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TRUMP Y LA VERSIÓN 2025 DE LA CRISIS DE LOS MISILES

Daniel Alberto Symcha*

En toda acción militar la primera víctima es la verdad, sobre todo, cuando la misma es un entramado complejo y pone en juego la delgada línea de las Relaciones Internacionales entre potencias con capacidad nuclear.

 

A las dos de la mañana del día 3 de enero fuerzas especiales aerotransportadas de los Estados Unidos de Norteamérica con apoyo de aeronaves de guerra electrónica, realizaron una operación para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La operación tuvo éxito y el mencionado presidente y su esposa fueron trasladados al buque de asalto del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima. Posteriormente fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y de allí a la base aérea Stewart de la Guardia Nacional, al norte de Nueva York donde posteriormente el día lunes 5 de enero compareció ante un tribunal norteamericano.

Se lo acusa de dirigir una banda de narcotraficantes denominada «Cartel de los Soles», organización criminal que actuó en los años 90 bajo la coordinación de militares de alto rango venezolanos, antes de la revolución bolivariana, durante los gobiernos de Carlos Ándres Pérez, Octavio Lepage, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.

De más está decir que la acción encarada por EE.UU. no solamente viola el concepto de soberanía de los países que se sostiene en el mundo occidental a partir de la Paz de Westfalia, sino que viola absolutamente el derecho internacional en sintonía con lo sucedido en Yugoeslavia, Libia, Gaza, Siria y otros tantos escenarios donde los intereses del mundo anglo norteamericano se vieron afectados. A diferencia de acciones anteriores no se recurrió a la creación de entidades terroristas o a una coalición de países para dividir responsabilidades, sino que fue el propio gobierno norteamericano el actor único.

Como en todo conflicto armado la primera víctima es la verdad y la operación militar estadounidense tuvo una construcción de sentido inmediata desde las redes sociales a los efectos e que se grabara en el inconsciente colectivo un relato específico. Horas después del episodio la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumía la conducción política del país caribeño dictando las lógicas ordenes de suspensión de garantías a los efectos de evitar el caos en las calles y recibiendo un condicional apoyo de Donald Trump, quién restó relevancia en el momento político a la figura de Corina Machado, ferviente opositora a Maduro y flamante ganadora del Premio Nóbel de la Paz y respaldó a Rodríguez como interlocutora.

Desde el mes de Julio del año 2025, Trump había comenzado una ofensiva mediática contra Nicolás Maduro acusándolo de liderar el Cartel de los Soles en el marco del crimen organizado en torno al tráfico de drogas. A modo de presión política en agosto de 2025 movilizó una nutrida flota de combate al Mar Caribe al tiempo que diversificó los ataques incluyendo a Luís Petro, presidente de Colombia y a Claudia Schenbaum, presidenta de México.

Ni las drogas ni el petróleo: Rusia, Irán y China

La abogada colombiana Carolina Restrepo Cañavera, experta en derecho internacional, capital de riesgo y estrategia, egresada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y titular de la cátedra de Derecho Tributario en la Universidad CESA, universidad privada colombiana dedicada a la investigación en el área de la administración de empresas y negocios, realizando un análisis inteligencia de código abierto (OSINT) plantea que el motivo de la operación militar no está vinculado al narcotráfico ni el petróleo sino a la convergencia operativa potencialmente militar de los tres principales adversarios de EE.UU.: China, Irán y Rusia, en territorio venezolano.

La investigadora hizo un análisis de la información de acceso público de los principales medios de comunicación de habla inglesa y trabajó para elaborar su hipótesis sobre notas del Wall Street Journal, The Diplomat, Reuters, Financial Times, BBC, Al Jazeera y DIA Reports.

Estos medios durante el año 2025 reportaron la participación directa de China en la explotación de minerales estratégicos como el tantalio, cobalto y las denominadas tierras raras, en el Arco Minero del Orinoco al mismo tiempo que restringió las exportaciones de esos mismos minerales de origen chino a EE.UU. como represalia por la suba de aranceles. Además, los medios denunciaron la presencia de asesores militares rusos, sistemas antiaéreos y radares de guerra electrónica de origen ruso y entrenamiento en inteligencia lo que completaba un ecosistema hostil para la seguridad norteamericana.

Pero el punto culminante para comprender la amenaza identificada por el Pentágono, lo dio una información de la CNN donde se informaba que EE.UU. sancionaba a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), creada en 2020 por fabricar drones militares de reconocimiento, ataque y guerra electrónica de la serie Mohajer para la firma iraní Qods Aviation Industries, sancionada previamente por EE.UU. La versión Mohajer-10 tiene un alcance de 2.000 km, una autonomía de vuelo de 24 horas y una capacidad de carga de 300 kg.

La convergencia operativa de los tres principales adversarios de EE. UU. no era casual y el Pentágono la identificó como una amenaza concreta. La doctrina del Pentágono sobre amenazas integradas (Integrated Deterrence) que implica el uso de capacidades militares, económicas, diplomáticas e informativas sobre un objetivo usando todos los dominios combinados y simultáneamente, identificó como una amenaza crítica la concentración de capacidades adversarias en puntos de vulnerabilidad regional que podrían materializarse en ataques directos, se propuso el plan de acción y Donald Trump firmó la orden operativa.

Un poco de historia de las tensiones y conflictos

EE.UU. es el heredero de la tradición diplomática británica basada en el engaño, la extorsión, el secreto y la manipulación. Lo hemos evidenciado concretamente en la explosión del USS Maine del 15 de febrero de 1898 que derivó en la guerra con España donde EE.UU. se quedó con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam; en el Incidente del Golfo de Tonkín de agosto de 1964 que derivó en el ingreso de EE.UU. a la guerra en Vietnam o las armas de destrucción masiva de Irak en 2002, entre tantos otros sucesos fraudulentos. Pero, más allá de la herencia, hubo sucesos concretos de amenazas reales.

El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy informó a la población que a 90 millas de sus costas, soviéticos y cubanos estaban construyendo bases de misiles en la isla, lo que implicó un bloqueo naval estadounidense y una tensa negociación, en total hermetismo, que culminó con la retirada de los misiles soviéticos de Cuba a cambio de que EE. UU. desmantelara los misiles propios en Turquía que amenazaban a la URSS.

Vladimir Putin inició el 24 de febrero de 2022, la Operación Militar Especial sobre Ucrania argumentando la «amenaza» de la creciente influencia de la OTAN en Europa del este y las acciones militares y paramilitares contra los habitantes rusófonos en el Donbass. Es verdad, tal como en 2022 lo evidenció el semanario alemán Der Spiegel dando a conocer documentación oficial confidencial, que la OTAN en 1991 se había comprometido ante la Unión Soviética a no expandirse hacia el este pero ya disuelta la URSS y entre 1999 y 2024 diecisiete países se sumaron a la organización creando una amenaza real para la actual Rusia.

En el caso actual, la conjunción de competidores y su despliegue operativo en territorio cercano a los EE.UU. se convirtieron en una amenaza que cruzo el umbral de riesgo encendiendo las alarmas del Pentágono ya que la producción de armas ofensivas en territorio venezolano contaba con diseño iraní ya probado exitosamente en combate, minerales bajo control chino y tecnología e inteligencia rusa. El mapa de riesgos de los militares norteamericanos estaba completo, en rojo y justificaba proponer al decisor una acción determinante.

Como nos venden esta nueva vieja moto

Mientras tanto las acciones militares se dieron en un contexto de baja popularidad del presidente Trump, persecución violenta y deportación a inmigrantes, una grave epidemia de muertes por el fentanilo, el escándalo por la pedofilia en la isla de Epstein y el apoyo explícito del gobierno norteamericano al genocidio en Palestina cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, viajó a EE.UU. a fines de 2025, sobrevolando espacio aéreo griego, italiano, francés, español y marroquí a pesar de que el Tribunal Penal Internacional dictó en noviembre de 2024 una orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad (Notificación Roja) por lo cual las Fuerzas Aéreas de los países mencionados deberían haber interceptado el vuelo y obligado a descender.

En este contexto el discurso del propio presidente Trump respecto de Venezuela se centró primero en que Maduro dirigía el Cartel de los Soles que contrabandeaba droga a EE.UU. y pudimos observar videos de supuestas ejecuciones sumarias contra personas y lanchas las cuales era imposible que realicen el trayecto Venezuela EE.UU.

Posteriormente la comunicación se centró en vuelos de diversión de aeronaves de la USS Navy para ver la capacidad de respuesta venezolana. Luego fuerzas especiales de asalto incautaron buques petroleros llevándolos a puertos norteamericanos e incautando el cargamento de petróleo y finalmente el presidente Trump, luego del secuestro de Maduro hizo hincapié en el tema petrolero, en la entrega por parte del nuevo gobierno venezolano de cincuenta millones de barriles de petróleo, el incremento del comercio con PDVSA y el bienestar que estas operaciones comerciales traerán a la región.

Y en Argentina mientras tanto…

El control de las operaciones petroleras en Venezuela por parte del gobierno norteamericano mediante la amenaza del uso de la fuerza y las capacidades de reserva modificaran sustancialmente el precio del petróleo y en caso de abaratarse, que es lo más probable desde el punto de vista político, haría que no tenga la misma rentabilidad las operaciones en el yacimiento de Vaca Muerta ya que el proceso de fracking es caro frente a la extracción de pozo común.

El gobierno de ocupación que dirige la República Argentina, mientras tanto en su servil alineamiento con EE.UU., se apresuró a incluir al «Cártel de los Soles» en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Exactamente al mismo tiempo el New York Times informaba que el Departamento de Justicia de EEUU modificó la acusación contra Nicolás Maduro y desestimó al «Cartel de los Soles» como estructura criminal. La imputación actual afirma que las ganancias del narcotráfico de la región «fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan dentro de un sistema de patronazgo dirigido por quienes están en la cima».

¿Quién dijo que todo está perdido?

«Todo pasa» tenía grabado en su anillo don Julio Grondona y más allá de la actual situación política, la sumisión a EE.UU. e Israel, el servilismo a Gran Bretaña y la guerra cognitiva y de sentido que buscará en breve sembrar en el país, por ejemplo, discordias religiosas para sostener un modelo individualista y predestinatario, la realidad social llevará a un cambio de rumbo y en ese momento será necesario comprender, desarrollar y operativizar una doctrina nacional que contemple la cultura, la diplomacia y las fuerzas armadas como un núcleo convergente de Defensa Nacional que debe instalarse en la sociedad desde la más temprana edad lo cual es el actual objetivo de la ofensiva de la industria cultural enemiga.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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LUCES Y SOMBRAS DEL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA EN LA PESCA

César Augusto Lerena*

Los agricultores y ganaderos de Europa, se manifestaron el miércoles pasado en Bruselas con corte de calles, tractorazos, huevazos y quemas diversas en rechazo al Acuerdo de Asociación Estratégica MERCOSUR – UNION EUROPEA. Es notable que productores, aún subsidiados, le teman al ingreso de materias primas del MERCOSUR que en la Argentina se les aplican retenciones a las exportaciones. Ello deja en evidencia que el modelo agropecuario europeo está agotado y se sostiene mediante políticas de protección.

Habría que decir también que el Acuerdo que se propone se queda a medio del camino y no parece que el gobierno nacional y los dirigentes sectoriales de nuestro país lo hayan leído en profundidad, porque se siguen aplicando aranceles a las importaciones y varias cláusulas demoran su eliminación o quedan sujetos al libre albedrio de los europeos para proteger a sus economías.

La posición del Presidente Luiz Inácio Lula de Silva es muy razonable respecto a concluir de una vez por todas un Acuerdo que lleva más de 25 años de discusión y donde cuatro Estados soberanos están siendo tratados como si estuvieran mendigando un aporte de Europa y no avanzando hacia un Acuerdo de “Asociación Estratégica” como su denominación indica.

Francia, Italia, Hungría y Polonia se oponen, mientras España, Alemania y los países nórdicos solo piensan que puede ser útil para compensar la relación con Estados Unidos y China.

Este Acuerdo permitiría un potencial mercado de 780 millones de consumidores, pero la apertura irrestricta que tiene el gobierno argentino en la actualidad contrasta con las restricciones que pone Europa para garantizar que no haya una invasión de productos en el mercado europeo en perjuicio de los productores de esa comunidad, lo que la primera Ministra de Italia Meloni, llama “garantías recíprocas adecuadas para nuestro sector agrícola”.

El Acuerdo se divide en dos partes, uno de Asociación UE – MERCOSUR (EMPA) que refiere a los aspectos políticos y de cooperación, basados en el respeto mutuo, la igualdad, la reciprocidad y la democracia y otro Comercial Interino (iTA) de carácter provisional que trata las cuestiones comerciales que, podría firmarse el 20 de diciembre y, la ratificación total podría llevar un par de años porque requiere la aprobación del Parlamento Europeo y no menos de quince Estados.

La Cancillería Argentina no ha publicado el Acuerdo sino una suerte de carta de buenas intenciones; pero, la estructura principal de los más de 20 capítulos y anexos crea una zona de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR para unos 780 millones de consumidores, eliminando aranceles con transiciones de hasta quince años; pero, con “salvaguardas” en favor de la Unión Europea.

Los europeos estiman exportaciones a su favor de 49.000 millones de euros anuales y no están estimados los beneficios para los países del MERCOSUR. Da la sensación de ser un marketing muy útil para la política y no tanto para la producción nacional, porque ni siquiera están medidos los beneficios económicos. 

Es importante porque incluye cláusulas de sostenibilidad respondiendo al Acuerdo de Paris en contra de la deforestación, aunque no tiene contrapartidas para darle créditos a los países del MERCOSUR y penalizar la contaminación europea. Avanza sobre la promoción de la transición verde, la biodiversidad y los derechos de los indígenas.

La Unión Europea concedería un acceso preferencial inmediato al 82% de las importaciones agroalimentarias del MERCOSUR; pero, “sujeto a contingencias arancelarias y medidas de “salvaguardia” si hubiese daño grave a los productores europeos” (Capítulo 2, Anexo I). No parece un Acuerdo, sino más bien una concesión de Europa a los países de Sudamérica, con una cláusula gatillo, para desactivar los eventuales beneficios, además de no indicar la contraparte respecto a las exportaciones de Europa.

Define a los “productos originarios” indicando que deben tener al menos el 60% de valor regional (Capítulo IV Anexo 4 A) y, eso puede afectar las exportaciones industriales argentinas.

Respecto a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Capítulo 7 indica que deben armonizarse los estándares y las normas de seguridad y ello no parece un inconveniente ya que las normas argentinas, como el Código Alimentario Argentino y el Reglamento de Inspección de Productos (Decreto 4238/68) están a la par de las más avanzadas del mundo. Sí, es preocupante, cuando se indica que “las Partes aplicarán el principio de precaución para riesgos sanitarios, permitiendo medidas preventivas sin pruebas concluyentes”, lo cual permitía a la Unión Europea, tomar medidas para-arancelarias restrictivas para reducir las exportaciones argentinas sin causa evidente.

No están suficientemente claros, los compromisos previstos en el Capítulo 13° de “cero deforestación para 2030” respecto a si la penalización será globalmente al MERCOSUR o a los países individualmente. Del mismo modo, habría que estudiar el alcance referido a las “contramedidas proporcionales” que podrían tomarse frente a una medida que anule o menoscabe sustancialmente los beneficios del Acuerdo (Art. 78°) para no dejarlo librado al criterio de una de las partes.

En el Capítulo 20° se reconocen 350 indicaciones geográficas europeas con exclusividad por 20 años, cuestión que la Argentina ya está aplicando; aunque sería importante también definir la denominación de origen de un número importante alimentos y especies. Por ejemplo, en materia de pesca, Europa no debería seguir comercializando especies argentinas pescadas en Malvinas por buques españoles, indicando simplemente que proceden del Atlántico Sur, del Mar Austral o Falklands. Es un engaño al consumidor.

Los europeos esperan exportar al MERCOSUR con arancel cero vino, aceite y carne porcina, entre otros y recibir materias primas críticas como litio y cobre, intercambios que parecen muy beneficiosos para esa comunidad y ciertamente perjudicial para la producción regional de Argentina. La Unión Europea se beneficiaría con la exportación de productos industriales y agroalimentarios finales con destino a las góndolas.

Como comentamos todo sujeto a “salvaguardas” que permitirían la suspensión temporal de las importaciones de alimentos, como pescados, crustáceos, moluscos, carne, azúcar, etc. y el carácter de “cuota” y no de libre exportación; ya que las medidas prevén cuotas arancelarias preferenciales (TRQ) de eliminación inmediata o gradual de entre 10 a 15 años para sectores sensibles, lo que hace bastante imprevisible todo a la luz de las referidas “salvaguardas”.

El pescado congelado (por ej. Merluza) se reduciría el arancel del 7/10% a 0% en forma inmediata. Podría ser beneficioso si ello también tiene en cuenta la recepción de productos listo para consumidor congelados, no si solo refiere materias primas para transformar en Europa. Lo mismo ocurre con los calamares que se reducirían a 0% en forma inmediata y, es de esperar que las anillas o rabas de calamar colocados en el Corte Inglés o las bocatas de calamar de la Plaza Mayor de Madrid (mis preferidas) tengan el beneficio del arancel del 0%. Por otra parte, los langostinos, el producto estrella de Argentina, que tiene aranceles del orden del 12% llegaría al 0% en 3 a 5 años. Es mucho tiempo y más aún, con la cuestión de las “salvaguardas”. Por cierto, también hay que terminar con las certificaciones que no son otra cosa que una barrera paraarancelaria. La Argentina deberá jerarquizar la certificación del INIDEP y SENASA. Lo otro, será un buen argumento para las “salvaguardas” o para justificar la suspensión de las exportaciones por el “principio de precaución” europeo.

Este Acuerdo podrá considerarse importante para el sector pesquero si de los 2.000 millones de dólares que en la actualidad exporta se pasará a los 3.000 millones de dólares como producto del mayor valor agregado exportado a la Unión Europea y entre otras cosas reducir en forma “inmediata” los plazos para la exportación de langostinos y, claro está, el gobierno nacional debe terminar con las absurdas retenciones a la exportación.

No es un tema menor la importación de buques desde la Unión Europea y en particular desde España. La Argentina no debe aprobar estas importaciones –como ha ocurrido con los buques de investigación para el INIDEP– cuando tiene una industria naval en condiciones de construir cualquier tipo de buque.

Tampoco se puede dejar pasar por alto la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas que establece que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte recibirá los mejores beneficios otorgados a terceros países.

La Unión Europea plantea en el Acuerdo cuestiones de trazabilidad y sostenibilidad, pero el Acuerdo debería dejar establecido en forma explícita que los países que lo integran deben abstenerse de explotar los recursos migratorios de Argentina, Brasil y Uruguay y los argentinos en las aguas argentinas de Malvinas.

Es una buena oportunidad para hacer un Acuerdo de beneficio mutuo, no una nueva demostración de que los argentinos miramos a Europa solo como un ejemplo a seguir.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Sitio web: cesarlerena.com.ar.

 

EL GRITO DEL TERO DE URUGUAY RESPECTO A LA SOBERANÍA ARGENTINA DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen: Sputnik / Sergio Pintado

 Uruguay coopera con los isleños británicos invasores de Malvinas

La Argentina se independizó de España y de toda potencia extranjera el 9 de julio de 1816. El Reino de España en los Tratados de Reconocimiento, Paz y Amistad del 9 de julio de 1859 y del 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia de la Federación Argentina y, con ello, la soberanía de todos sus territorios continentales, insulares y marítimos. Entre ellos las Malvinas.

A su vez a instancias del Reino Unido de Gran Bretaña (¿cuándo no?), el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata terminaron sus hostilidades respecto a los territorios estratégicos de la Banda Oriental dando lugar ―el 25 de agosto de 1825― a la independencia de Uruguay; hecho que se consolidó en el Tratado de Montevideo del 27 de agosto de 1828 donde se reconoció a la República Oriental del Uruguay. Si bien en esos años la Banda Oriental (o Cisplatina) estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, las Provincias Unidas del Río de la Plata consideraban a la Banda Oriental como parte de su territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata. Ya entonces, a través del capitán David Jewett ―en representación de las Provincias Unidas― el 6 de noviembre de 1820 había tomado posesión de Malvinas, izando la Bandera y, por su parte, el 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires designó a Luis Vernet como Comandante Político y Militar de Malvinas, con el objeto de consolidar la soberanía argentina del archipiélago; aunque éste, había fundado en 1828 una colonia permanente en Puerto Soledad, por lo que al momento de su designación ya estaba instalado en las islas.

Pese a la opinión en 2013 de un par de uruguayos trasnochados y de “la Senadora Constanza Moreira, entre otros del Frente Amplio, quienes plantearon la necesidad de conformar una Comisión para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas” (El País; El Diario, TdF, 18/09/2025), la República del Uruguay nunca reclamó la soberanía sobre las islas Malvinas; por el contrario, ha apoyado reiteradamente el reclamo argentino en todos los Foros Internacionales.

Previo a la guerra de Malvinas, Uruguay ya había reconocido la soberanía argentina sobre las islas y respaldó el dictado de la Resolución 1514, la 2065 y otras de las Naciones Unidades y, durante Guerra en 1982, apoyó a la Argentina en la búsqueda de una solución diplomática. Esta posición coincide con las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Resolución de UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, por lo tanto, todo apoyo al Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas es violatorio de la Resolución 31/49 de la ONU; la Resolución 41/11 de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, entre otras. Uruguay no podría retrotraerse al siglo XIX donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo.

Por el contrario, Uruguay entiende a la causa como regional y considera la invasión británica como una forma de colonialismo y el propio presidente uruguayo actual Yamandú Orsi en la IX Cumbre de 2025, calificó el reclamo argentino de «demanda histórica para América Latina»; ello, pese al destrato reiterado del presidente argentino Javier Milei, quién tilda de comunista a quien se oponga a su plan de sumisión.

Sin embargo, la relación con el Reino Unido parece hacerle llevar una política ambivalente respecto a Malvinas. Tal vez por sus orígenes fundacionales, por la histórica relación de su puerto y el apostadero naval, que por razones de calado estaba en Montevideo y no en Buenos Aires y que, desde el siglo XVI servía de logística a los buques que navegaban en el Atlántico Sur y Malvinas y, posiblemente, porque el Reino Unido realizó inversiones significativas en Uruguay, como los ferrocarriles, la banca y el comercio (aún menores que en Argentina) y adquirió hasta la segunda guerra mundial productos agropecuarios. Casualmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países se formalizaron el 21 de febrero de 1833, a pocos días de la invasión de Malvinas. Además de ello, las relaciones han sido muy estrechas y en la actualidad el Uruguay tiene un Acuerdo bilateral de Inversión con el Reino Unido, siendo éste un importante socio y, el British Council instalado en Uruguay promueve intercambios culturales y educativos.

No descartamos y, por el contrario, resaltamos, la pésima política diplomática del gobierno argentino respecto al Uruguay. En síntesis, en términos prácticos Uruguay sigue la política del tero: “pone los huevos en un lado y grita en otro”, ya que, pese a las declamaciones en favor de Argentina, sigue prestándole apoyo a los isleños británicos en Malvinas.

Por cierto, la dependencia británica en Argentina es importantísima, agobiante y de dependencia; a punto tal que siguen vigentes (aún vencida) la ley 24.184 de Protección y Promoción de Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid de 1989/90, además de una política de cesión de territorios y recursos nacionales.

Mencionaré algunas cuestiones respecto al comportamiento del gobierno uruguayo (no de los uruguayos) y no se podrá decir que tengo alguna animosidad en contra del Uruguay; por el contrario, tengo raíces orientales y siento un gran afecto por los uruguayos, muchos de los cuales son familiares y amigos. Mis ancestros se radicaron en la Banda Oriental en 1776 y algunos uruguayos destacados son mis ascendientes, como es el caso del militar y segundo presidente de Uruguay el Brigadier Gral. Manuel Oribe; el Brigadier Pedro Hilario Valerio Lenguas que participó en la guerra de la Independencia y peleó en la batalla de Ituzaingó, en el asedio de la Colonia y en Camacuá; Don Cristóbal Salvañach, héroe de la Reconquista de Buenos Aires de 1806 al frente de la Cía. de Miñones Catalanes; la destacada escritora, periodista y figura clave en la literatura uruguaya Josefina Catalina Lerena Acevedo y el jurista y destacado educador del Uruguay Alfredo Vásquez Acevedo y otros tantos orientales destacados. Soy, por otra parte, profundamente admirador del Brigadier General José Gervasio Artigas, considerado el “Padre de la Patria” de Uruguay, uno de los principales patriotas de Latinoamérica, distinto hubiera sido el destino de la Argentina de haberle prestado más atención a la federalización que propiciaba.

Aun así, entiendo que los últimos gobiernos uruguayos, en términos prácticos borran con el codo lo que escriben con la mano, en lo relativo a Malvinas. Ya el 20 de febrero de 2023 en nuestro artículo Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas me refería al respecto y, podría decir, que todo continúa como entonces.

En esa nota observábamos que cuatro diputados de la coalición de gobierno se reunieron en las Islas Malvinas, donde trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones claramente contrarias a la posición de Argentina. En esa oportunidad la entonces diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que “Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación”, aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y, “soñaba con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands” (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y, al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a “incrementar el intercambio comercial con las Falklands” (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay hasta 2024 Faye O’Connor refrendó diciendo que “habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas” (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

El entonces Canciller argentino Felipe Solá manifestó que «Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente», cuestión que nosotros hemos reiterado en diversos artículos ya que los buques que pescan ilegalmente en Malvinas hacen operaciones de logística, reparación, armado de buques, transbordos y cambio de tripulaciones en el puerto de Montevideo. Lo mismo ocurre con buques que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y uruguaya, violando la Convención del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal y, por lo tanto, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se convierten en una retórica sin ningún efecto práctico.

No deja de llamar la atención que por el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo se efectuaran mutuas resignaciones y se determinaran acciones comunes; se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no tengan políticas acordadas en el Atlántico Sur en el siglo XXI.

Con anterioridad el carguero MV Scout transportaba mercaderías entre Montevideo, Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino en Malvinas y, en la actualidad, ha sido reemplazado por el portacontenedores MV Unispirit, un buque que navega bajo la bandera de Antigua y Barbuda operado por Consolidated Fisheries Ltd (CFL), una empresa que adquirió este buque en Montevideo.

El medio periodístico especializado Agenda Malvinas y otros han denunciado reiteradamente vuelos entre Uruguay y las Islas Malvinas, señalando que estos vuelos representan una violación a los acuerdos regionales y al espacio aéreo argentino. Entre las violaciones denunciadas está el vuelo militar de la RAF matrícula ZM418 (esta denuncia tuvo 106.238 vistas reales) que realizó vuelos entre Malvinas, Montevideo y Santiago de Chile entre el 14 y 15 de septiembre de 2025. Otro ejemplo, que cita este medio es el vuelo comercial de Amaszonas de agosto de 2025 que pretendía conectar Montevideo con Malvinas, que no fue autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina ya que, bajo pretexto de efectuar actividades humanitarias intentó trasladar a casi 30 pescadores ―mayoritariamente españoles― que realizan pesca ilegal en las aguas argentinas de Malvinas invadidas por el Reino Unido. Estos vuelos han sido denunciados en forma reiterada por los distintos gobiernos argentinos pasados, porque entendían que se trataba de una colaboración del gobierno de Uruguay a la invasión británica de las islas, facilitando una serie de estrategias diseñadas por el Reino Unido para debilitar la soberanía argentina, como es el caso recientemente denunciado de la empresa chilena LATAM que omite la denominación “Malvinas Argentinas” del aeropuerto de Ushuaia para sus vuelos desde y hacia Malvinas.

Al respecto de las exigencias para los transportes navales establecidas en el Decreto 256/10, además de perfeccionarlas, la Argentina debería ampliarlas a los vuelos a Malvinas.

Pese al MERCOSUR, los isleños de Malvinas promocionan desde 2017 sus productos en Montevideo, en especial en la Exposición Agroindustrial y Comercial “Expo Prado”, denominando a su Stand “Falkland Islands”, nombre que el Uruguay no reconoce para referirse a las islas argentinas; sin embargo, ha tolerado reiteradamente su uso en la referida Exposición, facilitando con su presencia la promoción de sus productos, el turismo e inversiones en Malvinas, a la par de mantener relaciones con Uruguay importando productos como arroz, carne, cítricos, lácteos, vino e intercambiar conocimientos en materia de producción ganadera.

El uso del Puerto de Montevideo y otros para estos fines, le ha llevado al Uruguay a enfrentar denuncias por la falta de control y se han verificado prácticas de violación a los derechos humanos en materia de trabajo forzado o esclavo, maltrato físico, abusos laborales y falta de remuneración, alimentación y/o agua contaminada, etc., por parte de los buques pesqueros extranjeros que usan ese puerto para su logística, además de no determinarse el origen de las capturas y penalizarse la sobrepesca. Entre 2013 y 2021 este puerto desembarcó casi 60 tripulantes fallecidos según la Prefectura Nacional Naval. Todo ello, pese a que Uruguay ha aprobado las medidas del Estado Rector del Puerto.

Esta ambivalencia debería terminarse. Uruguay y Argentina, siguiendo el ejemplo de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en Montevideo de 1960 debería avanzar en la integración rioplatense, de fortalecimiento económico y desarrollo sinérgico en favor de ambos pueblos. El Tratado del Río de la Plata asentó «las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: «…el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; como decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

Ya lo hemos dicho: ¡No son ni los hombres y mujeres uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022). cesarlerena.com.ar