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ARGENTINA, POLÍTICA EXTERIOR

IDEAS SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

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Julio Ferrari Freyre*

La Política Exterior es la cara de la Argentina que el gobierno presenta al mundo en su accionar fuera de las fronteras del país como actor efectivo y responsable en el ámbito bilateral y como integrante de organismos multilaterales y debe en todo momento y en toda circunstancia promover los intereses nacionales tales como la recuperación de nuestras Islas Malvinas (actualmente ocupadas por una potencia extranjera), la defensa de nuestro legítimo reclamo del Sector Antártico que forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, la salvaguardia de nuestras fronteras, el desarrollo económico-social de nuestro país, el progreso de la Patria y de sus ciudadanos así como otras cuestiones que conforman la realidad nacional.

Simultáneamente, la Política Exterior debe sostener permanentemente los valores de nuestro país que involucran entre ellos el sistema democrático representativo, el federalismo, el respeto de los derechos humanos, políticos y sociales, la libertad de cultos, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, el respeto a la convivencia y al derecho internacional, el fomento de la fraternidad y de la cooperación con otros países, así como el acatamiento de la neutralidad frente a conflictos entre terceros países. Del mismo modo, la Política Exterior se despliega ante los organismos regionales e internacionales, en los cuales participa a través de sus iniciativas o de las que nuestro país pueda presentar ante los mismos.

Es también su tarea sostener los logros de nuestros ciudadanos en diversos campos, tales como la literatura, las investigaciones aeroespaciales y satelitales, los estudios e investigaciones en la Antártida, los desarrollos nucleares, los avances en las ciencias médicas y en la producción agropecuaria entre otros. Recordemos que de los cinco Premios Nobel que han recibido nuestros conciudadanos, tres han sido en las ciencias médicas. Argentina lidera la región latinoamericana en relación a estos galardones.

Nuestra Política Exterior NO debe ser una continuación de la política interna, partidaria, clasista o ideologizada, por el contrario, debe reflejar un equilibrio entre el marco conformado por los intereses y valores nacionales y las circunstancias y tendencias mundiales ―dinámicas, anárquicas y desordenadas― donde estará presente nuestro país.

Muchos políticos de los más variados niveles de responsabilidad han aprovechado sus cargos para verter nociones de la política exterior de nuestro país pensando principalmente en el pueblo consumidor de sus discursos y no en las posibles repercusiones que puedan tener sus palabras en otros Estados. En general, en sus discursos, no consideran como prioritarios los intereses y valores nacionales, nuestras políticas permanentes, nuestras tradiciones y los logros de nuestro país en diversas áreas.

Algunos de ellos aprovechan sus viajes al exterior para hacer denuncias contra el gobierno de turno o para atacar a las autoridades de alguna etapa anterior, a la oposición o a los adversarios sin advertir que a los circunstanciales auditorios extranjeros no les interesan los trapos sucios de la política interna argentina sino sólo los asuntos que afectan a sus países o a la situación internacional, razón por la cual criticar al gobierno o hablar mal de sus opositores no tiene mayor sentido para las personas que no conozcan o entiendan nuestras dificultades domésticas y sólo empaña la visión que tienen de la Argentina.

Al mismo tiempo, la Política Exterior debe reflejar y coordinar las visiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial como así también los enfoques y las necesidades de las Provincias que conforman nuestra República, ya que puede ocurrir que una provincia o municipio pueda realizar acciones o incluso firmar acuerdos con otro gobierno sin tener en cuenta la posición del gobierno argentino, pudiendo esto repercutir negativamente en nuestra política exterior, nuestros reclamos e incluso en el respeto a nuestra Constitución Nacional. Un buen ejemplo es el acuerdo firmado entre las autoridades de Tierra del Fuego y con la empresa Leolabs que directamente afecta nuestra posición en muy diversas y contundentes cuestiones. Otro claro ejemplo son los acuerdos sobre enseñanza de lenguas extranjeras rubricados por varias provincias con entidades de otros países. En este mismo orden se inscribe la creación de los Institutos Confucio de dudoso valor y naturaleza y otros acuerdos aparentemente inocentes que pueden influir o tener efectos negativos en el país.

Situaciones como las descriptas ponen de manifiesto la importancia de tener un buen servicio de Inteligencia que pueda obtener datos y analizar situaciones holísticamente, aportando información a los decisores para orientarlos adecuadamente acerca de los caminos a seguir. Está muy extendida la idea errónea de que hacer inteligencia es cuestión de espías cuando en realidad consiste en la obtención de información de muy diversas fuentes, generalmente públicas, y el posterior análisis de los datos para poder tomar una decisión mejor elaborada y más equilibrada[1].

Tampoco pueden estar ausentes de nuestra Política Exterior las actividades del mundo empresarial, académico, sindical, científico-tecnológico, cultural, institucional y social coordinando siempre su accionar en un conjunto estratégico que vincule la política estatal, el sector privado y las expresiones culturales y sociales argentinas. Tokatlian lo explica muy bien cuando dice que «la élite argentina tiene un desafío monumental: o entiende cuáles son los intereses nacionales que defender en medio de estos cambios profundos, o vamos a seguir tomando decisiones erráticas, mal informadas, inconsistentes, anacrónicas, confusas»[2].

El conglomerado de valores, intereses nacionales y visiones parciales públicas y privadas, nacionales y provinciales, políticas y económicas formará la estrategia que debemos seguir internacionalmente.

En este sentido, el impulso del comercio exterior, o sea, la promoción de las exportaciones argentinas a otros mercados, debe ser parte integral de la Política Exterior, con lo cual se incrementaría el bienestar tanto de los empresarios como de los obreros del país. Mucho se podría decir de las inversiones extranjeras que siempre llegarán como una gran lluvia, ¡y que aún estamos esperando!, razón por la cual los únicos «fondos frescos» limpios de toda atadura vendrán de las exportaciones.

La situación ideal para el comercio exterior sería que éste estuviera balanceado entre distintas regiones (MERCOSUR, América, Europa, África, Asia y Medio Oriente). Este «equilibrio» permitiría reducir los cambios abruptos en el consumo, problemas financieros, dificultades geoestratégicas y otros escollos que pudieran surgir, garantizando así el flujo de exportaciones, o sea, la llegada de «fondos frescos» del exterior.

Es lamentable que los gobiernos argentinos no hayan promovido la formación de empresas conjuntas o «joint ventures». Estas pueden, por ejemplo, incorporar capital y tecnología del exterior para incrementar la producción y ampliar mercados tanto dentro como fuera del país en beneficio de los socios. Asimismo, entes nacionales, provinciales y municipales podrían ser partícipes de estos esquemas, creando empleo y riqueza y eventualmente participando de las ganancias. Esta metodología ha sido adoptada exitosamente por muchos países en vías de desarrollo con amplios beneficios para todos los involucrados, entre ellos, la República Popular China.

Un buen ejemplo de un joint venture es la planta de gasificación a construirse en la provincia de Río Negro por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Petronas, ambas petroleras estatales de la Argentina y Malasia respectivamente.

Otro aspecto que debe incluir la Política Exterior es el de la información. Mucho se puede hacer en materia de innovación, tecnología, cultura y otras áreas, pero poco efecto tendrá si no se difunden estos logros fuera de nuestras fronteras, cuestión ésta que los distintos gobiernos de turno no pudieron o no supieron llevar a cabo. En otros momentos históricos a este recurso se lo designaba con el nombre de «propaganda», sin embargo, hoy bien podemos denominarlo «marketing», un arma que trae muchos beneficios para informar y que es utilizada ad nauseam por algunos países siendo los Estados Unidos, los países europeos y China los campeones en este aspecto. La implementación adecuada del marketing ayuda a fomentar el poder blando (soft power), que refuerza el prestigio nacional con los múltiples beneficios que brinda a las distintas facetas de la Política Exterior (políticos, económico-comerciales, técnico-científicos, culturales, etc.).

En cuanto al poder duro (hard power), es decir, el poder económico y el estratégico-militar, es claro que ambos aspectos son importantes y deben ser cuidados. El primero se desarrolla por medio de la activa participación del país en el mercado internacional, en los organismos y agrupaciones regionales e internacionales y con una moneda estable bien respaldada. Y el estratégico-militar se lleva a cabo con la participación en las alianzas regionales de las cuales formamos parte y en misiones específicas de mantenimiento de la paz y del orden, para lo cual las Fuerzas Armadas deben estar adecuadamente preparadas y equipadas, situación que se ha descuidado terriblemente en las últimas décadas.

Para lograr que la Argentina muestre su dimensión como actor efectivo y responsable ante el resto de países deberá tener un Cuerpo Diplomático profesional y capacitado, con adecuados conocimientos y suficiente experiencia en un mundo que poca similitud tiene con la política interna. Juan Domingo Perón nos enseñó que «La verdadera política es la política internacional», sencillamente porque no podemos controlar el entorno y menos aún conocer todos los pormenores que motivan a nuestro interlocutor y/u oponente. A esto debemos sumar la pluralidad de lenguas y el relativo caos, para no llamarlo anarquía, reinante en el mundo. Afortunadamente, hace más de medio siglo que la Argentina cuenta con una Academia Diplomática (el Instituto del Servicio Exterior de la Nación – ISEN), escuela de posgrado que ha logrado su prestigio internacionalmente.

En síntesis, la Política Exterior argentina debe formar parte de una visión estratégica del país en un mundo dinámico donde actúan otros Estados, organismos regionales e internacionales, grandes firmas multinacionales, organismos no gubernamentales y otros agentes, algunos de los cuales tienen una notable influencia y en los que nuestro país debe estar presente

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophía (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (1984) y como diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao (1989-1994), en la Embajada Argentina en la República Popular China (1997-2003) y como Cónsul General en Cantón (2011-2016). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representa Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] de los Reyes, Marcelo Javier. «La creciente vigencia de la Inteligencia en un mundo Incierto». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, 03/12/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/12/03/la-creciente-vigencia-de-la-inteligencia-en-un-mundo-incierto/.

[2] «Juan Gabriel Tokatlian e Hinde Pomeraniec dialogan sobre la pantalla del mundo nuevo». Infobae, (Buenos Aires), 06/07/2024. https://www.infobae.com/cultura/2024/07/06/juan-gabriel-tokatlian-e-hinde-pomeraniec-dialogan-sobre-la-pantalla-del-mundo-nuevo/.

©2024-saeeg®

 

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Atlántico Sur, PESCA ILEGAL

PESCA: SUMISIÓN Y/O CORRUPCIÓN

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César Augusto Lerena*

El día 12 de marzo de 2024 el periodista neozelandés Pete Mackenzie del Proyecto The Outlaw Ocean me entrevistó para conocer mi opinión sobre cuestiones relativas a la industria pesquera argentina, la radicación extranjera y la pesca ilegal en el Atlántico Sur, junto a distintas entrevistas a distintos interlocutores del país. Sin embargo, las publicaciones locales que derivan de esas entrevistas tienen una mirada sesgada que no responde al menos a lo que relaté al citado periodista durante más de una hora: la responsabilidad de lo que ocurre en el Atlántico Sur no la tienen solo los chinos, sino principalmente el gobierno nacional y también los británicos, españoles, coreanos y taiwaneses.

El pasado 6 de agosto TN publicó un artículo relacionado al «informe de Outlaw Ocean que muestra cómo el gigante asiático no solo está detrás de la pesca no declarada y no reglamentada fuera de la milla 200, sino también dentro del caladero local». Este artículo refiere al caso del buque chino Jing Yuan 626 propiedad de la estatal china National Fisheries Company (CNFC) hundido en aguas argentinas por la Prefectura Naval; pero que «pese a ello el Consejo Federal Pesquero otorgó «licencias para faenar en aguas argentinas a dos buques extranjeros que, usando como fachada a una empresa local navegaría bajo bandera argentina, aunque el propietario sería la citada CNFC … mediante un proceso conocido como de “abanderamiento”, China pasó los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales en países de América del Sur, África y el Pacífico … Las empresas chinas controlan ahora un mínimo de 62 buques de pesca industrial de calamar bajo pabellón argentino. Es decir, más de la mitad de la flota de calamar del país», a quienes el informe les atribuye distintos delitos como descartes, desactivación del sistema satelital, evasión y fraude fiscal e indica que «en un artículo académico publicado en 2023, autoridades del sector pesquero chino explicaron cómo habían recurrido a empresas chinas para penetrar en aguas argentinas, usando métodos de arrendamiento y transferencia, formando parte de una política global». Es decir ―precisamos nosotros― que, mediante la compra o arrendamiento de empresas y/o permisos de pesca en la Argentina, los chinos están haciéndose de los recursos pesqueros en forma legal, pese a pescar en forma ilegal los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar.

Por su parte INFOBAE, el 11 de agosto, amplía diciendo que «la empresa china Dalian Huafeng Acquatic Products Co cuenta con 21 buques de pesca bajo tres empresas: Arbumasa, Ardapez y Dalian Huafeng Acquatic Products SA. Shanghai Fisheries cuenta con 15 buques “abanderados” pescando en el Mar Argentino; Wanxing Sannong Group con 12 y Shangdong Bodelon Group con 7, todas empresas legalmente registradas en el país, pero de propietario o “beneficiario final” chino», precisando que 41 de esos buques son poteros de pesca de calamar; aclarando, que fuentes del sector pesquero indican que, «se trata de empresas privadas, no del Estado chino. Sin embargo, el estudio señala que ocho buques abanderados de las empresas legales Ilex Fishing, Dossuarez SRA y COFC Argentina SA, cuyo beneficiario final es la citada CNFC que, según la investigación sí es propiedad del estado chino».

Si bien compartimos los múltiples argumentos relativos a la pesca ilegal y los relativos al trabajo esclavo detectado en embarcaciones chinas y las afirmaciones de Dyhia Belhabib, respecto a que «las autoridades pesqueras chinas explicaron cómo habían recurrido a empresas de su país para penetrar en aguas territoriales argentinas» o las de Isaac Kardon que «hay una transferencia neta (de recursos) desde los países más pobres, sin capacidad para proteger sus caladeros…», la principal responsabilidad es del gobierno nacional que ha permitido todo tipo de prácticas pesqueras ilegales por parte de buques extranjeros y nacionales. A modo de ejemplo, en los últimos 40 años, solo se han detenido dos buques por año, a pesar de la presencia en el Atlántico Sur de 350 a 500 buques extranjeros que anualmente pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos; los buques nacionales operan sin observadores e inspectores a bordo o son patrones de pesca chinos los que en la práctica conducen la actividad de los buques, etc., etc.

Por otra parte, contrariamente a lo que se manifiesta en el artículo, la Ley Federal de Pesca no prohíbe otorgar permisos a empresas con antecedentes de pesca ilegal ya que, la ley promulgada en 1998, no menciona ni una sola vez la palabra “ilegal”, aunque el Consejo Federal Pesquero podría no otorgar permisos por los artículos 21º y 27º de la Ley; pero es evidente la falta de políticas que, entre otras cosas, requieren de una reforma de la ley, del combate a la pesca ilegal y el rediseño del otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura, en especial.

Cuando el artículo se refiere a que el “cese de bandera de origen” es central, no es porque se haya pescado o no en forma ilegal, sino porque de no cesar la bandera de origen se tendrá una ventaja arancelaria en los países originales del buque y éste es otro de los temas pendientes de regularización por parte de las autoridades de Argentina.

Se cuestiona también en el artículo de que «no hay calamar para que entren más barcos»; pero la cuestión no se trata si es un buque chino o no, sino que las capturas máximas establecidas por el Consejo Federal Pesquero, en base a las determinaciones del INIDEP, no se superen. Y agrega un comentario del directivo de una pesquera que “pidió reserva de su nombre”. Por suerte … porque afirmar que «Es preferible que (los buques chinos) pesquen legalmente adentro en vez de estar en la Milla 201 o ilegalmente en la ZEE. ¿Qué diferencia hace si el dueño final es de capital chino, noruego o español?». Este directivo se imagina que habilitar un buque que pesca ilegalmente, evitaría que otro buque extranjero se agregue para pescar ilegalmente los recursos migratorios argentinos. Ignora que la colonización de América iniciada a fines del siglo XV sigue vigente; las “leyes de la materia” respecto a la ocupación de los espacios y las políticas internacionales de apropiación de los recursos naturales. Es de una ignorancia supina creer que habilitar en la ZEE un buque que pesca ilegalmente terminará con la pesca ilegal. Además, no es una determinación que puede tomar una empresa, sino que debe surgir de Acuerdos entre Estados.

Estos artículos parecieran un refrito que “no separa la paja del trigo” desinformando al lector y contribuyendo a la confusión general. Es muy probable que haya buques del Estado chino y buques de origen chino comprados por empresas nacionales de capital chino u otras (muchos de los poteros originales modificados por empresas nacionales eran extranjeros) y también que empresas nacionales de capital extranjero construyan buques en astilleros argentinos. Deberíamos tener en cuenta que no son los barcos los que realizan la pesca ilegal por sí: son los propietarios, armadores y/o capitanes. De forma tal que si el buque con el que se ha realizado pesca ilegal se vende a terceras empresas que puedan demostrar que no tienen ninguna relación societaria con la anterior empresa, podría ser habilitado nuevamente para la pesca. Pero esta no es la cuestión. Lo que no debería hacerse es otorgar permisos de pesca a ninguna empresa nacional de capital extranjero cuando buques del mismo país pesquen ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar o en Malvinas. Los Estados de pabellón deben desalentar a sus nacionales la pesca ilegal si quieren obtener permisos por parte de los Estados ribereños y las empresas nacionales de capital extranjero radicadas en la Argentina deben presionar a sus gobiernos para terminar con la pesca ilegal. No es admisible, por ejemplo, que habiendo reconocido España la soberanía argentina de Malvinas, sus buques pesquen ilegalmente en las aguas de esos archipiélagos y la Autoridad otorgue permisos en el continente como si nada pasara. El problema no son solo los chinos. El problema es que la Argentina tiene los recursos y los mercados y no es posible regalarle esto a los países que operan subsidiados para hacerse de las proteínas y mucho menos perder la autonomía de la política pesquera y la administración del Atlántico Sur; aunque a juzgar por los hechos, ello está ausente en el gobierno nacional. El problema no son solo los chinos, también es el enclave británico en el mar argentino.

Por su parte, chartear un buque es simplemente alquilarlo y ello, de por sí, tampoco significa actuar ilegalmente; por ejemplo, podría chartearse una embarcación mientras se construye un buque en un astillero local para cumplir con las capturas autorizadas, aunque muchas veces también puedan enmascararse sociedades con empresas extranjeras no autorizadas o establecerse aparentes sociedades mixtas que encubren el ingreso de buques al caladero mediante el pago de una comisión a una empresa nacional. Estas son cuestiones que también deben calificarse de ilegales y donde la Autoridad de Aplicación ha sido y es responsable a la hora de autorizarlas. Del mismo modo, cuando a través del alquiler de buques nacionales con cuotas, una empresa se excede de la concentración de cuotas de captura.

En la citada entrevista le manifesté al periodista cuestiones sobre las que yo vengo escribiendo desde la década del 90, cuando se inicia la gran radicación extranjera en el ámbito de la pesca; primero, a través de sociedades mixtas y luego mediante la adquisición de permisos pesqueros a empresas nacionales; de tal manera, que en la actualidad siete de las diez más importantes empresas exportadoras de productos pesqueros en la Argentina son nacionales de capital extranjero. En el país hay empresas nacionales de capital chino, español, estadounidense, noruego, etc., mientras buques del Estado chino pescan en alta mar recursos migratorios originarios de la ZEE y buques españoles ―mayoritariamente gallegos― como dijimos, pescan asociados a capitales británicos los recursos argentinos en las aguas de Malvinas. Y de esto nada refiere el informe del Proyecto The Outlaw Ocean de lo que me ocupé de resaltar en la citada entrevista.

No debería registrarse ni otorgarse autorizaciones o cuotas a aquellas empresas nacionales de capitales extranjeros, cuando buques extranjeros del mismo Estado al de estas empresas realicen pesca ilegal en alta mar o Malvinas.

Que “el cuco” no nos haga perder de vista al “hombre de la bolsa”. Vamos a tener que tomar la sopa.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

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ARGENTINA, SOBERANÍA NACIONAL

LA CANCILLERÍA ARGENTINA TIENE UN INQUILINO EN MALVINAS

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César Augusto Lerena*

     Imagen: Cba24 

No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.

No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.

Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».   

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).

En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».

Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.

Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.

Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.

La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.

El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

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