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LÍNEAS ROJAS, UCRANIA Y LA OTAN

Marcos Kowalski*

En un artículo de este autor de hace un tiempo se dijo: “La zona más complicada para las hipótesis de conflicto de Rusia es la llamada llanura europea, que se extiende desde los Países Bajos hasta los montes Urales una especie de embudo de oeste que se va ensanchando hacia el oeste alcanzando más de 2.000 Km cuando llega a la frontera rusa, convirtiendo dicho límite en una zona expuesta de grandes dimensiones”[1].

Recordemos que los sujetos del Derecho Internacional Público son las Naciones, los países. Y que a los efectos de preservar la paz y tras la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (UN) se determinó que es el Consejo de Seguridad de ese organismo internacional, el único órgano autorizado para usar la fuerza. Pero la Carta de las Naciones Unidas plasmó en su artículo 51 el derecho a la legítima defensa de los Estados, es aquel que permite responder a los ataques militares de otro país para evitar más daños, asegurando, de esa forma, que los países pudieran protegerse a tiempo sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad de la UN.

En teoría, el derecho de legítima defensa es subsidiario y provisional. El país afectado debe comunicar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las actividades que llevará a cabo y las mantendrá hasta que el organismo retome el control de la situación.

Una vez el Estado da el aviso, el órgano aprueba una resolución contra el país atacante siempre que los cinco miembros permanentes (Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia) voten a favor. De lo contrario, el veto de cualquiera de ellos impedirá cualquier intervención. La legítima defensa nació precisamente para esquivar esta previsible parálisis.

El Consejo de Seguridad puede sancionar una aplicación de la legítima defensa que no atienda al requisito de necesidad, pues el Estado infractor habría usado la fuerza sin causa justificada. Sin embargo, si uno de sus cinco miembros permanentes realiza estas acciones, estas quedarían impunes con su veto a cualquier resolución condenatoria.

Por eso decimos que en teoría y mientras no se modifique la estructura del Consejo de Seguridad, un Estado puede invocar la legítima defensa solo cuando sea necesario, es decir, cuando un ataque extranjero en curso atente contra su integridad territorial o independencia política. Se aplica en caso de una agresión que comprenda acciones como la invasión, el asalto a buques, tropas o aeronaves, o el ataque a las fuerzas armadas.

Deja fuera otras acciones hostiles, como el bloqueo económico o los ciberataques y otras agresiones. Además, el contraataque del Estado víctima tiene que ser proporcional a la acción inicial y, si es posible, evitar usar la fuerza. En ningún caso podrá actuar con otra finalidad que la de protegerse, como aprovechar para conseguir nuevos territorios u otro tipo de beneficio.

El principio, el derecho de legítima defensa de las Naciones, puede activarse de forma individual si la aplica solo un Estado, o de forma colectiva, si varios países recurren a la fuerza para auxiliar al que ha sufrido el ataque. Para que esto suceda, es necesario que el país víctima solicite ayuda militar a sus aliados, pero también es habitual que se celebren tratados multilaterales sobre asistencia recíproca en materia de defensa, como el pacto que rige la Organización del Tratado Atlántico Norte o el más reciente AUKUS.

Con el tiempo, el uso de la figura ha cambiado, en especial tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Los atentados mostraron una nueva amenaza internacional y abrieron la veda para invocar la legítima defensa contra agentes no estatales, sobre todo grupos terroristas.

Esta interpretación tiene cabida cuando las agresiones militares de grupos armados se producen bajo las órdenes, control o financiación del Estado, y por tanto se les atribuyen. Es la variante que aplicó Estados Unidos en 2001 para invadir Afganistán en su guerra contra el terror de los talibanes. Estos formaban parte del aparato estatal y protegían en su territorio a los terroristas de Al Qaeda, el grupo de yihadistas responsable del atentado.

Mientras tanto, países como Rusia o Irán defienden el derecho a invocar la legítima defensa también ante sospechas fundadas de una agresión inminente. Ese principio de legítima defensa preventiva es el que aplicó Estados Unidos al invadir Irak en 2003. La Administración de George Bush argumentó entonces que el régimen de Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva listas para atacar a la superpotencia, aunque estas nunca se encontraron.

A pesar que La Corte Internacional de Justicia rechaza este principio porque elimina el requisito de necesidad y abre la puerta a ataques arbitrarios o desproporcionados, en enero de 2020 la Administración de Donald Trump reactivó la defensa preventiva para asesinar al general iraní Qasem Soleimani ante el temor de que estuviese desarrollando planes para atacar a militares y diplomáticos estadounidenses en Irak.

Es por eso que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó el formato actual del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, “el mundo es más grande que cinco” y “el destino de la humanidad no debe dejarse a merced de un puñado de países que ganaron la Segunda Guerra Mundial”, lo cual, afirma Erdogan, es una “injusticia del sistema global”.

Debemos convenir que todos tenemos puntos a no ceder en nuestra vida cotidiana; podemos, y de hecho lo hacemos, ceder en muchos de nuestros principios, ideas o puntos de vista, pero seguramente ni cambiaremos ni cederemos ante ataques a nuestra propiedad, pertenencia o a nuestra Fe, esto también es válido para la geopolítica.

Las naciones que, como dijimos, son sujetos del Derecho Internacional, tienen, además de sus límites geográficos, limites políticos, ideológicos o religiosos, una idiosincrasia nacional, una cultura y un inconsciente colectivo y todo eso es lo que hoy dice el presidente ruso Vladímir Putin, que Rusia no cederá y denomina “línea roja”.

En los últimos tiempos Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante las negociaciones de enero. El presidente de Estados Unidos amenaza con sanciones a Rusia si interviene en Ucrania y Moscú; recuerda que considerará una agresión cualquier avance militar en el este de Europa. El problema que comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea y el auspicio ruso a la rebelión del este ucranio, la región del Donbáss, contra Kiev por parte de Rusia, se agudiza día a día.

Rusia ya ha presentado sus exigencias para lograr lo que considera que son “garantías de seguridad”. Estas propuestas fueron publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 17 de diciembre de 2021 y el silencio de Washington en los días siguientes impacientó al Kremlin.

Hace unos días, Putin celebró un encuentro con la cúpula del ejército en la que amenazó con tomar “medidas de represalia técnico-militares” si la OTAN protegía a Ucrania, entre otros países que Moscú considera bajo su órbita. “Necesitamos garantías vinculantes a largo plazo (…). Sabemos que, incluso con garantías legales, no se puede creer en Estados Unidos porque se retira con facilidad de los acuerdos internacionales”, advirtió a sus altos mandos Putin, comandante en jefe de la Federación de Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso difundió un borrador con sus propuestas “para prevenir actividades militares peligrosas y reducir la probabilidad de incidentes entre sus fuerzas armadas”. Según la propuesta rusa, la Alianza Atlántica “asume la obligación de impedir una ampliación de la OTAN a otros Estados, incluida la adhesión de Ucrania”, y renuncia a hacer ejercicios militares en esa región, el Cáucaso y Asia Central.

Además, Moscú exige a la Alianza a que “se comprometa a no desplegar sus fuerzas armadas y armamento en territorio de todos los demás países europeos” y, en caso de amenaza a la seguridad, que los despliegues solo se hagan “con el consentimiento de todos los participantes”. Es decir, en una guerra como la del Donbáss, Rusia tendría que dar el visto bueno al envío de armas de Estados Unidos a Kiev.

En un sucinto comunicado, la Casa Blanca ha confirmado que Biden dejó claro a su homólogo ruso que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera decisiva si Rusia invade Ucrania. El presidente también expresó su apoyo a la diplomacia, mediante las tres reuniones previstas en enero. Biden reiteró que el progreso sustancial en esas mesas de diálogo solo puede darse en un escenario de desescalada, por lo que instó a Putin a reducir la tensión en la frontera.

Mientras que el gobierno de Kiev ha rebajado la tensión al afirmar que no ve una amenaza de agresión abierta por parte rusa. “Sí, hay un aumento de las fuerzas del Ejército. Pero no vemos una concentración importante en nuestras fronteras, como publican algunos medios en el extranjero”, matizó el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, según la agencia Interfax[2].

Durante tres semanas de frenéticas negociaciones a varias bandas se ha dejado de manifiesto que Estados Unidos no desea mover ficha en solitario en este espinoso asunto. El secretario de Estado, Antony Blinken, contactó al respecto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con sus homólogos británico, francés y alemán. El Kremlin, al contrario, se muestra más proclive a tratar directamente con la Casa Blanca, aunque a la vez insta a Estados Unidos a regresar a los acuerdos internacionales que el presidente Donald Trump abandonó.

En este contexto coyuntural, las cinco potencias nucleares (Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China) instaron a impedir que se desate una guerra nuclear en el mundo, lo que se desprende de la declaración conjunta, publicada en la web del Kremlin[3]. Sin embargo Putin dijo en una entrevista que “hasta cierto punto las líneas rojas son especulativas” pero “hay que observar lo que viene ocurriendo en los últimos veintitantos años” en las relaciones entre Rusia y Occidente, el “Occidente colectivo” para entender la actual crisis.

En definitiva, el presidente ruso califica de “línea roja” la ampliación de las infraestructuras de la OTAN en Ucrania. Por otro lado, la Cancillería rusa advirtió que el despliegue militar de la OTAN en Georgia es otra «línea roja» para Moscú ya que perjudicaría la seguridad del país. El Ministerio se pronunció de esa manera a pocas semanas del inicio de las conversaciones con la Alianza sobre las garantías en este ámbito. Por su parte, desde la UE insisten que “cualquier discusión” sobre la seguridad en Europa debe contar con la “participación” del bloque.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que la reunión del Consejo Rusia-OTAN se celebrará el 12 de enero, según lo declaró a Reuters un funcionario de esa alianza militar. La fuente de la agencia señaló que “cualquier diálogo con Rusia tendría que proceder sobre la base de la reciprocidad”, así como “abordar las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia” con respecto a Ucrania, “en consulta con los socios europeos” de la alianza[4].

Concluyamos que es una difícil negociación, en el marco de una nueva guerra fría. Rusia por un lado y los Estados Unidos, la OTAN y Europa por el otro están intentando evitar un enfrentamiento que parecería anunciado, las maniobras en Ucrania, con participación de efectivos estadounidenses, los sobrevuelos de aviones de todos los actores y sus consecuentes intercepciones, las maniobras a gran escala de las fuerzas rusas, no son otra cosa de demostraciones de fuerza para imponer sus respectivas líneas rojas. Pero como siempre detrás de la pelea está el negocio, debemos tener presente los intereses de la provisión de hidrocarburos por parte de Rusia a Europa, la culminación y puesta en marcha del Nord Stream 2 que hace que Ucrania acuse a Rusia de utilizar el gas como arma política.

En un pacto —contrario a las reticencias de Estados Unidos sobre que el Kremlin pudiera utilizarlo como una herramienta de presión poniendo en peligro el suministro energético de Ucrania, por donde hasta ahora pasa el gas)— Alemania y Estados Unidos se comprometieron a sancionar a Moscú si Rusia restringía la entrega del gas a través de Ucrania o utilizara el hidrocarburo como arma política.

No solo los analistas sino el mundo entero y sobre todo Europa deberán estar muy atentos a la evolución de este conflicto. Las consecuencias pueden ser imprevisibles, las negociaciones muy complicadas, pero esperemos para el bien de todos que se lleguen a acuerdos que pongan fin a la amenaza de guerra en la región.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

 

Referencias

[1] Marcos Kowalski. “Rusia. Historia e hipótesis de conflictos”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 05/09/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/09/05/rusia-historia-e-hipotesis-de-conflictos/.

[2] María Antonia Sánchez-Vallejo, Javier G. Cuesta. “Joe Biden y Vladímir Putin muestran sus líneas rojas ante la negociación de enero”. El País (España), 30/12/2021, https://elpais.com/internacional/2021-12-30/joe-biden-y-vladimir-putin-muestran-sus-lineas-rojas-ante-la-negociacion-de-enero.html.

[3] “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear”. Sputnik, 03/01/2022, https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-y-china-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html

[4] “La OTAN confirma que la reunión con Rusia será el 12 de enero”. RT, 04/01/2022, https://actualidad.rt.com/actualidad/415801-otan-confirma-reunion-rusia.

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LA IDEA CHINA DE LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES PARA UN FUTURO COMPARTIDO

Giancarlo Elia Valori*

1955. Conferencia de Bandung.

Los conceptos generales de seguridad nacional y destino humano se complementan entre sí y juntos forman el camino que los países deben seguir para un futuro pacífico. Tienen una lógica interna cercana y persiguen conjuntamente el valor y el propósito de la “persona” colocada en el desarrollo que debe ser la prioridad de cada gobierno.

Por lo tanto, la situación general de los progresos nacionales y extranjeros de cada país debe coordinarse en beneficio del bienestar de la persona, situado más allá de cualquier Estado.

La seguridad nacional general debe centrarse en la planificación general de la seguridad externa e interior. La paz y el orden internacional, así como el desarrollo común de la humanidad son los intereses estratégicos que deben caracterizar a los miembros de la comunidad internacional.

En lo que respecta a la seguridad internacional, en cambio, la idea de una comunidad con un futuro compartido con la humanidad sólo puede sostenerse mediante la creación de un mundo universalmente seguro, en el que se manifieste el destino no sólo de un país, sino de todos los países.

En otras palabras, una comunidad con un futuro compartido para la humanidad es el objetivo más alto del concepto de seguridad universal. Esto significa poner a la gente en el centro.

En el contexto de la globalización, los flujos de población a gran escala constituyen nuevos desafíos a la seguridad nacional. Están obligados a enfrentarse al más alto nivel. En la futura comunidad compartida, la palabra “destino” no es sólo el destino común y a largo plazo de toda la humanidad, sino también el destino de cada persona. La seguridad personal es el interés fundamental de todos los ciudadanos. Por esta razón, el concepto de seguridad nacional sugiere claramente lograr la seguridad de las personas como objetivo, reflejando plenamente un estilo diferente al impuesto hasta ahora por las bombas necesarias para lograr la democracia y las masacres por fuego amigo y enemigo.

Un constructor de paz, un contribuyente al desarrollo global y defensor del orden internacional debe centrarse, ante todo, en salvaguardar los intereses comunes de todos los pueblos del mundo, y no poner a uno “primero” a expensas de todos los demás.

El desarrollo económico pertenece a la categoría de economía, de estructura. Para un país, en cambio, la seguridad nacional pertenece a la categoría de superestructuras. Por lo tanto, el nivel general de seguridad nacional y el nivel de construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad dependen fundamentalmente del progreso igualitario de la estructura y las superestructuras que deben ir de la mano.

Las formas nacionales individuales de gobernanza deben considerar las preocupaciones razonables de los demás países y promover el desarrollo común de todas las personas de acuerdo con sus capacidades y sin imposiciones externas.

En la visión global de la seguridad nacional, la certeza de una política válida, y de sus intérpretes serios, es otro factor fundamental. En particular —cualquier programa de entrevistas políticos y pseudo-intelectuales que lamentablemente abundan en Italia— el mundo actual todavía ve la coexistencia de dos sistemas sociales, el capitalismo y el socialismo (China, en primer lugar), con un fuerte capitalismo basado en las patrias y las “colonias” y un socialismo débil.

Es obvio que los países occidentales (es decir, EEUU+RU+“colonias”) inevitablemente utilizarán cualquier medio para contener el ascenso de la República Popular China denigrando y atacando el sistema político socialista con características chinas.

Si lo pensamos, una de las razones desastrosas y fatales para la desintegración de la Unión Soviética en ese momento fue la estúpida idea desarrollada inicialmente por Jrushchov después de la desestalinización, es decir, tratar de imitar —sin una estructura adecuada— el modelo estadounidense tanto en defensa como en un supuesto consumismo, así como diluyendo el marxismo. Una era tan impensable e injustificada de “evolución pacífica” a largo plazo de la ideología soviética y del sistema socialista como para ser “aceptada” por los países occidentales, que absurdamente fueron llamados como garantes del socialismo (Acuerdos de Helsinki de 1975). Más tarde esto llevó a Gorbachov a ser el primero en abandonar el socialismo e inventar la llamada perestroika (“reestructuración”), que condujo a la conocida implosión —para deleite del mediocre presidente estadounidense, Ronald Reagan— y al fin del socialismo científico europeo. Bajo el liderazgo de Boris Yeltsin y sus boyardos, Rusia apenas se convertía en una dependencia estadounidense. Sin embargo, como la suerte lo haría, el vodka ruso corrió su curso y Vladimir Vladimirovič restauró la dignidad al país. China no cometió ese error y Deng Xiaoping le impidió volver al país de trato desigual

El punto de vista tradicional indica que la “seguridad” significa la ausencia de amenazas internas, y la seguridad nacional significa la ausencia de amenazas de enemigos extranjeros. Hoy en día, el significado de la “seguridad” se ha expandido considerablemente. El estudioso de la política internacional, Yan Xuetong dice: “La definición de ‘seguridad’ no es miedo, no hay amenaza y no hay incertidumbre”. El significado de la seguridad nacional en la China moderna es más amplio ahora que en cualquier otro momento de la historia.

En comparación con el concepto tradicional de seguridad, la palabra “global” refleja plenamente la idea de que el concepto actual es más completo y sistemático. En consecuencia, la razón por la que todos los países del mundo reconocen la idea de comunidades con un futuro compartido es que esta idea es una receta eficaz para superar el fenómeno de la “fragmentación” global en el mundo actual.

Sin embargo, se trata de interpretar la palabra “global”. La diferencia más significativa entre la perspectiva internacional china y la liberal es que el socialismo en sí mismo tiene un contenido ideológico, histórico y tradicional de integración y se dedica a la búsqueda de la cooperación y la liberación de todos los pueblos de acuerdo con los cinco principios de la Conferencia de Bandung (1955), en la que China siempre ha basado su política exterior.

La perspectiva internacional liberal, en cambio, sólo persigue la globalización aparentemente, pero en realidad es impulsada por los países capitalistas occidentales para servir a sus propios intereses y a sus propias corporaciones multinacionales. Por el momento, los países desarrollados occidentales que se encuentran detrás de Estados Unidos aparecen como una fuerza antiglobalización, porque están descubriendo que la globalización se está desviando cada vez más de su propio gobierno y dominación.

Cuando queda claro que los viejos maestros de África, con la correa de la Casa Blanca, ya no pueden hacer lo que quieran en ese continente, los mencionados políticos y pseudo-intelectuales se instalan, diciendo que los chinos son malos y no respetan los derechos humanos. Porque los chinos quieren quitarles petróleo, diamantes, biocombustibles, agua, etc. (de los antiguos maestros de África), mientras que hasta ayer el Reino Unido, Francia y las multinacionales estadounidenses y belgas, etc., robaban todo lo que podían. Hoy China ha llegado con sus tratados de igualdad de dignidad, y las “colonias” occidentales se están poniendo histéricas.

En este contexto, China mantiene en alto el estandarte de un tipo de globalización que siempre ha respetado a través de los estrictos dictados de los cinco principios de Bandung:

  1. respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial;
  2. no agresión entre sí;
  3. no injerencia mutua en los asuntos internos del otro;
  4. igualdad y beneficio mutuo;
  5. coexistencia pacífica.

Si se lee con atención, son exactamente lo opuesto al infame colonialismo europeo (siglos XIX-XX). Esta es la razón por la que China recibe continuamente un gran apoyo, no sólo de un gran número de países en desarrollo, sino también de países europeos bien establecidos como Alemania, Suecia, etc. Mientras que en Italia las órdenes del torpe Presidente de Estados Unidos hacen posible que un dignatario chino sea recibido en Roma por uno de nuestros rangos inferiores.

En Italia no queremos entender que una comunidad internacional con un futuro compartido para la humanidad es ante todo una comunidad de intereses, especialmente cuando los países del mundo aún no han salido del atolladero de la crisis financiera y el crecimiento económico mundial es lento.

Los países del mundo deben resolver primero los problemas de desarrollo y pobreza, así como reducir las fricciones. Las cuestiones no tradicionales de seguridad mundial, como la seguridad alimentaria, los escasos recursos, las explosiones de población, la contaminación ambiental, la prevención y el control de enfermedades infecciosas, pandemias y delitos transnacionales sólo pueden abordarse con el acuerdo de todos.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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ARGENTINA: DEFENSA NACIONAL + SEGURIDAD

Reinaldo Cesco*

Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay

 

Introducción

La Defensa de la Soberanía Nacional constituye un objetivo indeclinable de las autoridades de la República. Para alcanzar este objetivo se debe contar con los recursos necesarios. Los recursos se refieren a los medios legales, es decir, contar con el marco legal adecuado, a los recursos materiales, financieros y tecnológicos apropiados para lograrlo y también con el recurso humano, que debe estar motivado y adecuadamente capacitado para lograr el objetivo. Sin el recurso humano apropiado, los otros dos pilares antes mencionados se vuelven intrascendentes.

A los efectos de por qué es indispensable atender a las cuestiones de seguridad y defensa, es necesario destacar que cuando se habla de “Seguridad Internacional” se refiere al equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional.

Por su parte, la Seguridad Nacional es definida como la situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello libertad de acción para proseguir con su propio desarrollo y progreso.

Problemática

Nuestro país cuenta con amplias fronteras y con un litoral marítimo extenso, por lo cual su custodia se vuelve compleja. Para llevar a cabo una eficaz defensa de nuestra soberanía nacional debería modificarse la legislación correspondiente a las cuestiones de Defensa Nacional y de Seguridad. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad podrían acompañar el cumplimiento de ese objetivo, pero es imprescindible un serio esfuerzo en aras de favorecer la motivación del personal destinado a esta tarea así como también diseñar una capacitación adecuada a los riesgos y amenazas que predominan en el mundo actual. Por otro lado, tampoco cuentan con los recursos tecnológicos y materiales adecuados, al menos en cantidad suficiente.

El marco legal vigente no permite la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, salvo algunas excepciones, y esto es algo acertado. No obstante, pueden colaborar ampliamente proporcionando apoyo logístico valiéndose de su amplio despliegue territorial.

Refiriéndonos específicamente a la Seguridad, el Estado Nacional cuenta con fuerzas de Seguridad, pero de momento éstas no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas. Como ejemplo de ello vale destacar que la Gendarmería Nacional ha sido retirada de la custodia de las fronteras para cumplir funciones de policía en centros urbanos y lo mismo sucede con la Prefectura Naval. Esto contribuye en extremo a incrementar la inseguridad, ya que las fronteras se han tornado sumamente porosas y el tránsito de personas y mercaderías es prácticamente libre. Del mismo modo, el hecho de que se haya desplegado a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas tampoco soluciona el problema, pues su accionar está limitado por el marco legal vigente, por la obsolescencia del material del que disponen, por la baja motivación del personal y el alto riesgo de ser corrompidas por quienes deben combatir debido a la precariedad salarial. Asimismo, se debe tener en cuenta la escasez de efectivos en las Fuerzas Armadas. La reducción del personal militares un problema que se ha ido agravando de manera constante en la última década.

En cuanto a la defensa de nuestras fronteras y lucha contra el narcotráfico y otros flagelos, se debería discutir la necesidad de contar con una ley de derribo u otro mecanismo con el cual coaccionar a aeronaves que ingresen ilegalmente al espacio aéreo nacional. Los protocolos actuales son irreales y constituyen una mala administración de los recursos del Estado. La autorización del derribo o de la aplicación del método de coerción seleccionado debería estar en manos de algún funcionario civil, designado a tal efecto.

La protección de los recursos marítimos, la custodia y defensa del interés nacional en el mar Argentino también se han dejado abandonados al azar. Si bien la Prefectura Naval cuenta con ciertos medios, estos no son los adecuados y su función se extiende hasta la milla 12 medida desde la costa, de ahí en más, hasta las 200 millas, o 350 si se considera la plataforma ampliada, corresponde a la Armada Argentina.

Para adentrarnos en el tema del narcotráfico y el crimen organizado incluyo un breve resumen de una nota publicada en el diario La Nación el 11 de febrero de 2014, redactada por Juan Gabriel Tokatlian[1].

El artículo se basa en el trabajo de Edwin H. Stier y Peter R. Richards de 1987 (Strategic Decision Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective). El mismo propone observar y evaluar cómo se despliega el crimen organizado a través de tres estadios diferenciados[2].

Hay una fase inicial o “predatoria”, en la cual el territorio y su control son fundamentales, se busca establecer un espacio físico seguro; afianzar las rutas para el transporte; el acceso a mercados para sus productos, y deben proveerse de ámbitos de protección personal. Con capacidades estatales básicas se puede hacer frente al desafío y evitar que éste transite a la etapa posterior[3].

En la segunda etapa: la “parasitaria”, la influencia política y económica de la criminalidad aumenta notoriamente. “Esta fase no sólo muestra la mayor inserción del crimen organizado, sino también tres dinámicas preocupantes: su ‘legitimación’, ‘proliferación’ y ‘democratización’”[4].

El Estado debe responder a un asunto de gran envergadura. El Estado necesita, con urgencia, una estrategia integral de contención del crimen organizado”. Debería contar con una sociedad dispuesta a deslegitimar el avance de la ilegalidad, procurar un alto grado de cooperación internacional y desplegar una política de largo plazo sin esperar milagros.[5]

En el estadio final: el “simbiótico”, se manifiesta el afianzamiento de la criminalidad[6]. El sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” (el crimen organizado) como éste de la estructura establecida. Un país no es plenamente capturado por el crimen organizado, pero en muchas regiones y provincias la simbiosis permite la consolidación de una nueva clase social a nivel local, con poder para establecer un orden paraestatal en las mismas[7].

Propuestas

Entre las propuestas se destacan:

  1. La modificación del marco legal vigente, proporcionando una ley de derribo, que ayudaría en la disuasión de algunas actividades ilegales.
  2. El retorno de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval a sus funciones específicas, lo cual contribuiría a resguardar las fronteras.
  3. Revisión de la política salarial de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad.
  4. Que la Policía Federal Argentina se dedique a combatir delitos federales, siendo necesaria una previa restructuración y dotándola de un mayor despliegue en el territorio nacional.
  5. Re-equipamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluyendo una fuerte inversión en capacitación.
  6. Crear una nueva fuerza federal destinada exclusivamente al combate del narcotráfico. Además se debería crear un cuerpo de Fiscales Federales y asignar juzgados específicos para esta tarea.
  7. Coordinación de políticas y acciones en forma conjunta con las provincias.
  8. Revisión de las políticas de incorporación del personal en la Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya que al haberse limitado la averiguación de antecedentes, están ingresando personas que no son las adecuadas para la tarea.
  9. Poner énfasis en Seguridad y Desarrollo, buscando desarrollar un modelo propio que garantice la seguridad en forma integral, el desarrollo socio-político, humano, tecnológico y económico de la Nación.

Punto I

Reorganización de las Fuerzas Armadas

Como consecuencia de más de una década de implementación de políticas erróneas para el país y dada la gran extensión territorial de la Argentina, habrá que destinar grandes recursos a áreas importantes que puedan revitalizar la economía, reconstruir la institucionalidad e invertir grandes sumas en infraestructura. En ese sentido, se presentaría una gran oportunidad para una reorganización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, así como también para la puesta en valor de la producción para la Defensa, la cual actuaría como un motor para el desarrollo industrial, particularmente para las pymes.

La propuesta consiste esencialmente en adoptar un Sistema de Guardias Nacionales, que complementen el accionar de las Fuerzas Armadas “tradicionales”. Es decir, las Fuerzas Armadas mantendrían su estructura actual, de unidades regulares, y la ampliación del uso de reservistas, y se le agregarían las Guardias Nacionales.

Para esto se podría pensar en una organización similar a la existente en Estados Unidos, donde cada gobernador de Estado o Provincia tiene cierto control de las unidades desplegadas en su territorio, pero a la vez estas apoyan el accionar de las Fuerzas Armadas, siendo el Estado Nacional el que aporte el material operativo, a través de las respectivas Fuerzas, mientras las provincias aportarían parte del financiamiento y el personal, aunque el control operacional estaría a cargo de un comandante provincial designado por el Gobierno Nacional.

Las Guardias Nacionales dependerían a nivel organizativo de sus respectivas fuerzas, es decir, Guardia Nacional dependiente del Ejército, Guardia Nacional Aérea dependiente de la Fuerza Aérea, y eventualmente un equivalente para la Armada.

La particularidad de esto es que en caso de necesidad las Guardias Nacionales podrían actuar en Seguridad Interior, sin necesidad de modificar el marco legal vigente. Por su parte, las Fuerzas Armadas podrían pensarse para proyectar la política exterior del país.

Las Fuerzas Armadas deberían aumentar significativamente su participación en Organizaciones Militares de Paz en el marco de Naciones Unidas, lo cual permitiría mejorar su nivel de alistamiento y adiestramiento. En caso de necesidad su accionar sería apoyado por las Reservas respectivas y las Guardias Nacionales.

Las Guardias Nacionales podrían actuar más rápidamente en casos de catástrofes naturales, siendo su uso solicitado por los gobernadores y autorizado por un Comandante Nacional. Lo mismo aplicaría en el caso de que las fuerzas policiales se vieran desbordadas. Eventualmente podría disponerse de una doble autorización, a nivel provincial y otra a nivel nacional.

Punto II

Fuerzas de Seguridad Nacionales

Las Fuerzas de Seguridad nacionales como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria deberían retornar a sus funciones específicas.

La Policía Federal debería asumir las funciones para las que fue creada, los delitos federales, pero centrándose tal vez en la investigación de los delitos financieros e informáticos, manteniendo a su vez entre sus funciones específicas el combate del narcotráfico.

También debería considerarse la creación de una Policía Judicial, que dependa del Poder Judicial, de modo tal de evitar interferencias por parte del Poder Ejecutivo, lo cual ampliaría la autonomía Judicial. Así podrían evitarse situaciones como las actuales en las que los jueces y fiscales ven que sus órdenes son desobedecidas, o las investigaciones son alteradas por intromisión de otro poder del Estado.

Es clave dotar al Poder Judicial de las herramientas adecuadas para poder llevar adelante las investigaciones en forma independiente. A la vez se deben completar los puestos vacantes y masificar los juicios por jurados. La justicia debe ser rápida, transparente y eficiente.

En línea con lo expuesto anteriormente la Gendarmería Nacional volvería a ser quien custodie nuestras fronteras, evitándose así la atomización de recursos escasos. Lo mismo debería suceder con la Prefectura Naval y ambas fuerzas deberían coordinar esfuerzos con la Policía Federal en su lucha contra el crimen organizado. Para esto también se debería contar con el aporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lográndose de esta manera una presencia tanto por medio terrestre, marítimo y aéreo.

Punto III

Política Salarial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad

Sin duda uno de los puntos más importantes a considerar si se desea tener Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad profesionales y eficientes, es la política salarial de las mismas. Si el haber mensual del personal es bajo, se deja abierta una puerta muy grande para que el personal sea corrompido por necesidades económicas.

Una de las opciones, sería volver a equiparar los sueldos en relación con el Poder Judicial, como ocurría hasta principios de la década de 1980. Otra sería plantear una escala salarial equiparando las jerarquías con las del Poder Ejecutivo, siendo un general y equivalentes comparables con un secretario de Estado y luego establecer las correspondientes equivalencias.

Tener una política salarial clara y transparente evita que los altos mandos sean extorsionados económicamente por el gobierno de turno, como sucede en la actualidad. No es posible que tanto el personal militar y de las Fuerzas de Seguridad cobren el grueso de su haber en “negro”. Esto permite la extorsión permanente con la amenaza del pase a situación de retiro de los efectivos.

Nadie puede desarrollar su tarea de manera adecuada sin estabilidad salarial. Esta debería ser una prioridad para un nuevo gobierno, tarea que debería llevarse a cabo sin dilaciones, siendo prioritaria a la hora de reconstruir las instituciones nacionales.

Punto IV

Reorganización de la Policía Federal y otras Fuerzas de Seguridad

Luego de haberse desprendido la Policía Federal de su División Metropolitana, la misma estaría en mejores condiciones para una reorganización que le permita ocuparse de los delitos federales. Debería aumentar su despliegue territorial y asumir una tarea similar a la del FBI de Estados Unidos. Esto debería ser relativamente sencillo de realizar, ya que la institución desde siempre ha contado con una sólida base institucional y una permanente vocación para adaptarse a los constantes desafíos que la cambiante realidad le impone.

Además, sería importante que colaborara y coordinara políticas y procedimientos con la Policía Judicial propuesta anteriormente y con la Gendarmería Nacional y con una eventual agencia contra el narcotráfico. Los delitos financieros y el narcotráfico están íntimamente relacionados, razón por la cual, la cooperación inter agencias se vuelve esencial.

Punto V

Capacitación y Re-equipamiento de las FFAA y FFSS

La formación y entrenamiento del personal es también un elemento fundamental si se pretende que éste cuente con una elevada motivación profesional, espíritu de cuerpo y que esté correctamente capacitado para llevar a cabo la tarea que le toca desarrollar.

Nuestras fuerzas cuentan con Institutos de Formación de un elevado nivel académico y profesional, aunque en la última década ha ido dejándose de lado la formación militar, siendo esta un área que no debería descuidarse. En tal sentido se deberían adaptarlos contenidos actuales para poner el acento en una buena formación de base.

También deberían retomarse los programas de intercambio y de formación de personal en el extranjero. Estas prácticas tan corrientes en décadas pasadas se han vuelto casi inexistentes.

Dentro de la formación del personal, no debe perderse de vista el desfasaje tecnológico de nuestras fuerzas en todas sus aéreas. Esto disminuyó su capacidad para llevar a cabo su tarea correctamente, máxime si se tiene en cuenta que el crimen organizado cada vez se vuelve más sofisticado y, en el plano militar, debe considerarse que son pocos los países que voluntariamente renuncian a tener la capacidad de defenderse. Mal puede entrenarse y capacitarse al personal con medios obsoletos, con escaso mantenimiento y que ya no están en condiciones de cumplir eficazmente la tarea para la cual fueron incorporados. Como resultado de ello, la Argentina hoy se encuentra en un verdadero estado de indefensión.

En concreto, debería llevarse a cabo un amplio programa de modernización y re-equipamiento del material de dotación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, buscando compartir medios en las aéreas donde esto sea posible, para abaratar costos logísticos y de adiestramiento, procurando en todo momento el accionar conjunto.

Punto VI

Lucha contra el Narcotráfico

Para esto se propone la creación de una nueva fuerza federal cuya función sea exclusivamente la lucha contra el narcotráfico. La magnitud de este flagelo, sumado a la gran extensión territorial de nuestro país, exige la existencia de una fuerza que con exclusividad de dedique a la lucha contra el mismo. Además, su accionar debería coordinarse con la Policía Federal y la Policía Judicial propuesta anteriormente.

La creación de esta fuerza podría hacerse sobre la base de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, más componentes de la Gendarmería Nacional y elementos de otras fuerzas de Seguridad Federales. Sería sumamente costoso y demandaría un considerable tiempo el construir una fuerza de estas características desde la nada, es por eso que se propone construir sobre la base de elementos ya existentes.

La nueva fuerza debería contar con un despliegue territorial no necesariamente extenso, aunque inicialmente focalizado en zonas “calientes” del narcotráfico. Su accionar podría estar apoyado por las Policías Provinciales, además de complementarse con la Policía Federal, y compartir información y coordinar esfuerzos con agencias similares de otros países.

Punto VII

Coordinación de Políticas con las Provincias

Si se desea tener éxito en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, se debe incluir a los Estados Provinciales en la conversación y estos deben ser parte de la solución, de lo contrario se derivará en un nuevo fracaso. Las políticas a coordinarse varían desde la educación, la contención de las víctimas, hasta el combate contra el crimen, el castigo de los delincuentes y el cumplimiento efectivo de penas.

El accionar de la justicia y la coordinación de las fuerzas federales y provinciales debe ser una prioridad. En este sentido es fundamental ser inflexible con el tratamiento de la corrupción. La corrupción es uno de los instrumentos más importantes que el narcotráfico utiliza para garantizarse la impunidad. Con ese propósito apela a la infiltración de las instituciones y a la compra de voluntades.

Asimismo debe coordinarse con los Estados Provinciales las tareas de inteligencia y recopilación de información sobre el accionar del crimen organizado. Se debe contar con una base de datos centralizada, que unifique la información criminal disponible. En el mismo sistema deben constar pedidos de captura, legajos y todo otro tipo de información que se considere importante. Su acceso debe estar restringido a personal con el nivel de seguridad adecuado.

Punto VIII

Poder Judicial

Uno de los primeros puntos a considerar respecto del Poder Judicial es la despolitización del mismo. Desde hace décadas el Poder Judicial, tanto a nivel federal, como en las provincias, se rige de acuerdo con el compás que marca la política y los intereses del gobierno de turno.

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, y simultáneamente, deberían constituirse al menos dos fueros independientes y que en exclusividad se dediquen a sus áreas respectivas: uno dedicado a investigar la corrupción y los crímenes financieros y otro cuyo centro de gravedad esté centrado en el narcotráfico y el crimen organizado. Es necesario, en el estado actual, que estos fueros con exclusividad se concentren en estas áreas y no se distraigan los recursos de estos para tratar la infinidad de otros casos que cualquier país tiene. Para ellos están los fueros y juzgados ya establecidos.

Es esencialmente para ayudar la función de estos dos fueros que se propone en este trabajo la creación de la Policía Judicial, la cual a su vez debería coordinar esfuerzos con la Policía Federal, la Fuerza o Agencia Anti Drogas también propuesta y demás fuerzas federales de seguridad.

Punto IX

Seguridad y Desarrollo

El almirante Jorge Martínez Busch, de la Armada de la República de Chile, considera que

Desarrollo y Seguridad se unen en la búsqueda y consolidación de la identidad nacional: esa individualización propia y distintiva que hace diferente a cada Nación. Cabe en este aspecto puntualizar que la búsqueda y consolidación de la propia identidad no es un anhelo político ideológico, sino que responde al orden natural, el cual conlleva una necesidad de buscar características que nítidamente perfilen y hagan trascender la noción de Patria, con todo lo que ella implica., como así tampoco esta búsqueda no deber ser interpretada para separar o confrontar a un Estado respecto de otros con los que, además, pueden tenerse intereses comunes, o, una cultura común.[8]

Por otra parte, y en línea con lo antes expuesto, la ONU define a la Seguridad Internacional como “el equilibrio resultante de la suma de la Seguridad Nacional de cada uno y de todos los Estados miembros de la comunidad internacional”. Un país no puede aspirar a un desarrollo sustentable, de largo plazo, que mejore la calidad de vida de sus habitantes, a menos que pueda garantizar su Seguridad Nacional.

Para conseguir este objetivo, debe favorecerse la cooperación con los países de la región en materia de inteligencia y seguridad a los efectos de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, teniendo en consideración una agenda propia y no la que suele imponerse en función de los intereses de los países centrales.

Resulta así cuasi indispensable la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional. Debe considerarse una planificación integral del mismo, que incluya una nueva modalidad de reclutamiento, la profesionalización y capacitación permanente del personal. Para que esto sea eficaz y sirva a los intereses de la Nación, debe eliminarse la politización de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reorientando este organismo hacia la Inteligencia Estratégica.

En consonancia con esto, se debería optimizar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la cual debería incrementar su cooperación con los organismos encargados de combatir la criminalidad. La organización está abierta al debate, pero esencialmente se busca disminuir la burocracia y aumentar la operatividad y la eficiencia de los organismos del Estado.

Conclusiones

El trabajo busca abrir un debate necesario sobre la realidad del país. Es una propuesta de cómo organizar los diferentes organismos, instituciones y otros recursos del Estado para enfrentar un flagelo que aqueja a nuestro país desde hace ya varias décadas, que transciende gobiernos y partidos políticos. Busca dejar de lado las ideologías y evita polemizar sobre hechos ya no tan recientes de nuestra historia.

Referencias

[1]Juan Gabriel Tokatlian. “La Argentina y las etapas del narcotráfico”. La Nación, 11/02/2014, <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-argentina-y-las-etapas-del-narcotrafico-nid1663038>, [consulta: 12/12/2019].

[2]Ídem.

[3]Ídem.

[4]Ídem.

[5]Ídem.

[6]Ídem.

[7]Ídem.

[8]Jorge Martinez Busch. “Una Contribución para la creación de un pensamiento político-estratégico nacional”. En: Revista Política y Estrategia, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile,N° 60, mayo – agosto, 1993, [consulta: 18/12/2019].

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

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