Abraham Gómez R.

Nos sentimos regocijados por las intensas y entusiastas actividades desplegadas por todo el país; con distintas manifestaciones de plena solidaridad con las tareas que se han venido adelantando; concretamente con el llamado al referendo consultivo; propósitos inscritos en el marcado interés e indeclinable intención de recuperar la extensión territorial que nos arrebataron por el costado este.

Escuchamos a diario expresiones dichas por la gente más humilde, con tanta seguridad en cualquier parte: “sí lo vamos a conseguir; porque eso siempre ha sido nuestro; y no nos lo vamos a dejar quitar. Eso hay que pelearlo como sea. No hay que dormirse otra vez”.

Nos luce, valoramos y apreciamos la determinación popular al respecto.

Tal arenga constituye en sí misma un hermoso aliciente, para seguir ―por todos los medios― en la ya centenaria contención. Y cuando decimos “por todos los medios”, (y aunque se impacte la contraparte y la CARICOM) ningún medio queda excluido; así no lo mencionemos explícitamente.

Sin embargo, también debemos estar claros que en el Derecho Internacional las equivocaciones se pagan caras. Y como cuesta después recomponer en justeza las situaciones.

Por eso, estamos obligados, en la presente controversia ―donde se abren sendos abanicos opcionales― a cautelar milimétricamente qué nos conviene.

Preguntémonos. ¿Insistir en la vía jurídica (por el Alto Tribunal de La Haya); adelantar alguna posibilidad de negociación de diplomacia directa hasta alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes (dentro del espíritu y sentido del Acuerdo de Ginebra de 1966); instrumentar los mecanismos para un nuevo arbitraje; ¿o rescatar, como salida política, las figuras de mediadores, conciliadores o buenos oficiantes?

Fíjense que las alternativas mencionadas anteriormente quedan contextualizadas en criterios pacíficos, porque tal ha sido nuestra heredad y desempeño para con los países vecinos, pero tampoco somos tan lerdos, ingenuos o desprevenidos para ignorar el juego de intereses entre los gobiernos guyaneses y las empresas transnacionales que esquilman (ilegal e ilegítimamente) nuestros recursos en la Zona en reclamación y en su correspondiente proyección atlántica.

Lo que no nos está permitido en la coyuntura actual es cometer deslices o impropiedades, como en los que se incurrió en épocas preteridas, por las circunstancias que haya sido.

Hay algunas opiniones y criterios coincidentes en que nuestra primera y muy grave inexactitud diplomática fue haber aceptado las diligencias y acuerdos preliminares ―suscritos el 2 de febrero de 1897― en el denominado Tratado de Washington, donde se contemplaba un ulterior compromiso arbitral.

Me sumo entre quienes aseveramos que allí comenzaron nuestros desaciertos.

¿Ingenuidad o impericia de quienes manejaron nuestra diplomacia en esa época? Tal vez.

Primero, aceptar que se discutiera un caso de tanta trascendencia para la vida de nuestro país sin nuestra presencia.

Participaron únicamente para tales arreglos los representantes de los gobiernos del Reino Unido y el de los Estados Unidos; además, se birló, descaradamente, el principio del Utis Possidetis Iuris, nuestra Carta esencial de soberanía; y se omitió nuestro Justo Título Traslaticio: la Real Cédula de Carlos III, que crea la Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777.

A partir de la estafa referida en el párrafo anterior devino el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899 (donde tampoco estuvimos presentes); adefesio jurídico forcluído y de nulidad absoluta; que jamás legitimaremos como causa de pedir de la contraparte, en el juicio que se dirime por ante la Corte Internacional de Justicia.

Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez por haber cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había “aprobado” de modo fraudulento en el ardid arbitral referido.

Precisamente, con los documentos que entramparon el arreglo; luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado Bilateral ejecutoriado― es con lo que en este momento está alegando la Parte guyanesa, en la Corte; además, solicitan en su pretensión procesal que se le confiera la autoridad de cosa juzgada a ese “laudo”; porque ya el gobierno venezolano de esa época lo había dado por “bueno y legítimo”.

No fue sino hasta 1962 cuando ―bajo el gobierno de Rómulo Betancourt― nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.

Se obliga a Gran Bretaña y accede a revisar la tropelía cometida y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, admiten que la sentencia arbitral de París es írrita y nula, por lo que no surte ningún efecto jurídico ni puede ser documento oponible a nada, y menos en un juicio de la categoría y naturaleza que nos ocupa, hoy, en tan importante Sala Juzgadora de la ONU.

En resumidas cuentas, hubo demasiada tranquilidad e improvisaciones, en este asunto que debió tener siempre el carácter de Política de Estado, y no reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia.

Nos preocupamos porque a mucha gente ignorante de este sensible caso (para la vida del país) en algunas ocasiones se les designaba para ocupar importantes cargos atinentes a este asunto.

Debemos pronunciarnos permanentemente contra lo que aún siguen perpetrando los gobiernos guyaneses, que vulneran nuestros intereses soberanos, en la Zona en Reclamación y en su correspondiente proyección marítima. Ya están advertidas las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.

Comencemos por dejar sentado, suficientemente, que el Acuerdo de Ginebra viene a ser ―en este preciso momento― el único instrumento jurídico, donde “está vivo” y reconocido exequiblemente este pleito centenario, y en el cual se sintetiza medularmente nuestro reclamo.

Agreguemos, además, como un hecho interesante ―a los efectos del Derecho Internacional Público― que en el propio contenido del Acuerdo de Ginebra se pone en tela de juicio y se cuestiona el Principio de intangibilidad de la Cosa Juzgada (Res Judicata).

Vista así la situación y circunstancias en que ha devenido este pleito expresamos con contundencia que no les quepa la menor duda a los representantes de la excolonia británica que vamos con todo, sin contemplaciones; asistidos en la justeza de saber que estamos reclamando para nuestra nación la restitución de la séptima parte de la extensión territorial, que nos desgajaron en una tratativa perversa; y que, además, no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad o pillaje contra nadie.

El pueblo de Venezuela se pronunciará el 3 de diciembre en el referendo consultivo, con cuyos resultados se establecerá un esquema para acometer las más efectivas estrategias de restitución.

Ya basta. Tenemos más de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo que siempre ha sido nuestro.

Vamos, ahora, por todos los medios, a cumplir la gesta de gloria independentista de nuestros libertadores, a partir del Referendo Consultivo, el cual calza ―perfectamente― con nuestra Constitución Nacional.

Guyana se encuentra desguarnecida jurídicamente, ante la Corte; no tiene el más mínimo documento ―de cesión histórica de derechos de nadie— que puedan oponer. En lo único que asientan su Acción contra Venezuela es en el inválido e ineficaz “Laudo de París”.

Lo que decimos, lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos que nos respaldan. La séptima parte de nuestra extensión territorial ―la que nos despojaron― la reclamamos con suficiente fortaleza y asidero jurídico; por cuanto, somos herederos del mencionado espacio.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. jConsultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).