatorios.

Las doctrinas y Principios han establecido descripciones condicionantes exigibles, en los casos de Posesión y ocupación; para que se sepa de qué se habla y a qué atenerse cuando estemos en presencia de uno u otro.

Para que haya Posesión prescribe reunir los siguientes elementos: darse de manera absolutamente pacífica; debe ser un evento público y del conocimiento generalizado; manifestarse de buena fe y que no se hayan ocasionado protestas por tal hecho. Que nadie vea lesionado su patrimonio, perjuicio irrogado.

Cabe la interrogante: ¿La Posesión queda condicionada? Sí, cierto. La Posesión está restringida a que se admitan, acaten y respeten cabalmente las mencionadas limitaciones.

Bajo esos insalvables presupuestos la Posesión queda protegida jurídicamente, y genera la posibilidad para invocar el Principio de Adquisición por Prescripción.

No el vil despojo que se nos hizo, mediante el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899, donde no se cumplieron ninguno de las consideraciones arriba citadas; porque el Imperio Inglés, en su insoportable arrogancia, arremetió –violentamente– contra nuestro espacio territorial correspondiente a la Capitanía General de Venezuela, creada por Cédula Real de Carlos III, el 8 de septiembre de 1777; documento a través del cual el mundo nos llega a conocer.

Los ingleses desconocieron reiteradamente la propiedad de España en el inmenso territorio delimitado en la margen izquierda del río Esequibo; y procedieron a la ocupación; entendida como la manifestación agresiva para el control atrabiliario de lo ajeno, bajo continua impronta de ilegalidades. No era una porción terra nullius (territorio sin dueño) o irredenta.

Irrumpieron, sin parar, mediante vulgares actos de ocupación ilegales e ilegítimos, para crear asentamientos poblacionales en la Guayana Esequiba con migraciones forzosas traídas por ellos desde África, Asia y varias partes del mundo, para ocupar ilegítimamente. Únicamente han ocupado ayer y hoy.

Todo cuanto hizo el Imperio Británico, a partir del “raro e indescifrable” Pacto Anglo-holandés de 1814 estuvo signado por la mala fe; así, además, siempre hubo permanentes protestas y cuestionamientos de nuestra parte; por cuanto, nos estaban perpetrando (como hasta el presente) un vil despojo de nuestra heredada extensión territorial, que obtuvimos mediante Justos Títulos Traslaticios; los cuales  consignaremos, en su debida oportunidad, en la fase probatoria por ante la Corte Internacional de Justicia.

Mucho antes de que se produjera la firma ominosa del Laudo, ya Venezuela había estado levantando su voz de protesta, por todo el desgajamiento que le estaban asestando en una séptima parte de su geografía nacional.

Nuestro Libertador teorizó la doctrina del Utis possidetis Juris para proteger a las naciones que venían alcanzando sus independencias para preservarlas de las acechanzas y voracidad de los ingleses.

Bolívar siempre invocó en defensa de la Gran Colombia el principio del Utis Possidetis Juris, que consagra los territorios que eran propiedad de la Corona española como propios; ahora de los países liberados luego de sus independencias.

En efecto, el territorio que le corresponde a Venezuela de acuerdo al citado Principio no es otro que el que abarcaba la Capitanía General de Venezuela.

De modo que allí jamás ha habido Posesión, en cabal y estricto sentido que otorga el Derecho Internacional Público; por eso no tenemos dudas ni temor de la sentencia que esperamos, en justo derecho, que dictará el Ente Jurisdicente, el próximo año.

Lo que nos resulta inaceptable es el abuso y disposición arbitraria de los recursos de la Guayana Esequiba, que han estado haciendo los gobiernos guyaneses. Inclusive lo declara, recientemente, el presidente Irfaan Ali, sin un mínimo de prudencia y sin esperar la sentencia de la Corte:

La producción de petróleo en el bloque Stabroek de Guyana está previsto que alcance un promedio de 1,2 millones de barriles por día para fines de 2027. Estamos licitando 14 bloques petrolíferos frente a las costas del país; se tendrá en cuenta la gestión de la huella de carbono, la seguridad y la recopilación de datos. En esta esperada licitación, están en juego once bloques petrolíferos en aguas poco profundas y tres en aguas profundas y ultraprofundas. En esta ronda de licitaciones de exploración petrolífera ha atraído a al menos diez empresas, entre las que figuran Shell, Petrobras, Chevron, Exxon Mobil, Total Energies, Hess Corp. y la china CNOOC, así como Qatar Energy y la malaya Petrona.  Las reservas totales de petróleo recuperable de Guyana ascienden a más de 11.000 millones de barriles y ocupan el puesto 17 en el mundo y el tercero en América Latina y el Caribe. tenemos que permitir que el proceso funcione. La evaluación estaría hecha. Esperamos terminar la evaluación a principios de octubre y luego pasar a la discusión para concluir los acuerdos antes de fin de año”.

No caeremos en provocaciones por tan intemperantes, inmoderados y  descomedidos anuncios.

Nosotros somos respetuosos del contenido y alcance del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, único documento que reconocemos donde debe basamentarse el conflicto que se dirime por ante la Corte; por eso nos hemos abstenido de tomar medidas unilaterales —de cualquier tipo― para contener las nuevas arbitrariedades en que incurre la actual administración gubernamental guyanesa.

Todas esas viciadas asignaciones licitatorias —en nuestra posesión― serán absolutamente revisadas y reestructuradas conforme al interés de la soberanía venezolana.

Una vez que presentemos nuestro irrevocable acervo de probanza, la Sala proceda a su examinación e inmediatamente dicte sentencia, resolviendo a nuestro favor, nos corresponderá arreglar y recomponer en muchos aspectos y ámbitos esa restituida porción geográfica que siempre ha sido de Venezuela histórica, jurídica y cartográficamente.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.