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ROSARIO: LA SOLUCIÓN BUKELE

Iris Speroni*

La desocupación y el narcotráfico:

¿Causa y efecto?

 

Esta semana vecinos de Rosario realizaron una (modesta) marcha en pedido de mayor seguridad, luego de soportar un aumento en la cantidad de asesinatos, los cuales, a esta altura, son moneda corriente.

Existen diferentes evaluaciones sobre las raíces del problema, varias descripciones sobre el presente y pocas o ninguna propuesta de solución.

Mis conocimientos sobre seguridad o narcotráfico tienden a cero, (no sé si me diferencia mucho de las autoridades presuntamente competentes) así que me referiré únicamente a los temas económicos asociados.

Rosario fue durante décadas un puerto de granos y carne, por lo tanto una ciudad de servicios (como Buenos Aires). Los servicios siguen a la producción.

La actividad industrial de Rosario (y de la provincia de Santa Fe) es relevante desde fines del siglo XIX. En 1880 se crea el Club Industrial Protección al Trabajo; en 1888 se realiza en la ciudad la primera exposición industrial (1). La Bolsa de Comercio de Rosario se fundó en 1884.

Durante el siglo XX la actividad industrial y comercial siguen en franco ascenso, en particular la metalmecánica. Un claro caso de complementación de campo y ciudad.

A fines de la década del ‘60 del siglo XX, el PBI per cápita de la región era un 7% mayor al promedio del país. 

A fines de la década del ‘70 la actividad industrial comienza a deteriorarse, por la apertura de importaciones y por el tipo de cambio atrasado (tablita de Martínez de Hoz). La caída se profundizó por el Mercosur, el cual permitió el traslado de numerosas industrias a Brasil [1]. Muchas empresas grandes se fueron, muchas pymes sucumbieron a la tecnología obsoleta combinada con la falta de capital y crédito para renovar maquinaria y la caída de poder adquisitivo de la población en el mercado interno. Si alguien quedó en pie, fue liquidado por el cambio atrasado del final del gobierno de Menem.

Esto da un panorama social de desocupación, precarización laboral y desesperanza general.

A partir de la devaluación del 2002 la actividad fabril retoma su recuperación. A partir del incremento de los precios internacionales de la soja (y otros cultivos) todo el país se revivifica. Santa Fe no es la excepción y menos Rosario.

Hoy Rosario y sus alrededores son el epicentro de la mitad de la actividad económica de la provincia con tasas sustanciales de crecimiento en estas últimas dos décadas en industria, agro y servicios. Santa Fe es una de las provincias más ricas de la Argentina.

Rosario y Gran Rosario son un gigantesco aglomerado urbano. Concentra casi la mitad de la población de la provincia [2].

Sin embargo, hay resultados auspiciosos de los censos de 1991 y 2010. Rosario creció menos que el interior de la provincia. Los suburbios crecieron en población más que la propia ciudad —datos oficiales— (2).

En resumen: los últimos 20 años fueron un renacer de una provincia de por sí pujante. Con grandes perspectivas de mayor crecimiento aún. Si se liberara el tipo de cambio, el desarrollo sería meteórico.

La desocupación del Gran Rosario y Rosario que en mayo de 1995 era 21% (Carlos Menem); en mayo del 2002 de 24% (Eduardo Duhalde) (3). Los números para el tercer trimestre del 2022 son notoriamente mejores: 7% (4).

Al pie transcribo algunas cifras del 2021 en cuanto a cantidad de empresas y cantidad de empleados por rubro [3] (5).

El Narcotráfico

¿Entonces? ¿Existe narcotráfico porque no hay trabajo? ¿Son verdaderas todas las explicaciones que nos dieron?

Cabe aclarar que los años de caída de actividad sí rompieron algo frágil e irreparable. Personas que se quedaron desempleadas luego de décadas de trabajo en la misma empresa y oficio, hijos de trabajadores que no encontraron fábricas en las cuales emplearse, más inmigración interna (de Santa Fe rural y de otras provincias) que se trasladaban a Rosario para buscar lo que les faltaba en su pago, para encontrarse con el mismo panorama de desesperanza y desolación.

Pero los humanos somos curtidos. Sabemos rehacernos. Es lo que Santa Fe ha hecho, una de las más ricas provincias argentinas.

¿Entonces?

Creo que parte de la respuesta está en el comunicado del Arzobispado de Rosario, copiado íntegramente al pie [4] (6). Invito a leerlo.

La respuesta es que Rosario es un vendaval de violencia porque gente muy poderosa no quiere que el negocio de la droga se termine. Así de simple. Tal como lo dice la pastoral social.

¿Cuál es el negocio? Acá voy a especular y en términos puramente económicos, sin meterme en otras áreas para las cuales no estoy calificada.

La droga proviene del norte (¿Colombia? ¿Bolivia?) y se lleva a Europa a través de los numerosos barcos que cargan cereales y oleaginosas en el Paraná. Hasta acá pareciera un problema de las autoridades europeas con los bolivianos y/o colombianos. Desagrada que a uno lo usen de campo de juegos, pero so far, so good. El tema es que el traslado desde la frontera hasta el puerto y la maniobra de estiba propiamente dicha, forman parte del proceso de comercialización y es un servicio que debe pagarse. Los sobornos a las autoridades también hay que abonarlos. Son todos “servicios” ilegales accesorios al contrabando.

Así como la exportación de porotos de soja (legal) necesita transporte, puerto, personal de aduana, electricidad y servicios varios [5], lo mismo sucede con toda mercadería ilegal: necesita una red de servicios, desde la frontera hasta el puerto y en el puerto.

Si los servicios de flete y embarque y los sobornos se pagaran en dólares, estaríamos todos más o menos inmunes al narcotráfico. Habría gente que misteriosamente se hace rica (Aduana, fuerzas de seguridad, judiciales, camioneros), pero no pasaría de ahí.

El problema con los pagos del servicio de logística de la venta de droga a Europa (y/o sobornos) es que son en especie. Luego, quienes cobran, deben ocuparse de convertir el producto en dinero. Ahí es cuando surge toda la red de comercialización interna con su correlato de bandas, territorio, bunkers y corrupción de la policía en territorio, fiscales y jueces.

En ese punto estamos.

Coincido plenamente con el Arzobispo: nadie tiene tantos recursos como el Estado y si hay alguien que pueda cortar con esto, es el propio Estado, el cual cuenta con los medios para hacerlo. Le falta la voluntad a los gobernantes.

Le faltó a toda administración —de distinto bando— que soportamos en las últimas décadas.

Si bien las autoridades santafesinas están claramente implicadas ya sea por comisión u omisión, la droga es una responsabilidad federal 100%. Nadie puede acá hacerse el distraído.

Al nombrar a Frederic, protegida del perro inglés, quedó clara la voluntad de Alberto Fernández de no meterse en un negocio manejado mundialmente por el deep state anglosajón (al menos desde el siglo XVIII a hoy). Reemplazarla por Fernández sólo refuerza esta especulación.

Esto le da la razón al Arzobispo: no hay voluntad.

Propuesta

Para acabar con la violencia en Rosario hay que tomar las siguientes medidas. No son complicadas pero exigen voluntad política y coraje.

    1. Dar a entender a los grandes jugadores que si bien Argentina continuará en su colaboración con la DEA, con Interpol y con las autoridades de la UE, lo único que le preocupa al Estado argentino es que si usan el territorio argentino para trasladar el contrabando, no se les puede caer ni un solo gramo. Si eso sucede, arderá Troya.
    2. Aprender de Bukele y replicarlo. Todo el corretaje minorista no se dará por vencido y se negará a reconvertirse; otros ya están totalmente perdidos, por drogones o por sociópatas. En esos casos: cárcel. Para lo cual se necesitará un temporario estado de sitio, al menos hasta limpiar las calles.

Por ambos puntos saltarán todas las marionetas del Departamento de Estado y el MI6 como sucede ahora con El Salvador. Human Right Watch y Amnistía Internacional llorarán por los pobres narcos y el Secretario de Estado de EEUU pedirá explicaciones por el maltrato que reciben los pobres muchachos maltratados [6]. Es razonable: cuidan su negocio.

Tenemos que considerar la introducción de la droga en el país y el envenenamiento de su población como parte del plan de humillación y del verdadero tratado de Versalles que fue la firma de los Acuerdos de París.

Pero, excepto la muerte, todo es reversible.

La inseguridad en Rosario, también.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Referencias

(1) http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-42222009000100003

(2) https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/179264/876067/version/1/file/Gran+Rosario.pdf

(3) https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/214259/(subtema)/9

(4) https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf

(5) https://fecoi.org.ar/el-perfil-productivo-de-la-ciudad-de-rosario/#:~:text=La%20principal%20actividad%20industrial%20de,9%25%20de%20la%20facturaci%C3%B3n%20industrial

(6) https://delrosario.org.ar/declaracion-de-la-pastoral-social-arquidiocesana-2/

 

Notas

[1] Exenciones impositivas, préstamos blandos de bancos oficiales brasileños para compra de maquinaria.

[2] Son fenómenos repetidos en varias otras ciudades del interior. La ciudad de Neuquén cobija a la mitad de la población de Neuquén. Lo mismo sucede con Resistencia en la provincia de Chaco. Veremos qué datos nos dará el nuevo censo.

[3] Datos de ocupación y actividad económica Rosario y Gran Rosario 2021:

[4] Declaración Arzobispado de Rosario, 2023.

Artículo publicado originalmente el 18/02/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/02/rosario-la-solucion-bukele.html  

 

GUAYANA ESEQUIBA: UN CASO DE FORCLUSIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL

Abraham Gómez R.*

Imagen: Fundación Venezuela Esequiba.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

En esta controversia centenaria nos respaldan razones irrefragables.

Teniendo como base esencial lo dicho anteriormente, y en nombre de las instituciones que dignamente represento, me he permitido ir explicando en todas mis conferencias por varias universidades y otros organismos públicos y privados del país —por las redes en sus distintas plataformas— los argumentos sociohistóricos, las irrebatibles demostraciones cartográficas y los justos títulos jurídicos, en cuanto pruebas constituyentes que nos asisten.

Ha sido nuestra tarea por más de (45) años; asumida por la restitución para nuestra patria, de lo que le desgajaron en su configuración geográfica.

Como es bien sabido, en noviembre pasado nuestra honorable delegación acudió a la Corte Internacional de Justicia a las celebradas Audiencias Públicas, por la Excepción Preliminar que introdujimos el 7 de junio. Nos sentimos orgullosos de la representación que expuso las densas e incuestionables consideraciones por Venezuela. Cada palabra expresada —en el precitado escenario— la pronunciaba nuestro país, íntegramente.

Como parte demandada, ya habíamos asumido el denominado Acto Concluyente —conferimiento de competencia a la mencionada Sala juzgadora— al designar nuestro Agente, el Dr. Samuel Moncada y los Coagentes, Dr. Félix Plasencia y Dra. Elsys Rosario; quienes asumirían la representación directa de nuestro país en todo el juicio, juntamente y en coordinación con el cuerpo de asesores que acompañaremos en este asunto litigioso; además, nuestro país nombró su juez ad-hoc, Philippe Couvreur, conforme al artículo (31) del Estatuto de ese Ente Jurisdicente.

El contenido esencial de la Excepción Preliminar persigue que la Sala no admita la demanda de Guyana contra nosotros, por cuanto, la consideramos una temeridad procesal y no reúne los más mínimos elementos asimilables para un juicio de esta naturaleza.

Se conoce suficientemente que cuando se negoció, suscribió  y ratificó el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, ( acaba de cumplirse el cincuenta y siete aniversario de tan trascendental evento) por la representación del Reino Unido (Sr. Michael  Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la Guayana Británica) y por nuestro país el  excelso canciller Ignacio Iribarren Borges; en ese acto jurídico-diplomático e instante histórico quedó  sepultado —in saecula saeculorum— el laudo tramposo, gestado mediante una tratativa perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Digamos entonces, toda la dinámica y desarrollo contencional por la Guayana Esequiba debe circunscribirse exclusivamente dentro del texto del Acuerdo de Ginebra, documento que causó estado en la Organización de las Naciones Unidas.

Hay un denso cúmulo de interrogantes que para la contraparte han resultado difíciles de explicar; porque la excolonia británica carece de asideros en este pleito. Nunca han tenido respuestas ni acertadas ni asertivas.

Comencemos: ¿sobre qué elemento obligacional o compromisorio Guyana ha deducido la Causa de pedir ante el Alto Tribunal de La Haya? ¿El Laudo arbitral que nunca nació a la vida jurídica? o ¿El supuesto acuerdo de demarcación de 1905, derivado de la nombrada decisión ignominiosa firmada en París el 03 de octubre de 1899?

Tal adefesio vergonzoso e infeliz está desprovisto de consistencias para que pueda ser considerado jurídicamente válido.

Cada vez que profundizamos —una y otra vez— en examinaciones al inexistente y forcluído “laudo”, nos preguntamos, en purísima realidad, sobre qué elementos objetivos y de convicción se atrevería a preparar la Corte la   motivación y fundamentación para una hipotética sentencia; en caso de que vayamos a juicio.

Jamás podemos imaginarnos; resulta impensable en estricto derecho, que ese “laudo” —como pide la contraparte guyanesa— pueda producir Cosa Juzgada (res Judicata), cuya “fuerza” pretenden hacerla oponible a Venezuela.

Cabe aquí desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en el Derecho Internacional Público: “Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo”.

A propósito, tomamos en préstamo —para reinterpretar— la categoría Forclusión, en cuanto concepto superior epistemológico, construido por el psicoanalista francés Jacques Lacan, quien menciona que cuando un significante no nace o ha dejado de existir en el campo o disciplina que sea, se extingue absolutamente su universo simbólico. Queda nula y rechazada   toda posibilidad de mención o referencia. Ese significante está forcluído.

¿Cómo hemos hipertextualizado la Forclusión para todos los efectos del caso controversial, litigioso que nos ocupa?

Veamos. Al no existir el significante fundamental (“Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899”), sobre el que se constituiría toda la estructura simbólica: pronunciamientos, enunciados, normas, discursos, peticiones, demandas elementos culturales, cualquier significado que se pueda derivar de lo forcluído carece de sentido. Se encuentra vacío. No surte efectos de ningún tipo.

 Si la contraparte insiste en el forcluído” laudo”; entonces, no hay nada qué conseguir en el “inconsciente jurídico internacional”.

El significante “Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899” no existe, está forcluído; por lo tanto, permea idénticas consecuencias hacia normativas de significaciones concretas, en un supuesto Proceso.

 ¿De qué hablar, contradecir, discutir o dirimir?, si su significante se encuentra forcluído; ha quedado inhabilitada la posibilidad de irrupción o aparición de algo nuevo en el Proceso, por ante la Sala Juzgadora de La Haya. Advertencia que hacemos —con el debido respeto— en espera de resolución, de pronunciamiento previo para la Excepción Preliminar.

Hay que visualizar, procesalmente, que resultarían incongruentes, incoherentes y vacíos todos los significados asociados a un posible juicio, que tenga como causa de pedir “el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899” que devino en un significante inexistente, forcluído; y, por tanto, nulo de nulidad absoluta.

Con un significante forcluído se hace imposible discernir jurisdiccionalmente, y menos crear un código de significaciones jurídicas concretas; porque no hay sentido en los discursos e imposibilidad de aprehender la verdadera realidad.

El mencionado “laudo” desapareció —hace 57 años— del campo simbólico y del sistema jurídico Internacional.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

URUGUAY COLABORA CON LA OCUPACIÓN BRITÁNICA EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen de Monica Volpin en Pixabay.

 

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas.

 

El gobierno de Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas y no se lo merece el maravilloso pueblo uruguayo, ni nosotros los argentinos —sus hermanos— el nuestro.

El pasado 16 de febrero (IP 067/23) la Cancillería informó que el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con su par del Uruguay, Francisco Bustillo y que, «en términos bilaterales, ambos ministros destacaron el trabajo de la Comisión de Integración Argentina-Uruguaya (CIAU), que aborda diversas áreas a nivel secretarios de Estado, como así también de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentino-Uruguaya, para evaluar en detalle los temas de la agenda bilateral económica y comercial» y «destacaron la relación entre ambos países y acordaron continuar profundizando los diferentes ejes que hacen al relacionamiento externo entre Argentina y Uruguay».

¿No hablaron nada sobre las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay Lacalle Pou que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas?

Por ejemplo, llama la atención que el Canciller argentino no le haya cuestionado a su par uruguayo la presencia en Malvinas de cuatro diputados de la coalición de gobierno que trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones relativas a la República Argentina. Debió tener en cuenta el Canciller, que la diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que «Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación», aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y sueña «con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands» (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a «incrementar el intercambio comercial con las Falklands» (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay Faye O’Connor refrendó diciendo que habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, «el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas» (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

La difusión del artículo de Agenda Malvinas y seguramente la reunión «light» entre los Cancilleres del Río de la Plata, seguramente dieron lugar a un Twitter (17/02/23) del ex Canciller Felipe Solá, quien manifestó que «Lacalle Pou tiene como principal objetivo mostrar su desprecio por Argentina. Es una provocación a un reclamo que siempre compartieron. Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente. Se lo reclamé personalmente en Olivos en 2021. Traicionan el legado de Artigas» y la réplica en el mismo medio del secretario de Malvinas argentino (por el momento esta secretaría no está en Uruguay): «los dichos de dirigentes sobre Malvinas, sobre todo de quienes estamos ligados a la política exterior, deben ser responsables. Es falso que Uruguay haya cambiado su posición sobre la soberanía argentina. Flaco favor hace a nuestros intereses la difusión de información imprecisa».

La crítica al ex Canciller argentino por parte del secretario Carmona, superó a todas las opiniones de los medios uruguayos (Caras y Caretas; SaltoalDia; Memo; El País, etc.) ¿raro no? Bueno, por suerte Carmona, que se dice vinculado a la política exterior, aunque de sus acciones no se desprende, refiere a la «difusión de información imprecisa» (se supone de Solá); efectivamente, se podría detallar con mayor precisión que Uruguay ha cambiado su posición respecto a la soberanía argentina en Malvinas. Los hechos son elocuentes.

Comencemos por estos diputados de la coalición del gobierno. No dejan dudas para donde camina el gobierno uruguayo, favoreciendo los intereses británicos, no solo en Malvinas sino en todo el Atlántico Suroccidental, el acceso al Pacífico e Índico y a la Antártida Argentina, violando las Resoluciones de la ONU y de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Res. ONU 41/11, 1986); etc. No se efectuaron mutuas resignaciones, ni se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no lleven políticas comunes en el siglo XXI.

Desde 2020 más de 700 buques operan en el Puerto de Montevideo buques extranjeros que capturan ilegalmente (INDNR) los recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa, violando Uruguay las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, etc., que inicialmente el ex presidente Pepe Mujica había cumplido. Lo que ocurre en el citado puerto viola la CONVEMAR, las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal (INDNR) y, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se han convertido en una retórica sin ningún efecto práctico.

La Res. de la UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, donde los Cancilleres, rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas, cayó en desuso en Uruguay y este país se retrotrajo a 1800 donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo. De hecho, Uruguay fue denunciado por no controlar en sus puertos el trabajo esclavo de buques chinos, taiwaneses, etc.

Todos los años es sabido que los isleños, ocupas de Malvinas, promueven sus productos en Uruguay y vuelos desde este país parten a las islas y desde estas a Uruguay. El Decreto 256/10 debería ampliarse a las naves aéreas.

Lacalle Pou ha mostrado un espíritu rupturista del MERCOSUR y Brasil y Argentina han debido intervenir para oponerse al intento del presidente de Uruguay de establecer un Acuerdo de libre comercio con China (La Nación, 15/07/2022) que podría provocar una invasión comercial en la región y la ocupación de la más importante flota pesquera del mundo que hoy pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y Pacífico Sur. Para que ocurra esto, no se avanzó en la integración rioplatense, cuando en Montevideo en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI.

Por cierto, las políticas llevadas por la Argentina respecto a Malvinas han sido claudicantes y muchas veces los uruguayos enrostran al gobierno nacional ser los primeros que no defienden sus propios intereses, tal es el caso de la actual secretaría de Malvinas que no ha hecho otra cosa que intentar promover el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros, sin llevar adelante ninguna política activa (No lineal, referiría el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Tte. Gral. Juan Martín Paleo), para dar cumplimiento a la DTP de la Constitución Nacional. Entre otras, precisamente, avanzar en el perfeccionamiento del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y un Acuerdo con Uruguay que nos permita efectivamente trabajar en forma sinérgica en favor de ambos pueblos.

La lucha de intereses del siglo XIX entre Brasil y la Argentina dio lugar, con la intervención de Inglaterra, a la «Convención Preliminar de Paz» donde las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil acordaron en 1828 la independencia de la Banda Oriental, luego Uruguay. Ciento cuarenta y cinco años después se firmó el Tratado del Río de la Plata, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos y este Tratado, que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería Presidente, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y firmada por el Canciller Alberto Vignes en 1973, junto a su par uruguayo, asentó «las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y como refirió el Presidente Juan Domingo Perón en 19/11/1973: «Será éste el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, «para los hombres de coraje se han hecho las empresas».

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).