Reinaldo Cesco*

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Introducción

La Defensa de la Soberanía Nacional constituye un objetivo indeclinable de las autoridades de la República. Para alcanzar este objetivo se debe contar con los recursos necesarios. Los recursos se refieren a los medios legales, es decir, contar con el marco legal adecuado, a los recursos materiales, financieros y tecnológicos apropiados para lograrlo y también con el recurso humano, que debe estar motivado y adecuadamente capacitado para lograr el objetivo. Sin el recurso humano apropiado, los otros dos pilares antes mencionados se vuelven intrascendentes.

A los efectos de por qué es indispensable atender a las cuestiones de seguridad y defensa, es necesario destacar que cuando se habla de “Seguridad Internacional” se refiere al equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional.

Por su parte, la Seguridad Nacional es definida como la situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso.

Problemática

Nuestro país cuenta con amplias fronteras y con un litoral marítimo extenso, por lo cual su custodia se vuelve compleja. Para llevar a cabo una eficaz defensa de nuestra soberanía nacional debería modificarse la legislación correspondiente a las cuestiones de Defensa Nacional y de Seguridad. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad podrían acompañar el cumplimiento de ese objetivo, pero es imprescindible un serio esfuerzo en aras de favorecer la motivación del personal destinado a esta tarea así como también diseñar una capacitación adecuada a los riesgos y amenazas que predominan en el mundo actual. Por otro lado, tampoco cuentan con los recursos tecnológicos y materiales adecuados, al menos en cantidad suficiente.

El marco legal vigente no permite la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, salvo algunas excepciones, y esto es algo acertado. No obstante, pueden colaborar ampliamente proporcionando apoyo logístico valiéndose de su amplio despliegue territorial.

Refiriéndonos específicamente a la Seguridad, el Estado Nacional cuenta con fuerzas de Seguridad, pero de momento éstas no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas. Como ejemplo de ello vale destacar que la Gendarmería Nacional ha sido retirada de la custodia de las fronteras para cumplir funciones de policía en centros urbanos y lo mismo sucede con la Prefectura Naval. Esto contribuye en extremo a incrementar la inseguridad, ya que las fronteras se han tornado sumamente porosas y el tránsito de personas y mercaderías es prácticamente libre. Del mismo modo, el hecho de que se haya desplegado a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas tampoco soluciona el problema, pues su accionar está limitado por el marco legal vigente, por la obsolescencia del material del que disponen, por la baja motivación del personal y el alto riesgo de ser corrompidas por quienes deben combatir debido a la precariedad salarial. Asimismo, se debe tener en cuenta la escasez de efectivos en las Fuerzas Armadas. La reducción del personal militares un problema que se ha ido agravando de manera constante en la última década.

En cuanto a la defensa de nuestras fronteras y lucha contra el narcotráfico y otros flagelos, se debería discutir la necesidad de contar con una ley de derribo u otro mecanismo con el cual coaccionar a aeronaves que ingresen ilegalmente al espacio aéreo nacional. Los protocolos actuales son irreales y constituyen una mala administración de los recursos del Estado. La autorización del derribo o de la aplicación del método de coerción seleccionado debería estar en manos de algún funcionario civil, designado a tal efecto.

La protección de los recursos marítimos, la custodia y defensa del interés nacional en el mar Argentino también se han dejado abandonados al azar. Si bien la Prefectura Naval cuenta con ciertos medios, estos no son los adecuados y su función se extiende hasta la milla 12 medida desde la costa, de ahí en más, hasta las 200 millas, o 350 si se considera la plataforma ampliada, corresponde a la Armada Argentina.

Para adentrarnos en el tema del narcotráfico y el crimen organizado incluyo un breve resumen de una nota publicada en el diario La Nación el 11 de febrero de 2014, redactada por Juan Gabriel Tokatlian[1].

El artículo se basa en el trabajo de Edwin H. Stier y Peter R. Richards de 1987 (Strategic Decision Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective). El mismo propone observar y evaluar cómo se despliega el crimen organizado a través de tres estadios diferenciados[2].

Hay una fase inicial o “predatoria”, en la cual el territorio y su control son fundamentales, se busca establecer un espacio físico seguro; afianzar las rutas para el transporte; el acceso a mercados para sus productos, y deben proveerse de ámbitos de protección personal. Con capacidades estatales básicas se puede hacer frente al desafío y evitar que éste transite a la etapa posterior[3].

En la segunda etapa: la “parasitaria”, la influencia política y económica de la criminalidad aumenta notoriamente. “Esta fase no sólo muestra la mayor inserción del crimen organizado, sino también tres dinámicas preocupantes: su ‘legitimación’, ‘proliferación’ y ‘democratización’”[4].

El Estado debe responder a un asunto de gran envergadura. El Estado necesita, con urgencia, una estrategia integral de contención del crimen organizado”. Debería contar con una sociedad dispuesta a deslegitimar el avance de la ilegalidad, procurar un alto grado de cooperación internacional y desplegar una política de largo plazo sin esperar milagros.[5]

En el estadio final: el “simbiótico”, se manifiesta el afianzamiento de la criminalidad[6]. El sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” (el crimen organizado) como éste de la estructura establecida. Un país no es plenamente capturado por el crimen organizado, pero en muchas regiones y provincias la simbiosis permite la consolidación de una nueva clase social a nivel local, con poder para establecer un orden paraestatal en las mismas[7].

Propuestas

Entre las propuestas se destacan:

1. La modificación del marco legal vigente, proporcionando una ley de derribo, que ayudaría en la disuasión de algunas actividades ilegales.
2. El retorno de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval a sus funciones específicas, lo cual contribuiría a resguardar las fronteras.
3. Revisión de la política salarial de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad.
4. Que la Policía Federal Argentina se dedique a combatir delitos federales, siendo necesaria una previa restructuración y dotándola de un mayor despliegue en el territorio nacional.
5. Re-equipamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluyendo una fuerte inversión en capacitación.
6. Crear una nueva fuerza federal destinada exclusivamente al combate del narcotráfico. Además se debería crear un cuerpo de Fiscales Federales y asignar juzgados específicos para esta tarea.
7. Coordinación de políticas y acciones en forma conjunta con las provincias.
8. Revisión de las políticas de incorporación del personal en la Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya que al haberse limitado la averiguación de antecedentes, están ingresando personas que no son las adecuadas para la tarea.
9. Poner énfasis en Seguridad y Desarrollo, buscando desarrollar un modelo propio que garantice la seguridad en forma integral, el desarrollo socio-político, humano, tecnológico y económico de la Nación.

Punto I

Reorganización de las Fuerzas Armadas

Como consecuencia de más de una década de implementación de políticas erróneas para el país y dada la gran extensión territorial de la Argentina, habrá que destinar grandes recursos a áreas importantes que puedan revitalizar la economía, reconstruir la institucionalidad e invertir grandes sumas en infraestructura. En ese sentido, se presentaría una gran oportunidad para una reorganización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, así como también para la puesta en valor de la producción para la Defensa, la cual actuaría como un motor para el desarrollo industrial, particularmente para las pymes.

La propuesta consiste esencialmente en adoptar un Sistema de Guardias Nacionales, que complementen el accionar de las Fuerzas Armadas “tradicionales”. Es decir, las Fuerzas Armadas mantendrían su estructura actual, de unidades regulares, y la ampliación del uso de reservistas, y se le agregarían las Guardias Nacionales.

Para esto se podría pensar en una organización similar a la existente en Estados Unidos, donde cada gobernador de Estado o Provincia tiene cierto control de las unidades desplegadas en su territorio, pero a la vez estas apoyan el accionar de las Fuerzas Armadas, siendo el Estado Nacional el que aporte el material operativo, a través de las respectivas Fuerzas, mientras las provincias aportarían parte del financiamiento y el personal, aunque el control operacional estaría a cargo de un comandante provincial designado por el Gobierno Nacional.

Las Guardias Nacionales dependerían a nivel organizativo de sus respectivas fuerzas, es decir, Guardia Nacional dependiente del Ejército, Guardia Nacional Aérea dependiente de la Fuerza Aérea, y eventualmente un equivalente para la Armada.

La particularidad de esto es que en caso de necesidad las Guardias Nacionales podrían actuar en Seguridad Interior, sin necesidad de modificar el marco legal vigente. Por su parte, las Fuerzas Armadas podrían pensarse para proyectar la política exterior del país.

Las Fuerzas Armadas deberían aumentar significativamente su participación en Organizaciones Militares de Paz en el marco de Naciones Unidas, lo cual permitiría mejorar su nivel de alistamiento y adiestramiento. En caso de necesidad su accionar sería apoyado por las Reservas respectivas y las Guardias Nacionales.

Las Guardias Nacionales podrían actuar más rápidamente en casos de catástrofes naturales, siendo su uso solicitado por los gobernadores y autorizado por un Comandante Nacional. Lo mismo aplicaría en el caso de que las fuerzas policiales se vieran desbordadas. Eventualmente podría disponerse de una doble autorización, a nivel provincial y otra a nivel nacional.

Punto II

Fuerzas de Seguridad Nacionales

Las Fuerzas de Seguridad nacionales como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria deberían retornar a sus funciones específicas.

La Policía Federal debería asumir las funciones para las que fue creada, los delitos federales, pero centrándose tal vez en la investigación de los delitos financieros e informáticos, manteniendo a su vez entre sus funciones específicas el combate del narcotráfico.

También debería considerarse la creación de una Policía Judicial, que dependa del Poder Judicial, de modo tal de evitar interferencias por parte del Poder Ejecutivo, lo cual ampliaría la autonomía Judicial. Así podrían evitarse situaciones como las actuales en las que los jueces y fiscales ven que sus órdenes son desobedecidas, o las investigaciones son alteradas por intromisión de otro poder del Estado.

Es clave dotar al Poder Judicial de las herramientas adecuadas para poder llevar adelante las investigaciones en forma independiente. A la vez se deben completar los puestos vacantes y masificar los juicios por jurados. La justicia debe ser rápida, transparente y eficiente.

En línea con lo expuesto anteriormente la Gendarmería Nacional volvería a ser quien custodie nuestras fronteras, evitándose así la atomización de recursos escasos. Lo mismo debería suceder con la Prefectura Naval y ambas fuerzas deberían coordinar esfuerzos con la Policía Federal en su lucha contra el crimen organizado. Para esto también se debería contar con el aporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lográndose de esta manera una presencia tanto por medio terrestre, marítimo y aéreo.

Punto III

Política Salarial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad

Sin duda uno de los puntos más importantes a considerar si se desea tener Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad profesionales y eficientes, es la política salarial de las mismas. Si el haber mensual del personal es bajo, se deja abierta una puerta muy grande para que el personal sea corrompido por necesidades económicas.

Una de las opciones, sería volver a equiparar los sueldos en relación con el Poder Judicial, como ocurría hasta principios de la década de 1980. Otra sería plantear una escala salarial equiparando las jerarquías con las del Poder Ejecutivo, siendo un general y equivalentes comparables con un secretario de Estado y luego establecer las correspondientes equivalencias.

Tener una política salarial clara y transparente evita que los altos mandos sean extorsionados económicamente por el gobierno de turno, como sucede en la actualidad. No es posible que tanto el personal militar y de las Fuerzas de Seguridad cobren el grueso de su haber en “negro”. Esto permite la extorsión permanente con la amenaza del pase a situación de retiro de los efectivos.

Nadie puede desarrollar su tarea de manera adecuada sin estabilidad salarial. Esta debería ser una prioridad para un nuevo gobierno, tarea que debería llevarse a cabo sin dilaciones, siendo prioritaria a la hora de reconstruir las instituciones nacionales.

Punto IV

Reorganización de la Policía Federal y otras Fuerzas de Seguridad

Luego de haberse desprendido la Policía Federal de su División Metropolitana, la misma estaría en mejores condiciones para una reorganización que le permita ocuparse de los delitos federales. Debería aumentar su despliegue territorial y asumir una tarea similar a la del FBI de Estados Unidos. Esto debería ser relativamente sencillo de realizar, ya que la institución desde siempre ha contado con una sólida base institucional y una permanente vocación para adaptarse a los constantes desafíos que la cambiante realidad le impone.

Además, sería importante que colaborara y coordinara políticas y procedimientos con la Policía Judicial propuesta anteriormente y con la Gendarmería Nacional y con una eventual agencia contra el narcotráfico. Los delitos financieros y el narcotráfico están íntimamente relacionados, razón por la cual, la cooperación inter agencias se vuelve esencial.

Punto V

Capacitación y Re-equipamiento de las FFAA y FFSS

La formación y entrenamiento del personal es también un elemento fundamental si se pretende que éste cuente con una elevada motivación profesional, espíritu de cuerpo y que esté correctamente capacitado para llevar a cabo la tarea que le toca desarrollar.

Nuestras fuerzas cuentan con Institutos de Formación de un elevado nivel académico y profesional, aunque en la última década ha ido dejándose de lado la formación militar, siendo esta un área que no debería descuidarse. En tal sentido se deberían adaptarlos contenidos actuales para poner el acento en una buena formación de base.

También deberían retomarse los programas de intercambio y de formación de personal en el extranjero. Estas prácticas tan corrientes en décadas pasadas se han vuelto casi inexistentes.

Dentro de la formación del personal, no debe perderse de vista el desfasaje tecnológico de nuestras fuerzas en todas sus aéreas. Esto disminuyó su capacidad para llevar a cabo su tarea correctamente, máxime si se tiene en cuenta que el crimen organizado cada vez se vuelve más sofisticado y, en el plano militar, debe considerarse que son pocos los países que voluntariamente renuncian a tener la capacidad de defenderse. Mal puede entrenarse y capacitarse al personal con medios obsoletos, con escaso mantenimiento y que ya no están en condiciones de cumplir eficazmente la tarea para la cual fueron incorporados. Como resultado de ello, la Argentina hoy se encuentra en un verdadero estado de indefensión.

En concreto, debería llevarse a cabo un amplio programa de modernización y re-equipamiento del material de dotación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, buscando compartir medios en las aéreas donde esto sea posible, para abaratar costos logísticos y de adiestramiento, procurando en todo momento el accionar conjunto.

Punto VI

Lucha contra el Narcotráfico

Para esto se propone la creación de una nueva fuerza federal cuya función sea exclusivamente la lucha contra el narcotráfico. La magnitud de este flagelo, sumado a la gran extensión territorial de nuestro país, exige la existencia de una fuerza que con exclusividad de dedique a la lucha contra el mismo. Además, su accionar debería coordinarse con la Policía Federal y la Policía Judicial propuesta anteriormente.

La creación de esta fuerza podría hacerse sobre la base de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, más componentes de la Gendarmería Nacional y elementos de otras fuerzas de Seguridad Federales. Sería sumamente costoso y demandaría un considerable tiempo el construir una fuerza de estas características desde la nada, es por eso que se propone construir sobre la base de elementos ya existentes.

La nueva fuerza debería contar con un despliegue territorial no necesariamente extenso, aunque inicialmente focalizado en zonas “calientes” del narcotráfico. Su accionar podría estar apoyado por las Policías Provinciales, además de complementarse con la Policía Federal, y compartir información y coordinar esfuerzos con agencias similares de otros países.

Punto VII

Coordinación de Políticas con las Provincias

Si se desea tener éxito en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, se debe incluir a los Estados Provinciales en la conversación y estos deben ser parte de la solución, de lo contrario se derivará en un nuevo fracaso. Las políticas a coordinarse varían desde la educación, la contención de las víctimas, hasta el combate contra el crimen, el castigo de los delincuentes y el cumplimiento efectivo de penas.

El accionar de la justicia y la coordinación de las fuerzas federales y provinciales debe ser una prioridad. En este sentido es fundamental ser inflexible con el tratamiento de la corrupción. La corrupción es uno de los instrumentos más importantes que el narcotráfico utiliza para garantizarse la impunidad. Con ese propósito apela a la infiltración de las instituciones y a la compra de voluntades.

Asimismo debe coordinarse con los Estados Provinciales las tareas de inteligencia y recopilación de información sobre el accionar del crimen organizado. Se debe contar con una base de datos centralizada, que unifique la información criminal disponible. En el mismo sistema deben constar pedidos de captura, legajos y todo otro tipo de información que se considere importante. Su acceso debe estar restringido a personal con el nivel de seguridad adecuado.

Punto VIII

Poder Judicial

Uno de los primeros puntos a considerar respecto del Poder Judicial es la despolitización del mismo. Desde hace décadas el Poder Judicial, tanto a nivel federal, como en las provincias, se rige de acuerdo con el compás que marca la política y los intereses del gobierno de turno.

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, y simultáneamente, deberían constituirse al menos dos fueros independientes y que en exclusividad se dediquen a sus áreas respectivas: uno dedicado a investigar la corrupción y los crímenes financieros y otro cuyo centro de gravedad esté centrado en el narcotráfico y el crimen organizado. Es necesario, en el estado actual, que estos fueros con exclusividad se concentren en estas áreas y no se distraigan los recursos de estos para tratar la infinidad de otros casos que cualquier país tiene. Para ellos están los fueros y juzgados ya establecidos.

Es esencialmente para ayudar la función de estos dos fueros que se propone en este trabajo la creación de la Policía Judicial, la cual a su vez debería coordinar esfuerzos con la Policía Federal, la Fuerza o Agencia Anti Drogas también propuesta y demás fuerzas federales de seguridad.

Punto IX

Seguridad y Desarrollo

El almirante Jorge Martínez Busch, de la Armada de la República de Chile, considera que

Desarrollo y Seguridad se unen en la búsqueda y consolidación de la identidad nacional: esa individualización propia y distintiva que hace diferente a cada Nación. Cabe en este aspecto puntualizar que la búsqueda y consolidación de la propia identidad no es un anhelo político ideológico, sino que responde al orden natural, el cual conlleva una necesidad de buscar características que nítidamente perfilen y hagan trascender la noción de Patria, con todo lo que ella implica., como así tampoco esta búsqueda no deber ser interpretada para separar o confrontar a un Estado respecto de otros con los que, además, pueden tenerse intereses comunes, o, una cultura común.[8]

Por otra parte, y en línea con lo antes expuesto, la ONU define a la Seguridad Internacional como “el equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional”. Un país no puede aspirar a un desarrollo sustentable, de largo plazo, que mejore la calidad de vida de sus habitantes, a menos que pueda garantizar su Seguridad Nacional.

Para conseguir este objetivo, debe favorecerse la cooperación con los países de la región en materia de inteligencia y seguridad a los efectos de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, teniendo en consideración una agenda propia y no la que suele imponerse en función de los intereses de los países centrales.

Resulta así cuasi indispensable la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional. Debe considerarse una planificación integral del mismo, que incluya una nueva modalidad de reclutamiento, la profesionalización y capacitación permanente del personal. Para que esto sea eficaz y sirva a los intereses de la Nación, debe eliminarse la politización de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reorientando este organismo hacia la Inteligencia Estratégica.

En consonancia con esto, se debería optimizar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la cual debería incrementar su cooperación con los organismos encargados de combatir la criminalidad. La organización está abierta al debate, pero esencialmente se busca disminuir la burocracia y aumentar la operatividad y la eficiencia de los organismos del Estado.

Conclusiones

El trabajo busca abrir un debate necesario sobre la realidad del país. Es una propuesta de cómo organizar los diferentes organismos, instituciones y otros recursos del Estado para enfrentar un flagelo que aqueja a nuestro país desde hace ya varias décadas, que transciende gobiernos y partidos políticos. Busca dejar de lado las ideologías y evita polemizar sobre hechos ya no tan recientes de nuestra historia.

Referencias

[1]Juan Gabriel Tokatlian. “La Argentina y las etapas del narcotráfico”. La Nación, 11/02/2014, <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-argentina-y-las-etapas-del-narcotrafico-nid1663038>, [consulta: 12/12/2019].

[2]Ídem.

[3]Ídem.

[4]Ídem.

[5]Ídem.

[6]Ídem.

[7]Ídem.

[8]Jorge Martinez Busch. “Una Contribución para la creación de un pensamiento político-estratégico nacional”. En: Revista Política y Estrategia, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile,N° 60, mayo – agosto, 1993, [consulta: 18/12/2019].

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

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