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LA OTAN Y SUS NUEVOS FANTASMAS

F. Javier Blasco Robledo*

Es bien sabido que OTAN son las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización que consiste en una Alianza político-militar creada durante la Guerra Fría en 1949 y que se fundamenta en el mutuo apoyo militar entre los países miembros en caso de agresión por parte de terceros. Es básicamente una Alianza entre Europa y Norteamérica nacida con el exclusivo fin de garantizar la libertad y la seguridad de los países miembros a través de medios políticos y militares y hacer frente a las amenazas que provenían desde la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS).

De entre los anteriores medios, los políticos se basan en la exaltación y el exhaustivo empleo de los valores democráticos mediante la habilitación a sus miembros para que libremente puedan consultarse y cooperar de igual a igual y por consenso en asuntos relacionados con la defensa y la seguridad con especial dedicación a la resolución de los conflictos, la construcción de la confianza entre sus miembros, extender valores democráticos individuales o colectivos y en analizar y prevenir las implicaciones en los potenciales futuros conflictos tanto dentro, como fuera de su área de interés o influencia.

La mayoría de las alianzas, por no decir todas ellas, suelen tener un periodo variable de vigencia y existencia a lo largo del cual atraviesan diferentes fases que podríamos definir como: creación, expansión, afianzamiento, máximo esplendor, adaptación a nuevos objetivos y misiones, progresivo decaimiento y la definitiva disolución o desaparición voluntaria o forzada por acontecimientos de diversa índole y motivo u origen.

Pues bien, la OTAN, como cualquier alianza político-militar y máxime desde que su principal acicate o enemigo desapareció de la faz de la tierra, la URSS, para mantener su supervivencia e interés, ha ido pasando por casi todos los estadíos y ha tenido que irse adaptando a nuevas amenazas, misiones y procedimientos; lo que ha supuesto una serie de cambios francamente importantes en su orientación, empleo, estructuras y misión.

Por otro lado, las nuevas exigencias, el natural desgaste en las relaciones entre los aliados por los inevitables choques políticos, económicos o sociales; las rehencillas que aparecen por motivos comerciales o de liderazgo e inevitables roces entre países vecinos; así como, el tener que paliar diferentes puntos de vista sobre la cambiante misión y situación de la alianza e incluso, las propias consecuencias de determinadas evoluciones internas en la forma de entender la orientación actual o futura de la propia Organización o de cada uno de los países; así como, los inevitables nuevos enfoques en las relaciones exteriores individuales y colectivas de los mismos, hacen que cualquier fundamento político, por muy granítico que fuese en su día, empiece a tambalearse, resquebrajarse e incluso se pueda llegar a destruir.

A la vista de lo expuesto anteriormente y de los profundos cambios, tensiones y exigencias aparecidas o creadas en las últimas cumbres de la Alianza, así como, las discrepancias entre aliados europeos derivadas de un Brexit, que no augura un feliz final, y otras actuaciones individuales de algunos de los dirigentes de sus miembros más importantes, sería posible que la OTAN pudiera estar atravesando la penúltima o incluso la última de las mencionadas fases.

Las constantes, insistentes y estridentes exigencias de Trump sobre el grado de participación, compromiso y aportación económica real de los aliados en gastos de defensa, sobre todo, de aquellos como España, que se encuentran francamente alejados de cumplir los acuerdos de inversión para la defensa colectiva, adoptados por todos ellos hace ya demasiado tiempo en la Cumbre de Gales (2014); ciertas diferencias sobre la necesidad, eficacia y rendimiento de los despliegues de fuerzas norteamericanas en Europa y su posible redespliegue o repatriación; las discrepancias sobre la idea de la defensa común del solar europeo tras un duro Brexit; el recientemente buscado, aunque nada fácil, protagonismo a jugar por la UE —impulsado principalmente por Francia y secundado por Alemania— en dicha tarea y los diferentes y muy peligrosos escarceos y amagos de Putin con algunos de los viejos países miembros o satélites de la URSS que de forma directa o indirecta, siguen ligados a Rusia aunque la mayoría de sus habitantes preferirían mirar hacia el bando completamente contrario, son grandes piedras en un camino cada vez más difícil de recorrer a la vieja usanza, al unísono y sin discrepancias.

A la difícil situación anterior, como capítulo específico y francamente importante, habría que añadir los problemas derivados de la Turquía de Erdogan por sus encontronazos y acciones individuales o en relación con más de un aliado por diversos motivos como las grandes diferencias de criterio en la compra de materiales antiaéreos entre EEUU y Turquía por culpa de la adquisición turca de los misiles S-400 a Rusia y el veto norteamericano a la compra de los pretendidos F-35 como consecuencia de lo anterior o los constantes, cada vez más frecuentes y crecientes encontronazos entre Turquía y Grecia por la explotación de recursos energéticos bajo las aguas griegas o chipriotas en el Mediterráneo son problemas que han superado en mucho las tradicionales y enquistadas disputas entre ambos países. Los cambios en la orientación política interna y externa, cada vez menos democrática en Turquía que se manifiestan en el insaciable afán de expansionismo e intervención de Erdogan —en una cada vez más aparente y patente búsqueda de la reconstrucción del viejo Imperio Otomano— en la mayor parte de los conflictos cercanos a sus fronteras o más allá de las mismas en Siria y Libia principalmente y, últimamente, en Nagorno Karabaj ponen en peligro el inestable equilibrio con Rusia, sin olvidar su elevado grado de fijación con el exterminio de los kurdos y los arriesgados y peligrosos acercamientos a Irán lo que pone muy nerviosos a EEUU, Israel y Arabia Saudí.

Como importante y peligrosa patata caliente para los europeos hay que referirse a la existencia de más de dos millones de refugiados en territorio turco esperando saltar a Europa y que son contenidos allí gracias a importantes y millonarias subvenciones de la UE para evitar que esto suceda. Avalancha humana que Erdogan periódicamente amenaza con su suelta y darle vía libre si se le molesta en sus sucias actuaciones y felonías nacionales e internacionales.

Todos los asuntos referidos son ingredientes más que suficientes y demasiado fuertes cada uno, para que la picante ensalada de la Alianza resulte poco atractiva y prácticamente incomible, y hasta puedan llegar a ser el origen o la causa para que se puedan romper por más de un punto o motivo sus viejas y ya muy remendadas costuras.

Ciertamente, Turquía viene desarrollando de forma progresiva, y mucho más patente e intensa desde su autogolpe de Estado de 2016, una política absolutista y claramente antidemocrática y dictatorial. Erdogan viene sometiendo a su pueblo a una fuerte tiranía aunque aparentemente mantiene en el país un régimen “democrático”; ha cambiado la estructura de gobierno y el alcance del poder presidencial concentrando, poco a poco, el control de todos los poderes del Estado en su persona e incluso, ha anulado el signo laico del Estado con una conversión de culto del islam, llegando a derogar el “inamovible” legado de Atatürk (el padre de la patria turca) y en reconvertir en mezquita la antigua basílica ortodoxa de Santa Sofía, a pesar de ser monumento Patrimonio de la Humanidad.

Es el segundo país de la OTAN en aportación de fuerzas a la misma; ocupa su flanco oriental y cierra, por su privilegiada posición estratégica, el libre paso de Rusia hacia el Mediterráneo; cuenta con numerosas y potentes fuerzas armadas y sirve de base a importantes unidades norteamericanas de aviones de combate, cazabombarderos y armas nucleares. Es quizá por ello, por lo que su pérdida traería consecuencias incalculables para la seguridad, efectividad, equilibrio y el despliegue de las fuerzas restantes ya que quedarían con su más importante y peligroso flanco al descubierto.

Erdogan conoce bien la importancia de su terreno y la necesidad de la Alianza de su capacidad militar y quizá, sea por ello, por lo que juega con la paciencia de sus aliados a sabiendas de que haga lo que haga, no se le corrige aunque desde hace mucho tiempo, es merecedor de ello. La situación de deterioro en sus relaciones individuales y colectivas va en aumento; sus demostraciones y retos antidemocráticos han roto todos los cánones permitidos y se ha convertido en un aliado muy voluble y cada vez menos fiable, lo que unido a los otros temas enunciados podría dar origen a una ruptura o a la transformación profunda de la Alianza en otro tipo de organización, más reducida o con pretensiones menos ambiciosas. 

Por si fueran pocos los problemas enunciados, en el flanco opuesto nos encontramos con España, otro país que últimamente y sobre todo, desde que cuenta con un gobierno social-comunista —siendo los comunistas de corte e inspiración bolivariana (Venezuela) y muy amigos de Irán— tampoco está poniendo fáciles las relaciones con la Comunidad Internacional. El presidente Sánchez, a pesar de gozar de una gran capacidad de disimulo y de aparentar que no se entera de los problemas u objeciones que los demás le plantean, ha sido objeto de varias reprimendas públicas y notorias por parte de Trump en las últimas Cumbres por todo lo anterior y al ser de entre los medianos, el que menos y con gran diferencia, invierte en defensa.

España es un país que en el aspecto de la acumulación de poder presidencial, incluso en detrimento de la figura del Jefe del Estado y en el control o dominio sobre los poderes del Estado, viene practicando una especie de turquización (aunque algo más light) que recientemente vuelve a encender las luces rojas en el seno de la UE, por lo que indudablemente, también inquietará en la OTAN.

Está sumida en la peor y más profunda situación en ambas crisis sanitaria y económica del mundo y con tales credenciales y movimientos telúricos en lo político y lo social, probablemente será incapaz durante más de un lustro de salir del hoyo en el que el gobierno la ha sumergido por su mala gestión y falta de previsión. Es muy posible que aumenten las agitaciones sociales cuando se compruebe la mucha necesidad y la poca eficacia de los apoyos económicos que puedan llegar de la UE, que llegarán —si llegan— tarde, con cuenta gotas y a lo largo de un periodo de tres largos años; sobre todo, si no se encuentra un pronto remedio a la pandemia y la sociedad civil consiga encarrilar la economía aún a costa de soportar las grandes cargas impositivas que soterradamente y contra todo consejo, se vienen anunciando en estas fechas. Tiene sin solventar el grano de Gibraltar tras el Brexit sin acuerdo y mantiene una muy dudosa y voluble política con respecto al futuro político en Venezuela, lo que molesta a muchos aliados en Europa y en la OTAN.

A todo lo anterior, hay que añadir que Marruecos, el eterno enemigo a la espalda, ha percibido el olor de la sangre y a carne putrefacta y, como tradicionalmente suele hacer, ha comenzado a lanzar sus aspiraciones territoriales sobre aguas y espacios, que en este caso incluyen las islas Canarias y, al mismo tiempo, se encuentra en un franco y efectivo proceso de importantes programas de reame de sus fuerzas armadas con adquisiciones de material moderno a proveedores de un variopinto abanico que va desde Francia y EEUU hasta Rusia. Situación altamente preocupante y nada nimia tanto para la OTAN en general, por ser Marruecos un especial aliado de varios de sus integrantes, como para España, a no ser que dejemos de pertenecer a Alianza y se rompieran los lazos con ella.

No debemos olvidar que las constantemente decrecientes fuerzas armadas españolas, poco o mal pagadas, cada vez peor instruidas y adiestradas por falta de suficientes presupuestos para ello, bastante envejecidas y escasamente dotadas con materiales modernos o de última generación, se encuentran además mayormente dedicadas a todo tipo de menesteres o misiones de tipo protección civil por la necesidad de contar con mano de obra barata o gratis en la lucha contra la pandemia del COVID y, por lo tanto, se están volviendo incapaces de ser un elemento de peso en el potencial de la OTAN. Además, a la vista de las pocas expectativas de salir de la macro crisis económica, es más que previsible que la aportación española real en gastos en defensa no llegará en lustros a las mencionadas cotas otrora establecidas, lo que las relega a convertirse un aliado sin importancia, sino una rémora o un lastre, lo que podría cuestionar a los demás el mantener su pertenencia a la Alianza.

En resumen, aunque no se quiere decir claramente, nos encontramos ante una OTAN semi paralizada porque aparte de sufrir problemas de identidad en su núcleo duro, aún tiene que encajar los inconvenientes derivados de un más que posible Brexit duro y sin acuerdo y el papel a jugar por la UE en la defensa europea, si es que alguna vez es realmente capaz de pasar de las palabras a los hechos; además, se encuentra con sus dos flancos con problemas de conveniencia e incluso de permanencia, en manos de regímenes bastante conflictivos por sus tendencias, procedencias o por los intereses o agendas, ya no tan ocultas, de los que integran o dirigen sus respectivos gobiernos.

Veremos si alguien está dispuesto o es capaz, de lidiar tanto toro Victorino o de poner los necesarios cascabeles a los incansables gatos; que sucederá cuando se sepa el nombre del nuevo inquilino de la Casa Blanca y cuál será su postura con respecto al futuro y el papel de la Alianza; hasta donde llegará la UE en lo referente a sus “ambiciosas aspiraciones” en la defensa europea de forma semi independiente; como quedan las relaciones entre el continente y la islas británicas tras un Brexit duro y seguramente muy conflictivo y cuál será la orientación de la Unión cuando Merkel —ya que Macron está perdiendo fuelle y fuerza— deje de llevar las riendas de la misma y sobre todo, si se complican los particulares peligros que podrían venir desde cualquiera de sus  flancos en el Mediterráneo.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.                      

 

Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-otan-y-sus-nuevos-fantasmas

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¡Patagonia por Siempre Argentina! ni mapuche, ni inglesa ni masona

La Patagonia, territorio donde existen las más grandes reservas hidrográficas del mundo y también pesqueras y forestales. De lo que en el Sur de América se trata es de crear un país aparte, en el paralelo 40, una zona independiente en el sur de la Patagonia y de la cual la Laguna del Desierto, con Viedma en su vecindad, llegaría a ser la capital de un próspero centro, con las más grandes riquezas y habitado por otras gentes que argentinos y chilenos.

Ya Alfonsín se adelantó al proponer el traslado de la capital de Argentina a Viedma.

Las FFAA están únicamente para defender a la Patria, sus fronteras y la integridad de su sagrado territorio, por encima de intereses entreguistas. Si no cumplen con esta misión, han perdido su razón de ser, transformándose en ejército de opereta.

Miguel Serrano

A pesar de la exitosa campaña al desierto efectuada por Juan Manuel de Rosas en 1833, y de los arreglos de éste con los indios, los malones indígenas constituyeron un problema permanente durante todo el período rosista, el cual se potenció tras la caída del Restaurador de las Leyes en 1852. Una estimación señala que entre 1820 y 1870 los indios robaron 11 millones de cabezas de ganado, 2 millones de caballos y 2 millones de ovejas; asesinaron o capturaron a 50.000 personas, y robaron bienes por valor de 20 millones de pesos. Con su acción, los indios habían puesto límites al uso de las tierras y a la colonización.

Junto con la Campaña del Desierto emprendida por Roca, cabe mencionar también durante la gestión de Nicolás Avellaneda las actividades de exploración del hombre de ciencia Francisco P. Moreno. Este fue comisionado en 1879 para explorar nuevamente la Patagonia -lo había realizado durante el primer año de gestión de Sarmiento- con el objetivo de examinar las riquezas de la región y entrever la posibilidad de incorporar a los indígenas que la ocupaban a la vida civilizada.

En síntesis, el saldo de la campaña de Roca fue de 15.000 indios tomados prisioneros, 1.313 muertos  y 15.000 leguas cuadradas incorporadas al territorio argentino. No obstante, el problema no estaba completamente resuelto. Entre 1881 y 1883 debieron ser organizadas nuevas operaciones contra los indios para estabilizar la frontera sur.

Entonces, atento a los números expuestos, no pueden volver a vendernos el mismo cuento de “la juventud romántica e idealista” versión “pueblos originarios”. “No fue magia”, estaban haciendo estragos en los bienes y la población.

En los últimos años, las corrientes progresistas e indigenistas han conseguido instalar, con llamativo éxito, la tesis que sostiene que la Campaña del Desierto organizada y comandada en 1879 por el entonces ministro de Guerra, coronel Julio Argentino Roca, habría constituido en realidad un «genocidio» o «etnicidio» perpetrado por el Estado Nacional Argentino. Incluso se ha llegado a aplicar categorías extemporáneas tales como «crímenes de lesa humanidad» y similares. Sus promotores sostienen que la acción de las fuerzas regulares argentinas habría conculcado derechos legítimos de los indígenas sobre territorios ocupados por sus ancestros.

En contraposición, la posición oficial del Estado Nacional ha sostenido que la Campaña Desierto significó una guerra legítima orientada a recuperar el control y hacer efectiva la soberanía y poner fin a las reiteradas matanzas, saqueos, secuestros y destrucciones materiales provocadas hasta entonces por los malones.

Estos malones eran verdaderas empresas comerciales que permitían que las tribus se apropiaran de ganado, que luego era vendido en el mercado trasandino, y de cautivos, por los que exigían altos montos para restituirlos a sus familias.

Quedaría analizar, tomando en cuenta la línea de pensamiento utilizada por tales organizaciones y el código penal, que penas le corresponderían a estos pobres originarios por los delitos de cuatrerismo, destrucción de la propiedad privada, secuestro, violencia de género, violación, homicidio y femicidio, entre otros.

A principios de 1872 tuvo lugar la denominada Invasión Grande a la provincia de Buenos Aires, iniciada por el mapuche Calfucurá, con un ejército de 6.000 combatientes. El ataque sobre las poblaciones de General Alvear, 25 de Mayo y 9 de Julio causó la muerte de alrededor de 300 criollos, otros 500 resultaron cautivos y fueron robadas 200.000 cabezas de ganado. El botín sería luego comercializado en el mercado trasandino por hacendados chilenos que se habían establecido sobre el río Neuquén.

Se está viendo a lo largo y ancho del país, pero particularmente con fuerza en la Patagonia “mapuche” que una fracción de la sociedad, reclama el dominio sobre tierras públicas fundamentada en una Constitución que reconoce derechos previos a la existencia del Estado.

La ocupación por parte de grupos autodenominados mapuches de terrenos bajo control del ejército argentino -y la posterior orden de las autoridades federales de no confrontar con los usurpadores- es una claudicación ante los principios que sostienen la misma existencia del Estado, por cuanto se rompe la cadena de autoridad que garantiza la primacía de un conjunto de leyes que garanticen la convivencia.

Por esas ironías de la vida, la escuela de alta montaña que funciona en Bariloche -y cuyas tierras fueron usurpadas- lleva el nombre de Juan Domingo Perón.

Lo que otrora fuera sagrado para la nación Argentina fue vulnerado bajo el apañamiento de los que dicen ser sus herederos. Vaya paradoja de un Estado que ya no puede hacer frente ni a los más básicos de los supuestos que fundamentan y justifican su existencia.

Javier Boher

Lo tragicómico de la situación es que recurren al Estado, (que no reconocen como tal), para que defienda “sus derechos”, sostienen que los mapuches tienen derecho a defender su territorio y el derecho a recuperarla y que está reconocido hasta por la Constitución Argentina. Todo esto orquestado por The Mapuche Nation, una organización que está asentada en Bristol, Inglaterra. «El día 11 de mayo de 1996, un grupo de mapuches y europeos comprometidos con el destino de los pueblos y naciones indígenas de las Américas, y en particular con el pueblo mapuche de Chile y Argentina, lanzaron la Mapuche International Link (MIL) en Bristol, United Kingdom», explican las autoridades de esta organización; a saber, Edward James (Relaciones Públicas), Colette Linehan (administradora), Madeline Stanley (coordinadora de Voluntarios), Fiona Waters (a cargo del equipo de Derechos Humanos), entre otros. (Como se puede observar a simple vista, todos apellidos originarios… de Inglaterra).

Sostienen que «the Mapuche Nation está situada en lo que se conoce como el Cono Sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada (sic) por los Estados argentino y chileno».

El territorio ancestral mapuche, según la organización con sede en Bristol, abarca todo lo que está al sur del Bío-bío (Chile) y al sur del Salado y del Colorado (Argentina). Y eso no es todo. Para los miembros británicos de la nación mapuche, el territorio ancestral abarca también las islas Malvinas y la Antártida.

En el mismo documento, fijan el año 1860 como el de la «Gran Asamblea Constituyente» en la cual «los más notables representantes del pueblo mapuche» fundaron «un gobierno monárquico constitucional». Y agregan que, «tras la ocupación del territorio del estado mapuche (sic), la Casa Real de dicho gobierno se estableció en el exilio en Francia, desde donde viene operando de manera ininterrumpida desde entonces».

Curiosamente, a la vez que hacen reivindicación de sus derechos ancestrales y su condición «originaria», los mapuches reconocen una dinastía francesa fundada por la ocurrencia de Orélie Antoine de Tounens (1825-1878), un abogado francés y masón que desembarcó en Chile en 1858 y se autoproclamó Rey de la Araucanía y de la Patagonia.

«Tanto el gobierno monárquico como el pueblo mapuche en su conjunto jamás han renunciado ni a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral», afirman.

Con la creación del Estado Mapuche perderíamos, no sólo el territorio y los minerales, que de hecho ya lo estamos perdiendo, sino el agua potable de los glaciares, las vertientes que nacen en las altas cumbres, y que en el futuro tendríamos que comprarles el agua que ahora es nuestra. El uso del término “Mapuche” y las falsas reivindicaciones de estos, son maniobras disolventes y disgregantes hacia el Estado Argentino, porque todos los aborígenes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier habitante de la Nación Argentina.”

“Los araucanos hoy denominados ‘mapuches’, empezaron a llegar desde Chile en el siglo XVII, este proceso se conoce como Araucanización de la Pampa, fue una invasión cultural, acompañada de una invasión armada. En 1830 llega desde Chile el cacique Calfucurá, quien pidió una gran reunión de todos los caciques y pueblos indígenas de la región, la mayoría aceptaron, cuando esta se lleva a cabo, ¡Calfucurá los embriaga y los asesina a todos!, llegando casi al exterminio de nuestros puelches, tehuelches, ranqueles, pampas y demás pueblos, quedando dueño absoluto de toda la región. Por todas estas artimañas se lo denominó “el Zorro del Desierto”. Los araucanos contaban con fusiles Rémington que los ingleses les vendían del otro lado de la cordillera a cambio de yeguarizos, vacas y todas las cosas de valor que en sus malones podían robar. Ni Rosas, ni Roca, ni ningún historiador o autor clásico como Estanislao Zeballos, Lucio Mansilla y Manuel Prado, “¡jamás mencionaron al pueblo mapuche!”, tampoco está escrito en los libros de historia de las provincias donde ellos azotaban, por lo tanto no son un pueblo originario de la Argentina”.

“¿Entonces por qué a los araucanos y demás pueblos indígenas, se lo quiere denominar mapuche? La razón es que quieren englobar a todos los pueblos aborígenes en uno solo, “los mapuches”, así poder abarcar más territorio para la supuesta nueva Nación Mapuche. Esta es la historia del peligroso malón británico que actúa en las sombras, es un verdadero “British Malon”, un malón que nos quiere desintegrar y robar parte de nuestra Patria creando un estado dentro del Estado Argentino. ¿Cómo lo quieren crear? Presionando, extorsionando, comprando a nuestros gobernantes, nacionales y provinciales y a toda persona que se oponga a este siniestro plan.

Este plan es que se viole constantemente la Constitución Nacional hasta que está ya no tenga validez, destrucción de las fuerzas armadas para cuando ellos invadan no haya ningún foco de resistencia, fomentar la droga hasta que la delincuencia sea incontrolable, corrupción y caos generalizado, entonces será para ellos el momento oportuno para invadir nuestro país, por parte de la O.N.U u otra fuerza, para pacificar, ordenar, y así poder crear el Estado Mapuche, que será en realidad un Estado Inglés”.

Indudablemente estamos en presencia de un plan que huele a rapiña británica y masonería. Por cierto, debemos recordar que, como explica Dieter Schwarz:

“En 1723 y 1725 encontramos ya nombres judíos en las logias inglesas. En 1732 una logia traslada su «tenida» del sábado al domingo, a fin de hacer posibles a los «hermanos» hebreos la participación en el trabajo de la logia. La judaización parece haber sido ya en aquella época bastante grande, ya que en 1732 el orador callejero Henley anunciaba un discurso contra los «masones judaicos». Los Ancient Masons que aparecieron a mediados del siglo XVIII, poseían una oración particular para las logias judías”.

Ya vivimos la pérdida de Picton, Lennox y Nueva por la entrega al Estado chileno de parte del benemérito integrante de la Trilateral Interamericana Raúl Alfonsín, perdiendo con ello el paso bioceánico, parte de Tierra del Fuego y del Territorio Antártico. Se ha terminado con la zona de frontera que nos protegía de la compra de tierras por parte de extranjeros en una franja de varios kilómetros desde toda frontera. Hoy en la Patagonia ondean banderas que no son la Nacional. Muchos han puesto sus ojos en esta zona millonaria en recursos, los usurpadores históricos de Oriente Medio la recorren para tomar notas para su desembarco que haga cumplir el Plan Andinia.

¡Basta ya de latrocinio!

¡Basta ya de mancillamiento de nuestro Ser Nacional!

¡Basta ya de ceder territorios y derechos!

¡Por una Argentina para los Argentinos!

DyPoM

Por Der Landsmann para Saeeg


Notas:

  • Miguel Serrano. La entrega de la Patagonia Mágica (2003)
  • Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina
  • Alberto Lettieri. «La Campaña del Desierto de 1879 a la luz de la mirada histórica». La Prensa, 17.12.2017. 
  • Javier Boher. «Perón contra los mapuches: se abolió el credo del Estado». Diario Alfil, 09/20/2020,  <www.diarioalfil.com.ar/2020/10/09>.
  • «‘The Mapuche Nation’, la organización que desde Gran Bretaña defiende la violencia». Diario El Chubut,  10/08/2017, <https://www.elchubut.com.ar/nota/2017-8-9-23-47-0–the-mapuche-nation-la-organizacion-que-desde-gran-bretana-defiende-la-violencia>.
  • «La maniobra británica para dividir la Patagonia». Corrientes al día, 21/11/2017, <http://www.corrientesaldia.info/184297>.
  • Dieter Schwarz. La-Francmasonería.

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LA CESIÓN DE LA PESCA ARGENTINA A LOS ESTADOS DESARROLLADOS. EL ACUERDO DE NUEVA YORK.

César Augusto Lerena*

Se requiere derogar la Ley 25.290 que aprobó en el año 2000 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre “las Poblaciones de Peces transzonales y altamente migratorios dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas” (en adelante el Acuerdo de Nueva York del 24 de julio al 4 de agosto de 1995) que entrega a los países desarrollados los recursos pesqueros transzonales y migratorios de la Argentina y salvar de esta manera el grave error (¿?) cometido por los legisladores nacionales.

Aquí los fundamentos y un proyecto de ley al respecto.

En el debate en 1984 entre el Canciller Dante Caputo y el caudillo catamarqueño Vicente Leonidas Saadi, bastó, que este último, soltara las frases “Basta de cháchara” y “no se vaya por las nubes de Úbeda” para que la mayoría de los argentinos tomase en broma los argumentos nacionales del Senador, votaran favorablemente el plebiscito y aceptaran alegremente el Tratado de 1984 de Paz y Amistad con Chile. Tratado que quebró el principio bioceánico de “Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico” y dio lugar a la pérdida de la Picton, Nueva y Lennox, islas de una inmejorable proyección marítima por su ubicación en el ingreso del canal de Beagle y paso obligado entre ambos océanos. A ello, se sumó la cesión de amplios espacios marítimos estratégicos y el absurdo de aprobar este Tratado, sin tener establecidas las líneas de base de Tierra del Fuego y limitando a tres millas el Mar Territorial (Art. 8º). Ya sabíamos que los chilenos venían de colaborar en 1982 con el Reino Unido (en adelante R.U.), pese a que el Tratado de Amistad firmado por Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata el 20 de noviembre de 1826 que establecía: “Las repúblicas contratantes se obligan a garantir la integridad de sus territorios y a obrar contra todo poder extranjero que intente mudar por violencia los límites de dichas repúblicas…” (Art. 3º). Una deslealtad importante a la hora de cumplir Tratados.

Ahora, frente al nuevo plano bicontinental de Argentina y sus espacios, aprobado en estos días por Ley 27.557 por el Congreso de la Nación; el presidente de Chile expuso, que su país “no reconoce la Plataforma Continental Argentina en la Zona del Mar Austral y Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”. Algo estamos haciendo mal.

¿Por qué me refiero a estas cuestiones, que no parecen estar relacionadas al Acuerdo de Nueva York? Porque los asuntos serios no deben tomarse a la chacota, como diría un portugués, y quienes aprobaron en el Congreso el Acuerdo de Nueva York, no parece que hubiesen estado idóneamente habilitados. La mayoría habrá pensado en el noble fin de preservar el ambiente, creyendo, que podrían reducir la pesca ilegal de esta manera, sin evaluar las políticas internacionales de dominio y apropiación de los recursos naturales de la Argentina y de otros tantos Estados ribereños.

Que la Argentina haya aprobado el Acuerdo de Nueva York es un hecho inadmisible de delegación de la Soberanía Nacional en la Zona Económica Exclusiva Argentina (en adelante ZEE) y, es hora que, sin más dilación, el Congreso deje de lado la ratificación de la Ley, contrario a lo que la Cancillería que cesó en 2019 propiciaba y algunos sectores probritánicos desean y, proceda a derogar —lisa y llanamente— este instrumento de entrega territorial del mar argentino y sus recursos.

Se supone que en la Asamblea de las Naciones Unidas se dictan resoluciones basadas en el esforzado trabajo técnico de las Comisiones y con mecanismos que tratan de representar a todas las Naciones pero muchas veces —como en este caso— bajo el pretexto de conservar los recursos, etc. poderdantes promueven propuestas de las principales potencias, que se mueven bajo el único interés de tutelar el mundo y hacerse de sus recursos naturales. Nada que vaya contra sus intereses como tantas resoluciones de la ONU que son letra muerta, tal cual, la Res. 2065/65 o la 31/49 que no le han impedido al R.U. ocupar un 52% de nuestro territorio marítimo e insular o que pese al fallo de la CIJ siga incumpliendo la Res. 2066 (XX) y la 71/292 referidas al Archipiélago de Chagos.

Empecemos por decir que este Acuerdo de Nueva York se excede a las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y, ello, no solo es contrario al propio Acuerdo que en su art. 4º indica que “Ninguna disposición en el presente Acuerdo se entenderá en perjuicio de los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados con arreglo a la Convención…”, sino que, además, es absolutamente improcedente que un texto, que es parte de la CONVEMAR pueda modificarla, ya que, para tal caso, requeriría de las enmiendas previstas en ella y no abrir la puerta a que —en un futuro— Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros (en adelante OROP) puedan modificar la letra y el alcance establecido por el conjunto de las Naciones e, incluso, generar discriminaciones entre los Estados según integren o no estas OROP, como veremos.

Entre las cuestiones de orden general, el Acuerdo de Nueva York utiliza el término de especies “transzonales” más de cincuenta veces, mientras que no lo define ni mencionado ni una sola vez en la CONVEMAR y parece una denominación inventada por algún técnico que, no solo es imprecisa, sino que carece de consenso científico.

Tampoco la CONVEMAR define qué es una especie “altamente migratoria” o “migratoria” y, qué diferencia hay entre ambos términos y ello es central, porque no es lo mismo una especie que tiene su hábitat en un área limítrofe entre dos zonas (por ejemplo, la ZEE y la Alta Mar) que podría ser transzonal y no migrar, sino convivir en ese ámbito que, el caso de otra especie, que desde el Mar Territorial, la Zona Contigua o la ZEE transpone las 200 millas y para ello debe migrar. Es decir, que sería posible que una especie sea transzonal altamente migratoria o no o que, migrando, lo haga dentro de la ZEE o entre las ZEE de dos o más países ribereños sin acceder a la Alta Mar.

Respecto a las especies “altamente migratorias” el Acuerdo de Nueva York no podría ser aplicado jamás en las especies de la ZEE Argentina o su área adyacente, porque la CONVEMAR, en su Anexo I, remite a en forma taxativa a determinadas especies que no incluyen a peces, crustáceos o moluscos del Mar Territorial, la ZEE Argentina o el Atlántico Sudoccidental. En cualquier caso, la falta definición de los términos “transzonal”, “altamente migratoria” o “migratoria”, mientras, no se precisen los adjetivos especificativos y aprueben científicamente —dentro del Acuerdo— es inválida toda pretensión de éste de reglamentar las prescripciones de la CONVEMAR.

La FAO (que pertenece a las Naciones Unidas), tampoco define (Las consideraciones generales del Informe 2018), qué entiende por especies “transzonales o altamente migratorias” y ratifica de hecho nuestra opinión, que la CONVEMAR no ofrece ninguna definición válida para estas especies e, indica que “un caso no previsto explícitamente en la Convención es el de las poblaciones que se encuentran dentro de las ZEE de dos o más Estados ribereños (ejemplo, Argentina-Uruguay) y en zonas adyacentes de alta mar” y, precisa, “que en las poblaciones transzonales, deben indicarse, no sólo por el nombre de la especie (como en los peces altamente migratorios), sino también, su ubicación específica (por ejemplo, bacalao de los Grandes Bancos)”, aclarando, que “hay lugares donde todavía no se reivindicó la ZEE (por ej., en el Mediterráneo).

Por las reglas de la CONVEMAR y la forma en que se pretende regular la pesca de Alta Mar en el Acuerdo de Nueva York, se deja de manifiesto la clara intención de los Estados de Bandera (en su mayoría países desarrollados que pescan a distancia) de quedarse con los recursos de los Estados ribereños, de otro modo, no podría entenderse que, recursos que son de dominio de éstos en la ZEE, por solo hecho de pasar la línea imaginaria de las 200 millas puedan pescarlos terceros países y, aún peor, que los Estados de Bandera incidan sobre la administración de los recursos en la ZEE. Este criterio rompe con el más elemental criterio biológico y de sostenibilidad de las especies.

El Acuerdo de Nueva York es un engendro técnico que intenta hacerse de la administración del mar y quitar o limitar las facultades soberanas de los Estados ribereños sobre la regulación de sus recursos pesqueros. Crea las OROP, organizaciones mayoritariamente integradas por Estados Banderas, que se constituyen en administradores que minimizan y dificultan las negociaciones directas entre Estados o empresas. Todo ello agravado porque muchos de los principales Estados de Bandera (China, España, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Reino Unido, etc.) que pescan en Alta Mar, subsidian con US$ 35.000 millones (2019) las operaciones de captura; una cifra, que representa el 35% del monto total mundial producido, lo que demuestra la vocación de estos países de hacerse de los recursos pesqueros, incluso a pérdida, contrario a todas las políticas de comercio de la OMC.

La Argentina, en 1995, al ratificar la CONVEMAR efectuó algunas declaraciones al respecto (Ley 24.543 art. 2º inc. c): “…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin”.

La Argentina en los art. 4º, 5º y 22º de la Ley 24.922 reivindicó sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, por cuanto su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde estas especies, realizan gran parte de sus principales etapas del ciclo biológico para luego migrar a la Alta Mar, donde son capturadas por los buques extranjeros, para, finalmente, los que logran evadir estas capturas, regresar a la jurisdicción de Argentina. Y esta última es la condición principal para considerar “migratorio” a un recurso, como lo indican los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche en su trabajo “La ruta de migración del langostino patagónico” (INIDEP. Inf. Téc. Of. 7/12 del 3/4/12), donde se define: “El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…”.

Los buques extranjeros que capturan sin control en la Alta Mar rompen el ciclo biológico, ya que —ecológicamente— es necesario asegurar el regreso del recurso a la ZEE donde realiza su etapa biológica más importante y, como bien refiere el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Art. 6º inc. 6.5, 6.8, 6.9 y 6.18), respecto a la Ordenación Pesquera, los Estados deben aplicar el Criterio de Precaución en la conservación y la explotación de los recursos, teniendo en cuenta, el hábitat crítico, las zonas de cría y desove. El caso del calamar patagónico (Illex argentinus) es un ejemplo típico, ya que inicia su ciclo de vida anual en el área continental de la ZEE Argentina, migra al área de Malvinas y de Alta Mar y regresa al área original del ciclo, por lo cual, su captura sin control en Alta Mar no solo dificulta su sostenibilidad sino que —vinculada su ecología trófica a otras especies y actuando como depredador o presa— afecta al total de las especies con las que interactúa en el ecosistema y, en la Argentina muy en especial a la merluza, especie central en la generación de industrias y empleo. Ello se ratifica en los propios considerandos del Acuerdo de Nueva York donde destaca que la depredación se produce por la pesca de Alta Mar: “…algunos recursos se están explotando en exceso…etc.”.

Por otra parte, el dominio de un recurso originario del Estado ribereño no puede fenecer transitoriamente porque transponga un límite arbitrario y, luego, recuperar ese dominio, si ese mismo recurso —cerrando su ciclo biológico— sino es capturado por buques pesqueros en la Alta Mar logra regresar a sus orígenes; como si un granjero perdiera el dominio de una vaca por transponer ésta un alambrado perimetral del terreno de su propiedad. ¿Qué sentido tendría, entonces, que los Estados ribereños establezcan vedas, zonas de reservas o limitaciones a la captura en su jurisdicción, si la especie que se preserva en sus etapas de desarrollo vital, luego en su migración a la Alta mar pierde el dominio del recurso en manos de buques extranjeros que están en emboscada y realizan una pesca olímpica hasta agotar el recurso? No es la forma que el Art. 64º de la CONVEMAR, al referirse a las Especies “altamente migratorias” pretende “asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la ZEE”.

Hay una evidente necesidad de definir la preeminencia de los Estados ribereños por sobre los Estados de bandera y, la FAO (FIDI, FAO) es esclarecedora, al respecto: “las poblaciones transzonales son fundamentalmente ‘residentes’ de las ZEE, es decir, su biomasa global se encuentra en gran parte dentro de la ZEE, las que desbordan unas millas hacia alta mar”-

Accesoriamente a ello, la pretensión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y el “ingenuo interés” del ex Canciller Faurie (Proy. PE/176/18, Mensaje Nº 85/18) de aprobar en la Argentina un Convenio (Aprobado por el R.U.) que carece de todo sustento, por cuanto esta especie no está presente en la ZEE ni el Alta Mar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000). No es erróneo ni casual: el Convenio del Atún, también accede las especies agregadas a éste.

Refiere el Preámbulo del Acuerdo de Nueva York y a lo largo de su articulado a “la conservación a largo plazo y al aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces (transzonales) cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las ZEE y las poblaciones de peces altamente migratorios”, siendo inaceptable que la Argentina pueda delegar a Estados de Bandera (extranjeros) o a las OROP la administración de sus recursos originarios dentro o fuera de su Z.E.E. y para ello me remito a los artículos que más abajo detallo; sin perjuicio de entender, que son los peces los que se encuentran dentro o fuera de la ZEE y no los territorios como se indica erróneamente.

En general, los 50 artículos y los dos Anexos del Acuerdo son inaceptables para un país soberano, por cuanto inmiscuyen a los Estados de Bandera (Extranjeros) en cuestiones relativas a la ZEE o de los recursos de dominio de los Estados ribereños y, en especial debo decir —muy sintéticamente— que la Argentina integrando una OROP debería aceptar en minoría —en función del mayor número de Estados de Bandera que de Estados ribereños— la injerencia en su ZEE o la Alta Mar, no solo de esos Estados de Bandera sino también del R.U. que ocupa ilegalmente el mar argentino y sus archipiélagos.

Lo previsto en el Art. 2º del Acuerdo de asegurar —mediante las OROP— “la conservación a largo plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios” significa la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina; cuestión que los gobiernos nacionales deben trabajar ante los organismos internacionales pertinentes.

Refiere en el Art. 6º al “aprovechamiento óptimo”; al “principio de precaución” y a “los efectos medioambientales”, cuestiones que no pueden atender los Estados de Bandera que no establecen Capturas Biológicamente Aceptables (CBA); no sufren control alguno ni informan sobre sus capturas; descartan; interfieren en el ecosistema etc.  y realizan por tales motivos pesca ilegal INDNR. No obstante, se les iguala en derechos a los Estados Ribereños, quienes —en general— son los que investigan, conservan y administran para hacer sostenibles las especies.

La preeminencia en la Administración del Estado ribereño en el ecosistema en el Atlántico Sudoccidental (ZEE y Alta Mar) la debe tener la Argentina y Uruguay ribereños y, ello, además de ser, porque nuestros países son quienes realizan los estudios que determinan las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA), se funda, en que hay una prueba biológica incontrastable que avala esta posición: si nuestros países agotasen el recurso en la ZEE se agotarían los recursos de Malvinas y en la Alta Mar. De hecho, si la Argentina llevase adelante un boicot biológico del calamar patagónico que migra a Malvinas, los británicos se verían impedidos de capturar este recurso, debilitándose en forma sustancial la economía de las Islas. Este proyecto que elaborara para la Presidencia de la Nación en 1989 fue abortado por influyentes vinculados al ex Canciller Cavallo.

Como ya he dicho, el Acuerdo de Nueva York (y pese al art. 4º referido) excede las reglas de la CONVEMAR y, a modo de ejemplo —porque ocurre en gran parte de su articulado— me referiré a sus incisos 1 a), 2 y 3 del Art. 7º (y en relación a los prescripto en el art. 3º) que dicen: “En lo que respecta a las poblaciones de peces altamente migratorios, el Estado o los Estados ribereños correspondientes y los demás Estados cuyos nacionales pesquen esas poblaciones en la región cooperarán, directamente o por conducto de los mecanismos de cooperación apropiados previstos en la Parte III, con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo del aprovechamiento óptimo de esas poblaciones en toda la región, tanto dentro como fuera de las zonas que se encuentran bajo jurisdicción nacional (…). Las medidas de conservación y ordenación que se establezcan para la Alta Mar y las que se adopten para las zonas que se encuentran bajo jurisdicción nacional habrán de ser compatibles, a fin de asegurar la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios en general. Con este fin, los Estados ribereños y los Estados que pesquen en alta mar tienen la obligación de cooperar para lograr medidas compatibles con respecto a dichas poblaciones (…). Tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el Máximo Rendimiento Sostenible”; determinación que los Estados de Bandera no realizan en Alta Mar, poniendo —todo ello— límites, a lo previsto en el art. 61º de la CONVEMAR que establece: “1. El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su ZEE”, etc. o en su art. 64º inc. 7: “Los Estados ribereños informarán a los Estados que pescan en Alta Mar las medidas adoptadas con respecto a las poblaciones de peces transzonales o altamente migratorios”, lo que demostraría que, es el Estado Ribereño, quién administra el ecosistema y nos Estados de Bandera, por sí o, a través de Organizaciones regionales. A su vez obliga, por su inciso 8 a que: “Los Estados que pescan en Alta Mar informen a los demás Estados interesados”, es decir, entre otros, a los Ribereños. En ambos casos, queda evidente, que son los Estados Ribereños, los que pueden concentrar la totalidad de la información para administrar el ecosistema, contrario a lo que ocurre con los de Bandera que, en muchos casos, ni siquiera pueden ordenar la pesca de sus buques.

El Art. 8º y el Art. 17º son absolutamente inaceptables: “En los casos en que no exista ninguna Organización regional de ordenación pesquera para establecer medidas de conservación y ordenación… los Estados ribereños y los Estados que pescan en alta mar (…). El Estado que no sea miembro de la Organización (…) no autorizará a los buques de pabellón a realizar operaciones de pesca (peces transzonales o altamente migratorios) (…) los Estados ribereños correspondientes cumplirán su obligación de cooperar haciéndose miembros de la organización o participantes en el arreglo (…) Únicamente los Estados que sean miembros de dicha organización”, etc., lo cual, además de burocratizar la actividad; obliga y subordina la administración del Estado ribereño a una Organización regional lo que no se ajusta a la legislación argentina ni a lo reglado en la CONVEMAR y, le impediría a los Estados ribereños que no son parte de una OROP acordar la pesca con Buques de Bandera en la Alta Mar y obligaría a cooperar con Organizaciones Regionales a las que no han adherido, integrados mayoritariamente por Estados de Banderas depredan sus recursos migratorios originados en la ZEE. Contrario a la regla más elemental contractual.

En su Parte III establece los mecanismos de cooperación, permitiendo la negociación directa “o por conducto de las organizaciones regionales de ordenación pesquera competentes”. Ello debilita la posición negociadora de los Estados ribereños, ya que —como dije— serían minoría en las OROP frente a los Estados de Bandera y, ello alcanza incluso, a los reclamos argentinos respecto a la ocupación del R.U. en Malvinas y la explotación pesquera, que violaría la Constitución Nacional.

Los Art. 9º y 10º tratan sobre las OROP e, indican que “Los Estados, en cumplimiento de su obligación de cooperar por conducto de organizaciones”, etc. y nosotros entendemos, que el Acuerdo debería limitarse a establecer las condiciones generales sobre lo que se entiende por explotación sostenible, sugiriendo algunas herramientas al respecto —aunque ya hay numerosas normas— y no, a promover la creación de OROP, cuya composición, favorece claramente a los Estados de Bandera o a quienes ocupan ilegalmente espacios marítimos (caso el R.U.), que contarían con mayoría de votos y, además, serán ineficazmente onerosas y, sin capacidad cierta para controlar las capturas e, inviable, que los Estados de Bandera y los ribereños, se puedan poner de acuerdo, ya que, en una supuesta organización regional, conformada por diez o más Estados de Bandera y uno o dos Estados ribereños, es fácil imaginar a quien favorecerán las votaciones y cual el objeto comercial o político.

Para no seguir abundando, debo decir que en artículos anteriores ya he cuestionado la mayoría de las Partes del Acuerdo de Nueva York y el Convenio de Conservación del Atún Atlántico del ICCAT, a los que remito al lector que desee ampliar y, a la hora de agregar fundamentos a una Ley de derogación de la Ley 25.290 (El Acuerdo de Nueva York) y de rechazar el referido Convenio: “El desacuerdo pesquero de Nueva York. El control del Estado ribereño de la pesca en Alta Mar” (enero, 2019).

De igual forma, ya me he referido a la falsa creencia de que la libertad de pesca en la Alta Mar por parte de Estados de Bandera es irrestricta y, ello, no es así (ver los artículos del autor: “Cómo acordar la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar y reducir la pesca ilegal”, junio 2020, y “la Pesca Argentina en Alta Mar es un ejercicio soberano impostergable”, agosto, 2020).

¿A qué Estado ribereño se le podría ocurrir darle la administración de un ecosistema (la ZEE, la Plataforma Continental y la Alta Mar) a un Estado de Bandera o a una organización regional integrada mayoritariamente por Estados de Bandera? cuando muchos de los Estados que explotan los recursos con buques subsidiados, efectúan pesca ilegal (INDNR) y son competidores comerciales. Sería un Estado Ribereño suicida. Ratificar el Acuerdo de Nueva York y propiciar el Convenio del Atún sería contrario al interés nacional y violatorio de toda la legislación Nacional y de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Mientras analizamos este Acuerdo, ONGs con supuestos fines ambientalistas y Cámaras empresarias integradas mayoritariamente por empresas extrajeras con intereses manifiestos, propician la creación de las OROP en el Atlántico Sur; el Brexit podría dejar afuera de las aguas británicas del Atlántico Norte a los buques de la Unión Europea —especialmente a los pesqueros españoles— al igual que en Europa por la reducción —por razones de conservación y creación de Áreas Marítimas Protegidas— de las capturas en aguas comunitarias, los pesqueros saldrán a buscar otros caladeros; Uruguay analiza la instalación de puertos chinos en su territorio; buques coreanos, españoles, taiwaneses, chinos y de otras nacionalidades pescarán en el área de Malvinas y fuera de ella con licencias ilegales británicas. Todo hace pensar en una gran concentración de buques en el Atlántico Sur depredando los recursos pesqueros argentinos que forman parte de un ecosistema único.

En base a los fundamentos precedentes y los que forman parte de los referidos artículos que me he referido, sugiero la derogación de la Ley 25.290 y la promoción de Acuerdos que permitan la hegemonía de Argentina en la administración de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur en la Alta Mar, más allá de las doscientas millas de la Zona Económica Exclusiva Argentina:

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º. Derógase la Ley 25.290 sancionada en julio 13 de 2000 y promulgada de hecho en agosto 14 de 2000 que aprobase el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 4 de diciembre de 1995, que consta de cincuenta (50) artículos, y dos (2) anexos.
 
ARTICULO 2º. Encomiéndase al Poder Ejecutivo Nacional la suscripción de Acuerdos de Explotación Pesquera más allá de las doscientas millas en la Alta Mar de los recursos migratorios pesqueros originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en un todo de acuerdo con lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar.

ARTICULO 3º. Comuníquese a la Organización de las Naciones Unidas y al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Pongamos el país en movimiento, con políticas activas de defensa de nuestros intereses y del desarrollo nacional; dejando de lado las costumbres argentinas, que el dibujante Tute desnuda en forma magistral: “Creemos que es urgente discutir esto más adelante”. En la tauromaquia los avisos son tres, al cuarto, se llevan el toro al corral (Ithacar Jalí).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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