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CREACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PARA ESTUDIAR LOS ASUNTOS FRONTERIZOS

Abraham Gómez R.*

La geografía humana, en su más amplia composición, que habita en los espacios correspondientes a nuestra poligonal fronteriza ―en sus cuatro fachadas― debe despertar el interés y fijar la preocupación de quienes ejecutan Políticas Públicas, por parte del Estado venezolano con la finalidad de corresponderles debidamente y como se merecen, en todas las áreas dispuestas para su subsistencia.

Estamos obligados a estudiar académicamente y adentrarnos en sus propios sitios de convivencias, para afinar mínimos detalles; para percibir de mejor manera la cultura, la comunicación lingüística, los valores, la etnicidad, estética, la identidad, los diferentes sistemas de producción según los rubros que son propios del específico lugar, la problematización que atraviesan, la distribución geoespacial e interrelación con el resto del país de los aludidos compatriotas quienes ocupan ciudades, pueblos y caseríos, con sus concretas y muy diversas manifestaciones y desempeños, que viven en esos inmensos espacios de nuestra extensión territorial.

Así también, resultará interesante conocer ―directamente― el modo específico (y en sus distintas variantes) cómo estos compatriotas interactúan con su medio ambiente; además, percatarnos «allí mismo» la manera en que organizan sus sistemas políticos, económicos y sociales como expresión natural y legítima de su ubicación geográfica.

Todo un complejo e inevadible desafío para aprehender en esas comunidades la calificación pertinente por lo que estamos haciendo y lo que ellos hacen, al tiempo que le damos sentido de pertenencia al lograr imbricarlos con el resto de la población nacional, con pleno respeto a sus modos, cosmogonía y costumbres.

Nuestro compromiso para estudiar los espacios fronterizos venezolanos, en la UNAFRONT, constituirá un eficiente reforzador de lo anteriormente citado.

Conocer integralmente lo que es nuestro en los ambientes colindantes con otros Estados es la mejor estrategia para defender tales zonas y a su gente frente a cualquier circunstancia o contingencia.

Han sido reiteradas las conversaciones que he sostenido con los directivos de las Academias y otras entidades, cuyo eje temático siempre ha sido las fronteras venezolanas, en toda su consideración y magnitud.

Lo hemos estado explicando en las universidades con el siguiente tono e intención. Cuando se trate de discernir sobre las zonas o áreas fronterizas, tenemos que asumir idénticos propósitos de venezolanidad, por cuanto constituye un asunto de Estado el cual desborda cualquier parcela individualista. Dicho de otra forma, la línea opinática debe dimensionarse por encima de diferenciaciones ideológicas o partidistas.

El asunto fronterizo trasciende a los gobiernos.o hemos reiterado en todas nuestras conferencias por Venezuela: se hace obligante concitar una verdadera unidad nacional.

Visto y analizado el párrafo anterior, nos hemos propuesto proyectar una Universidad Nacional cuya malla curricular se constituya únicamente de Asuntos Fronterizos (la UNAFRONT, como ya se le comienza a denominar en todo el país).

Al revisar por muchas vías, no hemos conseguido ninguna entidad educativa similar en otro país, ni siquiera en naciones que han tenido pleitos y serias controversias limítrofes por años.

En esta oportunidad, nos encontramos afinando el estudio de factibilidad que consignaremos por ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para la creación de la precitada Universidad, cuyos componentes curriculares ―como se ha dicho― exclusivamente estriben en los Asuntos Fronterizos de nuestra nación y de otros países del mundo, aparejado a las Relaciones Internacionales.

Aspiramos que a través de innovadoras estrategias metodológicas, apoyadas en seminarios, foros, proyectos, investigaciones cualicuantitativas, estudios etnográficos, entre otras se haga posible desarrollar y analizar discernimientos, oportunas conferencias magistrales; visitas a los sitios de estudios, exposiciones e indagaciones documentales de delimitaciones y demarcaciones nacionales.

Particular interés y énfasis, por supuesto, lo tendremos en nuestros espacios fronterizos, en todas sus consideraciones e implicaciones. Valga decir, la conformación y nuestra herencia histórica, pactos suscritos. Los elementos jurídicos que asisten a Venezuela. Nuestros estudios y registros cartográficos. Las diversas reclamaciones y confrontaciones que hemos tenido. La dimensión étnica y demográfica en general que habita nuestra poligonal fronteriza. Los procesos productivos agroindustriales y energéticos factibles en esas franjas colindantes. Los despojos territoriales que nos han perpetrado. Nuestra proyección caribeña y atlántica. Los costados amazónico, andino y guayanés.

Son bastantes aristas a estudiar y problematizar, en su justa medida, en cuatro años aproximadamente.

Por lo pronto, el equipo ha analizado la probabilidad de ofertar tres carreras en la UNAFRONT, las cuales serían: 1) Asuntos Fronterizos, 2) Relaciones Internacionales y 3) Etnodemografía.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU). Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.

 

GUAYANA ESEQUIBA: EL ACUERDO DE GINEBRA CON PLENO VIGOR JURÍDICO

Abraham Gómez R.*

Los Esequibanos (nacidos en esa hermosa zona) y los Esequibistas, quienes estamos en permanente defensa por honor y justicia en las distintas instancias nacionales e internacionales lo que siempre ha sido nuestro de pleno y justo derecho ―desde la estructuración de la Capitanía General de Venezuela de 1777― debemos dejar sentado que lo más peligroso para nosotros en esta reclamación, conforme al Derecho Internacional, es la Aquiescencia; vale decir, la permisividad en que puedan incurrir, por dejadez u otros motivos y circunstancias, nuestros  gobiernos.

Hace 59 años, el 17 de febrero de 1966, suscribimos y ratificamos el Acuerdo de Ginebra que constituye el escrito jurídico para nuestra fortaleza histórica internacional, en la controversia frente a Guyana; por cuanto, contempla el reconocimiento de la trampa urdida; como también se admite el rechazo absoluto al desgarramiento que le perpetraron a Venezuela en 1899.

Agreguemos que el juicio por la extensión territorial que nos desgajaron y que en la actualidad se dirime por ante la Corte Internacional de justicia, no se ha paralizado.

Estamos en el cumplimiento de los trayectos procesales subsiguientes.

En nuestro caso nos corresponde comparecer el 11 de agosto de este año para consignar las incontrovertibles pruebas respectivas, en la fase denominada dúplica.

Tenemos cómo y con qué. Poseemos un acervo histórico-jurídico irrebatible. Sin embargo, La excolonia británica sigue asumiendo una actitud envalentonada.

Introdujo una demanda en 2018 contra nuestro país y la ha venido ratificando en todas sus comparecencias procesales, en cuyo pliego de causas insisten en solicitar que la Corte Internacional de Justicia obligue a Venezuela a reconocer el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899 como cosa juzgada y que lo asumamos como válido y vinculante. Inmenso despropósito que desmontaremos en su debida oportunidad.

Ellos han arreciado con sus actitudes abusivas, ya no únicamente en la proyección atlántica que genera la parte continental de la Guayana Esequiba, en contención; sino que, imprudentemente, han dado instrucciones y hasta órdenes escritas a las empresas transnacionales para que operen en cualquier coordenada marítima por su costado oeste (con exactitud, penetrar más hacia el este de Venezuela), irrespetando nuestra soberanía en esa área, propiamente en la proyección del estado Delta Amacuro que no se incluye ni es parte en la presente controversia.

Con esas manifestaciones irregulares burlan, como les da gana, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 ―que recordamos, una vez más, cumple 59 años― el único documento válido, con pleno vigor jurídico en este juicio; acción judicial que la contraparte trabó con una demanda unilateralmente, ante la Corte; y que ya recibieron de nosotros, allí mismo, en abril de 2024, el respectivo memorial de contestación de la demanda.

¿Por qué decimos que esas licencias contrarían el vigente Acuerdo de Ginebra?

Porque el Acuerdo de Ginebra, extraordinario documento ―plenamente ratificado por las partes suscribientes― contempla en su artículo V lo siguiente, para el absoluto acatamiento de los concernidos:

«Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o como prejuzgando su posición con respecto su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho a, reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial».

«Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía…».

Dejémoslo más claro aún «Ni para crear derechos de soberanía».

No obstante, los gobiernos que ha tenido Guyana de cualquier signo político, ya sea de la organización política Indoguyanés, el Partido del Progreso Popular (PPP) o el afroguyanés, el Congreso Nacional Popular (CNP), aunque se antagonizan entre ellos para muchas cosas, pero coinciden en asumir  la deleznable posición de desconocimiento y desacato al contenido y aplicación del Acuerdo de Ginebra, al cual han mandado bien largo al cipote; y continúan  otorgando concesiones, a cada momento, a transnacionales para que exploren, exploten y comercialicen con los inmensos recursos auríferos, madereros, energéticos, petroleros, faunísticos, mineros de todo tipo que se encuentran en la zona.

En este juicio nos basamos y centramos, indesligablemente, en el Acuerdo de Ginebra ―aceptado totalmente el 17 de febrero de 1966 por el Reino Unido; además, por el entonces primer ministro de la Guayana Británica y por la representación diplomática de nuestro país― el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela Nº 28.008 del 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado el 5 de mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el Nº I-8192.

El Acuerdo de Ginebra causó estado en la ONU.

Jamás ha sido susceptible de ningún recurso jurisdiccional. Ha agotado cualquier posibilidad de que se interpongan actos en su contra. Se volvió absolutamente inalterable e inatacable.

En el Acuerdo de Ginebra la contraparte reconoció que el tal laudo ―donde se amparan― es írrito y nulo de nulidad absoluta. Ni más ni menos.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Presidente del Observatorio Regional de Educación Universitaria (OBREU).

 

DE CATATUMBO AL TREN DE ARAGUA

Roberto Mansilla Blanco*

Mientras el mundo fija su atención en los decretos de Donald Trump, las incertidumbres de la transición siria, la posibilidad de una tregua en Ucrania y el golpe tectónico a los mercados causado por la aparición de la IA china DeepSeek, una imprevista crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, determinada por la incursión de efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana de Catatumbo, ha dejado hasta el momento aproximadamente 100 muertos y unos 40.000 desplazados hacia Venezuela.

Esta crisis explota en un contexto delicado para la seguridad y estabilidad regional, principalmente condicionada por la tensión en Venezuela en cuanto a la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro así como por la visión política hemisférica que está llevando a cabo Trump, principalmente en torno a sus presiones sobre el Canal de Panamá y las deportaciones de inmigrantes ilegales latinoamericanos.

¿Golpe de timón del ELN…y de Maduro?

Toda vez que se habla del retorno del conflicto armado en Colombia, con el riesgo de saltar por los aires los Acuerdos de Paz de 2016, la atención se dirige igualmente a Venezuela, que desde hace años alberga en su territorio prácticamente a la totalidad de la cúpula dirigente y efectivos del ELN, la mayor parte de ellos desafectos con esos acuerdos de paz a diferencia de la guerrilla de las FARC. Petro apostaba por profundizar estos acuerdos bajo una iniciativa de “Paz Total” que hoy se observa golpeada y probablemente desacreditada por los fallos en materia de seguridad y de inteligencia militar.

En este nuevo equilibrio de fuerzas insurgentes en Colombia resalta el hecho de que esta incursión en Catatumbo pueda significar un reforzamiento de posiciones de poder armado y eventualmente político para un ELN eclipsado por el protagonismo que ha tenido su principal rival, las FARC, no sólo en cuanto a los largos períodos de lucha armada sino también en las negociaciones con los diversos gobiernos colombianos para finalmente alcanzar un acuerdo de paz.

Esto nos lleva a Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó para las guerrillas colombianas un punto de inflexión favorable que llevó, en 2008, a que Venezuela declarara a las FARC y al ELN como actores no beligerantes, reconociéndoles así un estatus político. Desde entonces, la implicación venezolana en el conflicto colombiano traspasaba claramente los canales propios de la seguridad fronteriza común.

Con la presumible benevolencia cubana (La Habana siempre amparó los intereses de las insurgencias colombianas) existía entonces una obvia implicación política por parte de Caracas, en este caso favorable al estatus de la insurgencia armada dentro del proyecto “bolivariano” continental, que le llevó a frecuentes roces con los distintos gobiernos colombianos desde Pastrana hasta Duque. Pero esta implicación también fue derivando progresivamente en la necesidad de convertirse Venezuela y Cuba en benefactores e interlocutores válidos para el Acuerdo de Paz en Colombia.

No obstante, abundan las informaciones sobre la presunta mirada cómplice (por no decir cohabitación y cooperación) de las autoridades venezolanas tanto con las FARC como con el ELN en el teatro de operaciones de Venezuela. Pero concentremos la atención ahora en los coloquialmente denominados como “elenos”, miembros del ELN. Esta guerrilla posee capacidad de influencia política y militar en algunos estados venezolanos, lucrándose de la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) así como del control de rutas de narcotráfico y contrabando. Visto en perspectiva, Venezuela ha sido un importante refugio para el ELN.

La crisis de Catatumbo y la reactivación de la lucha armada del ELN colocan en una difícil posición al presidente colombiano Gustavo Petro, quien simultáneamente ha observado una fuerte crisis diplomática con Trump por el asunto de las deportaciones de inmigrantes colombianos ilegales desde EEUU.

Mientras Bogotá está intentando desactivar esta crisis bilateral con Washington, Maduro salta a la escena en lo que se aprecia como un manejo oportunista de la crisis con el posible propósito de ganar influencia en los asuntos colombianos al mismo tiempo que pretende acercar posiciones con Trump en busca de la normalización de relaciones vía legitimidad de facto de su mandato presidencial.

Por sorprendente y contradictorio que parezca, el tema migratorio puede abrir nuevos canales en esta pretensión de Maduro por acercarse a Trump, tomando en cuenta la reciente decisión de Trump de no renovar el TPS a inmigrantes venezolanos en EEUU; aunque está por verse aún el verdadero alcance de esta medida.

Si bien Maduro ha negado implicación alguna de Venezuela en las operaciones del ELN en Catatumbo, el propio Petro en su cuenta de X incrementó las sospechas al develar la presencia de una “fuerza extranjera” en esta crisis. Otros actores, especialmente desde la oposición venezolana, observan que la crisis del ELN puede suponer una especie de “pase de factura” de Maduro a Petro por el no reconocimiento colombiano a su legitimidad presidencial; Bogotá no envió ningún representante a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero.

El trasfondo de esta crisis puede revelar una guerra abierta entre el ELN, carteles de narcotráfico colombianos, venezolanos y de otros países luchando por acceder y controlar las rutas de distribución de la droga.

Sin desestimar su carácter especulativo no debería pasar por alto la posibilidad de que Trump, en su afán por neutralizar a la izquierda continental (y sus alianzas internacionales) utilice esta crisis como leitmotiv presuntamente enfocado en generar un escenario de tensión contra Petro y de acoso contra Maduro, sin descartar con ello sondear las opciones (ciertas o no) de una eventual intervención en Venezuela vía Colombia aduciendo razones de seguridad hemisférica. Las presiones sobre el Canal de Panamá pueden de algún modo significar objetivos geopolíticos más concretos para Trump, más allá de la implicación económica china a nivel hemisférico.

Para Washington puede resultar relevante este escenario ante las alianzas exteriores de los mandatarios colombiano y venezolano. Tanto como Maduro, Petro ha dejado entrever su interés en ingresar en los BRICS, el principal foro “contrahegemónico” para EEUU y sus aliados, especialmente “atlantistas”.

Tren de Aragua: la transnacional del crimen

Saliendo del Catatumbo llegamos a otro escenario: el Tren de Aragua. En EEUU y Chile se abrieron cargos judiciales contra esta banda delictiva venezolana cuya capacidad de actuación es cada vez más transnacional.

En el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Ecuador, a quien también le afecta la crisis colombiana así como la proliferación de redes delictivas internas y externas, irá a elecciones presidenciales y legislativas el próximo 9 de enero.

Cabe preguntarse: ¿tiene alguna relación la crisis en Catatumbo con las denuncias contra el Tren de Aragua? A priori no pero podría intuirse que sí la tiene indirectamente. Ambas situaciones revelan un aspecto contradictorio y no menos controvertido: la extraña capacidad que tiene Venezuela como actor simultáneo tanto de desestabilización, vía grupos armados insurgentes, carteles y organizaciones criminales venezolanas o aquellas extranjeras establecidas en el territorio venezolano contando con el aparente beneplácito del régimen de Maduro; así como de posible actor de solución, al menos temporal, que sirva para desactivar problemas regionales concretos (Catatumbo) surgidos por estas actividades delictivas e incursiones guerrilleras.

No olvidemos que desde Washington se aumenta la presión hacia el régimen venezolano con el aumento de recompensas por las capturas de Maduro y Diosdado Cabello, en este último caso cuyo protagonismo en la crisis de Catatumbo ha sido notoria. Un dato que acrecienta toda serie de especulaciones y suspicacias en torno a lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela es el hecho de que, mientras el ELN iniciaba operaciones en Catatumbo, los organismos policiales y de seguridad venezolanos abatieron a un capo del crimen en Venezuela, alias “Wilexis”, quien en su momento llegó a desafiar el poder de Maduro.

Como otros tantos “pranes”, la relación de “Wilexis” con el Tren de Aragua es tan notoria como el presunto ascendente que tendría Diosdado Cabello entre esa y otras organizaciones del crimen en Venezuela. La muerte de “Wilexis” fue anunciada a “bombo y platillo” por un Diosdado Cabello que recobra espacios de poder en esta nueva etapa de Maduro en la presidencia.

Volvamos a Petro. Las crisis de Catatumbo y con Trump podrían erosionar su autoridad y capacidad de equilibrios políticos. Si bien el establishment colombiano (militar, empresarial, político, legislativo) se ha plegado a Petro bajo su tradicional óptica de “razón de Estado”, el mandatario colombiano debe manejar constantemente todo tipo de equilibrios dentro del Congreso. Si bien no se aprecia como factible, al menos a corto plazo, está por verse si la crisis de Catatumbo implique para Petro una posible moción en su contra que dificulte la gobernabilidad.

De Catatumbo al Tren de Aragua, estas crisis señalan a un actor clave, un régimen de Maduro que aprovecha la situación para militarizar el territorio nacional (incluso entregando armas a civiles) bajo el pretexto de una presunta conspiración internacional para desalojarlo del poder, colocando a la FANB aún más en el centro de poder en Venezuela. Pero el trasfondo de estas crisis paralelas confirma igualmente las consecuencias del carácter transnacional de las organizaciones criminales venezolanas y sus conexiones con el Alto Poder, organizaciones insurgentes y redes delictivas exteriores.

Puede que los canales diplomáticos entre Caracas y Bogotá terminen neutralizando la crisis provocada por el ELN. Es posible que la “cruzada” anti-delictiva de Maduro y Diosdado Cabello esconda una “limpieza” y una purga interna que refuerce el poder del establishment “madurista”, incluidos sus vínculos con organizaciones criminales, a la vez que lave su imagen ante el exterior y sus expectativas de normalizar las relaciones con Washington.

Pero lo que parece cierto es que el “autoritarismo caótico” (José Natanson dixit) que explica la naturaleza del poder “madurista” en Venezuela tiene capacidad suficiente para generar situaciones de “desestabilización-estabilización” como modus operandi que le permita precisamente mantenerse en el poder.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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